Modelo penal de García Luna cuesta ahora 266 mil mdp

El modelo penitenciario diseñado y ejecutado por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón, además de generar una asociación público-privada para duplicar la existencia de espacios carcelarios, generó que las obras que costarían individualmente 4 mil millones de pesos tengan en la actualidad un impacto financiero superior a 32 mil millones de pesos por cada centro.

Cada proyecto fue adjudicado de manera directa y los datos financieros de cada prisión fueron clasificados entre 2009 y 2014 como de seguridad nacional, para evitar que se transparentara la información.

El proyecto que supuestamente pretendía “lograr reinserción social” mediante trabajo (que las propias empresas constructoras supuestamente les darían), educación, capacitación, salud y deporte, fue un fracaso, señalaron funcionarios federales consultados en torno a la situación que vive el sistema carcelario federal.

Para el primer trimestre de 2012 el proyecto penitenciario ya se había definido; seis grupos empresariales que se encargarían de la construcción y operación de los inmuebles, y además cobrarían extra por los servicios de alimentación, limpieza, recreación y capacitación para los reclusos.

Ex colaboradores de García Luna informaron entonces que “la idea del secretario era que la iniciativa privada se hiciera cargo de ciento por ciento de las operaciones de las cárceles que construyera, como en Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Hubo algunos funcionarios de alto nivel en el gabinete de seguridad nacional que se opusieron, que le dijeron: ‘mejor que pasen los empresarios y solamente construyan, que mantengan las instalaciones y por eso se les paga una especie de renta, mientras recuperan su inversión y sacan una ganancia’”.

El extra fue que se convertirían en prestadores de servicios penitenciarios y con ello sus ganancias aumentarían, ya que en cada cárcel se lavarán un millón 200 mil prendas mensuales y se servirán más de 3 millones de raciones de alimento al año por cada centro.

Así, los grupos seleccionados fueron: Homex, dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación (declarada en quiebra en 2018); Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que dirige Alonso Quintana y una de las más antiguas de México, y que entre 2017 y 2018 estuvo en concurso mercantil; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez; GIA, que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, firma dedicada a la construcción de carreteras y realización de obras para Petróleos Mexicanos.

A cada compañía se ofreció un plazo de 15 años para recuperar su inversión (con pagos mensuales que realizaría el gobierno federal para amortizar el gasto), y cinco más para obtener dividendos, que estaban estimados en 2 mil millones de pesos para cada compañía.

Los centros que construyó la iniciativa privada son: el número 11, en Hermosillo, Sonora; Cefereso 12, en Guanajuato; el número 13, en Oaxaca; número 14, en Gómez Palacio, Durango; Cefereso número 15, en Chiapas; número 16 femenil, que se localiza en Morelos; Cefereso 17, en Tomatlán, Michoacán.

Con información vía La Jornada

García Luna, entre demoras del juicio y petición de extradición

El juicio de Genaro García Luna en Nueva York, quien cumplirá un año preso este miércoles, podría no ocurrir. No por la pandemia del COVID-19, que redujo los juicios al mínimo, sino porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo quiere de regreso en México.

La Embajadora Martha Bárcena presentó nota formal al Departamento de Estado solicitando la extradición de quien fuera el hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón, de acuerde con fuentes diplomáticas consultadas en esta capital. La solicitud expone la causa probable que avala el inicio del tramite que, de acuerdo al protocolo, es para una orden de detención provisional con fines de extradición al margen de si el requerido está o no preso.

Cesar de Castro, defensor de oficio de García Luna, no respondió mi solicitud de comentario. Para los departamentos de Estado y Justicia es tabú comentar sobre extradiciones.

La semana pasada, la FGR mandó la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual la remitió a la Embajada de México en Washington. A su vez, la legación formalizó la solicitud mediante nota firmada por Bárcena el domingo a las 3 de la tarde y entregada el mismo día a la cancillería estadounidense.

No se sabe si y cuando el gobierno estadounidense actual o el que tome posesión el 20 de enero de 2021, aceptará extraditar a un presunto delincuente de gran calado, al ex funcionario mexicano de mayor nivel jamás juzgado en Estados Unidos por presunta asociación delictuosa internacional para distribuir e importar cocaína a cambio de sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia puede argumentar que los cargos de enriquecimiento ilícito por los que lo requiere México, son más débiles que los que enfrenta en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. También contraponer que cuando fue detenido, García Luna era residente legal de Estados Unidos y había solicitado la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con los especialistas, la extradición de García Luna es un escenario no imposible pero improbable en el corto plazo. Es difícil que Estados Unidos acepte repatriarlo sin ser juzgado antes y sin cumplir al menos parte de la sentencia en Estados Unidos. De ser hallado culpable de los cinco cargos que se le imputan, puede ser sentenciado a 10 años o cadena perpetua.

Generalmente, las peticiones de extradición son burocráticas, tardadas y complejas. La nota al Departamento de Estado es sólo el primer paso. La dependencia a cargo de la diplomacia estadounidense puede pedir mayor información sobre la “causa probable” y tardar meses antes de remitirla al Departamento de Justicia, al que corresponde evaluar los méritos legales de la petición con base en el expediente judicial de la FGR.

Recluido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn desde su detención en Texas el 9 de diciembre de 2019, el operador de la sangrienta guerra a las drogas de Calderón dice ser inocente. Se ha negado a negociar con la fiscalía, lo que presagia que, de no ser extraditado antes, habrá juicio. Los fiscales neoyorquinos llevan un año preparándolo con base en una multitud de pruebas incriminatorias, así como en el testimonio de múltiples testigos. Tan solo la semana pasada, informaron que a la fecha han proporcionado a la defensa 950 mil páginas de documentos probatorios y miles de grabaciones.

No es la falta de evidencia lo que está retrasando el juicio sino la pandemia del coronavirus, que ha azotado con furia en Nueva York. En una audiencia de procedimiento ayer lunes, en la que el tema de la extradición no fue mencionado porque se solicitó en la víspera, de Castro informó que García Luna fue puesto en aislamiento y cuarentena desde el 20 de octubre—hace más de seis semanas–por lo que no ha tenido oportunidad de revisar pruebas.

Con excepción la audiencia donde se declaró no culpable ante el juez federal Brian Cogan, a cargo del caso, el resto de vistas ha sido virtual y esporádico. Las peticiones iniciales de García Luna de salir bajo fianza y de libertad condicionada por temor a contraer Covid19, fueron rechazadas por la corte, la cual previó que huiría a su país natal, donde es protegido por políticos influyentes. Resulta paradójico que, contrario al argumento de la corte neoyorquina, el gobierno de México use la vía diplomática para que regrese a México al regazo de Calderón.

La semana pasada, los fiscales del caso pidieron a Cogan proteger durante tres meses parte de las pruebas—grabaciones, registros de propiedades públicos y financieros, y fotografías—porque, de darse a conocer, se revelarían las identidades de posibles testigos, exponiéndolos a ser objeto de hostigamiento y violencia por parte del acusado y sus cómplices.

“Al gobierno le preocupa que si la cooperación de esos posibles testigos fuera revelada prematuramente o sus identidades identificadas en la actual coyuntura del caso, el acusado y sus cómplices podrían emprender campañas de hostigamiento, intimidación y violencia contra ellos y/o miembros de sus familias antes del juicio, con el fin de castigarlos por su cooperación, y disuadirlos a testificar contra él”, argumentó Seth DuCharme en una moción ante la corte (carta al juez Brian Cogan, firmada por Michael Robotti, 01/12/2020).

Cogan respondió que decidiría en dos o tres semanas si acepta o rechaza la moción de mantener sellada parte de las pruebas.

La presunta intimidación de testigos evoca imágenes de Michael Corleone. En una de las escenas más célebres de El Padrino II, el ex-mafioso Frank Pentangeli, recién desempacado de Sicilia, ve aterrado a su hermano rodeado de guaruras de Michael Corleone. Angustiado, Pentangeli, quien termina suicidándose mientras estaba bajo custodia del FBI, decide no testificar contra la familia Corleone por temor a que mataran a su hermano.

A no ser que haya un acuerdo político con el gobierno de Trump antes de la transferencia de poderes, parece inverosímil que el Departamento de Justicia pida a la corte de Nueva York dar carpetazo al caso García Luna para entregárselo en bandeja de plata a México. Pero luego, lo mismo se creía del general Salvador Cienfuegos, quien fue repatriado impso facto tras una componenda secreta entre los dos gobiernos. Por ahora, lo que está en la agenda de la corte del juez es seguir con los preparativos del juicio del hombre que se ganó el desprecio de los mexicanos por su exceso de poder y prepotencia.

Con información vía Sin Embargo

Con Nunvav, García Luna trianguló $2 mil 678 millones a 5 países: UIF

Los apoyos a Nunvav Inc, empresa vinculada al responsable de la seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, no se limitaron a contratos con el gobierno. La firma recibió incentivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 2015, como parte del programa de impulso a pequeñas y medianas empresas enfocadas a la innovación tecnológica.

Mediante el Programa de Estímulos a la Investigación y Desarrollo Económicos recibió 2 millones 732 mil 280 pesos destinados a un prototipo de aplicación multiplataforma para la predicción de delitos del fuero común. A diferencia de otros proyectos para los que el Conacyt requiere una ficha pública que respalde la solicitud de recursos, Nunvav, con el proyecto 222627, no estuvo obligada a presentarla, reconoce la institución.

Como parte de una actualización al seguimiento que hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda al caso García Luna, el gobierno federal informó el martes que entre 2012 y 2017 la administración celebró nueve contratos con esta empresa por 390 millones de dólares, con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional, y otro por 270 millones de pesos por medio del presupuesto tradicional.

En Compranet no hay rastro de los supuestos contratos que se dieron a Nunvav Inc en los 10 años recientes. Las bases de datos de 2010 a 2020, con miles de registros, no contienen ninguna alusión que permita identificar y revisar bajo qué condiciones se dieron recursos a esta empresa, a la que la UIF da seguimiento desde el año pasado. Fundada el 14 de octubre de 2005 en Panamá, Nunvav se enlista en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía como servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, pero los montos que ha invertido en el país no son públicos, aunque las empresas no están obligadas a revelarlos.

Ahora con domicilio en la colonia Jardines de Coyoacán, Nunvav fue reportada en diciembre pasado como un engrane de la triangulación de recursos en favor del ex secretario de Seguridad de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por narcotráfico.

Hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna, declaró el titular de la UIF, Santiago Nieto, en diciembre pasado. Pero además habría sido trampolín para triangular 2 mil 678 millones de pesos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.

Desde 2014, Nunvav Inc apareció como destinataria final de una triangulación de recursos para la compra de equipos de espionaje del gobierno de Ricardo Maritnelli en Panamá.

En Panamá se documentó –hay versiones publicadas en la prensa de ese país– que con recursos del Programa de Ayuda Nacional, un plan de seguridad social para la población más vulnerable, se compró equipo de espionaje a la firma israelí MLM Protection Ltd.

La prensa panameña, entre ella Estrella de Panamá, exhibió que los pagos comenzaron el 30 de agosto de 2010 –cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública–, vía el Banco Nacional de Panamá, que transfirió el dinero a una cuenta intermedia de Citibank en Nueva York. Finalmente el dinero se envió a Nunvav Inc por medio de Western Bank, de Barbados.

En México, la firma panameña también vendió a las universidades. Con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas celebró un contrato por 2 millones 931 mil 900 pesos en septiembre de 2016, con José Luis Zaragoza Chacón como rector, por cursos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Competencias Policiales Básicas Modalidad a Distancia.

En 2015, con la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo Léon firmó un convenio de desarrollo tecnológico para el diseño y prototipo de aplicación multiplataforma para la predicción de delitos de fuero común. El contrato por 2 millones 24 mil 740 pesos se llevaría con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Nuevo León.

Con información de La Jornada

Gobierno de México investiga a la organización política de Felipe Calderón

El Gobierno de México indaga el presunto financiamiento irregular del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos, al movimiento México Libre, encabezado por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.

Sin dar detalles sobre la investigación, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya rastrea los recursos, los cuales también pudieron ser utilizados para costear la candidatura independiente de Zavala a la presidencia en 2018.

“La oficina de investigación financiera tiene todo, tiene información. No sé exactamente porque no hay una solicitud, que yo sepa, de la Fiscalía (General de la República), pero sí hay mucha investigación, sobre todo del manejo del dinero”, expuso.

A su vez, el periodista Francisco Cruz Jiménez, autor del libro García Luna, el Señor de la Muerte, aseguró en entrevista que México Libre “está infectado” por el exsecretario del Gobierno de Felipe Calderón.

“Lo que sí me queda claro es que tanto Margarita Zavala como México Libre estaban infectados hasta diciembre, hasta antes de la captura de García Luna. Era un tipo que les podía hacer mucho trabajo, que les hizo mucho servicio y que los tuvo muy bien y a él lo tuvieron muy bien, tanto que yo afirmo que era un hombre más poderoso que el presidente”, aseveró en La Octava.

Cruz Jiménez también destacó que tiene evidencias de que, durante la campaña presidencial de Zavala, varias de las encuestas y una buena parte del trabajo de campo fueron encabezados por García Luna.

“Los nexos de García Luna con Margarita Zavala eran muy claros, porque él quería regresar, él pensaba que podía regresar. Sé que ahora han destruido muchos documentos, como ha pasado con algunas otras empresas que están destruyendo parte del trabajo que hizo García Luna porque desde que cayó preso él sabe quiénes están involucrados en qué“, mencionó.

Zavala: “García Luna no es de México Libre”

A su vez, Margarita Zavala criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya relacionado a México Libre con Genaro García Luna. Negó que el exsecretario de Seguridad Pública entregara donativos a su organización.

“¡Es increíble! ¡Qué desplante! ¡Qué manera de acusar desde el poder! De señalar con algo que leyó, que le dijeron. Es una enorme irresponsabilidad tener así unas mañaneras, expresarse así, acusar de esa manera, porque al final lo convierte en una verdad desde el poder y es una mentira desde el poder”, reprochó.

Zavala también acusó que el presidente miente durante sus conferencias. En particular, señaló que tanto ella como varios miembros de su familia son víctimas de los “desplantes de poder” realizados por López Obrador.

Por último, dijo en entrevista con MVS Noticias que desde finales de septiembre se encuentra esperando la decisión del Tribunal Electoral sobre el registro de México Libre como partido político.

“Ya llevamos más de un mes y eso cada día es una desventaja para nosotros como organización política, para quien busca un partido. Pero bueno, también hay que ser pacientes y pues en eso estamos, con la certeza, lo hemos dicho, de que tenemos la razón, que nos asiste el derecho”, expresó.

El 4 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral decidió negar el registro a México Libre tras identificar que el origen de más del 5% de los recursos de la organización política no estaban plenamente identificados.

Con información de Sputnik News

García Luna se declara “no culpable” al ser acusado de 5 cargos

Nueva York. Genaro García Luna fue presentado con una acusación formal actualizada de conspiración criminal para distribuir cocaína, ante lo cual se declaró no culpable.

El juez federal Brian Cogan, encargado del caso del ex secretario de Seguridad Pública de México, presidió la audiencia en preparación de un eventual juicio y dio lectura a cinco cargos que sustituyen a los originales.

En las acusaciones se afirma que entre 2001 y el presente año, García Luna trabajó como jefe de al menos cinco o más personas y conspiró para obtener, importar y distribuir cocaína en Estados Unidos.

También lo acusan de hacer declaraciones falsas a las autoridades migratorias de Estados Unidos en 2018, al afirmar que no había cometido ningún delito.

Cogan, juez del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, preguntó a García Luna si entendía los cargos y lo escuchó declararse no culpable.

Los cargos modificados de los originales incluyen acusaciones formuladas contra Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, ex colaboradores de García Luna y quienes por ahora no están bajo custodia de autoridades estadunidenses.

La próxima cita para otra audiencia preparatoria de un eventual juicio fue programada para el 7 de diciembre. Aún no hay fecha para un juicio, y en caso de que se realice duraría de dos a tres meses, según calculan los fiscales.

El juez Cogan, quien está encargado del caso del ex secretario de Seguridad Pública de México, es el mismo que presidió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, de donde provienen parte de las evidencias para el caso contra García Luna.

La audiencia de ayer se realizó por video y teleconferencia debido a las medidas que tienen como finalidad mitigar la pandemia de Covid-19 que impera en Nueva York.

La audiencia fue suspendida durante varios minutos después de que comenzó, cuando periodistas y otras personas que podían escuchar el proceso por teleconferencia ignoraron en forma reiterada las órdenes del juez de guardar silencio.

He pedido repetidamente a la prensa mexicana que deje de hablar en esta llamada, declaró, y una intérprete oficial repitió la orden en español.

Al final Cogan sostuvo que suspendió el proceso y que lo programaría para otra fecha.

Chinguen a su madre, periodistas, se escuchó a uno de los participantes frustrados después de la decisión del juez de concluir la sesión.

Sin embargo, poco después reporteros que han cubierto el proceso desde el principio recibieron una llamada acerca de que el proceso continuaría con la esperanza de que muchos de los reporteros que habían ingresado antes y no acataron las reglas de silenciar sus teléfonos no regresarían, tal como sucedió.

Con información de La Jornada