México está a la vanguardia en sistema de pensiones, coinciden IP y gobierno

La iniciativa privada y el gobierno coincidieron en que con la reforma de 2020 México cuenta con un sistema de ahorro para el retiro que se encuentra a la vanguardia en la región, siendo inspiración para los esquemas pensionarios de otros países, pues al corregir algunos parámetros incorrectos, puso en el centro al trabajador.

En el marco de la inauguración del Encuentro Amafore 2022, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), aseguró que tras las modificaciones hechas a la ley pensionaria, México cuenta con un sistema revitalizado.

“La reforma permitió preservar elementos positivos que ya se tenían como el hecho de que el ahorro es propiedad de los trabajadores, un rendimiento como pocos en el mundo y una inversión transparente, pero también puso en el centro al trabajador y corrigió parámetros incorrectos, que combinados darán como resultado una mejor pensión.”

Por su parte, Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), destacó que con la reforma México se consolidó como un referente de la región en materia de sistema de pensiones; además de que con ella se logró lo que no se pudo en 25 años: incrementar las aportaciones obligatorias de los trabajadores.

Lo anterior, enfatizó el funcionario, beneficiará por dos vías, la primera aumentando el saldo de las cuentas individuales de los trabajadores y, la segunda, fortaleciendo los activos administrados en el sistema, lo que abrirá paso a diversificar la oferta y entregar mayores rendimientos, lo que por consecuencia se reflejará en mejores pensiones.

Más de 47 mil pensionados

En su participación, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, explicó que si la reforma no hubiera entrado en vigor, en la primera generación de jubilados con el sistema Afore, sólo 2 mil 854 trabajadores hubieran obtenido una pensión; sin embargo, gracias al cambio de las reglas, fueron 47 mil 788.

Lo anterior es consecuencia de la disminución en el requisito de semanas de cotización, pues antes de la reforma era necesario contar con mil 200 semanas de trabajo en el sistema formal, lo cual fue reducido a sólo 750.

Otro elemento clave de la reforma, dijo la funcionaria, fue la disminución de la comisión que cobran las Afore a los trabajadores por administrar su dinero, la cual se traducirá en 143 mil millones de pesos hacia 2030, recursos que irán directo a las cuentas de los trabajadores, y que mejorarán la pensión en un 6 ciento.

Resaltó que ahora los trabajadores accederán a una pensión que será equivalente a 70 por ciento de su último sueldo y no de 30 o 40 como era antes.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que las Afore son palancas de desarrollo para las empresas del país, por lo que éstas asumieron la responsabilidad de apoyar en su momento la iniciativa de reforma, la cual ha consolidado el propósito de incrementar el ahorro de los mexicanos y contribuir a que las pensiones permitan a los trabajadores mantener su nivel de vida durante la vejez.

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Inauguración del AIFA tiene invitados ‘de honor’: Estos empresarios se presentaron al evento

Este lunes se llevó a cabo la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los megaproyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Zumpango, Estado de México, evento al cual acudieron empresarios y funcionarios públicos.

Al evento del proyecto desarrollado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asistieron algunos funcionarios como Alfredo del Mazo, Olga Sánchez CorderoClaudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, Omar Fayad, Rosa Icela Rodríguez, Marcelo Ebrard, Rocío Nahle García, Patricia Armendáriz y Rogelio Ramírez de la O.

Además, estuvieron presentes los miembros que componen el gabinete de AMLO.

El empresario Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, y quien calificó al aeropuerto como una obra “espectacular”, llegó a Santa Lucía acompañado de su hijo Patricio Slim Domit, quien actualmente ocupa la vicepresidencia de la multinacional América Móvil.

El presidente del consejo de administración de Grupo Financiero BanorteCarlos Hank González, calificó las instalaciones del AIFA como impresionantes y “una obra espectacular”.

Carlos Bremer, de Grupo Value, también acudió a la inauguración del AIFA y destacó la rapidez con la que se realizó la obra. Además, se le vio en compañía de su excompañera del programa Shark Tank México y actual diputada, Patricia Arméndariz, quien más tarde publicó en su cuenta de Twitter una foto del evento.

Por otra parte, Emilio Azcárraga Jean, propietario de Grupo Televisa, llegó en punto de las 10:00 horas y compartió a los medios que hizo entre 50 y 55 minutos de traslado para arribar a la terminal aérea.

Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico también fue visto en la inauguración del Nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Dentro del evento también se identificó a empresarios como Miguel Rincón, de Biopapel; Fernando Landeros, de Fundación Teletón; Daniel Chávez, de Grupo Vidanta e incluso Eduardo Tricio, de Grupo Lala.

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El aumento al mínimo tendrá un impacto leve en costos de la IP

El incremento de 22 por ciento al salario mínimo para el próximo año tendrá un impacto de 1.3 por ciento en los costos de las empresas a nivel nacional y de 2.1 por ciento para la frontera norte, estimó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Luis Felipe Munguía Corella, presidente del organismo, informó que el acuerdo anunciado el miércoles pasado “no es una fijación política o arbitraria”, toda vez que se realizó con base en estudios técnicos para definir el incremento al salario mínimo y que “sea sostenido, responsable y no tenga impactos negativos en la economía”.

Indicó que el costo para las empresas fue uno de los criterios más importantes que se tomaron en cuenta y discutieron para definir el nuevo incremento.

“Hacemos un cálculo y vemos cuánto les va a costar (subir los salarios a las empresas) y es aquí donde tenemos holgura, sin que tenga impactos en inflación o en el empleo”, agregó en el conversatorio Nueva política salarial.

El titular de Conasami indicó que dependerá del tamaño de la empresa para saber cuál es el impacto del incremento salarial. Calculó que para las pequeñas y medianas empresa el costo será de 3 por ciento para 2022, y en el caso de compañías más grandes, con al menos mil trabajadores, será de 0.3 por ciento.

Munguía Corella subrayó que el objetivo principal del incremento salarial “es ayudar a los trabajadores que menos ganan”, por lo que los sindicatos que negocien contratos colectivos no podrán tomar como referencia el 22 por ciento aprobado, sino el incremento directo de 9 por ciento.

A partir del primero de enero de 2022 el salario mínimo pasa de 141.70 a 172.87 pesos diarios en la mayoría del país; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte será de 213.39 a 260.34 pesos diarios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró el acuerdo tripartita de aumento salarial, el cual representa un “sustantivo avance” que tendrá un impacto directo en el ingreso de 6.3 millones de personas en México.

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la OIT para México y Cuba, aseveró que dicho acuerdo “contribuirá a mitigar el impacto que la pandemia de la Covid-19 ha tenido en la pobreza laboral y sin duda” en un mundo del trabajo “más digno y una sociedad más justa”.

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Espiral de precariedad en el empleo; la IP goza de fuerza laboral barata

La capacidad para crear empleo de calidad en México se ha visto rebasada por el millón de personas que cada año se incorpora al mercado laboral. Si bien en 16 años hay un saldo de 6 millones 507 mil empleos formales más –entre el promovido por la iniciativa privada y la fuerza de trabajo que absorben los gobiernos– casi a la par hay 5 millones 656 mil ocupados más en la informalidad, de acuerdo con los estimados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta paridad entre la formación de empleo formal e informal prevalece pese a que la pandemia de Covid-19 expulsó a millones de trabajadores, sobre todo informales. Si bien en marzo de 2021 se registró una tasa de informalidad de alrededor de 56.8 por ciento, menor al 59.8 por ciento del mismo mes de 2005, se ha disparado en más de 100 por ciento el número de empleos que perciben menos de dos salarios mínimos.

Los estimados del Inegi muestran que en suma, a lo largo de 16 años que se ha levantado la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo –y sus formatos emergentes dada la contingencia sanitaria iniciada en 2020–, hay 12 millones 163 mil ocupados más en el país, sin embargo, en el rango que gana como máximo el salario mínimo se han sumando 7 millones 957 mil trabajadores y 9 millones 758 mil en el rango de uno a dos salarios mínimos. Es decir, que el número de ocupados con los ingresos más bajos ha crecido 45.65 más que todos los nuevos ocupados en el país.

Si bien hay de por medio una pandemia que frenó la economía mundial, la tasa de condiciones críticas de ocupación en el país –un indicador que exhibe salarios mínimos frente a jornadas de trabajo que rebasan las 48 horas o bien espacios que no son suficientes para la demanda de ocupación– prácticamente se duplicó en ese tiempo, al pasar de 14.51 por ciento en marzo de 2005 a 27.06 por ciento en el periodo comparable de 2021, más de una cuarta parte de quienes se sostienen en algún espacio de trabajo.

Esta espiral de precariedad en que circulan los trabajadores mexicanos se debe al bajo crecimiento económico, a la raquítica inversión en infraestructura que ha prevalecido como medida común en el modelo económico neoliberal, al rentismo empresarial bajo el que la iniciativa privada se ha dedicado a gozar de una fuerza laboral barata y a la manera que se integró la maquila mexicana a los acuerdos comerciales con Estados Unidos y que no ha producido los empleos que se pensaban, explicó Saúl Escobar Toledo, investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La informalidad y los bajos salarios se han vuelto una condición histórica en el mercado laboral mexicano, explicó aparte César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Una tendencia que prácticamente no se ha movido, al grado de que los empleos formales siguen siendo alrededor de una tercera parte de todo el trabajo en el país. Cambios significativos no se encuentran en los últimos 40 años, antes de la crisis de los 80, detalló.

Actualmente, el mercado laboral se compone por cerca de 43 por ciento de los trabajadores en alguna ocupación formal, 37 por ciento contratado por la iniciativa privada y dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otro 6 por ciento entre trabajadores del Estado. El resto lo conserva la informalidad.

Ante la incapacidad de la estructura mexicana para dar cabida a cerca de un millón de trabajadores que se integran a la población económicamente activa (PEA) cada año, en parte por el bajo crecimiento económico, gran parte de la fuerza de trabajo joven migra. Muchos lo han escrito, el bono demográfico mexicano lo aprovechó Estados Unidos, agregó el investigador de la UNAM.

Ambos economistas explican que además de los trasfondos estructurales vinculados al bajo crecimiento económico y la poca inversión, no ha habido una política laboral de raíz que busque resolver los rezagos. Ha cambiado un poco esta situación con Jóvenes Construyendo el Futuro, consideró Escobar Toledo. Sin embargo, las condiciones económicas que impuso la pandemia de Covid-19 no permitirán observar bien el impacto del programa.

También hubo un abandono de la política salarial, explicó Salazar López. Hasta los últimos dos o tres años no se tocó este tema, dijo. Cuando uno hace un análisis del salario medio de cotización en el IMSS, resulta que en 2019 era apenas del mismo tamaño que en 1994. Cada vez que hay una crisis financiera hay un gran impacto en los salarios, tardan mucho en recuperarse. No quiero pensar en cómo vamos a estar después de esta gran crisis que estamos viviendo todavía.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Preocupante, el acuerdo entre gobierno e IP para limitar utilidades: expertos

El acuerdo entre el gobierno federal y la iniciativa privada para limitar a tres meses la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) es una “señal preocupante y desfavorable” para los trabajadores. Incluso sería “violatorio de la Constitución si se rompe el criterio básico”, que es repartirla en función de las ganancias obtenidas por las empresas y no “como un bono o prestación anual más”, advirtieron especialistas laborales.

Por su parte, Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), confirmó que el acuerdo mencionado “se concretó” y hay condiciones para que la iniciativa sobre outsourcing avance, aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se negó a lo propio o desmentirlo, “porque es un proceso de negociación que aún no termina”.

“Se abordó este tema con el sector empresarial y se aceptó por parte de ellos. Esto viene a resolver el asunto, por lo tanto ya va a transitar la iniciativa del Ejecutivo federal sobre subcontratación”, aseguró el dirigente de la CROC.

Añadió que con dicho “arreglo, los trabajadores que no recibían reparto de utilidades, que eran miles, pues ahora van a recibirlo”.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), afirmó que de poner un tope a las utilidades “se estaría rompiendo el criterio” de ese derecho constitucional, ya que este se crea en función de las ganancias de una empresa a fin de repartirlas a sus trabajadores.

Al respecto, Alberto Ramírez García, especialista el derecho laboral en la Universidad Obrera de México, aseveró que la PTU “tiene su base en la Constitución”, en su artículo 123, apartado A, fracción IX, por lo que topar las utilidades no sólo implica una modificación a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Carta Magna.

Ambos especialistas coincidieron en que si se aplica el mismo criterio del acuerdo de topar la PTU sería “desproporcional”, debido a que no es el mismo porcentaje de ganancias el que tendría una empresa trasnacional a una pequeña o mediana “que apenas si sobrevivió en esta época de pandemia”.

Señalaron que el hecho de no fijar una postura oficial sobre el tema, la STPS está “teniendo una omisión, un default”, y, por el contrario, debería “salir al paso y tener una comunicación más efectiva con la sociedad”.

Con información vía La Jornada

OCDE pide a México respetar compromisos

El gobierno de mexicano debe mantener regulaciones estables y respetar los compromisos adquiridos previamente para atraer inversiones, aseguró José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico­­s (OCDE) ante miembros de la Cámara Española de Comercio en México (Camescom).

Durante una reunión virtual que sostuvo el directivo del organismo internacional con empresarios afiliados, señaló que tanto el país como el mundo están atravesando por la primera crisis verdaderamente mundial y global por el grado de afectación observado en todos los sectores y las secuelas económicas y sociales que serán duraderas.

Las empresas españolas que invertimos, seguimos apostado por México, pero en el panorama actual nos encontramos con decisiones que no favorecen esta apuesta. Nuestra intención es aportar valor de forma constructiva y positiva para el desarrollo de la sociedad mexicana, dijo Antonio Basagoiti, presidente de la Camescom.

Sin inversiones el crecimiento a largo y mediano plazos no será el que queremos, las inversiones son el crecimiento de mañana. Para atraer inversión México debe tener regulaciones estables, predecibles y de manera importante, respetar los compromisos adquiridos previamente, respondió Gurría Treviño.

La única forma de salir de esta crisis es en asociación con el sector privado, con planes de negocios y de desarrollo de las autoridades con un crecimiento incluyente y sostenible, apuntó el dirigente de la organización, que ajustó el crecimiento del país para 2021, el cual pasó de 3.6 a 4.5 por ciento.

Gurría indicó que se ha producido una gran pérdida en los avances logrados en materia de empleo y en la lucha contra la pobreza en México.

Señaló que es preciso impulsar nuevamente las inversiones que desde antes de la pandemia se encontraban rezagadas, derivado de las tensiones comerciales y la incertidumbre presente en el mercado.

Añadió que la recuperación de México es posible y también atraer inversión, pues las exportaciones son dinámicas, cuenta con tratados comerciales y tiene margen en políticas macroeconómicas, entre otros factores. Hay que ir con cuidado con qué inversión se atrae, dijo.

México deberá promover inversiones que privilegien la responsabilidad social corporativa, con la promoción de nuevos empresarios comprometidos y conscientes, agregó.

Los afiliados de Camescom expresaron su interés en el sector energético, así como la necesidad de crear un diálogo con el gobierno mexicano.

Ante ello, Gurría Treviño recomendó a las empresas españolas mantenerse competitivas y con un particular apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mantener canales de conexión con las cadenas globales de valor y crear una verdadera alianza empresarial iberoamericana.

Con información vía La Jornada

STPS pide claridad a la IP sobre propuestas en el pago de utilidades a trabajadores

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado a los empresarios para que presenten propuestas concretas sobre la manera que podrían eliminar las distorsiones en el pago de las utilidades a los trabajadores; toda vez que en breve habrá cambios importantes en materia de subcontratación (insourcing y outsourcing) y cuya iniciativa de reforma prohíbe tal actividad para el pago de nóminas.

En el segundo día del Foro que, a petición de los empresarios, realiza la Secretaría del Trabajo, Alcalde Luján expuso que “una parte importante de la iniciativa presentada por el Presidente para limitar los abusos y la creciente figura de subcontratación en nuestro país implica el no poder transferir a los trabajadores de una empresa a otra, es decir insourcing”.

Detalló que se ha detectado que a través del insourcing se crea una empresa distinta a la que genera el capital. En este sentido, “si bien es cierto y claramente se ha dicho, se paga reparto de utilidades, se ha venido haciendo muchas veces por la vía de los bonos de productividad”.

Añadió que cuando esto -insourcing- se limita, “entonces todos los trabajadores pasarían a la empresa que genera toda la utilidad. De ahí la preocupación y que algunos sectores, como es el caso del sector financiero, consideran que pudiera existir cierta distorsión porque hay la posibilidad de que cierta utilidad no sea producto de la productividad de los trabajadores, sino de otras circunstancias y eso es lo que queremos ir entendiendo, ese es el objetivo de estos diálogos para poder tener claridad”, destacó.

La secretaría del Trabajo expuso que sería importante conocer, por sectores, los datos del impacto que trae la PTU; “en el sector financiero se informó que según la utilidad de la empresas puede ser el reparto de entre seis días hasta 26, aunque hay sectores que reparten utilidades muy altas, tenemos el sector del acero donde puede llegar a repartir seis, siete y hasta ocho meses de salario y eso sucede hoy en día en nuestro país”.

Expuso que para “ir entendiendo los sectores y cómo puede esto generar una problemática, es el objetivo de estas mesas de diálogo. Vamos a entrar en un esquema nuevo de desarrollo de herramientas en el mercado laboral con esta nueva norma en materia de subcontratación”, indicó.

Recordó que el sector financiero y de seguros, representan el 4.8% del PIB y generan más de 600,000 empleos; y según datos de la Asociación de Bancos, 250,000 están en insourcing.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, recalcó que el derecho a recibir utilidades de la empresa no está a discusión, ni tampoco el porcentaje de 10% que ya se acordó en septiembre de 2020.

Con información vía El Economista

Topar PTU a un mes de salario, propuesta de la IP

Como parte de las propuestas que se presentaron para establecer el pago de utilidades a los trabajadores fue establecer un tope a un mes, y que se privilegie el establecimiento de bonos de productividad.

Así lo manifestó Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin y Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), quienes consideraron que no se debe dejar como actualmente se encuentra la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

“El esquema actual del PTU no está vinculado a un esquema moderno de incentivo en la productividad y por lo tanto afecta a la competitividad resultando necesario acortar el pago del PTU hasta un mes de salario como ya se tiene establecido en la ley para ciertas actividades”, dijo Cervantes Díaz.

Para Miguel Elizalde, al tratar de incorporar a la plantilla laboral de manera directa en las empresas, en el caso de desaparecer outsourcing, representaría que el reparto de utilidades para los trabajadores del grupo automotriz se redujese, desmotivando a la plantilla de trabajadores. Y en el caso de eliminar el insourcing, “implica perder la economía de escala que se tiene como grupo automotriz; esto impacta la PTU al incrementar los costos y se reducen las utilidades; además de que se tendrán que solicitar de nuevo las certificaciones fiscales y autorizaciones de lo que puede tomar meses y obviamente costos adicionales”.

El presidente del Consejo Mexicano de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández González, expresó que el camino son los bonos de productividad, si están bien definidos.

Con información vía El Economista

Utilidades y subcontratación, temas pendientes: IP

El reparto de utilidades en las empresas y la subcontratación especializada están en vías de resolverse una vez que inicien las discusiones legislativas en materia de regulación del outsourcing, de acuerdo con el sector privado del país.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que por primera ocasión en más de 50 años se dará solución a un elemento estructural en el terreno laboral, pues los empresarios buscan topar el reparto de utilidades, ya que estos recursos han beneficiado a trabajadores con mayores ingresos, más no a los que menos perciben.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, comentó que la propuesta de la iniciativa privada es encontrar una fórmula que beneficie a los trabajadores, pues en promedio se reparte el equivalente al salario que perciben durante 15 días los trabajadores. Nosotros hemos propuesto en la negociación poner un tope a 30 días, lo cual le daría el doble de lo que hoy reciben ya los trabajadores como reparto de utilidades, dijo antes de acotar que el gobierno federal busca que sea un periodo mayor.

Comentó que ese límite es uno de los puntos que aún se discute con el gobierno, luego de que se logró un acuerdo a principios de diciembre para aplazar la discusión y en la que también estarán presentes los representantes de los trabajadores del país.

Con información vía La Jornada

Intereses de la IP alientan la versión de debacle en CFE

Detrás del “escándalo” suscitado por el apagón registrado el lunes están los intereses privados, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que sus voceros pretenden desprender que es la debacle de la Comisión Federal de Electricidad(CFE). “Ellos ansían que se entregue (el mercado eléctrico) a los particulares. Es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al Presidente el único negocio que le importa es el negocio público”.

Tras considerar que las empresas privadas nacionales e internacionales se beneficiaron de las políticas del pasado, en especial las españolas Repsol e Iberdrola, López Obrador reiteró: “a mí no me paga Iberdrola”. Sostuvo que para cumplir con el compromiso de no incrementar el precio de la energía eléctrica “necesitamos que no haya abusos, que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos y necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad”.

Nuevamente abordó el apagón, desestimando las críticas hacia el titular de la CFE, Manuel Bartlett: “hay un grupo que no lo quiere, no es con él, es con el presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Manuel Bartlett, que está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente. No, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo le estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”.

El mandatario incluso reprochó las campañas contra funcionarios: “hacen campañas en contra de servidores públicos, no de todos, porque a los que ven moderados, fresas, a esos no los tocan; a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan, pero duro”.

Reiteró que se trató de un desbalance que ocurrió “por las causas que sostiene la CFE –o por cualquier causa–, en dos horas se restableció el servicio y no se afectó el Sistema Eléctrico Nacional”. Hizo un apretado recuento de cómo en los gobiernos pasados se fue reduciendo la presencia de la CFE en el mercado eléctrico para privilegiar a la iniciativa privada, lo cual comenzó con el gobierno de Carlos Salinas, con una reforma inconstitucional a leyes secundarias.

Claudio X González era el principal asesor económico de Salinas y uno de sus hijos obtuvo una concesión. Fue el principio de una creciente participación privada en el mercado que se agudizó con la reforma energética.

“Con el cambio decidimos apoyar a la CFE, porque es una empresa pública y si lo que predomina en el sector energético es el lucro, pues no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor de energía eléctrica, ni para las familias el uso doméstico, ni para las empresas”.

A pregunta expresa sobre la exoneración de Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Bartlett, el Presidente sostuvo que eso corresponde a la autoridad judicial.

Con información vía La Jornada