Por un periodismo que nos ayude a construir la paz en México

En el primer día del foro internacional de periodismo y Construcción de Paz en México sirvió de como una catarsis llena de preguntas acerca del quehacer periodístico. Un diálogo en torno a la vulnerabilidad de periodistas al ejercer su labor, su protección y cómo garantizar la libertad de prensa.

En la reunión a la que acudieron también periodistas desplazados por su trabajo, el coordinador de Programas de acogidas temporales de la Asociación Taula Per Mèxic, Arturo Landero, destacó que el encuentro celebrado en el Centro Cultural Bella Época de Fondo de Cultura Económica se hace en México con el propósito de analizar los avances en el acompañamiento de periodistas desplazados. 

Landero explicó en entrevista con Pie de Página que el encuentro servirá para entender el contexto de violencia en que trabajan los periodistas mexicanos:

“Vemos avances en el proceso de acompañamiento de los compañeros, comparado a cuando llegan al programa de acogida temporal de Taula Per Mèxic”. 

A través de un mensaje vía digital, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, destacó el incentivo que representa la impunidad para que no se cumplan las leyes y continúen las agresiones hacia periodistas.

El derecho a guardar silencio

Después vendrían las palabras de Daniela Rea, una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie e integrante de Pie de Página. 

Daniela Rea. Foto: Daliri Oropeza

Daniela Rea narró que el proceso del libro La tropa (Random House Mondadori, 2020) del que es coautora, así como el MeToo, condensaron sus dudas, miedos y contradicciones como persona y periodista y pudo articular su derecho a dudar y guardar silencio, más allá de la expectativa que pesa sobre ella en su oficio. 

“¿Podemos los periodistas darnos el lujo del silencio, de decir no lo sé? ¿Podemos apelar al silencio cuando nuestro oficio es informar, hablar, lograr, denunciar? ¿Podemos darnos la posibilidad de dudar o tartamudear? ¿Podemos hacerlo sin que sea leído como un gesto de tibieza o de cobardía? ¿Podemos hacerlo cuando en este mundo es urgente plantarse firme y decir ‘no, no, no’… ante tantas violencias contra nuestros compañeros y compañeras?”.

Daniela Rea.

Pero no un silencio mudo, dijo, sino un espacio abierto, como un lugar donde pueden suceder cosas, “un paisaje donde podamos transitar con nuestras contradicciones”.

La periodista propuso hablar desde la incomodidad, la contradicción y la falibilidad que nos habitan como periodistas y desde los términos de las comunidades y su imaginación. Sin intención de domesticar esos relatos para que quepan en el marco de lo nombrable o políticamente correcto.

“Esquivar las disputas polarizantes que buscan imponer una única palabra definitiva”, y pensar la verdad como algo que se encuentra y se va y se vuelve a encontrar.

¿Por qué es tan difícil crear redes de periodistas?

La mesa trabajo Amenazas, agresiones, precariedad e intentos de deslegitimación en el ejercicio periodismo de investigación en México fue coordinada por Miriam Ramírez, becaria del programa de protección en Barcelona y contó con la participación de la directora de Pie de Página, Daniela Pastrana; el coordinador de documentación de Área de Protección de y Defensa de Artículo 19, Pedro Cárdenas; la directora de Comunicación e Información de la Mujer, Cimac, Lucía Lagunes; así como de Clemencia Correa y Jéssica Arellano, de Aluna acompañamiento Psicosocial.

Daniela Pastrana, cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie, habló de la precarización y otras condiciones que vulneran al gremio periodístico. 

La precarización avanza. Una señal, dijo, es que una década atrás cuando inició la Red, nueve integrantes trabajaban en un medio de los llamados tradicionales y una era freelancer; la proporción ahora es al revés, con sólo una ligada a uno de esos medios.

Pastrana recordó que las personas que ejercen el periodismo enfrentan la impunidad que atraviesa a toda la población mexicana. Pero hay dos condiciones muy particulares de este gremio. Una de ellas es la relación perversa de los dueños de los medios con los distintos poderes (económicos, criminales, gubernamentales). Dueños de medios que paralelamente ejercen otro tipo de poder o tienen acuerdos con sus representantes.

Y así, todo lo que no puede publicar un periodista los pone en vulnerabilidad, destacó. 

“No se dan cuenta que están poniendo en enorme vulnerabilidad a sus reporteros y reporteras, que ya después aunque los pongan en la portada de su medio con una esquela cuando los matan pues no ayuda mucho… El chiste es que no lo pusieran en esa vulnerabilidad”.

Daniela Pastrana.

El otro elemento que pone en riesgo al gremio, destacó la periodista, es la falta de organización y tejer redes que permitan luchar contra la vulnerabilidad. 

“Tenemos que dejar el tema de la denuncia, estar permanentemente siendo víctimas, sí somos y es muy duro, y sí sigue siendo una situación grave, pero debemos empezar a ver cuál es el camino que vamos hacia delante en este diagnóstico que ya tenemos súper repetido”.

Daniela Pastrana

Daniela Pastrana. Foto: Daliri Oropeza

Pedro Cárdenas de Artículo 19 dijo, destacó el crecimiento constante de las agresiones contra periodistas. “Cada 14 horas una agresión hacia una persona periodista. “Estamos hablando de números francamente escalofriantes que se aúnan al tema de impunidad”  

Además, dijo, dos de cada cinco agresiones en contra de periodistas vienen de alguna autoridad del Estado.

En su intervención, Lucía Lagunes de Cimac, remarcó la violencia que se ejerce en contra de las mujeres periodistas y el menosprecio acerca de lo que les sucede.

Lagunes explicó que se trata la violencia contra las mujeres periodistas como si fuera un problema de ellas y no un problema social, de democracia, de libertad de expresión y de justicia. 

“Es un problema social, político, cultural y de desprotección. ¿Por qué el Mecanismo de Protección tiene apenas el 9 por ciento de mujeres periodistas cuando vemos que en este país hay al menos 23 mujeres periodistas que han sido obligadas a salir de su lugar de origen para salvar la vida y tenemos tres mujeres periodistas exiliadas?”, cuestionó.

«El silencio, el miedo, el exilio son los conflictos que enfrentan los periodistas en México y América latina» Clemencia Correa de Aluna  y acompañamiento psicosocial.

En la sesión de preguntas y respuestas el exbecario de Taula Per Mèxic, Alí Pacheco señaló que la primera agresión a un periodista empieza en la redacción de los periódicos por la precarización laboral. “Cuando negocian las notas y censuran a los reporteros, ahí está la primera agresión”. 

Las palabras que cimbraron a los peristas que se reunieron en el Foro Internacional de Periodismo y Construcción de Paz en México fueron las de la locutora Ñomndaa de Xochistlahuaca Marcela de Jesús:

«Toqué temas que lastimaron a las autoridades, porque soy defensora de los derechos humanos. Aprendí a hablar para hacer periodismo radiofónico”. 

Marcela De Jesús, locutora Ñomdaa. Foto: Daliri Oropeza.

Luego congeló a todos cuando soltó: “Fui la primera mujer locutora de radio del ex Instituto Nacional Indigenista, era locutora de Radio y Televisión de Guerrero cuando intentaron asesinarme hace cinco años, el día de mi cumpleaños. Pero no me callarán porque tengo muchas ganas de regresar al micrófono y a Guerrero”. 

El foro continúa este martes. Es organizado por la Asociación Taula Per Mèxic; Ayuntamiento de Barcelona, España; Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP); SERAPAZ; Cimac; Artículo 19; Aluna acompañamiento psicosocial; la Red de Periodistas de a Pie; así como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) por su sigla en inglés. 

CON INFORMACIÓN VÍA PIE DE PÁGINA

La Corte revisará criterios para informar y opinar en radio y tv

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad de la obligación impuesta a los concesionarios de radio y televisión para que hagan una diferencia clara entre sus contenidos informativos y los de opinión, anunció su presidente, Arturo Zaldívar.

El mes pasado, la primera sala del máximo tribunal otorgó un amparo al señalar que fue inconstitucional haber eliminado la obligación de distinguir entre ambos tipos de mensajes con las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de octubre de 2017.

El argumento para esta decisión es que el cambio significó un retroceso en los derechos de las audiencias, lo cual violó el principio de progresividad.

Sin embargo, Zaldívar indicó que el fallo se refirió sólo a un amparo, y que el pleno de ministros tiene pendiente resolver las acciones de inconstitucionalidad 150 y 153/2017, promovidas por diputados de oposición y por el PRD, en cuya resolución la Corte dictará la tesis definitiva sobre este tema a mas tardar en marzo próximo.

“El pleno podrá ratificar, corregir o revocar, no revocar exactamente, sino tomar un criterio distinto al que tomó la primera sala y en esa sesión ustedes escucharán lo que yo pienso de la decisión que tomó”, dijo el ministro presidente en conferencia de prensa la semana pasada.

No obstante, Zaldívar adelantó que considera complicado que los medios de comunicación electrónicos puedan hacer una diferencia clara entre sus contenidos y también habrá que analizar si es constitucional imponer esta obligación sólo a la radio y a la televisión.

“Tiene que ver también con la libertad de expresión, porque además coloca en una desventaja a otros medios, por ejemplo, las redes sociales no tienen este tema, los medios impresos tampoco, pero la radio y la televisión sí, ¿Hasta dónde llega la opinión, hasta dónde llega la información? ¿Hasta qué punto la información puede ser absolutamente objetiva?”

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

TENDENCIAS_ Todo lo que sabemos sobre el caso del periodista Ricardo Ravelo y el gobernador de Jalisco

La acción legal que supuestamente emprenderá el gobernador responde a dos trabajos de Ravelo, publicados los días 17 y 24 de diciembre en el medio SinEmbargo, en los cuales se apuntan los supuestos nexos de Alfaro y de su círculo cercano con un grupo del crimen organizado.

Según lo publicado por el periodista, un testigo en Estados Unidos habría descrito el entramado de tráfico de influencias establecido entre el Poder Judicial de Jalisco, el gobierno estatal e incluso personajes del crimen organizado, entre ellos Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Derivado de estas publicaciones, el gobierno de Jalisco, a través de la Coordinación General de Comunicación, envió una carta de posicionamiento sobre el contenido escrito por Ravelo, en la que lamentó que «mediante mentiras y calumnias se intente difamar para dañar la imagen del gobernador Enrique Alfaro».

En esa misma misiva se dio a conocer que tanto el gobierno estatal como el mandatario se reservan el derecho de presentar las acciones legales que consideren pertinentes «por el daño moral ocasionado por la publicación de estas mentiras vulgares».

Tras esta carta, Ricardo Ravelo escribió en sus redes sociales que hacía responsable al gobernador de Jalisco por lo que pudiera sucederle a su familia y a él, ante lo que calificó como una manera de intimidación.

Sin embargo, el comunicador aseguró que de presentarse la denuncia respondería, pues cuenta con los medios para respaldar sus afirmaciones, y posteriormente exigió a Enrique Alfaro que inicie con la querella.

Por otro lado, la organización por la libertad de expresión Article 19 se manifestó en contra de las declaraciones del estado de Jalisco, al considerar que estas acciones legales atentan contra la libertad de expresión y buscan limitar la crítica hacia las autoridades.

En el mismo sentido, apuntó que no es la primera vez que Alfaro interpone un recurso legal contra un medio de comunicación registra información incómoda para el mandatario, en referencia a una nota publicada por la periodista Anabel Hernández en Aristegui Noticias sobre una supuesta investigación en Estados Unidos contra el político jaliscience por presuntos nexos con el narcotráfico.

Ricardo Ravelo comentó en entrevista con la asociación que «es sumamente difícil hacer periodismo de investigación en un país donde hay vínculos entre gobierno y crimen organizado. Ante esta intimidación de la que soy objeto, solicito a las autoridades su respaldo porque temo por mi integridad física».

El llamado del periodista fue escuchado, ya que durante la conferencia matutina de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó a la Secretaría de Gobernación para revisar las amenazas denunciadas, luego de que el mandatario federal fuera cuestionado sobre el caso.

De igual manera, este 29 de diciembre Enrique Alfaro aseguró que no existe amenaza en contra de Ravelo; «lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral», apuntó el gobernador.

«Es lamentable que quienes primero difaman luego se sientan amenazados«, sentenció Alfaro, quien aseguró que a lo largo de su carrera todas las acusaciones en su contra han sido desmentidas.

Por su parte, Ricardo Ravelo agradeció el apoyo del titular del Ejecutivo federal, así como de los colegas que han manifestado su solidaridad ante lo que ha sido considerado como un ataque del Estado hacia la libertad de expresión, enmarcado en el contexto de violencia e impunidad que viven los integrantes de los medios de comunicación en el país.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Trump vs. redes sociales: magnate demanda a Twitter, Facebook y Google por su exilio

Donald Trump le acaba de declarar la guerra a las empresas de redes sociales por echarlo de sus plataformas.

El expresidente estadounidense anunció que presentó demandas contra Twitter, Facebook y Google, así como también a sus respectivos directores ejecutivos, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai.

Trump alega que las tecnológicas violaron sus derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y las acusa de “censura ilegal e inconstitucional”.

El magnate montó una rueda de prensa en su club de golf en Nueva Jersey. Según el informe de NBC, el lugar donde habló fue adornado con insignias y fondos similares a los que usa la Casa Blanca.

La acción legal será presentada ante un un Tribunal Federal en Florida como demanda colectiva junto con el grupo sin fines de lucro y conservador, America First Policy Institute. 

El anuncio de Trump llega justo después del veredicto de Facebook de suspender sus cuentas hasta 2023. Mientras que Twitter fue más radical y eliminó permanentemente la cuenta del exmandatario. YouTube también emitió una suspensión temporal.

La prohibición a Trump es el resultado del asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. De acuerdo con las plataformas, varias de las publicaciones que hizo el señor Trump luego de perder las elecciones violaron sus términos y condiciones porque fueron interpretadas como actos de incitación a la violencia.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

ACTUALIDAD_ Periodistas en México, de la violencia criminal a la precariedad laboral

El 21 de febrero de 2020, 80 empleados de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), entre ellos Luis Galindo, iniciaron una huelga –aún sin resolver– «por abuso de poder» y violaciones a sus derechos laborales. Desde entonces mantienen guardias, noche y día, fuera de sus instalaciones.

En este lapso, dice Galindo a DW con tristeza, «mi padre fue hospitalizado y tuvo una cirugía, luego falleció y uno sin dinero. En octubre me dio COVID y fueron muchos gastos. Temía por mi familia. Hemos sobrevivido con la ayuda de amigos y colegas o de los ingresos de mi esposa. Ha sido una amarga experiencia, sin apoyo del gobierno».

Si hacer periodismo de investigación en México, era una labor difícil o mortal, la pandemia sacó a relucir e incrementó la vulnerabilidad de esta profesión en general, fundamental para la democracia. Cifras presentadas en enero de 2020 por el Instituto Mexicano del Seguro Social indicaron que en México «22.000 periodistas carecen de seguridad social», mientras que 93 han muerto por el virus, anunció en abril pasado la ONG Campaña Emblema de Prensa. 

«Con el COVID aumentaron los recortes, los despidos en medios. Pocos periodistas tienen empleo fijo, muchos realizan coberturas sin protección o con muy poca, sin horarios específicos ni vacaciones», explica Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras (RSF) en México, quien considera que el Estado tiene una corresponsabilidad en esta situación.

Tras declararse la pandemia, a Elena [nombre ficticio] y a sus compañeros de El Universal, uno de los grandes consorcios mediáticos del país, se les redujo 30 por ciento del sueldo, aplicable de abril a junio de 2020. «Con una promesa retroactiva que nunca llegó» y por «finanzas en números rojos».

Aunque hoy en día perciben el salario establecido en sus contratos, la situación es alarmante: «el trabajo en casa aumentó, hay peticiones fuera de horario. Si vas a la oficina recibes pago completo, si haces home office recibes 30 por ciento menos, por eso mucha gente con riesgo de la enfermedad se calla. La responsabilidad de la salud pública es decisión de cada quien».

En su informe de marzo de 2021, Distorsión: discurso contra la realidad, la organización pro libertad de expresión Artículo 19 indicó que al 62,7 por ciento (de 67 periodistas mexicanos encuestados) les fue reducido el salario por la pandemia.     

Aunque la precarización de este sector es multifactorial, RSF percibe que los cambios políticos inciden en la violencia laboral y la desprotección hacia este gremio. «Muchos grandes medios se han alineado al nuevo contexto político del gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) y a las condiciones económicas porque finalmente son empresas privadas. Más allá de la información, tienen otros intereses donde los periodistas no toman decisiones o son afectados», indica Balbina Flores.

Crisis, despidos y violencia laboral

Pese a que algunas grandes corporaciones mediáticas de México tienden a reestructurarse cada año, a partir de 2018 hubo cuantiosos despidos e incluso redacciones enteras desaparecieron del mapa informativo, de lo que se dio buena cuenta en redes sociales.

El servicio en español de la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y del New York Times -con presencia en territorio mexicano- anunciaron su cierre por no ser financieramente exitosos. A esta crisis económica y de lectores, se sumó la extinción de la versión mexicana del Huffington Post, con 14 empleados. Pertenecían a Grupo Imagen que en diciembre de 2020 despidió a 200 personas más de sus filiales en radio, TV y el diario Excélsior.

Entre 2019 y 2020, los ajustes de personal en Milenio diario, El financiero, Mural, el periódico NTR Guadalajara, Código CDMX Radio y Grupo Radio Centro se tradujeron en el desempleo para más de 200 trabajadores entre fotógrafos, camarógrafos, editores, reporteros y otros. A decir de varios entrevistados, las liquidaciones ofrecidas por algunas empresas mediáticas oscilaban desde el 10 al 50 por ciento de lo que les correspondía por ley.

Con la aparición del SARS-CoV-2 también se esfumaron radios comunitarias, pequeños portales de internet y otros modestos medios de comunicación, sin que nadie tenga cifras del impacto nacional de este triste panorama.

Publicidad oficial: censura o control editorial

Miguel Pérez [nombre ficticio] tenía más de dos décadas la sección de Economía cuando la revista donde laboraba le notificó su baja. «Durante la administración de Enrique Peña Nieto teníamos fuertes ingresos de publicidad, pero con la llegada de López Obrador disminuyó considerablemente y con ello las finanzas», relata.

López Obrador, durante una de sus habituales ruedas de prensa matutinas.

La compra de publicidad de distintos niveles de gobierno ha sido una polémica práctica mexicana por su uso político para censurar o controlar editorialmente a los medios. En abril de 2019, Artículo 19 denunció en un informe que el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) gastó en publicidad 60.237 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares). De este monto subsistieron muchos medios, un asunto ya conocido por la sociedad.

«En 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso regular la publicidad oficial para dejar de usarse como ley mordaza, pero no ha sucedido», explica a DW Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. «No obstante, un 54 por ciento del gasto público de comunicación social (unos 2.000 millones de pesos) de esta administración se ha concentrado en 10 medios y el resto se repartió entre 387».

«Dejé el periodismo por los sustos»

A diferencia de otros entrevistados, a Mario no le da miedo dar su nombre real por temor a represalias, a pesar de vivir en Guanajuato, unos de los estados más violentos del país ante el arribo de grupos criminales y del narcotráfico.

Por 35 años fotografió la realidad política, social y artística de Guanajuato. Uno de los eventos que más captó su lente fue el Festival Internacional Cervantino, pero ante la fatal combinación pandemia-crimen su única opción fue hacer pan para sostener a su familia.

«Encima el narco ha comenzado a infiltrarse en todo», narra. «Hay mucho peligro, acoso. Te piden piso [pago obligatorio], por eso suben los precios. Como han matado a muchos compañeros, yo dejé [la información de] seguridad y política. Dejé el periodismo por los sustos».

Casos como el suyo, en que los comunicadores se autocensuran, conforman a lo largo del territorio mexicano las «zonas de silencio», donde ya no se reporta la información o los periodistas han huido por la violencia. Estos puntos rojos se reparten en estados como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y otros.

Estigmatización desde la cúpula

2020 fue el periodo con mayor número de agresiones contra periodistas, 692 entre amenazas, hostigamiento judicial, acoso, privación de libertad y otras. Cada 13 horas se realizó una de ellas, reportó Artículo 19. La mitad de ellas provinieron de autoridades, el resto fue obra del crimen.

A la violencia que ha dejado 159 periodistas muertos en México desde el 2000, según Human Rights Watch, se suma la estigmatización que hace de ellos el actual mandatario López Obrador.

«El discurso descalificador y estigmatizador que hace el presidente de periodistas y medios críticos, en su conferencia de prensa matutina, se percibe como un permiso para agredir a los periodistas; esta narrativa desde el poder avala la violencia contra ellos. Los medios critican y cuestionan, no al revés», asegura Leopoldo Maldonado, representante de Artículo 19.

El detrimento del periodismo también es parte de la visión social, tangible en redes sociales, donde a diario llueven descalificaciones contra comunicadores de todo tipo. «Una parte de la sociedad nos ve a los periodistas como generadores de fake news, chismosos o aliados del poder. Puede que algunos sean así, pero otros no obedecemos a ningún poder excepto al de la verdad», lamenta Carmen, periodista de temas de género.

Notimex, el Estado contra la prensa

La periodista Sanjuana Martínez se convirtió en marzo de 2019 en la primera mujer en ocupar la dirección general de Notimex y sus 328 empleados. Su lema fue la lucha anticorrupción y la austeridad republicana.

Poco después de su arribo, la agencia estatal comenzó un «golpeteo informativo» contra escritores, funcionarios, políticos y otros blancos. Luego instruyó a personal para atacar a otros comunicadores desde cuentas de Twitter oficiales y falsas; era la primera vez que periodistas atacaban periodistas. Todo con dinero público.

Sanjuana Martínez, directora de Notimez, en julio de 2019.

«Con la austeridad como justificación, empezaron a recortar personal y prestaciones, inició el hostigamiento laboral. Nuestros ingresos disminuyeron un 40 por ciento. Derogaron el contrato colectivo de trabajo e intervinieron en las decisiones sindicales, lo cual es anticonstitucional», relata Adriana Urrea, reportera de finanzas y a quien despidieron al ser nombrada nueva secretaria general del sindicato de Notimex.

Tal como esta periodista, hoy transformada en portavoz de los afectados, Fabiola pasó del reporteo a la comercialización de tamales gourmet; otros, de los ya 90 trabajadores en paro, venden dulces, cigarros, cubrebocas o productos por catálogo. Muchos han perdido a familiares; subsisten de ayuda en especie de otros sindicatos, de vecinos y amigos. Algunos caminan desde sus hogares hasta el campamento huelguista porque «no hay dinero ni para el transporte público».

El 80 por ciento de ellos son mujeres. Diana tenía ocho meses de embarazo cuando la despidieron. Junto con ellos, 20 corresponsales quedaron en el limbo, sin liquidación ni retorno a México. Tienen 15 meses de una lucha -en medio del COVID- en la que van ganando legalmente. No obstante, nada ha pasado, debido a «la falta de voluntad política» o «por impunidad y amiguismo».

«Somos periodistas y sabemos cómo obtener pruebas. Todo es legal y está comprobado», dice su lideresa sindical, antes de conducir otra protesta más al Palacio Nacional, sede del poder.

CON INFORMACIÓN VÍA DEUTSCHE WELLE

Ante la CIDH, organizaciones de sociedad civil advierten sobre riesgos para la moderación de contenido y presentan soluciones

En histórica audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Moderación de Contenidos en Internet y Libertad de Expresión con representación multisectorial, representantes de asociaciones de derechos digitales destacaron la oportunidad que la Comisión plantee parámetros para que la moderación de contenido en línea sea compatible con estándares de derechos humanos.

Aunque no todos los participantes comparten cómo debería ser la solución -regulación pública, autorregulación o corregulación- hubo consenso que la situación que nos encontramos, con gran poder de agentes privados en definir qué circula en las redes, no es sostenible y que son necesarios cambios en el ecosistema a partir, incluso, de la acción de la CIDH.

La presidenta de la Comisión, la chilena Antonia Urrejola dijo, en la apertura de la audiencia de oficio, que «el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público», a que el Oficial Senior de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, añadió que vivimos un proceso, sin vuelta ,de migración de las plazas públicas para el medio digital. Para ello, en este escenario, las empresas no pueden estar solas para definir las reglas, afirmó, aunque las regulaciones estatales deben ser hechas con mucho cuidado para que no impacten negativamente la libertad de expresión.

Campbell presentó seis puntos que deben orientar el proceso regulatorio, entre los cuales la necesidad de enfocarse en los procesos de plataformas, y no en los contenidos, y exigir que la revisión de moderaciones se haga por personas, una vez que  es necesario tomar en cuenta los contextos en que los contenidos son creados.

El representante de Naciones Unidas  también defendió mayor transparencia de plataformas acerca de la moderación de contenidos y llamó a los Estados a ampliar las informaciones disponibles a la población acerca de los pedidos de remoción de contenido. Además, señaló que las plataformas deben ofrecer instrumentos de apelación, pero que la palabra final debe ser de una Corte independiente.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, defendió «la autorregulación de las empresas informativas privadas y, por extensión, también de las plataformas digitales» sin embargo, indicó que estas «deben crear mecanismos más eficientes de rendición de cuentas sobre moderación de contenidos, cancelaciones y buenas prácticas» y frisó que las regla de moderación sean sometidas a controles previos de cumplimiento de estándares de derechos humanos.

Partidario de que las empresas no pueden ser agentes de censura o de violación al derecho a la libertad de expresión, Eduardo Bertoni, Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), consideró que es necesario cambiar la llave de discusión de “más moderación” para “más información y educación mediática”. El ex Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH sugirió que la Comisión haga un esfuerzo de formulación de parámetros para la moderación de contenido de acuerdo con los principios de derechos ya establecidos en la región.

Gustavo Gomez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, destacó el escenario distinto que tenemos hoy, en que las acciones de empresas privadas pueden afectar a la libertad de expresión como nunca antes, lo que trae nuevos desafíos a los defensores de derechos humanos. “Algunas empresas, además de intermediarios, se convirtieron en gatekeepers. Algunas empresas controlan el acceso a la conexión Internet, a despecho de la neutralidad de red, por ejemplo, y lo mismo pasa en la capa de plataformas de contenidos”. Según Gómez, la humanidad nunca tuvo un problema como éste. Así que no basta la  autorregulación. Para un control democratico y garante de derechos de las personas, es necesario también una regulación pública. “Elaboramos una propuesta que no obliga a las plataformas a moderar contenidos. No queremos que los Estados obliguen a las plataformas a ser policías, pero tampoco que ellas sean policías privadas por decisión propia. Así que proponemos una regulación centrada en procesos”, dijo, haciendo referencia al documento “Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta”.

Desde México, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), destacó que la CIDH está en condiciones de crear estándares que puedan superar la dicotomía entre una posición de Estados autoritarios y la negación del impacto que las empresas con poder dominante en Internet tienen sobre los derechos humanos. Para que podamos avanzar en un escenario de control a estas plataformas con mucho poder es necesario tener medidas obligatorias de interoperabilidad y tener el cuidado de que una regulación no consolide posiciones de dominancia de algunos actores privados, agregó.

A pesar que el centro de la audiencia de moderación se enfocó en los intermediarios de la capa de contenidos, Agustina del Campo, recordó que, además de redes sociales, proveedores de infraestructura para telecomunicaciones también son considerados intermediarios y pueden moderar lo que se ve en la red. “Debemos recordar que la Sección 230 se aplica ampliamente a los intermediarios”, dijo. La Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) también señaló que “los estándares internacionales de derechos humanos están pensados ​​desde la perspectiva estatal, por lo que la traducción a prácticas privadas no es sencilla”. Y, por fin, destacó que la CIDH tiene la oportunidad de ofrecer estándares para abordar la cuestión de la moderación de contenido en línea.

Para añadir informaciones acerca de las experiencias en curso con objetivo de desarrollar modelos de moderación que estén en harmonía con la legislación internacional de derechos humanos, Catalina Botero presentó el funcionamiento del Consejo Asesor de Contenidos de Facebook, del cual es integrante, e hizo un llamado para aproximación de interlocutores externos como OBSERVACOM, la CIDH y la Relatoría de Libertad de Expresión de ONU y -si son creadas iniciativas semejantes de otras empresas – también con ellas. “Con este diálogo vamos a poder transitar por el camino adecuado para tener un buen modelo”.

También participaron de la audiencia los representantes de las empresas Google, Facebook y Twitter, que presentaron algunas de sus iniciativas para mejorar la respuesta a las presión por una moderación de contenido adherente a los principios de derechos humanos.

Al cierre, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, retomó el tema del debate público y agregó la alfabetización digital y moderación de contenidos en el internet, como parte de la agenda a futuro. Vaca será quien conducirá el proceso de consulta que la Comisión ha iniciado con esta audiencia convocada de oficio.

Con información vía Observacom

PERSPECTIVAS. «Crear miedo y terror»: intelectual compara censura de las grandes tecnológicas con «sistema inquisitorial»

Sembrar el miedo y el terror. Es el objetivo de «un movimiento de censura totalmente global» entre cuyas víctimas está el propio exresidente de EEUU Donald Trump, constituyendo el bloqueo de sus cuentas por las grandes redes sociales, una clara muestra de que pueden acallar a cualquiera, según el intelectual hispanoestadounidense César Vidal.

De hecho, YouTube eliminó el canal de César Vidal por «infracciones graves», como haber anunciado un programa sobre Bill Gates o sobre las Big Tech, es decir, las grandes empresas que dominan el mercado de las tecnologías de la información.

Pero evitar estos temas ‘sensibles’ tampoco da ninguna garantía de no ser censurado, afirmó Vidal.

«Yo creo que se está repitiendo un fenómeno que se ha dado en su día con la inquisición. Si uno lee el manual de inquisidores de la Edad Media, dice que la finalidad de la inquisición no es que la gente se salve o que los pecadores se arrepientan, sino como dice en latin ‘ut metuant‘, es decir, que tengan miedo, que tengan terror. La finalidad de la inquisición es que al final no se mueva nadie, porque no sabe exactamente cuál es la raya que no puede pasar sin que se descargue sobre esa persona un golpe», subrayó.

Enfatizó que este «sistema inquisitorial» hoy «está funcionando en las redes sociales» y lo hace «muy bien», lográndose crear «un pánico de tal manera que hay gente que ya se autocensura y decide lo que no va a decir, y hay que gente que decide censurar en previsión de que los puedan censurar a ellos», apuntó.

Según Vidal, el poderío de las grandes tecnológicas ha quedado perfectamente demostrado en los recientes acontecimientos vividos en EEUU, donde el espectáculo del ‘asalto’ al Capitolio —un hecho «absolutamente increíble e inverosímil» que no hubiera sido posible «sin una colaboración de las fuerzas de seguridad», además de haber sido perpetrado por una masa de gente «bastante mezclada», incluidos miembros de Black Lives Matter— sirvió, entre otros objetivos, tanto para presentar a Trump como golpista, como para suspender «la discusión sobre el posible fraude electoral en media docena de Estados» norteamericanos.

Enfatizó que el caso de Trump se enmarca dentro de «un enfrentamiento entre patriotas y globalistas» que se está viviendo en estos momentos, es decir, entre «políticos que pueden ser muy distintos, pero que tienen una visión de que tienen que defender los intereses de su patria», y «unos poderes globalistas que quieren vaciar» sus países «de independencia, de soberanía y de capacidad de acción», convirtiéndolos «en protectorados sometidos» a su agenda.

«Aunque mucha gente ahora quizás no se percate de ello, lo cierto es que estamos viviendo en un momento en que se va a decidir si las naciones van a poder ser naciones libres, soberanas e independientes, o, por el contrario, se van a convertir en una especie de huevo al que han sacado la yema y la clara, y sólo queda la cáscara interior, porque la yema y la clara la han absorbido esos poderes de carácter transnacional», concluye César Vidal.

Con información vía Sputnik News

Monreal insiste en regular las redes sociales para proteger la libertad de expresión

La protección del derecho a la libertad de expresión a través del ciberespacio debe establecerse en la ley; la regulación en la materia no compete a las empresas privadas dueñas de las redes sociales, afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila. 

Las empresas propietarias de las redes sociales, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), prestan el servicio de internet a través de las redes públicas de telecomunicaciones, que están sujetas a un régimen de interés público, por lo que la regulación se debe de implementar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

El derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio debe de ser tutelado para su ejercicio eficaz mediante principios establecidos en las leyes, no como obstáculo, sino como herramienta para ser potencializado. En este sentido, la única forma correcta y democrática de proteger el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio es por la vía legislativa’’. 

Desde su óptica, el Poder Legislativo “no puede ser omiso, ni ser indiferente ante la violación de este derecho fundamental de la libertad de expresión’’. 

El establecimiento de los límites de actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales, amplió, debe ser resultado de la deliberación y aprobación soberana del Congreso de la Unión. 

En un video mensaje que publicó este domingo 31 de enero en redes sociales, Monreal Ávila precisó: 

“Los estándares de protección a los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben de ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Carta Magna’’. 

Si bien los derechos humanos han sido un límite a los poderes establecidos para evitar abusos, dijo, en el mismo sentido deben serlo respecto de la actuación de los particulares, por lo que consideró “justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales’’. 

A decir del zacatecano, “la libertad de expresión engloba todas las formas y medios posibles para la expresión del pensamiento, tales como la prensa, la cátedra, la radio, la televisión y, por supuesto, las redes sociales. Es decir, todos los medios que permitan la manifestación de las ideas. 

“Actualmente, nos ubicamos en una cuarta generación de derechos humanos, incluidos aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como el del acceso al Internet, al igual que otros derechos humanos preexistentes que hoy también se ejercen a través de las TIC, tal es el caso de la libertad de expresión en relación con el ciberespacio’’. 

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estableció, en diversos criterios, que la libertad de expresión es el pilar fundamental de un Estado constitucional y democrático de derecho. 

Así como que la declaración de principios sobre la libertad de expresión dispone que los estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben de estar establecidos previamente por la ley. 

“Las redes sociales ejercen, sin duda, un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que, por medio de sus políticas de privacidad, pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral’’, finalizó. 

Con información vía El Economista

El Presidente subirá mensaje a ‘Feis’ mientras no lo censuren

El presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira en Petatlán y Atoyac, Guerrero, rechazó el uso del presupuesto público con fines político-electorales: “Que cualquier ciudadano pueda participar libremente en el partido que más le importe, le convenga, de acuerdo con su manera de pensar, de acuerdo con su criterio; libertad completa y no condicionar los apoyos a la militancia a un determinado partido. El presupuesto es de todos, el presupuesto es público”. También, al final de un video grabado para Facebook y de buen humor, defendió el derecho a mantener esa comunicación en las redes: “Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos, y como lo vamos a subir al Feis (Facebook), mientras no nos censuren, vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Feis. Entonces me dicen que sean breves, que sean cortos”.

En Atoyac de Álvarez, junto con Raquel Sosa, directora general de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, el mandatario inauguró el plantel de la Escuela de Ingeniería Agroforestal. Allí, al pie de la sierra guerrerense, reiteró que su participación al frente del movimiento de transformación es finito. “No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”. Tocó madera al golpear tres veces el atril al advertir que después de septiembre de 2024, “no vaya a ser que regresen los que saquearon al país”.

En el caso de la vacunación contra el Covid-19, expuso que México, por las buenas relaciones que mantiene con otras naciones, recibe atención especial de los proveedores.

En el primer punto de su gira, en Petatlán, evaluó el programa Sembrando Vida. “Es extraordinario, tiene un efecto multiplicador: se apoya al campo, se cultiva la tierra, se siembra, en especial árboles frutales, maderables, se protege el ambiente y se generan empleos. ¿Qué más se puede pedir de un programa?” Se han plantado más de un millón de hectáreas en 20 estados, participan más de 400 mil sembradores, ejidatarios, pequeños propietarios y comuneros.

“Me dirijo a todos los sembradores de México [para] que no se pierda la oportunidad, que no se deje pasar el tiempo. Mientras estemos, no van a faltar los recursos, mes con mes estarán recibiendo el apoyo, hasta 2024. Pero ¿qué sucedería –toco madera– si terminamos, llega un nuevo gobierno y ya cancela el apoyo, y no se aprovechó el tiempo?

“Por eso, si hace falta ampliar Sembrando Vida en Guerrero, hay condiciones, ofrezco que podemos ampliarlo, que se aplique en todas las regiones de Guerrero.”

En Atoyac, al inaugurar la Escuela de Ingeniería Agroforestal del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez, comprometió que, mientras él gobierne, no faltará el recurso, el apoyo para Sembrando Vida y para las universidades.

Reiteró el mensaje, para mantener los proyectos de gobierno, y evitar el vaivén de gobiernos que son omisos: “Ya después, pues ya no sabemos y –toco madera– no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicado a saquear, a robar y no les importaba el pueblo. De todas maneras, hay que actuar de manera precavida y apurarnos.

“Por eso me dicen algunos: ‘¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy en favor del sufragio efectivo y de la no relección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y me retiro, me jubilo, misión cumplida. Claro que hay gente buena, mujeres y hombres que van a dar continuidad a esta lucha; ya nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde; hay que entregar la estafeta a las nuevas generaciones; hay que pensar en el relevo generacional; por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad de movimiento de transformación, es decir, que se siga luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permita los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana.”

Con información vía La Jornada

Propondrá AMLO a G-20 garantizar libre expresión en redes

Durante la próxima reunión del G-20 México propondrá acciones para evitar que un organismo particular decida quitar el derecho de libre manifestación de las ideas como ocurrió recientemente, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al aludir a las medidas emprendidas por empresas que operan redes sociales con relación al mandatario estadunidense, Donald Trump. “La libertad debe garantizarse, si existe alguna regulación, corresponde a estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares”.

López Obrador dijo que otros jefes de Estado se han expresado en contra de esta decisión, como Angela Merkel, de Alemania o el gobierno frances. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que una vez que México ha expresado su preocupación por estas acciones, se han entablado contactos con quienes han coincidido en esta postura.

“ No es de admitirse que haya una persona o grupo de personas que determinen por encima de los estados nacionales quien tiene derecho de expresarse y quien no, admitir que haya un gobierno sura nacional que determine cuales son las libertades de los ciudadanos, no estamos de acuerdo”, dijo el canciller.

Indicó que ya se han tenido contactos con los demás que pensamos igual, con Alemania, Francia, el comisionado de la Unión Europea, países de América Latina y Asia, para establecer contacto, compartir la preocupación y trabajar para hacer propuesta en conjunto, hay un desacuerdo mundial sobre el tema. “Veamos cual es la propuesta, no se admite que una empresa o grupo de empresas quien tiene derechos y quien no. los términos cambiaron, se quiere proteger las libertades,

López Obrador dijo que no puede haber un organismo privado por encima de los estados decidiendo sobre la libre manifestación de las ideas. Si bien reconoció que no deben usarse para alentar la violencia, deben ser los estados quienes se encarguen de regular esto, no las empresas privadas. Por eso, insistió, la estatua de la libertad se está poniendo cada vez más verde.

Con información vía La Jornada