Preocupa la concentración de los gigantes digitales en México

Existe una alta concentración en Internet en México, especialmente preocupa en el área de motores de búsqueda, navegadores y redes sociales, dominados por Google y Facebook. Esta es una de las principales conclusiones del estudio ¿Hay concentración en América Latina? El caso de México, elaborado por el investigador Rodrigo Gómez para OBSERVACOM, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

“Los servicios desregulados, tienden a una mayor concentración y están dominados por gigantes tecnológicos globales –pensemos en Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft (GAFAM)–. Mientras que los servicios relacionados con el acceso, llámese internet fijo e internet móvil, al ser regulados hay una intervención técnica, por medio de medidas asimétricas, que busca disminuir la concentración y promover la libre concurrencia”, aseguró Gómez durante la presentación que se realizó el 22 de septiembre en forma virtual.

Junto a Gómez, para intercambiar opiniones sobre el trabajo estuvieron Beatriz Solis, ex Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y actual Vicepresidenta de la Fundación Libertis; el académico Raúl Trejo; la ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), María Elena Estavillo; la Presidenta de Observatel, Irene Levy; la Directora General del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Aleida Calleja; y el Director Ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García.

El estudio elaborado por Rodrigo Gómez trabaja a partir del índice CR4, que mide el grado de concentración de las cuatro principales firmas en un determinado mercado, tomando en cuenta ocho indicadores: acceso a Internet fija y móvil; uso de navegadores, motores de búsqueda, redes sociales y mensajería instantánea; así como modos de acceso a las noticias y fuentes en Internet.

Gómez explicó que, en el caso de Internet fija, America Móvil cuenta casi con el 50% del mercado, seguido de Televisa (24,8%), Megacable (15,9%) y Total Play (9,6%). La compañía de Carlos Slim también lidera el mercado de Internet móvil con una participación superior al 70%, en tanto el 30% restante se reparte entre AT&T y Telefónica (16 y 10%, respectivamente).

Por su parte, en el mercado de navegadores y motores de búsuqeda, Alphabet/Google se erige como principal jugador ya que concentra el 77,3% y 96,4% respectivamente. En el caso de motores de búsqueda se evidencia una posición monopólica.

En cuanto a las redes sociales, Facebook a través del servicio homónimo y YouTube (Google) son las más utilizadas (80% en cada caso), seguido de Instagram (42%) -también propiedad de Facebook- y Twitter (32%), sostuvo Gómez.

El liderazgo de Facebook también se evidencia en el servicio de mensajería instantánea: WhatsApp (91.3%) y Facebook Messenger (79.4%).

Respecto de las formas de acceso a las noticias, Facebook (60%) es la principal vía, seguida de YouTube (37%), WhatsApp (35%) -también de Facebook-, Twitter (17%) e Instagram (13%).

Por último, en cuanto a las fuentes de noticias, hay una combinación entre medios tradicionales y digitales. El Universal aparece en primer lugar (30%), seguido del medio digital de Carlos Slim UnoTV (25%), el de la televisora TV Azteca (24%), el medio nacido en forma digital Aristegui Noticias (21%) y en quinto lugar aparece Televisa noticias (17%).

La vicepresidenta de Fundación Libertis (OBSERVACOM), Beatriz Solís, aseguró «el documento resulta una puesta a prueba de una serie de indicadores de concentración de internet que nos ayudar porque asumimos que Internet va a ser una herramienta para el ejercicio de múltiples derechos…(pero) al encontrarse concentrados los actores se agudizan las desigualdades… tener esta información para elaborar políticas públicas será de gran ayuda”.

El académico Raúl Trejo Delabre también celebró la presentación del documento y señaló que la regulación en México ha sido la herramienta que permitió reducir la presencia de Telmex en Internet fija, en cambio al no haber sido tan severa en el área de TV, permitió el crecimiento de Televisa en Internet.

Se refirió a la dificultad de contar con buenas fuentes de información para el sector de comunicaciones. “Es importante que en el caso de México se acuda a los pocos datos disponibles. Hoy tenemos información del IFT, que es bueno que exista, pero en Internet se usan fuentes de consultoras, a veces del INEGI. Seguimos padeciendo un tristísimo déficit acerca de información de medios de comunicación, de internet y sus afluentes. No hay datos públicos abiertos, constantes y confiables”, aseguró.

Como líneas de trabajo futuras para seguir profundizando el estudio de concentración de OBSERVACOM, Trejo Delabre propuso que se realicen serie históricas y comparativas. Asimismo planteó la importancia de discutir cuestiones como la transparencia de las plataformas digitales sobre sus datos, cómo utilizan los algoritmos, la publicidad encubiertas, las noticias falsas, entre otros aspectos.

La Presidenta de Observatel, Irene Levy dijo que una novedad del trabajo es abordar el problema de la concentración desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que es más frecuente ver trabajos sobre competencia económica.

“Me gustaría ver en una segunda parte: ¿Qué debe hacer el gobierno de México para mejorar la situación de concentración que vemos?”, planteó. Además propuso que se tenga en cuenta en próximos trabajo el análisis de la red compartida mayorista.

La ex comisionada del IFT, María Elena Estavillo, señaló que “uno de los méritos del estudio es ir a buscar los datos, reunirlos y sistematizarlos. Evidentemente nos confirma que existe concentración pero llegamos a esta conclusión con datos y esta es la mayor utilidad, porque así podemos diseñar políticas efectivas”.

“Existe una falsa idea que si el gobierno no regula hay libertad pero los lugares vacíos se llenan, en este caso, por un poder privado… hay que buscar formas de gobernanza multipartitas”, indicó.

Como línea de continuidad de la investigación, Estavillo propuso que “quisiera ver interpretación de este grupo de datos e indicadores desde las dimensiones de derechos humanos como privacidad, inclusión, acceso a la información, pluralidad, justicia, educación”.

Desde la sociedad civil, el Director de R3D, Luis Fernando García, consideró que “la participación de mercado no es el dato más relevante para ver cómo abusan de poder los gigantes digitales. Hay que indagar sobre cuál es la afectación al interés publico y cómo abordarlo, cuál puede ser la respuesta regulatoria”.

Dijo que en México “aún teniendo todos los datos hay un problema de diseño institucional (para abordar a las plataformas), el IFT y COFECE se disputan la competencia… No tengo confianza ni en los órganos autónomos ni en el legislativo sobre cómo regular a los gigantes de Internet teniendo en cuenta sus actuaciones recientes”.

Por último, la Directora General del IMER, Aleida Calleja, señaló que “las herramientas tradicionales para medir la concentración se tienen que reinterpretar frente a estos mercados digitales”.

Dijo que las plataformas se han instalado como espacios privados de deliberación pública. “Regular o no regular, no vale esa dicotomía. Algunas cosas cabe regular, otras co-regular y otras auto-regular. No es decisión solo de los gobiernos sino que se tienen que involucrar múltiples actores. No se puede tener solo soluciones nacionales porque el problema es global”, concluyó.

CON INFORMACIÓN VÍA OBSERVACOM

IFT aprueba la política de México respecto a Neutralidad de la Red

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este lunes la política que México emprenderá en materia de Neutralidad de la Red, después de siete años de discusiones del regulador con diversos actores de la industria y la sociedad civil, y posterior también a una sentencia judicial que le ordenó emitir los lineamientos o principios generales sobre Neutralidad de la Red.

El IFT tenía hasta este miércoles 30 de junio para emitir lo que oficialmente se conoce como los “Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet”.

La Neutralidad de las Red es un asunto tratado en el Capítulo VI de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), en su parte reglamentaria del año 2014 y se encuentra como mandato en los artículos 145 y 146 de esa legislación.

La Neutralidad de las Red, entre otros detalles, tiene que ver con la libre elección de los usuarios para acceder a todo tipo de aplicación o servicios y que éstos no sean discriminados o interferidos por los proveedores, y que además asegure la privacidad de los usuarios y la propia seguridad de las redes de telecomunicaciones.

Ahora, el propósito del IFT con los lineamientos de Neutralidad de la Red será el garantizar que los concesionarios que prestan el servicio de acceso a Internet no realicen prácticas de gestión de tráfico contrarias a los derechos libertad de expresión, pluralidad, competencia, innovación y a la privacidad de las personas.

Después de cinco años, el IFT puso a consulta pública un anteproyecto de estos lineamientos a fines del 2019, pero fue impugnado por distintas organizaciones civiles por considerar que ese proyecto iba en contra de la Neutralidad de la Red.

Ya en este año, un tribunal concedió un amparo a la organización civil conocida como Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y a Observacom, con el que se ordenó al IFT a emitir los lineamientos sobre Neutralidad de la Red.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

PERSPECTIVA_Amplio consenso en México: regulaciones sobre Internet requieren un debate con la participación de múltiples actores

Las regulaciones sobre Internet en México deben ser debatidas con la participación de múltiples actores interesados y las propuestas deben estar en línea con los estándares de libertad de expresión, es el amplio consenso entre expertos/as que participaron del Seminario Internacional «Moderación de contenidos y la protección de la libertad de expresión de los usuarios de redes», organizado por UNESCO y OBSERVACOM, el viernes 12 de marzo. El diálogo continuará el 24 de marzo.

El Vocero y Coordinador de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez, sostuvo que el Estado no debería tener el control de lo que se dice en Internet, ni tampoco las empresas privadas. “Aquí la sociedad tiene que construir espacios de contrapesos vivos”, dijo. Agregó que “las redes sociales tienen que hacer transparentes los criterios que usan (para moderar contenidos). Facebook y Twitter deben transparentar sus algoritmos. La exigencia de transparencia no es solo para el Estado”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez dijo que “no se pueden construir política pública sin consensos” si se pretenden soluciones robustas y sostenibles, se necesita un debate abierto y multistakeholder. “Abrimos junto a UNESCO este espacio de diálogo y tenemos la expectativa de que ustedes puedan encontrar soluciones para que haya una Internet más libre y más abierta, y que haya más libertad de expresión, y no menos”, aseguró.

Para Rosa María González, Consejera Regional en Comunicación e Información de UNESCO “las plataformas ejercen un enorme poder y sus decisiones no tienen apoyo en estándares públicos”. “El camino no vendrá de regulación de contenidos sino de la combinación de regulación, autorregulación y co-regulación de procesos, con foco en la transparencia tanto de las políticas y prácticas publicitarias, del modelo económico, de las decisiones de moderación y diseño de estas plataformas”, aseguró, y señaló que los principios DAAM (derechos, apertura, accesibilidad y multiplicidad) de UNESCO podrían ser una guía para las regulaciones sobre los intermediarios de Internet.

En la misma línea, Guilherme Canela, Jefe de la Sección de Libertad de Expresión la UNESCO, dijo que “cualquier decisión de la regulación debe preservar la arquitectura de Internet” y agregó que UNESCO desarrolló principios para guiar la estructura regulatoria en base a principios de regulación, autorregulación y corregulación. Explicó que los principios DAAM, si bien no aluden a moderación de contenidos, sirven como base para construir cualquier regulación sobre el tema.

El Oficial de Tecnología y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, aseguró que “la plaza pública digital no está disponible para todos… Algunos son escuchados y otros no… los sistemas de moderación pueden discriminar lenguas indígenas porque estos sistemas privilegian lenguas dominantes”. Además planteó que la “concentración de poder de redes sociales puede afectar el pluralismo”.

Campbell destacó seis puntos para abordar las regulaciones sobre moderación de contenidos por parte de las plataformas de Internet: primero, asegurar un debate amplio y democrático; segundo, la regulación debe seguir a los estándares de derechos humanos; tercero, evitar ambigüedades sobre lo que constituye un contenido ilícito; cuarto, las regulaciones deben exigir a las plataformas la existencia de revisión humana para la moderación de discursos; quinto, los Estados deben exigir transparencia a las empresas sobre la moderación de contenidos y, al mismo tiempo, los Estados deben ser transparentes sobre lo que piden a las empresas. Por último, Campbell señaló que los usuarios deben poder apelar decisiones que toman las plataformas sobre sus contenidos.

Además de los representantes de organismos de derechos humanos, participaron del Seminario representantes de organismos públicos de México.

Roberto Duque, representante de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal mexicano, sostuvo que un reto mayúsculo en relación a las plataformas de Internet tiene que ver con la transparencia. Explicó que al hablar de Internet, hay que tener cuidado con equiparar la regulación de redes sociales a la de medios tradicionales. “Las redes sociales no utilizan la red publica de telecomunicaciones sino Internet”, explicó.

“No se trata de que se impongan reglas que limiten los derechos, ni de interferir con el funcionamiento de una red social o que una entidad pública defina qué puede circular y qué no por las redes… Una regulación sobre Internet debería apuntar a potenciar los enormes beneficios de las redes sociales e inhibir los riesgos”, concluyó.

El senador Ricardo Monreal, quien recientemente presentó una iniciativa para regular las redes sociales en México, dijo que la regulación de Internet requiere una discusión global para que haya normativas adecuadas a nivel nacional e internacional. “No podemos confiar en que las empresas privadas se autorregulen y que decidan qué contenidos o cuentas de usuarios borrar”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Javier Hidalgo planteó que “es legítimo todo marco jurídico que quiera regular estos servicios (de Internet) y explicó los alcances de un proyecto de Ley Federal de Protección al Usuario Digital que presentó al Congreso que incluye mecanismos para conocer argumentos y lógica con la que plataformas toman decisiones, así como regular a las plataformas preponderantes y la portabilidad de información entre plataformas.

Por su parte, el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sostuvo que cualquier limitación a la libertad de expresión debe estar claramente establecido por Ley, tal como lo dispone la Constitución mexicana y los Pactos Internacionales.

“No parece haber un caso claro de que las limitaciones a la libertad de expresión puedan ser diseñadas por particulares (redes sociales)…. Sería dejar a discreción de un particular los límites a la libertad de expresión”, aseguró.

Explicó que si se considera que este es un tema de interés público que requiere intervención de los poderes públicos, “tenemos que ver cuál es el grado deseable de intervención….El enfoque debe ser de múltiples partes, no solo en el diseño sino también en la implementación de la normativa”, señaló.

Se debe fortalecer la cooperación entre las partes para la implementación de medidas regulatorias de Internet. “Deben colaborar los gigantes tecnológicos para la elaboración de normas”, concluyó.

Luego fue el turno de representantes de organizaciones de sociedad civil que se manifestaron críticos respecto del anteproyecto del senador Monreal.

Priscilla Ruíz, Coordinadora Legal de Derechos Digitales de Artículo 19 de México, presentó evidencias para sostener que la remoción de contenidos no solo la hacen plataformas, “la moderación y remoción son ejercidos por el Estado Mexicano desde aparato federal hasta entidades federativas”. Asimismo, planteó que algunos de los mecanismos que deben ser contemplados para la regulación de las plataformas de Internet son la notificación al infractor, el debido proceso frente a las partes, énfasis en términos y condiciones con definiciones claras y de acuerdo a derechos humanos; desagregación de datos y mecanismos de apelación expeditos y efectivos.

En tanto la representante de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Sissi de la Peña, enfatizó en que “toda regulación debe preservar la arquitectura abierta de Internet… la regulación no debe inhibir el desarrollo del sector”. También manifestó su preocupación en torno a la iniciativa presentada por el senador Monreal, en especial porque «bajo la definición de redes sociales prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público y, por tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red”.

“Este es un debate que no se puede agotar en tres semanas y no se debate solo entre sector público y privado, debe incluir muchos actores; academia, sociedad civil. El debate debe continuar y ser extenso”, concluyó.

Por su parte, Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), destacó que una cualidad de Internet es su colaboración. Planteó que el anteproyecto de Monreal condiciona la libertad de expresión. Además indicó que el IFT no solo se vería rebasado en sus funciones, sino que sus decisiones tendrían matiz político. Explicó que el regulador es un organismo administrativo que no cuenta con idoneidad en materia de libertad de expresión y extender su alcance sobre la moderación de discursos en Internet, excedería el mandato constitucional.

El Director Ejecutivo de Red por la Defensa de Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, sostuvo que la propuesta regulatoria genera incentivos para que las plataformas censuren, por eso es importante el principio de no responsabilidad legal de intermediarios sobre contenidos de terceros.

“Si plataformas no pudieran moderar contenidos, la experiencia de usuarios sería intransitable… Hoy no hay evidencia que redes hayan usado moderación para silenciar grupos políticos o étnicos”, explicó y agregó que es importante enfocarse en una definición clara y acotada sobre plataformas a ser reguladas, así como se deberían contemplar elementos como la desagregación entre la empresa que aloja el contenido y la encargada de la moderación, del mismo modo que la apelación de las decisiones tampoco puede ser parte de la misma compañía que es cuestionada.

Por último, Cynthia Solís de Internet Society México (ISOC), enfatizó en que “pugnamos por una regulación que entienda estructura de red y que no atente contra derechos… el modelo de autorregulación ha sido muy criticado e incomprendido… los modelos de co-regulación y autorregulación vinculante son propicios (para el entorno de Internet)”.

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CON INFORMACIÓN VÍA OBSERVACOM