El ABC del aspecto fiscal de la reforma en materia de outsourcing

A partir del 1 de agosto de este año inicia su vigencia en el aspecto fiscal, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de subcontratación de personal- lo que se conoce como outsourcing- y dejarán de producir efectos fiscales de deducción y acreditación para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado, respectivamente, salvo los servicios especializados de ejecución de obras especializadas.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), informa que para generar certeza jurídica a los pagadores de impuestos, resulta importante distinguir, los conceptos de la subcontratación de personal, de servicios especializados y de los servicios independientes.

Así, el Ombudsperson Fiscal explica que la subcontratación de personal es cuando una persona física o moral denominada ‘contratista’, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra conocida como ‘contratante’.

Precisa que para la existencia de la subcontratación de personal se requieren 4 elementos esenciales: La persona que cuenta con trabajadores propios (contratista); los trabajadores propios; la persona que se beneficia de los trabajadores (contratante) y que el contratista proporcione o ponga a su disposición a sus trabajadores.

Y como ejemplo señala que una persona moral (contratista) que se dedica a prestar servicios de instalaciones eléctricas, pone a disposición de otra persona moral (contratante) que instala equipo de iluminación, 15 trabajadores para realizar funciones de mantenimiento eléctrico bajo la dependencia de esta última.

Sobre los servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, detalla que son aquellas que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista, que aportan valor agregado al beneficiario.

Y al no ser la actividad de su objeto social ni de su actividad económica preponderante, en cuyo caso, se requiere contar con estos elementos:

Trabajadores dependientes del contratista; éste deberá de proporcionar o poner a disposición trabajadores que se encuentren bajo su dependencia a favor del beneficiario o contratante. Además, la contratista deberá contar con el registro del Padrón público ante la STPS.

Y deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar así como el número aproximado de trabajadores que estarán involucrados.

Para acreditar el carácter especializado, dependiendo del servicio u obra, el contratista deberá contar con información y documentación relacionada con la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia en el servicio.

Los servicios y ejecución de obra especializada deberán ser de carácter excepcional.

Precisa el ombudsperson fiscal que se consideran servicios o ejecución de obras especializadas, los que se realicen con trabajadores del contratista en las instalaciones del beneficiario.

En cuanto a los servicios independientes, refiere que son las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar en favor de otra, ya sea por sí misma o por conducto de sus trabajadores, la cual requiere de dos componentes esenciales:

La realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista y elementos adicionales al capital humano, tales como materiales y herramientas de trabajo, sin que del recurso humano se desprenda una dependencia al contratante.

Cita un ejemplo: una persona moral que vende equipos electrónicos, contrata los servicios profesionales de una persona física para que elabore un dictamen de estados financieros, incluso cuando las actividades se realicen con personal del prestador de servicios.

En conclusión: la distinción entre la contratación de un servicio independiente y la subcontratación de servicios especializados, será la dependencia de los trabajadores que comparta el contratista con el beneficiario a través del acto de proporcionar o poner a disposición a los trabajadores.

Y esto dependerá de las obligaciones contractuales que se establezcan para proporcionar el servicio o la ejecución de la obra.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

La reforma al outsourcing puede estar para el primer día de mayo: especialistas

En los diferentes escenarios sobre la regulación en materia de subcontratación se prevé que el primero de mayo sea la fecha objetivo del gobierno federal para anunciar las nuevas reglas, y si bien no se conoce el contenido del dictamen, sí se conocen las metas principales que pretenden incorporar a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas, prohibir la subcontratación de personal, es decir que se ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa.

Así lo concluyen especialistas laborales en materia laboral y fiscal en el Seminario “Retos Laborales 2021” en donde se expusieron los riesgos patronales si no se toman medidas desde ahora al interior de las empresas, pues podrían derivar multas y costos que perjudiquen las inversiones de las organizaciones.

Mantener la subcontratación como se viene haciendo puede derivar en un impacto fiscal en tres sentidos: “si se terceriza personal puede considerarse al patrón como defraudador fiscal; si te pusiste de acuerdo con alguien aplicar este esquema, no solo eres defraudador, sino puede determinarse como delincuencia organizada; y el impacto económico que esto puede es que si se paga a un subcontratista no se puede deducir y entonces no se acredita el IVA”, expuso Jaime Rojas de la consultoría y cumplimiento fiscal de la firma Skatt México.

No obstante, los especialistas consideraron que en México se debe privilegiar el modelo de negocios “a pesar de la complejidad que se ha generado es posible identificar los riesgos y segregarlos. Creo que sí podríamos transitar para poder aliviar los efectos negativos”.

Sostuvo Rojas que México vive momentos complicados por la posición del gobierno y las intenciones que hay detrás de ello, “si se aprueba una reforma como esta, quizá sea más por la composición del Congreso, y no porque atienda las verdaderas necesidades y finalidad que haya atrás”.

Con información vía El Economista

Reforma a redes sociales, a consulta de expertos

A fin de enriquecer y mejorar su propuesta para regular las redes sociales, Ricardo Monreal convocó a expertos, académicos, especialistas y usuarios a someter a análisis su iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que no presentará su proyecto de manera formal, sino hasta que los interesados hayan opinado.

“No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión, sin ningún recurso de defensa. Ahí está situada nuestra iniciativa”, estableció.

A través de un videomensaje que publicó en redes sociales, el senador zacatecano informó que se reunió “con administradores y directivos en México de las redes sociales, y hemos hecho un compromiso de escucharlos y de intentar mejorar la iniciativa que presentaré, pero no abandonaré y no quitaré el dedo del renglón para (lograr) el propósito principal planteado”.

Su propuesta, defendió Monreal, no pretende cercenar, obstaculizar o censurar, como se ha afirmado, de manera equivocada, por gente que no conoce el “propósito principal”.

Desde su punto de vista, el Estado debe generar condiciones para proteger la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, y no mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente al poderío de las redes sociales y plataformas digitales que debe ser regulado.

Un ente privado, como son las empresas de redes sociales y plataformas, dijo, debe estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de tecnologías de la información.

Con información vía El Economista

En vigor, ley sobre teletrabajo; la Federación debe publicar la NOM

la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, se inicia un periodo de 18 meses que tendrá la autoridad federal para emitir la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente, en la que regule las nuevas disposiciones establecidas en la legislación.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó que la reforma legal que entró en vigor ayer establece nuevas obligaciones, tanto para empleadores como para los trabajadores. Las condiciones del teletrabajo, también conocido como home office, deben establecerse en un convenio por escrito, pactado por las partes.

Subrayó que debe contar con un principio de reversibilidad, por medio del cual se establezca la posibilidad para que el trabajador pueda solicitar el regreso a una modalidad presencial si considera que no es conveniente el trabajo a distancia. Al igual que las empresas, los trabajadores asumen responsabilidades como un mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón.

Mientras los empleadores deberán asumir los costos derivados del trabajo, lo cual puede incluir el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, los trabajadores deben informar con oportunidad sobre los costos pactados.

Los patrones deben proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios, además de implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras; en tanto que empleados tienen que atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. La dependencia recalcó que la legislación exige el respeto de derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral.

Con información vía La Jornada

Aprueba el Senado el uso lúdico de la mariguana

En votación dividida, incluso entre legisladores del mismo grupo parlamentario, el Senado aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; fue turnado a la Cámara de Diputados para su ratificación.

El Senado dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar en la materia, tras considerar que su prohibición transgredía el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que avaló la regulación de cultivo, producción, distribución, venta y consumo para uso lúdico y el consumo personal de hasta 28 gramos.

La propuesta tiene como eje rector promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, fomentar la paz y la seguridad, contribuyendo en la disminución del mercado ilegal y, con ello, del crimen organizado, corrupción y violencia, aplicando también el reforzamiento de políticas y medidas de prevención, intervención oportuna, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación y reinserción social.

Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que la despenalización “tiene gran potencial para el país, pues con su prohibición se ha prohibido el cáñamo, el cual puede tener gran potencial”.

Movimiento Ciudadano colocó en los escaños relojes verdes con la leyenda “Llego la Hora de Regular”, pero fueron retirados por los panistas. Por parte de Morena y sus aliados, así como del PRD, había carteles que decían “No a la criminalización. Sí a la libertad”.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, destacó que si la ley estuviera vigente pueden quedar libres quienes hayan sido detenidos por portar hasta 200 gramos.

Al fijar la posición del PRD, su coordinador Miguel Ángel Mancera dijo que “se han escuchado las exigencias como la eliminación de los antecedentes penales, que no se permitiera el registro del domicilio para consumo personal y se facilitara a los campesinos participar en la cadena de producción”.

El líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confió en que la regulación sea para recuperar la paz “o no será”. La propuesta fue respaldada por sus compañeros Juan Zepeda y Verónica Delgadillo, así como por el priista Manuel Añorve, Mario Zamora y Claudia Ruiz Massieu.

El senador panista Damián Zepeda se manifestó en contra y señaló que “no es el México que queremos para nuestros hijos”; sin embargo, la senadora del PT Nancy de la Sierra respondió que “la formación de nuestros hijos depende de nosotros; estamos para legislar por los derechos de los mexicanos, no a capricho de uno”.

Una de las promotoras, Jesusa Rodríguez, cuestionó que se limite el número de plantas en las viviendas y no el número de botellas de alcohol en las casas.

Con información vía Milenio