Gobierno e IP logran un acuerdo: regular outsourcing y mayor pago de utilidades


Por consenso, el Gobierno federal, empresas y sindicatos acordaron un plazo de tres meses para que empresas contraten directamente en la nómina a los trabajadores que tienen bajo el esquema de outsourcing, y convinieron la creación de dos modalidades para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Los acuerdos alcanzados comprenden el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real”, indicó en un comunicado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) este lunes, luego de la reunión.

Otros acuerdos logrados ayer en Palacio Nacional incluyen la creación de un registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. En el reparto de utilidades, empresarios, obreros y Gobierno convinieron aumentar hasta 57 días en promedio la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), con un tope máximo de 90 días.


“Se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades”, añadió la STPS.

El sector empresarial logró que no desapareciera la figura del outsourcing, a pesar de que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) consideró que era la mejor solución a este problema que afecta a los obreros.

En ese sentido, Francisco Hernández, líder de la UNT, quien asistió al encuentro, detalló en entrevista con La Razón que “le dije al Presidente que este tema iba más por la vía de la desaparición total del outsourcing y la subcontratación, por lo que ha significado para los trabajadores.

Sin embargo, al final creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”, explicó.

Sin embargo, al final creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”, explicó.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, expresó su beneplácito por el convenio, y confió que los tiempos legislativos permitan sacar adelante la iniciativa presidencial.

Detalló que no se elimina la subcontratación, se regula y se establecen mecanismos para “evitar que esta figura jurídica siga lesionando el derecho de los trabajadores, para interrumpir sus propias conquistas o sus propios derechos e impedir que se sigan eludiendo o evadiendo obligaciones fiscales”.

Además, se incorpora un tope de hasta 90 días de reparto de utilidades para los trabajadores, se reivindica su derecho a la seguridad y permanencia en el empleo, e impedir que “mañosamente se les despida en diciembre y se le recontrate en enero”.

En su oportunidad, el director del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, calificó como un buen acuerdo lo alcanzado ayer entre el Presidente, los empresarios y los líderes sindicales, ya que se da un paso importante para eliminar la subcontratación abusiva.

“Ahora serán las Cámaras las que dispondrán de esta materia (…) en diciembre se dio un avance muy importante, y en lo que respecta al IMSS son reformas que tienen que ver con la subcontratación abusiva”, finalizó.Lo pactado

  • La STPS detalló los alcances del encuentro de ayer.
  • La prohibición de la subcontratación de personal.
  • Regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y actividad económica preponderante de la empresa.
  • Registro ante la STPS e inscripción al padrón público de empresas de subcontratación.
  • La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.
  • Un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real

Con información vía La Razón

Outsourcing, una figura que se había viciado y que era prudente erradicar: Francisco Hernández

El outsourcing era una figura que se había viciado y que era prudente erradicar, afirmó el líder nacional de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, dirigente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), luego del acuerdo entre trabajadores y empresarios con el gobierno federal sobre la subcontratación. 

“Pero no dejo de reconocer que fue un buen avance. Fue un buen acuerdo. Va a limitar este tipo de prácticas ilegales”, dijo a El Sol de México.

Sostuvo que las secretarías del Trabajo, de Hacienda y el Seguro Social van a estar muy vigilantes de que no se haga mal uso de esta figura y sólo se utilice para casos específicos, que no sean esenciales para las empresas y no se reporten salarios más bajos y, sobre todo, que se paguen impuestos. 

Comentó que hay grandes empresas que solo tienen en nómina al gerente. El resto de los empleados son subcontratados y la nómina está en manos de otra empresa. 

“Nosotros buscamos desde hace tiempo que se hiciera una ley que erradicara de manera definitiva este modelo de subcontratación, mecanismo que se utilizaba de manera abusiva para no pagar utilidades a los trabajadores; para quitarles prestaciones de ley y, obviamente, para afectar sus derechos”. 

Por otra parte, para el experto en Derecho Laboral, el abogado Héctor de la Cruz, el acuerdo que se alcanzó este lunes en Palacio Nacional entre los sectores obrero y empresarial con el gobierno federal, sobre tema de la subcontratación u outsourcing, considera 3 ejes fundamentales:

La prohibición definitiva de la subcontratación de personal. Solo se permitirá que las empresas contraten servicios u obras especializadas que no formen parte de su actividad económica preponderante u objeto social. Será ilegal que existan contratos en los que esencialmente se contrate la fuerza laboral de los trabajadores mexicanos. 

Habrá un registro de empresas subcontratistas, que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Y, se dará un plazo de 3 meses para que las empresas contratistas incorporen a su nómina a los trabajadores de la subcontratista. 

Estos acuerdos signados en Palacio Nacional este lunes, van de la mano con la propuesta de modificación al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo que conserva el derecho de los trabajadores a gozar de un reparto de utilidades que ahora tendrá un tope máximo de 3 meses de salario o el promedio de lo percibido en los 3 años anteriores, comentó. 

Esto garantiza que no haya distorsiones en ciertos sectores productivos que podrían llegar a tener que repartir cantidades muy elevadas y poner en riesgo la estabilidad financiera de la fuente de trabajo.


En opinión del especialista en Derecho del Trabajo, “este acuerdo protege a la clase trabajadora al evitar que ciertas empresas abusen de la subcontratación y menoscaben los derechos laborales de los empleados al pagarles salarios muy bajos, no otorgarles seguridad social, ni repartirles utilidades”. 

Una vez que al trabajador se le reconozca como empleado del patrón real, podrá gozar de los derechos que la ley le otorga. 

Sin embargo, comentó el experto De la Cruz del despacho De la Vega & Martínez Rojas, el tema del reparto de utilidades protege solo a un sector de empresas que pueden generar repartos desproporcionados, pero no atiende a las pequeñas empresas cuya obligación de pagar 10% de reparto de utilidad aunado a otros gastos operativos, seguridad social, impuestos, entre otros. 

Consideró que, en muchos casos, puede resultar en que busquen formas de evadir la responsabilidad o incluso podían cerrar. 

Y destacó que sería importante que se dé un tiempo razonable para la aplicación de esta norma a fin de que las empresas puedan hacer los ajustes necesarios, ya que también ha cambios en la legislación fiscal para la no deducibilidad de las facturas expedidas por los servicios de outsourcing y en materia de seguridad social. 

“En mi opinión, no pueden aplicarse de inmediato, máxime que la STPS debe expedir las disposiciones generales para obtener la autorización que deberán tener las empresas contratistas, mismas que hasta la fecha no existen”.

Con información vía El Sol de México

Líder de telefonistas, a favor de desaparecer el IFT

Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), apoya la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Ahora que el Gobierno de la cuatroté habla de que los órganos autónomos no le sirven al país, que deben desaparecer, en nuestro caso, creemos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es uno de ellos”, afirma el líder de los telefonistas en entrevista a El Sol de México.

No solo eso. Hernández Juárez considera que el país requiere una nueva reforma constitucional a fondo que impulse una nueva política de Estado en materia de telecomunicaciones porque la aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dice, sólo benefició a las empresas que eran competencia de Teléfonos de México (Telmex) a costa de las finanzas de esa compañía. “Y en esa directriz se impulsó la creación del IFT”.

“Actualmente Telmex tiene presencia en más de 20 mil poblaciones y la competencia sólo en dos mil. Las otras 18 mil no le interesan porque no hay beneficios, no hay ganancia, no hay clientes, mejor dicho no son zonas de altos ingresos”, dijo en entrevista a El Sol de México.

—Con el IFT bajaron las tarifas telefónicas.

—Sí bajaron, pero a costillas de Teléfonos de México. Ningún otro factor fue tan determinante como el haber obligado a Telmex a desaparecer el cobro de larga distancia y a bajar el costo de interconexión. Todo fue a costa de las finanzas de Teléfonos de México. Y lo que nos preocupa, es que ahora la empresa nos quiere cobrar a los trabajadores con no cumplir con nuestro contrato colectivo de trabajo.

—¿Ustedes fueron los paganos?

—Pues sí. La empresa misma veía venir esto. Y antes de que se aprobara la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sacó los servicios más rentables de Telmex para llevárselos a América Móvil y ahora no tiene ingresos. Se le han caído como en 10 mil millones de pesos. No invierten y obviamente, los ingresos han caído y sus finanzas están en problemas.

Lo que quieren es que aceptemos que se mutile nuestro contrato colectivo, sobre todo en el tema de la jubilación. En eso estamos. Nosotros estamos dispuestos a apoyar a la empresa porque está en problemas, pero francamente no aceptamos que nos quieran hacer pagar los platos rotos a los trabajadores.

—De acuerdo al IFT, las tarifas bajaron en 43.7 por ciento en los últimos siete años.

—Insisto. Sí hubo baja en tarifas, pero realmente beneficiaron a las empresas de la competencia, que no crearon infraestructura. Hicieron una ley en que a las empresas de la competencia les permitieron usar toda la infraestructura existente sin tener que pagar prácticamente nada.

El beneficio fue fundamentalmente para las empresas y no para los clientes. El país no se benefició porque no aumentó la infraestructura ni la apertura en telecomunicaciones a nivel nacional. Estamos con problemas de conectividad gravísimos.

LLEGAR A TODO EL PAÍS

Hernández Juárez recuerda en entrevista que uno de los compromisos del actual Ejecutivo federal es llevar Internet a todo el país con la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tiene 50 mil kilómetros.

“Teléfonos de México tiene cerca de 350 mil kilómetros de redes. Ahí están, pero no parecen ser un factor que les interese. Ayudaría mucho a cumplir ese propósito”, remarca.

Es tal la necesidad, que se requeriría la red de todas las empresas en un proyecto común para llegar a cubrir el país, “pero cada quien (está) jalando por su lado. No es posible lograr esos objetivos porque el IFT eso es lo que alienta: que cada quien se la arregle como pueda, en un ambiente depredador, a ver quién gana y el país pierde”.

“¡Y claro! El IFT, con tal de que hubiera competencia, llevó a bloquear el desarrollo de Teléfonos de México, a ponerlo prácticamente en riesgo de quiebra. Hoy ya hay competencia y el país no avanza en telecomunicaciones”.

—¿Qué se requiere?

—Se requiere presencia del Estado para que incentive a las empresas como lo hizo con Teléfonos de México cuando se privatizó y le puso como requisito, además de invertir más de dos mil millones de dólares al año, llegar a todas las poblaciones de más de 500 habitantes y modernizar la planta telefónica.

Con información vía El Sol de México

STRM prepara propuesta para nueva política en telecomunicaciones

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) no sólo avala la propuesta del Ejecutivo de revisar el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), si no que además presentará una propuesta al Congreso de la Unión y al gobierno federal, a fin de transitar a una nueva política que permita una verdadera competencia, “con piso parejo”.

En entrevista con El Economista, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas, comentó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “no cumplió con su cometido” y dado que es indispensable que se establezca una nueva política de Estado, es importante apoyar la propuesta del Ejecutivo -de revisar a los organismos autónomos- a fin de establecer reglas claras para todos los competidores, y no sólo que se le trate de “amarrar las manos a una empresa nacional” y beneficiar a una televisora o las empresas de telecomunicaciones trasnacionales.

Hernández Juárez afirmó que llevan dando la lucha contra el IFT desde hace más de 8 años. “No es de ahora, y no tienen nada que ver con ese conflicto de los órganos autónomos, y tenemos nuestra opinión de ellos, algunos son justificables, pero en el caso del IFT quedó cooptado por el gobierno anterior y sólo benefició a la empresa televisora más importante del país y a las empresas trasnacionales”.

Desde el sexenio pasado, cuando se realizó la reforma en Telecomunicaciones, empezaron las dificultades para Teléfonos de México, dijo Hernández Juárez, a pesar de que cumplió con todas las metas que se le impusieron en la concesión, se le impidió otorgar servicios que lo dejaron fuera de toda competencia, y como consecuencia esto podría afectar el contrato colectivo de trabajo.

Asimismo, sostuvo que “nosotros no tenemos nada en contra de la competencia, es más, nos parece importante que haya competencia porque eso nos exige, eso no hace que  tengamos mayor responsabilidad, pero que sea parejo porque a Telmex le tienen que dar autorización hasta para ver si se puede recuperar la inversión hasta ver si podemos dar los servicios que como trabajadores podemos dar”.

Añadió que la propuesta del IFT de dividir a la empresa en dos ha resultado un caos, “ahora no saben qué hacer, nosotros estamos en las dos empresas, pero nos ponen dos sistema de información en las dos empresas, nos ponen a conectar y a arreglar las cajas de las dos sistemas diferentes de la empresas; es un desorden, realmente se ve que lo hicieron nada más para el funcionamiento de la empresa; no contribuye a la mejora de las condiciones de las telecomunicaciones del país”.

Destacó que Telmex empezó a sacar los servicios más rentables y ya no tienen los ingresos que tenían antes, “ahora nuestro contrato no se ve como se veía antes y ahora quieren que entreguemos la jubilación porque sino la empresa no va a sobrevivir. Estos empresarios tienen como 500 empresas y el 99% de sus contratos son contratos de protección, ellos les pagan a los trabajadores lo que quieren, controlar los contratos y el único sindicato que no tienen esas condiciones es el nuestro, por eso no están conformes no se quieren someter a las prestaciones más importantes”.

Con información vía El Economista

PERSPECTIVA: El IFT es el peor ejemplo de lo que pudo haber sido la autonomía en beneficio del país.

Entrevista del Co. Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) con el periodista Javier Solórzano para El Heraldo de México.

Temas tratados:

  • Actualidad de las y trabajadores sindicalizados en el marco de la Pandemia por COVID-19.
  • La autonomía y utilidad de los Organismos Autónomos
  • Regulación y competencia en el Sector de las Telecomunicaciones
  • Propuesta del STRM a favor de planteamiento de objetivos que favorezcan la competencia, cobertura, universalización de servicios, la inversión todo en el marco de un proyecto integral

Fuente vía El Heraldo de México