La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación para determinar la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la presunta negligencia que sufrió una trabajadora agrícola, a quien –según denunció la propia indígena– no se atendió adecuadamente por la fractura de una pierna durante su jornada laboral en el rancho Los Pinos.

El 18 de octubre pasado, un visitador del organismo acudió a tomar declaración a Herlinda Santiago Martínez, una joven na savi (gente de la lluvia) que cada año viaja desde Cochoapa El Grande (en la Montaña alta de Guerrero) para trabajar en los campos agrícolas de San Quintín, donde el 23 de septiembre cayó en un surco al pisar un tomate podrido. Su pierna derecha golpeó contra un poste de metal que le partió el fémur en dos.

Apenas el 15 de octubre –tres semanas después del accidente– Herlinda fue operada en el hospital El Buen Pastor de San Quintín por un médico especialista integrante de la organización humanitaria Samaritanos del Aire, que viajó expresamente desde Arizona, Estados Unidos, con el material que se requería para atender a la jornalera.

La cirugía –sin costo para la trabajadora de 30 años– tuvo muy buenos resultados pese a que durante el tiempo transcurrido desde la caída no se le hizo intervención alguna, afirmó Florentino Solano, intérprete del testimonio de Herlinda, quien es monolingüe: sólo habla tu’un savi (la palabra de la lluvia, como denominan en su región al mixteco).

Solano, poeta mixteco oriundo de la Montaña alta de Guerrero y quien ganó este año la beca de creadores artísticos del Sistema Nacional de Creadores de Arte en letras en lenguas indígenas, consideró que posiblemente la fortaleza física de Herlinda ayudó a que hubiera una buena respuesta.

Ahora ella deberá esperar dos meses para empezar a caminar, apoyada con una andadera y quizás regresar al trabajo y a sus viajes anuales de más de 3 mil kilómetros desde la Montaña alta de Guerrero hasta San Quintín.

Violaciones a derechos lingüísticos y laborales

Además de la denuncia contra el IMSS por la desatención a Herlinda, tanto médica como a sus derechos lingüísticos (no habla español y no se le proporcionó un intérprete, por lo que apenas podía entender lo que pasaba gracias a un sobrino), está pendiente su situación laboral con la empresa para la que trabajaba, a la que exigen mantener sus derechos por haber sido un accidente laboral, explicó Florentino Solano.

En la entrevista, realizada el 18 de octubre en la vivienda que una paisana le ofreció luego de que –según la denuncia– la empresa agrícola Rancho Los Pinos dio por terminada la relación laboral, por lo que ya no tenía acceso al campamento El Vergel, donde vivía desde marzo pasado, cuando llegó a San Quintín, Herlinda relató que trabajaba en el deshoje de tomate cuando cayó y sufrió la fractura; una ambulancia de la empresa la llevó a la clínica 13 del IMSS del poblado Lázaro Cárdenas, donde le colocaron una venda y la enviaron al hospital regional número 8 del IMSS, en Ensenada.

Ahí permaneció 13 días sin recibir mayor atención médica e incluso salió con la misma venda, que ella se acomodó y amarró porque ya no aguantaba el dolor.

Relató que antes de que le asignaran una cama la mantuvieron tres días en un pasillo donde sólo le dieron unas pastillitas, y cuando la llevaron a un cuarto le pusieron una inyección en la panza, con una aguja amarilla.

Siguieron suministrándole pastillas para el dolor hasta el final de su hospitalización, el 5 de octubre, cuando salió de las instalaciones por su voluntad, ya que le habían anunciado que la operación se haría dos meses después.

La jornalera guerrerense consideró que en su casa estaría mejor durante los dos meses de espera para la cirugía, pero cuando se lo informó a las autoridades del IMSS éstas la convencieron de que se quedara dos días más porque ya tenían las piezas que se requerían para la intervención.

Esperó, pero el material no llegó, así que al abandonar el nosocomio –según contó– la amenazaron con que si volvía le iban a cortar la pierna.

También decidió irse del hospital regional número 8 del IMSS porque la comida no era suficiente. Somos de buen comer por el trabajo duro del campo, explicó Florentino Solano.

Mencionó que la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales, que también la asesora en el tema laboral, buscó una alternativa y gestionó la atención con Samaritanos del Aire, que respondieron de inmediato.

Sobre la condición laboral de Herlinda y sus familiares –una hermana y dos sobrinos–, Solano dio a conocer que Rancho Los Pinos busca una reunión; adelantó que la demanda es que a los parientes se les respeten sus derechos y a la jornalera se le restituyan, pues al regresar del hospital en Ensenada la hicieron firmar un cheque a manera de finiquito.

A la fecha, Herlinda Santiago Martínez sigue afiliada al IMSS. De hecho, el 26 de septiembre le validaron una incapacidad que podrá cobrar cuando acuda personalmente, pero está pendiente que la empresa asuma la responsabilidad por el accidente.

Lo que vivió la jornalera no sólo afectó su integridad, sino también la visita que cada año realiza a su tierra natal, un periplo de 43 horas desde San Quintín, donde permanece de seis a siete meses a fin de regresar a su pueblo para celebrar Día de Muertos y Año Nuevo. Al siguiente año vuelve a migrar. Así lleva ya 10 años.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA