Reforma a redes sociales, a consulta de expertos

A fin de enriquecer y mejorar su propuesta para regular las redes sociales, Ricardo Monreal convocó a expertos, académicos, especialistas y usuarios a someter a análisis su iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que no presentará su proyecto de manera formal, sino hasta que los interesados hayan opinado.

“No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión, sin ningún recurso de defensa. Ahí está situada nuestra iniciativa”, estableció.

A través de un videomensaje que publicó en redes sociales, el senador zacatecano informó que se reunió “con administradores y directivos en México de las redes sociales, y hemos hecho un compromiso de escucharlos y de intentar mejorar la iniciativa que presentaré, pero no abandonaré y no quitaré el dedo del renglón para (lograr) el propósito principal planteado”.

Su propuesta, defendió Monreal, no pretende cercenar, obstaculizar o censurar, como se ha afirmado, de manera equivocada, por gente que no conoce el “propósito principal”.

Desde su punto de vista, el Estado debe generar condiciones para proteger la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, y no mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente al poderío de las redes sociales y plataformas digitales que debe ser regulado.

Un ente privado, como son las empresas de redes sociales y plataformas, dijo, debe estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de tecnologías de la información.

Con información vía El Economista

Monreal insiste en regular las redes sociales para proteger la libertad de expresión

La protección del derecho a la libertad de expresión a través del ciberespacio debe establecerse en la ley; la regulación en la materia no compete a las empresas privadas dueñas de las redes sociales, afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila. 

Las empresas propietarias de las redes sociales, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), prestan el servicio de internet a través de las redes públicas de telecomunicaciones, que están sujetas a un régimen de interés público, por lo que la regulación se debe de implementar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

El derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio debe de ser tutelado para su ejercicio eficaz mediante principios establecidos en las leyes, no como obstáculo, sino como herramienta para ser potencializado. En este sentido, la única forma correcta y democrática de proteger el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio es por la vía legislativa’’. 

Desde su óptica, el Poder Legislativo “no puede ser omiso, ni ser indiferente ante la violación de este derecho fundamental de la libertad de expresión’’. 

El establecimiento de los límites de actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales, amplió, debe ser resultado de la deliberación y aprobación soberana del Congreso de la Unión. 

En un video mensaje que publicó este domingo 31 de enero en redes sociales, Monreal Ávila precisó: 

“Los estándares de protección a los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben de ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Carta Magna’’. 

Si bien los derechos humanos han sido un límite a los poderes establecidos para evitar abusos, dijo, en el mismo sentido deben serlo respecto de la actuación de los particulares, por lo que consideró “justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales’’. 

A decir del zacatecano, “la libertad de expresión engloba todas las formas y medios posibles para la expresión del pensamiento, tales como la prensa, la cátedra, la radio, la televisión y, por supuesto, las redes sociales. Es decir, todos los medios que permitan la manifestación de las ideas. 

“Actualmente, nos ubicamos en una cuarta generación de derechos humanos, incluidos aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como el del acceso al Internet, al igual que otros derechos humanos preexistentes que hoy también se ejercen a través de las TIC, tal es el caso de la libertad de expresión en relación con el ciberespacio’’. 

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estableció, en diversos criterios, que la libertad de expresión es el pilar fundamental de un Estado constitucional y democrático de derecho. 

Así como que la declaración de principios sobre la libertad de expresión dispone que los estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben de estar establecidos previamente por la ley. 

“Las redes sociales ejercen, sin duda, un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que, por medio de sus políticas de privacidad, pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral’’, finalizó. 

Con información vía El Economista

Aprueban Ley de Seguridad; regula labor de DEA, CIA y FBI en México

El pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) regulará y limitará la actuación en nuestro país de los agentes extranjeros de agencias como la DEA, CIA y el FBI.

Aprobado en lo general con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el dictamen, que fue enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación, establece que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, esta reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien no tiene dedicatoria, busca regular agencias como la DEA, que tiene 11 oficinas en México, pero el gobierno mexicano desconoce el número agentes que operan en nuestro país, la información que genera y a quién se la entrega.

“Este desconocimiento, como algunos excesos que se llegaron a cometer por agentes extranjeros, muestra que durante más de 100 años la presencia de agentes extranjeros en México no ha sido regulada, se ha mantenido en la oscuridad y muchas veces las autoridades negaron que existieran estos agentes extranjeros. No son sino graves violaciones a nuestra relación bilateral”, dijo desde tribuna.

Por ello, aseveró que mediante esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional se busca el respeto a la soberanía de nuestro país y fortalece nuestra seguridad nacional.

El dictamen establece que la SRE, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional (Sedena) y Marina, otorgará la acreditación correspondiente y definirá la circunscripción territorial de los agentes extranjeros, quienes podrán portar armas de fuego sólo con la autorización de la Sedena.

“Esta reforma va a tener un impacto negativo. Están creando una supersecretaría de Relaciones Exteriores. ¿Como por qué Relaciones Exteriores se va a encargar de la seguridad nacional?”, cuestionó el panista Damián Zepeda.

En el debate, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, criticó el poco cuidado legislativo en la aprobación de esta reforma –enviada apenas el viernes de la semana pasada–, porque “para el presidente López Obrador, en su pacto con las Fuerzas Armadas, fue un agravio la aprehensión del general Salvador Cienfuegos por solicitud de la DEA».

En coincidencia, Damián Zepeda consideró que, en lugar de aprobar este dictamen como “un berrinche” y “un enojo” por la detención del general secretario de la Defensa Nacional en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, acusado por vínculos con el crimen organizado, el gobierno mexicano debería de investigar todas las implicaciones de las acusaciones de un personaje de tal envergadura.

La oposición también criticó que la reforma establece que los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán entregar a la Cancillería y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros.

“No hubo un presidente de la República que se atreviera a proponer un instrumento jurídico como este. Si el Presidente de la República se atrevió a proponer en una iniciativa una regulación de agentes extranjeros, deberíamos aplaudirle y decirle, ciudadano presidente, es usted un hombre digno que está defendiendo la soberanía de nuestro país como nunca se había hecho”, remató Monreal.

Con información vía El Financiero