CFE Telecom apuesta 796 millones de dólares a dos proyectos de conectividad

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TIT) anunció inversiones por 15,566 millones de pesos, unos 796 millones de dólares al tipo de cambio de este día, para desarrollar dos proyectos de conectividad de alcance nacional en México.

El primer proyecto trata del desarrollo de una red pública de telecomunicaciones para llevar Internet y telefonía celular 4G-LTE a un estimado de 6 millones de mexicanos de distintas localidades que aún no han podido acceder a ese tipo de comunicaciones.

La inversión prevista para este proyecto es de 8,710 millones de pesos, 445 millones de dólares.

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene el objetivo directo de ir con ese proyecto a unas 26,000 localidades y de entre ellas, 173 cabeceras municipales donde el servicio celular no es tan idóneo.

El otro proyecto de conectividad fue bautizado como la Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos, es decir, una infraestructura que puede conectar a los usuarios con un proveedor con cobertura disponible en una determinada zona geográfica.

La inversión para este proyecto fue de 6,859 millones de pesos, cerca de 351 millones de dólares, y su intención es beneficiar a 62 millones de personas en 3,000 localidades donde las redes de telecomunicaciones también no alcanzan a cubrir del todo las necesidades de comunicación.

Esta red se basará en fibra óptica y tendrá conexión con oficinas de Telecomm Telégrafos, recientemente transformada en Financiera del Bienestar.

A la par de estos proyectos, la estatal designó a David Pantoja Meléndez como nuevo director general de la compañía, después de mantener sus operaciones durante un año sin liderazgo ante el fallecimiento del director Raymundo Artís Espriú.

“El objetivo de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos es aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para contribuir con la disminución de la desigualdad, es decir, propiciar el uso igualitario y equitativo de las TIC como derecho humano, dar prioridad a los sectores más vulnerables para hacer posible la inclusión digital y llevar los programas de bienestar social a las poblaciones más vulnerables”, dijo la estatal.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

ACTUALIDAD_ Informe UNESCO sobre la ciencia refleja la necesidad de inclusión y una transición ecológica

Dieron inicio las actividades de la Semana Nacional de Conocimiento, un esfuerzo por recordar al público en general la importancia de la ciencia en nuestras vidas y para el desarrollo de los países. Como primer evento se llevó a cabo la presentación del Informe UNESCO sobre la ciencia: La carrera contra el reloj para un desarrollo más inteligente. Esta es la primera ocasión que se presenta en América Latina y el Caribe.

El encargado de presentarlo fue Frédérick Vacheron, representante de la UNESCO en México, quien explica que hay dos tendencias importantes en el mundo: La primera es sobre la transición ecológica y digital, la segunda, la necesidad de una ciencia más incluyente.

Dijo que el informe hace alusión a esta forma de desarrollo más inteligente impulsada por tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, el big data y blockchain; mismos que convergen con la biotecnología, nanotecnología y las ciencias cognitivas para formar la base de la cuarta revolución industrial o industria 4.0

Otra idea principal alrededor del informe fue explicar cómo la pandemia ha puesto a la ciencia en el centro, indicó que nos ha subrayado tres importantes lecciones: Que todos estamos profundamente interconectados, “nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”. Que las mismas actividades humanas impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, “con ello aumenta el riesgo de pandemias”. La tercera discusión es la importancia vital de la ciencia para buscar soluciones junto con la diplomacia científica, fundamental para poner el conocimiento, los métodos, datos y pruebas científicas al alcance de todos; aumentar la colaboración científica y abrir los conocimientos a los actores sociales más allá de la comunidad científica.

Ciencia, sinónimo de modernidad y desigualdades

Vacheron explica que la ciencia se ha convertido en sinónimo de modernidad y competitividad económica, pero su futura competitividad dependerá de la rapidez con la que se consiga hacer esa transición de manera paralela. “Desde 2015 los países han ajustado sus políticas nacionales en función de la agenda 2030 y están inmersos en una transición gradual hacia economías verdes, con sistemas de producción y consumo más inteligentes a medida que aumenta la relación costo–beneficio de las energías renovables, los proyectos se multiplican”.

Sin embargo, una realidad es que numerosos gobiernos no saben cómo conciliar la preservación de los mercados y los acuerdos, por lo que la transición aún es insuficiente; con datos de 2018, más del 80% de la producción de energía seguía basándose en el carbón.

Otros datos que hacen difícil la transición, es saber que el 80%  de los países sigue invirtiendo menos del 1% del Producto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo (I+D). Mientras que a nivel mundial hubo un crecimiento de más del 19% del gasto mundial en I+D, en América Latina éste disminuyó a un promedio de 0.6% del PIB”. En México bajó la inversión de 0.44% en 2014 a 0.31% en 2018; según los datos del 2020 esto aumentó solamente a 0.37 %, aún lejos de alcanzar el objetivo establecido en la propia Ley de Ciencia y Tecnología.

“Los niveles de inversión del gobierno son demasiado bajos”, aunado a ello, el sector público es el que financia entre el 80 y 90% del gasto en I+D.  Agregó que por otro lado, el número de investigadores ha aumentado más rápido que el gasto correspondiente, lo cual reduce los fondos disponibles para cada investigador; en el periodo de análisis el número de investigadores creció tres veces más rápido (13.7%) que la población global (4.7%).

A nivel mundial la tasa de colaboración científica internacional aumentó del 22 al 24%, pero esta media oculta grandes disparidades entre grupos de ingresos y países; por ejemplo muchos países siguen importando tecnología prefabricada en lugar de adaptarlas o desarrollar las propias, “este es uno de los retos políticos más importantes”.

También el tema de género es central. Hoy las mujeres representan el 33.3% de los investigadores en el mundo, “sin duda es un aumento, pues apenas hace cinco años era 28%, sin embargo esa evolución no permite decir que se ha superado la brecha de desigualdad”. América Latina ocupa el segundo lugar de mujeres investigadoras con el 49.8%, sin embargo en México es de 37 por ciento.

“Las mujeres no deben perderse los trabajos del futuro”. Las Naciones Unidas anticipan que las mujeres perderán cinco puestos de trabajo para uno ganado a través de la industria 4.0, en comparación con tres puestos que perderán los hombres por cada uno ganado.

El panorama mexicano

Estos son algunos de los  aspectos que resalta específicamente el informe para México:

La política socioeconómica ha privilegiado un nuevo modelo de desarrollo con enfoque en los programas sociales.

La ausencia de una política industrial sugiere que la economía mexicana seguirá dependiendo de las exportaciones de petróleo y manufacturas asociadas con las cadenas de valor globales, así como de las remesas.

Se quiere conectar la ciencia con los desafíos locales, para ello su nueva iniciativa titulada Programas estratégicos nacionales (Pronaces), asigna fondos a proyectos de investigación con un enfoque en temas sociales a nivel local. El proyecto está coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero  2019 representó solo el 1.1% del presupuesto del Consejo.

Desde 2019, el gobierno ha vuelto a una visión lineal de la innovación que minimiza el papel vital que juega el sector empresarial en la innovación. Una consecuencia de este cambio de política ha sido que el Conacyt ya no financia emprendimientos comerciales privados.

En 2020, el gobierno decidió eliminar por completo los fondos sectoriales sin realizar ninguna evaluación sólida para justificar su desaparición. Esto provocó frenos en la intensidad de la investigación y ha ido disminuyendo de manera constante.

En 2018, el presupuesto tocó un mínimo del 0.31% del PIB. En 2020, el Congreso aprobó una regla que prohíbe cualquier caída adicional en el gasto público en investigación hasta que se alcance el objetivo del 1% establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Algunos otros documentos normativos ya aprobados por el Congreso reflejan una centralización gradual del poder de decisión y los recursos del Conacyt. Por ejemplo, los nuevos Estatutos internos aprobados en 2020 han eliminado el carácter autónomo del organismo encargado de asegurar los vínculos entre el sector público y las comunidades científica, técnica, académica y empresarial, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En el informe 2020 participaron más de 70 personas provenientes de 52 países, está divido en 26 capítulos y 736 páginas, aquí se examina cómo los países están utilizando la ciencia para construir un futuro inteligente, tanto en el plano ecológico como en el digital, agregando datos sobre las publicaciones científicas y patentes, además de estudiar el impacto de la Covid-19 en la investigación y la innovación mundial.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Inversión física de CFE cae a mínimo de cinco años

Mientras mediante la iniciativa de reforma constitucional el gobierno federal planea devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la rectoría de todas las actividades del sector eléctrico, la inversión física de la empresa estatal ha caído como proporción de su gasto real ejecutado entre enero y agosto de 11.2% en 2015 a únicamente 4.4%, porque ha invertido poco en nueva infraestructura ni en rehabilitaciones de la existente.

De acuerdo con el informe mensual que la Secretaría de Hacienda envía al Congreso sobre la situación financiera acumulada entre enero y agosto de cada año, en términos reales se han ejercido 315,357 millones de pesos como gasto programable de la empresa. Y de este presupuesto real de enero a agosto de 2021, únicamente se reportan 13,931 millones de pesos como inversión física, con lo que el restante 95.6% de lo ejercido corresponde a gasto corriente, administrativo y deuda. 

En contrapunto, el gasto en pensiones y jubilaciones ascendió durante el mismo período a 29,591 millones de pesos, lo que equivale a 9.4% del gasto programable de la empresa, proporción inferior a la del año pasado (10.1%), pero superior a lo observado en el 2017, 2018 y 2019 (9%, 8.4% y 8.7%, respectivamente.)

Cabe resaltar que este ejercicio presupuestario que sí se ha ejecutado en los primeros ocho meses del año ha sido de únicamente 66% de los 473,926 millones de pesos que se solicitaron en el presupuesto para todo el gasto anual de la empresa a lo largo del 2021. Pero en lo que respecta a inversión física, la erogación efectiva es de sólo 25% de los 54,477 millones solicitados para todo el año, con lo que faltan tres cuartas partes de las inversiones en inversión física por ejercerse este año en sólo cuatro meses.    

Así, los reportes de este año prevén subejercicios en el rubro de inversión productiva en la empresa, aunque para el próximo año se proyecta que la inversión física suba hasta 13.4% del gasto presupuestado para el 2022, que serían 68,073 millones de pesos en el rubro de estas inversiones en operación mientras que el presupuesto total de la CFE fue proyectado en 508,281 millones de pesos.  

Desde que inició la presente administración se han postergado los cuatro concursos para construcción de nueva infraestructura de generación eléctrica de la CFE, que la estatal ya localizó e incluso adelantó que contrataría a los tecnólogos para que éstos subcontraten al resto de los constructores únicamente de ciclos combinados a gas natural. Al arrancar este sexenio, canceló el concurso para la red de transmisión de corriente directa en alta tensión entre el Istmo de Tehuantepec y el centro del país, junto con la licitación para la construcción de una red similar de interconexión entre el sistema asilado de Baja California y el resto del país.  

Además, el gobierno federal canceló las subastas para que la estatal adquiriera nueva generación renovable construida por privados. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se plantea que exista la obligación de la CFE de generar el 54% de la energía que se distribuya en el país, aunque para ello deberá echar a andar diversas plantas que utilizan combustibles como el diésel, carbón y combustóleo, ya que hoy provee el 38% de la generación, porque con las reglas de despacho actuales, resulta energía más cara y no se utiliza.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA