TELECOM_ Digitalizar servicios públicos debe ser una tarea incluyente

Garantizar el acceso a internet y a dispositivos o desarrollar aplicaciones para servicios públicos digitales podría ser un dilema para los gobiernos de América Latina y el Caribe en el camino hacia la transformación digital; por ello ante un panorama de desigualdades, no debe haber duda que lo ideal es priorizar la universalización de la conectividad para evitar caer en el riesgo de dejar atrás a las personas más vulnerables.

“Si tuviéramos que elegir, tendríamos que ampliar el acceso a internet y a dispositivos por dos motivos: hay muchos beneficios, además de acceder a servicios públicos… El segundo es que cuanto más universal sea el servicio, mayor demanda habrá de la población por este tipo de aplicaciones”, sostuvo David Evans, investigador senior del Center for Global Development.

En la presentación del informe “Digitalizar los servicios públicos Oportunidades para América Latina y el Caribe”, el especialista expuso que si bien ha habido una ampliación en el acceso a internet en los últimos años, aún existen lugares de la región donde este acceso universal no existe, lo que pondría en desventaja a los pobladores de esas zonas.

“En los países de ingresos bajos y medios de la región o las zonas rurales como Nicaragua u Honduras, hay menos acceso a Internet y a teléfonos inteligentes… la tendencia natural de esta transformación sería exacerbar las vulnerabilidades”.

En el documento, coordinado por Julián Cristian, Razvan Vlaicu y Eric Parrado, economista Jefe, se subraya que en el afán de digitalizar los servicios públicos no se deben descartar los posibles riesgos y las brechas que obstaculizan el acceso equitativo para todas las personas.

“Ante los desafíos aún existentes, la clave parece estar en poner en marcha soluciones que funcionen en teléfonos celulares más básicos o por SMS, destinar esfuerzos para que la población de menores ingresos adopte servicios digitales y utilizar los ahorros derivados de estas aplicaciones hacia servicios no digitales para quienes carezcan de acceso”.

En el encuentro, Elsa Estévez, catedrática UNESCO de Sociedades del Conocimiento y Gobernanza Digital de la Universidad Nacional del Sur, afirmó que para enfrentar algunos riesgos al digitalizar servicios, los gobierno no deben confiar demasiado en la tecnología, pero sí contar con una estrategia que se implemente de manera uniforme y abarque todas las iniciativas de las distintas dependencias.

“Uno de los riesgos tiene que ver con confiar demasiado en la tecnología; la tecnología sí es un aspecto importante que tiene que ver con la iniciativas de transformación, pero no es lo único que se debe tener en cuenta; los gobiernos tienen que asegurarse, por ejemplo, de contar con el marco regulatorio, para que sepa qué es lo que se puede hacer y lo que no”.

Por otro lado, si no se cuenta con un objetivo correcto de digitalización de los servicios públicos, habría que concentrarse en la contextualización, porque la falta de esto es un problema y también en el riesgo de no abordar las necesidades puntuales de los ciudadanos.

En las recomendaciones de políticas para aprovechar las oportunidades creadas por la digitalización, el reporte indica que en la etapa de selección y diseño, los gobiernos deben priorizar los proyectos digitales teniendo en cuenta los beneficios y costos esperados, así como determinar la combinación óptima entre empleo de personas y tecnología, y evitar el “sesgo tecnológico”.

Para la etapa de implementación, la especialista sugiere invertir en el desarrollo de aplicaciones digitales confiables e intuitivas; maximizar la escala de implementación explotando la posición única de los gobiernos e implementando estrategias promocionales efectivas; Mejorar la equidad priorizando las aplicaciones compatibles con los teléfonos celulares o smartphones y focalizando los esfuerzos de promoción en las poblaciones desfavorecidas.

En tanto que para orientar la fase de monitoreo y evaluación, se recomienda explotar las oportunidades que abre la tecnología para desarrollar actividades de monitoreo y evaluación rápidas y eficientes de los servicios digitales.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Reforma laboral e inclusión, ¿qué tanto se ha avanzado en los últimos años?

La reforma laboral logró un sentido incluyente y de perspectiva de género “al deshacerse de ese manto protector” del Poder Ejecutivo y pasar la justicia del trabajo al Poder Judicial, pues éste se ha alineado más pronto a las luchas de las mujeres, las personas no binarias, las disidencias sexuales y otras poblaciones vulnerables, dice Alix Trimmer, laboralista feminista.

El nuevo modelo de justicia del trabajo, con centros de conciliación y tribunales laborales, ya se está implementando en 21 estados del país. Y partir del 3 de octubre entrarán en funciones en las 11 entidades restantes, entre ellas, la Ciudad de México.

Para Susana Casado, funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la perspectiva de género en la reforma se encuentra en la obligación de los sindicatos a incluir a mujeres en sus directivas y en que las empresas cuenten con un protocolo de atención a la violencia, acoso y hostigamiento, sostuvo en un foro convocado por la embajada británica.

Definitivamente hay un avance dice, Alix Trimmer. En entrevista, recupera la memoria histórica del derecho laboral en el país y detalla: “Éste surgió en un contexto bélico, que fue la Revolución Mexicana”, y cosas más patriarcales que la guerra hay pocas. Su origen se ubica en un tiempo en el que la sociedad era estructuralmente “más machista”, explica.

El mundo del trabajo estaba identificado principalmente “con el hombre cisgénero, heterosexual” y sin discapacidad. “Y lo que no cupo en esa cajita, simplemente quedó fuera de la protección de la ley”. La palabra cisgénero se refiere a las personas que se sienten identificadas con el género que les fue asignado al nacer.

Desde la segunda década del siglo pasado, cuando surgió el derecho laboral en México y fue algo novedoso en el país y a nivel mundial, poco a poco las poblaciones excluidas han logrado que algunos de sus derechos sean reconocidos.

Pero aunque las normas puedan modificarse, “lo relevante es generar un cambio en las conciencias y, con ello, un cambio social. Ahí es donde deben estar centrados nuestros esfuerzos como profesionistas jurídicos, como activistas”, y del Estado en su conjunto, considera la abogada.

Mujeres en la reforma laboral

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) está compuesto por una buena parte de mujeres, según Susana Casado, directora general de capacitación y Difusión para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS.

El 62% del personal conciliador es mujer y el 43% de las plazas para ejecutar notificaciones, también. En los tribunales laborales federales hay paridad de género. A nivel local, el 56% del personal conciliador y el 47% de titulares de los juzgados son mujeres.

La proporcionalidad de género en las directivas de los sindicatos es otra medida con perspectiva de género y así lo explica la funcionaria: “si una empresa tiene 100 trabajadores y 30% es mujer, en consecuencia, su directiva sindical estará compuesta por esa proporción”.

Pero debido a que los sindicatos determinan cómo distribuyen las carteras, “mayormente las colocan en la comisión de género o en la organización de actividades secundarias. Es uno de los grandes retos, que las mujeres se sitúen en las comisiones de finanzas, de gobierno, en aquellas donde se encuentra el corazón del sindicato”.

Y para frenar la violencia de género en el trabajo las empresas están obligadas “a implementar un protocolo para prevenir discriminaciones, atenderlas y evitar que las personas sean despedidas por embarazo, por su orientación sexual o identidad de género”. Así como para atender casos de acoso y hostigamiento.

En abril pasado, fue aprobado el Plan de acción para incorporar la perspectiva de género en la instrumentación de la reforma laboral, informa.

La cajita se va rompiendo

El derecho del trabajo en este país “es una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana”. Antes “había una cultura de explotación obrera muy arraigada”, con las tiendas de raya y otro tipo de relaciones laborales “completamente inhumanas, con horarios extenuantes”, dice Alix Trimmer.

Así fue como se creó el artículo 123 en la Constitución de 1917. “Ese artículo tiene un enfoque proteccionista hacia la clase trabajadora, porque era la que tenía una desventaja frente a la parte patronal”.

En 1931 se creó la Ley Federal del Trabajo (LFT), su creación estuvo influenciada por Estados Unidos, pero no lo suficiente como para establecer el modelo “at will”, que se traduce como “a voluntad”, dice Alix Tremmer. Es decir, que las personas pueden ser despedidas en cualquier momento sin repercusión para la compañía.

“En México tenemos una noción completamente distinta: el principio de estabilidad en el trabajo. Desde el artículo 123 quedó claro que hay que protegerlo”. Por eso en la LFT se establecieron una serie de causales para dar por terminada la relación laboral.

Fue un gran avance, pero la igualdad de género y la protección a otras poblaciones vulnerables, como las disidencias sexuales, aún no figuraban. “A pesar de lo que ha evolucionado, no ha logrado completamente deshacerse del heteropatriarcado”.

Las normas surgen como resultado de las personas que interpretan la realidad y entienden el contexto social que están viviendo, puntualiza. “En una sociedad que tenía más marcado los roles y estereotipos de género basadas en el binarismo, las mujeres y las personas LGBT quedaban fuera. No hemos llegado a que incluyan en su lenguaje a las disidencia sexual y personas no binarias. Pero para allá vamos”.

Uno de los últimos grandes avances, celebra, es el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso. “Aunque pareciera que el grupo focalizado son las mujeres, porque somos quienes más padecemos violencia en todos los ámbitos, se incluye a otros grupos: LGBTQI+, indígenas, migrantes, población con discapacidad, que están en este riesgo de sufrir violencia laboral”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA