SINTTIA pide intervención de la OIT, el INE y observadores internacionales para votación en General Motors

Tras señalar que la contienda sindical para representar a los más de 6,000 trabajadores de de General Motors, en la planta de Silao, es inequitativa, bajo acoso laboral y con la presencia de dos sindicatos pertenecientes a viejas estructuras dentro de la CTM y CROC, la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), Alejandra Morales, demandó la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de observadores de Canadá y Estados Unidos, para que se “garanticen las elecciones transparentes y libres”.

En conferencia de prensa, luego de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) diera a conocer las fechas en la que, tres sindicatos, se disputarán la titularidad del contrato colectivo de trabajo el 1 y 2 de febrero; Morales explicó en las últimas semanas internamente se ha vivido “acoso laboral y malas prácticas de los sindicatos contendientes”, por los que demandan mayores garantías, pues incluso este nuevo proceso podría terminar en una nueva queja en el marco del T-MEC.

“El SINTTIA, continuará presentando las denuncias por la denegación de la libertad sindical por parte de la empresa y la violencia que ejerce a través de los representantes de la CTM ante la Unidad del T-MEC correspondiente”, enfatizó.

En ese sentido, presentó siete puntos a las autoridades labores, con el fin de que se desarrolle una jornada de votación apegada a la libertad sindical:

  • Dado que el periodo de votación que ahora se fijó es considerablemente más corto la empresa deberá dar las facilidades de transporte. 
  • Que la Secretaría del Trabajo invite nuevamente a como observadores en la Consulta, a la OIT y el Instituto Nacional Electoral. 
  • Que vigilen el proceso desde antes de las votaciones.
  • Se autorice la presencia de observadores más allá de esas instancias, para que organizaciones sociales y civiles interesadas, nacionales e internacionales, puedan ser vigilantes de manera independiente.
  • Se entregue de manera inmediata, copia del padrón confiable que se usará en la votación.
  • La empresa deberá brindar a los representantes del SINTTIA registrados ante el CFCRL el tiempo necesario para que cumplan con sus funciones en las mesas de votación, sin condicionarlo a sus obligaciones laborales, ni afectación a sus salarios y prestaciones.
  • Seguridad pública al interior de la planta durante la votación, así como en sus alrededores.

Destacó que “lo que nosotros estamos buscando es que la empresa se vea obligada a respetar a que los trabajadores puedan ejercer libremente el voto porque sentimos que el Centro de Conciliación está siendo un poco imparcial en la protección de lo que quiere la empresa. Estamos preocupados, esperemos que no sea así, por eso estamos haciendo el planteamiento y convocando a los compañeros a votar”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

El aumento al mínimo tendrá un impacto leve en costos de la IP

El incremento de 22 por ciento al salario mínimo para el próximo año tendrá un impacto de 1.3 por ciento en los costos de las empresas a nivel nacional y de 2.1 por ciento para la frontera norte, estimó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Luis Felipe Munguía Corella, presidente del organismo, informó que el acuerdo anunciado el miércoles pasado “no es una fijación política o arbitraria”, toda vez que se realizó con base en estudios técnicos para definir el incremento al salario mínimo y que “sea sostenido, responsable y no tenga impactos negativos en la economía”.

Indicó que el costo para las empresas fue uno de los criterios más importantes que se tomaron en cuenta y discutieron para definir el nuevo incremento.

“Hacemos un cálculo y vemos cuánto les va a costar (subir los salarios a las empresas) y es aquí donde tenemos holgura, sin que tenga impactos en inflación o en el empleo”, agregó en el conversatorio Nueva política salarial.

El titular de Conasami indicó que dependerá del tamaño de la empresa para saber cuál es el impacto del incremento salarial. Calculó que para las pequeñas y medianas empresa el costo será de 3 por ciento para 2022, y en el caso de compañías más grandes, con al menos mil trabajadores, será de 0.3 por ciento.

Munguía Corella subrayó que el objetivo principal del incremento salarial “es ayudar a los trabajadores que menos ganan”, por lo que los sindicatos que negocien contratos colectivos no podrán tomar como referencia el 22 por ciento aprobado, sino el incremento directo de 9 por ciento.

A partir del primero de enero de 2022 el salario mínimo pasa de 141.70 a 172.87 pesos diarios en la mayoría del país; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte será de 213.39 a 260.34 pesos diarios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró el acuerdo tripartita de aumento salarial, el cual representa un “sustantivo avance” que tendrá un impacto directo en el ingreso de 6.3 millones de personas en México.

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la OIT para México y Cuba, aseveró que dicho acuerdo “contribuirá a mitigar el impacto que la pandemia de la Covid-19 ha tenido en la pobreza laboral y sin duda” en un mundo del trabajo “más digno y una sociedad más justa”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

México reitera su compromiso de combatir el trabajo forzoso

El gobierno de México vigilará de cerca el proceso por el que la aduana de EU retiene tomates frescos a dos empresas mexicanas que fueron asociadas con trabajo forzoso, dijo la Secretaría de Economía (SE).

El 21 de octubre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que sus agentes detendrán los productos de Agropecuarios Tom SA de CV y Hortícola SA de CV y sus subsidiarias que transiten por el territorio de la nación vecina.

Una investigación de la agencia señaló que existen al menos cinco indicios de trabajo forzoso, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre ellos se incluye el abuso de vulnerabilidad, el engaño y la retención de salarios.

Ante ello, la dependencia encabezada por Tatiana Clouthier Carrillo señaló que vigilará de cerca el proceso de retención de mercancías que realice la CBP.

Apuntó que estos procedimientos no se desarrollan al amparo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero el pacto comercial vigente desde 2020 prevé disposiciones de cooperación para la identificación y movimiento de mercancías producidas con trabajo forzoso.

La SE reiteró su compromiso de combatir el trabajo forzoso al amparo del T-MEC e indicó ser respetuosa de las decisiones y los procesos de legislaciones nacionales de Estados Unidos.

“Las empresas afectadas tienen la posibilidad de recurrir a un mecanismo de revisión del caso ante las autoridades estadunidenses”, dijo. 

De acuerdo con la CBP el T-MEC instauró un marco sólido para que la agencia trabaje en estrecha colaboración con sus contrapartes mexicanas y canadienses.

En octubre de 2020 las autoridades mexicanas tomaron medidas contra las denuncias de condiciones de trabajo forzoso en la misma plantación de tomates.

La Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930 de Estados Unidos prohíbe la importación de mercancías producidas, total o parcialmente, por trabajo de convictos, trabajo forzado y trabajo infantil forzado o contratado.

La CBP detiene los envíos de mercancías sospechosas de violar este estatuto. Ante la medida, los importadores de los envíos detenidos pueden demostrar que las mercancías no fueron producidas con trabajo forzoso.

La OIT estima que 25 millones de personas sufren condiciones de trabajo forzoso en todo el mundo.

Según la CBP las empresas explotan el trabajo forzoso para vender bienes por debajo del valor de mercado, lo que expone a la población vulnerable a condiciones laborales inhumanas como violencia física y sexual, aislamiento y restricción de movimiento.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

La recuperación del mercado laboral se estancó y presenta riesgos a la baja: OIT

La recuperación del empleo tras el impacto de las primeras olas de covid-19 se estancó a nivel global y el progreso logrado ha acrecentado las brechas entre las naciones avanzadas y las que están en desarrollo, deteriorando el panorama de mediano plazo para el mundo laboral, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al presentar la octava edición del Observatorio de la OIT: La covid-19 y el mundo del trabajo, el organismo revisó a la baja sus proyecciones sobre las afectaciones de la emergencia en el mercado laboral. De esta manera, estima que en 2021 se perderá el equivalente a 125 millones de empleos, 25 millones de plazas más que el cálculo presentado en junio pasado, y lo que representa una merma de 4.3% en las horas laboradas a nivel mundial.

“Pese a la reanudación del desarrollo económico a escala mundial, la recuperación general en términos de horas de trabajo se ha estancado y registra valores muy inferiores a los anteriores a la pandemia, con amplias diferencias entre países, según su nivel de ingresos. En la presente edición del Observatorio se realiza una amplia revisión a la baja de las anteriores previsiones que realizó la OIT para 2021, habida cuenta de la evolución lentadisparineficaz e incierta de los mercados de trabajo”, se puntualiza en el reporte.

Las vacunas contra la covid-19 han ayudado a mitigar un impacto mayor en la recuperación del empleo. Los especialistas del organismo estiman que por cada 14 personas que concluyen el plan de inoculación se crea un puesto de trabajo de tiempo completo. Esto explica por qué los países que más rápido han avanzado en este proceso han registrado un mayor ritmo de mejora en su mercado laboral.

Además, el avance en los planes de vacunación se ha convertido en un elemento clave para el retorno a las oficinas. Hasta el inicio de octubre, la proporción de personas plenamente vacunadas llegó a 34.5% en el mundo. Sin embargo, a la analizar este dato por nivel de ingreso de los países, el avance es de 59.8% en las naciones avanzadas y de 1-6% en las naciones en desarrollo.

“La trayectoria actual de los mercados de trabajo es de una recuperación estancada, con la aparición de importantes riesgos a la baja, y una gran divergencia entre las economías desarrolladas y en desarrollo”, expresó el director general de la OIT, Guy Ryder. “Es dramático que estas tendencias vengan determinadas por la desigualdad de la distribución de las vacunas y de la capacidad fiscal, y es acuciante solucionar ambos aspectos”.

Por regiones, la mayor afectación en la pérdida de empleos en 2021 la registrarán los Estados Árabes y el continente americano, con caídas anuales en las horas de trabajo de 6.17 y 5.5%, respectivamente. El menor impacto se proyecta en Europa y Asia Central, con una baja de 3.12 por ciento.

Brecha de productividad al alza

Otro elemento que destaca la OIT en su reporte tiene que ver con el incremento atípico de la productividad laboral a nivel global. Esto se debe a que los más afectados por las medidas de confinamiento que se emprendieron el año pasado para frenar los contagios de covid-19 fueron las empresas menos productivas y los trabajadores con los salarios más bajos.

De esta manera, en 2020 la productividad laboral por hora en el mundo aumentó más del doble del valor promedio a largo plazo, a un nivel de 4.9% —el índice promedio anual entre 2005 y 2019 fue de 2.4%—. “La incidencia de la pandemia de covid-19 dio lugar a una inestable evolución sin precedentes del nivel de productividad laboral a escala mundial”, detalla la OIT.

Este efecto no solamente fue atípico, sino que también incrementó la brecha de productividad entre las naciones con altos y bajos ingresos a su nivel más alto en las últimas dos décadas. En 2020, detalla el organismo, cada trabajador de una economía avanzada produjo 17.5 veces más, en promedio, que uno de una economía en desarrollo. Para 2021 se estima que esta proporción aumente a un monto histórico de 18, “la mayor brecha desde 2005”.

Ante este contexto, la OIT recomienda mantener los programas de apoyo y estímulo para la preservación de los empleos. Por cada punto del Producto Interno Bruto (PIB) que se aumenten los incentivos fiscales para el aparato productivo, estima el organismo, la cantidad de horas de trabajo aumenta 0.3 por ciento.

“Si bien es necesario planificar adecuadamente el diseño y la adaptación de los paquetes de estímulos a fin de lograr los resultados más eficaces posibles en una coyuntura que evoluciona a un ritmo muy rápido, la supresión prematura del apoyo fiscal podría exacerbar los efectos adversos en el mercado laboral o ralentizar la recuperación del empleo. La experiencia demuestra la importancia que reviste mantener sólidos incentivos”, puntualiza la OIT.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Critican acuerdo entre el IMSS y plataformas

A pesar de que en el mundo los trabajadores de plataformas buscan que sea reconocida su relación laboral con empresas como Beat, DiDi, Rappi y Uber, en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), da por hecho que no son trabajadores, por tanto no existe razón alguna por la que las empresas deban otorgar seguridad social, aseguran especialistas y trabajadores.

El pasado 30 de septiembre el IMSS informó que firmó un convenio con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros y distribución de alimentos únicamente para difundir y promover la participación de usuarios conductores y de usuarios repartidores en la Prueba piloto para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes.

Lo anterior, significa que cada trabajador tendrá que cubrir el costo de la seguridad social “esta situación implica que para registrarse en el IMSS haya una reducción significativa de salario nominal, en promedio serían 2,000 pesos al mes; a esto hay que pagar el pago de impuestos, así como la reducción constante de tarifas por entrega o por viaje que imponen las empresas”, dijo Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Reparto de México (UNTA).

Se trata del primer sindicato en el país que arropa a los trabajadores de aplicaciones y cuyo registro sindical a nivel federal es el 7405, quienes además manifestaron su desacuerdo en la manera que el IMSS desconoce la relación laboral que existe entre las partes, pues “las empresas siempre han planteado que no existe ninguna relación, ya que seriamos colaboradores, socios o trabajadores independientes”.

No obstante, consideran que el trabajo que realizan es subordinado, “de forma que existe una relación laboral, e incluso, hay jurisprudencias en internacionales que han demostrado la existencia de subordinación de los trabajadores”, detalló Guerrero.

Datos del IMSS refieren que el acuerdo firmado con las empresas permitiría que alrededor de 500,000 trabajadores podrían sumarse a la seguridad social, de manera independiente, en donde tendrían acceso a los cinco seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social (Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales) y podrán registrar a sus beneficiarios legales, tales como cónyuges, padres e hijos.

No obstante, esto no le gustó a los trabajadores quienes ya enviaron un documento al director del IMSS, Zoé Robledo, destacando que no fueron consultados y que una acción de esta naturaleza los deja fuera de cualquier derecho laboral.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la relación laboral se entiende como un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores y existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración, explicaron.

En México, la relación de tipo laboral se entiende como la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, independientemente del acto que le dé origen, tal como se observa del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo que exigen que sus demandas sean atendidas y tomados en cuenta y solicitan una reunión y mesa de trabajo a la que se sume la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

TENDENCIAS_ Plataformas colaborativas: ¿cómo pueden ser una vía para la inclusión de mujeres en la economía?

La economía gig o colaborativa abre caminos para disminuir la exclusión económica de las mujeres, debido a que les permite tener flexibilidad y fuentes de ingresos para lograr su autonomía. Sin embargo, hace falta impulsar más su participación con medidas diferenciadas y afirmativas.

Con la llamada “economía colaborativa” ―el sistema en el cual se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales―, se abren caminos para disminuir la exclusión de las mujeres de la economía, el cual ha sido un problema histórico que impide alcanzar la igualdad de género en el mundo.

Diversos organismos internacionales coinciden en que las plataformas digitales han aumentado las oportunidades económicas para las mujeres, incluidos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque también advierten retos.

Las plataformas que participan en la economía colaborativa ofrecen a las mujeres vías y ventajas para generar ingresos, especialmente en los países en desarrollo, debido a que les permiten tener mayor flexibilidad, les ayuda a conseguir independencia económica y a entrar a sectores típicamente dominados por los hombres.

En Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala y Paraguay las mujeres optan por encontrar ingresos flexibles dentro de la también conocida como “economía gig”, principalmente, porque pueden decidir dónde, cuándo y cómo trabajar, lo cual les facilita obtener una remuneración con actividades que se adaptan a otras responsabilidades, de acuerdo con el informe El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, elaborado por el BID.

No es un secreto que el cuidado, la crianza y las labores del hogar recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. Por eso, ellas valoran aún más la flexibilidad del trabajo mediante las plataformas digitales. En contraste, según datos recabados en el estudio, los hombres ponderan en primer lugar otros beneficios como obtener experiencia laboral, ingresos extras o incluso la diversión.

También las mujeres pueden enfrentar menos barreras de entrada en las plataformas colaborativas. Por ejemplo, en las aplicaciones de movilidad sólo se registran y cumplen con un proceso más sencillo totalmente en línea, mientras que para ser conductoras de un taxi deben conseguir permisos, cuotas y convivir en los sitios físicos de pasaje con, en su mayoría, hombres, lo cual puede ser intimidante.

En otros ámbitos, las plataformas tienen el potencial de ayudar a impulsar emprendimientos de mujeres o crear redes de contacto para los negocios; además de promover y mejorar la inclusión financiera, ya que suelen ofrecer una conexión directa con nuevos productos o instituciones financieras a través de acuerdos.

Además de estas ventajas, durante la crisis por la pandemia de Covid-19, las mujeres han recurrido a la economía colaborativa para conseguir fuentes de ingresos ante la pérdida de empleos o para tener ganancias adicionales, dado que varios sectores productivos se vieron afectados. 

La emergencia sanitaria provocó una disminución de 10.2 por ciento en la tasa de ocupación laboral entre las mujeres de América Latina y el Caribe en 2020, mientras que la contracción en el caso de los hombres fue de 7.2 puntos, de acuerdo con la OIT. Es decir, la pandemia trajo consigo un retroceso de una década en los niveles de ocupación femenina.

Previo a esta situación excepcional, la participación de las mujeres en el mercado laboral ya era inferior respecto a la de los hombres. La pandemia agravó ese problema, pues más de la mitad de las mujeres en la región se desempeñan en los sectores que han sido más afectados por la recesión económica (por ejemplo, el hotelero y el servicio doméstico) y debido a que muchas se encuentran en el empleo informal, duramente golpeado por el coronavirus.

En ese contexto, algunas plataformas de movilidad registraron un incremento en el número de mujeres que se unieron como conductoras. Por ejemplo, DiDi observó un aumento de 28 por ciento en el ingreso de colaboradoras en México, y dos quintas partes de ellas subieron la cantidad de horas de trabajo diarias en 2020, según el Informe de diversidad de género 2021 de DiDi Global. En Brasil, se sumaron 150 mil mujeres y en China continental otras 265 mil el año pasado.

Una encuesta de DiDi entre sus colaboradoras señala que 64 por ciento considera que ser parte de la plataforma de movilidad le ha permitido conquistar mayor independencia económica, y 83 por ciento lo ve como una fuente de ingresos para sostener a sus familias.

Las empresas de Internet tienen políticas de no divulgación de datos sobre sus colaboradores, por cuestiones de competencia en el mercado. Pero brindan algunos que se complementan con estudios y encuestas de organizaciones. En mayo de 2021, Beat reportó que tenía 69 mil conductoras en su aplicación en América Latina.

En México, DiDi registró a finales de 2020 alrededor de 100 mil socios en su plataforma, de los cuales 4.3 por ciento eran mujeres; a nivel global, la empresa dijo que a finales de 2019 tenía más de 300 mil conductoras.

Brecha digital, la barrera

Si bien las plataformas colaborativas están abriendo posibilidades para la inclusión de las mujeres en la economía, todavía es mayor la presencia de los hombres en esta forma de empleo. El BID hizo un perfil de los conductores y las conductoras de las aplicaciones de movilidad en 2019, centrándose en los afiliados a Uber en Brasil, Chile, Colombia y México.

De acuerdo con los resultados del informe, los hombres representaban 95, 91, 94 y 94 por ciento del total de conductores en Brasil, Chile, Colombia y México, respectivamente. En general, las mujeres tenían una participación no mayor a 7 por ciento en los cuatro países y la usaban en promedio 14 horas a la semana.

A diferencia de los hombres, 90 por ciento de mujeres conductoras utilizaban Uber menos horas a la semana y en mayor medida durante el día (54 contra 47% de los hombres), lo cual se explica porque ellas suelen tener otras actividades que les demandan más tiempo (como el cuidado) y pueden sentirse inseguras en la noche.

Gracias a su flexibilidad, el modelo de las plataformas colaborativas posibilita generar ingresos de acuerdo con el tiempo que se dedique. En parte esto explica que los hombres conductores ganaban 6 por ciento más (0.64 dólares) en Uber hasta 2019 respecto a sus pares mujeres en promedio en los cuatro países. Cada uno tiene sus particularidades: por un lado, en Brasil la brecha a favor de los hombres es de 15 puntos porcentuales, mientras que en Chile es de 3 puntos.

Más allá de las aplicaciones digitales de movilidad, en la economía gig las mujeres representan 42 por ciento de las personas que trabajan a través de las plataformas, incluidas otras variantes como los servicios de entrega de comida a domicilio, de pequeños encargos, de alojamiento y varios más, según información del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Si la economía colaborativa es una alternativa de ingresos y posibilita conseguir autonomía económica flexible para las mujeres, la gran pregunta es ¿por qué están subrepresentadas en este espacio, al igual que en otros de la economía tradicional?

La menor participación de ellas en este sector está relacionada con la brecha digital de género. Aunque la región ha avanzado en los niveles de conectividad, todavía existen brechas en cuanto al desarrollo de habilidades digitales y el acceso a las tecnologías. 

En los países de bajos y medianos ingresos de todo el mundo, las mujeres tienen 15 por ciento menos probabilidades de conectarse a la banda ancha móvil y 7 por ciento menos de ser dueñas de un teléfono celular, en comparación con los hombres, según el Informe sobre la brecha de género móvil 2021 de la GSMA.

América Latina ha logrado avanzar más para zanjar la brecha de género digital. El mismo estudio señala que las mujeres tienen 2 por ciento menos posibilidades de usar Internet móvil y un punto porcentual menos de contar con un dispositivo. Estos datos muestran un panorama más paritario en la región respecto al resto del globo.

Sin embargo, a nivel nacional se observan diferentes realidades y la brecha se acentúa en algunos países. En Uruguay, Paraguay, Jamaica, Cuba, Costa Rica y Colombia hay más mujeres que usan Internet; en tanto, en Perú, México, El Salvador, Chile, Bolivia y Argentina la proporción de hombres que son usuarios de Internet es mayor a la de mujeres, revela el reporte Tendencias Digitales en las Américas 2021 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Pero una vez que están conectadas, también existen limitantes que impiden a las mujeres insertarse en la economía digital. Entre ellas, el BID destaca la falta de conocimiento sobre cómo usar un teléfono inteligente y otros dispositivos tecnológicos para actividades que les brinden beneficios.

Los hombres de la región presentan un mayor uso de Internet para el trabajo, enviar correos electrónicos, realizar pagos, acceder a la banca electrónica, buscar información noticiosa y actividades de entretenimiento. En contraste, las mujeres tienen un aprovechamiento más limitado en todas las categorías antes mencionadas.

Medidas a favor de la inclusión

El mercado laboral tradicional está marcado por la división sexual del trabajo: hay sectores y actividades productivas con una predominante presencia femenina, como la educación, el comercio, la enfermería, los hoteles y otros servicios; mientras que hay una baja participación de ellas en otras relacionadas con las finanzas, ingenierías o en cargos de liderazgo en empresas.

La segregación de las mujeres que sucede en el ámbito tradicional de trabajo puede replicarse en la economía digital si no se actúa. Las plataformas de movilidad son más usadas por los hombres porque los roles y estereotipos de género han hecho de la conducción una actividad preponderantemente masculina. Por eso, las mujeres que se unen cada vez más a estas aplicaciones también están rompiendo barreras de género y prejuicios que permean en el imaginario social.

Pero las brechas no pueden ni deben ser zanjadas por las mujeres en solitario. Tanto gobiernos como empresas necesitan actuar para promover la inclusión de ellas en la economía digital y colaborativa en condiciones paritarias, seguras y justas.

Del lado de las compañías, se han implementado algunos proyectos para incentivar la participación de las mujeres y ofrecerles un ambiente adecuado para desarrollarse. En abril de 2922, DiDi creó una red (Red DiDi D&I) para fomentar la diversidad e inclusión en sus comunidades de colaboradores dentro de todos sus mercados.

Esta red se enlazará a DiDi Women’s Network, la organización de la firma china que busca impulsar a las mujeres en la industria tecnológica, patrocinando programas de tutoría profesionales, apoyo a la maternidad y paternidad y cursos de sensibilización.

Además, en noviembre de 2020 la firma china lanzó DiDi Mujer en México (iniciativa premiada como mejor práctica por la ONU), una función que posibilita que las conductoras sólo viajen con pasajeras mujeres, con el objetivo de que ambas se sientan más seguras. Las colaboradoras pueden activar o desactivar dicha función cuando ellas quieran. Con este programa, la empresa señaló que el número de conductoras en la plataforma aumentó 28 por ciento.

Casi al mismo tiempo, Uber comenzó a implementar un mecanismo similar llamado Ellas, en México, Chile y otros países. También posibilita que las conductoras lleven sólo a mujeres. Además, al igual que su competidor, Uber anunció que brindaría a sus colaboradoras beneficios como servicios de contabilidad y productos para ayudarlas a financiar la compra de vehículos.

Cabify, otra plataforma de movilidad, no se quedó atrás. La empresa desplegó su programa Mujeres al Volante para incentivar a las mujeres a unirse a su aplicación, ofreciéndoles ventajas como una comisión diferencial de 10 por ciento durante el primer trimestre (más la comisión general).

La seguridad también es una problemática a resolver en las plataformas. Si bien las colaboradoras suelen sentirse más seguras trabajando a través de ellas, tampoco están exentas de situaciones de violencia o acoso, tanto las conductoras como las usuarias. Las compañías han puesto en marcha algunas medidas al respecto.

Algunos de los mecanismos que han adoptado las empresas de movilidad colaborativa son la verificación rigurosa de la identidad de usuarios y conductores; el monitoreo de las rutas de viajes; seguimiento con GPS; canales de comunicación de emergencia; algoritmos automatizados para detectar viajes potencialmente inseguros, así como asistencia durante el viaje.

Por ejemplo, en México DiDi pactó alianzas con los centros de comando y control del Estado de México y Guadalajara, por lo que, en caso de una emergencia, se les notifica directamente para movilizar el apoyo de policías, personal médico o cualquier otro que se necesite.

La plataforma también está probando los sistemas de videovigilancia en Guadalajara. En otros países, como China, esta tecnología ha ayudado a las autoridades a evaluar situaciones de riesgo en tiempo real y prevenir incidentes. Se prevé que pronto esté disponible en México y otros países de manera más amplia.

Desde la perspectiva de las usuarias, también las plataformas colaborativas les han brindado opciones y beneficios. En cuanto al transporte, 79 por ciento de las mujeres en Argentina prefieren viajar de noche con servicios de aplicación como Uber, Cabify y DiDi, porque así se sienten más seguras que en el transporte público (si hay disponible) o en los taxis convencionales, de acuerdo con una encuesta de la plataforma Ualabee.

El escenario en Colombia es parecido. Un estudio de la Universidad de los Andes señala que en general los pasajeros prefieren utilizar las plataformas de movilidad en vez de los taxis, porque perciben mayor seguridad y calidad del servicio.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá también reconoció que las aplicaciones de transporte ocupan un lugar importante en la movilidad en la ciudad porque, además de los beneficios ya comentados, las y los usuarios consideran que es positivo que al final del viaje puedan calificar el servicio, reciben pagos electrónicos o en efectivo y pueden verificar la tarifa antes de subirse.

Más allá de las grandes compañías como estas, también han surgido otros emprendimientos de mujeres en la economía gig. En Bolivia, nació el primer servicio de reparto a domicilio a cargo de mujeres, Pink Delivery. Las repartidoras recorren la ciudad en moto o bicicleta para realizar entregas. Entre ellas, hay muchas madres de familia, amas de casa y estudiantes que se sienten más seguras al colaborar únicamente con mujeres.

Aunque ya existen iniciativas y esfuerzos similares, aún persisten brechas pendientes para impulsar la inclusión de las mujeres en la economía colaborativa. Por un lado, las medidas y programas tienen que reforzarse para promover la participación, ya sea como conductoras, repartidoras o creadoras de servicios colaborativos.

Por otra parte, esto debe hacerse desde un enfoque diferenciado, tomando en cuenta que las mujeres, por su condición de género, están más expuestas a ciertos tipos de violencia como la sexual. También se tiene que analizar el diferente perfil de las mujeres al emplearse o ser parte de las plataformas de la economía gig, para desarrollar algoritmos más justos y equitativos que les permitan aprovecharlas en la misma medida que sus pares hombres.

Si una mujer usa menos horas una aplicación de movilidad o de entrega a domicilio para trabajar, probablemente tenga menos calificaciones que los hombres por el número de horas: eso podría influir en que obtenga más y mejores viajes o encargos, por ejemplo.

Dado que ellas valoran mucho más la flexibilidad de las plataformas colaborativas porque recaen en ellas las labores de cuidado o crianza (entre otros relacionados con los roles de género), las compañías deben hacer los ajustes necesarios para mantener ese beneficio e incentivarlas a crecer.

El BID y CAF destacan que, si las plataformas de la economía colaborativa logran promover una mayor presencia de las mujeres se avanzará en la igualdad de género, y se beneficiará el ecosistema de innovación y productividad en el mercado digital. De lo contrario, advierten que podría replicarse la segregación y las brechas de género que ya persisten en la economía y el mercado laboral tradicional.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Ante discriminación, migrantes encuentran trabajo en las plataformas digitales

Por su naturaleza flexible y dinámica, las plataformas digitales ofrecen una oportunidad de trabajo a los grupos de la población que tienen más dificultades para ingresar a la economía tradicional, como los migrantes, las mujeres, personas con discapacidad y jóvenes.

Un 17 por ciento de los colaboradores de las plataformas de Internet de todo el mundo ―que trabajan de manera independiente― son migrantes; en los países desarrollados, el porcentaje sube a 38 por ciento, con una participación incluso mayor de las mujeres (39% contra 36% de los hombres).

Así lo muestran datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo.

De acuerdo con el estudio, en algunos países los migrantes obtienen empleo a través de las aplicaciones de Internet, debido a que en ellas encuentran mayor facilidad de acceso, mientras que en otros lugares les ponen más barreras de entrada aunque tengan cierto nivel educativo, les discriminan por su nacionalidad o no hay suficientes opciones de trabajo.

Las plataformas de entrega a domicilio (delivery) han sido una de las principales fuentes de trabajo para los migrantes. En este sector, el 15 por ciento de los repartidores provienen de un país distinto a donde laboran.

Argentina y Chile son las naciones del mundo donde hay una mayor presencia de migrantes en las plataformas de delivery. Más del 70 por ciento de los trabajadores de este tipo de aplicaciones son migrantes en ambos países. En especial, esto se debe a que muchas personas de Venezuela se han desplazado a estos mercados en busca de oportunidades que no encuentran en su país de origen.

De los colaboradores migrantes de las plataformas en Chile y Argentina, el 43 y 47 por ciento, respectivamente, cuentan con un título universitario. Pero no han conseguido un empleo que corresponda con su educación debido a los obstáculos de la discriminación e incluso explotación laboral.

También algunas personas con discapacidades o problemas de salud han encontrado trabajo en las plataformas de Internet, ya que les proporcionan condiciones más flexibles si las actividades se pueden realizar desde casa o en los horarios que mejor les acomode.

El 2 por ciento de los colaboradores independientes de las aplicaciones tiene un estado de salud deficiente o precario. Sólo en las plataformas de movilidad (delivery y servicio de transporte), el porcentaje va hasta los 4 puntos porcentuales, según datos del informe.

Para las mujeres, el empleo mediante las plataformas de Internet representa una fuente importante de ingresos para alcanzar la independencia económica, dado que les permite elegir los horarios y balancearlos con otras actividades (como las de ciudades).

A pesar de las ventajas que pueda traer para ellas esta modalidad de empleo, su presencia es menor respecto a la de los hombres: el 38 por ciento de las personas que trabajan a través de aplicaciones en todo el mundo son mujeres.

Si bien la economía digital ha potenciado las oportunidades de trabajo para estas y otras personas, la OIT advierte que el empleo en las plataformas de Internet trae consigo desafíos para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y de protección social.

La Organización Internacional del Trabajo señala que las personas pueden percibir una volatilidad de los ingresos, cancelación injusta de sus cuentas, acceso limitado a la seguridad social como los servicios médicos, jornadas largas de empleo, obstáculos para participar en más de una plataforma y situaciones de inseguridad y estrés.

En ese sentido, el estudio resalta que la regulación de las plataformas digitales debe abordarse tomando en cuenta las leyes del trabajo, los códigos jurídicos laborales, la normativa de competencia, la rendición de cuentas de los algoritmos, el uso correcto de los datos y otros ámbitos relacionados, para maximizar las ventajas de la economía digital y al mismo tiempo garantizar un conjunto de derechos y protecciones.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Secretaría del Trabajo reporta gran afluencia en consulta de General Motors

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó una gran afluencia por la noche durante consulta de legitimación del contrato colectivo de trabajo celebrado con la empresa General Motors México, en la planta automotriz de Silao, Guanajuato.

De igual manera, organizaciones y opositores a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que mantienen un campamento afuera de la planta automotriz, informaron que hasta ahora se ha mantenido el orden y la afluencia de trabajadores en el ejercicio para validar o rechazar el contrato, que titula el sindicato Miguel Trujillo.

La STPS precisó que más de 40 funcionarios de diversas áreas supervisan el desarrollo de la consulta, y recordó que los únicos autorizados para realizar la labor de observación son el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Indicó que en los cambio de turno es cuándo se presenta el aumento del flujo de trabajadoras votantes. “Con una la alta afluencia en las urnas, las y los trabajadores del turno nocturno ejercen su derecho a la democracia sindical”, indicó.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Sin prestaciones laborales, tres de cada cuatro trabajadoras del hogar, dice la OIT

En el contexto del Día Internacional del Trabajo Doméstico (22 de julio), Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoció “a todas las trabajadoras del hogar por su gran contribución al bienestar de las familias” y “su lucha para que se garanticen sus derechos laborales”.

Precisó que “en México nueve de cada 10 personas empleadas en servicios domésticos son mujeres, 90 por ciento de las trabajadoras del hogar carece de acceso a la seguridad social, 91 por ciento ganan hasta dos salarios mínimos mensuales y 97 por ciento no cuenta con acceso a instituciones de salud”.

ONU Mujeres llamó a que “reflexionemos sobre la importancia del trabajo no remunerado. Las mujeres invierten tres veces más horas que los hombres en labores sin recibir un salario” y destacó que “urge reconocer estas labores que realizan las mujeres y fomentar una responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.

Gasman expuso que “tres de cada cuatro trabajadoras de hogar remuneradas carecen completamente de prestaciones laborales” y destacó que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la primera norma mundial que ofrece medidas de protección para garantizar condiciones laborales adecuadas para las y los trabajadores del hogar.

El 3 de julio de 2020, el gobierno de México depositó ante la OIT el instrumento formal de ratificación de dicho convenio, y con ello se convirtió en el Estado 30 miembro de la organización y el 17 de la región de las Américas en ratificar el convenio sobre trabajadores domésticos. Con esa acción, el Estado mexicano refrendó su compromiso para “saldar la deuda” con este sector a través de “acciones concretas”.

A escala global, la OIT calcula que hay más de 67 millones de trabajadores domésticos, y la mayoría de ellos no cuentan con protección laboral adecuada. En México se estima que son 2.3 millones de trabajadores del hogar, y la mayor parte son mujeres, las cuales experimentan condiciones de vulnerabilidad, provienen de zonas indígenas y en general de áreas rurales.

En 2019 comenzó en el país la incorporación de éstas(os) trabajadores a la seguridad social, una acción conjunta entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Aumenta trabajo infantil por primera vez después de dos décadas

El número de menores en situación de trabajo infantil se elevó en los últimos cuatro años, pasando de 151.6 a 160 millones en todo el mundo, lo que representa un aumento de 8.4 millones.

Aunque la pandemia por COVID-19 es en parte responsable de este incremento, la realidad es que la batalla contra esta problemática se estancó desde el 2016.

“Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor”, advirtió Henrietta Fore, directora Ejecutiva de UNICEF, el pasado 10 de junio.

En el informe “Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir”, creado por la OIT y la UNICEF, se pone en evidencia que los esfuerzos realizados para erradicar el trabajo infantil fueron insuficientes por primera vez desde hace 20 años, revirtiendo la tendencia a la baja que existía previamente cuando este fenómeno disminuyó en 94 millones de casos entre el año 2000 y el 2016.


De no tomar medidas cuanto antes para atender esta problemática a nivel mundial, la cual se agravó con la pandemia, el número de afectados podría aumentar a 206 millones para finales del 2022

El documento destaca principalmente un aumento sustancial de la cantidad de niños de 5 a 11 años en esta situación, los cuales, hoy en día representan poco más de la mitad de todos los casos a escala mundial.

Por su parte, el número de menores de 5 a 17 años que realizan trabajos peligrosos, es decir, toda labor que es susceptible de dañar su salud, seguridad o moral, ha aumentado en 6.5 millones desde hace cuatro años, hasta alcanzar los 79 millones al día de hoy.

Al mismo tiempo la mayor parte del trabajo infantil –tanto para los niños como para las niñas– sigue teniendo lugar en la agricultura.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, un 70 por ciento de los menores en situación de trabajo infantil (112 millones) se dedican a la agricultura.

Esto tiene una explicación clara, pues datos de la misma organización muestran que el trabajo infantil es mucho más frecuente en las zonas rurales, donde hay 122.7 millones de niños en esta situación en comparación con los 37.3 millones en las zonas urbanas.

“La prevalencia del trabajo infantil en las zonas rurales es casi tres veces superior a la de las zonas urbanas”, señala el informe de la Naciones Unidas, por lo que indica que “es primordial aumentar las inversiones para facilitar el desarrollo en estas áreas y promover el trabajo decente en el sector agrícola”.

Le siguen el sector de los servicios con un 20 por ciento (31.4 millones) y el sector de la industria con 10 por ciento (16.5 millones).

La mayor parte del trabajo infantil tiene lugar en la agricultura con 112 millones de menores, le siguen el sector de los servicios con 31.4 millones y el sector de la industria con 16.5 millones

Por su parte, Guy Ryder, Director general de la OIT, advirtió que hay que tomar en cuenta las señales y actuar al instante, pues los niños que enfrentan esta realidad corren el riesgo de padecer daños físicos y mentales, ya que ven afectada su acceso a la educación, se restringen sus derechos y se limitan sus oportunidades en el futuro, además da lugar a círculos viciosos de pobreza y trabajo infantil.


“Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños”

Guy Ryder

Director general de la OIT

De no tomar medidas urgentes para atender esta situación a nivel mundial, la pandemia, aunada con los diversos factores que se han visto mermados por su llegada como la pérdida de empleos o de escolaridad, podrían provocar que el número de niños en esta problemática aumente a 206 millones para finales de 2022.

Al respecto, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dice en entrevista que “la forma, hablando en un sentido preventivo, de evitar que los menores trabajen, tiene que ver con cambiar las condiciones de desigualdad así como las estructurales, que dependiendo del contexto, características, zona geográfica, etcétera, ponen a los niños y niñas en una situación de vulnerabilidad”.

Panorama local del trabajo infantil

México, a pesar de ser una de las principales 15 economías a nivel mundial, sufre de graves problemas de desigualdad, pobreza y falta de escolaridad, por lo que el trabajo infantil no es un tema ajeno para el país.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que a nivel nacional, 3.26 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad estaban en situación de trabajo infantil en 2019, lo que representa 11.5 por ciento de la población en dicho rango de edad.

De acuerdo con Tania Ramírez, en México existen diversos factores estructurales asociados al trabajo infantil como la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, las disparidades salariales, así como los obstáculos para el acceso a la salud, alimentación y vivienda digna que deben tomarse en cuenta en materia de trabajo infantil, al igual que la migración laboral, el desplazamiento forzado y ahora los efectos del COVID-19 que han provocado una recesión global, la disminución del PIB y la pérdida de empleos.

“Esto ha conllevado a que la existencia del trabajo de niñas, niños y adolescentes en México responda a múltiples aspectos estructurales que son necesarios atender a través de políticas públicas que prioricen el derecho a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda con base en el interés superior de la niñez”.

CON INFORMACIÓN VÍA REPORTE ÍNDIGO