Espiral de precariedad en el empleo; la IP goza de fuerza laboral barata

La capacidad para crear empleo de calidad en México se ha visto rebasada por el millón de personas que cada año se incorpora al mercado laboral. Si bien en 16 años hay un saldo de 6 millones 507 mil empleos formales más –entre el promovido por la iniciativa privada y la fuerza de trabajo que absorben los gobiernos– casi a la par hay 5 millones 656 mil ocupados más en la informalidad, de acuerdo con los estimados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta paridad entre la formación de empleo formal e informal prevalece pese a que la pandemia de Covid-19 expulsó a millones de trabajadores, sobre todo informales. Si bien en marzo de 2021 se registró una tasa de informalidad de alrededor de 56.8 por ciento, menor al 59.8 por ciento del mismo mes de 2005, se ha disparado en más de 100 por ciento el número de empleos que perciben menos de dos salarios mínimos.

Los estimados del Inegi muestran que en suma, a lo largo de 16 años que se ha levantado la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo –y sus formatos emergentes dada la contingencia sanitaria iniciada en 2020–, hay 12 millones 163 mil ocupados más en el país, sin embargo, en el rango que gana como máximo el salario mínimo se han sumando 7 millones 957 mil trabajadores y 9 millones 758 mil en el rango de uno a dos salarios mínimos. Es decir, que el número de ocupados con los ingresos más bajos ha crecido 45.65 más que todos los nuevos ocupados en el país.

Si bien hay de por medio una pandemia que frenó la economía mundial, la tasa de condiciones críticas de ocupación en el país –un indicador que exhibe salarios mínimos frente a jornadas de trabajo que rebasan las 48 horas o bien espacios que no son suficientes para la demanda de ocupación– prácticamente se duplicó en ese tiempo, al pasar de 14.51 por ciento en marzo de 2005 a 27.06 por ciento en el periodo comparable de 2021, más de una cuarta parte de quienes se sostienen en algún espacio de trabajo.

Esta espiral de precariedad en que circulan los trabajadores mexicanos se debe al bajo crecimiento económico, a la raquítica inversión en infraestructura que ha prevalecido como medida común en el modelo económico neoliberal, al rentismo empresarial bajo el que la iniciativa privada se ha dedicado a gozar de una fuerza laboral barata y a la manera que se integró la maquila mexicana a los acuerdos comerciales con Estados Unidos y que no ha producido los empleos que se pensaban, explicó Saúl Escobar Toledo, investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La informalidad y los bajos salarios se han vuelto una condición histórica en el mercado laboral mexicano, explicó aparte César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Una tendencia que prácticamente no se ha movido, al grado de que los empleos formales siguen siendo alrededor de una tercera parte de todo el trabajo en el país. Cambios significativos no se encuentran en los últimos 40 años, antes de la crisis de los 80, detalló.

Actualmente, el mercado laboral se compone por cerca de 43 por ciento de los trabajadores en alguna ocupación formal, 37 por ciento contratado por la iniciativa privada y dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otro 6 por ciento entre trabajadores del Estado. El resto lo conserva la informalidad.

Ante la incapacidad de la estructura mexicana para dar cabida a cerca de un millón de trabajadores que se integran a la población económicamente activa (PEA) cada año, en parte por el bajo crecimiento económico, gran parte de la fuerza de trabajo joven migra. Muchos lo han escrito, el bono demográfico mexicano lo aprovechó Estados Unidos, agregó el investigador de la UNAM.

Ambos economistas explican que además de los trasfondos estructurales vinculados al bajo crecimiento económico y la poca inversión, no ha habido una política laboral de raíz que busque resolver los rezagos. Ha cambiado un poco esta situación con Jóvenes Construyendo el Futuro, consideró Escobar Toledo. Sin embargo, las condiciones económicas que impuso la pandemia de Covid-19 no permitirán observar bien el impacto del programa.

También hubo un abandono de la política salarial, explicó Salazar López. Hasta los últimos dos o tres años no se tocó este tema, dijo. Cuando uno hace un análisis del salario medio de cotización en el IMSS, resulta que en 2019 era apenas del mismo tamaño que en 1994. Cada vez que hay una crisis financiera hay un gran impacto en los salarios, tardan mucho en recuperarse. No quiero pensar en cómo vamos a estar después de esta gran crisis que estamos viviendo todavía.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Preocupante, el acuerdo entre gobierno e IP para limitar utilidades: expertos

El acuerdo entre el gobierno federal y la iniciativa privada para limitar a tres meses la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) es una “señal preocupante y desfavorable” para los trabajadores. Incluso sería “violatorio de la Constitución si se rompe el criterio básico”, que es repartirla en función de las ganancias obtenidas por las empresas y no “como un bono o prestación anual más”, advirtieron especialistas laborales.

Por su parte, Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), confirmó que el acuerdo mencionado “se concretó” y hay condiciones para que la iniciativa sobre outsourcing avance, aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se negó a lo propio o desmentirlo, “porque es un proceso de negociación que aún no termina”.

“Se abordó este tema con el sector empresarial y se aceptó por parte de ellos. Esto viene a resolver el asunto, por lo tanto ya va a transitar la iniciativa del Ejecutivo federal sobre subcontratación”, aseguró el dirigente de la CROC.

Añadió que con dicho “arreglo, los trabajadores que no recibían reparto de utilidades, que eran miles, pues ahora van a recibirlo”.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), afirmó que de poner un tope a las utilidades “se estaría rompiendo el criterio” de ese derecho constitucional, ya que este se crea en función de las ganancias de una empresa a fin de repartirlas a sus trabajadores.

Al respecto, Alberto Ramírez García, especialista el derecho laboral en la Universidad Obrera de México, aseveró que la PTU “tiene su base en la Constitución”, en su artículo 123, apartado A, fracción IX, por lo que topar las utilidades no sólo implica una modificación a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Carta Magna.

Ambos especialistas coincidieron en que si se aplica el mismo criterio del acuerdo de topar la PTU sería “desproporcional”, debido a que no es el mismo porcentaje de ganancias el que tendría una empresa trasnacional a una pequeña o mediana “que apenas si sobrevivió en esta época de pandemia”.

Señalaron que el hecho de no fijar una postura oficial sobre el tema, la STPS está “teniendo una omisión, un default”, y, por el contrario, debería “salir al paso y tener una comunicación más efectiva con la sociedad”.

Con información vía La Jornada

OCDE pide a México respetar compromisos

El gobierno de mexicano debe mantener regulaciones estables y respetar los compromisos adquiridos previamente para atraer inversiones, aseguró José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico­­s (OCDE) ante miembros de la Cámara Española de Comercio en México (Camescom).

Durante una reunión virtual que sostuvo el directivo del organismo internacional con empresarios afiliados, señaló que tanto el país como el mundo están atravesando por la primera crisis verdaderamente mundial y global por el grado de afectación observado en todos los sectores y las secuelas económicas y sociales que serán duraderas.

Las empresas españolas que invertimos, seguimos apostado por México, pero en el panorama actual nos encontramos con decisiones que no favorecen esta apuesta. Nuestra intención es aportar valor de forma constructiva y positiva para el desarrollo de la sociedad mexicana, dijo Antonio Basagoiti, presidente de la Camescom.

Sin inversiones el crecimiento a largo y mediano plazos no será el que queremos, las inversiones son el crecimiento de mañana. Para atraer inversión México debe tener regulaciones estables, predecibles y de manera importante, respetar los compromisos adquiridos previamente, respondió Gurría Treviño.

La única forma de salir de esta crisis es en asociación con el sector privado, con planes de negocios y de desarrollo de las autoridades con un crecimiento incluyente y sostenible, apuntó el dirigente de la organización, que ajustó el crecimiento del país para 2021, el cual pasó de 3.6 a 4.5 por ciento.

Gurría indicó que se ha producido una gran pérdida en los avances logrados en materia de empleo y en la lucha contra la pobreza en México.

Señaló que es preciso impulsar nuevamente las inversiones que desde antes de la pandemia se encontraban rezagadas, derivado de las tensiones comerciales y la incertidumbre presente en el mercado.

Añadió que la recuperación de México es posible y también atraer inversión, pues las exportaciones son dinámicas, cuenta con tratados comerciales y tiene margen en políticas macroeconómicas, entre otros factores. Hay que ir con cuidado con qué inversión se atrae, dijo.

México deberá promover inversiones que privilegien la responsabilidad social corporativa, con la promoción de nuevos empresarios comprometidos y conscientes, agregó.

Los afiliados de Camescom expresaron su interés en el sector energético, así como la necesidad de crear un diálogo con el gobierno mexicano.

Ante ello, Gurría Treviño recomendó a las empresas españolas mantenerse competitivas y con un particular apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mantener canales de conexión con las cadenas globales de valor y crear una verdadera alianza empresarial iberoamericana.

Con información vía La Jornada

STPS pide claridad a la IP sobre propuestas en el pago de utilidades a trabajadores

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado a los empresarios para que presenten propuestas concretas sobre la manera que podrían eliminar las distorsiones en el pago de las utilidades a los trabajadores; toda vez que en breve habrá cambios importantes en materia de subcontratación (insourcing y outsourcing) y cuya iniciativa de reforma prohíbe tal actividad para el pago de nóminas.

En el segundo día del Foro que, a petición de los empresarios, realiza la Secretaría del Trabajo, Alcalde Luján expuso que “una parte importante de la iniciativa presentada por el Presidente para limitar los abusos y la creciente figura de subcontratación en nuestro país implica el no poder transferir a los trabajadores de una empresa a otra, es decir insourcing”.

Detalló que se ha detectado que a través del insourcing se crea una empresa distinta a la que genera el capital. En este sentido, “si bien es cierto y claramente se ha dicho, se paga reparto de utilidades, se ha venido haciendo muchas veces por la vía de los bonos de productividad”.

Añadió que cuando esto -insourcing- se limita, “entonces todos los trabajadores pasarían a la empresa que genera toda la utilidad. De ahí la preocupación y que algunos sectores, como es el caso del sector financiero, consideran que pudiera existir cierta distorsión porque hay la posibilidad de que cierta utilidad no sea producto de la productividad de los trabajadores, sino de otras circunstancias y eso es lo que queremos ir entendiendo, ese es el objetivo de estos diálogos para poder tener claridad”, destacó.

La secretaría del Trabajo expuso que sería importante conocer, por sectores, los datos del impacto que trae la PTU; “en el sector financiero se informó que según la utilidad de la empresas puede ser el reparto de entre seis días hasta 26, aunque hay sectores que reparten utilidades muy altas, tenemos el sector del acero donde puede llegar a repartir seis, siete y hasta ocho meses de salario y eso sucede hoy en día en nuestro país”.

Expuso que para “ir entendiendo los sectores y cómo puede esto generar una problemática, es el objetivo de estas mesas de diálogo. Vamos a entrar en un esquema nuevo de desarrollo de herramientas en el mercado laboral con esta nueva norma en materia de subcontratación”, indicó.

Recordó que el sector financiero y de seguros, representan el 4.8% del PIB y generan más de 600,000 empleos; y según datos de la Asociación de Bancos, 250,000 están en insourcing.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, recalcó que el derecho a recibir utilidades de la empresa no está a discusión, ni tampoco el porcentaje de 10% que ya se acordó en septiembre de 2020.

Con información vía El Economista

Topar PTU a un mes de salario, propuesta de la IP

Como parte de las propuestas que se presentaron para establecer el pago de utilidades a los trabajadores fue establecer un tope a un mes, y que se privilegie el establecimiento de bonos de productividad.

Así lo manifestó Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin y Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), quienes consideraron que no se debe dejar como actualmente se encuentra la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

“El esquema actual del PTU no está vinculado a un esquema moderno de incentivo en la productividad y por lo tanto afecta a la competitividad resultando necesario acortar el pago del PTU hasta un mes de salario como ya se tiene establecido en la ley para ciertas actividades”, dijo Cervantes Díaz.

Para Miguel Elizalde, al tratar de incorporar a la plantilla laboral de manera directa en las empresas, en el caso de desaparecer outsourcing, representaría que el reparto de utilidades para los trabajadores del grupo automotriz se redujese, desmotivando a la plantilla de trabajadores. Y en el caso de eliminar el insourcing, “implica perder la economía de escala que se tiene como grupo automotriz; esto impacta la PTU al incrementar los costos y se reducen las utilidades; además de que se tendrán que solicitar de nuevo las certificaciones fiscales y autorizaciones de lo que puede tomar meses y obviamente costos adicionales”.

El presidente del Consejo Mexicano de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández González, expresó que el camino son los bonos de productividad, si están bien definidos.

Con información vía El Economista

Utilidades y subcontratación, temas pendientes: IP

El reparto de utilidades en las empresas y la subcontratación especializada están en vías de resolverse una vez que inicien las discusiones legislativas en materia de regulación del outsourcing, de acuerdo con el sector privado del país.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que por primera ocasión en más de 50 años se dará solución a un elemento estructural en el terreno laboral, pues los empresarios buscan topar el reparto de utilidades, ya que estos recursos han beneficiado a trabajadores con mayores ingresos, más no a los que menos perciben.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, comentó que la propuesta de la iniciativa privada es encontrar una fórmula que beneficie a los trabajadores, pues en promedio se reparte el equivalente al salario que perciben durante 15 días los trabajadores. Nosotros hemos propuesto en la negociación poner un tope a 30 días, lo cual le daría el doble de lo que hoy reciben ya los trabajadores como reparto de utilidades, dijo antes de acotar que el gobierno federal busca que sea un periodo mayor.

Comentó que ese límite es uno de los puntos que aún se discute con el gobierno, luego de que se logró un acuerdo a principios de diciembre para aplazar la discusión y en la que también estarán presentes los representantes de los trabajadores del país.

Con información vía La Jornada

Intereses de la IP alientan la versión de debacle en CFE

Detrás del “escándalo” suscitado por el apagón registrado el lunes están los intereses privados, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que sus voceros pretenden desprender que es la debacle de la Comisión Federal de Electricidad(CFE). “Ellos ansían que se entregue (el mercado eléctrico) a los particulares. Es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al Presidente el único negocio que le importa es el negocio público”.

Tras considerar que las empresas privadas nacionales e internacionales se beneficiaron de las políticas del pasado, en especial las españolas Repsol e Iberdrola, López Obrador reiteró: “a mí no me paga Iberdrola”. Sostuvo que para cumplir con el compromiso de no incrementar el precio de la energía eléctrica “necesitamos que no haya abusos, que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos y necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad”.

Nuevamente abordó el apagón, desestimando las críticas hacia el titular de la CFE, Manuel Bartlett: “hay un grupo que no lo quiere, no es con él, es con el presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Manuel Bartlett, que está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente. No, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo le estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”.

El mandatario incluso reprochó las campañas contra funcionarios: “hacen campañas en contra de servidores públicos, no de todos, porque a los que ven moderados, fresas, a esos no los tocan; a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan, pero duro”.

Reiteró que se trató de un desbalance que ocurrió “por las causas que sostiene la CFE –o por cualquier causa–, en dos horas se restableció el servicio y no se afectó el Sistema Eléctrico Nacional”. Hizo un apretado recuento de cómo en los gobiernos pasados se fue reduciendo la presencia de la CFE en el mercado eléctrico para privilegiar a la iniciativa privada, lo cual comenzó con el gobierno de Carlos Salinas, con una reforma inconstitucional a leyes secundarias.

Claudio X González era el principal asesor económico de Salinas y uno de sus hijos obtuvo una concesión. Fue el principio de una creciente participación privada en el mercado que se agudizó con la reforma energética.

“Con el cambio decidimos apoyar a la CFE, porque es una empresa pública y si lo que predomina en el sector energético es el lucro, pues no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor de energía eléctrica, ni para las familias el uso doméstico, ni para las empresas”.

A pregunta expresa sobre la exoneración de Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Bartlett, el Presidente sostuvo que eso corresponde a la autoridad judicial.

Con información vía La Jornada

Debate sobre compras privadas de vacunas, mediático: López Obrador

Aun cuando no hay impedimento gubernamental para que empresas privadas importen vacunas contra el Covid-19 para su comercialización en México, el factor central estriba en la carencia de éstas en el mercado, pues aún no hay suficiente producción a escala mundial, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que hasta ahora ningún laboratorio privado ha presentado solicitud de importación del producto ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De igual forma, no se tiene conocimiento de que alguna compañía haya iniciado gestiones a nivel internacional para su adquisición. En su caso, en México, la única restricción es que el biológico que se vaya a importar esté autorizado por la Cofepris, acotando que sólo “nos opondríamos si las que tenemos contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso”.

–¿Los gobiernos estatales pueden adquirir la vacuna?

–Sí, también, aunque hay una reglamentación. Como se trata de un asunto de seguridad nacional, se trata de la salud pública, pues corresponde al gobierno federal, eso está establecido en las leyes y hay un decreto para ese propósito. Pero, si ellos quieren comprar la vacuna, no hay ningún obstáculo.

López Obrador atribuyó el debate sobre la compra privada del inmunizante a conjeturas mediáticas: “Hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana está haciendo trámites para comprar vacunas”.

Subrayó la responsabilidad gubernamental para garantizar la adquisición de las dosis que se requieran para inmunizar a la población de manera universal y gratuita. “Es lo que se está. ¿Qué significa aplicarla de manera universal? Que sea para todos, para ricos y para pobres. No es el dinero, como se dice coloquialmente, lo que rifa, no es ‘porque yo tengo dinero y yo me voy a proteger primero que el que no tiene dinero’. La salud, como la educación, no son privilegios, sino derechos de la población”, aludió.

Sobre la protesta de empleados del Issste contra la vacunación de funcionarios del organismo en lugar de personal operativo en hospitales Covid, el jefe del Ejecutivo federal destacó que se está “cuidando mucho que no haya influyentismo, nada de transas, nada de brincarse la fila, que no se tenga la vacuna si no se está trabajando en un área Covid y nada de inmunizar (en esta etapa) a funcionarios o a políticos”.

López Obrador reiteró el orden para la aplicación del biológico, comenzando con el personal sanitario, considerando a los que atienden a pacientes Covid-19 en los hospitales privados. Por los requerimientos logísticos, se pretende aplicar la dosis de Pfizer en este sector poblacional.

En segunda instancia, los adultos mayores, estimando que hay entre 12 y 15 millones mayores de 60 años de edad, hasta lograrlo en su totalidad independientemente de donde vivan, pues hay 300 mil comunidades con población de 100 personas a las que habrá de incluir en la campaña. “Ahí tenemos que ir, no vamos a seguir el plan de inmunización mientras no vacunemos a todos los ancianos respetables. Esa es la norma, la decisión que se ha tomado”.

Con información vía La Jornada

En la IP no hay consenso sobre el outsourcing, afirma Canacintra

En la iniciativa privada no hay un consenso para respaldar la propuesta del gobierno federal en materia de subcontratación; sin embargo, las mesas de diálogo continuarán tanto con el Ejecutivo federal, como con el Legislativo, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En conferencia a distancia, el presidente de ese organismo del sector empresarial, Enoch Castellanos Férez, señaló que el planteamiento de topar la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de la empresa o la eliminación del insourcing no goza del apoyo de todas las asociaciones de empresarios.

Hago votos por que el sector empresarial negocie en su conjunto, analizando todos los intereses de quienes estamos representados y que finalmente haya sensatez en el gobierno, subrayó.

Alertó que desaparecerá un millón de empleos durante el proceso de transición a nuevas figuras laborales, pues se tiene que pasar de una razón social a otra en el caso del insourcing, en caso de que se apruebe la desaparición de la subcontratación.

Sostuvo que eliminar la figura del insourcing, es decir, cuando un grupo de empresas crea una filial dentro del mismo para contratar a trabajadores para no tener que pagar el mismo monto de utilidades, tendrá un impacto negativo.

Una tercera parte de los 4 millones 900 mil trabajadores que están en subcontratación pertenecen a pequeñas y medianas empresas (pymes), que no están incorporadas a grandes corporativos y creemos que las dejamos desprotegidas y con el tiro de gracia, dado que perderán competitividad contra sus competidoras y será un factor adicional para la no sobrevivencia, mencionó.

Por otra parte, Canacintra recordó que aún con la reapertura de actividades hay más de 11 mil 500 empresas formales que han cerrado entre abril y octubre, 98 por ciento de ellas son micro, pequeñas y medianas.

Destacó que la recuperación parcial del empleo se ha dado en la economía informal, el subempleo y el autoempleo, mientras en el sector formal, casi la mitad de los trabajos recuperados son eventuales.

Castellanos Férez comentó que pareciera que el gobierno no acaba de dimensionar el tamaño de la situación y sigue actuando como si la economía y la crisis de salud fueran dos cosas distintas.

Agregó que hay una verdadera situación de emergencia que sigue oculta bajo la narrativa de que México salió de lo peor y que no se sostiene frente a los datos duros.

Es indispensable generar un verdadero clima de confianza y certidumbre legal, que permita invertir y fortalecer la actividad de quienes mueven cerca de 80 por ciento de la economía, expresó.

La situación es verdaderamente preocupante. Eso es el sentir de la industria mexicana. Y los datos reflejan esa realidad, indicó.

Con información vía La Jornada

Sin acuerdo, reunión del Presidente con IP sobre el outsourcing; sigue diálogo

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el sector privado no llegaron a un acuerdo sobre la subcontratación laboral, pues es un tema complejo; será hasta el próximo miércoles cuando pueda concluir la negociación, dijo Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Acompañado por José Manuel López Campos, dirigente de la Concanaco-Servytur, y Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios, entre otros, Salazar Lomelín expresó que tras una larga reunión, en la que estuvo el Presidente, aún no han pactado nada y no se sienten decepcionados por ello. Avanzamos en muchos puntos, y creo que la manera en que se ha hecho el diálogo es muy positiva.

Comentó que el sector empresarial se siente entusiasta, porque se está avanzando en un tema complejo, y por esa misma razón está tomando más tiempo de lo que hubiéramos querido, lo que demuestra la buena disposición de la autoridad de escuchar nuestras preocupaciones y darnos el tiempo necesario para exponerlas, dijo.

Interrogado sobre los puntos que no dejan avanzar la negociación, comentó que se trata de un cambio completo en la forma en que al menos 5 millones de mexicanos están trabajando. Descartó que la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas sea un factor que los detiene. Sí se lograrán acuerdos, pues se están definiendo cuáles figuras serán permitidas y cuáles no, insistió. No estoy diciendo que va a desaparecer, sino que deberemos explicar las nuevas figuras que habrá. No sabemos cómo vaya a quedar, apuntó.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, abundó que hay avance en la definición de los plazos para hacer una conversión de una figura laboral a otra.

“En el insourcing tienes que hacer una conversión y necesitas meses, ya estamos realmente en nada. Yo creo que la semana que entra podemos ya salir con este tema”. Destacó que el Presidente ha sido muy sensible en el tema con los empresarios. Sobre la salida de Alfonso Romo como jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo que fue una sorpresa.

Con información via La Jornada