Tv Azteca consigue amparo contra adeudo por dos mil millones de pesos con el SAT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la empresa TV Azteca para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revise de nueva cuenta un adeudo que la televisora tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de dos mil millones de pesos (mmdp).

Así lo resolvió por unanimidad de votos la Segunda Sala del Máximo Tribunal al votar a favor de un proyecto elaborado por el ministro Jaime Laynez Potisek, que preveía amparar y proteger a la empresa de Ricardo Salinas Pliego para que se vuelva a analizar su adeudo por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Desde el 1 de abril de 2016, la autoridad fiscal federal emitió una resolución determinante en la cual estableció que TV Azteca tenía un crédito fiscal a su cargo por la suma de dos mil 447 millones 748 mil 540.35 pesos por “concepto de contribuciones omitidas del impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas, respecto al ejercicio fiscal del 2009”.

Luego de luchar por el caso ante juzgados y tribunales del país, la televisora determinó interponer un recurso de revisión que fue aceptado por la SCJN, que el día de hoy le dio la razón a TV Azteca en el sentido que “la autoridad fiscal está obligada a informar al representante legal y a los órganos de administración de la empresa sobre los hechos y omisiones que se conozcan”, cosa que no hizo.

Sin embargo, este no es un caso aislado. Ya el 19 de enero la Corte desechó un amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de dos mil 663 millones 428 mil 880.12 pesos correspondientes al ISR del ejercicio 2006.

Al respecto, Elektra consideró que la justicia le fue negada, debido a que la mayoría de los ministros de la Sala se negaron a estudiar de fondo el asunto, por lo que informó que recurrirían a las instancias internacionales para impugnar la resolución de la Sala.

Otro caso en revisión de la Corte es la solicitud que Elektra le hizo en diciembre de 2021 sobre la posibilidad de que el Máximo Tribunal estudie sobre la situación de un crédito por 18 mil 455 millones de pesos, el más cuantioso hasta el momento, mismo que incluso el propio TFJA ya confirmó desde octubre de 2020.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Rappi detiene el impuesto de 2% a las apps de reparto en CDMX

Un juez federal otorgó una suspensión temporal a Rappi ante los efectos del impuesto de 2 por ciento para las plataformas digitales de reparto, que el gobierno de la Ciudad de México incluyó en el Código Fiscal 2022.

El juez Germán Cruz Silva, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dio la razón a la compañía en el recurso promovido contra el nuevo gravamen por concepto de aprovechamiento de la infraestructura pública.

Rappi explicó que acudió al tribunal porque considera que el impuesto de 2 por ciento “no solamente afecta a las plataformas digitales de reparto a domicilio, como han asegurado las autoridades, sino que también repercute en los consumidores, usuarios y los repartidores”.

“Además de que representa una barrera para la reactivación económica y la digitalización de la economía afectando a los pequeños y medianos comercios de la capital”, advirtió la plataforma.

De acuerdo con el expediente del recurso de amparo indirecto promovido por Rappi  consultado por DPL News, las autoridades responsables tendrán 15 días a partir del 17 de febrero para que rindan su informe justificado. El juez fijó la fecha del 9 de marzo para llevar a cabo una audiencia incidental y el 27 de abril de 2022 se realizará la audiencia constitucional.

En diciembre de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la nueva tasa impositiva de 2 por ciento sobre el monto total de cada servicio realizado mediante las plataformas de entrega de comida, paquetería, víveres o cualquier otro tipo de mercancía.

La nueva contribución fue propuesta por el gobierno capitalino en el artículo 307 TER del Código Fiscal 2022, con el fin de conseguir una fuente de ingresos adicional para el presupuesto del año en curso al cobrar a las aplicaciones por usar y explotar la infraestructura pública como los componentes de la vialidad y la movilidad urbana.

Desde que se presentó el proyecto, las plataformas tecnológicas alertaron que el impuesto de 2 por ciento generaría graves afectaciones para todos los actores involucrados, incluyendo a usuarios, restaurantes, pequeñas y medianas empresas y repartidores.

Previo a la aprobación legislativa, la Asociación Internet MX explicó que el gravamen adicional encarecería los productos y servicios brindados a los consumidores; frenaría el crecimiento de la economía digital y el comercio electrónico, y ahuyentaría las inversiones de las plataformas.

Ni Un Repartidor Menos, un colectivo de repartidores a domicilio, también rechazó el impuesto de 2 por ciento, pues preveía una menor demanda de los servicios y, por tanto, una disminución importante de los ingresos de las personas que trabajan a través de las aplicaciones.

Las plataformas digitales de reparto ya cumplían con un impuesto de 1.5 por ciento por el valor de cada entrega, como una forma de pago por el uso del espacio público. La recaudación por ese concepto se canaliza en un fideicomiso manejado por la Secretaría de Movilidad. Esto significa que el impuesto de 2 por ciento eleva la carga fiscal sobre las plataformas, los pequeños comercios y todos los actores del ecosistema.

En el contexto de la recuperación económica frente a los estragos de la Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México buscó nuevas vías para incrementar la recaudación. Sin embargo, las plataformas digitales y las asociaciones del sector advirtieron que la medida dañará a este mismo proceso de reactivación, tomando en cuenta el papel esencial que han jugado las aplicaciones para mantener la economía en los momentos más álgidos del confinamiento.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Impuesto del 2% a apps: Repartidores de la CDMX presentan oficio contra pago por ‘derecho de piso’

El colectivo Ni Un Repartidor Menos presentó un oficio para impugnar el 2 por ciento de impuesto por hacer uso de la infraestructura de la capital que el Gobierno de la Ciudad de México empezará a cobrar a partir de este 15 de Enero de 2022.

Dicho oficio fue presentado ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. (SCT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (CNDH), y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El Congreso capitalino aprobó en diciembre de 2021 la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, donde se establecen nuevos impuestos, sobre todo enfocados en servicios digitales, entre ellos, un impuesto del 2 por ciento a las aplicaciones de reparto de comida.

Tanto el Gobierno de la CDMX, como el Congreso han insistido que este pago no se trasladará a repartidores, usuarios y comerciantes, sino a las plataformas como DiDi Food o Uber Eats.

“La Ciudad de México pretende, sin decirlo abiertamente, establecer el pago de un aprovechamiento (impuesto), por el uso de la infraestructura, siendo en sí, el equivalente a cobrar un derecho de piso por transitar en la Ciudad de México, cuando el libre tránsito se encuentra garantizado por la propia Constitución”, apuntó el colectivo en su oficio.

Agregan que el uso de la infraestructura de la Ciudad de México, lo hacen todas las personas que viven y transitan por ella, incluyendo vehículos de reparto de las empresas como: refresqueras; de alimentos; vestido; calzado; artículos de belleza y demás.

Alertaron que el impuesto que inicia en la Ciudad de México podrían replicarlo otras entidades, “como opción para allegarse de recursos”.

Refieren que el Gobierno de la Ciudad de México se ha reunido con las distintas Cámaras de Comercio, quienes en realidad no son los verdadera y directamente afectados por el pago del aprovechamiento del impuesto del 2 por ciento.

Termina afectando al repartidor de los artículos, ellos en promedio ganan 20 pesos por cada entrega, dichas entregas son en general de 200 pesos cada una, la aplicación del 2 por ciento sobre las entregas vendría a representarles el 20 por ciento de sus ingresos más el ISR correspondiente”, apuntan en el documento.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

Nuevos impuestos son un castigo al empleo formal, dicen empresarios

Los aumentos a impuestos existentes y otros nuevos que han surgido en las discusiones de los presupuestos para 2022 de las entidades federales, como el alza al impuesto Sobre nómina, o el impuesto para las plataformas tecnológicas por usar la infraestructura capitalina, tendrán un impacto negativo en usuarios, empresas y en general en la economía en medio del intento de recuperarse de la pandemia, expusieron organizaciones empresariales.

Un alza al impuesto sobre la nómina es un obstáculo más para la formalidad laboral y contraviene el impulso que requiere el empleo luego de la pandemia, señaló Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), al hacer un llamado al Poder Ejecutivo y a los legisladores de las diferentes entidades federativas para reconsiderarlo.

“No se puede castigar el empleo formal con impuestos y menos cuando se está superando una pandemia mundial”, dijo en un posicionamiento.

El impulso al empleo formal resulta especialmente relevante en el país, donde, de acuerdo con los últimos datos del INEGI, la tasa de informalidad laboral alcanza el 56.3 por ciento, en plena recuperación económica tras el inicio de la pandemia, circunstancia que afecta a más de 30 millones de mexicanos, citó el empresario.

Explicó que es ahora cuando cobra relevancia contar con un sistema tributario justo y esbelto, que combata la informalidad y que además distribuya el pago de impuestos de manera proporcional, progresiva y sistemática, para el bienestar económico, pero también social de todos los mexicanos, planteó la confederación que representa a todo el sector terciario.

Gravamen de apps en CDMX es contra ley.

Establecer un impuesto sobre los servicios de entrega a través de las plataformas tecnológicas para el 2022 por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México, “afectaría seriamente la economía de las familias”, expusieron diversos organismos empresariales.

“Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente representa una barrera a la innovación en la Ciudad de México”, señalaron como firmantes en una carta, la Asociación de Internet, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Asociación Fintech de México, la Coparmex CDMX, la Asociación Mexicana de Ventas On Line, la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Explicaron además de contravenir la política del Gobierno Federal de no crear nuevos impuestos, también lo hace con los acuerdos adquiridos por México ante la Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económico (OCDE), de no establecer más impuestos a la economía digital.

En otro sentido, las organizaciones aseguraron que el impuesto representa una barrera a la innovación para la capital.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

Economía digital le deja 177 mdp al fisco

En el primer trimestre de 2021, choferes de Uber, Didi y repartidores de comida, entre otros prestadores de servicios contratados por medio de plataformas digitales, pagaron impuestos por 177 millones de pesos.

A un año de que las personas físicas con actividades empresariales con ingresos a través de este nuevo régimen tributario, el fisco está recaudando recursos.

En los primeros seis meses a la entrada en vigor de la nueva disposición, la recaudación generada ascendió a 165 millones de pesos.

Desde el pasado 1 de junio de 2020, las personas físicas que realizan actividades como venta de bienes, prestación de servicios o conceder el uso y goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, tenían que actualizar su estatus fiscal y obligaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Es decir, que los conductores de Uber, repartidores de comida y los que dan servicios de hospedaje como Airbnb, logran ingresos por venta de bienes y comercio electrónico vía Amazon, y deben pagar impuestos.

Tributan en el Régimen de Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas, por lo que ya no podrán estar en el anterior, es decir, en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que se conocía antes como Repecos o para pequeños contribuyentes.

El año pasado, como parte de la miscelánea fiscal 2021, el Congreso de la Unión aprobó cambios a la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deben enterar los prestadores de dichos servicios al SAT.

Los choferes de transporte de pasajeros y entrega de bienes deben pagar una tasa del ISR dependiendo de sus ingresos, que va de 2% a 8%.

Por servicios de hospedaje un gravamen de 2% a 10%, y por la venta de bienes y prestación de servicios una tasa del ISR de 0.4% a 5.4%.

Están obligados a cobrar el IVA manifestándolo de forma expresa y por separado en el comprobante fiscal digital por internet o factura electrónica que están obligados a emitir.

No tienen derecho al acreditamiento o disminución alguna por sus gastos e inversiones respecto del impuesto calculado.

Empresas extranjeras

Esta recaudación es independiente de las obligaciones que tienen las empresas extranjeras sin establecimiento en México.

Al cierre del 30 de abril se han dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria 101 empresas con domicilio fiscal en el exterior para efectos del IVA.

Entre las empresas que integran el padrón de prestadores de servicios digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, figuran Twitter, Facebook, Nintendo, Spotify, Zoom, Airbnb, Claro Video, Uber y Amazon entre otras.

Hasta el momento no ha sido necesario bloquear temporalmente la señal o bajar el switch a alguna empresa de la economía digital, como lo establece la normatividad fiscal como sanción en caso de incumplimiento.

Además de cobrar el IVA e inscribirse en el RFC, deben contar con un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para notificaciones y vigilancia de cumplimiento.

CON INFORMACIÓN VÍA EL UNIVERSAL

SAT: EPN y Calderón condonaron 413,258 millones. La prioridad es “parar corrupción, y piso parejo”

Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nietocondonaron un equivalente a 413 mil 258 millones de pesos en forma acumulada, informó este lunes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En el recuento histórico de la condonación de impuestos de periodos anteriores, la información de 2007 a 2018 nos muestra que la condonación de impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales, convertidas a pesos de 2020, equivalen a 413 mil 258 millones de pesos”, detalló el SAT en un comunicado.

En este sentido, el SAT aseveró que la actual administración no ha realizado una condonación de impuestos, sino que ha fortalecido sus esfuerzos para incrementar la recaudación, pese a la crisis financiera que atraviesa el país.

Al cierre del año pasado México alcanzó la cifra más alta de recuperación por fiscalización, con 123.4 pesos por cada peso invertido, es decir, se obtuvieron 385 mil 800 millones de pesos, la mayor recaudación de la historia por este tipo de actos, de acuerdo con el informe tributario y de gestión del cuarto trimestre de 2020 del SAT.

Pero fueron los grandes contribuyentes los que representaron el gran colchón en tiempos de crisis: inyectaron al menos 1.3 billones de pesos al Gobierno federal, lo que representó el 52 por ciento de los ingresos tributarios totales de 2020.

A pesar de que en 2020 el SAT logró una cifra récord en recaudación, México sigue ocupando el último lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

En el reporte anual Estadísticas de Ingresos Tributarios 2019, divulgado el año pasado, México sufrió un ligero deterioro al pasar de 16.2 por ciento del PIB en el 2017 a 16.1 por ciento en el 2018, que es el año más actual de comparación.

“Se ha avanzado, pero sabemos que la recaudación tributaria en México aún es baja si lo comparamos con otros países de América Latina”, explicó la doctora Eufemia Basilio a SinEmbargo. “Queda mucho por hacer porque hay que situarnos en el contexto de que somos una economía donde la mayor parte de impuestos la paga la clase media y también sabemos que tenemos un gran sector en la economía informal que no paga impuestos”.

Con información vía Sin Embargo MX