PERSPECTIVAS_ Para no dejar a nadie atrás, presupuestos dignos para el campo mexicano

A casi dos años de que empezara la pandemia por COVID-19 despierto, voy al tianguis a comprar mi mandado de la semana, encuentro jitomates, frambuesas, elotes, zarzamoras y variedad de cítricos, todos productos cultivados por manos de personas jornaleras agrícolas mexicanas. Prendo la radio y escucho sobre la propuesta de presupuesto de egresos de la federación (PEF) ¿habrá aumentos presupuestarios destinados para la importante labor que es alimentar a miles de familias mexicanas?

No hay duda de que el campo es el sector que le da seguridad alimentaria a todo el país. En México, como en casi todo el mundo, la pandemia tuvo efectos adversos en casi todos los sectores económicos, sin embargo y contra todo pronóstico, la producción agropecuaria y pesquera del año agrícola 2020 presentó un crecimiento anual del 1%, y para el año 2021 se estima un incremento de al menos la misma magnitud. La productividad de este sector habla de que miles de personas jornaleras agrícolas no pararon y muchas de ellas viajaron desde sus comunidades de origen en Guerrero hasta Baja California Norte, en condiciones de hacinamiento y sin las medidas de seguridad por la pandemia. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 (PPEF) que se presentó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados incluyó al campo mexicano en las 12 acciones prioritarias del Estado, alineado al discurso presidencial no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.  Sin embargo, una vez más ha dejado de lado a quienes hacen que tengamos alimentos en nuestras mesas y que han hecho que el sector agrícola no haya descendido en este último año. Las y los jornaleros agrícolas han sufrido la exclusión y el olvido de los gobiernos en México, sin importar la camiseta que traigan puesta, las personas trabajadoras agrícolas siguen sin ser beneficiarias por los programas sociales y prioritarios actuales, ni por las dependencias que deberían de tenerles en el centro.

Las prioridades del Estado mexicano se reflejan en el destino que tienen los recursos presupuestarios, por lo que reconocer el valor del trabajo en el campo debería reflejarse en el aumento presupuestario a programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores agrícolas, así como en el desarrollo de estrategias para que la implementación de los recursos responda al contexto de las poblaciones que están destinados a beneficiar.  

La desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) en el 2019 dejó un vacío que el gobierno no ha podido cubrir. Además de que las estrategias para que los apoyos universales de los Programas prioritarios lleguen a las personas jornaleras son insuficientes pues aún no toman en cuenta la naturaleza de su labor, la cual requiere de una constante movilidad a lo largo y ancho de la República mexicana.

A su vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social necesita de presupuesto para poder llevar a cabo con éxito el Programa de inspecciones a empresas y campos agrícolas, mismo que debería dar garantía del cumplimiento a la normatividad que protege los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, en un medio plagado por la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para el 2022, la propuesta de presupuesto prevé una disminución de 2.5% en los recursos asignados a la Dirección General de Inspección Federal.

En la propuesta del PEF para 2022 no se tiene evidencia que la SADER tenga contemplado recursos para la realización del Padrón Único de Jornaleros, anunciado desde 2020, ya que desde hace más de once años no se sabe cuántas personas son jornaleras en el país. Este ejercicio es primordial para conocer la totalidad de población jornalera, así como las necesidades específicas que ésta requiere para su atención. 

El escenario es complejo, pues no solo existe la necesidad apremiante de presupuesto para que las instituciones encargadas de garantizar y proteger los derechos de las personas jornaleras y sus familias puedan llevar a cabo estas labores, también está la de la creación de programas específicos que atiendan las múltiples problemáticas a las que se enfrentan las personas jornaleras agrícolas.

Desde Fundar, llamamos a que el PEF 2022 considere la suficiencia presupuestaria para la atención al campo y a quienes lo laboran. Dejar a la deriva el sector agrícola sería un peligro para la producción y abastecimiento de alimentos, así como para la dignidad de las personas jornaleras. 

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Desconectados, 15 millones de mexicanos por espectro caro: Digital Policy & Law Group

En México cada año, cerca de 5 millones de personas no pueden acceder a un servicio en la red y de telecomunicaciones debido al elevado costo del espectro radioeléctrico, indicó Jorge Fernando Negrete Pacheco, socio presidente y fundador de Digital Policy & Law Group.

“Si México hubiera bajado los precios del espectro radioeléctrico al promedio de América Latina, hubiéramos conectado a 5 millones de mexicanos cada año; es decir, a los tres años de este gobierno ya hubiéramos tenidos 15 millones de mexicanos conectados”, comentó en entrevista con MILENIO.

Mencionó que, si el precio del espectro bajara, existiría una mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones, una mayor participación de agentes económicos, infraestructura en zonas donde actualmente no existe y un crecimiento mayor de la economía digital.

“Si el Congreso, específicamente, decide bajar el precio del espectro veríamos un momento estelar de inversiones en el sector de telecomunicaciones; si esto no sucede, evidentemente las inversiones se van donde hay estímulos”, añadió el especialista.

En el país, las cuotas anuales de derechos son 5.8 veces mayores para la banda de 850 MHz, 9.9 veces más para la banda de 600 MHz y tres veces mayor en la de 3.5 GHz, todas en comparación con el resto de las naciones miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Comentó que; por ejemplo, Brasil está preparando la licitación para la red de tecnología de quinta generación 5G más importante de América Latina, en donde el espectro en esta nación es de la más baja en toda la región, lo que para los inversionistas y operadores les resulta “muy atractivo”.

A finales del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hizo un llamado al Senado de la República para que analizara una reducción en los costos de los derechos de uso de espectro radioeléctrico para el despliegue de servicios de internet y telefonía móvil de quinta generación (5G).

Sin embargo, tras darse a conocer el Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifestó que el cobro de derechos de este espectro se mantendrá con las tarifas vigentes.

“Se mantendrán el mismo tratamiento, como en años anteriores, respecto al uso, aprovechamiento y desarrollo del espectro radioeléctrico en México, por lo que no habrá cambios en los costos de este bien”, refirió Hacienda dentro del presupuesto del próximo año.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

El gasto en pensiones podría duplicar el presupuesto para educación hacia finales del sexenio

El gasto en pensiones está aumentando a un paso acelerado. De continuar esta tendencia, comenzaría a reducirse el presupuesto federal para atender otras necesidades prioritarias —como educación— en los próximos años, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en su primer análisis sobre el Paquete Económico 2022.

Las pensiones superan ya, algunos rubros de ingresos del gobierno federal, indicó Héctor Villarreal, director general del CIEP en conferencia de prensa.

Se estima que las pensiones alcancen poco más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año. En tanto que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) apenas alcanzará 4.4%, con respecto al tamaño total de la economía. Para el presupuesto de 2022, las pensiones podrían absorber el 20% del gasto público, según estimaciones de este centro especializado en finanzas públicas.

«Más grave aún, esto va a seguir creciendo. Nosotros estamos proyectando que el gasto federal en pensiones estaría llegando a 6.3% del PIB en 2024. Si el gasto en educación pública se queda en 3.1%, el gasto en pensiones estaría más que doblando lo que gastamos en educación, incluyendo investigación e infraestructura», señaló el experto en finanzas públicas.

Villarreal explicó que estos datos impactarían el combate a la desigualdad, pobreza, movilidad social, además de que quedaría en entredicho la perspectiva intergeneracional —es decir, garantizar recursos suficientes el desarrollo de las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo pensiones dignas para adultos mayores.

¿Menos jóvenes después de la pandemia?

El CIEP indicó que, según el monitoreo que han realizado, existe la posibilidad de que en México, las personas han tenido menos hijos después de la pandemia.

«Aclarando que es especulativo. Hemos estado monitoreando el número de nacimientos y hay una disminución muy importante. En el último censo (2020), nos reportaron una tasa general de fertilidad que rondaba 2.1, que es la de reemplazo. CIEP estima que para este año, esta tasa se caería a 1.7», señaló Villarreal.

Esto significa que la presión en el sistema de pensiones, y en el presupuesto federal para cumplir con las obligaciones con los jubilados aumentaría en el futuro cercano. Esto debido a que disminuiría la proporción de personas jóvenes para apartar al sistema de seguridad social en los próximos años.

Y las pensiones no contributivas, como el programa de pensiones al adulto mayor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aumentaron sustancialmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, en casi 70% anual.

Aunque el CIEP reconoce este aspecto favorable para las personas mayores, este tipo de pensiones no parecen ser la solución, ya que no cuentan con una fuente de ingresos para ser sostenibles en el largo plazo.

Este tipo de pensiones son «no contributivas», ya que el dinero proviene de la misma bolsa de recursos que otros programas presupuestarios, y no de las aportaciones de los trabajadores, como en el caso de las Afores.

«Y las cuentas generacionales del país, la incidencia entre generaciones puede ser brutalmente afectada», agregó el director del CIEP.

CON INFORMACIÓN VÍA BUSINESS INSIDER MÉXICO

STPS busca más recursos para nueva justicia laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) marcó para el próximo año cinco programas prioritarios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la mayoría enfocados a la implementación del nuevo modelo laboral; en donde la conciliación lleva el mayor incremento de recursos con 67% más respecto a lo que se proyectó para 2021.

Se trata del programa Servicios de Conciliación Federal y Registros Laborales para el que se solicitan recursos del orden de 577 millones de pesos; cuando un año antes la propuesta presentada de recursos fue de 337 millones 475,106 pesos.

Aunado al anterior programa de la STPS, se suma el relacionado con la Procuración de Justicia, en el que el proyecto de presupuesto para 2022 prevé un incremento de 41% más recursos; al pasar de 196 millones 897,092 pesos a 214 millones 303,059 pesos.

Otro programa que presenta la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján es el relacionado con Subsidio a las Entidades Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el que se prevé un incremento de 5.6 por ciento. La dependencia requiere para Subsidio a las Entidades Federativas al menos 711 millones 292,600 pesos; sobre todo porque entrarán en funciones con el nuevo modelo laboral al menos 13 entidades federativas y 11 estarán por hacerlo.

En ese sentido, la dependencia apuntó en el PPEF que continuará apoyando la consolidación y funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que es un organismo público descentralizado con autonomía de gestión y presupuestaria, encargada del procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones, tanto en asuntos individuales como colectivos del orden federal, así como registrar, a nivel nacional, las asociaciones sindicales, los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y todos los procesos administrativos relacionados.

Cabe destacar que, de conformidad con la Estrategia Nacional de Implementación en materia de Justicia Laboral, el CFCRL, los Centros de Conciliación locales y los Tribunales Laborales federales y locales iniciaron operaciones en 8 entidades federativas en 2020, en 2021 se abarcarán 13 entidades federativas y en 2022 las 11 entidades federativas restantes.

El presupuesto total que podría recibir la STPS para 2022 asciende a 24,884 millones 375,970 pesos, un crecimiento real de 0.8% respecto a lo aprobado para este 2021.

Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene presupuesto

Asimismo, otro de los programas prioritarios de la administración es el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para el que se propone una asignación presupuestal del orden de 21,196 millones de pesos; cantidad que se mantiene en los mismos términos a lo que se solicitó para 2021.

Cabe recordar que la presente administración puso como meta atender a 2.3 millones de jóvenes para otorgarles una capacitación, a través de un tutor, a fin de vincularlos a un empleo.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Pensiones y jubilaciones recibirían 6.2% más recursos en el 2022

Para el 2022, el gobierno federal prevé un incremento de 6.2% en términos reales en el presupuesto destinado a pensiones y jubilaciones, respecto a lo aprobado para este 2021, para ejercer 1 billón 172,300 millones de pesos en este rubro.

De acuerdo con los Criterios Generales del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, el rubro de pensiones y jubilaciones representa 22.3% del gasto programable proyectado por la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico, que se sujetará a la aprobación del Congreso de la Unión.

En el documento se puntualiza que el pago de pensiones se encuentra como uno de los riesgos fiscales de mediano plazo, por lo cual debe de ser considerado en el marco de una política hacendaria prudente y responsable.

“En las últimas décadas, la población en edad de pensionarse en nuestro país ha crecido a una tasa mayor que el resto de la población más joven. Esta transición demográfica representa un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas debido al incremento esperado en el gasto en pensiones y en salud asociado al crecimiento de la población de mayor edad”, se puede leer en el documento.

El gasto en pensiones se compone del ejercicio del gobierno federal para responder a los jubilados de entidades como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, así como de los esquemas gubernamentales como el de Pensión para el Bienestar de las Personas de Adultos Mayores.

El documento resalta el envejecimiento de la población, lo cual podría meter presión a las finanzas públicas. “De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, en el 2022 la población de México mayor a 65 años será de aproximadamente 10.3 millones de personas, equivalente a 8.0% de la población total, mientras que para el 2050 se estima que alcanzará los 24.6 millones de personas, lo que equivaldrá a 16.6% de la población total”.

Especialistas han alertado sobre la presión presupuestaria que significan las pensiones para el gobierno federal, ya que actualmente el presupuesto ejercido a este destino equivale a 4.9% del PIB y se prevé que para el 2027, este porcentaje se eleve a 6.5%, según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Con las aristas que se tienen, se debe de poner a discusión cómo vamos a fondear esto (sistema de pensiones), los riesgos para nuestro sistema fiscal de mediano plazo son muy graves, se puede poner en riesgo para el próximo sexenio el sistema fiscal si no se hace algo en pensiones”, declaró hace algunos meses, Héctor Villarreal, director general del CIEP.

Pensión para adulto mayor, el más beneficiado

Adicional al gasto en pensiones y jubilaciones se suman los recursos que se destinarán a la Pensión para Adultos Mayores, uno de los esquemas más beneficiados por la SHCP.

A este programa se le asignarían 238,015 millones de pesos, un alza real de 69.9% respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de este 2021.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA