Revisará Morena en el Senado base legal de autónomos y redes sociales

En el inicio de su reunión plenaria, para definir la agenda del próximo período de sesiones que inicia el próximo lunes, el grupo parlamentario de Morena en el Senado refrendó que el eje será el de salud, para hacer frente a la pandemia del Covid-19. Se presentará una iniciativa para reducir el gasto público a los partidos político, a fin de destinar los recursos a la compra de vacunas contra el virus, se aprobará la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se analizará la revisión del marco jurídico de los órganos autónomos y de empresas como Twitter y Facebook.

Durante la reunión, los morenistas respaldaron el llamado del presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, de no ceder “a los chantajes de los empresarios” y aprobar la regulación del outsourcig.

En ese evento, que se llevó a cabo a través de una plataforma digital, todos los oradores expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y le desearon pronta recuperación. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que la pandemia del Covid-19 ha sido “devastadora, cruel e incierta”, ya que ha causado estragos en el mundo y México no es la excepción, por eso dijo que la prioridad legislativa debe ser y es la salud.

Monreal Ávila sostuvo que el presidente López Obrador “está fuerte físicamente, con mucho entusiasmo y optimismo trabaja desde Palacio Nacional” y destacó que, como jefe de Estado, pudo haber obtenido la primera vacuna contra el Covid 19 que llegó a México, pero, por su congruencia y su convicción, respetó el calendario de vacunación, y esto lo hizo vulnerable, como a cualquier habitante del país.

El coordinador morenista resaltó que por ello van a reformar el Reglamento del Senado, para legislar a distancia y no poner en riesgo la vida de nadie. Aludió a los senadores de su bancada que se han contagiado, entre ellos Radamés Salazar, que actualmente está hospitalizado.

Las propuestas

Monreal destacó que no se puede pasar por alto lo que está sucediendo con las redes sociales, ya que el bloqueo en el país de cuentas afines al presidente López Obrador, que han hecho Twitter y Facebook, “es una señal de censura”, pone en riesgo la libertad de expresión.

Al tener un gobierno verdaderamente democrático, recalcó, nuestro país debe esforzarse por sentar las bases de la regulación que limiten el poder de este tipo de empresas y al mismo tiempo protejan los derechos de los ciudadanos.

Por su parte , la senadora Mónica Fernández, señaló que insistirán en la reforma constitucional y otros ordenamientos, para disminuir el financiamiento público a los partidos políticos. “No van a ir a la quiebra si les restamos varios millones de pesos y los dirigimos a la compra de vacunas, al implemento de los estímulos económicos de médicos y enfermeras que están en la primera línea de la batalla epidemiológica, así como al incremento de la plantilla del personal del sector salud”.

En su turno, el senador Gómez Urrutia, destacó que no puede postergarse más la reforma para regular el outsourcing, ya que viola derechos de los trabajadores y evade recursos al fisco, calculados en 500 mil pesos al año. Advirtió que desde hace más de un año los representantes de la cúpula patronal han puesto todo tipo de trabas para que no se concrete ese cambio y ahora en que se discute la propuesta patronal en la materia, pretenden que se disminuya de 10 a 5 por ciento el reparto de utilidades, lo que en forma alguna puede aceptarse.

En esa reforma, “no podemos dudar”, recalcó a su vez, el senador Germán Martínez. Dijo que acabar con el outsourcing ilegal dará al fisco más recursos que con la desaparición de fideicomisos o de órganos autómomos.

Con información vía La Jornada

“Alcahuetes y paleros, entes autónomos son para simular”

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “paleros” y “alcahuetes” a los organismos autónomos, y subrayó que fueron creados para simular.

Al insistir en la importancia de disminuir el gasto del sector público, manifestó que “es necesario acabar con la simulación; es decir, establecerlo por ley y no estar pagando por un organismo que sirve para esconder prácticas corruptas”.

En conferencia de prensa, el mandatario reiteró su criterio en cuanto a que el país no puede destinar miles de millones de pesos al año en organismos encabezados por consejeros que ganan 300 mil pesos mensuales y se dan la gran vida con el dinero del pueblo.

A pregunta expresa derivada de la actuación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Fiscalía General de la República en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el Presidente negó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) haya contribuido a destapar casos de corrupción, sino al contrario.

Puso como ejemplo que el INAI tapó la “transa” Odebrecht.

“¡No!, yo no conozco nada, discúlpeme. O sea, tenemos otros datos, nada. Al contrario, ellos fueron los que ocultaron lo de Odebrecht”.

Argumentó que los consejeros del instituto ocultaron también la lista de las grandes corporaciones beneficiadas con condonaciones de impuestos, y “tampoco se vio su trabajo cuando se pagaron 16 mil millones de pesos en contratos relacionados con ocho penales federales, por lo que no se ve el aporte de este tipo de organismos”.

En el mismo sentido, defendió la austeridad en el gasto público y ladesaparición de los fideicomisos que permitió disponer de 75 mil millones de pesos para hacer frente, por ejemplo, a la pandemia, sin adquirir deuda.

“Y nada más porque los que crearon esos organismos para simular, que forman parte de la banda de saqueadores, nada más porque a ellos no les gusta nos vamos a quedar callados. No, vamos a debatirlo. Esto es la transformación”.

Subrayó que los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo son el Poder Legislativo –con una auditoría independiente que funcione– y el Estado en su conjunto, mientras que los periodistas pueden seguir haciendo su trabajo para obtener información pública sin que al erario le cueste miles de pesos cada año

Con información vía La Jornada

Avanza medida de eliminar órganos autónomos

Al continuar con su plan para eliminar organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que los primeros que serán absorbidos por secretarías y dependencias serán aquellos que no necesitan reforma legal y que fueron creados por el Ejecutivo.

En conferencia, el Mandatario señaló que seguirán aquellos organismos autónomos creados por ley, de los cuales, detalló, existen alrededor de 200 y cuya desaparición representaría 50 mil millones de pesos de ahorro.

“Vamos primero a hacer la revisión de los que no necesitan reforma legal, que fueron creados por el Ejecutivo, lo que hemos hablado. Entonces, primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal, y vamos a revisar cuántos organismos hay así, que significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico.

“Y luego ya vemos organismos autónomos creados por ley, cuántos hay y cuánto nos cuestan, y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes. Por ejemplo, el Ifetel es posible que regrese a Comunicaciones (SCT), como estaba anteriormente, entonces, por qué no regresa y nos ahorramos muchísimo”, dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente señaló que también se revisará que en su plan de eliminar estos organismos no se incumpla con algún punto que esté establecido en el T-MEC.

“Haré un planteamiento en el G20 sobre censura en redes sociales”
 

En el Salón Tesorería, el Mandatario federal adelantó que en la próxima reunión del G20 planteará el tema de la censura en redes sociales, pues aseguró que no puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho a la libertad de expresión.

“No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, en ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura. La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares”, dijo el Ejecutivo.

“Yo les adelanto que en la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, no deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad. No a la censura”, dijo.

Antes de dar por terminada la conferencia de prensa para ir a desayunar, el presidente López Obrador recordó al actor Jorge Arvizu, El Tata, y a Benito Bodoque, personaje de Don Gato y su Pandilla de quien Arvizu dobló la voz, y destacó que fue de los pocos famosos que expresó su apoyo al movimiento de transformación.

Con información vía El Universal

Mario Patrón: Austeridad vs organismos autónomos

En días recientes, en el espacio público ha destacado el debate sobre la pertinencia de los organismos constitucionalmente autónomos, a raíz de la intención expresada por el Presidente de eliminar al menos algunos de ellos y que sus funciones sean subsumidas por distintas secretarías de Estado.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se expresa en términos críticos sobre los organismos públicos autónomos. Se ha referido a ellos como espacios cooptados por los grupos que históricamente han detentado el poder en nuestro país y les ha reprochado por aportar poco o nada a la democracia formal. El argumento central que el Presidente ha esgrimido para defender la pertinencia de su desaparición ha sido el imperativo de la austeridad y la correlativa necesidad de recortar el gasto público. A partir de lo dicho por AMLO, los primeros en sufrir la supresión serían el INAI, el IFT, la Cofece, la CRE y la CNH; aunque lo cierto es que desde el diseño del presupuesto para 2021 los primeros damnificados han sido la CNDH y el INE.

Las posiciones absolutistas fijadas por el jefe del Ejecutivo han generado opiniones encontradas y han acentuado el clima de polarización en el debate público, como ocurrió en temas como los fideicomisos públicos o la libertad de expresión. En casos como el que nos ocupa, el Presidente ha recurrido a afirmaciones sin matices que reducen la lectura de la realidad a una polaridad de blancos y negros, de buenos y malos, cuando en honor a la verdad se trata de temas complejos y con una historia de vicisitudes detrás de sí, que son cruciales para nuestra frágil democracia, para cuyo análisis se debería partir de diagnósticos profundos basados en información rigurosa, así como de una discusión pública que conduzca a tomar medidas diferenciadas con cada uno de ellos.

Los organismos constitucionales autónomos surgieron en la institucionalidad mexicana como una apuesta por blindar de injerencias políticas asuntos centrales de la vida nacional; es decir, ante las evidencias de que la división clásica de poderes no era un esquema de pesos y contrapesos suficiente, se apostó por generar órganos que no dependieran de ningún poder y que estuviesen dotados de al menos tres condiciones de autonomía: la técnica, la de gestión y la financiera. Así, casos centrales como política económica, derechos humanos, democracia procedimental, derecho al acceso a la información pública y telecomunicaciones, entre otros, fueron encargados a órganos garantes como la CNDH, Banco de México, INE e INAI.

Es documentadamente cierto que, como lo ha afirmado López Obrador, muchos de estos organismos autónomos, se pervirtieron, se politizaron e incluso adoptaron como práctica cotidiana el despilfarro y la gestión de intereses grupales, en contradicción con su vocación. Sin embargo, hoy una discusión de fondo sobre dichos organismos no puede reducirse a la primacía sin más del ahorro presupuestal, pues ello supone simplificar la discusión sobre el futuro que deseamos para México. Es preciso partir de diagnósticos institucionales particulares y discutirlos desde una perspectiva sistémica, puesto que el criterio central es el papel que están llamados a jugar como dispositivos democráticos tan eficientes como eficaces para evitar las injerencias facciosas y para ser contrapesos calificados y efectivos en materia de decisiones públicas.

El argumento de los ahorros presupuestales es insuficiente. La naturaleza teleológica del ejercicio de la autonomía institucional busca acotar poderes desmedidos, particularmente del Ejecutivo, y someterlos a controles democráticos. Más aún, cuando varios de estos organismos autónomos nacieron como consecuencia de luchas de reivindicación de diversos derechos reconocidos en la Constitución como de los que son garantes INE, CNDH e INAI.

La medida anunciada por AMLO apunta en el sentido contrario, al señalar que serían las secretarías de Estado las que subsumirían dichas funciones, lo cual las coloca en una situación incompatible de juez y parte. Con ello, el Presidente no hace sino fortalecer los argumentos de quienes lo acusan de estar movido por tentaciones centralizadoras y de acumulación de poder.

Si bien es cierto que en la historia reciente de México ha existido lo que algunos han denominado una fiebre autonomista que llevó a recurrir de manera desmedida a la figura de los órganos constitucionalmente autónomos, no todos los casos obedecen a esa dinámica. Fue en 1994 que se declaró la autonomía del Banco de México para blindar la política monetaria, y en 1996 se le dio plena autonomía al IFE –hoy INE– para salvaguardar la democracia formal y otorgar mayor independencia y legitimidad a los procesos electorales. Luego, en 1999 se dota de autonomía a la CNDH para crear un sistema de protección de los derechos fundamentales y en 2008 se declara la autonomía del Inegi; sin embargo, es a partir del sexenio de Peña Nieto cuando se crean un sinfín de organismos autónomos como el IFT, la Cofece, CNH, INAI, INEE y la CRE.

Así, parece prudente plantear un debate que se abra paso entre dos polos: la tentación centralizadora del poder, hoy argumentada en torno del ideal de la austeridad republicana y, una febril propensión autonomista. Una elemental conclusión preliminar nos dice que la solución no radica en la eliminación a rajatabla de los organismos públicos, sino en actualizar la perspectiva que dio nacimiento a la figura de la autonomía para evaluar y juzgar cada caso, y adecuar los organismos autónomos a las necesidades y condiciones que se viven, a partir de un reconocimiento de la inmadurez e insuficiencia de nuestra democracia.

Con información vía La Jornada

El IFT responde al gobierno federal de México: dice que su desaparición implicaría modificar el T-MEC y la Constitución

Luego de las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su intención de desaparecer varios organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT ha respondido con un extenso comunicado en el que resume algunos de los resultados que ha obtenido en los últimos siete años, y asegura que su desaparición debilitaría la democracia del país, e implicaría reformas a la Constitución y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en donde se establece que el instituto de telecomunicaciones debe ser desconcentrado del gobierno.

Para el IFT, es indispensable que el encargado de garantizar el acceso a Internet sea un órgano autónomo pues se trata de un derecho fundamental que a la vez facilita otros como la salud, educación, libertad de expresión, derecho a la información, y derechos políticos y de asociación. “Las telecomunicaciones y la radiofusión son pilares para la recuperación económica en la actual crisis sanitaria” dice también el IFT; por tanto, un cambio en las reglas implicaría afectaciones al proceso de crecimiento y recuperación económica del país, según el instituto.

En la conferencia matutina del gobierno federal hace un par de días, el presidente acusó a los comisionados del IFT de tener relaciones muy cercanas con los agentes preponderantes como Telcel, y cuestionó su eficacia toda vez que los agentes preponderantes siguen existiendo.

Los resultados del IFT

El IFT fue creado hace siete años, y entre sus características fundamentales está el que sea un órgano desconcentrado, con total autonomía de operación, “lo que le ha permitido no solo trascender gobiernos o presiones de agentes económicos, sino generar beneficios puntuales para toda la población” según se lee en el comunicado.

El IFT además ha tenido una tendencia a la baja en el presupuesto que se le ha otorgado año con año. Según el instituto, la tasa es del 38.2% durante el periodo de 2014 a 2020. Este año ejercerá 1,510 millones de pesos, pero por cobro de uso de frecuencias ingresó de enero a septiembre de 2020 más de 23,000 millones de pesos. Otros resultados que el instituto expone es la disminución del costo de servicios móviles en un 43.9% de 2013 a 2020 y la triplicación de la penetración de banda ancha móvil en el mismo periodo de siete años.

Además, el IFT ha contribuido a la apertura de una nueva cadena nacional de televisión, la ampliación de la cobertura con redes 4G que ahora llega a zonas donde vive el 90.8% de la población y el apagón analógico. Recientemente además dictó las nuevas medidas para el agente preponderante, como parte de una revisión que se hace cada dos años.

El IFT hizo un llamado a tener un “diálogo abierto” y dijo que está abierto a que se haga un análisis “serio” sobre la labor del órgano, uno en el que, pide, se haga un reconocimiento de los resultados y se identifiquen también tareas que deban mejorarse. El IFT no hace en el comunicado referencia alguna a las acusaciones que el presidente hizo directamente sobre los comisionados.

El presidente López Obrador dijo que su propuesta la presentará a las secretarias del gobierno federal el próximo lunes, para ir avanzando en una reforma que debe pasar por el Congreso.

Con información vía Xataca.com

Morena anuncia apoyo total al mandatario; PAN, batalla

Frente a la postura del grupo del PAN, que advirtió que no permitirá la desaparición de los órganos autónomos, los senadores de Morena expresaron su apoyo total a esa propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y señalaron que estarán en espera de que el Ejecutivo federal remita la iniciativa en febrero, cuando comienza el periodo de sesiones.

Los senadores Salomón Jara y Antares Vázquez advirtieron que la mayoría de los órganos autónomos no tienen razón de ser, ya que representan una fuerte carga presupuestal, duplican funciones y no reportan beneficios reales a la población, fueron creados por presiones de los grupos de poder.

“Son órganos autónomos, pero del pueblo, porque no responden a las necesidades de la gente. Todo gobierno debe ser una caja de cristal, pero para ello no se requiere de un instituto de transparencia, que no logra su cometido, ya que las administraciones del PAN y el PRI, que lo impulsaron, fueron las más corruptas y opacas”, resaltó la morenista Antares Vázquez.

Por su parte, el senador Jara señaló que la bancada de Morena respalda, desde ahora la propuesta de desaparecer los organismos autónomos cuya existencia no esté justificada con eficiencia, eficacia y austeridad.

“Hasta ahora han demostrado que son cotos de la burocracia dorada que no está dispuesta a renunciar a sus canonjías y altísimos e inmorales sueldos.

“Gobiernos opacos y corruptos en su momento hicieron necesaria la autonomía de ciertos órganos garantes o reguladores. Fueron los gobiernos del PRI y del PAN los que decidieron incluir en la agenda del Pacto por México la creación de costosas burocracias y la repartición de espacios en órganos de decisión. Fue una simulación, porque el gobierno no se volvió más transparente ni eficiente. Hoy, la actual administración tiene una ética y una concepción del ejercicio del poder y del servicio público muy distinta.

“Lo que se busca es eliminar esas costosas estructuras y burocracias doradas, manteniendo la obligación del Estado de garantizar los derechos y cumplir con las tareas estratégicas en los distintos sectores en los que actualmente operan los órganos autónomos.”

El PAN en el Senado advirtió que López Obrador “pretende des-truirlos porque no quiere que nadie lo critique, cuestione o evidencie la ineficiencia de su gobierno”, ante lo cual dará la batalla en defensa de la transparencia y no permitirá la concentración del poder.

Con información vía La Jornada

AMLO: entes autónomos, tapadera de actos ilícitos

Los órganos autónomos, levantados durante la etapa neoliberal, han servido de “cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información”, subrayó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al sostener su argumentación sobre la necesidad de ajustar las funciones del gobierno a la nueva realidad nacional, defendió su propuesta de reforma administrativa para sumar las funciones de esas estructuras a las secretarías de Estado correspondientes, con objeto de corregir y conseguir cuantiosos ahorros derivados de los altos costos que significa esa alta burocracia.

Conocedor de las decisiones que asumen los consejeros de los órganos autónomos como el INAI, Ifetel, Cofece, CRE, entre otros, que no han demostrado con el tiempo –dijo– defender el interés de la mayoría, los calificó de instrumentos que conforman un gobierno de los pocos beneficiarios de las privatizaciones y concesiones.

“Celebro que ya se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon para aparentar que iba a haber transparencia, que se iba a combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolios. Son como tapaderas, son organismos alcahuetes. Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo.

“No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El instituto de la transparencia (INAI), como mil millones; este otro instituto de las telecomunicaciones (Ifetel), ayer hablábamos, mil 500 millones. Van a ver, cuando presentemos toda la estructura, todos los órganos que crearon: la CRE o hay otro que se llama la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, eran estas reguladoras las que decidían y deciden.”

Recordó que con el panista Vicente Fox se creó el INAI, y su primera decisión fue mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas. Otra decisión así, significativa, es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó.

Por ahí andan las determinaciones del resto de los denominados órganos autónomos, que además tienen un alto costo burocrático –sobre todo de sus directivos, cuyo número asciende a decenas de direcciones generales–, “entonces, nosotros queremos ahorrar para que todo lo que se obtenga, nos ahorremos, se le destine al pueblo, se utilice para el desarrollo, que no tengamos que aumentar la deuda, que no tengamos que cobrar más impuestos, que no tengamos que decretar gasolinazos.”

Y adelantó que con su propuesta de desaparición de esas instancias “se abonará a poner fin a la opacidad y decisiones de grupos de interés. En el caso de la información pública, ésta se aportará fast track, así, rápido, que se esté obligado a, en 72 horas, entregar la información, que no haya reservas, y sí transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. Nosotros no tenemos nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública.”

Y comentó que antier le informó el secretario de la Defensa de una solicitud de una persona pidiendo informes de por qué atendieron a su hermana en el Hospital Militar. “Entonces, doy la instrucción: informen que llegó grave y que, en situación de urgencia, cualquier institución de salud está obligada a dar atención médica y que además muchos hospitales están considerados para atender enfermos Covid y que puede ir cualquier persona. Entonces, eso es lo que se informa y no hay ningún problema.”

Con información vía La Jornada

OPINIÓN: ¿Deben desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos?

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

Una nueva discusión se ha puesto sobre la mesa: la desaparición o no de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), esto derivado del alto costo y el nulo beneficio social que estos organismos estarían obligados a otorgar. Así mismo, las denuncias del presidente López Obrador contra los llamados OCAs, han sido puntuales y duras, esto durante el marco de las conferencias matutinas que él mismo encabeza.

La aparición de estos organismos prolifero con las reformas constitucionales llevadas a cabo durante la administración federal anterior. La transformación del IFE a INE, la creación de la CRE, la COFECE y el IFT, así como la reestructura del INAI y otros institutos más. Cada órgano tiene funciones administrativas o técnicas, dependiendo de la ley y la intención de su creación, es decir, los administrativos, por ejemplo, son el INE, el INAI y el INEGI, por otro lado, tenemos a los reguladores-técnicos como la COFECE o el IFT.

La intención de generar organismos autónomos es una idea completamente derivada del neoliberalismo, esto con la finalidad de dejar al estado fuera de decisiones y sin rectoría de sectores estratégicos y de gran calado, tal y como lo son las telecomunicaciones o el energético, mismos que siempre han estado en la mira de las privatizaciones.

La regulación económica en nuestro país pretende privilegiar exclusivamente a la competencia económica y no es que la competencia sea mala; sin embargo, cuando la regulación se basa en una lógica política y no técnica, es cuando tenemos una serie de favoritismos y los institutos encargados de regular los mercados de sectores definidos terminan siendo cooptados por los privados, que a su vez terminan buscando beneficios competitivos en el mercado.

Los recursos económicos que absorben estos institutos resultan ser bastante onerosos, para ejemplo, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en el presupuesto federal del año 2020, el funcionamiento del IFT costo al erario 1,500 millones de pesos.

La regulación es una herramienta económica que supone la necesidad de una autoridad que modere la competencia en los mercados, que exista la libre concurrencia y competencia en sectores definidos. La lógica neoliberal piensa que la regulación es una forma de eliminar la participación del gobierno en los mercados y busca aumentar la participación de competidores, implementando estructuras legislativas, jurídicas y técnicas, haciendo ver que el estado no cuenta con la capacidad suficiente para administrar, decidir y deliberar sobre los posibles conflictos derivados de practicas anticompetitivas en el mercado, como las que posiblemente pudiesen llevar a cabo monopolios, ya sean privados o estatales, pero sobre todo, la visión radica en eliminar la participación del estado en actividades productivas.

Se supone que la competencia debe abaratar servicios y productos, que mientras más competencia exista, los costos de producción se abaraten y con ello, el costo al consumidor final sea el menor posible con una variedad de opciones para elegir la contratación de un servicio o la compra de un producto en especifico. La formula falla cuando los reguladores deciden llevar a cabo decisiones que suponen asimetrías a falta de un mercado sano, es decir, los reguladores pretenden hacer uso de herramientas económicas como economías de escalas o estudios de mercado que les ayuden a tomar decisiones que, a su vez, defina la capacidad competitiva de los participantes del sector o en su defecto, que los participantes de los mercados no hagan uso de prácticas anticompetitivas.

 La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones el IFT ejerce su autoridad regulatoria por medio de una regulación exante, que se manifiesta cuando un mercado como es el de las telecomunicaciones, de un alto dinamismo y costo en inversiones se prevé como falta de operadores. El regulador ha supuesto que como Telmex ya era un monopolio natural, ya que, venía de una privatización, contaba con todos los insumos de red, así como infraestructura y recursos laborales y económicos, por lo que, con su lógica de regulación exante, da la oportunidad a los operadores entrantes de contar con privilegios competitivos y un subsidio directo del operador incumbente, que en México fue llamado “preponderante”, al mismo tiempo en que el IFT impuso reglas asimétricas al llamado Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, por lo que hoy en día, tenemos un mercado de bajo rendimiento, pérdidas económica y mucha desinversión, pues el regulador tomo decisiones políticas y no técnicas.

En nuestro país, los OCAs se han considerado a sí mismos como contrapesos al gobierno, esto queda claro en una respuesta que el INAI hace de conocimiento público al presidente López Obrador, esto después de que el presidente dijera en su conferencia matutina del pasado lunes 4 de enero de este año que inicia, que las funciones del INAI las pudiese ejecutar la Secretaría de la Función Pública, ya que dichas funciones son sobre la transparencia e información pública y que lo que hace el IFT, lo ejecute la SCT, según el presidente esto se traduciría en millones de pesos en ahorros e implícitamente, le retornaría al estado la rectoría de sectores estratégicos.

Sin duda alguna, la creación en 2013 de estos organismos dio la oportunidad al gobierno que encabezaba Peña Nieto, la posibilidad de mantener aliados políticos en puestos transexenales, tal y como lo podemos observar en el caso del Instituto Nacional Electoral con su consejero presidente Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como arbitro electoral, parece un actor político más de la oposición.

La función de estos institutos ha sido llevada a un campo político, dejando de lado su pertenencia a la estructura del estado, que, si bien es cierto que cuentan con calidad de autónomos, no son independientes del presupuesto público emanado de la federación, ni son exentos de acatar la constitución y leyes emanadas de ella, sin embargo y como ya lo he mencionado anteriormente, se ven a sí mismos como contrapesos políticos al ejecutivo federal, aspecto que en ninguna parte de la constitución está contemplada en sus funciones.

Con la excusa de la construcción de un estado de derecho, el gobierno anterior modificó la constitución con reformas de gran calado, que beneficiaban directamente a ciertos actores, sobre todo, empresas privadas que deseaban una participación con mayor libertad y con mayores beneficios económicos, tal fue el caso de Pemex, que fue desmantelada de forma brutal y negocios productivos y redituables, se le otorgaron a empresas como Odebrecht o en su defecto, el tema de las telecomunicaciones, donde la soberanía digital fue prácticamente desaparecida por ley y la industria nacional del sector se ha visto seriamente afectada, generando una fuerte desinversión en el sector, al punto en que operadores como Telefónica Movistar han retornado espectro radioeléctrico al regulador, argumentando que no les conviene pagar por el mismo, así como el dejar de invertir en infraestructura y empleos.

La realidad es que las funciones que desempeñan varios Órganos Constitucionales Autónomos pueden ser ejecutadas sin problemas por las secretarias de estado, ya que fueron creadas para que el estado pudiese decidir, ingerir y llevar una rectoría social, política y económica en beneficio de la sociedad y no solamente de las empresas privadas y de una clase política que fue consumida por la corrupción, generando negocios a partir de las empresas productivas del estado o en su defecto, de dar beneficios directos a ciertos participantes de los mercados. ¿Deben o no desaparecer los OCAs? Esa será una decisión que se tomé a partir de una visión y voluntad política que comprenda que para llevar a cabo esta tarea, la constitución debe reformarse nuevamente.

AMLO alista reforma para que el Gobierno absorba a organismos autónomos; tiene en la mira al IFT, INAI…

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gabinete ya prepara una reforma administrativa para que algunos organismos autónomos sean absorbidos por dependencias de Gobierno.

Como parte de su política de austeridad, el mandatario federal criticó que existan varios organismos autónomos sobre temas que podrían ser atendidos por los mecanismos con los que cuenta el Gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal adelantó que el próximo lunes 11 de enero sostendrá una reunión con su Gabinete, en la que presentará la propuesta sobre la absorción de los organismos y que se elabore un plan detallado para llevar a cabo dicha acción.

“Tengo una reunión de Gabinete el lunes, porque voy a presentarles la propuesta para que cada Secretaría elabore un plan y, ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales y que haya debate como fue con los fideicomisos”, indicó desde el Salón de Tesorería.

Como el ejemplo más destacable, López Obrador señaló al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) e indicó que si éste se añadiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), el Gobierno ahorraría cerca de mil 500 millones de pesos.

Sobre todo, el oriundo de Tabasco argumentó que algunos de estos organismos autónomos están “muy ligados” a los preponderantes y empresas extranjeras.

“Podríamos con esta reforma administrativa ahorrarnos mil 500 millones. Los de arriba (en el IFT) están muy vinculados con los preponderantes y empresas extranjeras. Entonces, que pase a Comunicaciones y por qué autónomo, entonces ¿para qué existe Comunicaciones y Transportes? Saben que la SCT se fue quedando como una oficina de entrega de contratos, pero sí ahorramos”, añadió.

Andrés Manuel también comentó que se podría integrar el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) o a la Auditoría Superior de la Federación, y expuso que éste no debería ser autónomo, ya que muchas veces tiene un “uso faccioso”.

El Presidente de México indicó que con esta adhesión de organismos autónomos al Gobierno se podrían ahorrar en total 20 mil millones de pesos, aproximadamente, los cuales serían utilizados para adquirir más insumos y vacunas contra la COVID-19.

Por otro lado, comentó que no se busca despedir a los trabajadores, sino reducir gastos de operación, pero señaló que la mayoría de los consejeros autónomos tienen sueldos más altos que el del Presidente, pues “se ampararon con chicanadas”.

“Aun dejando a los mismos trabajadores, no despidiendo a nadie, es un ahorro de gasto de operación considerable. Para empezar no sé si ellos, pero todos estos consejeros [de los organismos autónomos] se ampararon, ganan más que el Presidente, que ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado Porque con chicanadas consiguieron amparos para seguir ganando más que el Presidente. Esto es lo que hicieron en el INE y en otras partes, en el Poder Judicial”, terminó.

Con información vía Sin Embargo

AMLO propondrá reforma administrativa para que organismos autónomos sean absorbidos por secretarías

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que enviará una iniciativa de reforma administrativa al Congreso de la Unión en la que propondrá que organismos autónomos puedan ser absorbidos por dependencias federales.

“Tenemos que revisar todos estos aparatos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consumen presupuesto“, dijo.

El mandatario señaló que una parte de los funcionarios de estos organismos tienen altos salarios lo que, subrayó, evita que el Gobierno pueda destinar más recursos a programas sociales y a la compra de medicinas.

López Obrador tomó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para ejemplificar su crítica contra los organismos autónomos.

“El IFT, por ejemplo, ¿no puede pertenecer a la Secretaría de Comunicaciones? (Ese trabajo) lo hacía antes Comunicaciones. ¿Y el IFT desde que se creó hasta la fecha, ha hecho una buena labor?”, expuso.

Agregó que el próximo lunes sostendrá una reunión con el Gabinete donde presentará su propuesta de reforma para que cada secretaria elabore un plan al respecto.

El mandatario apuntó que, si la reforma es aprobada, el Gobierno podría ahorrarse hasta 20 mil millones de pesos.

El presidente comentó que esa iniciativa, que será enviada al Congreso una vez que inicie un nuevo periodo de sesiones, será acompañada de otra que buscará reglamentar que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República.

Con información vía El Financiero