México tendrá la tabla de enfermedades de trabajo más completa de Latinoamérica

Después de 52 años sin cambios, la tabla de enfermedades de trabajo en México reconocerá nuevos padecimientos laborales. Pero la modificación no sólo incluirá la incorporación de 88 nuevas patologías, también se anexará información para un mejor diagnóstico, incluyendo una ficha técnica de cada enfermedad. Con esto, nuestro país tendrá el instrumento más avanzado en Latinoamérica.

“En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo quedará la tabla de enfermedades, en el 513 Bis que estamos proponiendo se anexará la tabla de valuaciones que se dejó fuera de la ley con la última modificación legal que se realizó”, expresó Cointa Lagunes Cruz, directora de Normalización de Seguridad y Salud Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en entrevista con El Economista.

El proyecto que trabajó la dependencia en conjunto con especialistas públicos y privados prevé que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publiquen las cédulas de cada padecimiento laboral, las cuales contendrán la descripción de la enfermedad, los trabajadores y ocupaciones a las que afecta y los exámenes de laboratorio para su diagnóstico.

“Es para que el médico del trabajo tenga más elementos para hacer su valoración. Esto es único en América Latina, son más de 1,000 páginas, por eso no las podemos publicar con la tabla en la Ley. Por eso, lo que se acordó es que las tablas van a la Ley Federal del Trabajo y las cédulas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para hacerlo vinculante”, detallo.

Además de los instrumentos para el diagnóstico y la valuación de las enfermedades de trabajo, la propuesta contempla establecer en la LFT la obligación de las autoridades de revisar la tabla de enfermedades cada cinco años. De lo contrario, afirmó Cointa Lagunes, pueden “pasar 50 o 100 años” sin que se actualice la lista de padecimientos laborales porque no existe el mandato legal.

“Actualmente no existe la obligación. Está abierto para cuando se quiera hacer y para cuando haya el ánimo… y el ánimo vino 52 años después”, puntualizó.

El proyecto será enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su análisis y armonizará la lista de padecimientos laborales con la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entre otras patologías, reconoce al burnout como enfermedad de trabajo.

“En general, el beneficio al actualizar la tabla de enfermedades también se actualiza la valuación o la calificación que se le da tanto a las secuelas de una enfermedad como a un accidente de trabajo”, apuntó la funcionaria federal.

Con la modificación de la tabla de enfermedades, expuso, tanto los médicos como las personas trabajadoras tendrán más certeza en el diagnóstico y las incapacidades por un padecimiento laboral, pues hasta ahora los profesionales en salud ocupacional califican los riesgos que no están contemplados textualmente en la LFT con base en similitudes, es decir, con patologías que sí están establecidas en el marco regulatorio.

¿Qué hay de nuevo?

En caso de aprobarse el proyecto, la tabla de enfermedades pasará de contemplar 161 a 194 patologías vinculadas con las actividades laborales. La clasificación de enfermedades infecciosas y parasitarias (donde se encuentra la Covid-19), y cánceres de origen laboral son los grupos que abarcan a poco más de la mitad de las nuevas enfermedades que se incorporarán a la LFT.

“Un aspecto muy importante es el de los cánceres de origen laboral; de cuatro que había definidos avanzamos a 26 nuevos. Con esto tendremos 30 cánceres de origen laboral, sobre todo los que derivan de la exposición a sustancias químicas. Por ejemplo, a los mineros que están expuestos a este tipo de contaminantes les ha provocado a su salud problemas como la neumoconiosis. Otro cáncer de origen laboral es el mesotelioma”, explicó.

Entre otras modificaciones destacadas se encuentra la incorporación de la ansiedad y el burnout, también llamado síndrome de desgaste ocupacional, como enfermedades laborales. Paradójicamente, el estrés laboral era reconocido por el Estado como una consecuencia de malos ambientes de trabajo a través de la NOM-035 de factores de riesgo psicosocial, pero no estaba considerado como una padecimiento en la Ley Federal del Trabajo.

“De las enfermedades que tienen que ver con los trastornos mentales, de una que estaba definida estamos agregando tres más, entre ellos el burnout y la ansiedad, que es sumamente importante en el mundo del trabajo y que no estaba reconocida como tal”, indicó la funcionaria.

Otro avance importante es la incorporación de algunas enfermedades de la mujer como la endometriosis o la pérdida del embarazo. Esto último, detalló, se puede dar “en el caso de la exposición de trabajadoras a sustancias teratogénicas que pueden provocar afectaciones al producto o causar infertilidad femenina. Son trabajadoras expuestas a radiaciones ionizantes, que se exponen a rayos x, radioterapias, plantas de producción de isótopos radioactivos y otras fuentes de emisión de radiaciones gama”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Sindicatos minoritarios enfrentan largo camino para ganarle terreno al charrismo

El triunfo de Ricardo Aldana para dirigir el sindicato petrolero ha decepcionado a quienes esperaban que la reforma laboral, por sí sola, expulsara a líderes corruptos. Pero, contrario a lo que señalan las afirmaciones agoreras, “esto apenas es el principio de un largo proceso hacia la democracia sindical”. Eso sí, se necesitará de una fuerte disidencia respaldada por otra serie de cambios legales, opinan especialistas.

Quienes dicen que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2019 no sirvieron para nada porque ganó Aldana, “están juzgando a priori. La reforma laboral aún no termina de cuajar porque es muy profunda”, considera Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Para mí la única salida es la del sindicato minoritario”, opina la diputada federal Susana Prieto Terrazas (Morena). “No hay otra forma de vencerlos que impulsando el sindicalismo minoritario, que sea libre, independiente y democrático”. Hay que fortalecer a las pequeñas organizaciones “para encarar a uno de la magnitud, por ejemplo, del sindicato de Pemex”.

En el caso de Pemex, existen dos organizaciones minoritarias y de no más de ocho años de creación, el Sindicato Petroleros de México (Petromex) y el Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNEPE-PM-SF).

El lunes, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), creado en 1935, eligió a quien ocupará la secretaría general de su Comité Ejecutivo General. El priista Ricardo Aldana, involucrado en el Pemexgate y tesorero del anterior líder, Carlos Romero Deschamps, obtuvo la amplia mayoría. Con casi 45,000 votos, dejó muy lejos a la senadora Cecilia Sánchez, quien quedó en segundo lugar con 4,116 votos.

La gran relevancia de los comicios radica en diferentes puntos. Se trata del sindicato de una de las empresas más importantes del Estado para la economía del país, pero también en cuanto a soberanía energética.

Es uno de los más grandes, con más de 89,000 personas afiliadas, pero que nunca había elegido de manera directa a su dirigencia, los delegados seccionales, casi siempre afines a al comité nacional, eran quienes votaban. La reforma laboral les obligó a que el voto sea libre, directo y secreto.

La corrupción ha sido un sello de las administraciones sindicales, también del control de los gobiernos priistas. El actual comité directivo lo encabezaba Carlos Romero Deschamps, pero al ser investigado por lavado de dinero por la Fiscalía General de la República (FGR), decidió renunciar después de casi 30 años de tener el poder. Ricardo Aldana es el actual tesorero, cargo en el que también lleva años.

Y en este sindicato se estrenó el método de votación digital. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) creó el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), el cual puso a disposición del STPRM, para que las personas, previo registro, emitieran su voto desde un celular o computadora el mismo día.

Denuncias de intimidación

“La reforma a la LFT nos va conduciendo a la digitalización de los derechos laborales”, apunta el doctor en Derecho Enrique Larios. El sistema electrónico de votación, “sin precedentes”, es una gran herramienta, considera la diputada Susana Prieto, “los resultados son otra cosa porque los sindicatos blancos y los líderes charros llevan un paso adelante”.

La legisladora recibió denuncias de trabajadores a quienes “les pidieron que fueran a votar por ese candidato (Aldana) y tenían que mandar una captura de pantalla para demostrar el sentido de su voto. Era lógico que iba a ganar porque es el operador financiero” de Romero Deschamps.

“Recibí quejas de trabajadores directamente denunciando esto. Muchos medios entrevistaron a trabajadores, pero ellos estaban no instruidos, sino domesticados” para no señalar públicamente la intimidación, puntualiza la legisladora.

Según la STPS “las elecciones se caracterizaron por un alto porcentaje de participación. Un total de 63,700 trabajadores emitieron su voto, que corresponde al 88% de los trabajadores registrados en la plataforma Sirvolab, y un 73% del total de trabajadores sindicalizados”.

En este proceso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) “recibió 191 inconformidades: 77 antes de la jornada electoral y 114 durante el desarrollo de la misma”, de acuerdo con el comunicado de la secretaría.

“En los siguientes días, el STPRM deberá solicitar al CFCRL la toma de nota de cambio de directiva”. El organismo analizará la solicitud y resolverá ese centenar de inconformidades. El fallo, calificando la elección, lo dará a conocer en un plazo no mayor a 10 días a partir de recibir la petición.

La piedra en el zapato

El escenario para cambiar de dirigencia estaba puesto, al menos en cuanto a lo que la ley respecta, dice Enrique Larios. “En los próximos días el CFCRL tendrá que resolver las impugnaciones y será otra prueba para la reforma laboral”.

Pero la amplia votación a favor de Aldana, según los resultados emitidos por el Comité Ejecutivo General, no es responsabilidad del gobierno federal. “Otras administraciones subestimaban a los trabajadores, creían que no podían pensar y eran manipulados por el jefe del Ejecutivo en turno, federal y estatales. Pero eso ha desaparecido”, destaca.

Sin embargo, considera, falta un largo camino por recorrer para que los trabajadores y las trabajadoras se alejen de una cultura en la que la corrupción de los líderes no es tan grave si su contrato colectivo de trabajo (CCT) les ofrece grandes beneficios. “Son procesos democráticos que los vemos incluso a nivel país”.

El personal de Pemex “tiene prestaciones inalcanzables para otros trabajadores y tuvieron miedo de perder todos esos privilegios”, dice Susana Prieto.

En 2019, la legisladora encabezó uno de los movimientos de huelga más grandes del país en las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas. De ahí surgió el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS), el cual asesora legalmente.

“Los trabajadores de los grandes sindicatos del gobierno federal y de sus organismos descentralizados están realmente presionados, intimidados de perder sus prestaciones si emiten un voto de manera contraria a los charros”, apunta.

El próximo 2 de marzo la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados llevará a cabo un foro sobre las iniciativas que la legisladora ha propuesto en materia de sindicatos minoritarios. “En la ley dice que pueden existir, pero si no tienen derechos, no tiene caso”. Una de sus propuestas es para que los sindicatos con menos afiliados también puedan negociar el CCT.

Esas pequeñas organizaciones, “serán la piedra en el zapato de las grandes corporaciones, organizando a los trabajadores a nivel piso, informándoles y explicándoles a qué tienen derecho. Nos queda un camino muy largo de recorrer, pero con la información tendrán el poder para liberarse”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

TENDENCIAS_ Flexiseguridad, el gran desafío para regular el trabajo en plataformas digitales

La reforma laboral en las plataformas digitales debe crear “un esquema de contratación flexible” para quienes se conectan pocas horas a la semana, propone el investigador Rodrigo García Reséndiz. En su estudio Plataformas millonarias y empleos precarios: Las empresas de redes de transporte en México, presenta una serie de recomendaciones para una legislación al respecto.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México más de 500,000 personas trabajan como repartidores o conductores a través de las empresas por aplicación y no tods lo hacen de tiempo completo, muchas las utilizan para completar sus ingresos. Según la investigación de García Reséndiz, para una tercera parte de los conductores y las conductoras de Uber en México lo que ganan ahí es su principal fuente de ingresos y la mitad tiene otro empleo.

En el Senado se han presentado cuatro iniciativas para reconocer y garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras ocupadas en las plataformas digitales. La primera fue de Joel Padilla (PT) en 2019; Juan Manuel Fócil (PRD) y Xóchitl Gálvez (PAN) presentaron otras dos en 2020. La más reciente fue de la senadora Lilia Valdez (Morena) en octubre 2021. En la Cámara de Diputados lo hizo Isaías González Cuevas (PRI) en marzo de 2021. Sin embargo, ninguna ha avanzado.

Esas propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) hablan de salarios, prestaciones, vacaciones, aguinaldo, seguridad social, derecho a la organización y protección e indemnización por despido injustificado.

El gobierno federal no se ha quedado al margen de esta situación. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, ha señalado en varios espacios que la dependencia analiza la manera en la que el empleo en la economía gig pueda ser regulado y protegido.

En tanto eso se logra, el año pasado el IMSS firmó un convenio con Beat, DiDi, Rappi y Uber “para difundir y promover” la inscripción voluntaria de choferes y repartidores en el programa piloto para personas trabajadoras independientes.

Pero para el académico, la reforma a la LFT no sólo debe incluir la seguridad social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, indemnización por despido injustificado, reparto de utilidades y horas extras, “el patrón deberá cumplir con las obligaciones que surjan con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)”. Y algo importante que todas las iniciativas han dejado fuera es la “flexiseguridad”, apunta en el documento publicado por la Fundación Friedrich Ebert en México.

Flexibilidad e independencia reales

El término “flexiseguridad” fue utilizado por primera vez en 1999 en los Países Bajos, al aprobar una ley para ofrecer “perspectivas de empleo permanente al cabo de dos años de contratación temporal a los trabajadores cedidos por agencias de empleo temporal”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Sin embargo, el sentido se ha ampliado hasta abarcar, de forma más general, todos los mecanismos del mercado de trabajo que ofrecen seguridad en el empleo a cambio de unas relaciones de empleo más flexibles”.

De acuerdo con el banco BBVA, la flexiseguridad es una estrategia para lograr mayor flexibilidad que beneficie a las empresas y a las personas trabajadoras, “incrementando la probabilidad de encontrar un empleo estable, asegurando una adecuada protección social para los trabajadores en una situación de transición”.

La reforma en México para reconocer los derechos laborales de quienes se emplean en la economía gig podría incorporar este concepto, apunta García Reséndiz en su reporte. “Que combine los derechos otorgados por la LFT y, asimismo, permita a miles de conductores de Empresas de Redes de Transporte en México (ERT) que actualmente se conectan a la aplicación pocas horas a la semana seguir haciéndolo pero con principios de seguridad con flexibilidad”.

Un nuevo modelo de protección laboral “podría ser deseable, tomando en cuenta que existe un porcentaje considerable de conductores que trabajan menos de 10 horas a la semana en búsqueda de un ingreso suplementario”.

Sin embargo, esa adaptabilidad a las formas no tradicionales de empleo “debe de ser analizada e implementada con reservas”. El esquema que se acuerde no debe poner en riesgo los derechos laborales, tiene que anteponer a las personas trabajadoras “y no a las compañías”. Una forma de implementar la flexiseguridad es que las conductoras y los conductores paguen su parte correspondiente de las cuotas de seguridad social en vez de pagar IVA o ISR, propone.

Bien implementada, la flexiseguridad “podría suscitar que finalmente los conductores cosechen los beneficios de la libertad e independencia que tanto prometieron las ERTs pero que, desafortunadamente para cientos de miles de conductores, nunca llegaron”.

El investigador también destaca que el reconocimiento de las personas como trabajadoras digitales menguaría la atomización que les impide sindicalizarse “para lograr mejores condiciones laborales colectivamente sin temor a represalias, como la desconexión de la plataforma”. Finalmente, indica que es necesario “incrementar los controles de contratación y seguridad entre los conductores en beneficio de los usuarios”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Proponen que licencia de paternidad a trabajadores sea de 12 semanas

Aumentar de cinco días a doce semanas la licencia laboral por paternidad de trabajadores, propuso diputada tamaulipeca en San Lázaro, de acuerdo con la gaceta parlamentaria.

Mediante una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo se expone que esta prestación sería de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en casos de adopción de infantes.

De acuerdo con el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en México se concede esta licencia por cinco días actualmente, para atender a la madre y al recién nacido, pero la legisladora federal Claudia Hernández Sáenz considera es muy poco el tiempo.

Y es que, afirma, las investigaciones indican una relación entre la licencia del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares y el desarrollo infantil.

“Hay datos que demuestran que la actuación del padre en los días siguientes al nacimiento tiene efectos positivos en el desarrollo y la salud de la criatura”.

En la exposición de motivos, la diputada federal por Reynosa sostiene que la licencia de paternidad también beneficia a las empresas. Considera que brindar fórmulas de trabajo flexible y apoyo a las actividades relacionadas con el cuidado de los hijos puede animar a los nuevos padres a mantenerse en la fuerza de trabajo sin descuidar sus responsabilidades parentales.

“Hay opciones que permiten a las empresas retener empleadas y reducir la rotación de personal en caso de maternidad o paternidad; por ejemplo, horas de trabajo flexibles, semanas laborales comprimidas, trabajo a tiempo parcial y teletrabajo”.

El beneficio se otorgaría a solicitud expresa del trabajador, previa acreditación de la relación conyugal o de concubinato, así como autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda a la pareja.

Por lo que respecta a la licencia de maternidad, se propone mantenerla homologada con los hombres para quedar en igualdad de circunstancias.

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Tras reforma a ley de subcontratación, 962 mil empleos permanentes más

Hasta el pasado 9 de noviembre en el país se habían creado 962 mil empleos permanentes debido a la reforma legislativa que regula la subcontratación laboral y la recuperación económica del país, indicó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Desde esa fecha el número de plazas laborales ascendió a 20.7 millones, lo que representa una diferencia de 1.9 millones para alcanzar los niveles que se tenían antes de la pandemia.

En tanto, en el reporte económico trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre, destacó que la economía del país y el mercado laboral están en recuperación, luego de que el producto interno bruto (PIB) registrara un crecimiento de 4.7 por ciento.

El instituto consideró que esto se encuentra asociado con los efectos positivos de la reapertura económica que han beneficiado, sobre todo, el alojamiento temporal y la preparación de alimentos y bebidas, así como en el comercio al mayoreo, actividades que aumentaron, en promedio, 67.4 por ciento y 10.9, respectivamente, en su comparación anual.

También indicó que la confianza del consumidor sigue su tendencia a la alza, por lo que ha subido al mes 0.1 puntos y con un acumulado anual de 5.9, al ubicarse –tanto en la situación económica del país y del hogar para los próximos 12 meses– por encima de las 50 unidades.

Con relación al mercado hipotecario, el Infonavit mencionó que entre enero y agosto de este año se observó una colocación de 666 mil 800 mil créditos, lo que significa 16.7 por ciento más respecto al mismo periodo del año pasado.

Agregó que esto también corresponde a la reducción en las tasas de interés, tanto en la banca comercial como del instituto. Desde junio, el organismo otorga préstamos para la adquisición de vivienda con una tasa diferencia por nivel salarial que va de 1.91 a 10.45 por ciento.

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CDMX: alistan reformas para frenar abusos a repartidores

El secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, aseguró que el diagnóstico sobre la situación laboral de los repartidores de plataformas digitales servirá de base para impulsar reformas a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de regular esta actividad en la que las empresas obtienen ganancias millonarias, pero sus empleados viven en la precarización sin derecho a un salario.

En entrevista, indicó que desde el ámbito del Ejecutivo local también se elabora una propuesta de política social de apoyo a este sector a fin de mitigar las condiciones en las que se encuentran, “ya sea a través de una acción o programa social que estaremos presentado a principios del próximo año”.

Señaló que se dialoga con organizaciones de repartidores por aplicación digital con las que, en principio, se busca intervenir en el tema de agresiones de carácter sexual que enfrentan las mujeres, pues es una queja recurrente en las reuniones.

Agregó que el análisis del Consejo Económico, Social y Ambiental es un primer paso para hacer visible la precarización de esta actividad y en buscar una reforma en materia laboral a fin de que sean reconocidos como trabajadores y tengan los derechos básicos.

En el Congreso capitalino, la diputada Marcela Fuente, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales, estimó que en marzo estará lista una iniciativa que regule las condiciones laborales de los repartidores para empezar un proceso de parlamento abierto que permita promover ante el Legislativo federal un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

En entrevista, explicó que además deberá preverse una ruta jurídica que haga frente a la oposición que pudieran presentar las empresas, como ocurrió con las modificaciones en materia de subcontratación.

Para el diputado Jorge Gaviño, del PRD, también integrante de la Comisión de Asuntos Laborales, en las condiciones que se desempeñan las personas repartidoras hay claras violaciones a la ley que las autoridades federales y locales deben exigir a las empresas que subsanen, para empezar, la firma de contratos que los reconozcan como trabajadores y no bajo la figura de socio colaborador.

Sostuvo que, además de las prestaciones de seguridad social, sobre todo servicios médicos, las compañías deben darles un seguro por riesgos de trabajo y equipo como cascos, chalecos, mochilas térmicas, así como capacitación, porque hay quienes empiezan sin haber conducido antes una motocicleta.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

No hubo prórroga: La reforma contra el outsourcing entra en vigor

La reforma contra de la subcontratación laboral u “outsourcing” entró en vigor este miércoles como una promesa de justicia laboral del gobierno a pesar del reclamo de cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos.

Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12% su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el REPSE (Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas)”, avisó la secretaria en sus redes esta semana.

La reforma ‘antineoliberal’ del outsourcing

El gobierno promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el “outsourcing”, que considera herencia del “periodo neoliberal”.

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.

Aunque de la modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador la tachó de “abusiva” y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6,000 empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.

Además, el “outsourcing” le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibir 773 millones de pesos al año, aseveró este lunes su director, Zoé Robledo.

Choque con los empresarios

La medida del gobierno despertó choques iniciales con los empresarios, quienes en un inicio alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleos en un momento en el que la crisis de Covid-19 había desaparecido más de 1 millón de puestos formales.

Algunas cámaras empresariales llegaron a un acuerdo con el gobierno en abril pasado y el Congreso concedió una prórroga para la entrada en vigor de la reforma al outsourcing de un mes para la fecha límite original, el 1 de agosto.

Pero ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que 56% de las compañías no han podido registrarse en el REPSE, por lo que denunció que la prórroga es insuficiente.

“Implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal”, sostuvo en un comunicado.

Pese a las críticas, la secretaria del Trabajo ha defendido que “antes de lo pronosticado, México ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia”.

Mientras que el Banco de México (Banxico) elevó el martes su pronóstico de creación de empleos formales para 2021 a un rango de 640,000 a 840,000 nuevos puestos registrados en el IMSS, frente a una proyección anterior de 370,000 a 570,000.

Incluso, el BBVA compartió un análisis en el que aseveró que la “eliminación del ‘outsourcing’ permite recuperar y superar niveles de empleo permanente previos a la pandemia”.

“El salario nominal tuvo un crecimiento 7.5% año contra año y 0.5% mes contra mes (en julio), por lo tanto, los ajustes derivados por la eliminación del ‘outsourcing’ hasta el momento no han tenido impacto negativo a nivel salarial en términos agregados”, aseguró.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN

Juez otorga suspensión a empresa de EU que impugnó reforma al outsourcing

Una jueza federal otorgó la primera suspensión provisional contra la reforma en materia de subcontratación laboral, también llamada outsourcing, medida cautelar que beneficiará por el momento a una empresa de Estados Unidos.

María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo con sede en Nuevo León, otorgó la suspensión a la compañía Mary Kay, la cual impugnó la reforma que regula el outsourcing.

La empresa podrá, por el momento, continuar con la subcontratación con las reglas vigentes antes de la reforma.

La compañía solicitó la suspensión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, Ley Reglamentaria de la fracción XII Bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución, en materia de Subcontratación Laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año.

Así como el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, publicada el pasado 24 de mayo.

La juzgadora señaló en su resolución que, del examen somero y acercamiento superficial del Decreto reclamado de inconstitucional, “se observa que en su artículo primero transitorio efectivamente contiene diferentes momentos para que entre en vigor el decreto, lo que de suyo implica que para los quejosos entrará en vigor en un momento y para otras personas, en otro”.

Lo anterior, explicó, pudiera contravenir los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal.

“Igualmente, se estima existe peligro en la demora, ante los daños de difícil e incluso de imposible reparación que ocasionaría, de ejecutarse las consecuencias y efectos jurídicos de las disposiciones normativas reclamadas, ya que de permitir la aplicación de éstas se privaría a las empresas quejosas del tiempo necesario para cumplir con los requisitos y obligaciones que la normativa impugnada contiene”, apuntó.

La empresa promovió el amparo el 7 de junio.

A partir de la entrada en vigor del Decreto, se fijó un plazo de 30 días a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para expedir las disposiciones de carácter general del registro que alimentará un padrón en el que se darán de alta las empresas subcontratistas.

Por su parte, las compañías tienen 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de outsourcing e insourcing.

La jueza fijó para el próximo 18 de junio la celebración de la audiencia donde determinará si otorga o no la suspensión definitiva.

Decenas de empresas han promovido amparos contra la reforma, pero otros jueces han señalado incompetencia por razón de materia y los han enviado a los de trabajo.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO