TENDENCIAS_ Plataformas colaborativas: ¿cómo pueden ser una vía para la inclusión de mujeres en la economía?

La economía gig o colaborativa abre caminos para disminuir la exclusión económica de las mujeres, debido a que les permite tener flexibilidad y fuentes de ingresos para lograr su autonomía. Sin embargo, hace falta impulsar más su participación con medidas diferenciadas y afirmativas.

Con la llamada “economía colaborativa” ―el sistema en el cual se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales―, se abren caminos para disminuir la exclusión de las mujeres de la economía, el cual ha sido un problema histórico que impide alcanzar la igualdad de género en el mundo.

Diversos organismos internacionales coinciden en que las plataformas digitales han aumentado las oportunidades económicas para las mujeres, incluidos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque también advierten retos.

Las plataformas que participan en la economía colaborativa ofrecen a las mujeres vías y ventajas para generar ingresos, especialmente en los países en desarrollo, debido a que les permiten tener mayor flexibilidad, les ayuda a conseguir independencia económica y a entrar a sectores típicamente dominados por los hombres.

En Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala y Paraguay las mujeres optan por encontrar ingresos flexibles dentro de la también conocida como “economía gig”, principalmente, porque pueden decidir dónde, cuándo y cómo trabajar, lo cual les facilita obtener una remuneración con actividades que se adaptan a otras responsabilidades, de acuerdo con el informe El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, elaborado por el BID.

No es un secreto que el cuidado, la crianza y las labores del hogar recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. Por eso, ellas valoran aún más la flexibilidad del trabajo mediante las plataformas digitales. En contraste, según datos recabados en el estudio, los hombres ponderan en primer lugar otros beneficios como obtener experiencia laboral, ingresos extras o incluso la diversión.

También las mujeres pueden enfrentar menos barreras de entrada en las plataformas colaborativas. Por ejemplo, en las aplicaciones de movilidad sólo se registran y cumplen con un proceso más sencillo totalmente en línea, mientras que para ser conductoras de un taxi deben conseguir permisos, cuotas y convivir en los sitios físicos de pasaje con, en su mayoría, hombres, lo cual puede ser intimidante.

En otros ámbitos, las plataformas tienen el potencial de ayudar a impulsar emprendimientos de mujeres o crear redes de contacto para los negocios; además de promover y mejorar la inclusión financiera, ya que suelen ofrecer una conexión directa con nuevos productos o instituciones financieras a través de acuerdos.

Además de estas ventajas, durante la crisis por la pandemia de Covid-19, las mujeres han recurrido a la economía colaborativa para conseguir fuentes de ingresos ante la pérdida de empleos o para tener ganancias adicionales, dado que varios sectores productivos se vieron afectados. 

La emergencia sanitaria provocó una disminución de 10.2 por ciento en la tasa de ocupación laboral entre las mujeres de América Latina y el Caribe en 2020, mientras que la contracción en el caso de los hombres fue de 7.2 puntos, de acuerdo con la OIT. Es decir, la pandemia trajo consigo un retroceso de una década en los niveles de ocupación femenina.

Previo a esta situación excepcional, la participación de las mujeres en el mercado laboral ya era inferior respecto a la de los hombres. La pandemia agravó ese problema, pues más de la mitad de las mujeres en la región se desempeñan en los sectores que han sido más afectados por la recesión económica (por ejemplo, el hotelero y el servicio doméstico) y debido a que muchas se encuentran en el empleo informal, duramente golpeado por el coronavirus.

En ese contexto, algunas plataformas de movilidad registraron un incremento en el número de mujeres que se unieron como conductoras. Por ejemplo, DiDi observó un aumento de 28 por ciento en el ingreso de colaboradoras en México, y dos quintas partes de ellas subieron la cantidad de horas de trabajo diarias en 2020, según el Informe de diversidad de género 2021 de DiDi Global. En Brasil, se sumaron 150 mil mujeres y en China continental otras 265 mil el año pasado.

Una encuesta de DiDi entre sus colaboradoras señala que 64 por ciento considera que ser parte de la plataforma de movilidad le ha permitido conquistar mayor independencia económica, y 83 por ciento lo ve como una fuente de ingresos para sostener a sus familias.

Las empresas de Internet tienen políticas de no divulgación de datos sobre sus colaboradores, por cuestiones de competencia en el mercado. Pero brindan algunos que se complementan con estudios y encuestas de organizaciones. En mayo de 2021, Beat reportó que tenía 69 mil conductoras en su aplicación en América Latina.

En México, DiDi registró a finales de 2020 alrededor de 100 mil socios en su plataforma, de los cuales 4.3 por ciento eran mujeres; a nivel global, la empresa dijo que a finales de 2019 tenía más de 300 mil conductoras.

Brecha digital, la barrera

Si bien las plataformas colaborativas están abriendo posibilidades para la inclusión de las mujeres en la economía, todavía es mayor la presencia de los hombres en esta forma de empleo. El BID hizo un perfil de los conductores y las conductoras de las aplicaciones de movilidad en 2019, centrándose en los afiliados a Uber en Brasil, Chile, Colombia y México.

De acuerdo con los resultados del informe, los hombres representaban 95, 91, 94 y 94 por ciento del total de conductores en Brasil, Chile, Colombia y México, respectivamente. En general, las mujeres tenían una participación no mayor a 7 por ciento en los cuatro países y la usaban en promedio 14 horas a la semana.

A diferencia de los hombres, 90 por ciento de mujeres conductoras utilizaban Uber menos horas a la semana y en mayor medida durante el día (54 contra 47% de los hombres), lo cual se explica porque ellas suelen tener otras actividades que les demandan más tiempo (como el cuidado) y pueden sentirse inseguras en la noche.

Gracias a su flexibilidad, el modelo de las plataformas colaborativas posibilita generar ingresos de acuerdo con el tiempo que se dedique. En parte esto explica que los hombres conductores ganaban 6 por ciento más (0.64 dólares) en Uber hasta 2019 respecto a sus pares mujeres en promedio en los cuatro países. Cada uno tiene sus particularidades: por un lado, en Brasil la brecha a favor de los hombres es de 15 puntos porcentuales, mientras que en Chile es de 3 puntos.

Más allá de las aplicaciones digitales de movilidad, en la economía gig las mujeres representan 42 por ciento de las personas que trabajan a través de las plataformas, incluidas otras variantes como los servicios de entrega de comida a domicilio, de pequeños encargos, de alojamiento y varios más, según información del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Si la economía colaborativa es una alternativa de ingresos y posibilita conseguir autonomía económica flexible para las mujeres, la gran pregunta es ¿por qué están subrepresentadas en este espacio, al igual que en otros de la economía tradicional?

La menor participación de ellas en este sector está relacionada con la brecha digital de género. Aunque la región ha avanzado en los niveles de conectividad, todavía existen brechas en cuanto al desarrollo de habilidades digitales y el acceso a las tecnologías. 

En los países de bajos y medianos ingresos de todo el mundo, las mujeres tienen 15 por ciento menos probabilidades de conectarse a la banda ancha móvil y 7 por ciento menos de ser dueñas de un teléfono celular, en comparación con los hombres, según el Informe sobre la brecha de género móvil 2021 de la GSMA.

América Latina ha logrado avanzar más para zanjar la brecha de género digital. El mismo estudio señala que las mujeres tienen 2 por ciento menos posibilidades de usar Internet móvil y un punto porcentual menos de contar con un dispositivo. Estos datos muestran un panorama más paritario en la región respecto al resto del globo.

Sin embargo, a nivel nacional se observan diferentes realidades y la brecha se acentúa en algunos países. En Uruguay, Paraguay, Jamaica, Cuba, Costa Rica y Colombia hay más mujeres que usan Internet; en tanto, en Perú, México, El Salvador, Chile, Bolivia y Argentina la proporción de hombres que son usuarios de Internet es mayor a la de mujeres, revela el reporte Tendencias Digitales en las Américas 2021 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Pero una vez que están conectadas, también existen limitantes que impiden a las mujeres insertarse en la economía digital. Entre ellas, el BID destaca la falta de conocimiento sobre cómo usar un teléfono inteligente y otros dispositivos tecnológicos para actividades que les brinden beneficios.

Los hombres de la región presentan un mayor uso de Internet para el trabajo, enviar correos electrónicos, realizar pagos, acceder a la banca electrónica, buscar información noticiosa y actividades de entretenimiento. En contraste, las mujeres tienen un aprovechamiento más limitado en todas las categorías antes mencionadas.

Medidas a favor de la inclusión

El mercado laboral tradicional está marcado por la división sexual del trabajo: hay sectores y actividades productivas con una predominante presencia femenina, como la educación, el comercio, la enfermería, los hoteles y otros servicios; mientras que hay una baja participación de ellas en otras relacionadas con las finanzas, ingenierías o en cargos de liderazgo en empresas.

La segregación de las mujeres que sucede en el ámbito tradicional de trabajo puede replicarse en la economía digital si no se actúa. Las plataformas de movilidad son más usadas por los hombres porque los roles y estereotipos de género han hecho de la conducción una actividad preponderantemente masculina. Por eso, las mujeres que se unen cada vez más a estas aplicaciones también están rompiendo barreras de género y prejuicios que permean en el imaginario social.

Pero las brechas no pueden ni deben ser zanjadas por las mujeres en solitario. Tanto gobiernos como empresas necesitan actuar para promover la inclusión de ellas en la economía digital y colaborativa en condiciones paritarias, seguras y justas.

Del lado de las compañías, se han implementado algunos proyectos para incentivar la participación de las mujeres y ofrecerles un ambiente adecuado para desarrollarse. En abril de 2922, DiDi creó una red (Red DiDi D&I) para fomentar la diversidad e inclusión en sus comunidades de colaboradores dentro de todos sus mercados.

Esta red se enlazará a DiDi Women’s Network, la organización de la firma china que busca impulsar a las mujeres en la industria tecnológica, patrocinando programas de tutoría profesionales, apoyo a la maternidad y paternidad y cursos de sensibilización.

Además, en noviembre de 2020 la firma china lanzó DiDi Mujer en México (iniciativa premiada como mejor práctica por la ONU), una función que posibilita que las conductoras sólo viajen con pasajeras mujeres, con el objetivo de que ambas se sientan más seguras. Las colaboradoras pueden activar o desactivar dicha función cuando ellas quieran. Con este programa, la empresa señaló que el número de conductoras en la plataforma aumentó 28 por ciento.

Casi al mismo tiempo, Uber comenzó a implementar un mecanismo similar llamado Ellas, en México, Chile y otros países. También posibilita que las conductoras lleven sólo a mujeres. Además, al igual que su competidor, Uber anunció que brindaría a sus colaboradoras beneficios como servicios de contabilidad y productos para ayudarlas a financiar la compra de vehículos.

Cabify, otra plataforma de movilidad, no se quedó atrás. La empresa desplegó su programa Mujeres al Volante para incentivar a las mujeres a unirse a su aplicación, ofreciéndoles ventajas como una comisión diferencial de 10 por ciento durante el primer trimestre (más la comisión general).

La seguridad también es una problemática a resolver en las plataformas. Si bien las colaboradoras suelen sentirse más seguras trabajando a través de ellas, tampoco están exentas de situaciones de violencia o acoso, tanto las conductoras como las usuarias. Las compañías han puesto en marcha algunas medidas al respecto.

Algunos de los mecanismos que han adoptado las empresas de movilidad colaborativa son la verificación rigurosa de la identidad de usuarios y conductores; el monitoreo de las rutas de viajes; seguimiento con GPS; canales de comunicación de emergencia; algoritmos automatizados para detectar viajes potencialmente inseguros, así como asistencia durante el viaje.

Por ejemplo, en México DiDi pactó alianzas con los centros de comando y control del Estado de México y Guadalajara, por lo que, en caso de una emergencia, se les notifica directamente para movilizar el apoyo de policías, personal médico o cualquier otro que se necesite.

La plataforma también está probando los sistemas de videovigilancia en Guadalajara. En otros países, como China, esta tecnología ha ayudado a las autoridades a evaluar situaciones de riesgo en tiempo real y prevenir incidentes. Se prevé que pronto esté disponible en México y otros países de manera más amplia.

Desde la perspectiva de las usuarias, también las plataformas colaborativas les han brindado opciones y beneficios. En cuanto al transporte, 79 por ciento de las mujeres en Argentina prefieren viajar de noche con servicios de aplicación como Uber, Cabify y DiDi, porque así se sienten más seguras que en el transporte público (si hay disponible) o en los taxis convencionales, de acuerdo con una encuesta de la plataforma Ualabee.

El escenario en Colombia es parecido. Un estudio de la Universidad de los Andes señala que en general los pasajeros prefieren utilizar las plataformas de movilidad en vez de los taxis, porque perciben mayor seguridad y calidad del servicio.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá también reconoció que las aplicaciones de transporte ocupan un lugar importante en la movilidad en la ciudad porque, además de los beneficios ya comentados, las y los usuarios consideran que es positivo que al final del viaje puedan calificar el servicio, reciben pagos electrónicos o en efectivo y pueden verificar la tarifa antes de subirse.

Más allá de las grandes compañías como estas, también han surgido otros emprendimientos de mujeres en la economía gig. En Bolivia, nació el primer servicio de reparto a domicilio a cargo de mujeres, Pink Delivery. Las repartidoras recorren la ciudad en moto o bicicleta para realizar entregas. Entre ellas, hay muchas madres de familia, amas de casa y estudiantes que se sienten más seguras al colaborar únicamente con mujeres.

Aunque ya existen iniciativas y esfuerzos similares, aún persisten brechas pendientes para impulsar la inclusión de las mujeres en la economía colaborativa. Por un lado, las medidas y programas tienen que reforzarse para promover la participación, ya sea como conductoras, repartidoras o creadoras de servicios colaborativos.

Por otra parte, esto debe hacerse desde un enfoque diferenciado, tomando en cuenta que las mujeres, por su condición de género, están más expuestas a ciertos tipos de violencia como la sexual. También se tiene que analizar el diferente perfil de las mujeres al emplearse o ser parte de las plataformas de la economía gig, para desarrollar algoritmos más justos y equitativos que les permitan aprovecharlas en la misma medida que sus pares hombres.

Si una mujer usa menos horas una aplicación de movilidad o de entrega a domicilio para trabajar, probablemente tenga menos calificaciones que los hombres por el número de horas: eso podría influir en que obtenga más y mejores viajes o encargos, por ejemplo.

Dado que ellas valoran mucho más la flexibilidad de las plataformas colaborativas porque recaen en ellas las labores de cuidado o crianza (entre otros relacionados con los roles de género), las compañías deben hacer los ajustes necesarios para mantener ese beneficio e incentivarlas a crecer.

El BID y CAF destacan que, si las plataformas de la economía colaborativa logran promover una mayor presencia de las mujeres se avanzará en la igualdad de género, y se beneficiará el ecosistema de innovación y productividad en el mercado digital. De lo contrario, advierten que podría replicarse la segregación y las brechas de género que ya persisten en la economía y el mercado laboral tradicional.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Ante discriminación, migrantes encuentran trabajo en las plataformas digitales

Por su naturaleza flexible y dinámica, las plataformas digitales ofrecen una oportunidad de trabajo a los grupos de la población que tienen más dificultades para ingresar a la economía tradicional, como los migrantes, las mujeres, personas con discapacidad y jóvenes.

Un 17 por ciento de los colaboradores de las plataformas de Internet de todo el mundo ―que trabajan de manera independiente― son migrantes; en los países desarrollados, el porcentaje sube a 38 por ciento, con una participación incluso mayor de las mujeres (39% contra 36% de los hombres).

Así lo muestran datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo.

De acuerdo con el estudio, en algunos países los migrantes obtienen empleo a través de las aplicaciones de Internet, debido a que en ellas encuentran mayor facilidad de acceso, mientras que en otros lugares les ponen más barreras de entrada aunque tengan cierto nivel educativo, les discriminan por su nacionalidad o no hay suficientes opciones de trabajo.

Las plataformas de entrega a domicilio (delivery) han sido una de las principales fuentes de trabajo para los migrantes. En este sector, el 15 por ciento de los repartidores provienen de un país distinto a donde laboran.

Argentina y Chile son las naciones del mundo donde hay una mayor presencia de migrantes en las plataformas de delivery. Más del 70 por ciento de los trabajadores de este tipo de aplicaciones son migrantes en ambos países. En especial, esto se debe a que muchas personas de Venezuela se han desplazado a estos mercados en busca de oportunidades que no encuentran en su país de origen.

De los colaboradores migrantes de las plataformas en Chile y Argentina, el 43 y 47 por ciento, respectivamente, cuentan con un título universitario. Pero no han conseguido un empleo que corresponda con su educación debido a los obstáculos de la discriminación e incluso explotación laboral.

También algunas personas con discapacidades o problemas de salud han encontrado trabajo en las plataformas de Internet, ya que les proporcionan condiciones más flexibles si las actividades se pueden realizar desde casa o en los horarios que mejor les acomode.

El 2 por ciento de los colaboradores independientes de las aplicaciones tiene un estado de salud deficiente o precario. Sólo en las plataformas de movilidad (delivery y servicio de transporte), el porcentaje va hasta los 4 puntos porcentuales, según datos del informe.

Para las mujeres, el empleo mediante las plataformas de Internet representa una fuente importante de ingresos para alcanzar la independencia económica, dado que les permite elegir los horarios y balancearlos con otras actividades (como las de ciudades).

A pesar de las ventajas que pueda traer para ellas esta modalidad de empleo, su presencia es menor respecto a la de los hombres: el 38 por ciento de las personas que trabajan a través de aplicaciones en todo el mundo son mujeres.

Si bien la economía digital ha potenciado las oportunidades de trabajo para estas y otras personas, la OIT advierte que el empleo en las plataformas de Internet trae consigo desafíos para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y de protección social.

La Organización Internacional del Trabajo señala que las personas pueden percibir una volatilidad de los ingresos, cancelación injusta de sus cuentas, acceso limitado a la seguridad social como los servicios médicos, jornadas largas de empleo, obstáculos para participar en más de una plataforma y situaciones de inseguridad y estrés.

En ese sentido, el estudio resalta que la regulación de las plataformas digitales debe abordarse tomando en cuenta las leyes del trabajo, los códigos jurídicos laborales, la normativa de competencia, la rendición de cuentas de los algoritmos, el uso correcto de los datos y otros ámbitos relacionados, para maximizar las ventajas de la economía digital y al mismo tiempo garantizar un conjunto de derechos y protecciones.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Secretaría del Trabajo reporta gran afluencia en consulta de General Motors

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó una gran afluencia por la noche durante consulta de legitimación del contrato colectivo de trabajo celebrado con la empresa General Motors México, en la planta automotriz de Silao, Guanajuato.

De igual manera, organizaciones y opositores a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que mantienen un campamento afuera de la planta automotriz, informaron que hasta ahora se ha mantenido el orden y la afluencia de trabajadores en el ejercicio para validar o rechazar el contrato, que titula el sindicato Miguel Trujillo.

La STPS precisó que más de 40 funcionarios de diversas áreas supervisan el desarrollo de la consulta, y recordó que los únicos autorizados para realizar la labor de observación son el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Indicó que en los cambio de turno es cuándo se presenta el aumento del flujo de trabajadoras votantes. “Con una la alta afluencia en las urnas, las y los trabajadores del turno nocturno ejercen su derecho a la democracia sindical”, indicó.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Sin prestaciones laborales, tres de cada cuatro trabajadoras del hogar, dice la OIT

En el contexto del Día Internacional del Trabajo Doméstico (22 de julio), Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoció “a todas las trabajadoras del hogar por su gran contribución al bienestar de las familias” y “su lucha para que se garanticen sus derechos laborales”.

Precisó que “en México nueve de cada 10 personas empleadas en servicios domésticos son mujeres, 90 por ciento de las trabajadoras del hogar carece de acceso a la seguridad social, 91 por ciento ganan hasta dos salarios mínimos mensuales y 97 por ciento no cuenta con acceso a instituciones de salud”.

ONU Mujeres llamó a que “reflexionemos sobre la importancia del trabajo no remunerado. Las mujeres invierten tres veces más horas que los hombres en labores sin recibir un salario” y destacó que “urge reconocer estas labores que realizan las mujeres y fomentar una responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.

Gasman expuso que “tres de cada cuatro trabajadoras de hogar remuneradas carecen completamente de prestaciones laborales” y destacó que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la primera norma mundial que ofrece medidas de protección para garantizar condiciones laborales adecuadas para las y los trabajadores del hogar.

El 3 de julio de 2020, el gobierno de México depositó ante la OIT el instrumento formal de ratificación de dicho convenio, y con ello se convirtió en el Estado 30 miembro de la organización y el 17 de la región de las Américas en ratificar el convenio sobre trabajadores domésticos. Con esa acción, el Estado mexicano refrendó su compromiso para “saldar la deuda” con este sector a través de “acciones concretas”.

A escala global, la OIT calcula que hay más de 67 millones de trabajadores domésticos, y la mayoría de ellos no cuentan con protección laboral adecuada. En México se estima que son 2.3 millones de trabajadores del hogar, y la mayor parte son mujeres, las cuales experimentan condiciones de vulnerabilidad, provienen de zonas indígenas y en general de áreas rurales.

En 2019 comenzó en el país la incorporación de éstas(os) trabajadores a la seguridad social, una acción conjunta entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Aumenta trabajo infantil por primera vez después de dos décadas

El número de menores en situación de trabajo infantil se elevó en los últimos cuatro años, pasando de 151.6 a 160 millones en todo el mundo, lo que representa un aumento de 8.4 millones.

Aunque la pandemia por COVID-19 es en parte responsable de este incremento, la realidad es que la batalla contra esta problemática se estancó desde el 2016.

“Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor”, advirtió Henrietta Fore, directora Ejecutiva de UNICEF, el pasado 10 de junio.

En el informe “Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir”, creado por la OIT y la UNICEF, se pone en evidencia que los esfuerzos realizados para erradicar el trabajo infantil fueron insuficientes por primera vez desde hace 20 años, revirtiendo la tendencia a la baja que existía previamente cuando este fenómeno disminuyó en 94 millones de casos entre el año 2000 y el 2016.


De no tomar medidas cuanto antes para atender esta problemática a nivel mundial, la cual se agravó con la pandemia, el número de afectados podría aumentar a 206 millones para finales del 2022

El documento destaca principalmente un aumento sustancial de la cantidad de niños de 5 a 11 años en esta situación, los cuales, hoy en día representan poco más de la mitad de todos los casos a escala mundial.

Por su parte, el número de menores de 5 a 17 años que realizan trabajos peligrosos, es decir, toda labor que es susceptible de dañar su salud, seguridad o moral, ha aumentado en 6.5 millones desde hace cuatro años, hasta alcanzar los 79 millones al día de hoy.

Al mismo tiempo la mayor parte del trabajo infantil –tanto para los niños como para las niñas– sigue teniendo lugar en la agricultura.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, un 70 por ciento de los menores en situación de trabajo infantil (112 millones) se dedican a la agricultura.

Esto tiene una explicación clara, pues datos de la misma organización muestran que el trabajo infantil es mucho más frecuente en las zonas rurales, donde hay 122.7 millones de niños en esta situación en comparación con los 37.3 millones en las zonas urbanas.

“La prevalencia del trabajo infantil en las zonas rurales es casi tres veces superior a la de las zonas urbanas”, señala el informe de la Naciones Unidas, por lo que indica que “es primordial aumentar las inversiones para facilitar el desarrollo en estas áreas y promover el trabajo decente en el sector agrícola”.

Le siguen el sector de los servicios con un 20 por ciento (31.4 millones) y el sector de la industria con 10 por ciento (16.5 millones).

La mayor parte del trabajo infantil tiene lugar en la agricultura con 112 millones de menores, le siguen el sector de los servicios con 31.4 millones y el sector de la industria con 16.5 millones

Por su parte, Guy Ryder, Director general de la OIT, advirtió que hay que tomar en cuenta las señales y actuar al instante, pues los niños que enfrentan esta realidad corren el riesgo de padecer daños físicos y mentales, ya que ven afectada su acceso a la educación, se restringen sus derechos y se limitan sus oportunidades en el futuro, además da lugar a círculos viciosos de pobreza y trabajo infantil.


“Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños”

Guy Ryder

Director general de la OIT

De no tomar medidas urgentes para atender esta situación a nivel mundial, la pandemia, aunada con los diversos factores que se han visto mermados por su llegada como la pérdida de empleos o de escolaridad, podrían provocar que el número de niños en esta problemática aumente a 206 millones para finales de 2022.

Al respecto, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dice en entrevista que “la forma, hablando en un sentido preventivo, de evitar que los menores trabajen, tiene que ver con cambiar las condiciones de desigualdad así como las estructurales, que dependiendo del contexto, características, zona geográfica, etcétera, ponen a los niños y niñas en una situación de vulnerabilidad”.

Panorama local del trabajo infantil

México, a pesar de ser una de las principales 15 economías a nivel mundial, sufre de graves problemas de desigualdad, pobreza y falta de escolaridad, por lo que el trabajo infantil no es un tema ajeno para el país.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que a nivel nacional, 3.26 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad estaban en situación de trabajo infantil en 2019, lo que representa 11.5 por ciento de la población en dicho rango de edad.

De acuerdo con Tania Ramírez, en México existen diversos factores estructurales asociados al trabajo infantil como la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, las disparidades salariales, así como los obstáculos para el acceso a la salud, alimentación y vivienda digna que deben tomarse en cuenta en materia de trabajo infantil, al igual que la migración laboral, el desplazamiento forzado y ahora los efectos del COVID-19 que han provocado una recesión global, la disminución del PIB y la pérdida de empleos.

“Esto ha conllevado a que la existencia del trabajo de niñas, niños y adolescentes en México responda a múltiples aspectos estructurales que son necesarios atender a través de políticas públicas que prioricen el derecho a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda con base en el interés superior de la niñez”.

CON INFORMACIÓN VÍA REPORTE ÍNDIGO

TENDENCIAS_ Trabajo vía plataformas digitales, alternativa al desempleo en América Latina

Durante 2020, un año marcado por la crisis de la Covid-19, la tasa de ocupación laboral en América Latina se contrajo 5.5 por ciento. En ese contexto, el empleo a través de plataformas digitales ―de movilidad o delivery, como Uber, Didi o Rappi― se configuró como una opción para que las personas pudieran obtener ingresos o complementar sus ganancias.

Un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la población en la región percibe ventajas en esta modalidad de trabajo, pero también desafíos que deberían analizarse para garantizar mejores condiciones a los colaboradores de estas plataformas.

A medida que avanza la digitalización en la región, están surgiendo nuevos modelos de negocio de la mano de las plataformas digitales y, a su vez, nuevas fuentes de empleo en un mercado, sobre todo frente al alto grado de informalidad y precariedad laboral en la región.

Entre los beneficios que ofrece el empleo mediante las plataformas, el informe destaca la flexibilidad para organizar las horas de trabajo y la vida personal; la posibilidad de obtener ingresos elevados por hora, en comparación con el mercado laboral tradicional; así como la oportunidad de ocuparse sin contar con competencias sofisticadas o estudios superiores.

Los colaboradores de plataformas digitales en Argentina, Colombia y Costa Rica, entrevistados por la Cepal y la OIT, consideran que la principal ventaja de este modelo es que les ha permitido salir del desempleo, especialmente entre la población joven menor de 30 años.

Incluso, en algunos países las personas inmigrantes son quienes recurren a las plataformas para encontrar una fuente de ingresos. En Colombia, República Dominicana y Costa Rica, entre 10 a 17 por ciento de los colaboradores llegaron de otras naciones, como Venezuela. Y en Argentina, entre 66 a  84 por ciento de los trabajadores de servicios de reparto a domicilio son inmigrantes recientes.

A diferencia de la población natal de un país, los inmigrantes se enfrentan a una serie de barreras para acceder a oportunidades de empleo formal. Por ello, han optado por emplearse mediante las plataformas, que no les piden demasiados requisitos.

Sin embargo, la Cepal y la OIT señalan que la ocupación a través de las plataformas digitales también presenta retos para los reguladores y gobiernos, pues hay temas pendientes que se deben analizar para velar por que las personas tengan condiciones “decentes”.

Por ejemplo, las organizaciones advierten que se debe revisar y regular la relación que establecen los conductores y repartidores con las empresas tecnológicas, pues en varios casos las compañías pueden desconectarlos unilateralmente.

Y además se debe tomar en cuenta que los colaboradores están expuestos a un elevado riesgo de accidentes y asaltos, pero no cuentan con algún tipo de protección social.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Trabajo infantil aumenta en el mundo por primera vez en 20 años —México todavía tiene 3.3 millones de niñas y niños trabajando

Este 12 de junio se conmemoró el Día mundial contra el trabajo infantil, instituido desde 2002 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta es una iniciativa que busca exponer los riesgos en los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que realizan algún tipo de trabajo y avanzar en su eliminación, una meta establecida para 2025. 

Sin embargo, un reporte de la OIT y Unicef advirtió que la pandemia podría estar provocando que esa meta se vea más lejana, pues de acuerdo con sus cifras el trabajo infantil en el mundo aumentó en 8.4 millones durante los últimos cuatro años, estancando los avances para erradicarlo por primera vez en 20 años. 

En México, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Inegi, también queda mucho camino por recorrer en este rubro, ya que actualmente todavía hay 3.3 millones de niñas y niños de entre 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica. 

La pandemia agravó el panorama

La crisis sanitaria por Covid-19 provocó que la meta de erradicar el Trabajo Infantil para 2025 se vea cada vez más lejana. Según la ONU, el mundo no está en vías de eliminar el trabajo infantil para 2025, como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para cumplir esa meta, el progreso global tendría que ser casi 18 veces más rápido que el ritmo alcanzado en las dos últimas décadas. Por su parte, la OIT también calcula que como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, para finales de 2022 otros 9 millones de niños podrían adherirse al trabajo infantil, cifra que podría aumentar a 46 millones si no se ofrece la protección social necesaria.

En nuestro país muchos menores podrían estar incorporándose al mundo laboral debido a la crisis económica. Datos de la Encuesta para la Medición del Impacto de Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 apuntan al mismo escenario. 

Según el estudio 5.2 millones de estudiantes con edades de 3 a 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar vigente 2020-2021 como consecuencia de la pandemia, de los cuales la mayoría lo atribuyó a falta de dinero o de recursos (2.9 millones).

El trabajo infantil en México 

Trabajo infantil en México | Reuters

La inclusión al mercado laboral a edades tempranas puede traer consecuencias que afectan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo con la UNICEF, un menor de edad que trabaja puede, por un lado, disminuir el tiempo y calidad invertido en el estudio u otras actividades que favorecen su crecimiento y, por otro, exponerse a sufrir algún problema físico o psicológico por realizar actividades no adecuadas para su edad. 

En México, según el Inegi, del total de niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil, 1.8 millones se desempeñan en una ocupación no permitida, 262,000 realizan alguna actividad no permitida y quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 1.3 millones realizan exclusivamente quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

Además, la problemática del trabajo infantil en el país sigue teniendo tintes de género. La encuesta reveló que de los 3.3 millones de menores de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, 61% (2 millones) son niños y 39% (1.3 millones) son niñas. 

Oaxaca es el estado con mayor tasa de trabajo infantil

Con respecto a la edad, el Inegi descubrió que el 52.1% de los menores trabajando entran en grupo de edad de entre 15 a 17 años, que aunque están en edad legal para trabajar, se contemplan en este conteo porque realizan actividades peligrosas en condiciones de riesgo.

El otro porcentaje se divide en menores de entre 10 a 14 años (37.2%) y el 10.7%, son niños y niñas que van de los 5 a los 9 años de edad.

Las tasas de trabajo infantil más altas se observaron en Oaxaca, con 21.5%, y en Puebla y Chiapas, con 18.3% en cada uno de estos estados. En tanto que las cifras más bajas las tiene Baja California y Ciudad de México, con 5.3% y 5.4%, respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE BUSINESS INSIDER MÉXICO

El trabajo infantil aumenta en el mundo por primera vez en dos décadas, reporta la OIT

El número de niños en situación de trabajo infantil supera los 160 millones, tras aumentar en 8.4 millones los menores que trabajan en los últimos cuatro años, la primera subida en dos décadas, según un informe presentado hoy por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef.

El informe también calcula que como consecuencia de la pandemia para finales de 2022 otros 9 millones de niños corren peligro de ser víctimas de esta práctica, cifra que podría aumentar a 46 millones si no se ofrece la protección social necesaria.

“La protección social inclusiva permite a las familias proseguir la escolarización de sus hijos aun en una coyuntura económica adversa”, aseguró el director general de la OIT, Guy Ryder.

La OIT y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtieron, en vísperas del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el próximo 12 de junio, de que la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas pueden ocasionar que los niños que se encuentran en esta situación trabajen más horas y en peores condiciones.

Además, muchos de ellos pueden caer en las peores formas de trabajo infantil debido a la pérdida de empleo e ingresos de sus familias y el cierre de los centros educativos como consecuencia.

Todo esto influyó en que la tendencia a la baja en los casos de trabajo infantil, que disminuyeron en 94 millones de niños entre los años 2000 y 2016, se invirtiera en los últimos cuatro años.

“Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños”, denunció Ryder en una rueda de prensa.

Por regiones, en África Subsahariana 16.6 millones de niños más han tenido que trabajar en los últimos cuatro años debido al crecimiento demográfico, las crisis frecuentes, la pobreza extrema y las medidas inadecuadas de protección social.

Aunque otras regiones como Asia y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe registraron avances desde 2016, la OIT y Unicef alertaron de que podrían revertirse por la pandemia.

“Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor”, expresó la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.

El trabajo infantil en cifras

El 70% de los niños en esta situación (112 millones) trabajan en el sector agrícola y el trabajo infantil en zonas rurales es casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas.

Tras el sector agrícola, el 20% de los niños que deben trabajar lo hacen en servicios (31.4 millones) y el 10% en la industria (16.5 millones).

El informe destacó un gran aumento en la cantidad de niños entre 5 y 11 años en situación de trabajo infantil, que constituyen la mitad de todos los casos a nivel mundial.

Además, el número de niños que realizan trabajos peligrosos que pueden dañar su salud o su seguridad se incrementó en 6.5 millones desde 2016, lo que hace un total de 79 millones de menores en peligro, según el informe.

Según la OIT y Unicef, el trabajo infantil es más frecuente entre los niños que entre las niñas, pero si se tienen en cuenta las tareas domésticas de más de 21 horas por semana, esta brecha se reduce.

“Instamos a los gobiernos y a los bancos internacionales de desarrollo a que den prioridad a las inversiones en programas que permitan a los niños salir de la fuerza de trabajo y regresar a la escuela, así como a los programas de protección social que faciliten esa labor a las familias”, concluyó Fore.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN

Crisis del mercado laboral se prolongará por lo menos hasta 2023, advierte la OIT

La crisis del mercado laboral provocada por la pandemia de Covid-19 se prolongará por lo menos hasta 2023. Este 2021, se estima que al menos 220 millones de personas continuarán desempleadas en todo el mundo, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al mismo tiempo, el organismo destacó que 100 millones de asalariados quedarán en la pobreza, debido a que la pérdida de horas de trabajo y el déficit de puestos de buena calidad, “se ha traducido en una reducción drástica de los ingresos laborales”. Ello se explica por el “lento avance de las campañas de vacunación, junto con el resurgimiento de la pandemia a principios de 2021”.

De acuerdo con el reporte Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, el déficit mundial de empleo aumentó en 144 millones de puestos de trabajo el año anterior, mientras que en 2021 se reducirán a 75 millones y para 2022, se tendrá un déficit de 23 millones.

La OIT indica que “el crecimiento previsto del empleo será demasiado débil para ofrecer suficientes oportunidades de a quienes lo perdieron o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia”. En consecuencia, muchos trabajadores que estaban inactivos se incorporarán a la fuerza de trabajo, pero no podrán encontrar empleo.

Esto dará lugar a un “aumento sostenido y pronunciado del desempleo”, que pasará de 187 millones en 2019 a 220 millones en 2020; también 220 millones en 2021, y 205 millones en 2022. Antes de la crisis del Covid-19, la tasa de desempleo prevista para 2022 fue de 5.7 por ciento, una cifra que se registró por última vez en 2013.

De igual forma, aunque se prevé que durante la segunda mitad del año se acelerará la recuperación del empleo, esto no será suficiente para compensar la pérdida de 255 millones de trabajos que se registró en 2020.

El informe también subraya que uno de los sectores más afectados es el de los jóvenes, ya que sus niveles de empleo se redujeron en 8.7 por ciento en 2020 con respecto al 3.7 por ciento del los adultos. También, las mujeres han tenido un impacto fuerte, con una reducción del empleo de 5 por ciento.

“Sin un esfuerzo para acelerar la creación de empleos decentes y apoyar a los integrantes más vulnerables de las sociedades y la reactivación de los sectores económicos más afectados, los efectos de la pandemia del Covid-19 podrían sufrirse durante años bajo la forma de pérdida de potencial humano y económico y mayor pobreza y desigualdad”, señala.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

OIT_ Reforma de outsourcing, lección de consenso para futuros cambios laborales

El Congreso aprobó la reforma en materia de subcontratación en abril pasado, pero su negociación tomó varios años. Al final, en los últimos meses el consenso “fue virtuoso”, dice Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba. Ese proceso, no libre de desafectos, como lo describe, dejó ya una gran experiencia de diálogo para resolver los problemas, considera.

El funcionario lleva apenas nueves meses en este país y ya ha observado, y acompañado, procesos como la paulatina apertura del mercado laboral en la pandemia de covid-19, la regulación del teletrabajo o la seguridad social para trabajadoras del hogar. Ahora, confía en que el siguiente paso de México sea la ratificación del más reciente convenio de la OIT, el 190, sobre la violencia y el acoso laboral, el cual fue rechazado en Ginebra por la parte patronal mexicana.

“Lo que se está consolidando en México será mucho muy importante”, señala en conversación con El Economista. Y en su balance incluye la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma laboral de 2017 en la Constitución y de 2019 en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Para lograr la regulación a la subcontratación “el dialogo fue intenso. Pero así es el diálogo social, puede generar desafecto, tristeza y alegría al buscar los consensos, y es lo que sucedió. Pero fue un proceso virtuoso que llegó para quedarse”.

Poco antes de que terminara el último periodo ordinario de la LXIV legislatura, el Congreso logró aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que prohíbe la subcontratación de personas y permite la de actividades. Es decir, las empresas ya no se transferirán personal que, al final, queda bajo la responsabilidad de nadie. En cambio, sus plantillas podrán proveer los servicios que otra compañía requiera.

Pero para conseguirlo, empresas, gobierno y representación obrera cedieron algunas de sus demandas. “De manera responsable, los actores del mundo del trabajo tendrán que participar, opinar y proponer, no sólo criticar. Y esto se introdujo con el tema de subcontratación concretamente”.

Conocer a México en pandemia

Pedro Américo Furtado tomó posesión de su cargo en México el 15 de agosto de 2020. Venía de dirigir la Oficina de País de la OIT para Argentina y enseguida tuvo que involucrarse en lo que pasaba en el quinto mes de covid-19 en esta nación, cuando más de 12 millones de personas habían perdido su fuente de ingresos.

Para cuando llegó, había visos de una lenta recuperación. El tercer trimestre del año había cerrado con más de 53.7 millones de personas económicamente activas, aunque a principios de año había más de 57.3 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Como OIT, teníamos reuniones permanentes para compartir experiencias entre varios países”. Y lo que pasaba en México ocurría en otros países, pero éste “tiene una estructura federal y no hay cómo informar sobre un México, sino sobre 32”.

más de un año del inicio de la pandemia, el funcionario de origen brasileño no se aventura a comparar la situación de México con la de otros países de la región. “Es muy complicado porque las situaciones precovid, covid y de este momento son diferentes”. La política sanitaria, laboral o de seguridad social, así como el grado de informalidad que tenía cada nación, eran ya particular en cada una.

“El trabajo es el nexo entre la persona y la sociedad, pero ese vínculo debe ser justo y decente”.

“Pero lo que sí podemos decir, y eso vale para todos, es que el empleo seguro se volvió el centro de la política pública”. Esta crisis dio paso a una mayor reflexión sobre el valor del trabajo, opina. A observarlo no sólo como forma de subsistencia, sino como una actividad que te hacer pertenecer a la comunidad. “El trabajo es el nexo entre la persona y la sociedad, pero ese vínculo debe ser justo y decente”.

Las vacunas siguen llegando y cada vez más personas están siendo inmunizadas. Pero esto no basta, las empresas deben continuar con una política de prevención, o establecerla ya. En la Comisión Nacional Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), un espacio tripartita, la OIT ha plantado “establecer no sólo protocolos, sino compromisos para crear una cultura de prevención”.

Los pendientes de la agenda laboral

En 2019, en su centenario, la OIT firmó una declaración sobre el futuro del trabajo en la cual planteaba una hoja de ruta frente a la transformación tecnológica. “Pero la pandemia aceleró esos desafíos”, dice Pedro Américo Furtado.

Por ejemplo, en México el Congreso reguló el teletrabajo y la versión final integró elementos —como la desconexión digital— que no habían sido propuestos en el proyecto original que el Senado había aprobado un año antes de la pandemia. La OIT acompañará la implementación de estas modificaciones, las cuales están causando confusión a muchas empresas, señala.

La organización también sigue el proceso para que la seguridad social de las trabajadoras del hogar quede establecida claramente como obligatoria, para lo cual hace falta todavía una reforma legal.

Otro tema importante es la migración, “es clave para las oficinas de la OIT en México. De manera mancomunada con las oficinas de Centroamérica y de Estados Unidos estamos tratando de coordinar, acompañar y asistir cualquier iniciativa que fomente un proceso migratorio seguro e inclusivo”.

Son varios los asuntos en materia laboral que se han activado o reactivado en el país y  para Pedro Américo Furtado, el diálogo entre todas las partes es la base para resolverlos. “Por ejemplo, estoy convencido que pronto el tema de violencia y acoso sexual en el lugar trabajo entrará a la agenda nacional”.

Con la experiencia de consenso ganada en los últimos meses, “avanzará a una discusión nacional para que el Convenio 190 entre en el radar del Poder Legislativo y por fin México lo ratifique”, confía.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA