Brecha digital de género, despliegue de redes y análisis de impacto regulatorio en las telecomunicaciones, son los ejes centrales de las investigaciones académicas que realizaron tres profesionales latinoamericanas como parte del programa de becas Junior Fellowship del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el Centro Latam Digital.
En la edición del 2022, María Clara Fernandes Ferreira, de Brasil; Lu An Méndez Tapia, de Bolivia, y Valeria Castro Obando, de Costa Rica fueron seleccionadas para participar activamente con sus publicaciones en el desarrollo de las telecomunicaciones y la digitalización de la región.
Maria Clara Fernandes Ferreira, graduada de la carrera de Derecho por la Universidad de Brasilia, dedicó su investigación a la evolución de la normatividad que rige el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) en ANATEL (Brasil).
Ello, con la finalidad de comprender si el procedimiento que venía siendo adoptado por el ente regulador ha evolucionado para la mejora del desempeño regulatorio de la Agencia, con el objetivo de aumentar la transparencia y eficiencia de sus decisiones.
Su artículo concluye que los procedimientos de AIR en ANATEL han consolidado su robustez a partir de una serie de reformas normativas que institucionalizaron recomendaciones de organismos internacionales para ofrecer mayor claridad, transparencia y eficiencia en la toma de decisiones regulatorias.
«Esto se ha logrado a través de la introducción y especificación de componentes importantes del AIR como la divulgación del problema regulatorio y las alternativas normativas para resolverlo, la participación social y empresarial a través de consultas, así como la diversificación de metodologías de análisis para seleccionar la viabilidad, eficiencia, la efectividad y los costos de las propuestas normativas».
Sin embargo, apunta, a pesar de los avances de la última década ANATEL tiene oportunidades de mejora en los procesos de AIR como la especificación de exenciones del proceso, obligatoriedad de consultas públicas, y una mayor adopción de metodologías cuantitativas para el análisis de costo beneficio de las regulaciones.
Por su parte, Lu An Méndez Tapia, Psicóloga egresada de la Universidad Católica Boliviana y activista de derechos e inclusión digital en la Fundación Internet Bolivia, abordó la brecha digital y de género con el intento de analizar cuál es la experiencia de las mujeres y niñas cuándo se conectan a Internet.
“Sus hallazgos permiten profundizar en la comprensión de cómo se manifiesta la brecha digital de género en la región, no sólo respecto del acceso a dispositivos, sino también respecto de su uso, motivaciones y aprovechamiento”.
Primero, a pesar de que mujeres y niñas cuentan con acceso a dispositivos móviles, persisten brechas persistentes respecto del uso significativo debido a la sofisticación y costo de la tecnología, tiempos de uso limitado y compartición de dispositivos con otros miembros de la familia; además, existe una diferencia en las motivaciones y usos por parte de niñas y mujeres adultas.
Éstas últimas se inclinan por la generación de ingresos económicos, aunque su participación laboral es en general precaria. Las niñas por su parte observaron en la educación virtual durante la crisis sanitaria un catalizador de sus habilidades digitales para objetivos personales, educativos y de entretenimiento.
“Y tercero, que niñas, adolescentes y adultas se enfrenten a mayores controles de su privacidad en el entorno digital y su conectividad a internet suele transversalizar la experiencia de violencia de género en línea”.
En el caso de Valeria Castro Obando, Investigadora del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica, su trabajo ahondó en la evolución de la regulación que rige las inversiones y el despliegue, instalación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica.
Una de las conclusiones de su estudio apunta a las afectaciones de la regulación de despliegue sobre la brecha digital, la conectividad y el acceso a servicios de calidad, pues si bien existen fortalezas regulatorias como la adopción del enfoque colaborativo, la compartición de infraestructura y la integración del silencio positivo, aún persisten barreras que afectan el despliegue de infraestructura de las telecomunicaciones.
Una explicación de esto se relaciona con la implementación práctica de la normatividad, la falta de claridad de los trámites y regulaciones municipales, la planificación sectorial del desarrollo de telecomunicaciones, así como las capacidades técnicas y operativas de las autoridades locales.
Por otro lado, la persistencia de impedimentos a nivel local y particularmente en los reglamentos municipales muestra la importancia de fortalecer los vínculos con los gobiernos locales, sobre todo para que el sector participe activamente en la mejora regulatoria que se impulsa desde el Poder Ejecutivo.
De igual manera se analiza la trascendencia estratégica de la regulación para establecer un entorno habilitante y propicio al desarrollo de las telecomunicaciones (al dotar de seguridad jurídica a las acciones de despliegue e inversiones de los operadores), un aspecto material obviado en los estudios sobre brecha digital.
CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC
STRMnoticias 