Juez otorga suspensión a empresa de EU que impugnó reforma al outsourcing

Una jueza federal otorgó la primera suspensión provisional contra la reforma en materia de subcontratación laboral, también llamada outsourcing, medida cautelar que beneficiará por el momento a una empresa de Estados Unidos.

María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo con sede en Nuevo León, otorgó la suspensión a la compañía Mary Kay, la cual impugnó la reforma que regula el outsourcing.

La empresa podrá, por el momento, continuar con la subcontratación con las reglas vigentes antes de la reforma.

La compañía solicitó la suspensión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, Ley Reglamentaria de la fracción XII Bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución, en materia de Subcontratación Laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año.

Así como el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, publicada el pasado 24 de mayo.

La juzgadora señaló en su resolución que, del examen somero y acercamiento superficial del Decreto reclamado de inconstitucional, “se observa que en su artículo primero transitorio efectivamente contiene diferentes momentos para que entre en vigor el decreto, lo que de suyo implica que para los quejosos entrará en vigor en un momento y para otras personas, en otro”.

Lo anterior, explicó, pudiera contravenir los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal.

“Igualmente, se estima existe peligro en la demora, ante los daños de difícil e incluso de imposible reparación que ocasionaría, de ejecutarse las consecuencias y efectos jurídicos de las disposiciones normativas reclamadas, ya que de permitir la aplicación de éstas se privaría a las empresas quejosas del tiempo necesario para cumplir con los requisitos y obligaciones que la normativa impugnada contiene”, apuntó.

La empresa promovió el amparo el 7 de junio.

A partir de la entrada en vigor del Decreto, se fijó un plazo de 30 días a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para expedir las disposiciones de carácter general del registro que alimentará un padrón en el que se darán de alta las empresas subcontratistas.

Por su parte, las compañías tienen 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de outsourcing e insourcing.

La jueza fijó para el próximo 18 de junio la celebración de la audiencia donde determinará si otorga o no la suspensión definitiva.

Decenas de empresas han promovido amparos contra la reforma, pero otros jueces han señalado incompetencia por razón de materia y los han enviado a los de trabajo.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

El ABC del aspecto fiscal de la reforma en materia de outsourcing

A partir del 1 de agosto de este año inicia su vigencia en el aspecto fiscal, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de subcontratación de personal- lo que se conoce como outsourcing- y dejarán de producir efectos fiscales de deducción y acreditación para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado, respectivamente, salvo los servicios especializados de ejecución de obras especializadas.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), informa que para generar certeza jurídica a los pagadores de impuestos, resulta importante distinguir, los conceptos de la subcontratación de personal, de servicios especializados y de los servicios independientes.

Así, el Ombudsperson Fiscal explica que la subcontratación de personal es cuando una persona física o moral denominada ‘contratista’, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra conocida como ‘contratante’.

Precisa que para la existencia de la subcontratación de personal se requieren 4 elementos esenciales: La persona que cuenta con trabajadores propios (contratista); los trabajadores propios; la persona que se beneficia de los trabajadores (contratante) y que el contratista proporcione o ponga a su disposición a sus trabajadores.

Y como ejemplo señala que una persona moral (contratista) que se dedica a prestar servicios de instalaciones eléctricas, pone a disposición de otra persona moral (contratante) que instala equipo de iluminación, 15 trabajadores para realizar funciones de mantenimiento eléctrico bajo la dependencia de esta última.

Sobre los servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, detalla que son aquellas que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista, que aportan valor agregado al beneficiario.

Y al no ser la actividad de su objeto social ni de su actividad económica preponderante, en cuyo caso, se requiere contar con estos elementos:

Trabajadores dependientes del contratista; éste deberá de proporcionar o poner a disposición trabajadores que se encuentren bajo su dependencia a favor del beneficiario o contratante. Además, la contratista deberá contar con el registro del Padrón público ante la STPS.

Y deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar así como el número aproximado de trabajadores que estarán involucrados.

Para acreditar el carácter especializado, dependiendo del servicio u obra, el contratista deberá contar con información y documentación relacionada con la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia en el servicio.

Los servicios y ejecución de obra especializada deberán ser de carácter excepcional.

Precisa el ombudsperson fiscal que se consideran servicios o ejecución de obras especializadas, los que se realicen con trabajadores del contratista en las instalaciones del beneficiario.

En cuanto a los servicios independientes, refiere que son las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar en favor de otra, ya sea por sí misma o por conducto de sus trabajadores, la cual requiere de dos componentes esenciales:

La realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista y elementos adicionales al capital humano, tales como materiales y herramientas de trabajo, sin que del recurso humano se desprenda una dependencia al contratante.

Cita un ejemplo: una persona moral que vende equipos electrónicos, contrata los servicios profesionales de una persona física para que elabore un dictamen de estados financieros, incluso cuando las actividades se realicen con personal del prestador de servicios.

En conclusión: la distinción entre la contratación de un servicio independiente y la subcontratación de servicios especializados, será la dependencia de los trabajadores que comparta el contratista con el beneficiario a través del acto de proporcionar o poner a disposición a los trabajadores.

Y esto dependerá de las obligaciones contractuales que se establezcan para proporcionar el servicio o la ejecución de la obra.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Con outsourcing se evaden 250 mil mdp en impuestos: PFF

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) informó que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), por malas prácticas de outsourcing se evaden 21 millones de pesos por concepto de cuotas y 250 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR), además de que este esquema de subcontratación representa un esquema de “esclavitud moderna” por las afectaciones que deja a los trabajadores.

El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, refirió que casi 5 millones de personas están contratadas por terceros y lo que en realidad conlleva es que están contratadas por una empresa que no se hace responsable, si bien las empresas argumentan que prohibir la subcontratación incrementa en más de 25 por ciento los costos, esos costos representan cuotas a la seguridad social e impuestos que no pagan, pero eso es lo que realmente deben pagar.

“Alguien de las empresas trasnacionales me decía: oye es que si nos suben los costos vamos a tener que irnos de México y yo les decía: si te tienes que ir por pagar sueldos de hambre, por no pagar cuotas de seguridad social, por no pagar impuestos, pues te abrimos la puerta. El esquema de outsorcing o subcontratación como estaba implementando era básicamente un esquema de esclavitud moderna y es lo que no tenemos que permitir”, aseguró durante la conferencia magistral “Implementación de las Reformas de Outsourcing”.

En la conferencia organizada por el Programa de Posgrado de Derecho de la UNAM, el procurador afirmó que el esquema de outsourcing o subcontratación fue utilizado para desviar o para omitir el pago de contribuciones de seguridad social al IMSS, al Infonavit, para no pagar impuestos y, sobre todo, para esconder una relación laboral, para que los trabajadores no generen la antigüedad a la que tenían derecho.

“Esto realmente fue maléfico, fue muy perverso, porque lo que hacen es que este grupo de trabajadores nunca puede tener al alcance una pensión digna, porque va a cotizar siempre con el salario mínimo y no va a poder tener nunca una vivienda propia o la que puede tener es totalmente precaria, cotizar únicamente con un salario mínimo para el fondo de vivienda, es totalmente perversa esta situación”, dijo.

Romero Aranda aseveró que en el tema del outsourcing están metidos los factureros y algunas empresas responsables de la subcontratación, mismas que sean coludido para quebrantar la ley por lo que resulta imprescindible que se ataquen estos problemas, “era un esquema totalmente de delincuencia organizada por eso se tomó la determinación de atacarlos”, expuso.

Explicó que se calcula que cerca de 4 mil 600 trabajadores están laborando bajo el esquema de outsourcing, esos 4 mil 600 trabajadores están en cerca de 15 mil empresas; de esas 15 mil empresas, sólo 900 están registradas bajo esta actividad ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de esas 900, sólo 100 cuentan con registro ante el IMSS y de esas 100, sólo 40 pagar impuestos.

En este contexto, abundó el procurador Fiscal de la Federación, 40 por ciento del empleo formal en México labora bajo estos esquemas de malas prácticas que van dirigidos a reducir las cargas fiscales de las empresas y esto ha hecho un modus operandi que afecta a la hacienda pública y a los trabajadores.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Malas prácticas de outsourcing, previo a la reforma, seguirán en investigación: Procuraduría Fiscal

Las empresas que utilizaron, previó a la reforma, prácticas inadecuadas en el esquema de subcontratación, en donde se detectó evasión, seguirán bajo investigación, así lo expuso Ricardo Andrés Cacho, director general de Control Procedimental, de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Durante su participación, en representación del procurador general, Cacho expuso que desde antes de la reforma se detectaron irregularidades, aún cuando estaban prohibidas, por lo que afirmó que “nosotros en la Procuraduría Fiscal encontramos casos previos a la entrada en vigor (de la reforma), previos abrir el 2021, en donde encontramos outsourcing y hay evasión fiscal… los vamos a perseguir penalmente; y no vamos a hacer de manera temporal, estamos investigando y estamos haciendo en conjunto con el IMSS, con la Secretaría del Trabajo, y ya llevamos años trabajando y están empezando a judicializarse los asuntos”.

En el marco del “Simposio Virtual – Reforma Subcontratación Laboral, Análisis e Implementación” el funcionario afirmó que “no hay vuelta atrás, es un tema que debe quedar bien claro para todas las empresas, las personas físicas y autoridades que estamos también obligadas a combatir actos ilegales”.

Añadió que el outsourcing ilegal simulado “está prohibido, así como las simulaciones para evitar (el pago de) impuesto están prohibidas en el 108 del Código Fiscal, desde hace muchos años, yo como investigador de la Procuraduría Fiscal, puedo identificar una simulación como uno de los lemento normativos del 108 y con base en eso, armó un caso de defraudación y se lo llevó a un juez y el juez tiene todas las armas para elabora un acto de proceso”, dijo.

“Los despachos, grupos, empresas, que se dedican o se dedicaron a realizar proponer, planear, o ejecutar actos de simulación, de subcontratación que generen evasion fiscal, serán y están ya siendo perseguidas por delincuencia organizada, delincuencia organizada porque eso es lo que son , son grupos criminales organizados,estructurados, profesionalizados y sofisticados y para eso existe la Ley Federal contra Delincuencia Organizada”, indicó.

En México, hay alrededor de 4 millones de trabajadores contratados en un esquema de subcontratación. Una vez que se publicó la reforma en la materia, las empresas tienen hasta el 23 de agosto para regularizarse.

Fernando Yllanes, especialista en materia laboral, con cargos dentro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expuso que lamentablemente muchas empresas personas físicas y morales, dedicadas a evasión y elusión de obligaciones fiscales y de seguridad social, se les hizo cómodo utilizar este mecanismo de subcontratación, lamentablemente como esto creció se convirtió en una situación inmanejable.

Lo cual, añadió, es lamentable, pues se prohibió un esquema económico de la globalización para eficientar procesos, para mejorar la productividad para atender los requerimientos con flexibilidad, los requerimientos en mercado que son de naturaleza irregular y para eso se necesita flexibilidad y contar con el personal adecuado y a tiempo.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Será necesario verificar cumplimiento en subcontratación: expertos

Una vez que concluyan los plazos que tienen las empresas para cumplir con la reforma en materia de subcontratación, es necesario que de inmediato se apliquen inspecciones laborales para verificar que cumplan con las disposiciones legales establecidas. De lo contrario no habrá estabilidad en el empleo, advirtieron especialistas laborales.

Héctor Arturo Mercado, magistrado de Circuito del sexto Tribunal Colegiado del Consejo de la Judicatura Federal, señaló que “hay que estar atentos a que cuánto antes se aplique la ley laboral”, ya que en la medida que se retrase su instrumentación, “en el caso de que los trabajadores estén subcontratados, implica una inestabilidad” laboral.

Al participar en el foro “La Reforma de Subcontratación Laboral. El Papel de la Inspección Laboral”, indicó que en el sexenio pasado no hubo una labor de inspección en materia de subcontratación y por ello crecieron este tipo de relaciones laborales, las cuales “siempre han sido ilícitas” porque implica el incumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social y de respeto a los derechos de los trabajadores.

“Cumplidos los plazos (de la reforma) inmediatamente, al día siguiente, deben concurrir a la inspección del trabajo o interponer una demanda ante tribunales”, sugirió el magistrado a los trabajadores.

En tanto Germán Reyes, abogado especialista en derecho laboral, afirmó que la inspección laboral enfrenta diversos retos, tales como una baja remuneración para el personal, así como recursos humanos y materiales limitados.

Explicó que en el ámbito federal, la inspección laboral abarca de 2 al 3 por ciento de las empresas, mientras que en el local, la cobertura es prácticamente nula.

Cabe señalar que desde el pasado lunes se publicaron las reglas para el servicio de outsourcing.

Las empresas de subcontratación especializadas que deseen ofrecer sus servicios deberán traer a la compañía principal sus plantillas de trabajadores y para este caso el plazo empezó a correr desde el pasado 24 de abril y concluirá el próximo 1 de agosto.

El otro esquema es que las empresas especializadas tendrán 90 días para registrarse, periodo que inicio desde el 24 de mayo y terminará el 24 de agosto.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

UIF pone la lupa a las empresas que realizan outsourcing

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca tener más información respecto a actos u operaciones de empresas que ofrecen servicios de outsourcing (o servicios especializados) con el fin de detectar si son vehículo para la realización de algún ilícito precedente al lavado de dinero.

Ayer 24 de mayo, la UIF publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación a los formatos oficiales para la presentación de avisos que las organizaciones dedicadas a ofrecer servicios especializados deberán utilizar a partir del próximo 1 de septiembre para efectos de prevenir y detectar operaciones de blanqueo de capitales o algún delito precedente como la facturación apócrifa, la evasión o defraudación fiscal.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, era necesario ajustar algunos campos de dichos reportes, pues los actuales no permiten la posibilidad de desglosar la información enviada por los prestadores de servicios de subcontratación laboral a la UIF, por medio del Servicio de Administración Tributaria.

“Se adicionan campos para obtener información específica sobre los actos u operaciones que lleven a cabo los prestadores de servicios de outsourcing (ahora servicios especializados), como el número de empleados utilizados y el área en la que prestan el servicio”, explicó la UIF en una nota informativa.

La UIF detalló que en dichos formatos se adicionan campos para identificar al apoderado legal de una persona física que actúe como cliente o usuario de una empresa dedicada a estos servicios.

También se adicionan campos relativos a la operación financiera de este tipo de organizaciones, incluso si se utiliza algún tipo de activo virtual.

Si bien, dicha resolución entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, el 14 de junio de este año la UIF dará a conocer un instructivo, junto con los catálogos correspondientes, para identificar a las empresas que tendrán que cumplir con la normativa para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado.

Identificar, el reto

Para Nalleli Arias Santiago, directora general de la firma Nara Assessments, este actuar de la UIF obedece a lograr una plena identificación de empresas que ofrecen servicios especializados, y las cuales buscan cumplir con la normativa, pues las que realizan alguna actividad irregular difícilmente estarán bajo el radar de la autoridad.

“Lo que está buscando la UIF es empezar a ver quiénes cumplen, porque evidentemente una empresa que actúe de forma irregular no se va a dar de alta, porque si no estaría obligada a dar avisos e informes y estaría obligada a identificar en términos de la ley”, detalló Arias Santiago.

De acuerdo con la especialista, una vez que la UIF tenga detectadas a las empresas que buscan cumplir con el marco normativo contra el lavado de dinero, tendrá un diagnóstico más claro sobre qué organizaciones son las que buscan evadir la ley y posiblemente realicen un acto irregular.

“Las reglas que salieron en el DOF dicen cómo se pueden registrar las empresas, qué información necesitan, entonces obviamente quien haga un acto irregular no se va a registrar”, acotó la especialista.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Publican reglas para el servicio de outsourcing

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó ayer los requisitos para las empresas y personas físicas que deseen ser parte del padrón para ofrecer servicios especializados bajo subcontratación.

Entre las reglas difundidas ayer mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que deben explicar la actividad preponderante a que se dediquen, la cantidad de empleados al inicio del contrato con la empresa contratante el servicio y estar al corriente ante SAT, IMSS e Infonavit. De incumplir dichos requisitos, serán eliminados del padrón.

La inscripción se abrió ayer en la página web de la STPS y parte de las disposiciones aprobadas en la reciente reforma sobre subcontratación. En el acuerdo se establece que el registro al padrón deberá renovarse cada tres años; se subraya que quienes ofrezcan a terceros servicios especializados bajo subcontratación deberán identificar plenamente a sus trabajadores mediante la imagen, nombre, gafete o código de identidad que los vincule con la empresa que presta dicho servicio.

La Unidad de Trabajo Digno de la STPS, por conducto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, podrá cancelar el registro en cualquier momento cuando identifique que se desarrolla un servicio no registrado en el padrón; que las acciones sean parte del objeto social o actividad económica preponderante de la beneficiaria, o cuando se detecten adeudos en sus obligaciones fiscales o de seguridad social de los trabajadores.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Inicia registro de firmas de nuevo régimen de outsourcing

Las empresas subcontratistas que pretendan ofrecer el servicio de especialización deberán, a partir de este lunes, atender los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien al cumplirse 30 días publicará los requisitos, y las compañías tendrán hasta agosto para dar cumplimiento.

Desde el pasado 14 de mayo la dependencia presentó parte de los lineamientos en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para recibir comentarios de las personas o empresas interesadas; no obstante, sólo se recibieron dos opiniones.

Una de ellas apuntaba que las empresas que pretendan ofrecer servicios especializados deben contemplarlo en su objeto social, “lo que implica que las empresas incurran en costos notariales para cada trámite que realicen”. Lo anterior, debido a que los objetos sociales en la práctica son genéricos y en virtud de lo dispuesto por el acuerdo se deberán hacer los trámites correspondientes para establecerlos de forma específica. “Ello representa una carga para las empresas que deseen registrarse en el Padrón, por concepto de honorarios notariales y pagos de derechos por inscripción de actas en el Registro Público que corresponda”. En los motivos que presentaron al documento refieren que se afecta la participación de las pequeñas empresas que son de reciente creación; además de que se otorga una facultad discrecional para resolver sobre el registro, y que va más allá de lo que le permite la Ley Federal del Trabajo.

Toman la ruta de servicios especializados

Las empresas de capital humano, consideradas las que tendrán el mayor impacto por la cancelación del outsourcing, ya están listas para atender las nuevas reglas, entre ellas ManpowerGroup, de capital americano, que afirma que ha desarrollado 15 especialidades que se adaptan a las actividades económicas del país, que abarcan desde el desarrollo de tecnologías hasta la agroindustria.

“La subcontratación especializada ahora incidirá en el mundo laboral con la generación de especialistas capacitados y actualizados que permitan establecer indicadores clave sobre el estado de las actividades económicas del país, y promuevan la modernización de sectores”, detalló Héctor Márquez Pito, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

Un camino similar tomó la empresa de capital español Adecco, y lanzó al mercado la nueva división de servicios especializados, y se enfocará fundamentalmente a 4 nuevas áreas: servicios especializados industriales y logísticos, para oficina, marketing -todo lo que tiene que ver con servicios de ventas, promotoría y cambaceo-, y la cuarta división servicio especializado en tecnología y salud ocupacional o salud corporativa, comentó a El Economista Francisco Domene, presidente de Group Adecco México.

Dos empresas pequeñas decidieron presentar una solicitud de amparo; dado que se trata de una actividad lícita la que venían desempeñando, dijo Ricardo Martínez, socio fundador de la firma DMAbogados.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

No habrá prórrogas para que empresas eliminen subcontratación: STPS

La reforma en materia de subcontratación camina en dos vías, y las dos son igual de importantes porque no habrá prórrogas para que las empresas eliminen por completo el outsourcing y realicen el proceso de centralización de trabajadores, el cual empezó el pasado 24 de abril, afirmó Alejandro Salafranca, Titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En el webinar “Reforma en materia de subcontratación, ¿Qué sigue?”, el funcionario sostuvo que la mayoría de las empresas preguntan el proceso de registro para trabajos especializados, el cual iniciará la próxima semana, y se olvidan que es igual de importante la centralización de trabajadores. 

“La reforma tiene 2 proceso distintos, uno es, cuanto tiempo tienen las empresas para cortar su vínculo con los insourcing y outsourcing y traer hacia el RFC principal a sus plantillas, es decir, como ya está prohibido a partir del 24 de abril, empezó a correr el tiempo para traer a la empresa principal a los trabajadores; tienen aproximadamente 30 días y esto va a concluir el 1 de agosto, es una fecha importante porque hasta esa fecha todavía la factura de la empresa principal de outsourcing e insourcing son deducibles ante el SAT a partir del día 1, ya no lo son”, explicó Salafranca.

Detalló que el proceso de reconocer a los trabajadores como propio empezó el 24 de abril y a menos en cuestiones fiscales concluye el próximo 1 de agosto, “por eso es importante que las empresas realicen esta centralización de plantillas de manera inmediata”.

El otro gran esquema al que se le debe dar cumplimiento con la reforma, es el tiempo que necesitan las empresas en servicios u obras especializadas para registrarse, para esto la ley dio 30 días naturales a la Secretaría de Trabajo, y a partir de ahí las empresa especializadas del país que quieran registrarse ya sea porque sus servicios y obras especializadas necesitan poner sus trabajadores a disposición de un tercero, tendrán 90 días que empezaran aproximadamente el 24 de mayo y terminarán el 24 de agosto.

“Los dos procesos son estos 90 días que empezaron ya a partir del 24 de abril para centralizar plantillas y 90 días que empezaran aproximadamente el 24 de mayo para aquellas empresas que pretendan registrarse porque son empresas especializadas porque son empresas que ofrecen servicios especializados en el marco de la nueva ley”, explicó.

Lista de actividades especializadas a la carta

Salafranca afirmó que no hay una lista de servicios u obras especializadas, ya que debe ser todo aquello que no está en el objeto social, ni en mi actividad económica preponderante.

“Lo que es especializado para mí, no lo es para tí, depende de quién seas tú y quien sea yo, es decir, si yo soy una empresa de vigilancia, de seguridad, no es considerado especializado para mí la seguridad porque esa es mi tarea fundamental y no puedo subcontratar personal para seguridad lo mismo, pero sí soy fabricante de zapatos que necesito seguridad, en mi objeto social y en mi actividad económica preponderante no está la seguridad, por tanto para mi la actividad de seguridad sí es especializada”, dijo.

En ese sentido, detalló que “según sea mi objeto social y mi actividad económica preponderante, para efectos míos, será especializado todo aquello que no está en mi objeto y en mi actividad económica preponderante, por tanto, la lista de especialidades depende desde donde la veas”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Outsourcing ilegal se castigará con las multas más altas de la historia laboral

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular la subcontratación contempló multas para castigar el outsourcing ilegal con un monto hasta 10 veces superior al de las sanciones hasta ahora vigentes. Tercerizar personal, o contratar el servicio, podría costar hasta 4 millones 481,000 pesos como penalización.

En el esquema de sanciones laborales vigente hasta finales de abril, las multas más altas eran de 448,100 pesos (5,000 UMAs) y estaban vinculadas a temas como no pagar el reparto de utilidades y el aguinaldo, el incumplimiento de normas de seguridad e higiene, prácticas de discriminación y hostigamiento, impedimento a las inspecciones federales, no respetar la jornada laboral pactada en un contrato colectivo y permitir el trabajo infantil fuera del círculo familiar, esto último era la única violación a las normas laborales que se castigaba con prisión de entre 1 y 4 años.

Con la reforma en vigor desde el 24 de abril, la LFT estableció una sanción histórica de hasta 50,000 UMAs, equivalente a 4 millones 481,000 pesos, a la operación de la tercerización ilegal, convirtiéndose en el incumplimiento laboral más costoso para los empleadores.

Esta multa podrá ser impuesta a las empresas que subcontraten personal, al igual que a las compañías que presten servicios especializados sin el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a los patrones que se beneficien de estas actividades o cuando las tareas especializadas que contraten sean para cumplir con su objeto social y actividad económica preponderante.

Además, de la sanción prevista en la LFT, el Congreso modificó el Código Fiscal de la Federación para equiparar la subcontratación de personal como delito de defraudación fiscal, el cual se castiga hasta con tres años de cárcel.

El régimen anterior, que fue derogado con la entrada en vigor de la reforma, también contemplaba multas por incumplimiento de hasta 448,100 pesos cuando se utilizaba con dolo la subcontratación de personal.

El nuevo esquema para la subcontratación prohibió el outsourcing basado en el suministro de personal; es decir, cuando una empresa pone a disposición de otra a sus trabajadores. En tanto, permite únicamente la tercerización de servicios y obras especializadas, siempre que no formen parte de las actividades económicas principales de la empresa contratante.

“En toda la historia de la legislación laboral no ha habido una infracción tan alta como la que se establece con la reforma. Ésta es la penalización más cara de la historia”, apuntó Sofía Gómez Bautista, socia de la firma Creel Abogados.

La especialista explicó que las sanciones se pueden aplicar tanto a quienes presten un servicio de subcontratación de personal como a las empresas que se beneficien de estos. Sin embargo, acotó, estas multas se imponen una vez que se agotan todos los procedimientos administrativos; es decir, después de inspecciones y espacio para que la empresa presente la documentación requerida.

“En estricto sentido, al momento de imponer una multa, la autoridad competente debe tener en cuenta el carácter intencional del infractor, la gravedad de la infracción, los daños que pudieran generarse, la capacidad económica y la reincidencia. En ese sentido, la multa que se prevé podría considerarse demasiado gravosa para empresas pequeñas y medianas”, puntualizó Gómez Bautista.

Doble supervisión del esquema

Las modificaciones al marco regulatorio de subcontratación establecieron también la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes en caso de algún incumplimiento en las obligaciones patronales de la compañía contratista hacia los trabajadores con los que le está prestando el servicio o la obra especializada.

En ese sentido, Mary Carmen Fuertes, counsel de Hogan Lovells México, opinó que la responsabilidad solidaria llevará a las empresas de subcontratación de servicios especializados a un escenario de doble supervisión. Por un lado, la inspección de las autoridades y, por el otro, la verificación de las compañías a las que prestarán sus servicios.

“Definitivamente va a haber una doble supervisión y creo que, en parte, es un poco el espíritu de lo que está buscando la reforma, porque tal cual están poniendo al contratante en esa posición de tener que estar verificando que el contratista cumpla para mitigar de alguna forma la responsabilidad solidaria que pueda haber”, expuso.

Aunque la especialista resaltó que la responsabilidad solidaria era una obligación que ya se contemplaba antes de la reforma.

La STPS ha reconocido que será complicado inspeccionar a todas las empresas que se registren en el padrón de servicios especializados de la subcontratación. Pero sí habrá supervisión, los mecanismos de supervisión serán aleatorios o por denuncia.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA