Zerón, acusado de la compra y el uso ilegal de ‘Pegasus’

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como probable responsable por la compra irregular y el uso ilícito del programa de espionaje telefónico Pegasus, por lo cual están abiertas dos carpetas de investigación, una de las cuales involucra a Juan Carlos García Rivera, empleado de una empresa privada, acusado de intervenir las comunicaciones de un periodista.

La primera de estas investigaciones encontró que, en el sexenio anterior, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) firmó de manera irregular un contrato para adquirir Pegasus por 456 millones 843 mil 149 pesos. El pago estuvo a cargo de la partida de Seguridad Pública, “sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública”.

Las pesquisas involucran, además de Zerón de Lucio, a otros ex funcionarios de la pasada administración, a quienes “por razón de secrecía y viabilidad procesal no se identifican en este momento”, indicó la FGR.

La fiscalía dijo que fincará cargos a todos ellos por peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa. Añadió que pidió a jueces federales las respectivas órdenes de aprehensión contra los involucrados para emprender acción penal.

Ampliará acción penal

Agregó que ampliará las acciones emprendidas en contra de quien haya utilizado Pegasus para realizar actividades ilícitas, teniendo como parapeto a la PGR.

“Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”, precisó la fiscalía.

La otra carpeta de investigación revela que NSO Group, la empresa israelí que desarrolló Pegasus, y la única autorizada para venderlo exclusivamente a gobiernos nacionales, también lo comercializaba y utilizaba de forma ilegal.

“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”, sostuvo la FGR.

El asunto involucra a Juan Carlos García Rivera, empleado de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV, quien fue detenido el primero de noviembre del año pasado, acusado de utilizar Pegasus para espiar a un periodista.

García Rivera está vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la libertad de expresión.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

FGR abre carpeta por derrumbe en mina que dejó diez mineros atrapados

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por posibles delitos de carácter federal relacionados con la inundación de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, municipio de Sabinas, Coahuila, que mantiene atrapados a varios mineros.

La dependencia aseguró que sus averiguaciones iniciaron desde el viernes pasado, por lo que realiza ya tareas de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina o pozo carbonero, e identificación de los trabajadores afectados.

También requirió a distintas dependencias federales y estatales información sobre los diversos expedientes relacionados con la empresa que explota la mina, así como con sus dueños.

Al Instituto Mexicano del Seguro Social le pidió el informe de trabajadores registrados en dicha fuente de trabajo.

A la Secretaría de Economía los documentos sobre el título de concesión de la mina, asi como el nombre la persona física o moral a quien le fue otorgado.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá entregar un reporte sobre las inspecciones que haya realizado en la mina para verificar sus parámetros de seguridad laboral, una solicitud similar se hizo ante las autoridades locales.

A la Dirección de Protección Civil municipal se le pidió que rindiera informe de las inspecciones practicadas en el lugar de referencia.

En la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila se requirió información sobre las inspecciones que ha realizado en el lugar de los hechos.

Finalmente, el Servicio de Administración Tributaria deberá entregar un informe sobre el registro fiscal del propietario de la mina.

La Policía Federal Ministerial trabaja en el lugar de los hechos, entrevistando a los trabajadores del pozo siniestrado que salieron ilesos de esta tragedia.

“Uno de los trabajadores aportó información sustancial sobre el concesionario, el mayordomo, así como del dueño del predio donde se encuentra la mina. Dichos datos deberán ser ratificados a través de las diligencias correspondientes”, afirmó la FGR.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Posible investigación a la UNAM divide a políticos afines a AMLO

Senadores de Morena platearon una posible investigación a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un hecho que ha dividido incluso a los simpatizantes del actual gobierno.

Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) busca por tercera vez que se ejerza acción penal contra más de una treintena de científicos mexicanos a quienes acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, el senador morenista Armando Guadiana Tijerina planteó que se investigue a fondo los recursos otorgados a la UNAM.

Si bien el hecho de la investigación a los científicos del Conacyt levantó una serie de críticas por parte de la comunidad académica e incluso el rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó el acto como un despropósito, lo cierto es que el planteamiento de investigar a la máxima casa de estudios del país causó resquemor incluso al interior de Morena, el partido creado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este jueves 23 de septiembre, Guadiana Tijerina aseveró que se debía fiscalizar a las universidades autónomas, entre ellas la UNAM, que forma parte de las instituciones de educación pública y alberga en sus aulas a más de 360.000 estudiantes.

¿Quiénes han salido a defender a la Universidad Nacional? Sputnik Mundo te cuenta.

El senador morenista Ricardo Monreal y una de las caras más conocidas en la política mexicana por su cercanía con López Obrador aseveró que la petición de Armando Guadiana no es un posicionamiento general del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

El legislador aseveró que con el llamado a investigar a las universidades que reciben recursos públicos se viola su autonomía y recordó que él forma parte del cuerpo docente de la UNAM.

«Como universitario no puedo negar la cruz de mi parroquia, soy de la UNAM y siempre voy a defender a la UNAM», dijo Monreal, quien cuenta con una maestría y un doctorado de dicha universidad.

«No soy juez, no quiero asumir ese papel, ni tampoco soy Ministerio Público, no soy fiscal, pero eso no evita expresar mi solidaridad con ellos y desear que todo se aclare muy rápido en beneficio de la UNAM, de ellos, de sus familias», agregó el senador.

Quien también pintó su raya de la propuesta de Guadiana Tijerina fue Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ente que se acuerdo con el senador morenista debería ser el cargado de investigar a la universidad.

En su cuenta de Twitter, Nieto compartió un corto pero tajante posicionamiento y aseveró que la UIF fue no fue creada para investigar a instituciones académicas, sino a quienes malversan fondos.

CON INFORMACIÓN SPUTNIK MUNDO

México | Tres casos en los que el gobierno ha comprado software espía

La Fiscalía General de la República firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx, entre 2019 y 2020, para adquirir software de espionaje, según una reciente investigación publicada por el diario El País. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre.C

Y tampoco es la primera vez que un gobierno mexicano adquiere este tipo de productos a esa empresa. De acuerdo con el reportaje, bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero se firmaron contratos con la misma compañía intermediaria que adquirió software de espionaje entre 2012 y 2018, o sea durante la gestión de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el medio español las compras se hicieron bajo partidas secretas, para adquirir programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.

El primer contrato que se llevó a cabo durante la gestión de Gertz Manero estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se firmó el 30 de mayo de 2019 y fue por un monto de 2.4 millones de dólares.

El objeto fue: “Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135,000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”, según el reporte del órgano interno de la FGR.

Además el caso no es aislado y forma parte de otra polémica sobre el uso de este tipo de software por parte de instituciones de gobierno. En diciembre de 2020 la empresa de vigilancia Circles tenía al menos 10 clientes utilizando sus sistema de espionaje en el país, entre ellos la Secretaría de Marina y el Gobierno de Durango, esto de acuerdo a un reporte publicado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.

Los sistemas empezaron a ser utilizados en 2015 y muchos de ellos siguieron su curso hasta 2020. De acuerdo con la investigación, uno de los sistemas fue vinculado con dominios y certificados TLS del sitio semar.gob.mx, así como varias plataformas de la Semar.

Además, otro sistema, sin nombre, fue presuntamente utilizado por el estado de Durango, debido a que se identificó el dominio de durango.gob.mx. En cuanto a los demás clientes, la investigación de Citizen Lab no encontró más detalles.

Según los informes, la compañía Circles fue fundada en 2008, adquirida en 2014 por Francisco Partners y luego fusionada con NSO Group. Circles es conocida por vender sistemas para explotar las vulnerabilidades SS7 y afirma vender esta tecnología exclusivamente a los estados nación.

A diferencia del software espía Pegasus de NSO Group, el mecanismo SS7 mediante el cual opera el producto de Circles no tiene una firma obvia en el teléfono de un objetivo, como el mensaje de detección de SMS con un enlace malicioso que a veces está presente en un teléfono dirigido a Pegasus. Aunque es relevante que ambas empresas hayan sido parte de polémicas en el país, pues Pegasus fue otro de los software espías que adquirió gobierno hace unos años.

En junio de 2019 el diario The New York Times implicó al gobierno mexicano en un supuesto caso de espionaje contra activistas y periodistas mexicanos. El diario identificó el software como Pegasus, y dijo en su momento que el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, y la periodista Carmen Aristegui habían recibido mensajes en sus móviles para que los hackers lograrán tener acceso a sus celulares.

En su momento, el caso de Pegasus despertó un gran debate sobre las consecuencias que deberían tener las instituciones involucradas en el caso señalado por el NYT, sin embargo el caso no ha sido revisado de manera correcta, y aún se mantiene una postura de vigilancia, de acuerdo con la organización civil Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“De nueva cuenta queda en evidencia que la adquisición y uso de herramientas de vigilancia en México continúa fuera de control, a pesar de las promesas de la administración en turno por erradicar estas prácticas. Las omisiones del Estado mexicano no solo han mantenido en la impunidad los casos documentados de espionaje en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos en el sexenio pasado, sino que toleran el incremento de capacidades de vigilancia sin mecanismos de control y rendición de cuentas”, indicó sobre el último caso R3D, en un comunicado.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

ELECCIONES. Que FGR revise antecedentes de candidatos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los partidos políticos que la Fiscalía General de la República (FGR) revise los antecedentes de los candidatos que participarán en la elección de junio próximo para descartar que los aspirantes estén relacionados con alguna carpeta de investigación y que tengan antecedentes penales.

“Sería muy bueno que los partidos, pero eso es una recomendación, no me puedo meter en su vida interna, que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales.

“Claro que le van a dar trabajo a la fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes”, dijo.

Morena, partido que fundó el presidente López Obrador, está envuelto en la polémica por haber postulado por el método de encuesta al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerreo, ya que es investigado por presuntamente haber cometido el delito de violación.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal expresó que si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben ser postulados porque está prohibido.

Aseguró que su gobierno procurará que se respete el voto y no se usen recursos públicos para favorecer a partidos ni a candidatos y reclamó que en la elección para elegir legisladores, excepto el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, todos los mandatarios se metieron.

“Hubo lugares en donde carro completo para el partido del gobernador, no perdieron un solo distrito, como era antes. Eso ya no”, insistió.

López Obrador celebró que todos los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad xde México firmaron su propuesta del Acuerdo Nacional por la Democracia para no intervenir en el proceso electoral y que nadie esté pensando que es pura faramalla.

Justifica el uso de rifles antidrones

El Mandatario federal justificó la presencia de militares en el techo de Palacio Nacional con inhibidores de drones durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pues dijo que las manifestantes eran capaces de incendiar y podían usarlos para lanzar una bomba dentro del recinto.

“¿Por qué lo de los drones?, porque no se sabe. Si incendian, si son capaces de eso, los que están detrás, ¿qué?, ¿no pueden con un dron tirar una bomba? Si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país, entonces: ‘Hay francotiradores en el Palacio’. No, hay que transparentar todo y hablar con la verdad”, argumentó.

El Jefe del Ejecutivo federal consideró que no se debe castigar a quienes cometieron actos vandálicos durante esas protestas, puesto que en ese caso la sanción debe ser la condena pública.

El Presidente aseguró que por respeto tenía contemplado dejar una semana las vallas metálicas que se instalaron para proteger Palacio Nacional, porque un día antes mujeres pusieron los nombres de víctimas de feminicidios, flores, coronas y veladoras, una manera muy profunda de protestar: “Yo tenía pensado: se hace la manifestación, se expresan y todo, como está el muro y los nombres y las flores y todo, lo tenemos que dejar, o sea, por respeto lo vamos a dejar una semana, pero lo destruyeron, o sea, no todo, pero sí con martillo”, opinó.

El presidente López Obrador indicó que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia, por lo que pidió hacer una reflexión, porque no es posible que quienes están en contra del machismo ejerzan violencia.

Reiteró que es un presidente humanista porque eso lo engloba todo, el no permitir las injusticias, la discriminación: “No se puede ser humanista si se es machista, no se puede ser humanista si se es explotador, no se puede ser humanista si se es racista, si se es clasista, si no se respeta la naturaleza, pero es importante lo otro. Ser humanista es ser pacifista”, expuso

Con información vía El Universal

Colectivos impugnarán reforma a ley

La aprobación en comisiones del Senado de la propuesta de nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) obstaculizaría acciones fundamentales que sólo dicho organismo puede hacer en la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que las familias de las víctimas utilizarán todas las herramientas legales a su alcance para impedir dicha reforma, señalaron colectivos civiles.

Adela Alvarado, integrante de la organización Nos Hacen Falta, manifestó su enojo ante el avance legislativo de la nueva norma –que será votada hoy por el pleno de la Cámara alta–, pues de esta manera la FGR se desentendería de sus obligaciones en la tarea de buscar a las víctimas de desaparición.

“La Fiscalía es la única que puede hacer muchísimas cosas, como adquirir la ‘sábana’ de llamadas de un teléfono, emitir órdenes de aprehensión” o catear un domicilio, por lo que renunciar a esas tareas es una decisión muy drástica que afectará a quienes han padecido este crimen, subrayó.

Con esto, ahora de plano nos dejan sin derechos a las familias, dijo la mujer, quien busca a su hija Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida en 2004.

Por su parte, Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, estimó que la rapidez con la que se está aprobando la ley obedece a la existencia de un pacto con el titular del organismo, Alejandro Gertz.

Los colectivos civiles seguiremos echando mano de todo lo que esté en el marco jurídico y de todas las herramientas de resistencia civil pacífica, como acciones de incompetencia, recursos ante organismos internacionales e incluso pedir que haya un veto presidencial en contra de la norma.

Con información vía La Jornada

Fijan para el 15 y 16 de abril audiencia del caso Lozoya

Los días 15 y 16 de abril próximos se llevarán a cabo las audiencias en donde la Fiscalía General de la República (FGR) deberá definir si lleva formalmente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a un juicio por lavado de dinero y otros delitos por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, o acepta otorgarle un criterio de oportunidad.

Cabe destacar que el exdirector de Pemex presentó una denuncia ante la FGR en la que admite haber recibido cantidades millonarias de dinero provenientes de Odebrecht y otras empresas, mismas que entregó a diversos políticos y asesores, según dijo, por orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El exfuncionario fue vinculado a proceso el 28 de julio del 2020, por el delito de lavado de dinero, debido a que durante su gestión habría recibido 3 millones de dólares del empresario Alonso Ancira (actualmente preso), a cambio de que Pemex adquiriera de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), la “planta chatarra” Agro Nitrogenados.

Beneficios otorgados

Lozoya se encuentra en libertad, toda vez que el juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza le dictó medidas cautelares por seis meses mientras se llevaba a cabo la investigación complementaria.

Aunque originalmente huyó del país, hasta ahora el exdirector de Pemex ha conseguido evitar la cárcel gracias a la negociación del criterio de oportunidad con la fiscalía y la promesa de otorgar evidencia que permita proceder en contra de funcionarios de mayor rango al suyo y por delitos mas graves.

En principio, Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España, y extraditado el 17 de julio a México.

A su llegada al país fue internado en un hospital privado, luego de que un perito médico de la FGR le diagnosticó un cuadro de anemia, síndrome de Barrett y una complicación en el esófago.

Sin embargo, autoridades en España dijeron que el exdirector de Pemex no presentó signos de ninguna enfermedad al salir de la cárcel en Madrid.

La FGR clasificó como información “confidencial o reservada” los exámenes médicos que se le practicaron al exfuncionario tras ser extraditado.

Relación familiar

El 8 de diciembre pasado, José Artemio Zúñiga, juez de control del Reclusorio Norte, giró una nueva orden de aprehensión en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero vinculado al caso Agro Nitrogenados.

Gilda Susana Lozoya es implicada por la FGR de recibir recursos en la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, hasta por 3 millones 150,000 dólares en 2012, provenientes de Innovation Research Engineering, una compañía vinculada a la constructora Odebrecht de la cual Lozoya habría recibido millones de dólares como parte de sobornos, según la fiscalía.

Con información vía El Economista

Ofrece Robles a la Fiscalía General aportar pruebas en contra de Videgaray

La exsecretaria de Estado, Rosario Robles, desistió de buscar un juicio abreviado y declararse culpable del delito de ejercicio indebido del servicio público, con el que estaba dispuesta a cumplir una pena de seis años de cárcel, informó su abogado Epigmenio Mendieta.

Asimismo, Sergio Arturo Ramírez, también abogado de Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, dio a conocer que la próxima semana su clienta recibirá en el penal de Santa Martha Acatitla a representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) para aportar una serie de pruebas a su favor en calidad de testigo colaborador dentro de la investigación conocida como “La Estafa Maestra”. Mencionó que esto tiene el propósito de evitar que la fiscalía mantenga la acusación por delincuencia organizada.

El defensor de la exsecretaria de Estado dijo que la exfuncionaria aportará elementos contenidos en su computadora que vinculan al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en los actos que se le imputan.

“Para otorgar los elementos suficientes para poder adoptar este criterio, pues ya la maestra confirmó que tiene diferentes elementos de evidencia que puede otorgar a la Fiscalía General de la República. Tiene elementos guardados en computadoras. Tiene un sin número de información”, dijo el abogado Sergio Arturo Ramírez.

Rosario Robles, a través de su defensa, presentó a la FGR un escrito en el que señala haber intentado buscar un proceso anticipado, aunque las autoridades ministeriales y el titular del Ejecutivo federal “están decididos a mantenerla en prisión”.

Es por ello que la extitular de Sedesol y Sedatu tendrá que ir a un juicio penal ordinario. Se prevé una audiencia intermedia el próximo 28 de marzo, en juzgados del Reclusorio Sur, para seguir el proceso iniciado por la FGR en su contra por el presunto desvío de 5,073 millones de pesos durante su gestión en ambas dependencias, mediante la celebración de 27 contratos ilegales con universidades públicas.

Las propuestas

Fueron dos propuestas que presentó la defensa de Rosario Robles a la FGR. La primera consistió en un juicio abreviado sin reparación del daño, lo cual fue rechazado por la Fiscalía. La segunda, admitir actos de omisión durante la celebración de convenios supuestamente irregulares con universidades públicas, así como aceptar una sentencia de seis años de cárcel por dicho delito. Sin embargo, la defensa desistió de esta última por considerar que no existen condiciones por parte de la FGR.

“No va a llevar un juicio abreviado porque ella no se va a declarar en ningún momento culpable de la comisión del delito primario. Ella no va a reparar el daño porque no tiene daño que reparar, porque el delito no es un delito material”, aseveró el abogado de Robles.

Con información vía El Economista

Se retracta Robles de solicitar criterio de oportunidad a la FGR

La ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, da marcha atrás a su decisión inicial de solicitar un juicio abreviado y también a solicitar un criterio de oportunidad a la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un escrito presentado a la FGR, la defensa de la ex funcionaria expuso que los fiscales del caso en el que se le acusa de ejercicio indebido del servicio público y ocasionar un daño patrimonial por más de cinco millones de pesos al erario federal, han obstaculizado su defensa y también los criterios legales a los que puede acceder para enfrentar su procedimiento penal en libertad.

Autoridades federales señalaron que Robles Berlanga irá a juicio por considerar que puede obtener una sentencia mínima toda vez que el Ministerio Público Federal no cuenta con elementos pára acreditar que ella obtuvo beneficios económicos y que se trata de un delito de efecto, no patrimonial.

Asimismo, indicaron funcionarios federales relacionados con el caso, que el Ministerio Público Fefederal no ha aceptado su ofrecimiento de colaboración debido a que el ex Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, y uno de sus más cercanos colaboradores, Emilio Zebadúa, ya se convirtió en testigo colaborador de la FGR y ha proporcionado información de todos los involucrados y movimientos la llamada Estafa Maestra.

Robles Berlanga se encuentra presa desde agosto de 2019 en el reclusorio femenil de santa Martha Acatitla, y enfrenta el proceso por ejercicio indebido del servicio público, pero tiene pendiente el cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

El gobernador debe ser investigado por crímenes de lesa humanidad: ONG

Al margen de la solicitud de desafuero que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, existen elementos suficientes para que también se le investigue y juzgue por crímenes de lesa humanidad cometidos en la entidad durante su administración, señaló Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

En entrevista, el abogado recordó que en la entidad han ocurrido diversos casos de abuso de autoridad, desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante el mandato del panista, como la masacre de 19 personas migrantes en el municipio de Camargo, pero donde también figuran otras violaciones graves a las garantías básicas.

“Hay elementos suficientes para que sea enjuiciado de forma paralela por violaciones a los derechos humanos. La FGR se había tardado en actuar en contra de este mal gobernador, porque Tamaulipas no es un paraíso, sino un infierno. No olvidemos la masacre de Camargo, que involucró a policías estatales y al Grupo de Operaciones Especiales”, indicó.

Desde 2018 hay al menos cinco solicitudes de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca, por lo que argumentar que es víctima de ataques con motivación electoral no tiene sustento, agregó el activista.

Por separado, tanto la bancada del PAN en el Senado como la Comisión Política del blanquiazul, expresaron su respaldo al tamaulipeco. A la vez, senadores de Morena demandaron que pida licencia al cargo para facilitar la investigación y se deslinden responsabilidades.

Ante las “falsas acusaciones”, el coordinador del PAN en funciones en el Senado, Erandi Bermúdez, sostuvo que “se trata de una clara persecución política contra uno de los gobernadores más frontales e independientes que no se ha dejado manipular”. Legisladores de este partido denunciaron un supuesto propósito electorero.

La Comisión Política del PAN, presidida por el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, demandó que en el caso se actúe con pleno respeto al imperio de la ley y los principios que integran el debido proceso, particularmente el de presunción de inocencia.

Con información vía La Jornada