En el 2020, plataformas digitales dejaron 8,663 millones de pesos de recaudación

Los cambios fiscales en materia de plataformas digitales dejaron una recaudación de 8,663 millones de pesos el año pasado, de acuerdo con la información que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Cuenta Pública 2020.

“Con el fin de mejorar el cumplimiento en el pago de los impuestos de los diferentes participantes de los modelos de negocio de la economía digital, aprovechando sus ventajas, se introdujo un esquema tributario para regular las operaciones de los prestadores de servicios digitales y los de intermediación, procurando no inhibir su desarrollo”, explicó la dependencia en el documento entregado a la Cámara de Diputados.

Hacienda informó que por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) se obtuvieron 1,754 millones de pesos de recaudación, esto a través de las retenciones que se hicieron a aquellas personas que ganan ingresos a través de estas plataformas.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ingresos que se obtuvieron vía plataformas digitales fueron por 6,908 millones de pesos.

Piso parejo

En la segunda mitad del año pasado entraron en vigor diversas disposiciones fiscales para las plataformas digitales. Con ello, en toda transacción de venta y prestación de servicios a través de ellas se debe cobrar IVA, al tiempo que se debe retener el ISR sobre los ingresos que generen trabajadores a través de éstas.

Estas medidas, de acuerdo con la dependencia a cargo de Arturo Herrera, se hicieron para poner el “piso parejo” entre los contribuyentes ya que la economía digital ha generado diversos retos para los fiscos a nivel internacional.

En este tenor, se espera que a mediados del año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegue a un consenso para gravar a estas empresas multinacionales ya que si bien algunos países, como México, han optado por medidas unilaterales, aún queda pendiente ver la manera adecuada de gravar las ganancias que tienen estas plataformas.

Ante esto, en una conversación pasada con El Economista, Arturo Herrera dijo estar seguro de que el acuerdo se haga realidad gracias a la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, con lo cual el país vecino del norte volvió a apoyar el plan de la OCDE.

Si se llega al acuerdo de un impuesto mínimo para la economía digital, como lo plantea la OCDE, el Paquete Económico 2022 que presente la SHCP al Congreso contemplaría este gravamen, así como otras medidas que recomiende la organización internacional.

“Usualmente nosotros hacemos una discusión y procesos de cambios relevantes a la estructura tributaria del país una vez al año, que es cuando presentamos el Paquete Económico. Entonces, si logramos cerrar los acuerdos dentro de la OCDE y el G-20, después llevaríamos esto, muy probablemente, a la propuesta de Miscelánea Fiscal que presentaríamos en septiembre”, dijo Herrera

Padrón sigue creciendo

Este lunes se actualizó, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el listado de las empresas que fungen como plataformas tecnológicas en el país y que se han inscrito al padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como parte del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Al corte del 30 de abril pasado, este padrón sumaba 101 registros, 15 más que en su última actualización de marzo. Ahora se añadieron plataformas como Twitter, la app de entrenamiento Zwift, los servicios de citas en línea Plenty of Fish así como Match, entre otros.

La publicación del listado se hace para el cumplimiento con la ley, en la cual se solicita la inscripción de estas plataformas al padrón de contribuyentes, así como tener un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional, entre otras obligaciones.

“El SAT publicará tanto en su Portal de Internet como en el DOF, de manera bimestral a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC”, dictó la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2020.

A partir de este año, aquellas plataformas que incurran en la omisión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales —como lo es registrarse en el padrón de contribuyentes— podrán ser acreedoras a un bloqueo de acceso a Internet de sus servicios.

Lo anterior se da porque, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las medidas que entraron en vigor desde la segunda mitad del 2020 no han sido suficientes para lograr el cumplimiento deseado de las plataformas.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Avanza en San Lázaro reforma que reglamenta el outsourcing

A dos días del acuerdo en Palacio Nacional, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados incorporó desde ayer al proyecto de dictamen las medidas que aplicarán en la subcontratación de personal sólo para servicios especializados.

Ratifica que poner fin a la tercerización indiscriminada busca evitar la evasión del cumplimiento de las obligaciones patronales.

La reforma, que se votará este jueves en esa comisión y se discutirá en el pleno de la Cámara el próximo martes, establece reglas precisas para evitar la simulación en las relaciones laborales, el perjuicio a los trabajadores –que recibirán utilidades de tres meses o el promedio de los últimos tres años– y al fisco, al cerrar el paso a la elusión y la evasión.

En este sentido, la reforma obliga a la empresa a entregar al contratante todos los recibos de pago del impuesto sobre la renta (ISR) de sus trabajadores y se confirma el plazo de tres meses para que los empleados bajo el régimen de outsourcing pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

El proyecto, que fue circulado ayer a los diputados de la comisión, explica que únicamente se permitirá que las personas físicas o morales contraten la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.

Agrega que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre firmas de un mismo grupo empresarial, también se considerarán como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba.

Con las modificaciones a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR y del Impuesto al Valor Agregado se terminará la corrupción que se da con la expedición de facturas que surgen de la simulación, así como el incumplimiento de las responsabilidades de seguridad social que afectan a la pensión y/o jubilación, prácticas que también impactan en el derecho a la vivienda, ya que afectan el acceso al financiamiento, la capacidad de pago de los derechohabientes y de su ahorro a largo plazo.

La Comisión del Trabajo ratifica que sólo podrán ser empresas subcontratistas cuando obtengan un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y argumenta que poner fin a la tercerización ilegal se hará sin dañar a las firmas que por necesidad recurren a esta figura.

De subcontratar por medio de una empresa que incumpla la legislacion vigente, la persona física o moral que adquiera los servicios también asumirá parte de la obligación para el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, al ser considerado responsable solidario.

En el Código Fiscal se propone no deducir o acreditar los pagos o contraprestaciones realizados por subcontratación de personal y en la Ley del ISR obligar a las empresas a comprobar el entero de las retenciones del impuesto a los trabajadores, así como del pago de las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Con información Vía La Jornada

Trabajadores contratados vía outsourcing pierden hasta 58 mil pesos al año en remuneraciones

En México, el personal que trabaja bajo esquemas de outsourcing podría perder, en promedio, entre 41 y 58 mil pesos anuales en remuneraciones y entre 2 y 3 mil pesos en prestaciones, como consecuencia de la tercerización de sus labores, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En el estudio “Subcontratación en México: efectos sobre el bienestar laboral y la evasión fiscal”, el centro concluye que el personal tercerizado percibe ingresos más escasos que el resto de la fuerza laboral y que los trabajadores subcontratados gozan de menor estabilidad laboral al no tener garantizada su permanencia en el trabajo y no participar en la negociación de sus salarios.

De acuerdo con datos de los Censos Económicos (2019), las personas empleadas a través de agencias de empleo temporal y servicios de suministro de personal permanente reciben, en promedio, remuneraciones por hora 43 y 36 por ciento más bajas que la media nacional, respectivamente.

El personal subcontratado también obtiene menores prestaciones sociales como porcentaje de su salario anual que el resto de los trabajadores. Mientras que, en promedio, un empleado recibe prestaciones por un valor de 7.6 por ciento de su salario anual, el personal subcontratado únicamente recibe entre 3.1 y 4.1 por ciento.

Así, las personas que trabajan bajo esquemas de subcontratación podrían perder, en promedio, entre 41 y 58 mil pesos anuales en remuneraciones y entre 2 y 3 mil pesos en prestaciones al año como consecuencia de la tercerización de sus labores.

Lo anterior quiere decir que, si estas personas se emplearan mediante relaciones laborales tradicionales podrían recibir ingresos entre 43 y 61 mil pesos mayores al año.

“La diferencia podría ser significativa para las familias mexicanas de bajos ingresos, en tanto que equivale a más del ingreso medio de una persona en el 50 por ciento con menos recursos de la población al año”, subraya el CIEP.

En tanto, el estudio arrojó que algunos contribuyentes utilizan la subcontratación para evadir impuestos y hay empresas que optan por este esquema para reducir el pago de las cuotas obrero-patronales de forma indebida.

En 2018, las agencias de empleo temporal y las firmas dedicadas a servicios de suministro de personal permanente pagaron 6 mil 862 millones de pesos en contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, esto representa 1.9 por ciento de lo ingresado por cuotas a la seguridad social en el mismo año.

Si la tasa de evasión por este concepto fuera de 20 por ciento, similar a la prevalente en el pago de ISR en personas morales, la recaudación perdida habría sumado mil 715 millones de pesos.

“La discusión sobre la propuesta de reforma a la subcontratación y las afectaciones que este esquema causa sobre el bienestar material y subjetivo de los trabajadores, así como el erario público amerita un replanteamiento de la manera que se regula y fiscaliza esta forma de contratación”, recomendó el CIEP.

En México, entre 2003 y 2018, el porcentaje de personal ocupado contratado bajo estos esquemas pasó de 8.6 por ciento a 17.3 por ciento, no obstante, la subcontratación puede utilizarse como una forma de evasión e impacta el bienestar laboral de las personas empleadas bajo este régimen.

Con información vía EL FINANCIERO

Outsourcing provoca evasión fiscal e impacta en bienestar laboral, advierte el CIEP

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que la subcontratación, también conocida como outsourcing, puede utilizarse como una forma de evasión fiscal e impacta en el bienestar laboral de las personas empleadas bajo este régimen, por lo que la propuesta de reforma en la materia amerita un replanteamiento de la manera que se regula y fiscaliza esta forma de contratación.

De acuerdo con el CIEP, durante los últimos años, un creciente número de personas se ha empleado mediante esquemas de subcontratación; entre 2003 y 2018, el porcentaje de personal ocupado contratado bajo estos esquemas pasó de 8.6 a 17.3 por ciento.

No obstante, algunos contribuyentes utilizan la subcontratación para evadir impuestos y algunas empresas optan por este esquema para reducir el pago de las cuotas obrero-patronales de forma indebida.

El centro de investigación puntualizó que, en 2018, las agencias de empleo temporal y las firmas dedicadas a servicios de suministro de personal permanente pagaron 6 mil 862 millones de pesos en contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, esto representa 1.9 por ciento de lo ingresado por cuotas a la seguridad social en el mismo año.

Explicó que si la tasa de evasión por este concepto fuera de 20 por ciento, similar a la prevalente en el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) en personas morales, la recaudación perdida habría sumado mil 715 millones de pesos.

Por otro lado, los trabajadores subcontratados gozan de menor estabilidad laboral, mayores jornadas laborales y horas de trabajo no remuneradas, así como menor seguridad en los espacios de trabajo y deterioro de la salud física y mental de los empleados.

En México, apuntó el CIEP, el personal que trabaja bajo esquemas de subcontratación, podría perder, en promedio, entre 41 y 58 mil pesos anuales en remuneraciones y entre 2 y 3 mil pesos en prestaciones, como consecuencia de la tercerización de sus labores.

Con información vía MILENIO