Federación y estado llaman a formalizar situación laboral de jornaleros del agroindustrial

Con el fin de trazar una ruta de trabajo hacia la formalización de trabajadores agrícolas en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, encabezaron una reunión de trabajo con autoridades federales y representantes de la industria aguacatera para revisar los avances en materia laboral enfocados a este sector.

La reunión se realizó en la sede de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), con la participación también de Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS; y los subsecretarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rubén Medina González, y Juan Pablo Puebla Arévalo.

En su intervención, el gobernador urgió a productores y empacadores de aguacate michoacanos a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, no sólo para saldar una deuda histórica con los jornaleros, sino también para cumplir con las nuevas disposiciones  del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La formalización de los trabajadores es la única forma de redistribución de la riqueza y de hacer justicia social. Esta industria tan importante debe seguir siendo orgullo nacional, pero cumpliendo con la ley”, afirmó.

Al respecto, la titular de STPS explicó que se trazaron tres criterios específicos para la industria aguacatera y berries de exportación: el primero de ellos es la prohibición de subcontratar a los trabajadores para actividades esenciales para las empresas y no especializadas.

Explicó que en el segundo criterio se considera que la actividad del corte de la fruta no es especializada, por lo tanto, no se permite la contratación de jornaleros agrícolas a través de empresas intermediarias.

Como último criterio se estableció que si puede haber empresas que operen como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de contratación de personal, además podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, y hasta transportación, siempre y cuando estas empresas no se consideren patrones.

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Arrancan Sedeco y STPS estrategia para la formalización del empleo agrícola en Michoacán

Con la entrega de credenciales y chalecos de identificación a las brigadas de inspectores, los gobiernos estatal y federal pusieron en marcha la estrategia de formalización de empleo agrícola en Michoacán.

En reunión de trabajo en la que participó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez, el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco expresó que la riqueza generada por el sector agrícola debe “escurrir” a la base de la pirámide, a los trabajadores.

Refirió que la entidad cuenta con 2.1 millones de personas que son económicamente activas, de las cuales menos de 500 mil cuentan con seguridad social, por lo que, recalcó, la formalización del empleo es un requisito para salir del subdesarrollo.

“Michoacán debe ir de la mano con el gobierno federal”, insistió el funcionario estatal, y celebró el trabajo conjunto que se hará en esa materia.

Por su parte, Alejandro Salafranca dijo que el objetivo fundamental de la estrategia es ir a sectores muy productivos que no brindan empleos formales, toda vez que está comprobado que el reparto de riqueza en el mundo se da básicamente con salarios dignos y seguridad social.

El funcionario federal dijo al personal que México busca alcanzar datos de formalidad parecidos a países de la región como Chile y Colombia.

El personal verificará aspectos de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, y condiciones generales de trabajo, ello en cumplimiento a lo establecido en la reforma laboral y en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En la reunión de trabajo participaron también el subsecretario del Trabajo y Previsión Social de la Sedeco, Juan Pablo Puebla Arévalo y la directora de Previsión Social, Yunuén Mejía Béjar.

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¿Dónde están los niños jornaleros?

Hace ocho años en el Valle de San Quintín miles de jornaleros cerraron la carretera transpenínsular para demandar cosas muy sencilla: cese al trabajo infantil y al acoso sexual a las mujeres en los surcos, así como aumento salarial. La protesta de los trabajadores del campo fue sofocada por el gobierno del estado. 

Los obreros agrícolas lograron que las niñas y niños dejaran los surcos, pero ahora enfrentan otro problema mayor: la falta de guardería infantiles. El cuidado de los niños queda a cargo de los hermanos mayores, de algún familiar o vecinos, que en muchos de los casos los niños o adolescentes terminan como víctimas de violencias o abusos sexuales. 

Un día, una profesora que pidió reserva de su identidad contó: “Se han incrementado casos de violencia física y sexual en niños y niñas. Los que presentan problemas más graves son niñas y niños de tres a catorce años. La tasa de población de doce a catorce años tienen primaria incompleta”. 

Las desigualdades que enfrentan las jornaleras y jornaleros ponen en riesgo el desarrollo integral de sus hijos por su condición indígena. A la población indígena que viaja de Guerrero, Chiapas y Oaxaca se les limita acceso a la educación y derecho a una identidad pertinente con entorno cultural de origen.

El bajo salario que reciben los trabajadores obliga a muchas madres de familia a incorporarse como jornaleras en los campos agrícolas. El 69 por ciento de niños de trece y catorce años que trabajan en los campos de San Quintín no tienen acceso a derechos fundamentales como: alimentación, salud, familia, justicia y el uso de su lengua materna. 

La falta de espacios recreativos deportivos y culturales ha llevado a los jóvenes a la drogadicción, y embarazos prematuros en mujeres adolescentes. Este problema pone en mayor conflicto a los padres adolescentes, porque tienen que enrolarse en el campo laboral, pero no se les permite trabajar por ser menores de edad. 

Otros problemas que enfrentan los jornaleros que trabajan en los campos de San Quintín son la transición demográfica y económica, que como consecuencia ha modificando la relación familiar. La mujer asume obligaciones laborales que ponen en riesgo su estado de salud, durante el embarazo o lactancia.

San Quintín no solo enfrenta el problema de los jóvenes, sino que también afecta a las familias que tienen que sortear la suerte todos los días para tener agua en su vivienda. En las comunidades de este municipio de nueva creación también tienen que caminar a oscuras porque no hay electricidad. 

Sin embargo, los colonos no tienen red eléctrica porque no tienen posesión de los terrenos donde están asentados. La tarea es la legalización del terreno para que las familias indígenas y migrantes puedan tener acceso al agua, electricidad y construyan vivienda digna. 

Uno de los programas de los gobiernos estatal y federal sería la legalización del dominio de la tierra, así como aperturas de guarderías, espacios recreativos y atención directa hacia los jóvenes sin dejar de lado el aumento salarial. Si esto no ocurre en estos años que le falta al actual gobierno federal, entonces habrá una deuda pendiente. 

Se requiere dar acompañamiento a los 90 mil migrantes que viven en el Valle de San Quintín como: Díaz Ordaz, Benito Juárez, Emiliano Zapata, donde la población indígena rebasa el 40 por ciento. Los ñuu savi (mixtecos) de Oaxaca y Guerrero es la población más numerosa, le siguen los trinquis, nahuas, zapotecos de Oaxaca. 

Debe de partir desde el diseño de políticas públicas para acabar con la discriminación, la explotación laboral por los empresarios agrícolas en el Valle de San Quintín. Es momento de que la justicia llegue para los jornaleros que hace siete años exigieron no quedar en el olvido.  Porque los niños siguen esperando que la justicia les llegue. 

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Senado legaliza trabajo de jóvenes menores de edad en el campo

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para legalizar el empleo de los jóvenes de entre 15 y 18 años en actividades agropecuarias de bajo riesgo e incluir un nuevo capítulo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad.

Por unanimidad, los senadores adicionaron el artículo 176 que establece: “Para los efectos del trabajo de los menores, además de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres’’ aquellas “que impliquen exposición a labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca’’, que incluyan “el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente;’’

Desde la tribuna, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), calificó el cambio legal como de “gran importancia’’ porque beneficiará a los adolescentes y permitirá atender una serie de factores sociales que inciden en el futuro de dicho sector social.

“Una reforma que, por sus consecuencias y efectos, permitirá alejarlos de la tentación de sumarse a las actividades ilícitas en las que son fácilmente capturados por las organizaciones criminales y les permitirá integrarse a una actividad laboral digna, con gran influencia familiar’’. El decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y vigencia.

Los cambios al artículo 132 de la referida ley para remover las barreras que impiden la participación laboral de las personas con discapacidad e incluir un nuevo capítulo en la materia, tendrán aún que ser revisados por los diputados.

La minuta remitida a la Cámara baja establece la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con las autoridades de trabajo en las entidades federativas, desarrolle programas dirigidos a promover políticas públicas, el acceso a bolsas de trabajo y fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

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PERSPECTIVAS_ Para no dejar a nadie atrás, presupuestos dignos para el campo mexicano

A casi dos años de que empezara la pandemia por COVID-19 despierto, voy al tianguis a comprar mi mandado de la semana, encuentro jitomates, frambuesas, elotes, zarzamoras y variedad de cítricos, todos productos cultivados por manos de personas jornaleras agrícolas mexicanas. Prendo la radio y escucho sobre la propuesta de presupuesto de egresos de la federación (PEF) ¿habrá aumentos presupuestarios destinados para la importante labor que es alimentar a miles de familias mexicanas?

No hay duda de que el campo es el sector que le da seguridad alimentaria a todo el país. En México, como en casi todo el mundo, la pandemia tuvo efectos adversos en casi todos los sectores económicos, sin embargo y contra todo pronóstico, la producción agropecuaria y pesquera del año agrícola 2020 presentó un crecimiento anual del 1%, y para el año 2021 se estima un incremento de al menos la misma magnitud. La productividad de este sector habla de que miles de personas jornaleras agrícolas no pararon y muchas de ellas viajaron desde sus comunidades de origen en Guerrero hasta Baja California Norte, en condiciones de hacinamiento y sin las medidas de seguridad por la pandemia. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 (PPEF) que se presentó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados incluyó al campo mexicano en las 12 acciones prioritarias del Estado, alineado al discurso presidencial no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.  Sin embargo, una vez más ha dejado de lado a quienes hacen que tengamos alimentos en nuestras mesas y que han hecho que el sector agrícola no haya descendido en este último año. Las y los jornaleros agrícolas han sufrido la exclusión y el olvido de los gobiernos en México, sin importar la camiseta que traigan puesta, las personas trabajadoras agrícolas siguen sin ser beneficiarias por los programas sociales y prioritarios actuales, ni por las dependencias que deberían de tenerles en el centro.

Las prioridades del Estado mexicano se reflejan en el destino que tienen los recursos presupuestarios, por lo que reconocer el valor del trabajo en el campo debería reflejarse en el aumento presupuestario a programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores agrícolas, así como en el desarrollo de estrategias para que la implementación de los recursos responda al contexto de las poblaciones que están destinados a beneficiar.  

La desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) en el 2019 dejó un vacío que el gobierno no ha podido cubrir. Además de que las estrategias para que los apoyos universales de los Programas prioritarios lleguen a las personas jornaleras son insuficientes pues aún no toman en cuenta la naturaleza de su labor, la cual requiere de una constante movilidad a lo largo y ancho de la República mexicana.

A su vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social necesita de presupuesto para poder llevar a cabo con éxito el Programa de inspecciones a empresas y campos agrícolas, mismo que debería dar garantía del cumplimiento a la normatividad que protege los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, en un medio plagado por la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para el 2022, la propuesta de presupuesto prevé una disminución de 2.5% en los recursos asignados a la Dirección General de Inspección Federal.

En la propuesta del PEF para 2022 no se tiene evidencia que la SADER tenga contemplado recursos para la realización del Padrón Único de Jornaleros, anunciado desde 2020, ya que desde hace más de once años no se sabe cuántas personas son jornaleras en el país. Este ejercicio es primordial para conocer la totalidad de población jornalera, así como las necesidades específicas que ésta requiere para su atención. 

El escenario es complejo, pues no solo existe la necesidad apremiante de presupuesto para que las instituciones encargadas de garantizar y proteger los derechos de las personas jornaleras y sus familias puedan llevar a cabo estas labores, también está la de la creación de programas específicos que atiendan las múltiples problemáticas a las que se enfrentan las personas jornaleras agrícolas.

Desde Fundar, llamamos a que el PEF 2022 considere la suficiencia presupuestaria para la atención al campo y a quienes lo laboran. Dejar a la deriva el sector agrícola sería un peligro para la producción y abastecimiento de alimentos, así como para la dignidad de las personas jornaleras. 

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Jornaleros de San Quintín rechazan salario integrado

El gran problema de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín es que reciben sus salarios con las prestaciones integradas, por lo que el monto por día parece justo, pero no lo es, asegura Lorenzo Rodríguez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), organización con 5 mil afiliados.

Se estima que de Colonet a Rosario, poblados de San Quintín, trabajan 50 mil jornaleros agrícolas, con un salario de 213 pesos al día, pero la cantidad es engañosa porque ahí ya vienen integradas vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, lo cual es ilegal, reitera el dirigente oriundo de Tlaxiaco, Oaxaca, quien migró al sur de Baja California hace tres lustros cuando apenas tenía 15 años.

Poco se ha avanzado, señala, desde aquel 17 de marzo de 2015, cuando miles de jornaleros cerraron la carretera Transpeninsular, ranchos, centros de empaque de hortalizas y frutas para exigir un salario diario de 300 pesos, afiliarlos a la seguridad social, la construcción de un hospital y cese del acoso sexual a jornaleras.

A cinco años de aquellos hechos, agrega, se ha avanzado poco, aunque hay un antes y un después del 17 de marzo, pues pagaban el día entre 90 y 100 pesos, la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social no era para todos, los incluían como trabajadores temporales aunque fueran permanentes, expresó.

Para Rodríguez, el cambio tangible entre los jornaleros en esta región del país es la mentalidad y el conocimiento de sus derechos. La organización empieza a tomar forma, es más ordenada, consideró.

Se organizó un sindicato, después se dividió el movimiento y surgió otra organización, aunque desde 2020 los trabajadores empezaron a participar y a organizarse en cada centro de trabajo para exigir sus derechos, como se refleja en los paros laborales en San Marcos Invernaderos, Agrícola Colonet, Dos Mares, Berrymex y Gavaro Produce, donde recientemente indemnizaron a tres mayordomos.

El salario integrado es ilegal, por lo que hemos exigido que no incluya prestaciones básicas, aguinaldo ni utilidades. Señala que en despidos o renuncias han logrado que se reconozca la división entre sueldo y prestaciones en beneficio del jornalero.

“Hay avances en la atención de la Secretaría del Trabajo y porque varias empresas acataron los acuerdos y ahora buscamos una salida conjunta para resolver de fondo la cuestión salarial.

La empresa Agrovida pasó de pagar 240 pesos de salario diario a 260 esa podría ser la base para exigir un incremento salarial, pero en el fondo buscamos eliminar el salario integrado, señaló.

Sigue vigente la demanda de cesar el acoso a jornaleras en los campos del Valle de San Quintín, reconoció y expresó que falta mayor participación de las propias mujeres para encausar la lucha e impulsarla de manera colectiva, aunque es complicado por el miedo a denunciar y que los patrones las acusen de alborotar.

En ese contexto, ponderó el surgimiento de la organización Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Agrícolas Indígenas que atienden casos de violencia doméstica.

Además del salario integrado, en los campos aún subsiste el maltrato, la discriminación, la falta de servicios –en algunos casos no hay baños ni agua–, son asuntos que debemos resolver de raíz, dijo el dirigente. Hay jornaleros que tienen en la misma empresa hasta 27 años y no gozan de prestación ni le reconocen antigüedad.

Juventino, un jornalero de Colonet, fue el primero en jubilarse en San Quintín luego de una revisión a fondo porque la empresa tenía contabilizadas sólo 200 semanas, pero él tenía sus recibos de pago y pudo demostrar los años trabajados. Logró jubilarse en 2020

Con información vía La Jornada