El nuevo modelo de outsourcing

El outsourcing o subcontratación se ha convertido en un tema polémico, ya que posiblemente se aprobará una nueva ley para regularlo. El outsourcing es un modelo que permite a las empresas contratar a otra para realizar partes del proceso productivo en las que no están especializadas, o para contratar servicios de apoyo a su producción. Por ejemplo, una empresa que ensambla automóviles puede subcontratar a una empresa de comida para que dé un servicio de cafetería a sus trabajadores.

En teoría, una empresa puede contratar a otra que esté sumamente especializada en una parte específica del proceso productivo, lo que se traduce en ganancias en productividad y reducciones en costos. Estos son argumentos a favor del modelo.

Sin embargo, en la práctica la evidencia empírica muestra que efectivamente reduce costos, pero debido principalmente a una precarización del nivel de ingreso de los trabajadores.

La evidencia también apunta a un aumento en la desigualdad en las industrias con mayor contenido de outsourcing (Egger, Pfaffermayr, y Wolfmayr-Schnitzer (2001); Schmieder y Goldschmidt (2016)) y además reduce los salarios, prestaciones y la capacidad de negociación de los trabajadores (Anner (2011); Dube y Kaplan (2010); Geishecker y Görg (2008)). Por estos motivos, países como Alemania tienen regulaciones necesarias en esta materia. Si bien es cierto que el outsourcing incrementa la competitividad, se busca que no sea a costa de afectar el nivel de vida de los trabajadores.null

En el caso de México, debido a la laxa regulación en esta materia, existen muchas irregularidades en el esquema que permiten abusos hacia los trabajadores, evasión de responsabilidades fiscales y violación de derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, existen casos de empresas que tienen solamente unos pocos trabajadores registrados como propios en el Seguro Social, y más del 90 por ciento de su nómina en la modalidad de outsourcing. Esto permite que las empresas no se hagan cargo de los derechos laborales de los trabajadores. Se utilizan estos esquemas para poder despedir trabajadores fácilmente, y para después recontratarlos; evitando así que el trabajador gane derechos de antigüedad.

Por otra parte, algunas empresas utilizan el mecanismo llamado insourcing, que es crear una empresa dependiente de la matriz con el objetivo de separar su proceso de producción. Con esto pueden mover a toda su nómina a esta nueva empresa donde declaran ganancias muy cercanas a cero, y así evaden repartir el 10 por ciento de sus utilidades, derecho laboral que está plasmado en la ley. Esto es posible porque todas sus ganancias son declaradas en la empresa matriz donde sólo están empleados altos directivos que no tienen derecho al reparto de utilidades. Utilizando datos de Censos Económicos 2019, se puede estimar que las empresas sólo repartieron en promedio 2.8 por ciento, con algunos sectores que apenas llegan a repartir 0.1 por ciento de sus utilidades.

La reforma a la ley de outsourcing tiene como objetivo reducir estas distorsiones que afectan a los trabajadores. Es falso que la ley “prohíbe” el outsourcing por completo. En realidad, la posible modificación a ley permite que siga existiendo esta modalidad, pero sólo para actividades que no son esenciales para la empresa, como en el ejemplo de la industria armadora de automóviles; seguirá siendo perfectamente legal que contrate servicio de comedor y limpieza. Lo que no se va a permitir es que las empresas muevan toda su nómina a otra empresa para evadir sus responsabilidades como patrón.

Finalmente, quiero cerrar hablando del argumento que esgrimen algunos actores del sector empresarial. Si México regula el outsourcing “se perderá competitividad”. Tenemos que dejar de pensar en que nuestro país es una economía que para ser competitiva tiene que pagar salarios muy bajos, no se pueden respetar derechos laborales, no puede haber vacaciones, no debe haber aguinaldos, etc. El mundo ya cambió y nuestro país no puede seguir argumentando lo mismo que hace 30 años. Es verdad que regular el outsourcing incrementará los costos laborales, pero lo mismo ocurrió cuando se prohibió el trabajo infantil. Las empresas de aquellos tiempos también argumentaron que perderían competitividad por el incremento en sus costos. No siempre se trata de costos, a veces se trata de justicia, solidaridad y una vida digna para todos y todas.

El outsourcing o subcontratación se ha convertido en un tema polémico, ya que posiblemente se aprobará una nueva ley para regularlo. El outsourcing es un modelo que permite a las empresas contratar a otra para realizar partes del proceso productivo en las que no están especializadas, o para contratar servicios de apoyo a su producción. Por ejemplo, una empresa que ensambla automóviles puede subcontratar a una empresa de comida para que dé un servicio de cafetería a sus trabajadores.

En teoría, una empresa puede contratar a otra que esté sumamente especializada en una parte específica del proceso productivo, lo que se traduce en ganancias en productividad y reducciones en costos. Estos son argumentos a favor del modelo.

Sin embargo, en la práctica la evidencia empírica muestra que efectivamente reduce costos, pero debido principalmente a una precarización del nivel de ingreso de los trabajadores.

La evidencia también apunta a un aumento en la desigualdad en las industrias con mayor contenido de outsourcing (Egger, Pfaffermayr, y Wolfmayr-Schnitzer (2001); Schmieder y Goldschmidt (2016)) y además reduce los salarios, prestaciones y la capacidad de negociación de los trabajadores (Anner (2011); Dube y Kaplan (2010); Geishecker y Görg (2008)). Por estos motivos, países como Alemania tienen regulaciones necesarias en esta materia. Si bien es cierto que el outsourcing incrementa la competitividad, se busca que no sea a costa de afectar el nivel de vida de los trabajadores.null

En el caso de México, debido a la laxa regulación en esta materia, existen muchas irregularidades en el esquema que permiten abusos hacia los trabajadores, evasión de responsabilidades fiscales y violación de derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, existen casos de empresas que tienen solamente unos pocos trabajadores registrados como propios en el Seguro Social, y más del 90 por ciento de su nómina en la modalidad de outsourcing. Esto permite que las empresas no se hagan cargo de los derechos laborales de los trabajadores. Se utilizan estos esquemas para poder despedir trabajadores fácilmente, y para después recontratarlos; evitando así que el trabajador gane derechos de antigüedad.

Por otra parte, algunas empresas utilizan el mecanismo llamado insourcing, que es crear una empresa dependiente de la matriz con el objetivo de separar su proceso de producción. Con esto pueden mover a toda su nómina a esta nueva empresa donde declaran ganancias muy cercanas a cero, y así evaden repartir el 10 por ciento de sus utilidades, derecho laboral que está plasmado en la ley. Esto es posible porque todas sus ganancias son declaradas en la empresa matriz donde sólo están empleados altos directivos que no tienen derecho al reparto de utilidades. Utilizando datos de Censos Económicos 2019, se puede estimar que las empresas sólo repartieron en promedio 2.8 por ciento, con algunos sectores que apenas llegan a repartir 0.1 por ciento de sus utilidades.

La reforma a la ley de outsourcing tiene como objetivo reducir estas distorsiones que afectan a los trabajadores. Es falso que la ley “prohíbe” el outsourcing por completo. En realidad, la posible modificación a ley permite que siga existiendo esta modalidad, pero sólo para actividades que no son esenciales para la empresa, como en el ejemplo de la industria armadora de automóviles; seguirá siendo perfectamente legal que contrate servicio de comedor y limpieza. Lo que no se va a permitir es que las empresas muevan toda su nómina a otra empresa para evadir sus responsabilidades como patrón.

Finalmente, quiero cerrar hablando del argumento que esgrimen algunos actores del sector empresarial. Si México regula el outsourcing “se perderá competitividad”. Tenemos que dejar de pensar en que nuestro país es una economía que para ser competitiva tiene que pagar salarios muy bajos, no se pueden respetar derechos laborales, no puede haber vacaciones, no debe haber aguinaldos, etc. El mundo ya cambió y nuestro país no puede seguir argumentando lo mismo que hace 30 años. Es verdad que regular el outsourcing incrementará los costos laborales, pero lo mismo ocurrió cuando se prohibió el trabajo infantil. Las empresas de aquellos tiempos también argumentaron que perderían competitividad por el incremento en sus costos. No siempre se trata de costos, a veces se trata de justicia, solidaridad y una vida digna para todos y todas.

Con información vía El Financiero (Luis Felipe Munguía, Presidente CONASAMI)

Revisan condiciones de los repartidores a través de apps

La mayoría de los ciclistas de la ciudad son repartidores, reveló el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, en días recientes a este diario. Ello habla del incremento exponencial de estos trabajadores a través de apps, pero también de su situación laboral precaria, señalan legisladores y expertos, quienes plantean revisar esas condiciones.

¿Los repartidores son o no son trabajadores de la empresa? Por ejemplo, el caso de Uber ha sido muy controversial: Uber se reconoce únicamente como empresa prestadora de un servicio de aplicación, pero no reconoce a los que trabajan para la aplicación como sus empleados”, señala la doctora María Xelhuantzi López, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien lleva 40 años investigando sobre derechos laborales.

Sin embargo, al menos dos países europeos han logrado que las empresas de aplicaciones ya los reconozcan como sus empleados.

El 16 de marzo, el Ministerio del Trabajo en Reino Unido emitió un comunicado en el que se establece que quienes laboran para Uber son reconocidos como sus trabajadores.

En tanto, el pasado 11 de marzo, el gobierno de España y las plataformas de reparto de bienes lograron negociar un acuerdo mediante el cual “los repartidores de las plataformas son asalariados y no (trabajadores) autónomos”.

Ahora el acuerdo será plasmado en un real decreto que entrará en vigor dentro de tres meses y será obligatorio para empresas como Uber Eats, Amazon y otras.

El decreto incluirá la obligación de las plataformas de reparto de informar a los sindicatos de los trabajadores cuáles son “los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial” que inciden en sus condiciones de trabajo, el acceso al empleo y el mantenimiento del mismo.

En la ciudad, en un sondeo con repartidores, Xelhuantzi López encontró que “en promedio ganan 260 pesos diarios (poco más del salario mínimo).

Sin embargo, “uno de los temas que más les aflige son los accidentes en la calle, pues no tienen seguro médico, y la otra cuestión es que si se les descompone la bicicleta ellos deben pagar la reparación, no cuentan con el apoyo de la empresa”.

Sobre si la capital y el país mismo deberían seguir la ruta de Europa, el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño, consideró: “Sí, porque en México vamos al revés: vamos hacia la informalidad, hacia no tener seguridad social ni tener prestaciones y, al contrario, los países desarrollados están adelgazando las plataformas de trabajo informal y están fortaleciendo los esquemas formales de trabajo”.

Aunque asegura que la tarea está en el legislativo federal: “La Ley Federal del Trabajo tendría que reformarse y eso le corresponde a las cámara de Diputados y de Senadores, pero les tiembla la mano para imponer esos derechos; son valientes para otros temas, pero cuando les corresponde mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y cargar más responsabilidad a las empresas, allí no se avientan”.

Xelhuantzi López coincide en que el marco legal en materia de trabajo es anacrónico en México.

(El artículo 123 de la Constitución federal) “es muy obsoleto, fue hecho para los trabajadores industriales de fines del siglo XIX y no contempla los cambios en el trabajo, en particular en el sector servicios”.

La académica de la UNAM dice que se necesita “garantizarles a los repartidores el derecho a una negociación colectiva, para poder establecer ciertas condiciones de trabajo con los dueños de las plataformas”, e incluso se requiere una reforma al artículo 123 constitucional que les garantice a los repartidores poder negociar con Uber Eats, DiDi, Rappi o cualquier otra plataforma.

Soy partidaria de que puedan negociar sin necesidad de tener un sindicato, pues es tal el nivel de degradación de los sindicatos en México, que el primer obstáculo que tiene el trabajador es el propio sindicato. Son más un instrumento de control político que de defensa de los derechos”.

En muchos casos la negociación podría ser simplemente que los inscriban al Seguro Social, que si sufren un accidente de trabajo tengan garantizada la atención médica, así como las reparaciones de sus bicicletas, porque actualmente ellos pagan todo; tienen incluso que comprar la bolsa en la que reparten la comida”, dijo la académica.

José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada de Morena, señala que el Congreso de la Ciudad de México tendría que considerar regular la forma en la que operan las plataformas de entrega de productos.

Las aplicaciones tienen un impacto local y necesitamos analizar si es factible su regulación”, consideró.

Estamos en el último periodo (de sesiones) de la primera legislatura, y éste concluye en mayo. No nos dará tiempo de aprobar una iniciativa, pero quizá sí para empezar a proponer una”.

Margarita Saldaña, presidenta de la Mesa Directiva y presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso local, consideró que ese tipo de trabajadores podría acogerse a la iniciativa de ley de no asalariados, la cual está detenida.

Los repartidores entran en la categoría de no asalariados: no tienen salario fijo, dependen de cuántas entregas hagan, no tienen horario fijo y no tienen contrato”.

Una vez que tú te declaras no asalariado, te registras ante el gobierno de la ciudad y, de acuerdo al dictamen que ya elaboramos, tendrían el aval para acceder a prestaciones que tiene la ciudad o programas sociales; tendrían estatus de preferencia para acceder a créditos en el Invi, cierto estatus de preferencia para acceder a los servicios de salud, etcétera”, dijo la diputada.

Saldaña y Rodríguez coincidieron en la necesidad de destrabar en el Congreso local el tema y elaborar un dictamen final de Trabajo No Asalariado, el cual tome en cuenta las diferentes iniciativas.

Con información vía Excélsior

Acuerdos salariales y cambios en contratos se mantienen a un año de la pandemia en México

Mientras algunas organizaciones sindicales retoman las negociaciones de contratos colectivos de trabajo con sus empresas, y evalúan las decisiones que tomaron ante la pandemia de Covid-19 hace un año de que se confirmara el primer caso en México; otras mantienen los acuerdos que estipulan reducción en jornadas laborales, salarios o modificaciones en algunas prestaciones y cláusulas estipuladas en los acuerdos laborales.

El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, dijo en entrevista que todas las revisiones se han llevado a cabo, pero “se tomaron acuerdos con algunos patrones para que fuera hasta marzo de este año cuando se aplicarán los incrementos; en otros casos se mantiene al 60% de los trabajadores en sus casas, lo que implica sólo cubrir la seguridad social, son esos casos los que se revisarán, así como las prestaciones, pues hay sectores que todavía no se reactivan, como es el caso del turismo”.

Si bien las negociaciones salariales se han mantenido en 5%, es muy importante el comportamiento que han tenido los sindicatos, pues “no creo que se suba mucho el aumento. Afortunadamente el miedo que se tenía de que se pudieran disparar las negociaciones al haber aumentado el 15% del salario mínimo no sucedió, porque atinadamente se dividió en el porcentaje, y directo fue nada más el 6%; creo que eso ayudó. Los sindicatos están muy conscientes de que no hay la capacidad de dar más y hay una buena comunicación”, expuso el socio de la firma D&M Abogados, quienes representan a varias compañías nacionales y trasnacionales.

Asimismo, coincidieron los entrevistados en destacar que no habrá muchas huelgas derivado de que los sindicatos han comprendido claramente que no hay capacidad por ahora para negociar las cláusulas de los contratos a la alza.

Negociaciones colectivas mantuvieron poder adquisitivo

Durante todo el año se realizaron 6,010 revisiones salariales en la Jurisdicción Federal, que involucraron a 2,180,286 trabajadores, cifra menor en 12.48% respecto a la de 2019. En promedio se obtuvieron incrementos salariales de 4.7% en términos nominales y 0.92% en términos reales.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos más reciente “es importante recalcar que, a pesar de la actual crisis económica y la pérdida de empleos observada en 2020, los trabajadores involucrados en las negociaciones colectivas no vieron disminuido su poder adquisitivo, de hecho, en los dos últimos meses los salarios acordados retomaron su senda de recuperación observada el año pasado”.

Durante 2020 se realizaron 5,672 emplazamientos a huelga, 3,030 por revisión de contrato, 2,499 por revisión de salario y 143 por violación de contrato; la industria alimentaria concentra al 26.19% de los emplazamientos a huelga; seguida por la industria química con 19.58% y fabricación de equipo de transporte con 14.24 por ciento.

Con información vía El Economista

Por home office, 34% de las empresas en México reducirán espacio físico

Un 34 por ciento de las empresas en México reducirán su espacio físico de operaciones para este año, derivado de la crisis económica causada por la pandemia del covid-19, que ha obligado a las compañías a reducir o cancelar operaciones con sus empleados en sus espacios físicos, de acuerdo con una encuesta aplicada por la consultoría Vestiga.

Sergio Díaz, director general, comentó que las presiones que enfrentan las empresas por la pandemia y su desempeño económico no les están dejando opciones.

El directivo mencionó que entre las empresas que reducirán sus espacios físicos en 2021, el 41 por ciento lo hará hasta un 10 por ciento del total que hoy ocupa y un 31 por ciento hasta un cuarto del espacio total que usa.

Dijo que mucho dependerá del tamaño de las empresas, mientras solo 6 por ciento de las grandes reducirán sus espacios hasta un máximo de 10 por ciento, 55 por ciento de las chicas se compactarán físicamente hasta 33 por ciento.

Señaló que estos datos dan una idea del tamaño del desafío que enfrentará la industria inmobiliaria mexicana en lo concerniente a los espacios de venta y arrendamiento, para operaciones y administración de empresas, y no solo en el corto plazo, ya que “además de las difíciles circunstancias económicas que la crisis pandémica ha traído consigo, las nuevas prácticas como el llamado home office y la transformación digital de las empresas marcan una pauta clara que está llevando a un cambio profundo en el mercado, que está traduciéndose en una menor demanda estructural de espacios en el largo plazo”.

La encuesta fue aplicada vía teléfono entre directores generales de empresas del país, en el periodo del 5 al 22 de enero de 2021.

Vestiga Consultores identificó que las tendencias del mercado inmobiliario (renta/adquisición de espacios) para las empresas mexicanas se tornaron muy negativas: mientras en 2019 solo 4 por ciento de ellas disminuyeron sus espacios, el año pasado esa cifra alcanzó al 28 por ciento de las empresas. En ese sentido, solo 5 por ciento de las empresas aumentaron sus espacios físicos en 2020 frente al 16 por ciento que lo hizo el año anterior.

Con información vía MILENIO

Respalda la FSTSE que médicos cubanos vengan a apoyar al personal de salud

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), Joel Ayala Almeida, respaldó la decisión de invitar a médicos cubanos a apoyar al personal de salud en la batalla contra la pandemia del Covid-19 que libra México.

Dijo que son bienvenidos los especialistas extranjeros que de forma solidaria vienen al país, en esta etapa en que han aumentado los contagios de coronavirus en la Ciudad de México y otras entidades.

Representante de 1.6 millones de servidores públicos, resaltó que la presencia de los médicos cubanos es importante, porque el personal sanitario mexicano, “que ha laborado de forma intensa y heroica para atender a los infectados de Covid y salvar vidas,” están fatigados por los muchos meses de trabajo.

Recordó que, de entrada, hubo limitación de personal, ya que 35 por ciento del personal médico, enfermeras y paramédicos de la Secretaría de Salud, Issste e IMSS fueron confinados a sus casas por ser vulnerables al virus, debido a su edad o padecer enfermedades crónico degenerativas que los dejaban en fuerte riesgo frente al Covid-19.

Por ello, recalcó Ayala, se recibe “con beneplácito” el respaldo internacional para el sector salud, que se ha distinguido por su valor, eficiencia, tenacidad y el esfuerzo extraordinario que realiza, al estar en la primera fila de la batalla contra el coronavirus.

“Los médicos, enfermeras, paramédicos y la suma de todo el personal que se encuentra en cada centro de atención, y de los hospitales de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, cuentan con el aval de los sectores sociales que integran nuestro país,” resaltó.

Hizo notar que el trabajo agotador que desempeñan, sobre todo en esta última etapa, en que han aumentado los contagios y los hospitales están saturados, es obvio que conlleva fatiga y cansancio, y es reconfortante el apoyo de médicos calificados de otras naciones.

Expuso que son bien recibidos un grupo de especialistas de Cuba, que en primera instancia llegará a la Ciudad de México y se concentrará en las sedes médicas del Issste que atienden la pandemia.

Reconoció “la labor eficaz y de tiempo completo, exclusiva que con entrega total realiza la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para enfrentar la pandemia en la capital del país y área metropolitana”. Destacó el establecimiento de kioscos de la salud que se han multiplicado en la Ciudad de México, llevando a cabo múltiples pruebas Covid-19.

Con información vía La Jornada

Empleo en maquila mexicana, bajo la lupa de unión de sindicatos de EU

Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la organización sindical más grande de Estados Unidos, declaró que “es hora de terminar con la explotación y miseria de las maquiladoras en México” y una herramienta para hacerlo es el tratado comercial, T-MEC; esto luego de dar su respaldo total a la líder sindical Susana Prieto, quien ha demandado el pago de cuotas sindicales a la empresa Tridonex en Matamoros, Tamaulipas.

En un comunicado de prensa, Trumka pretende evidenciar que en Tamaulipas hay una violación constante a los derechos laborales y de la libertad de sindicalización; dijo “los trabajadores mexicanos deben ganar salarios decentes y ser capaces de ejercer sus derechos en el lugar de trabajo”, y agregó que el presidente electo Joe Biden está de acuerdo con los planteamientos de la AFL-CIO.

Los trabajadores de Tridonex, una subsidiaria de la empresa Cardone Industries basada en Philadelphia, manufacturan autopartes para el mercado estadounidense. De acuerdo con Trumka, Tridonex se ha negado a la solicitud lícita de los trabajadores de transferir sus cuotas sindicales al sindicato independiente. En su lugar, la empresa continúa apoyando al sindicato de protección. Tridonex ha despedido a más de 600 trabajadores que apoyan a SNITIS, sindicato que fue creado luego de que la protesta obrera en 2019 obligara a las maquiladoras en Matamoros a aumentar los salarios”.

“Los obreros de Tridonex sufren a manos de un líder sindical corrupto y criminal, protegido por la empresa para continuar precarizando su salario y condiciones generales de trabajo”, dijo la líder sindical Susana Prieto.

Consultados al respecto, Héctor de la Cruz, socio de la firma de abogados De la Vega & Martínez, comentó que la AFL-CIO debería someter sus quejas a las autoridades mexicanas, “existen mecanismos previstos en la Ley Federal del Trabajo y los mecanismos de respuesta rápida del T-MEC, mediante los cuales se podría resolver de manera legal la defensa de los derechos de los trabajadores”.

Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, dijo que “urge que el gobierno federal sea proactivo ante la conducta de las empresas que se oponen a la libertad sindical”, y destacó que en la Ley Federal del Trabajo se prevé en el Artículo 149 Ter. que se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días de multa a quien niegue o restrinja derechos laborales.

Con información vía El Economista

Covid-19 afecta más a mujeres en campo laboral

La pandemia de coronavirus acentúa la brecha salarial. El tercer trimestre del año mantuvo condiciones desventajosas para el género femenino, afirma un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Indica que entre marzo y abril, más de 5 millones de trabajadoras perdieron su empleo. Durante julio, agosto y septiembre, el número de mujeres que ganaban más de tres salarios mínimos representó casi la mitad de los hombres que percibieron este nivel de ingresos.

En contraste, la mayor proporción de mujeres ocupadas ganaban menos de dos salarios mínimos. Desde enero hasta septiembre, hay más mujeres con menores ingresos en comparación con aquellas que ganan más de este rango, detalla el reporte.

En el tercer trimestre de 2020, las mujeres en la informalidad ganaron 19% menos que los hombres. Por su parte, los ingresos de las trabajadoras en el sector formal fueron 13% menos que los trabajadores.

Los beneficios de la formalidad no solo son salariales, es la puerta de entrada para la seguridad social, que va desde atención médica, guarderías, ahorro para el retiro y prestaciones en caso de invalidez o fallecimiento.

Durante el primer trimestre, el porcentaje de mujeres formales (43 por ciento) fue menor al de mujeres informales (57%). En el segundo trimestre la distribución cambió. Las mujeres en la informalidad disminuyeron (50%) y las formales aumentaron (50 por ciento), encontrándose en proporciones iguales.

Esto pudo ser ocasionado por un mayor número de mujeres informales que salieron de la economía tras la reestructuración a causa de la pandemia.

En el tercer trimestre, la población regresó a la “normalidad”. Ahora, la proporción de mujeres en el sector informal (53%) es mayor al del formal (47%).

“Si bien, esta distribución no es óptima, es importante cuestionar por qué ocurrió. A pesar de que el sector informal carece de acceso a seguridad social, es posible que en un contexto cambiante como el de la pandemia, la falta de oportunidades para las mujeres las obliga a buscar otras opciones de empleo dada la falta de creación de trabajos formales”. El Imco concluye que las diferencias de ingresos son uno de los principales desafíos en la implementación de políticas para revertir las desigualdades. 

Con información vía Milenio

Despidos laborales en diciembre, usuales desde hace 20 años: CCE

Como parte de los argumentos presentados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al equipo negociador del gobierno federal, y que llevaron al acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a posponer para febrero el debate de la reforma en materia de outsourcing que impulsó el Ejecutivo Federal, este sector justificó que los despidos estacionales que se registran de manera usual en diciembre se han presentado al menos desde hace 20 años.

Afirmó que los recortes a final de año no corresponden a la subcontratación sino a la dinámica económica. Sin explicar los niveles de prestaciones promedio de los trabajadores bajo outsourcing en comparación con el resto, adujeron que todos los empleados subcontratados gozan de aguinaldo y derechos conforme a la ley, además de mantener antigüedad laboral.

De acuerdo con un reporte interno sobre los argumentos presentados en el marco de los acercamientos del sector empresarial con el gobierno federal, el CCE expuso que la estacionalidad del empleo formal en México es un “fenómeno histórico”, del cual hay registro al menos desde 1998 y que ocasiona que cada diciembre se pierdan 250 mil empleos formales.

Con información vía La Jornada

El outsourcing también ha impedido la defensa de trabajadores: magistrado

Las estrategias legales que han implementado en los últimos años las empresas de outsourcing han provocado que muy pocas demandas de trabajadores lleguen a las juntas de conciliación federal o locales, y en menor número aún a tribunales federales, explicó Héctor Arturo Mercado López, magistrado de circuito en materia de trabajo.

Recordó que el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo federal busca prohibir el outsourcing como forma de suministro de personal, es decir, que una empresa proporcione la mayoría de los trabajadores a otra, pero que la primera sea la que aparezca como patrón.

Esa circunstancia ha provocado que haya pocos juicios en tribunales, porque cuando una empresa que recibe los servicios de un trabajador contratado así no le gusta el trabajador, o éste protesta y quiere organizar un sindicato, simplemente lo regresa a la empresa que aparece como patrón, la cual de inmediato lo coloca en otra, con lo que logra que no demande, señaló en entrevista.

Las distintas subcontratistas han trabajado coordinadamente porque saben que de no hacerlo generalmente perderán el juicio y habría pronunciamiento de criterios que les complicaría su situación, agregó tras detallar que debido a sus estrategias legales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha tenido la oportunidad de pronunciarse y emitir jurisprudencias.

Dicho mecanismo, subrayó, ha generado una sobrexplotación brutal de millones de personas bajo un esquema que ha impedido la generación de sindicatos y les ha permitido eludir el reparto de utilidades para sus empleados.

Además, la empresa que aparece como el supuesto real patrón los inscribe ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con salarios menores a los que tienen en donde trabajan, con lo cual el trabajador se da cuenta de que sus cotizaciones son bajas y no recibirán las prestaciones que esperaban.

Este tipo de contratación también permite a los empresarios evadir impuestos, porque al no reconocer la existencia de su relación laboral, ellos no declaran los pagos.

Como parte de los pocos casos que han llegado, el magistrado de circuito del decimosexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito detalló que los trabajadores y sus defensores legales han referido la posible existencia de listas negras entre las outsourceras, ya que si una persona demanda legalmente, el resto de los corporativos de este tipo les cierran las puertas.

Héctor Arturo Mercado López respaldó la prohibición de la figura de outsourcing avalada por la reforma laboral de 2012, aunque apuntó que la subcontratación de un servicio específico dentro de otra industria sí es legal y no así que una empresa suministre trabajadores a otra.

Información vía La Jornada

Autoempleo, la alternativa de miles para volver a generar ingresos

El trabajo independiente se ha convertido en la alternativa laboral para muchas personas que han perdido su empleo a raíz de la pandemia. Este renglón de la ocupación es el único que presenta ya cifras superiores a las observadas antes de la pandemia.

El Inegi reportó que el número de trabajadores por cuenta propia fue de 12.4 millones de personas en octubre, un aumento de 3% respecto a lo reportado en marzo, es decir, 357,700 personas más que antes de que iniciara el cierre de actividades económicas por la emergencia sanitaria del Covid-19. Los asalariados y los empleadores todavía están 6.8 y 22.4%, respectivamente, por debajo de lo reportado antes de la crisis.

Los trabajadores independientes pasaron de representar 22.7 a 23.4% de la fuerza laboral entre septiembre y octubre, la única de las posiciones en la ocupación con un avance mensual. Incluso, el nivel actual está por arriba de lo observado hace un año (23.1 por ciento).

El otro renglón que se encuentra actualmente en niveles superiores a los observados en marzo pasado fue el de los trabajadores que no reciben una remuneración salarial. En esta condición se encuentran actualmente 2.2 millones de personas, lo que equivale a un aumento de 6.5% respecto del nivel observado al cierre del tercer trimestre del año anterior.

Por nivel de salarios, el grupo que más creció en octubre fue el de los trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos. “Estos sigue siendo una fuente de preocupación sobre el dinamismo de la demanda agregada hacia adelante, ya que sugiere menores niveles de la masa salarial”, afirmó Juan Carlos Alderete, director de Análisis Económico de Banorte.

Con información vía El Economista