México | Altán puede rentar espectro a Telcel y AT&T, si AMLO e IFT modifican el contrato APP: Fernando Borjón

Altán Redes, concesionario de la Red Compartida de servicios mayoristas, se encuentra en concurso mercantil por impagos a proveedores e ingresos bajos. Una posibilidad para atraer recursos es fraccionar en bloques nacionales la banda de los 700 MHz que explota y rentarlos a compañías celulares como AT&T o Telcel, necesitadas de ese espectro por su poder de cobertura y capacidad, y porque Altán ya tiene montadas antenas con tecnología 5G en dicha banda radioeléctrica.

Fernando Borjón Figueroa, ingeniero con especialidad en temas de espectro radioeléctrico, fue durante dos años comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la primera generación de esa autoridad reguladora. En ese periodo, Borjón participó en las regulación de complicados asuntos como la portabilidad numérica, la transición de la televisión analógica a la digital; la construcción de la primera licitación de cadenas de televisión que se dio en el país y la denominación a Televisa como agente con poder sustancial.

Su conocimiento fue aprovechado después por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), allí como director general de esa entidad a la que se le entregó la concesión de los 90 Megahertz de frecuencias que componen la banda de los 700 MHz y que hoy utiliza Altán Redes para comercializar sus servicios mayoristas de telefonía e Internet en la llamada Red Compartida; por ello es que Fernando Borjón conoce, como muy pocos exfuncionarios en México, a la Red Compartida desde que se pensó como posibilidad un día del año 2007 y cómo es que ahora dicho proyecto no halla la viabilidad financiera.

Borjón Figueroa, adusto de rostro, pero animado en sus respuestas —su cuenta de Twitter lo desvela—, es recordado en el IFT y Promtel por ser un personaje dispuesto siempre a la conciliación y al convencimiento con argumentos; y lo habrán visto varias veces con papel y lapicero en mano para escribir ideas; estudiarlas y para proponer después. Por eso este ingeniero que estudió en la Universidad de Brunel del Reino Unido y Universidad Iberoamericana propone en esta entrevista una alternativa para que Altán Redes y la Red Compartida generen ingresos sin faltar a los preceptos de la Constitución y la reforma sectorial de telecomunicaciones del año 2013-2014.

El ingreso del Estado como accionista en Altán Redes es visto como una vulneración de la neutralidad competitiva, pero también como certidumbre y menor riesgo para los acreedores… ¿Hay un punto medio para usted?

—La entrada del Estado en Altán es muy lógica. No es que ahorita el gobierno quiera estar. La banca de desarrollo financiaba aproximadamente una tercera parte del proyecto desde su inicio, pero entraba en términos de capital puro. Es decir, con un financiamiento sin injerencia ni control de la empresa. Desde ese punto de vista, Altán era absolutamente una empresa privada.

La banca de desarrollo no dio dinero a fondo perdido. No es un proyecto en que la Secretaría de Hacienda llegó y dio dinero a fondo perdido. La banca de desarrollo tiene la misión de recuperar esos préstamos.

La Red Compartida nunca estuvo bajo el control del Estado, más que lo que tocaba a la banca de desarrollo con lo prestado. El que la banca de desarrollo haya entrado ahora con una medida de inyección de capital, es también para intentar recuperar en el tiempo una inversión que fue del Estado y que me parece una acción lógica en cuanto la parte financiera.

La Red Compartida siempre se calificó como un proyecto riesgoso y hubo, incluso, quien lo calificó como el “Fobaproa de las telecomunicaciones”… ¿Cree que se pueda hacer algo todavía?

Cuando en 2019 se hicieron algunas nuevas proyecciones, éstas eran muy bajas. Eso nos estaba hablando ya desde entonces que la Red Compartida no estaba teniendo el impacto financiero, ni consiguiendo el beneficio para encontrar su punto de equilibrio. Este siempre fue un proyecto de riesgo como otros que pudieran tener su propia novedad, donde además lo que se esperaba era que el mercado fuera resolviendo las cosas y pues como vemos, no fue así. El mercado mismo habló: los dos mayores operadores, Telcel y AT&T, tampoco entraron a comprar capacidad a la Red Compartida de Altán.

Ante ese escenario y ante la falta de financiamiento de los propios inversionistas y la falta de financiamiento recurrente por los ingresos que no se estaban teniendo, se estaba buscando una nueva manera de poder sacar adelante el proyecto, hasta que los alcanzó el concurso mercantil. Pero todo ello no quiere decir que la Red Compartida no puede tener una segunda oportunidad, aunque signifique también cambios o impactos a la operación.

Como otra oportunidad, el nuevo director general de Altán Redes ha advertido que es posible el ingreso de ese operador mayorista al mercado minorista celular, al menos allí donde ningún operador ha llegado con cobertura…


—El servicio concesionado que tiene autorizado Altán Redes es claramente mayorista, entonces no hay mucha discusión. Si no lo permite la ley y no lo permite la Constitución, no puede. Si el Estado quiere ir a más zonas rurales, tiene otras posiciones con otras empresas.

Tras fracasar con su iniciativa de reforma al sector eléctrico, difícilmente el Ejecutivo federal irá otra vez al Congreso para buscar una mini-reforma para la Red Compartida de Altán, ¿no lo cree?

—Si Altán quiere dar el servicio al usuario final, sí necesita pasar por una reforma constitucional. Pero, ¿el Estado buscaría una reforma para eso? Entendemos que el nuevo director quiera encontrar la manera de generar los ingresos a la mayor velocidad para la Red Compartida y varios lo acompañamos en eso.

La pregunta es si el Estado se lanzaría al intento de una reforma constitucional en esta materia y para esto. A como está conformado el Congreso y para quitar o cambiar exclusivamente eso, ¿cuánto capital político está dispuesto a invertir el Estado? El Estado perdió en el Congreso con la reforma eléctrica; seria mucho desgaste hacer ahora eso. El Estado ya tiene otras formas de poder dar el servicio al menudeo… CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos… Telecomunicaciones de México… Y hasta un WISP podría comprar capacidad a Altán y ofrecer el servicio en las zonas rurales.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

México | Promtel reclama a Altán, la empresa de la Red Compartida, el pago de 1,114 mdp

El gobierno presiona a Altán Redes para recibir sus pagos. La empresa encargada de desplegar y operar la Red Compartida enfrenta actualmente una deuda financiera de aproximadamente 17,000 millones de pesos (mdp), por lo que decidió acogerse a la figura de concurso mercantil para reestructurar su adeudo con sus 70 acreedores. Entre ellos está el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), entidad gubernamental coordinada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que, sin embargo, ha reclamado a la empresa que dirige por Salvador Álvarez el pago de aproximadamente 1,114 mdp por el incumplimiento de obligaciones.

De esta cantidad, alrededor de 560 mdp se derivan del pago por la contraprestación por el arrendamiento del espectro radioeléctrico y cerca de 555 millones por el fondeo a la cuenta de reserva para la cobertura social del organismo, de acuerdo con un documento relacionado con el concurso mercantil del que Expansión tiene copia.

Altán Redes firmó un contrato de Asociación Público-Privada en 2016 con Promtel y Telecomunicaciones de México (Telecomm) para diseñar, instalar, operar y darle mantenimiento a la infraestructura de la Red Compartida, con la que se pretende conectar la mayor parte del territorio del país.

Pero la falta de liquidez de Altán Redes hace inviable la petición de Promtel. De acuerdo con el documento, al 13 de enero de 2022 la compañía encargada de desplegar la Red Compartida contaba con 1,223 mdp y espera recibir en los próximos tres meses 924 millones, lo que da un total de 2,147 mdp para operar en los próximos tres meses.

Pero Altán necesita 4,972 mdp para seguir operando durante los próximos tres meses de este año, lo que significa que aun, con el dinero que le inyecten, tendría un déficit de 2,825 millones.

Y si la empresa encargada del despliegue de la Red Compartida decidiera saldar el pago a Promtel de 1,114 millones de pesos, sólo tendría 1,033 millones de pesos para cubrir el resto de sus obligaciones durante los siguientes meses, dejándole un déficit mayor de 3,939 millones de pesos.

Por ello, Altán señaló en el documento que si paga a Promtel “su operación ordinaria se vería paralizada derivado del alto déficit en su capacidad para seguir con sus operaciones que dicha erogación le causaría, atentando así en contra de su viabilidad y la posibilidad de recuperación de los créditos del resto de sus acreedores reconocidos, beneficiando y dando un trato más favorable a Promtel”.

La empresa propuso a Promtel que, si por ahora no salda su pago, una vez que su flujo de caja y el proceso de reestructura lo permitan, podría hacer frente a un monto de 2,147 millones de pesos respecto de sus obligaciones indispensables. “Esto en el entendido de que, a diferencia de Promtel, los proveedores y empresas con las que Altán mantiene su relación de negocios han realizado descuentos y ajustes de precio a ésta, lo que le permite continuar con su operación”, detalla el documento.

Además, destacó que el artículo 1 de la Ley de concurso mercantil señala que “es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios.[…]”,

“Siguiendo ese razonamiento, es claro que la solicitud de Promtel atenta directamente contra el artículo 1° de la LCM y la continuidad operativa de Altán, pues el flujo de efectivo actual de la compañía no permite que se desembolsen las cantidades que el organismo requiere, sin que necesariamente se comprometa la viabilidad y subsistencia de la concursada”, agrega el documento.

Acreedores preparan su reconocimiento de créditos

Al hacerse oficial la sentencia de concurso mercantil de Altán Redes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de enero, los 70 acreedores de la empresa que lidera Salvador Álvarez tendrán 20 días (hasta el 17 de febrero de 2022) para preparar su solicitud de reconocimiento de créditos, es decir, precisar quiénes son y a cuánto asciende la deuda que tiene Altán con cada uno de ellos.

La entrega de documentación deberán entregarla ante el conciliador de Altán Redes, Gerardo Sierra Arrazola.

“Tienen [los acreedores] 20 día naturales para que acudan a las oficinas del conciliador para que presenten su solicitud de reconocimiento de crédito, posteriormente, el conciliador emitirá cinco días después una lista definitiva de acreedores”, explicó Alberto Torres, abogado del despacho de GLZ y representante legal de uno de los acreedores de Altán Redes.

Torres señaló que su cliente está preparando el documento que deberá presentar ante el conciliador, pero hasta el momento estima que Altán tiene un adeudo de 20,835 mdp y confían que la empresa saldé la deuda, pues desde que se declaró en concurso mercantil ha mantenido comunicación muy cercana con su cliente.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS