Banco de ADN y Ley Olimpia, las acciones a favor de las mujeres en CdMx

En los últimos dos años, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado diversas iniciativas y reformas en combate a la violencia contra las mujeres, de las cuales, algunas continúan siendo exclusivas de la capital del país, mientras que otras escalaron a nivel nacional. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, te ofrecemos un recuento de las acciones a favor de las mujeres que se han realizado desde el 2019 en la Ciudad de México.m{1281345}

¿Cuáles son los avances a favor de las mujeres en CdMx?

Abogadas mujeres en Fiscalía General de CdMx 

En marzo del 2019, el gobierno de la Ciudad de México inició un programa para desplegar a 156 abogadas, en las 78 agencias del Ministerio Público de la capital del país, quienes están encargadas de asesorar y orientar jurídicamente a mujeres víctimas de violencia de género.

Las abogadas deben evaluar el nivel de violencia e identificar situaciones de alto riesgo y violencia feminicida.

Las alternativas de protección también están destinadas a niñas y adolescentes, además de integrar servicios asistenciales a todos los miembros de la familia. 

Ley Olimpia

La Ley Olimpia fue aprobada en 2019 y se originó a partir de una iniciativa impulsada por Olimpia Corale Melo, quien fue víctima de la divulgación de un video sexual y de acoso a través de redes sociales. 

Con la aprobación de la ley, se aplicaron reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que permiten sancionar la violencia digital, como videograbar, audiograbar, fotografiar, distribuir, publicar, exponer o compartir contenido sexual la divulgación de imágenes de contenido sexual, sin consentimiento de las personas involucradas.

Asimismo, se reconoció como delito el grooming, es decir, el contactar a través de medios digitales a una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho y le pida o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. 

Ambos delitos se sancionan con una pena de cuatro a seis años de prisión y una multa de entre 42 mil 245 y 84 mil 490 pesos; sin embargo, podrán agravarse en una mitad si la víctima es familiar del acusado o  había una relación sentimental o de confianza, educativa o laboral. 

Banco de ADN

En diciembre del 2019, el Congreso local también aprobó crear el Banco de Perfiles Genéticos de la Ciudad de México para Uso Forense del ADN, el cual tiene como objetivo registrar e identificar a los agresores de delitos como secuestro, violación, estupro y feminicidio.

El banco de ADN se creó a partir de una propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien inicialmente estableció que las bases de datos comenzarían con el registro de servidores públicos e integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, de seguridad privada, así como ella misma. 

No obstante, a pesar de su aprobación, los diputados capitalinos se opusieron a ser integrados al registro de ADN.

Actualmente, el banco lleva un avance del 70 por ciento y se han invertido en el proceso de construcción 90 millones de pesos. D e acuerdo con el dictamen del Congreso, debe concluirse antes del 31 de diciembre del 2022.

Registro de Agresores Sexuales Sentenciados

En marzo del 2020, se aprobó la creación de un Registro de Personas Agresoras Sexuales, con el propósito de recopilar la información de personas sentenciadas por delitos de carácter sexual, 

Es decir, las personas con sentencia ejecutoria o que ya agotaron sus recursos para defenderse por delitos de feminicidio, turismo sexual, trata de personas y conductas contra menores de 12 años, quedarán registrados por un periodo de 10 a 30 años.

El registro estará a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la cual dará apoyo técnico para implementar la infraestructura tecnológica, seguridad informativa e interoperabilidad.

Agresor dejará domicilio en caso de violencia doméstica

Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso capitalino en noviembre del 2020, a partir de una propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La medida tiene el objetivo de proteger y salvaguardar el patrimonio de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar, obligando a que el agresor deje de inmediato el domicilio donde habita con su familia.

Esto, sin perjudicar o disminuir las obligaciones legales existentes en relación a la propiedad o posesión del inmueble común. 

Ley Ingrid

Una de las últimas acciones a favor de las mujeres aprobadas, es la Ley Ingrid, la cual fue avalada por el Congreso de la Ciudad de México el 23 de febrero de este año, con el objetivo de sancionar penalmente a servidores públicos que difundan información, documentos o imágenes del lugar de los hechos o de un hallazgo relacionado a algún delito.

Esto, derivado del caso de Ingrid Escamilla, de 25 años, quien fue asesinada y desollada por su esposo en su domicilio, cuyasimágenes fueron filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Las sanciones van de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en la difusión de información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.

Para proteger los derechos de víctimas, en especial de las mujeres, la ley permitirá que las personas servidoras públicas no filtren imágenes o videos de manera ilegal e incluso se comercialicen.  

Con información vía MILENIO

Ven huecos en leyes contra la violencia digital

La vida de cientos de mujeres cambia cuando un hombre difunde fotografías íntimas sin su consentimiento. Esta situación hace que ellas dejen de tener espacios seguros en su ámbito de desarrollo.

Se trata de violencia sexual digital, la cual han tenido que enfrentar cientos de chicas, pero sin saber a dónde recurrir.

Según la organización Luchadoras, en los tres últimos años se han abierto 2 mil 143 carpetas de investigación en 18 estados, por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Al menos en 84.46% de las denuncias, las víctimas fueron mujeres. El 83% de las carpetas de investigación sigue en trámite.

Hoy, Luchadoras presentará el informe Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, en el que se da una visión del tema en los últimos años.

La perspectiva del documento gira en torno a la normatividad ya existente para castigar la violencia digital, pues uno de los principales problemas es que la violencia digital puede escalar al grado de convertirse, incluso, en trata de personas a través de la tecnología, delito que no está tipificado como grave.

Actualmente, existe la Ley Olimpia, que consta de un conjunto de reformas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

En ese sentido, Luchadoras encontró que sólo 17% de las carpetas de investigación iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia, sin llegar al juicio, es decir, terminan en suspensión condicional del proceso, con acuerdo de reparación o en juicio oral abreviado.

“Preocupa que en algunos estados, como Chihuahua y Zacatecas (…) se ha recurrido al otorgamiento del perdón por parte de la víctima, una medida que no se recomienda en casos de violencia de género, de acuerdo a estándares internacionales”, manifestó la organización.

En los últimos tres años, Luchadoras encontró que, al menos hasta mayo pasado, se habían iniciado 24 causas penales en los poderes judiciales de siete entidades y que existe una sentencia condenatoria en Chihuahua por el delito de sexting y tres sentencias en Tamaulipas por el delito de “pornografía de menores e incapaces”.

Yunuhen Rangel, coordinadora de Internet Feminista, en Luchadoras, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que la organización ha detectado que la misma violencia y misoginia que existe hacia las mujeres en lo físico también existe en la parte digital.

“Los espacios digitales se vuelven una extensión de la vida de personas y, en ese sentido, la violencia se enfrenta de igual manera.

“Se buscan los mecanismos de acceso a la justicia, como en cualquier otro caso”, comentó Rangel.

Detalló que uno de los principales problemas que existen para el tema de la violencia digital es que hay obstáculos informativos y de conocimiento sobre el tema.

Para elaborar el informe, precisó, se recurrió a una serie de fuentes de información en entidades federativas, y lo que se observó es la falta de uniformidad en las respuestas, tratándose de un mismo delito.

“Necesitamos mecanismos adecuados para denunciar. Vemos otros obstáculos: el que estas carpetas [de investigación] estén en trámite, lo que significa que, por ejemplo, no hay suficientes elementos para continuar una investigación.

“En otros casos, que la presentación de pruebas se centra en la víctima, la falta de conocimiento técnico de las autoridades por no tener los elementos claros para aterrizar, todas estas intersecciones entre lo que es violencia contra las mujeres que requiere especialización, conocimiento en derechos humanos”, subrayó.

En el país, añadió Rangel, existen sólo 18 estados con reformas en los códigos civiles que atienden el delito. Además de que existe, de manera directa, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no todas las normas locales incluyen la violencia digital.

“La normatividad claro que ofrece un paso importantísimo, pero estamos frente al reto de pensar que es un primero y que lo que sigue es trabajar en cómo esto tendría que tener un impacto estructural, socialmente, a través de las plataformas, la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas.

“[Deben] conocer la ley para que puedan tener más elementos en materias específicas de violencia contra las mujeres: género, derechos humanos, conocimientos técnicos, para que puedan ser aterrizadas las leyes como tal”, apuntó la activista.

Otro de los puntos importantes, puntualizó, es la reparación del daño, que no es el más eficaz, ya que en algunas ocasiones se termina revictimizando a la persona afectada.

“Estos mecanismos que existen suelen ser revictimizantes, largos, costosos para las víctimas, se pueden volver hasta parte de los impactos de una forma de violencia”, resaltó.

Con información vía El Universal

Ley Olimpia contra la violencia digital: cualidades, alcances y contrastes

El Senado aprobó el por unanimidad, el 5 de noviembre, la llamada Ley Olimpia nacional, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y al Código Penal Federal. Estas modificaciones tienen como blanco fundamental reconocer la violencia que opera mediante redes sociales y plataformas digitales y castigar estas prácticas que vulneran la privacidad e intimidad sexual de las personas, principalmente niñas y mujeres.

La violencia digital tiene una marca diferenciada por género. Mientras los hombres son víctimas mayoritarias de delitos cibernéticos no personales como fraudes, robo de cuentas o extorsiones, las mujeres desproporcionalmente son víctimas en los delitos de exposición pública de datos personales y de contenido íntimo sin consentimiento, acoso, hostigamiento o suplantación de identidad.

El Módulo de Ciberacoso del Inegi, la oficina de estadística pública, muestra que al menos 18 de cada 100 mujeres internautas han sido víctima de alguna agresión cibernética.

De acuerdo con un ensayo sobre violencia digital realizado por el CIEG (Centro de Investigaciones y Estudios de Género) de la UNAM, en coordinación con la Segob y la Conavim, los espacios públicos virtuales como Facebook, Twitter, Google, Instagram y YouTube pueden potencializar la violencia contra mujeres a través de factores fundamentales como la posibilidad de anonimato, la rapidez de viralización y la constante reproducción y normalización de estereotipos discriminatorios de género.

La violencia digital tiene diversas expresiones. La Ley Olimpia implica una serie de cambios en las leyes que atacan la problemática de la viralización de contenidos sexuales sin consentimiento del participante y también puede ser un parteaguas para el reconocimiento de otros tipos de violencia digital de género que vulneran la seguridad de las mujeres en espacios digitales.

La violencia en números

  • En México cerca del 25% de las mujeres que utilizan internet ha sufrido agresiones virtuales.
  • En términos absolutos son 9.4 millones de mujeres las que han sufrido violencia digital.
  • En el rango de mujeres de 12 a 29 años el nivel de violencia supera el 33%.
  • El nivel de escolaridad de las mujeres no hace una diferencia significativa en el nivel de violencia del que son víctimas.
  • Al menos 4 de cada 10 mujeres ha recibido propuestas o insinuaciones sexuales.
  • Poco más del 25% de los agresores son conocidos por las víctimas.
  • En todos los casos de violencia digital (contra mujeres y contra hombres) más del 55% de los agresores identificados fueron hombres.
  • En las mujeres las agresiones digitales producen significativamente mayor enojo, desconfianza, inseguridad, miedo y frustración que en los hombres
  • Sólo el 8.6% de las agresiones contra mujeres fueron denunciadas a las autoridades.

Los contrastes

Las cifras del Módulo de Ciberacoso 2019 del Inegi muestran una problemática importante de violencia contra mujeres y niñas en la red. Y también ofrecen un dato importante sobre el perfil de los agresores que sí se pueden identificar: la mayoría de ellos son hombres sin importar el género de las víctimas.

Adicionalmente, muestran que más del 90% de las agresiones en espacios virtuales no se denuncian, un dato ligado al estado emocional que las víctimas desarrollan al ser víctimas de estas agresiones.

En este sentido, aunque para muchos colectivos, organizaciones y mujeres la aprobación nacional del proyecto Ley Olimpia para todo el país implica un avance histórico y significativo en la lucha feminista, existe un choque contra algunas corrientes que consideran que las reformas son ineficientes, punitivas y que sus alcances son mínimos en términos de erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Fundamentalmente se ha considerado que esta medida de carácter punitivo no genera ningún tipo de proceso de sensibilización ni conocimiento para los agresores, que en su mayoría son hombres, y que no ataca la raíz de la problemática.

Organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) han acotado que las reformas tienen deficiencias, porque omiten la voluntad de las víctimas (no se especifica si el delito debe ser perseguido sólo con la denuncia de la víctima), omiten el procedimiento para situaciones de viralizaciones de contenido sin dolo o involuntariamente, consideran el concepto “íntimo-sexual” que puede ser ambiguo y confuso y pasan por alto que el contenido, aun siendo eliminado de la plataforma en donde fue alojado, puede permanecer y difundirse en otras plataformas. Para colmo, dice R3D, el dictamen omite el proceso de acompañamiento a las víctimas.

¿Qué es la Ley Olimpia y qué sanciona?

El conjunto de modificaciones legislativas contempladas en el proyecto Ley Olimpia a escala nacional surge del activismo de Olimpia Corral Melo, una víctima de violencia digital en el estado de Puebla, en donde pugnó por reconocer estas prácticas como delitos en la ley. Corral Melo logró modificaciones en las leyes locales, que después se replicaron en 17 estados. Ahora, con las reformas de noviembre en el Senado, el modelo se va a replicar en todo el territorio mexicano.

Toda persona que grabe videos o audios, que tome fotografías o que edite o simule material sexual íntimo de otra persona mediante engaños es susceptible de sanción. También se acota que aun cuando el material haya sido creado de manera consensuada, la persona que lo exponga, lo distribuya, lo difunda, lo exhiba, lo transmita, lo comercialice, lo oferte, lo intercambie o lo comparta a través de cualquier medio virtual sin consentimiento de la otra parte será acreedor a la sanción por violencia digital.

La sanción penal es de seis años de prisión y la monetaria, de entre 500 y 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), casi 87,000 pesos en su sanción más alta con los valores actualizados de 2020. Las sanciones, dice la reforma, serán agravadas si el agresor es el cónyuge, concubino o mantiene o mantuvo un vínculo íntimo, afectivo o familiar con la víctima. También se intensificarán en el caso de que las agresiones sean cometidas por un servidor público.

La Ley Olimpia también implica reformas legislativas que castigan explícitamente no sólo a personas físicas sino también a personas morales que utilicen cualquier medio digital para ejercer con dolo violencia en contra de mujeres, incorporando el concepto de violencia mediática. En este rubro se acotan que las sanciones se extienden para actos de reproducción de estereotipos sexistas, que hagan apología de la violencia contra mujeres y niñas y que produzcan o permitan la producción o difusión de discursos de odio o discriminatorios en términos de género o que causen daño a mujeres y niñas de tipo psicológico, físico, económico, patrimonial o feminicida.

En estos casos, las autoridades podrán ordenar medidas de protección, como el ordenamiento para el bloqueo, eliminación o destrucción de este tipo de contenidos, a cualquiera que sea la empresa, medio de comunicación, plataforma virtual o red social en la que haya tenido vida dicho contenido.

¿Qué hago si soy víctima de violencia digital?

Toda persona que sea víctima de alguna de las especificaciones acotadas dentro de la Ley Olimpia podrá presentar una denuncia oficial por violencia digital en el Ministerio Público.

En la Ciudad de México, esta denuncia puede hacerse de manera digital en el portal: https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx

Las víctimas pueden reportar a la Policía Cibernética en la Ciudad de México: policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx

Las víctimas que se encuentren en el Estado de México pueden ejercer sus denuncias por medio de la Secretaría de Seguridad del Estado de México: cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx

Con información de Ana García vía El Economista