DIGITALISMO_ ¿Cuáles son tus derechos como persona digital?

La pandemia de Covid-19 nos obligó a trasladar nuestra vida cada vez más hacia el mundo digital. Tan sólo en México más del 70 por ciento de la población es usuaria de Internet, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sin embargo, en el país aún existe una brecha alarmante de conectividad y de acceso a dispositivos entre las personas que viven en ciudades (78.3%) y las que residen en zonas rurales (50.4%).

Esta situación se repite alrededor del mundo, ya que existen desigualdades en cuanto al ámbito digital. Para enfrentar este desafío, países como España, el bloque de la Unión Europea y Francia han avanzado en la regulación y creación de leyes que establecen un catálogo de derechos digitales para proteger los mismos derechos del mundo físico en los espacios de Internet.

En México ya hay avances en el reconocimiento de los derechos digitales, como el derecho al acceso a Internet o al teletrabajo; sin embargo, tanto a nivel nacional como en América Latina aún no existe una carta o reglamento que reconozca dichos derechos.

Primero es necesario entender qué es una persona digital. Se puede explicar como “aquel ser humano que utiliza las TICs y participa en la comunidad digital con un rol social”.

Esta persona interactúa con otras personas a través de un entorno digital y de esta interacción se crea un perfil digital. El perfil conforma toda la información vinculada a una persona, que se genera tanto pública como anónimamente en Internet. Este rastro incluye diversos datos personales como imágenes, comentarios, enlaces, perfiles de redes sociales, contenidos, contactos, direcciones de correo electrónico y mensajería instantánea y más.

Con esta definición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) elaboró una carta que tiene como objetivo difundir los derechos que tiene cualquier persona usuaria de Internet para ayudar a los entes públicos y organizaciones civiles en la creación de políticas públicas y leyes que tengan como finalidad proteger la convivencia armónica en los entornos digitales.

De acuerdo con esta carta, algunos de los principios mínimos que deben regir en los entornos digitales es la universalidad o el reconocimiento de todos los derechos humanos, accesibilidad asegurando el acceso a personas con discapacidad, diseño universal, equidad, igualdad de género y de oportunidades, entre otros.

En cuanto a los derechos digitales, se dividen en ocho apartados y cada uno establece varios derechos que se deben garantizar a las personas:

Igualdad digital: incluye el derecho al acceso universal a Internet, la no discriminación, acceso a contenidos educativos y el derecho a la neutralidad de Internet.
Libertades en el entorno digital: incluye el derecho a la identidad, a la pseudonimidad que establece la intimidad, derecho a no ser localizados o perfilados, libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la herencia digital y al ocio en el ciberespacio; además del derecho al uso de las redes sociales.
Seguridad y protección de datos personales: incluye el derecho a la privacidad, a la transmisión, recepción y tratamiento seguro de la información, a la ciberseguridad y a la portabilidad.
Participación, democracia y buen gobierno digital: derecho a recibir información veraz, participación ciudadana por medios digitales, derechos digitales frente a la administración pública, derecho a reunión, asociación y participación.
Derechos laborales: que incluye el derecho al teletrabajo, a la desconexión digital y la privacidad en el uso de cámaras de vigilancia.
Derechos a personas en situación de vulnerabilidad y de atención prioritaria: que incluye derechos a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y pueblos originarios.

Neuroderechos: que abarca el derecho a la preservación de la identidad personal, privacidad de datos neuronales, no interferencia en la libertad de decisión y equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral.
Defensa de las víctimas del delito cibernético y violencia digital: que incluye el derecho a contar con un recurso efectivo para su defensa y acceso a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Analiza el instituto petición para investigar las percepciones y propiedades de comunicador

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) analiza desde ayer la respuesta institucional que dará a la carta que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que consulta si puede dar a conocer los ingresos de Carlos Loret de Mola.

El documento no es discutido por el pleno del instituto ni será debatido en las sesiones públicas de los comisionados, sino que estos y sus equipos lo están revisando para contestar.

En la carta dirigida a Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, López Obrador solicita que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza del comunicador, sus socios y familiares y que si el instituto no tiene competencia para atender el asunto, le informen si él puede, como ciudadano, dar a conocer facturas y comprobantes de ingresos del personaje en cuestión.

Sueldos de un particular

Las leyes General de Transparencia y General de Protección de Datos Personales no facultan al INAI para solicitar o difundir la información fiscal o relacionada con los ingresos de un particular, a menos que esos datos estuvieran relacionados con el ejercicio de recursos públicos.

El INAI, que coordina el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, señala en su portal de Internet que su función es garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como promover la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

Bajo su competencia están las autoridades del ámbito federal, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos y los sindicatos, así como las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o actos de autoridad.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Inai confirma investigación contra la Oficina de la Presidencia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) confirmó que lleva a cabo una proceso de investigación por la presunta develación de datos personales de la persona moral Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en contra de la Oficina de la Presidencia de la República. En un comunicado, el organismo autónomo matizó que la indagatoria no se enfoca en el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como lo informó ayer Contralínea, en esa indagatoria se ha pedido a este medio que coadyuve y que revele sus fuentes. Al respecto, el Inai confirmó este requerimiento, aunque también expresó su “absoluto respeto por el derecho a la libertad de expresión y refrenda su compromiso como aliado del ejercicio periodístico”.

Acerca de la investigación previa de protección de datos personales (INAI.3S.08.01-059/2021), el Inai aseguró que se enmarca en los términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que es en contra “de la Oficina de la Presidencia de la República y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como sujetos obligados de la legislación de la materia y no así en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal”, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el Instituto aseguró que esa investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por una asociación civil, sin detallar si fue MCCI. No obstante, señaló que la organización denunció la presunta divulgación indebida de información confidencial, contenida en facturas electrónicas, en la conferencia matutina del 7 de mayo de 2021.

El organismo justificó que la Ley “prevé que el Instituto pueda formular, inclusive a terceros, requerimientos de información para allegarse de elementos que le permitan continuar con su investigación; como fue en este caso, en el que se requirió a la revista Contralínea aportar información en coadyuvancia con este Instituto”.

El Inai también indicó que en respuesta a un requerimiento para conocer el origen de la información difundida, “el SAT negó haber transferido datos en su posesión y la Oficina de la Presidencia de la República señaló que recibió diversa información que expuso en la conferencia matutina referida, por conducto de una reportera de la revista Contralínea”.

En el documento que hizo llegar el Inai a este medio de comunicación, se lee: “precisar el origen de la información que la C. Nancy Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República; o bien, en su caso, manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que enmarca su actividad periodística para proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de comunicación que representa o de la o los periodistas que guardan relación laboral o contractual con su representada, que suscribieron la nota o notas y/o reportajes publicados en la revista Contralínea, relacionados con el tema”.

No obstante, el Inai aseguró en su comunicado que “de ninguna manera la revista Contralínea está obligada a revelar sus fuentes del ejercicio periodístico que realiza; incluso, en el requerimiento, el INAI fue puntual en señalar que, si existía para el medio o alguno de sus periodistas, cualquier impedimento legal para proporcionar la información con la que le relacionó la Oficina de la Presidencia de la República, así lo debía hacer saber a este organismo garante. Esto, en pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística y el secreto profesional”.

También dijo que no existe ningún apercibimiento legal en el requerimiento formulado, “que determine alguna consecuencia jurídica o legal en caso de que el medio de comunicación no proporcione la información requerida; por tanto, queda descartada la posibilidad de que el Instituto inicie algún procedimiento para imponer alguna sanción a la revista Contralínea, como se mencionó incorrectamente”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONTRALÍNEA

Aumenta ciberacoso a menores por mayor uso de Internet: Inai

Ante el incremento en el uso de Internet por menores de edad y adolescentes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) advirtió la posibilidad de ser víctimas de agresiones y ciberacoso. Por ello, señaló que la prevención y comunicación son herramientas fundamentales para evitar el hostigamiento cibernético y que este sector de la población conozca los riesgos que existen en la red si no se utiliza de manera segura.

Niños, 10% de internautas

Indicó que datos del 17 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, de la Asociación de Internet MX 2021, revela que existen 86.8 millones de internautas en México; 10 por ciento son niñas y niños de entre seis y 11 años, y 13.9 por ciento, adolescentes de 12 a 17 años.

Asimismo, refirió que información del Módulo sobre Ciberacoso 2020, publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), señala que 21 por ciento de la población usuaria de Internet, de 12 años y más, fue víctima de ciberacoso entre octubre de 2019 y noviembre de 2020.

Para evitar el acoso en menores de edad y adolescentes, recomendó a padres de familia y personas educadoras que supervisen los contenidos de las redes sociales como medida de prevención, con respeto a la privacidad y al interés superior de la niñez.

“Informar a personas menores de edad que el contenido que se publica en la red se propaga velozmente; por ello, es importante establecer configuraciones de privacidad a fin de controlar quién tiene acceso a su información personal. La interacción, a través de redes sociales, debe ser con personas conocidas; evitando aceptar como amigos a quienes no se conoce en persona.

También recomendó fomentar el uso de cuentas privadas en redes sociales, proteger su dispositivo electrónico, educación digital, entre otras acciones digitales.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

PERSPECTIVAS_ 3 amenazas para las telecomunicaciones en México: narcotráfico, padrón de telefonía y falta de cobertura

Las telecomunicaciones nos permiten acortar distancias. Con tan solo un clic, un mensaje de texto puede llegar al otro lado del mundo; te permiten ver el streaming de un concierto en vivo desde la comodidad de tu hogar e incluso trabajar fuera de la oficina. Pero también enfrentan amenazas para su desarrollo.

Aunque son varios los desafíos que las empresas de telecomunicaciones y los clientes enfrentan para brindar los servicios y acceder a ellos, respectivamente, en Business Insider México decidimos presentarte tres de los más actuales.

El padrón de usuarios de telefonía móvil vulnera tus derechos

La más reciente polémica en el sector es que el presidente avaló el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). Para integrarlo, se le encomendó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recoger los datos biométricos de cada poseedor de una línea móvil, con ayuda de los operadores (Telcel, Movistar y AT&T).

Sin embargo, organismos como el INAI, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y hasta senadores se oponen a este registro. También, organizaciones del sector y abogados señalan que ese padrón afecta a la población porque:

No garantiza que sus datos sensibles estén protegidos
Un registro similar fracasó en 2012 porque provocó que se elevara el delito de extorsión
Es un obstáculo para que las personas accedan a servicios básicos de telecomunicaciones

Incluso el IFT ya argumentó que no puede hacerse cargo de este padrón porque está fuera de su presupuesto.

La Red Compartida atrasa su meta de cobertura

También, a finales de abril, Altán Redes —operador de la Red Compartida— dio a conocer “un aumento de capital para fortalecer las finanzas” de este proyecto que tiene por objetivo dar cobertura de telecomunicaciones al 92.2% de la población.

De hecho, un aumento de capital significa que el dinero es insuficiente para un proyecto. Altán Redes es una asociación público-privada que funciona como un proveedor mayorista de telecomunicaciones a través de la banda de 700 megahercios (MHz).

“No tienen clientes suficientes para generar ingresos que les permitan sostener la oposición (de otras empresas), más allá de la inversión”, señaló Jorge Bravo, director general de Digital Policy & Law.

Pero es precisamente a las zonas más apartadas donde Altán Redes tiene que llegar; «ahí, la inversión que se necesita es mucho mayor», explicó Jesús Romo, director general de Telconomia sobre la dificultad de llevar cobertura a esa zonas.

Además, El Universal dio a conocer que su plan de cobertura que debía cumplirse en 2024 se atrasará hasta 2028. Las afectaciones que esto provoca impactan a:

La población de zonas apartadas que esperan el servicio a través de pequeños operadores locales
A otras empresas que no pueden aprovechar la banda de 700 MHz para ofrecer sus servicios

Business Insider México buscó a Altán Redes para esta nota. La empresa no estuvo inmediatamente disponible para comentar al respecto.

Las extorsiones frenan el desarrollo de las telecomunicaciones

Si bien en las grandes ciudades los servicios de telecomunicaciones como telefonía móvil, fija, internet de banda ancha y televisión de paga los proveen diversas empresas, en pequeñas localidades la oferta es limitada.

Pocos operadores de gran tamaño ven oportunidad de negocio en localidades con algunos cuantos miles de habitantes. Las labores de instalación de infraestructura son costosas y requieren de mantenimiento para dar servicio a pocos clientes.

Pero los integrantes de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), son pequeños operadores que brindan esos servicios en poblaciones muy pequeñas. Su principal obstáculo son las extorsiones.

Salomón Padilla, vicepresidente de la ATIM, dijo a Business Insider México que estos pequeños empresarios enfrentan las extorsiones de gobiernos locales y el narcotráfico. Principalmente en el centro, occidente y norte del país.

De acuerdo con una investigación de Reuters, empresas de todos los tamaños en México enfrentan las intervenciones de los grupos de la delincuencia organizada en sus infraestructuras. En ellas colocan equipos “parásitos” que les permiten comunicarse y eludir los operativos.

La presencia de grupos armados amenaza la seguridad de los técnicos que dan mantenimiento a los sitios hasta las peticiones de “cuotas” para dejarlos trabajar. Pero los esfuerzos para combatir esta amenaza son inconsistentes, señaló la agencia.

CON INFORMACIÓN DE BUSINESS INSIDER MÉXICO

Inai protegió a telefónicas, no la seguridad: SSPC

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), “atendió intereses de las telefónicas y no la seguridad con su decisión de impugnar la ley”, señaló el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

La dependencia difundió un mensaje del funcionario en el que señala: “la decisión del Inai de impugnar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obedece a intereses de las empresas, pues el registro busca combatir los delitos de extorsión, secuestro, trata y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales”.

Explicó que cada persona tendrá el control de su identidad y los archivos serán responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la protección de datos estará a cargo del Inai.

“La resolución del Inai sólo acredita la decisión de este órgano por ajustarse a los intereses de las telefónicas, favorecer un modelo favorable a los delincuentes.

“Este órgano debe actuar con responsabilidad, asumir su función, dejar la indolencia y trabajar para proteger los datos personales en posesión de particulares y los sujetos obligados”, insistió.

Mejía Berdeja aseveró que existe confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en beneficio de las víctimas del delito y la seguridad de la población, confirme la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Agregó que detrás del rechazo están involucradas las empresas telefónicas cuando actualmente solicitan los datos a quienes adquieren una línea de renta fija piden los datos personales.

“El problema de fondo son los modelos de telefonía de prepago por medio de los cuales nadie sabe quién los está comprando, por lo que ha permitido que los delincuentes se dediquen a hacer llamadas de extorsión, entre otras conductas criminales”, expuso Mejía Berdeja.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

¿El padrón de telefonía móvil viola la Constitución? Expertos señalan que sí

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), uno de los órganos encargado de resguardar el recién aprobado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), decidió en el pleno interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de su creación.

La comisionada del INAI, Josefina Román, aseguró que el padrón de usuarios de telefonía móvil transgrede los artículos 1, 14, 16, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el artículo primero de la Carta Magna se habla de los derechos humanos y las garantías individuales, mientras que en el 14 del hecho de que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.

Pero, quien no se registre al Panaut en un máximo de dos años perderá su línea sin oportunidad de recuperarla, dice la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR).

Derecho a las telecomunicaciones

“El acceso a internet y a la conectividad es una garantía individual que se expone en el artículo 6 de la Constitución mexicana y se está condicionando este derecho”, dijo a MILENIO, Jesús Romo, analista y director de la consultora Telconomia.

El artículo 6 dice que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.

Así que no debe cuestionarse el uso de un servicio de telecomunicaciones que está protegido por la Constitución, agregó Federico Hernández Arroyo, socio encargado del área de telecomunicaciones de la firma global de abogados Hogan Lovells.

El experto dijo en entrevista que “sólo en algunos países se piden datos biométricos para usar una línea telefónica y estos no son los mejores ejemplos; son China, Venezuela, Pakistán”.

Romo acusa que “esto afectará a personas que no deseen dar sus datos al padrón y que sí necesitan conservar su número, como los empresarios o los trabajadores independientes, pero a los usuarios de prepago realmente no se les está poniendo un castigo, cambian de chip, que es muy barato, y asunto arreglado”.

Hernández advierte que no sólo se les va a cortar el servicio de telecomunicaciones sino también otros relacionados con el internet, como los servicios financieros, a los que acceden desde su celular.

Además, esto también afectará a las personas de zonas rurales que tienen una línea de prepago y que, por desconocimiento, no podrán acceder a registrarse. “Nos preocupa que se queden sin su único acceso a la comunicación”, dice Hernández.

Derecho a la privacidad de los datos

La comisionada del INAI, Josefina Román, también mencionó la violación al artículo 16, el cual señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, pero que la ley establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional.m{1368958}

Una preocupación de los usuarios es el tratamiento que se le darán a sus datos. Romo asevera que se trata de una reducción de la privacidad de los usuarios a expensas de más vigilancia por parte de las autoridades. El analista recordó que hace unos años los datos del Renaut terminaron en el mercado negro.

Cabe señalar que la reforma a la LFTyR establece que la información contenida en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil a que se refiere el artículo 180 Bis será confidencial y reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Sin embargo, deben existir medidas de seguridad y ciberseguridad sólidas tanto en las compañías telefónicas que van a recoger los datos, como en el IFT, donde se van a resguardar, para que no haya ni robo ni ciberataque, delitos que van en aumento, advierte Hernández, de Hogan Lovells.

Además, dice Hernández, “nada garantiza que a este padrón no se le vaya a agregar algunos usos de la información que no tengan que ver con la persecución de delitos, como se plantea originalmente”.

El director de Telconomia, Romo, concluye que “la reforma no penaliza a quienes quiere ponerles cara ni protege a los que están orillados a registrar sus datos”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Gobierno abierto, el esquema que llegó para quedarse

Recientemente, el INAI llevó a cabo la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y el Derecho Humano a la salud; evento organizado bajo la coordinación del comisionado Adrián Alcalá y que contó con la participación de expertos reunidos para dialogar y compartir experiencias en materia de Gobierno Abierto, acceso a la información, transparencia, innovación social, rendición de cuentas y participación ciudadana.

De manera particular, en la cumbre se abordaron aspectos trascendentales acorde a nuestra realidad; un escenario asolado por el Covid-19 y con un aceleramiento digital en todos los ámbitos. Desde luego, se expusieron las problemáticas tan gravosas que nos aquejan en materia de salud, como la cuantiosa pérdida de vidas humanas o el deterioro de nuestra condición física y mental a consecuencia del confinamiento como medida para combatir la enfermedad, y es que, el estar encerrados, sedentarios y privados de la convivencia social, con la preocupación de contagiarnos o contagiar a los que nos rodean, es algo que en mayor o menor medida nos ha afectado a todos.

Además, se abordaron temas igual de lastimosos que nos afectan como sociedad; el incremento significativo en los índices de violencia contra las mujeres, quienes no solo han sido atacadas en su integridad física, emocional y psicológica, sino que han sido violentadas en lo económico al perder, en mucho mayor proporción que los hombres, su fuente de ingreso y, en el ámbito digital, al difundirse sus imágenes o datos sin su consentimiento, colocándolas en una situación de vulnerabilidad.

También se destacó que la pandemia ha evidenciado, como nunca, la gran desigualdad existente entre las naciones; la diferencia en cuanto a políticas o medidas para enfrentar la enfermedad, así como la distribución y aplicación de las vacunas entre países desarrollados, como los de Asia o los Estados Unidos, y las naciones menos afortunadas, como las de Latinoamérica, es abismal.

En ese sentido, el Gobierno Abierto se plantea como el mecanismo a través del cual, la ciudadanía tiene la oportunidad de participar activamente para mejorar sus condiciones de vida; sin embargo, para que esta participación sea realmente efectiva y funcional es necesario que éstos cuenten con los elementos y herramientas que den soporte a su voz y a sus demandas y a partir de los cuales puedan elaborar políticas públicas, implementar programas, o bien, presentar ideas y propuestas novedosas que incidan en la administración pública y redunden en un beneficio para la colectividad, las cuales deberán formularse desde un enfoque con perspectiva de género, en el que prevalezca el respeto a los derechos humanos.

Desde esa perspectiva, la transparencia y el derecho de acceso a la información, tutelados por el INAI, y tan necesarios para una rendición de cuentas, se constituyen en pilares del Gobierno Abierto. La información es poder, en este caso, poder en manos ciudadanas.

De igual forma, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) son determinantes para tal fin, pues han venido a revolucionar los esquemas tradicionales de gobernanza; las aplicaciones y programas diseñados por los ciudadanos para combatir la pandemia, como los test que dan una referencia sobre los síntomas de la enfermedad, hasta plataformas que proporcionan esparcimiento virtual, como conciertos, clases, talleres o espectáculos a distancia, que permiten la interacción entre los individuos, tan necesaria para la salud mental y psicológica, dan prueba de ello.

En definitiva, el acceso a las TIC, a información pública y a datos abiertos empodera a los ciudadanos y los ayuda a cambiar la manera de gobernar; ciertamente, los días de decisiones gubernamentales unidimensionales han quedado superados, la nueva forma de gobernar necesariamente implica una cocreación entre éstos y el Estado. El Gobierno Abierto es un esquema de gobernanza que llegó para quedarse.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

Piden reforzar protección de datos digitales

En la era digital la inseguridad no sólo se presenta en la esfera física, sino también en la cibernética, por ello se deben reforzar las medidas para la protección a la privacidad y los datos personales, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Oscar Guerra Ford.

“Esto recae, sobre todo, en las personas que la ley marca, que son las que tienen la custodia de los datos personales, que es el responsable y su personal encargado”, a través de la implementación de medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para evitar daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso, o tratamiento no autorizado de los datos. Además, dijo, el responsable debe garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Al participar en el foro virtual La protección de datos personales como eje para relanzar una estrategia nacional de ciberseguridad, Guerra Ford mencionó algunos casos relevantes resueltos por el Inai en los que se presume una vulneración de datos por no tener medidas de seguridad o no aplicar los adecuados.

La filtración de declaraciones patrimoniales en la Secretaría de la Función Pública (SFP); la publicación de una base de datos de alumnos por parte de la UNAM, y el envío, por error, de una base de datos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros.

“De estas cosas debemos aprender, nadie está exento en estos días con la tecnología, los hackers, etcétera, a que esto pueda suceder, por eso debemos tener medidas y aprender de casos como estos”, señaló el comisionado del instituto de transparencia.

Entre los retos sobre medidas de seguridad, Guerra Ford señaló la capacitación, el presupuesto y los tecnológicos.

Con información vía El Universal

AMLO ofrece transparencia ‘fast-track’ si desaparece el INAI

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno habrá respuesta fast-track a las solicitudes de información si se concreta la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, explicó que los funcionarios estarían obligados a responder las peticiones de los ciudadanos en 72 horas y, en caso de no acatar el límite de tiempo, serán sancionados; además, ya no habría reservas de información.m{1180399}

“Fast track, rápido, en 72 horas, que se esté obligado. El funcionario que no entregue a tiempo será sancionado, eso lo puede hacer la oficina de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia y ya saben que a partir de que lo reciben tienen que entregar la información y buscar un mecanismo de manera rápida”, apuntó.

López Obrador exhibió nuevamente los organigramas de organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para demostrar que significan un gasto excesivo para su gobierno y al eliminarlos se podrían ahorrar hasta 20 mil millones de pesos.

Sin embargo, dejó en claro que se va a analizar cada uno de los institutos y comisiones creadas para no cometer ningún acto que viole la ley.

“Imagínense cuánto nos ahorramos: 26 direcciones generales del Instituto de la Transparencia, entonces vamos a ir uno por uno. Ayer alguien comentó que el IFT no se podía desaparecer porque está en el Tratado del Libre Comercio, vamos a analizarlo.

“No podemos hacer nada violatorio de la ley, pero vamos a hacer una revisión general de todos estos organismos sin despedir a los trabajadores de base”, remarcó.

Al comentar que no habrá reservas ni se ocultará información, el Presidente dio a conocer que un ciudadano está preguntando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por qué su hermana, Candelaria López Obrador, fue atendida en el hospital militar antes de fallecer por covid-19.

“La Defensa está atendiendo a la población en general cuando se trata de covid-19, igual Marina y lo está haciendo el IMSS y el ISSSTE, (…) no hay ningún problema de informar nada”, apuntó.

Con información vía Milenio