CNTE, normalistas y SME fortalecen plantón en el Zócalo

Trabajadores de la educación instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México por 72 horas.

Llegaron por la madrugada del pasado miércoles procedentes de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas,

Son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y exigen una mesa de diálogo con el titular del ejecutivo.

Además, exigen la abolición total de la reforma educativa, plazas para normalistas, reinstalación de maestros, suspendidos y un aumento del 100% a sus salarios.

Instalaron casas de campaña frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en las que pernoctaran hasta el próximo viernes.

Son apoyados por otras organizaciones como normalistas de Chiapas y Oaxaca e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por la mañana de este jueves realizaron una protesta en la Secretaría de Educación Pública en la cual bloquearon todos los accesos y salidas durante más de 3 horas.

Cabe mencionar que la circulación no se ve afectada ya que el plantón se encuentra sobre la plancha del Zócalo capitalino.

CON INFORMACIÓN VÍA EXCÉLSIOR

Normalistas de Mactumactzá demandan mesas de diálogo y liberación de 95 de sus compañeros

Padres de familia y estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá exigieron ayer la liberación incondicional de 95 de sus compañeros detenidos el pasado 18 de mayo y liberados de manera condicionada, así como la realización del examen de admisión para nuevo ingreso de forma presencial.

En conferencia de prensa afirmaron que el 4 de junio, dos días antes de las elecciones y cuando mantenían una jornada de movilizaciones en la capital chiapaneca, las autoridades federales y estatales se comprometieron durante una audiencia, a instalar mesas de diálogo para atender esas y otras demandas.

Hemos respetado el diálogo y la vía pacífica; pero no vemos que haya avances ni solución a nuestras peticiones, dijo uno de los normalistas que tomó la palabra en la rueda de prensa celebrada frente al palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con lo que se comprometió de que después del 6 de junio abrirían una mesa de diálogo con la federación. Exigimos su intervención para que nuestras demandas sean resueltas porque el estado se cierra.

Reiteró que junto con los padres de familia vamos a seguir exigiendo que sean liberados de manera incondicional los 91 normalistas, entre ellos 75 mujeres, y cuatro indígenas desplazados del municipio de Chenalhó, detenidos el 18 de mayo cuando se apoderaron de la caseta de cobro de la carretera de cuota que comunica a San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez.

Ese día fuimos reprimidos y a la fecha no hay ninguna solución, subrayó el estudiante, quien recordó que las 95 personas fueron liberadas de manera condicional, por lo que cada 15 días deben acudir a firmar como medida cautelar, además de que no pueden participar en más protestas.

Sostuvo que su lucha es justa porque el examen presencial es un derecho, pero para el estado es un delito; todos los estudiantes que van a presentar examen de admisión para nuevo ingreso son de bajos recursos económicos y no tiene forma de hacerlo de manera virtual.

Un padre de familia, que tampoco dio su nombre, manifestó que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a llevar acabo un diálogo para atender nuestras demandas; sin embargo, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de lo prometido, acusó.

Remarcó: Los jóvenes normalistas cuentan con nuestro respaldo incondicional y no vamos a descansar hasta ver libres incondicionalmente a los 95. Si no es así, responsabilizamos al gobierno estatal por hacer caso omiso; hasta hoy no hay ningún avance ni diálogo porque no se ha instalado la mesa solicitada.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Mactumactzá, la otra escuela normal que buscan desaparecer

Eran las 7 de la mañana cuando Paola, Evelyn, Danna, Paloma y Sofía se integraron al grupo que saldría de la Escuela Normal Rural Mactumactzá a protestar para exigir la aplicación del examen de admisión de manera presencial. Entre ellas no se conocían. Eran más de 100 normalistas que cuyo destino era la caseta de cobro ubicada en Chiapa de Corzo. Históricamente, las protestas de esta escuela se caracterizan por ser radicales y esta vez no sería la excepción.

Para ellos la aplicación con cuadernillo y lápiz del examen de admisión es esencial porque los aspirantes son indígenas originarios de comunidades donde no hay conectividad. Hasta ese 18 de mayo tampoco contaban con la fecha del mismo.

Danna tiene 22 años y estudia el cuarto semestre, decidió contarnos su historia frente a un mural de rostros encapuchados, ella como las demás piden guardar su identidad al compartir su testimonio.

Eran las 9 de la mañana cuando llegaron a la caseta a entregar volantes y dejar “liberar plumas”, una acción de protesta común entre los normalistas del país. “En ese momento volteamos a ver y vimos que los policías ya nos estaban disparando. Empezamos a correr y nos metimos a los buses. En ningún momento llegaron a advertirnos o que nos dijeran jóvenes retírense, llegaron a echarnos gas lacrimógeno”, comienzan por narrar Sofía y Evelyn.

“Ya en el autobús los policías rompieron los vidrios de la puerta y rociaron gas lacrimógeno que ocasionó que tuviera quemaduras en mi estómago. Después empezaron a gritarnos que teníamos que bajarnos, que si no lo hacíamos nos iban a matar ahí adentro. Nos estábamos ahogando muy feo con el gas, nos decían que nos iban a desaparecer como a los 43 de Ayotzinapa”, indica Paola de 18 años, la más joven de las entrevistadas que hace un año entró a la normal.

La violencia que la policía antimotines utilizó al desalojarlas se refleja en cada uno de los testimonios, parecidos entre sí. La mayoría denuncia frases como “Nos decían que éramos unas putas, que éramos unas perras, unas pendejas, que todo lo que nos estaba pasando nos lo merecíamos”. Además de abusos físicos. Paloma de 19 años cuenta que al momento de ser revisada “Me empezaron a tocar parte de mis senos y de mis partes íntimas, decían que era necesario para estar seguros de que no llevaba mi celular pues muchas grabamos lo que nos hicieron dentro de los autobuses”.

“Cuando a mí me bajaron un policía me jaló de los cabellos, me aventó por la parte de las escaleras del autobús y me trasladaron a un vehículo, estando adentro me golpearon la cabeza en la parte derecha”, recuerda Sofía de 19 años.

La mitad de sus compañeras y compañeros lograron escapar hacia el monte por lo que en ese momento no se sabía la cifra exacta de las personas detenidas, tampoco se sabía a dónde los llevaban. Las estudiantes narran que en el trayecto, los policías amenazaban con desaparecerlas. Paloma encoge los hombros cuando dice “Solo pensaba en lo que iba a sufrir mi mamá”.

Horas más tarde, 74 mujeres, 19 hombres y dos niños se encontraban en la Fiscalía General del Estado de Chiapas. En total, 97. Dos de ellos eran integrantes de la comunidad de Chenhaló que habían acompañado la protesta. Los menores de edad, también de Chenalhó, fueron liberados en ese momento.

Paola pensaba que el llegar a la Fiscalía iba a cambiar la situación, pero no fue así. “Antes de que nos metieran a las celdas nos revisaron, nos hicieron quitarnos la ropa, me dijeron que tenía que quitarme la ropa interior. Tuve que acceder porque me amenazaron”, relata.

Paloma, quien al ingresar a la normal ganó el primer lugar en puntaje del examen, lo recuerda así: “Me preguntaron que si hablaba un dialecto o que de dónde venía. Yo dije que hablaba Cho´l que soy hablante de una lengua indígena y una persona de la misma Fiscalía me empezó a decir ‘tú no mereces estar acá, tú eres una indígena, los indígenas no sirven para nada”.

Para ese momento ya había familiares afuera de la Fiscalía pidiendo información, misma que negaban. Sus compañeros lograron conseguir un abogado para asumir la defensa de los 95, Julio César Fernández, quien también es defensor legal de la CNTE en Chiapas, indica que estuvieron 48 horas sin ser notificados de la ubicación de los estudiantes.

“No se nos permitió el acceso a ver a los muchachos inmediatamente de la detención por lo que aun existe un amparo por desaparición forzada. No podíamos accesar a ver a los muchachos, no podíamos pasar a que nos firmaran la autorización de que podíamos ser sus defensores particulares. Los padres de familia tuvieron que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a través de un visitador es que se permitió la visita, a uno o dos padres de familia, que entraron como a los tres días”.

Tampoco fueron notificados del traslado de las y los normalistas al Centro de Readaptación Social conocido como “El Amate”. Para el 20 de mayo ya estaban ahí. ”Cuando nos trasladaron al Amate, nos trasladaron en la madrugada y a base de engaños porque nos decían que ya nos íbamos a ir, que nos iban a dejar libres y nos sacaron de las celdas. Después nos formaron y nos llevaron por la parte trasera, no nos decían a dónde nos llevaban, repetían una y otra vez que íbamos a desaparecer como nuestros compañeros de Ayotzinapa”, recuerda Paola.

Tres días después, los 93 estudiantes fueron vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial y pandillerismo. Ese mismo día las estudiantes obtuvieron su libertad condicional. Sus compañeros no tuvieron la misma suerte y fue hasta el 3 de junio que fueron liberados. Una semana antes, el presidente López Obrador dio la instrucción de liberarlos desde su conferencia de las mañanas en Palacio Nacional, incluso se dijo que se reuniría con las y los normalista porque aseguró, hay infiltrados.

Actualmente las y los normalistas buscan el desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas. De hecho nadie ha querido regresar a casa por miedo y por unidad.

Evelyn hasta el día de hoy no se explica lo que pasó y, con la voz entrecortada, asegura “la situación que estamos pasando es muy dolorosa. No sólo por mí si no también por mis compañeros, porque aquí en la escuela nos enseñan a ser hermanos y es una lástima el trato que nos dieron, un trato que ni a los delincuentes les dan. Nosotros porque somos normalistas, quieren desaparecernos.

Entre los estudiantes de la Normal Mactumactzá existe el temor de que su escuela desaparezca. No olvidan que en 2006, bajo la administración del gobernador Pablo Salazar, fueron derribados los dormitorios, además de que la escuela se ha cerrado en cuatro ocasiones desde 1931, fecha de su fundación.

Al preguntar si tiene algo más que decir Danna responde “Estamos aquí tratando de ser revolucionarios y de luchar por la educación gratuita en Chiapas, estamos aquí para luchar, para que nuevos aspirantes vengan, para que más hijos de campesinos como nosotros tengan las mismas o mejores oportunidades que nosotros. Luchamos para que la clase trabajadora tenga esperanza aquí en Chiapas y nosotros al egresar poder llevar educación a los lugares más recónditos. Para mí esto significa que el gobierno nos ha quitado todo, e incluso nos ha quitado el miedo”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Dan libertad condicionada a 17 alumnos de Mactumactzá

Los 17 alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y dos desplazados del municipio de Chenalhó que estaban presos en el penal de El Amate, fueron liberados ayer de manera condicionada, luego de que un juez de Chiapas determinó el cambio de medida cautelar, informaron autoridades estatales.

Indicaron que el juzgador fijó una firma periódica y la restricción de activismo en espacios públicos a las 19 personas que permanecían recluidas en el centro penitenciario de El Amate, ubicado en Cintalapa.

Señalaron que el juzgador dio “continuidad al debido proceso y por petición de la defensa ante las probatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE), determinó el cambio de medida cautelar”.

En tanto, padres de familia, normalistas, la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la CNTE, y representantes de los desplazados de Chenalhó, exigieron la liberación incondicional de las 19 personas, por lo que demandaron la instalación de una mesa de negociaciones.

En conferencia de prensa realizada en el parque central de Tux­tla Gutiérrez, donde mantienen un plantón, un paterfamilia recalcó: “No nos vamos a marchar hasta que los liberen incondicionalmente”.

A las 12:30 horas, los 17 estudiantes y dos desplazados de Chenalhó fueron recibidos afuera del reclusorio por padres de familia, normalistas y maestros que atravesaron autobuses en la carretera para bloquear el tráfico. Al salir, abordaron un camión que los trasladó a Tuxtla Gutiérrez.

En un comunicado, el Poder Judicial y la FGE puntualizaron que los 17 normalistas y los desplazados del ejido Puebla, Chenalhó, acusados de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo, “enfrentarán los cargos en libertad, con las restricciones ordenadas por las autoridades, de no poder participar en actos que alteren el orden público”.

De esta manera, agregaron, “desde la respetuosa colaboración, la FGE y el Poder Judicial se conducen con estricto apego a derecho, porlo que las 95 personas detenidas por actos vandálicos ocurridos en la caseta de cobro de la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas el 18 de mayo continuarán vinculadas a proceso (desde su domicilio o escuela) y en caso de reincidir serán reingresadas al penal de El Amate”.

Recordaron que de las 95 personas detenidas inicialmente, 74 mujeres recibieron el 23 de mayo la medida cautelar de firma periódica; dos menores, la de liberación, y, finalmente, 17 normalistas y dos desplazados, la medida de firma periódica, “por lo que todos los detenidos continuarán sujetos a proceso”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Miles exigen diálogo a AMLO y liberación de los 17 normalistas

Miles de maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes y padres de familia marcharon ayer e instalaron un plantón en el centro de esta capital para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo entre la dirigencia magisterial y el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la liberación de 19 detenidos desde el 18 de mayo, 17 de ellos estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá.

El dirigente de la sección 7, Pedro Gómez Bahamaca, llamó “a la razón y la sensibilidad” de López Obrador y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para que se instale una mesa de negociación de alto nivel, a fin de que sean atendidas sus demandas, como la excarcelación “inmediata e incondicional” de 17 normalistas y dos indígenas desplazados, presos en el penal de El Amate.

“En la ruta que eligieron de aplicar la represión, lo único que están provocando es incendiar las praderas en las distintas regiones de Chiapas”, expuso Gómez Bahamaca durante el mitin celebrado al término de la movilización.

“El control mediático y la campaña de linchamiento orquestada desde Palacio Nacional, la cual se repite en la entidad, lleva la consigna de desarticular todo movimiento social que se atreva a levantar la voz contra la política depredadora, aniquiladora de los derechos laborales, sociales, sindicales y de salud” del pueblo mexicano, manifestó.

“¡Solución, solución, no queremos represión!”, corearon los manifestantes –unos 20 mil, aseguraron los organizadores, y 4 mil, según reportes de la policía local–, que comenzaron la marcha en el oriente de la capital. Concluido el mitin, dirigentes de la sección 7 declararon instalado el plantón por tiempo indefinido en el parque central, en espera de lo que acuerde la asamblea estatal, que según Gómez Bahamaca, “pondrá santo y seña a las actividades que el miércoles podríamos realizar”.

Pasado el mediodía, los docentes, a quienes se unieron integrantes de organizaciones sociales y desplazados de Chenalhó, instalaron casas de campaña en el parque central para permanecer “los días que sea necesario hasta que liberen” a los detenidos. “Si no hay solución, no habrá elección”, reiteraron.

Uno de los oradores aseguró que los normalistas de Mactumactzá fueron “reprimidos brutalmente por la policía, sólo por exigir sus derechos”, como pedir que el examen de admisión para nuevo ingreso fuera presencial y no en línea, porque son hijos de campesinos.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Marchas pro Ayotzinapa y Mactumactzá en Guerrero y Chiapas

Padres de familia, estudiantes y maestros, organizaciones sociales y estudiantiles de Chiapas y Guerrero marcharon ayer para exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la liberación de 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, vinculados a proceso la víspera.

Entre los contingentes que acompañaron las protestas estuvieron la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, así como organismos civiles en Guerrero.

La manifestación en Chiapas se desarrolló en Tuxtla Gutiérrez y en otras ciudades. Un integrante del comité ejecutivo de estudiantes de Mactumactzá, que omitió su nombre, dijo que “este 26 de mayo no es el mismo, porque tenemos dos consignas: la aparición de los 43 y la liberación inmediata e incondicional de los compañeros de nuestra normal”, detenidos desde el 18 de mayo.

De los 95 detenidos, 91 son normalistas y cuatro desplazados de Chenalhó que se unieron a sus movilizaciones, 74 mujeres fueron liberadas el domingo anterior, “pero siguen con su proceso y tienen que firmar; porque están en libertad condicional y las carpetas siguen abiertas”, denunció.

Señaló que “en la audiencia correspondiente con los 19 compañeros (17 normalistas y dos desplazados), el juez dictó que sigan en el penal de El Amate; por eso vamos a seguir con la exigencia de que sean liberados”.

Respecto a que las autoridades educativas aceptaron que el examen de admisión sea presencial y no en línea, el próximo 9 de julio, motivo de sus protestas, indicó no tener información oficial.

“Habrá que ver los términos y las condiciones de las autoridades de cómo se dará el examen porque no hay nada firmado”, destacó.

En Guerrero, la protesta estuvo encabezada por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; del colectivo los Olvidados de Ayotzinapa; de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, entre otros, quienes también demandaron la libertad de los normalistas de Mactumactzá.

Reclamaron al gobierno federal la lentitud en las investigaciones de ese caso y la falta de justicia para los tres estudiantes asesinados el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Se pronunciaron en contra de la represión por parte del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en contra de la Normal Rural de Mactumactzá.

También pidieron justicia por las dos estudiantes de la Normal Rural de Teteles, Puebla, que murieron en un presunto accidente carretero, cuando se encontraban boteando en un crucero de esa entidad, el pasado 20 de mayo.

La protesta arribó al antimonumento, en la Glorieta a Las Banderas de Chilpancingo, donde se denunció la falta de avances para dar con el paradero de los 43 desaparecidos. Además, advirtieron que no permitirán que los candidatos de esta contienda electoral utilicen estas tragedias para promoverse.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

PERSPECTIVA_ “Mactumactzá: el renacer del cerro de las once estrellas”

Cuatro veces las autoridades han cerrado la Escuela Normal Rural de Mactumactzá (en Chiapas) y cuatro veces ha renacido. Así sucedió en 1935, 1942, 1946 y 2003. La tenacidad y la lucha de sus alumnos y egresados, y de las comunidades de las que provienen, la hicieron retoñar.

Lo que hoy es Mactumactzá (el cerro de las once estrellas, en lengua zoque), comenzó a funcionar con el nombre de Escuela Normal Rural de Cerro Hueco, el 24 febrero de 1931, en un terreno donado por el gobierno de Raymundo E. Enríquez. Carente de infraestructura y mobiliario, con aulas de adobe y palma, se equipó con el trabajo voluntario de los estudiantes y las donaciones en especie de los campesinos. Funcionó hasta 1935.

En 1936, las autoridades la cerraron y, en su lugar, en la finca La Chacona, instalaron una Escuela Regional Campesina, que funcionó muy precariamente. No les duró mucho el gusto. En 1941, la SEP la transformó en Escuela Práctica de Agricultura. Sus alumnos emigraron a otras instituciones. Durante seis años impartió enseñanza técnica a los campesinos, quienes, al egresar, podían ejercer como maestros y titularse en otra normal.

Como a las autoridades les incomodaba profundamente el compromiso social de los alumnos, en 1945 se suprimió el primer año, con el argumento de que no había presupuesto. Un año más tarde, su suerte estaba echada. Los estudiantes fueron trasladados a otras instituciones. El gobierno anunció que, en su lugar, se instalaría un laboratorio de inseminación artificial para mejora del ganado. El edificio quedó abandonado.

Diez años más tarde, se impuso la imperiosa necesidad de formar maestros en una entidad que carecía de ellos, y la escuela renació como Escuela Normal Rural Mactumactzá (ENRM). En abril de 1956, abrió sus puertas como internado para hombres, con grandes limitaciones financieras y materiales.

En 1970, muchos egresados de la normal participaron activamente en las luchas campesinas e indígenas (y hasta en las obreras) que irrumpieron en Chiapas en esa década. Se convirtieron en intelectuales orgánicos del mundo rural. Su participación en tomas de tierras, organización de cooperativas de producción y consumo, protestas por servicios y para incrementar precios de garantía, fue fundamental. En 1979, los maestros del estado organizaron grandes paros para aumentar su salario y democratizar el SNTE. El equipo dirigente de ese movimiento se había formado políticamente en Mactumactzá, y en las Escuelas Técnicas Agropecuarias. En diciembre de ese año, fundaron, junto a las disidencias democráticas de todo el país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esa centralidad organizativa de los egresados de la normal en las luchas populares en Chiapas ha disminuido conforme las organizaciones campesinas e indígenas han forjado liderazgos no vinculados al magisterio. Sin embargo, sigue siendo relevante. En el comité ejecutivo de la sección 7, integrado por 155 maestros, 34 son egresados de ­Mactumactzá.

Un momento clave en la historia de la normal fue su confrontación con el gobierno de Pablo Salazar. Su administración recibió un préstamo del Banco Mundial por 40 millones de dólares. Entre las “sugerencias” que el organismo multilateral hizo estaba el cancelar las plazas automáticas a los egresados de la ENRM.

El conflicto se intensificó. Las autoridades reprimieron salvajemente a estudiantes y trabajadores y los encarcelaron. Pablo Salazar se propuso cerrar la escuela y crear en su lugar un instituto politécnico. “Sin esa normal, miles de campesinos ya no tendrán siquiera la aspiración de llegar a ser maestros profesionales”, le expresó a Blanche Pietrich, el dirigente de la sección 7, Fortino Vázquez (https://bit.ly/3fa2Q3f).

El desenlace representó un golpe muy duro para el normalismo. Se cerró el sistema de internado; más de la mitad de las 560 matrículas que tenían se redujeron. La persecución política en su contra fue inclemente.

Pese a ello, Mactumactzá sobrevivió y poco a poco comenzó a recuperarse del descalabro. La matrícula fue creciendo, se construyeron dormitorios y el equipamiento mejoró.

Sin embargo, el fantasma de su desaparición ronda la escuela. Durante la administración del morenista Rutilio Escandón se ha utilizado, una y otra vez, de manera bestial la fuerza pública contra los normalistas. La detención de casi 100 estudiantes, la mayoría muchachas, y la agresión sexual de la que fueron víctimas apenas la semana pasada muestra cuánto incomoda la normal al gobernador.

La magnitud de la represión contrasta con las demandas estudiantiles. Los jóvenes exigen que se haga pública la convocatoria para nuevos ingresos a la escuela y que el examen de admisión sea presencial y escrito en un cuadernillo. Las autoridades, en cambio, están empecinadas en que sea en línea.

La ENRM es una escuela de pobres para pobres. Obligar a presentar un examen de admisión en computadora a un hijo de campesinos que no ha tenido acceso a una y que en su comunidad no hay servicio de Internet significa dejarlo fuera de la escuela. Nunca podrá competir así por un lugar para estudiar, con quienes, por vivir en las ciudades o tener más recursos económicos, están familiarizados con el uso de medios digitales.

La sospecha de que el gobierno quiere clausurar la escuela o, al menos, modificar la composición social de sus estudiantes, tiene bases firmes. Pero quienes acarician la fantasía de golpear a Mactumactzá olvidan que, las cuatro veces que han querido cerrarla, el cerro de las once estrellas ha renacido. Ésta, no será la excepción. Los jóvenes sueñan con ser maestros de los pobres. No van a renunciar a ello. De paso, han advertido que serán la pesadilla de quienes quieran arrebatarles sus sueños.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

Liberados 74 de los 95 normalistas detenidos en Chiapas tras las críticas de la ONU

Este domingo fueron liberadas 74 mujeres estudiantes de la normal rural de Mactumactzá de Chiapas, después de seis días encarceladas, confirmaron a EL PAÍS varios de sus compañeros. El grupo forma parte de los 95 estudiantes detenidos el martes, cuando protestaban en una autopista de Chiapas. Otros 21 jóvenes, todos hombres, seguirán en prisión el proceso penal abierto contra ellos. La liberación llegó poco después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresara su preocupación por el destino de los detenidos. Entre las restricciones impuestas por el juez, las mujeres liberadas no podrán continuar con el activismo ni las protestas. El martes se conocerá la situación jurídica en la que quedan los 19 hombres aún recluidos en el penal El Amate. Sin embargo, sus compañeros amenazan con comenzar desde mañana una intensa semana de movilizaciones y protestas.

La escandalosa detención de los estudiantes, en medio de golpes y abusos ampliamente difundidos en redes sociales, tuvo su corolario este domingo cuando la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México expresó su “preocupación” por la situación y exigió una “investigación seria” sobre las denuncias de abusos policiales que deben ser “investigadas de forma diligente”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina en México.

El martes pasado, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron una protesta en una autopista que conecta la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con San Cristóbal de las Casas. Exigían un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia porque la mayoría de los aspirantes son indígenas que no tienen acceso a internet, detalló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado. Durante el desalojo de los manifestantes, 97 personas fueron detenidas, los 93 estudiantes y cuatro pobladores. Dos de los pobladores eran adolescentes y fueron puestos en libertad poco después. Pero las otras 95 personas fueron llevadas ante el juez que declaró legal su detención.

Las normales son escuelas de maestros rurales a las que ingresan campesinos y gente muy pobre y suelen estar en la mira de las autoridades porque tienen una tradición muy combativa y a menudo protagonizan protestas, cortes de carretera o tomas de instalaciones que, en ocasiones, pueden conllevar actos violentos.

La ONU recibió denuncias de parte de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas arrestadas sobre presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a sus derechos tanto en las instalaciones de la Fiscalía de Chiapas como en la cárcel a la que fueron trasladados llamada El Amate. “Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió Fernández-Maldonado. Por este motivo, la oficina de Naciones Unidas pidió garantizar el debido proceso de todos los detenidos, que las personas que hablan lenguas indígenas dispongan de traductores y que se investigue de forma diligente e imparcial los posibles casos de abusos.

Las normales se han visto en el centro de la polémica y son ya un triste símbolo de violaciones a los Derechos Humanos desde que en 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, después de participar en la toma de varios autobuses en la localidad de Iguala. En este caso, los estudiantes de la Mactumactzá protestaban por no tener acceso a internet para hacer los trámites que el Estado les exige.

Para muchos, acceder a una escuela como la normal rural les asegura, además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo no pueden pagar. “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, señaló uno de los voceros. En 2020 solo un 20% de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá lograron el acceso, de ahí las protestas de estos días.

Paralelamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que luego de estas detenciones, al menos 54 personas siguen en calidad de desaparecidas. Al rechazar lo que se consideró como una represión policiaca, la CNDH explicó que han recibido denuncias de las decenas de desaparecidos en el sureste del país. “Expresa su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclama de las autoridades del estado apego a la ley y atención urgente y especial”, denunció la CNDH.

CON INFORMACIÓN VÍA EL PAÍS

Encarcelados 95 estudiantes normalistas en Chiapas tras una protesta

Un grupo de 95 estudiantes — 74 mujeres y 21 hombres— de la Normal Rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) fueron detenidos durante una protesta en la carretera de cuota entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas por la Policía Federal. Los jóvenes, de entre 18 y 20 años, formaban parte de un grupo de 250 estudiantes normalistas que tomaron varios autobuses de línea y realizaron un bloqueo en la caseta de peaje cuando fueron dispersados por las autoridades con gases lacrimógenos y trasladados a los separos de la Fiscalía del Estado.

En menos de 48 horas, los normalistas han sido llevados a la prisión federal de El Amate y ahí esperan audiencia con el juez. Sus familias señalan una total opacidad en el traslado de los jóvenes y algunas de las chicas detenidas denuncian abuso sexual por parte de los agentes federales que las han obligado a pasar la noche en una celda hacinadas, sin poder moverse. “Aparte del maltrato psicológico, fueron golpeadas durante la detención e intimidadas con comentarios sexuales, después recibieron tocamientos de la policía”, afirma un vocero de la escuela. Los estudiantes que estaban subidos a los autobuses cuando la policía empezó a dispersar la revuelta fueron detenidos. La mayoría eran mujeres. “Llegaron unos 400 policías y empezaron a lanzar gases lacrimógenos”, relata el representante de la escuela. “En el momento en que íbamos a regresar, las compañeras se subieron al camión y fue cuando comenzó el desalojo de la policía, no pudieron bajar y fue fácil detenerlas”, agrega.

Con los bloqueos, los estudiantes recogen aportaciones para financiar sus actividades, desplazamientos y comida de los alumnos que hacen prácticas en las instalaciones. Desde el 11 de mayo, el grupo de estudiantes comenzó a bloquear las entradas a Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado, como medida de presión para que se cumplieran sus demandas.

Mientras tanto, ni la Fiscalía del Estado ni el gobernador Rutilio Escandón, del partido Morena, han dado a conocer una lista con los nombres de las personas arrestadas, por lo que muchos compañeros y familiares de los jóvenes que participaban en la protesta dan como desaparecidos a varios que aún no han vuelto a casa. Entre ellos hay dos menores de edad de la comunidad de Chenalhó que se sumaron a la manifestación. “Están retenidos porque no hay listas oficiales de detenidos, no hay cargos que se les imputen, no hay rueda de prensa oficial de la Fiscalía”, reclama uno de los compañeros de los normalistas que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. “Hubo acuerdo de palabra con los padres y la Fiscalía del Distrito Centro y Metropolitano para que pudieran pasar a ver a sus hijos para darles ropa y comida, pero solo algunos padres pudieron entrar”, señala el vocero.

Los normalistas reclamaban hacer el examen de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial y no a través de Internet, como se había hecho durante la pandemia. Las normales rurales son el lugar donde se forma la mayoría de maestros que trabaja en las escuelas más desfavorecidas del país y el confinamiento ha sacado a la luz, aún más, la brecha digital que vive México, alcanzando a profesores y alumnos por igual.

Más de cinco millones de niños en México han abandonado las clases por falta de conexión y muchos de sus maestros tampoco han podido continuar su labor desde casa. Chiapas, Oaxaca y Guerrero son algunos de los Estados más afectados. Los normalistas de Mactumactzá se quejan de no tener acceso a Internet para hacer los trámites que el Estado les exige. Para muchos, acceder a una escuela como la Normal Rural les asegura además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo no podrían costear. “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, dice el vocero. En 2020 solo un 20% de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá consiguió entrar, de ahí las protestas de estos días.

La Fiscalía estatal ha abierto una carpeta de investigación por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación. Las autoridades dicen que en el operativo decomisaron a los manifestantes 1.464 cohetones y 280 cócteles molotov. La detención de los jóvenes ha generado múltiples protestas en normales rurales de otros Estados y en varias ciudades de Chiapas que han acabado con destrozos y daños al mobiliario público. A las puertas de la Fiscalía estatal compañeros, maestros e integrantes de la sociedad civil han exigido la puesta inmediata en libertad sin cargos de sus compañeros. El Gobierno de Chiapas ha explicado en un comunicado que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público a fin de “esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”. Sobre la financiación de Mactumactzá, el ejecutivo asegura que la escuela ha recibido este año 4,5 millones de pesos para hacer frente a los gastos.

Más allá de los presupuestos y los comunicados, la sombra de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, cuando se dirigían a una manifestación, planea en el recuerdo de todos aquellos que se han movilizado para pedir la liberación de los jóvenes de Mactumactzá.

CON INFORMACIÓN VÍA EL PAÍS