Logra gobierno federal ejercer 95% de su presupuesto TIC

En 2021 el gobierno federal ejerció el 95 por ciento del presupuesto TIC aprobado y para este año, estos recursos aumentaron 16 por ciento, lo que indica que finalmente “se está entendiendo la importancia de orientar recursos públicos hacia este sector que permite mejorar y modernizar la operación de la administración pública.

“Como se pudo observar, el gobierno gastó casi todo el presupuesto que tenía asignado para ese año (2021), el porcentaje faltante podría deberse en gran medida al desabasto en equipo (dispositivos personales, servidores, monitores, etcétera) ya que las empresas proveedoras de tecnología siguen siendo afectadas por esta situación”.

Tras precisar lo anterior, Arely Reyes Gaspar, analista de la consultora Select, destacó que el año pasado el gobierno federal gastó 26 mil 669 millones de pesos en tecnología, cifra que representó el 95 por ciento del presupuesto total que tenía aprobado para el pasado ejercicio fiscal.

“Los segmentos en los que el gobierno federal tuvo un mayor gasto e incluso sobrepasó el presupuesto aprobado a inicios de año fueron servicios TIC y Telecom con 17 y 2.0 por ciento más gasto, respectivamente”.

Los recursos orientados a la compra de equipo solo representó un gasto del 79 por ciento, derivado principalmente por problemas de desabasto, en tanto que en consumibles se gastó 83 por ciento, siendo el rubro de software el segmento a donde menos recursos públicos fueron orientados, 15 por ciento de todo el presupuesto.

Respecto de los servicios que mayor demanda observaron fueron: redes, equipo de telecomunicaciones, servicios administrados de centros de datos, adquisición de equipo, desarrollo de software y mantenimiento.

En su análisis Reyes Gaspar detalló que las dependencias que ejercieron una mayor cantidad del presupuesto asignado, destacan Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Gobernación.

“Creemos de igual manera que el gobierno ha entendido la importancia de invertir en tecnología y así lo confirma el presupuesto aprobado para 2022 que presenta un crecimiento de casi 16 por ciento sobre el aprobado en 2021”, destacó la especialista.

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Flexibilizar licitaciones para cubrir desabasto tecnológico

El desabasto de componentes ha sido la principal afectación para la industria y negocios TIC en México desde el 2020, que de acuerdo con empresas líderes de semiconductores podría alargarse hasta 2023, con un impacto importante en la calidad de los servicios y estrategias del gobierno digital y del tema de la ciberseguridad en México.

Ricardo Zermeño, director General de la consultora Select, destacó que el equipo informático es indispensable para las actividades institucionales de la administración pública, por lo que las licitaciones deben considerar lo que pasa en el escenario mundial, evaluar el impacto de desabasto de manera continua y adecuar los contratos marco para flexibilizar tiempos de entrega.

“Que las licitaciones consideren los tiempos de entrega vigentes en la realidad, en un mundo que no se está volviendo más sencillo, en términos de la logística de las cadenas. Los eventos mundiales siguen rompiendo las cadenas de logística y por lo tanto la recomendación es flexibilizar los periodos para el ejercicio del presupuesto”.

Durante una presentación en línea, Zermeño González aseguró que la falta de renovación del parque instalado termina por afectar la calidad de los servicios, dado que la probabilidad de fallas es mayor.

“No tenemos un estimado específico, lo que sí reconocemos es que entorpece el avance de las estrategias de gobierno digital, que son clave para seguir ofreciéndole al ciudadano mejores servicios”.

El presupuesto TIC aprobado por el gobierno federal mexicano para el 2022, fue de 32 mil 334 millones de pesos, 16 por ciento de incremento respecto al año anterior; el plan es gastar 10 mil 406 millones de pesos en esa misma categoría; es decir, 32 por ciento, de acuerdo con el reporte Impacto del desabasto de equipo en la administración pública de Select.

De los 10 mil 406 millones de pesos, designará 4 mil 703 millones al arrendamiento de equipo, esto es alrededor del 45 por ciento; mil 784 millones a bienes informáticos, como servidores, monitores o procesadores; mil 744 millones en equipo de redes de telecomunicaciones; mil 629 para mantenimiento; 273 millones para arrendamiento de equipos de telecomunicaciones y 273 millones en refacciones.

El presupuesto en riesgo, expuso Arely Reyes Gaspar, analista de la consultora, son los 10 mil 406 millones de pesos, que representan el 25 por ciento de la venta anual de los proveedores de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Revendedor de Valor Agregado (VAR), integradores, distribuidores.

La no ejecución de recursos y retrasos en entregas, que de acuerdo al grado de especialización de componentes se va alargando, señaló, afectaría tanto a estas empresas como a dependencias de gobierno: CFE, IMSS, ISSSTE, SEP y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Alejandro Vargas, gerente de Análisis de Select, sostuvo que se está viviendo una situación inédita, compleja en la que el gobierno federal puede verse muy afectado ante la rigidez de sus contratos y procesos de licitación.

Incluso, consideró que ante la posibilidad de que los tiempos de entrega no empaten con los procesos de licitación hay dos escenarios, que ya han ocurrido: multas onerosas para los proveedores que entreguen tarde, o que decidan no participar y la licitación se declare desierta.

“Ese sin duda es uno de los problemas, entre otros que afectan el despliegue de las redes”, acotó Ricardo Zermeño.

A corto plazo, otra de las consecuencias que se tendrían está en el tema de la ciberseguridad, especialmente ante amenazas como el ransomware y otras que se vuelven cada día más sofisticadas y persiguen objetivos con infraestructura crítica.

“Entre los equipos que están con rezago por falta de abasto hay muchos componentes de seguridad o appliances, como un firewall, y no contar con este tipo de dispositivos muy avanzados significan problemas en temas de seguridad; hemos escuchado muchos ataques que han padecido agencias públicas federales por no contar con sistemas actualizados”.

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Gobierno cambia timón de Tren Maya; llega Javier May Rodríguez a Fonatur

En un inexplicable movimiento anunciado este martes por el Gobierno Federal, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons se “bajó” del Tren Maya y dejó la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para ocupar inmediatamente el cargo de subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El nuevo titular del fondo es el tabasqueño Javier May Rodríguez, quien ostentaba el cargo de secretario del Bienestar y ahora deberá encabezar el principal proyecto de infraestructura ferroviaria del país, con sus 1,500 km de vía, el cual deberá estar terminado a finales del próximo año.

Tras el ajuste realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su confinamiento, Jiménez Pons tiene el objetivo de “modernizar y eficientar el sector transporte”, en las dos direcciones que tiene potestad directamente: Autotransporte Federal y Protección y Medicina Preventiva en el Transporte.

Además, participará en las reuniones relacionadas con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en las que se busca regresar a la autoridad aeronáutica de México a la categoría 1, luego de la degradación que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el año pasado, como lo venía haciendo su antecesor, Carlos Morán, quien desde ayer es el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Luego del anuncio, la dependencia publicó en su cuenta de Twitter: El secretario (Jorge) Arganis dio la bienvenida al arq. Rogelio Jiménez Pons, quien con su llegada contribuirá a la consolidación de los objetivos de la presente administración”. En otro mensaje reconoció la labor de Carlos Morán y se “congratuló de seguir contando con su valiosa experiencia en el sector, ahora desde el AICM”.

Fonatur-AICM: nuevos líderes

Contrario a la deferencia de la SICT, hasta la noche del martes, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, como cabeza de sector, no hizo ningún comentario en sus redes sociales sobre la llegada de Javier May Rodríguez al Fonatur, como sí lo hizo de su participación en actividades del día (incluso felicitó al nuevo secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto).

Javier May Rodríguez es originario de Comalcalco, Tabasco. Anteriormente fue subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la misma dependencia, donde estuvo a cargo del programa Sembrando Vida.

El director de Fonatur también ha desempeñado distintos cargos de elección popular. En septiembre de 2018, en la LXIV Legislatura, fue Senador de la República por su estado natal.

Desde hace más de 30 años, Javier May Rodríguez ha participado en el movimiento por la transformación de México, se precisó, aunque no hay mención sobre experiencia en turismo o sector ferroviario.

Respecto a Carlos Morán y su llegada al AICM en sustitución de Jesús Rosano, quien ocupaba ese cargo desde finales del 2019.

El ajuste ocurre cuando la principal terminal aérea del país enfrenta las complicaciones causadas por la cancelación de cientos de vuelos de Grupo Aeroméxico a causa de la pandemia del Covid-19, la cual ha afectado a su tripulación.

La nueva cabeza del AICM volvió a la administración pública en el sexenio de la 4T de la mano del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de quien fue su colaborador más cercano.

En una charla con representantes de la industria aérea, a principios del 2019, llegó a decir que era un honor atender las llamadas del Secretario “en horas de la madrugada” para presentarse en el Palacio Nacional para revisar juntos el tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco o el que estuviera en turno.

Entre su currículum destaca el haber sido titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ahora Agencia Federal de Aviación Civil), por lo que fue una pieza clave en la reconfiguración del espacio aéreo en el centro del país para la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tareas inmediatas

• Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte

Colaborar en el regreso a la autoridad aeronáutica de México a la categoría 1, luego de la degradación que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, como lo hacía su antecesor, Carlos Morán.

Tener presencia en las reuniones relacionadas con la próxima inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en estrecha colaboración con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y en la operación del nuevo sistema aeroportuario.

• Javier May Rodríguez, director del Fonatur

Acelerar la construcción de los 1,500 km del Tren Maya y sus polos de desarrollo, toda vez que a la fecha hay un avance de obra que ronda el 10% y tiene que estar listo para su inauguración a finales del 2023, como lo demanda el Presidente de México.

Coordinarse con las constructoras privadas y la Secretaría de la Defensa Nacional (para la construcción de los tramos 5 norte, 6 y 7 del tren). Además de definir los trazos finales en la zona de Cancún y la Riviera Maya, en donde aún hay cambios.

• Carlos Morán, director del AICM

Mejorar la infraestructura de la terminal para ofrecer mejores experiencias de viajes a los pasajeros, lo que incluye la ampliación en una parte de las salas de última espera de la terminal 1, en donde la falta de espacio es evidente.

Hacer valer el decreto de saturación vigente (en el manejo óptimo de los slots, horarios de despegue y aterrizaje), luego de que la paulatina recuperación de la industria ocasiona volver a esa condición, la cual se interrumpió por la crisis sanitaria.

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STPS con gobiernos locales y la OIT refrendan su compromiso con la erradicación del trabajo infantil

El gobierno de México refrendó su compromiso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para erradicar el trabajo infantil, particularmente en un contexto que demanda mayores esfuerzos y sinergias para atenuar los impactos de la pandemia por la Covid-19.

En un comunicado conjunto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que ha redoblado sus esfuerzos con miras a lograr la Meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consiste en adoptar medidas inmediatas para asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y, conforme a los objetivos de dicha agenda, para el año 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Mediante transferencias directas a familias, becas para que los niños, y especialmente, las niñas asistan a la escuela y no tengan que trabajar, así como la generación de empleos y la promoción del trabajo decente para en sus hogares se disponga de ingresos suficientes para que ellos y ellas disfruten de una vida digna, el gobierno de México atiende las causas principales que inciden en el trabajo infantil.

Asimismo, México es un país fundador de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una alianza intergubernamental tripartita integrada por 30 países de la región, con la asistencia de la OIT, cuyo objetivo es acelerar la erradicación del trabajo infantil. En este marco de cooperación, México ha sido un fuerte impulsor de iniciativas de cooperación Sur-Sur con países de la región, para intercambiar y replicar buenas prácticas enfocadas en la erradicación de este fenómeno, tales como el fortalecimiento de la inspección laboral en los sectores donde se concentra el trabajo infantil.

Cabe resaltar el importante rol que tiene a nivel nacional la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI), la cual articula acciones prioritarias de los sectores público, privado y social orientadas a proteger los derechos de la niñez, así como prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestro país.

Como parte de las acciones dentro de la Alianza 8.7 en conjunto con la OIT, México ha sido pionero en el establecimiento de la Red Nacional de Comisiones Locales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida dentro de la CITI, como mecanismo para articular y coordinar los esfuerzos entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Abriendo un espacio de diálogo sobre experiencias sobre acciones concretas para la prevención y erradicación en el país, recordando que es una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno.

Destaca también la elaboración de un Modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, herramienta que ayudará a los centros de trabajo a participar en la erradicación del trabajo infantil. Este instrumento será enriquecido con las aportaciones de los integrantes de la CITI, así como de organizaciones de la sociedad civil, previo a su presentación en las próximas semanas.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Reforma en outsourcing también prohíbe su uso en dependencias de gobierno

Con una votación mayoritaria -348 votos en pro; 77 en contra, y 32 abstenciones- sin considerar los artículos reservados; el pleno de la Cámara de Diputados aprobó -en lo general y particular- el decreto de la reforma en materia subcontratación, que contempla reglas más restrictivas, al sólo permitir su uso como un servicio especializado sujeto a la obtención de un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la realización de inspecciones, dando de plazo tres meses a las empresas para su aplicación.

Después de dos años de discusión, y con posturas en contra de legisladores del PRI y PAN, la Cámara de Diputados realizará cambios en diversas leyes: la Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la ley reglamentaria del Apartado B.

La primera vez que se incluyó la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo fue en el 2012, como parte de la reforma laboral aprobada ese año (durante los últimos meses del gobierno del expresidente Felipe Calderón); casi 10 años después recibe una nueva modificación, pero en esta ocasión es más profunda e incluye aspectos que vinculan la materia fiscal, laboral y de seguridad social.

Si bien en el proceso legislativo aún corresponde al Senado de la República llevar a cabo su análisis y su eventual aprobación, el decreto aprobado este martes prevé 90 días para que las empresas que cuentan con trabajadores subcontratados puedan realizar los ajustes a los que obligará la reforma, esto a partir de que sea publicado el decreto, y en el caso de los cambios relativos a las obligaciones de seguridad social, empezará a contarse a partir de agosto de 2021.

Como ajuste de último momento el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, Jesús Baldenebro, expuso que se incluyeron cambios al artículo 10 Bis de la Ley Federal del Trabajo en su Apartado B, por lo que “se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones (de gobierno) y que se permita únicamente la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público, que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”.

Regularizar trabajadores

Baldenebro expuso que “las dependencias, identidades de la administración pública federal involucradas en la implementación del presente decreto, deben realizará las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo, se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuente. Por lo que no requerirán recursos adicionales que tengan por objeto fomentar las mismas y no se incrementará el presupuesto regularizable de estas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores”.

Además, en los artículos transitorios se puntualizan los tiempos así “el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOF, con excepción de lo que dice el artículo 4º, 5º y 6º que entrarán en vigor el primero de agosto del 2021 y lo previsto en el artículo séptimo”, ello, para dar oportunidad a las empresas a regularizarse. Otro aspecto importante que se incluyó en el decreto es el tope en el pago de utilidades a 90 días; derecho laboral que trajo división en la fracción parlamentaria del PRI, pues mientras el diputado Carlos Pavón Campos, quien es también líder minero, voto en contra porque reduce el ingreso de los trabajadores quienes hasta este año recibirán más de tres meses como pago; y de Isaías González Cuevas, quien expuso que era necesario terminar con las empresas virtuales que administraban personal socavando los derechos de los trabajadores.

La esencia de la reforma:

Las empresas y el gobierno solo podrán subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.
Las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas.
La empresa que subcontrate servicios u obras será responsable solidariamente en caso de que la contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).
Las empresas de subcontratación tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la STPS; el registro se renovará cada tres años. La dependencia tendrá treinta días después de publicada la reforma para expedir las reglas correspondientes.
Las empresas de subcontratación tendrán que entregar cada cuatro meses un informe al Infonavit y al IMSS con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base.
Sólo podrán ser deducibles o acreditadles los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa.
Utilizar esquemas simulados de subcontratación será considerado defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.
El reparto de utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

«Urge al gobierno» acelerar vacunación; imposible detenerla

Al gobierno federal “le urge” acelerar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Es un proceso que no se debe detener, por lo cual a los adultos mayores se les administrará el biológico de Pfizer, el cual está disponible y cada mes llegarán lotes más grandes. En febrero serán más de 1.8 millones de dosis que no se pueden guardar y tampoco es factible esperar a ver si llega la vacuna china o alguna otra que sea de una sola dosis para facilitar la estrategia de aplicación en las localidades más apartadas del país, afirmaron funcionarios del sector salud.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador es que después del personal de salud que atiende a enfermos de coronavirus, se vacune a las personas de más de 60 años y empezar con quienes viven en las zonas rurales; llevar el biológico hasta donde se encuentren.

Sobre los retos que implica el traslado de la vacuna de Pfizer porque requiere ultracongelación además de que son dos dosis, los funcionarios comentaron que el mecanismo se afinará durante enero con las brigadas que irán a los hospitales Covid a vacunar a los trabajadores de salud.

La operación de mil brigadas en cada uno de los nosocomios distribuidos en el país, donde se atiende a los enfermos de coronavirus, será el ensayo de lo que a finales de este mes debe iniciar en las comunidades rurales más apartadas, explicaron.

De acuerdo con el plan de entregas de la vacuna desarrollada por Pfizer en colaboración con la empresa BioNTech, para marzo llegarán al país un millón 833 mil 975 dosis, en abril serán 2 millones 901 mil 725, en mayo 3 millones 750 mil y así sucesivamente, de tal manera que en diciembre, el corporativo habrá cumplido el compromiso de traer a México 34.4 millones de vacunas.

Está en proceso la fabricación del producto del laboratorio Astra Zeneca, desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford, cuyo uso de emergencia en México ya fue autorizado y se prevé comprar 77.4 millones de dosis.

Otros biológicos que también adquirirá México y podrían llegar en los siguientes meses son el de la empresa china CanSino Biologics y el fabricado por el Instituto Gamaleya de Rusia, Sputnik V. Sobre el primero aún se esperan los resultados del ensayo clínico fase 3 y la revisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Se debe corroborar que la vacuna china es segura y sobre todo su nivel de eficacia, pues en días recientes circuló información respecto a que tendría una menor efectividad en adultos mayores.

Respecto de Sputnik V, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre un preacuerdo para adquirir 24 millones de dosis. El expediente ya está en revisión por parte de la Cofepris.

Mientras eso pasa, la estrategia de inmunización debe continuar. Tal como se vacunará a los trabajadores de salud en enero, con brigadas y por regiones, con los adultos mayores se hará algo similar.

Con el mismo mecanismo, las brigadas regresarán a las comunidades rurales para administrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Los entrevistados resaltaron que fue idea y decisión de López Obrador tomar como base los centros integradores que es donde las personas reciben los apoyos de los programas sociales, en este caso, la pensión de adultos mayores. En cada municipio existe un padrón de beneficiarios y cuando sea el momento se les convocará para que acudan a recibir su vacuna.

De acuerdo con esta información, en el gobierno federal “hay optimismo” de que el plan funcionará y se podrá vacunar a todas las personas nacionales y extranjeros que vivan en el país. Incluso está contemplada la inmunización de los médicos cubanos que están en México para apoyar en la atención de los enfermos de Covid-19.

En la siguiente fase, el biológico se administrará a las personas con enfermedades crónicas. De manera paralela se organizarán las brigadas para avanzar en las ciudades de tamaño medio y después en las más grandes, donde a pesar de que la densidad poblacional es mayor, se cuentan con más opciones para facilitar la operación del plan de inmunización.

Con información vía La Jornada

Aumenta en 2021 la pensión del gobierno para adultos mayores y discapacitados

Las pensiones del gobierno federal para personas adultas mayores y con discapacidad tendrán un aumento en el ejercicio fiscal 2021, al pasar de 2 mil 550 pesos bimestrales, que se entregaban desde 2019, a 2 mil 700, de acuerdo con las reglas de operación de ambos programas, publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según las reglas del programa Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para 2021, el monto del apoyo será de mil 350 pesos mensuales pagaderos bimestralmente para las personas incorporadas en el padrón de derechohabientes y que no se encuentren en algún supuesto de retención, suspensión o baja.

Este programa atiende a adultos mayores mexicanos por nacimiento o naturalización, con domicilio en el país. En el caso de adultos mayores en municipios indígenas o afrodescendientes, la pensión se otorga a partir de los 65 años, en el resto, de los 68 años.

Las reglas de operación del programa Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente indican que el monto del apoyo será, igualmente, de mil 350 pesos mensuales, pagaderos bimestralmente.

La población objetivo de este programa son niños, adolescentes y jóvenes discapacitados de cero a 29 años de edad; personas de 30 a 64 años que habiten en municipios o localidades indígenas o afromexicanas, así como personas adultas de 30 a 67 años que habiten en municipios y localidades con alto y muy alto grado de marginación, diferentes a los municipios o localidades indígenas o afromexicanas.

En ambos casos, para los incorporados en el padrón de derechohabientes y que no se encuentren en algún supuesto de retención, suspensión o baja, los montos de las pensiones se actualizarán a partir de 2022, de acuerdo con los documentos publicados en el DOF.

Con información vía La Jornada

Hasta 2021 regresarán a actividades dependencias públicas y tribunales

A partir de mañana y hasta el 15 de enero de 2021 quedarán suspendidos –en términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos– todos los trámites y servicios de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, así como de las alcaldías, precisó el Gobierno de la Ciudad de México.

En el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, señala que se incluye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mientras el Consejo de la Judicatura avisó que se suspenden labores y trámites procesales en el Poder Judicial local, por lo que las labores se reanudarán hasta el próximo 7 de enero.

También quedan suspendidas las actividades relacionadas con las labores administrativas presenciales en universidades públicas y privadas.

Como parte de las medidas ante el incremento de contagios por el Covid-19, la Secretaría de Gobierno informó que no se permitirá la instalación de romerías en los perímetros A y B del Centro Histórico, así como en los mercados públicos, que tradicionalmente lo hacen durante las festividades decembrinas.

Además, los restaurantes y establecimientos que tienen como giro la venta de alimentos preparados, centros y plazas comerciales, centros de convenciones, al igual que las tiendas departamentales, no podrán realizar eventos, colocar pistas de hielo, casetas o foros para tomar fotografías con Santaclós o los Reyes Magos, así como cualquier otra actividad relacionada con las festividades que implique la aglomeración de personas.

Por separado, el Consejo de la Judicatura estableció que en el periodo de suspensión de labores y de términos procesales, que va del 7 al 15 de diciembre, operará la oficina virtual de la oficialía de partes común civil, cuantía menor, oralidad, familiar y sección de salas del Tribunal Superior de Justicia; sin embargo, aclaró que las promociones electrónicas presentadas se acordarán a partir del 7 de enero del próximo año.

Con información vía La Jornada