España opta por la fuerza laboral latinoamericana ante el envejecimiento de su población

Mediante una reforma, el Gobierno de España acelera el otorgamiento de estatus legales a migrantes para decenas de miles de personas que actualmente trabajan en el país de manera ilegal.

La falta de fuerza laboral genera impericia en aeropuertos y áreas como el desarrollo de software, ciencia o bien giros de meseros, albañiles y distribuidores de equipaje.

En este problema conviven, según un análisis de Bloomberg, los rezagos todavía persistentes de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, pero también problemas estructurales como las bajas tasas de natalidad, la reducción de mano de obra y el aumento de costos en las finanzas públicas

Quien impulsó el ajuste legal es el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, que asegura que si bien el problema es a mediano plazo, atenderlo ahora permite perfilar ese horizonte.

«El envejecimiento de la población significa que habrá que depender más de los trabajadores extranjeros para ayudar a los países europeos a mantener los estados de bienestar y las pensiones», declaró el funcionario.

La sociedad española es una de las que envejecen más rápidamente en el mundo, con un 23% de su población mayor de 65 años, además de tener una alta esperanza de vida y baja fertilidad.

Proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, además, calculan una reducción de la población española del 33% de aquí al inicio del siguiente siglo.

España no es el único país de Europa que cabildea con la legalización de trabajadores extranjeros, pues Alemania pretende regularizar a más de 130.00 extranjeros.

En España, incluso posiciones de derecha como la del partido Vox no tienen una condena clara contra la migración de trabajadores latinoamericanos, ante la que más bien guardan silencio.

En general, la sociedad española parece mantenerse abierta al flujo de migrantes latinoamericanos, con quienes comparten lengua, rasgos culturales y orientación religiosa; sin embargo, no reciben con el mismo ánimo a los trabajadores africanos, como permite observar la represión contra migrantes perpetrada el 24 de junio en Melilla, territorio español en Marruecos, contra migrantes que produjo la muerte de 37 personas.

El Banco de España reconoce que el principal desafío para el sistema de pensiones es el aumento de la población de edad avanzada frente a los ciudadanos económicamente activos.

Sin embargo, la población joven encara problemas para encontrar trabajo y hay una tasa de desocupación del 29%, una de las más altas de Europa, y en el primer trimestre de 2022 más de 840.000 trabajadores menores de 30 años no pudieron emplearse.

El país europeo requiere reformas más profundas que reduzcan la excesiva dependencia a dinámicas económicas como el turismo para resolver la escasez de mano de obra, estimó el subdirector del Centro de Estudios Demográficos localizado en Barcelona.

CON INFORMACIÓN VÍA SPUTNIK NEWS

Sin servidores públicos digitales no habrá e-gobierno

Poca planificación efectiva de la fuerza laboral, perfiles de puestos desactualizados, falta de flexibilidad en las modalidades de vinculación, sistemas de remuneraciones disociados de los del mercado laboral general, e insuficiente asignación presupuestaria para los sistemas de capacitación, son algunos de los desafíos que la gestión de capital humano presenta de cara a la necesaria transformación de los gobiernos.

En América Latina y el Caribe (ALC), señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la mayoría de los gobiernos no han abordado de manera profunda la relación entre la gestión del capital humano y la transformación digital.

“Si bien muchos gobiernos reconocen, en términos generales, que se necesita fortalecer las capacidades en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre los servidores públicos, no existe un diagnóstico detallado al respecto”, señala el estudio “La transformación digital y empleo público”.

Es así que la poca planificación efectiva de la fuerza laboral dificulta que los gobiernos puedan anticiparse a las necesidades de personal en ciertos perfiles, así como identificar aquellos puestos que están empezando a quedarse obsoletos.

La existencia de perfiles de puestos desactualizados significa que la descripción de las competencias y tareas requeridas están obsoletas y que, por lo tanto, las personas que ocupan esos puestos no cuentan necesariamente con las calificaciones, competencias y habilidades necesarias.

Sobre la falta de flexibilidad en las modalidades de vinculación, el BID sostiene que los sistemas de carrera profesional que existen en varios países sólo permiten la entrada por la parte más baja del escalafón y aspiran a una vinculación permanente del funcionario, lo que contrasta con el dinamismo del mercado laboral digital.

El organismo expone que la rigidez de los sistemas de remuneración pública hacen que frecuentemente, el Estado pierda competitividad a la hora de atraer talento digital. En ocasiones, fundaciones o instituciones públicas con mayor flexibilidad y agilidad de contratación de personal se encargan de prestar servicios relacionados con la agenda digital al gobierno.

Otra brecha que identifica el BID es el insuficiente volumen y asignación presupuestaria para los sistemas de capacitación. Como consecuencia, se está desaprovechando la oportunidad de usar los planes de capacitación como un pilar fundamental para actualizar las habilidades de los funcionarios a gran escala.

El escenario que se observa en América Latina y el Caribe contrasta con los enfoques adoptados por los líderes mundiales en gobierno digital. Por ejemplo, en las estrategias digitales de Canadá, España, Estonia, Israel, Reino Unido y Singapur, hay un planteamiento más complejo que abarca la necesidad no solo de fortalecer las capacidades TIC, sino también de potenciar el liderazgo digital, profundizar el conocimiento de vanguardia o promover nuevas formas de trabajar que apoyen la transformación digital.

Los gobiernos de la región tampoco han contemplado la transformación digital como un insumo clave en los ejercicios de planificación estratégica del personal público, lo cual difiere de lo que sucede en otros países como Reino Unido, donde gran parte de la visión estratégica del servicio civil está dirigida a adaptar el cuerpo de empleados públicos al nuevo contexto digital.

La conexión entre la agenda digital y la gestión del capital humano en el sector público es indiscutible e ineludible; sin embargo, la alineación de ambas no es automática y requiere nuevas políticas y procesos, empezando por la necesidad de incorporar a la personas en el centro del debate sobre la transformación digital del gobierno.

Ello hace necesario analizar tanto el impulso de la transformación digital (la creación e implementación de los nuevos sistemas tecnológicos) como la adaptación a ella (el uso de nuevas herramientas digitales y la correspondiente reorganización del trabajo)

“Las agendas de transformación digital y de gestión del talento humano en los gobiernos están estrechamente relacionadas. No hay transformación digital posible sin especialistas digitales para llevarla adelante y sin que todos los servidores públicos puedan implementar adecuadamente las nuevas tecnologías”.

La transformación digital del gobierno, que provee beneficios como servicios más rápidos y accesibles desde cualquier lugar y momento, es una condición que las personas construyen; sin embargo, atender las demandas del ciudadano del siglo XXI, aprovechando las herramientas del siglo XXI, sigue siendo un desafío en América Latina y el Caribe.

En una región caracterizada por baja productividad, desigualdad socioeconómica y baja confianza en los gobiernos, la transformación digital ofrece una oportunidad para avanzar hacia la solución de muchos de los retos.

Pero al mismo tiempo se observa una larga historia de retos diversos en la gestión del servicio civil como grandes nóminas, alta rotación de profesionales, influencia política en procesos de selección y limitados incentivos para el desarrollo de carrera, entre otros.

“¿Qué conecta esta nueva oportunidad con el viejo desafío? Es simple: los servidores públicos son, necesariamente, el corazón de la transformación digital del gobierno. Son quienes diseñan, implementan y aprovechan las nuevas herramientas”.

El BID indica que para impulsar la transformación digital, los gobiernos necesitan especialistas digitales, profesionales con habilidades en alta demanda en el mercado laboral.

Las instituciones y los servidores públicos también deben adaptarse a todo el cambio que la transformación digital conlleva, tales como nuevas herramientas, tareas, funciones y formas de trabajar.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC