IP pugna por topar pago de utilidades ante cambios en outsourcing

Ante la inminente prohibición de la práctica mediante la cual algunas empresas contratan su nómina a través de una filial propia para liberarse del pago de utilidades a los trabajadores, el llamado “insourcing”, el sector empresarial avanza en la negociación para establecer un tope a dicho pago, adelantó Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Al salir anoche de la reunión que él junto con otros representantes de la iniciativa privada sostuvieron con el Ejecutivo Federal para negociar modificaciones a la iniciativa de reforma que endurecerá la regulación de la subcontratación laboral, el líder de los industriales se mostró optimista y afirmó que el sector empresarial está más tranquilo pues la implementación de los cambios no se dará de manera inmediata, sino que habrá un período de transición.

A su salida de Palacio Nacional, Cervantes Díaz agregó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró “sensible” sobre el hecho de que las empresas no pierdan competitividad en el marco del T-MEC, derivado con los cambios a la subcontratación, y recordó que lo que se busca que al trabajador le vaya bien.

Recalcó que debido a que la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo plantea la desaparición del insourcing, “estamos peleando el tema de (establecer un límite a) la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades)”. Y reveló que “se va a convocar a otra comisión para llegar al jueves con los montos (de PTU) y (definir) el tema de la estacionalidad”.

No especificó los montos mínimos y máximos que están proponiendo para el pago de la PTU –que actualmente corresponde a 10% de las ganancias de las empresas–, pero se mostró optimista en cuanto a la apertura a su planteamiento pues observa “mucha sensibilidad y agradecimiento” respecto de su posición.

Al tiempo que descartó que los cambios legislativos tanto para el insourcing como el outsourcing entren en vigor el 1 de enero del 2021, pues, dijo, se prevé que el tiempo de transición para las nuevas reglas al interior de las empresas tarden hasta seis meses. También indicó que en el tema de las sanciones para las malas prácticas no hay cambios.

“Lo de las sanciones eso se queda, porque lo de las malas prácticas era el punto central de esta iniciativa y se queda. Tenemos ya nada más la reunión para afinar detalles y listo y estamos esperando que el jueves se pueda juntar la comisión”, dijo.

“Ahora se acordó buscar un plazo para que se generar una transición de seis meses sobre todo en las grandes empresas, eso en señal de cuidar la inversión, que ésta llegue y que sea motivo para generar confianza”, agregó

Por su parte, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expresó que en el tema del outsourcing todavía no hay acuerdo entre los empresarios y el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dijo sentirse “muy optimistas de que estamos teniendo avances en este tema”.

Al salir de la reunión con el mandatario mexicano, detalló que la IP expuso todas las preocupaciones que tienen en el tema, además de los acuerdos a los que ya llegaron “y nos dimos de plazo, otra vez, para finales de esta semana, para ver si en una reunión posterior, podemos llegar a tener ya un consenso completo y que la iniciativa vaya tomando en cuenta también nuestras opiniones”.

Asimismo, negó hablar sobre los temas en los que la discusión se trabó, pues dijo, que se siguen trabajando en ellos, al tiempo que todos los inconvenientes están en la mesa de discusión.

Por ello, agregó que será a finales de la próxima cuando se llegue a un acuerdo, para luego  dar a conocer las nuevas figuras que se tendrían Finalmente expresó que el tono de la reunión con López Obrador fue muy buena.

A la reunión llegaron Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, presidente de Conamin, y José Manuel López Campos de Concanaco-Servytur. Además, estuvieron Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocio, y Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

Nueva era en contratación laboral

El 12 de noviembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma para regular tres figuras:

• Subcontratación de personal.- Se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra

• Servicios especializados y obras especializadas.- Se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se requiere autorización por parte de la STPS

• Agencias de Colocación.- Podrán intervenir en el proceso de contratación, reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación; pero en ningún caso el intermediario se considera patrón.

Con información vía El Economista

Eliminar ‘insourcing’, pacto de IP y gobierno

El sector privado mexicano informó que no se ha llegado a un acuerdo integral con el gobierno sobre el tema outsourcing o subcontratación, sin embargo por el momento se tiene previsto eliminar el insourcing.

“Todavía no llegamos a una conclusión en este tema, sin embargo nosotros nos sentimos muy optimistas de que estamos teniendo avances en el tema del outsourcing”, señaló a su salida de Palacio Nacional Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Expusimos todas las preocupaciones que tenemos, también a los acuerdos que ya llegamos y nos dimos de plazo a finales de está semana para ver si, en una reunión posterior, podemos tener ya un consenso completo y que la iniciativa vaya tomando en cuenta también nuestras opiniones”, agregó.

Al ser cuestionado sobre qué puntos están atorados, Salazar dijo: “Yo creo que eso no lo puedo decir en este momento, porque estamos trabajando en ello y obviamente todos esos puntos están en la mesa. Hay muchos temas”.

“Lo vamos a seguir discutiendo, yo no sé qué va a pasar con el Congreso, no tengo ahí información, pero nosotros vamos a seguir platicando el tema del outsourcing y a finales de está semana debemos tener algunas respuestas, porque seguimos en la discusión”, comentó.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin, reveló que dentro de los acuerdos alcanzados con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la iniciativa de reforma laboral destaca por ahora la decisión de desaparecer la figura llamada insourcing.

Cervantes Díaz comentó que solo falta lograr el acuerdo de los tiempos que se darán a las empresas para que dejen de utilizar esta figura.

A su vez, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, mencionó que se ha habido apertura del gobierno federal para escuchar las propuestas de la iniciativa privada.

“En la aplicación es en lo que se está trabajando. Se están buscando alternativas para no afectar a los trabajadores”, aclaró el directivo empresarial.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, afirmó por su parte que a través de las reuniones con el Presidente se ha ido avanzado en la legislación, “claro que va a salir una nueva ley”.

Señaló que aún falta detallar varios aspectos de la iniciativa, que se continuará tratando con el mandatario, y se espera que al final sea “conveniente para México”.

El insourcing es el procedimiento mediante el cual los empleados internos en una empresa asumen las labores que se estaban realizando fuera de la compañía.

Legislativo, listo

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reprogramó la discusión de la reforma en materia del outsourcing para la sesión del próximo jueves en el Palacio de San Lázaro.

Los líderes de las ocho fracciones parlamentarias habían acordado discutir y votar la iniciativa presidencial la semana pasada, pero después decidieron aplazar el debate a la espera de los acuerdos entre el gobierno federal y el sector privado. 

El Presidente recibió anoche a un grupo de empresarios para tocar el tema pero, de acuerdo a dirigentes de la IP, no se logró un acuerdo final.

La propuesta original del Ejecutivo plantea la prohibición de la subcontratación de personal, salvo en servicios especializados, y prevé equiparar la evasión fiscal a delincuencia organizada, con prisión preventiva de oficio.

Con información vía Milenio

AMLO anuncia segundo plan de inversión con la IP; suman 29 nuevos proyectos de infraestructura

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la mañana de este lunes el segundo paquete de inversión junto al sector privado que consiste en 29 proyectos, adicionales a los tres grandes proyectos de la 4T: Tren Maya, Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

Con el primer acuerdo de infraestructura Gobierno-Iniciativa Privada firmado el pasado 5 de octubre, en total, suman 68 proyectos y representarán 400,000 nuevos empleos en el país.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que 10 de estos proyectos ya iniciaron obras con 43,584 millones de pesos en inversiones.

Además, el nuevo paquete incluye ocho proyectos por 78,494 millones de pesos, que asegurarán la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; la construcción de la primera terminal de Gas Natural Licuado en la costa pacifico de América del Norte, con una inversión de 47,000 millones de pesos.

Con información vía El Economista

La IP pide figura alterna al outsourcing

La Iniciativa Privada (IP) y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) propondrán al Gobierno crear la figura de Servicio Temporal de Personal como excepción a la prohibición de subcontratación y que dicha contratación temporal proceda en actividades preponderantes de las empresas y aun cuando no sea para servicios especializados.

Integrantes del sector empresarial señalaron que luego de la reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes iniciaron los trabajos para dar seguimiento a la reunión en Palacio Nacional, por lo que están a revisión las propuestas de los empresarios.

El sector privado presentó durante el lunes y martes sus propuestas en el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados, pero tras la reunión con el presidente López Obrador se formaron mesas de trabajo con el IMSS, SAT, Infonavit y Hacienda que coordina la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.

Este martes se realizó una reunión entre Alcalde y el CCE, quien estuvo representado por Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal, asimismo, participaron representantes laborales de Concanaco-Servytur y Coparmex.

Los temas que la IP busca adecuar son, principalmente, permitir la subcontratación temporal en actividades preponderantes, establecer un registro de empresas de subcontratación de personal, dejar “a salvo” la deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y que la reforma entre en vigor en enero de 2022.

Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del CCE, dijo durante su participación en el Parlamento que “lamentamos la afectación de la iniciativa a aquellos que sí cumplen con todos los elementos sustantivos, nos preocupa mucho la vigencia, no puede ser que entre el primero de enero, hay una inseguridad jurídica”.

Propuesta ante prohibición

La iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece la prohibición de la subcontratación de personal y permite la prestación de servicios especializados que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria.

La propuesta de la AMECH, que agrupa a ManpowerGroup, Adecco, Randstad, PAE, Rolling Personnel, entre otras, plantea adicionar la nueva figura de “Servicio Temporal de Personal” y la posibilidad de ejecutar servicios u obras especializadas, aunque “no formen parte” del objeto social de la empresa beneficiaria de la contratación temporal.

Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, señaló que “proponemos la contratación temporal y que sea o no especializada porque ¿cómo le vamos a prohibir a una empresa contratar gente en su call center cuando es lo que necesita en la temporada?”.

Andrés Sánchez, director general de Randstad México, indicó que “creemos que el principal cambio en la iniciativa debería estar en el Artículo 14 de la LFT, en donde se permita el Servicio Temporal de Personal y la ejecución de servicios y obras especializadas que formen o no parte del objeto social de la beneficiaria”.

Francisco Martínez, director general de Adecco, apuntó que “la regulación debe considerar la inclusión del concepto de Servicio Temporal de Personal como excepción a la prohibición de subcontratación, además, debe dar la posibilidad de prestar servicios temporales a las actividades preponderantes de las empresas y a las referidas en su objeto social”.

Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, se pronunció porque en la Ley quede una definición de servicios especializados que haga excepciones para trabajo temporal o parcial dentro del propio objeto social de las empresas.

“Por ejemplo, una empresa de paquetería cuando tiene una mayor demanda de sus servicios tiene una mayor carga de trabajo y hay ocasiones en que en algunas partes del país tiene que contratar personas en esas regiones para poder cumplir con el objeto social de la empresa que es la entrega de paquetes”, expuso.

Prisión preventiva es para inhibir esta práctica: PFF

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, aseguró que, si bien el outsourcing ilegal se encuentra tipificado en la reforma fiscal-penal, en la iniciativa presidencial que prohíbe la subcontratación se calificó el esquema como delito de defraudación fiscal y prisión preventiva para conseguir un efecto inhibidor de ese esquema de contratación.

Al participar en el Parlamento Abierto en materia de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, señaló que cuando se crean una serie de empresas para aparentar en “mero papel” una relación de terciarización con el personal que labora directamente para el contribuyente, lo que se encuentra ahí es una actividad delictiva.

Dijo que la subcontratación ilegal ya se encuentra tipificada de forma genérica como delito calificado, no obstante, “la iniciativa tiene por objeto esclarecer una calificativa específica para este objeto (outsourcing) mandando el mensaje claro a la población con el efecto de inhibir estas prácticas dañinas”.

Con información vía El Financiero

Se revisará con IP casos en los que se acepte ‘outsourcing’: AMLO

Ante las críticas sobre el impacto en los empleos que tendría la iniciativa para regular la práctica de outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: ¿para qué vamos a estar promoviendo empleos mal pagados? Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, El salvador sea más elevado. Criticó que durante todo el periodo neoliberal, cuando se avalaron las reformas que hicieron proliferar estas prácticas, se redujo el salario.

Al ser cuestionado sobre los pormenores de esta iniciativa, dijo que el gobierno conversará con el sector empresarial para determinar en cuáles casos se podría operar el outsourcing sin que se registren abusos, anticipando que en el sector público federal esta práctica ya no se va a repetir.

Lo que se trata es que “no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo en actividades que lo requieran, y en el resto de actividades lo que tienen que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores no permitirlo”.

López Obrador censuró esta reforma promovida en el periodo neoliberal bajo la justificación de que mediante esta vía las empresas se iban a dedicar solo a producir y prestar servicios. Se les daba la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de la relación laboral. “Esto ha significado un abuso, creció muchísimo el número de trabajadores que están bajo esta disposición”.

Tras informar que en el 2018 fueron despedidos 378 mil 560 trabajadores en diciembre para no pagarles prestaciones y en el 2019 a 378 mil 560, dijo que si esa práctica se repite en este año, se habrá perdido gran parte de las plazas laborales que se han podido recuperar del millón de empleos perdidos en la pandemia y que entre agosto y noviembre suman ya 500 mil.

“Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregularidades para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores porque además como autoridad nos dimos cuenta de que están utilizando estas maniobras, si no actuamos nos convertimos en cómplices, y no lo podemos hacer en ningún caso”. 

Con información vía La Jornada