Avanza reforma eléctrica de AMLO; tribunal revoca otra suspensión

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones revocó por mayoría una suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro en marzo.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados determinaron echar atrás la medida cautelar otorgada a la empresa Parque Solar Orejana contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Orador.

Los magistrados Eugenio Reyes Contreras y Gildardo Galinzoga Esparza votaron por revocar esta suspensión definitiva, mientras el voto en contra de la magistrada Rosa Elena González Tirado.

Los magistrados argumentaron que la nueva legislación “no afecta por ahora a los productores privados”, porque estableció un transitorio de 180 días para ajustar todas las normas del sector, lo que todavía no ocurre.

Esta decisión coincide con la emitida el pasado 1 de julio por el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, el cual también revocó una de la suspensiones definitivas de esta ley.

Según el Consejo de la Judicatura, dicho tribunal consideró que la suspensión no es autoaplicativa, lo que significa que su simple entrada en vigor no causa un perjurio contra los participantes del mercado.

La Ley de la Industria Eléctrica, promulgada el 9 de marzo, continuará suspendida hasta que los tribunales resuelvan todas las suspensiones otorgadas por los dos juzgados de competencia económica, cuyos titulares son Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Los jueces Primero y Segundo de Distrito Especializados en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión consideraron que el decreto que reforma esta Ley, incumple los compromisos de México a nivel internacional en materia ambiental debido a la eliminación de los “Certificados de Energía Limpia” (CEL).

La nueva Ley de la Industria Eléctrica fue promulgada luego de su aprobación en el Senado y suspendida hasta las sentencias de amparo de varias decenas de juicios. La reforma a la Ley se busca que sea legal ponderar el despacho de hidroeléctricas y plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); además de que se permite que todos los generadores antiguos renovables emitan certificados de energía limpia; se elimina la obligación de la CFE de comprar energía mediante subastas de largo plazo para venta de renovables y se autoriza la revisión y cancelación de permisos de generación si éstos tienen indicios de corrupción. 

Según expertos, la inconstitucionalidad de esta reforma se refleja en que el Artículo 1 de la Carta Magna dice que sus ordenamientos se aplican para todas las personas, incluyendo empresas y extranjeros, sin discriminación, mientras los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica hacen distinciones para el despacho de energía basados en quién es el generador.  

En tanto, el Artículo 14 constitucional habla de la seguridad jurídica, ya que nadie puede ser privado de derechos adquiridos si no es a través de un juicio, mientras que los cambios plantean la posibilidad de revisar y revocar permisos de autoabasto si se encuentra que son corruptos. El Artículo 16 de la Constitución se refiere a la legalidad y la competencia de las autoridades para revocar estos permisos.  

Finalmente, el Artículo 386 del Código Penal federal refiere que el fraude es materia penal y lo determinan los juzgados, no la Comisión Regulador de Energía, como se pretende.  

Los contratos de productores independientes de energía firmados entre CFE y privados tienen una cláusula de no inmunidad para los firmantes, con lo que cualquier cambio debe ser de común acuerdo o se desahogará mediante arbitraje, según la reglamentación de la Cámara de Comercio.

La implementación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica tendrá un costo adicional de 60,000 millones de pesos anuales derivado de la compra de combustibles más caros para el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han coincidido analistas.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

AMLO va por reforma constitucional eléctrica centrada en interés público y seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional que establece como prioritario el interés público y la seguridad de los ciudadano en la generación de energía eléctrica.

“Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegue a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional, para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, dijo durante una reunión de evaluación sobre los avances del plan da poyo a afectados por las inundaciones, en octubre pasado, en Tabasco y Chiapas.

A los gobiernos pasados no les importaba la seguridad de la gente ni que Tabasco se inundara para dar preferencia a las empresas privadas de electricidad, por eso no se echaban a andar las turbinas de las hidroléctricas, dijo el Presidente.

El mandatario detalló que tomó la decisión luego de que una empresa interpusiera un amparo en contra del decreto que emitió sobre el control y manejar de las presas del río Grijalva.

“»Emitimos un decreto que empezó a tener efectos el 1 de enero de este año y hace como 20 días una empresa extranjera interpuso un amparo en contra del decreto”, recordó.

En este sentido, lamentó que “la política económica en el periodo neoliberal” pusiera por delante el interés de las empresas sobre el interés público.

“Fíjense lo que significa del manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aún tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunde en los pueblos, la planicie de Tabasco. Eso no les importaba, por eso vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”, aseveró.

Si hay que ver lo que se tiene que preparar para la nueva temporada de lluvia, «pero yo no quiero, todavía, ni hablar de eso. Quiero, primero, que terminemos con el plan que iniciamos [luego de las inundaciones en Tabasco del año pasado]. Hay que trabajar en lo preventivo, pero debemos de apostar a que con lo que estamos haciendo no vamos a tener problemas. Entonces es mejor apurarnos a terminar los bordos, a avanzar en el desazolve, a seguir controlando las presas, hacer todo lo que haga falta en materia preventiva», expuso.

EL DECRETO

El pasado primero de diciembre, el mandatario emitió un decreto que establece medidas para el manejo de presas y la reducción de desastres por inundaciones en el Grijalva.

De acuerdo con el texto, dichas medidas se tomarán «con sentido social y de protección civil».

CON INFORMACIÓN VÍA SIN EMBARGO

Impugna Sener suspensión contra la ley eléctrica

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó, a través de un recurso de revisión, la suspensión definitiva que un juez federal concedió a la empresa Parque Solar Orejana contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

Se agrega el oficio firmado electrónicamente por la directora de lo Contencioso de la Secretaría de Energía, en representación del Presidente de la República, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva de 18 de marzo del año en curso, señala el acuerdo.

El caso deberá ser resuelto por uno de los dos tribunales colegiados en materia administrativa especializados en competencia económica, sin embargo, podrían declararlo sin efecto, ya que a la empresa se le dio la suspensión definitiva, un paso procesal posterior al inicialmente impugnado por el gobierno.

Parque Solar Orejana es una de las primeras empresas a las que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, le otorgó la suspensión contra las reformas impulsadas por el Presidente.

Por su parte, el juez Gómez Fierro y su homólogo Rodrigo de la Peza otorgaron otras 31 suspensiones definitivas a los corporativos que impugnaron la llamada reforma eléctrica, con las que suman 133 las medidas cautelares. En las últimas 48 horas, 18 suspensiones definitivas fueron otorgadas por Gómez Fierro y 13 por Rodrigo de la Peza.

Con información vía La Jornada

Bartlett denuncia altos subsidios a privados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que ha subsidiado con más de 471,000 millones de pesos desde la aprobación en 2015 de la reforma eléctrica a los privados que no pagan transmisión, requieren respaldo por la intermitencia propia de la generación renovable o a quienes se debe despachar antes que a la energía de la estatal, cifra equivalente a 1.5 veces el presupuesto anual de la estatal.

El director general de la empresa, Manuel Bartlett, expuso en la conferencia presidencial que las pérdidas son a causa de los subsidios a empresas privadas desde que inició la privatización del sector eléctrico nacional. Ello incluye el despacho de centrales privadas, transmisión, riesgo inflacionario, riesgo cambiario, respaldo y tarifa creciente.

En tanto, la legislación actual provoca que 45% de la energía que genera la estatal no sea despachada a la red eléctrica, pues la reforma obliga a comprar electricidad a particulares según la prelación del despacho mediante costos nodales unitarios de plantas con contratos que otorgan ventajas a los particulares o las que se construyeron en las subastas eléctricas, lo que se buscó cambiar en la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que cuenta con más de 50 suspensiones judiciales mientras se desahogan los amparos admitidos por juzgados especializados en Competencia Económica.

Así, detalló que la subsidiaria CFE Suministro Básico, la encargada de distribuir, vender energía a 45 millones de usuarios en el país es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados, a través de subastas que ofrecen energía renovable que no paga el respaldo para cumplir sus intermitencias provisto por la CFE en contratos de 25 años de duración.

Bartlett señaló también que las empresas privadas “elegantes y finas” no pagan por red eléctrica y roban 76,000 clientes de alta tensión a la CFE gracias a contratos de sociedades que fueron permitidas en la figura de autoabasto.

“Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72,656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley”, reveló el director general de la estatal eléctrica, “aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76,000 clientes fingidos, servidos por la CFE están ahí encantados no pagando la red”.

A su vez, Miguel Reyes Hernández, director de CFE Energía, aseguró que el monto total de subsidios que otorga el gobierno a grandes empresas ascienden a casi 50,000 millones de pesos, cantidad equivalente al consumo anual de electricidad del estado de Chihuahua.

Reyes Hernández denunció que grandes empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo dejaron de pagar alrededor de 1,100 millones de pesos por subsidios a la luz el año pasado.

Con información vía El Economista

‘Cascada’ de suspensiones en Ley Eléctrica

Ya son dos los jueces que han concedido alrededor de 30 suspensiones provisionales, con efectos generales, contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este jueves se conocerá si las primeras de estas suspensiones se convierten en definitivas; es decir, con vigencia indefinida o hasta que se resuelva en definitiva el amparo.

Ayer se reveló que Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, concedió varias suspensiones provisionales.

Lo mismo sucedió con Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, también especializado en competencia económica, quien ayer concedió tres nuevas suspensiones, que se suman a 11 que ya había otorgado.

Todas las suspensiones de ambos jueces son con efectos generales. Esto significa que la reforma eléctrica, vigente desde el 3 de marzo pasado, no se puede aplicar a nadie, ni siquiera a aquellas empresas o particulares que no han promovido amparos.

Entre las compañías que promovieron los recursos están, en su mayoría, aquellas dedicadas a la industria de la energía eólica en distintos estados del país, como, por ejemplo, Eoliatec del Pacífico SAPI de CV, Parque Solar Orejana SRL de CV, Fuerza y Energía de Tuxpan SA de CV, Energía y Proyectos Eólicos SAPI de CV, y Fuerza y Energía de Naco Nogales SA de CV.

Además de Fuerza y Energía BII Hioxo SA de CV, Eólica Santa Catarina SRL de CV, PE Ingenio SA PI de CV, Eólica de Oaxaca SA PI de CV, Fuerza Eólica San Matías SRL de CV, Blumex Power 1 SAde CV, y Parque Eólico Reynosa III SA PI de CV, entre otras.

Sólo uno de los amparos fue rechazado. Se trata del registrado en el expediente 143/2021, promovido por María Teresa Vargas.

Cabe destacar que la concesión de las suspensiones provisionales causó molestia al presidente López Obrador, quien, derivado de ello, pidió una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió las primeras suspensiones.

El mandatario también se lanzó contra otros personajes, entre ellos el ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien acusó de formar parte de un “buró jurídico” que está actuando contra su gobierno.

Pese al amago, el juez Gómez Fierro concedió ayer tres nuevas suspensiones a empresas privadas que se dijeron afectadas por la reforma eléctrica presidencial.

Entre las compañías que obtuvieron la suspensión ayer están Eólica de Oaxaca y Eólica de Tamaulipas, cuyos casos quedaron radicados en los expedientes 142/2021 y 144/2021 del juzgado que encabeza Gómez Fierro.

En el amparo tramitado por Eólica de Oaxaca, el juzgador ordenó, además, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) levantar la suspensión que decretó como medida preventiva por el COVID-19, desde el 18 de enero pasado.

En el caso de las suspensiones concedidas por el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, se mantienen en sigilo o testados los nombres de las empresas promotoras de los juicios, pero las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal confirmaron que fueron varias las suspensiones otorgadas.

Agregaron que estas nuevas suspensiones fueron dictadas en términos similares a las que concedió el juez Gómez Fierro, con efectos generales.

Detallaron que hasta el día de ayer eran ya alrededor de 30 las suspensiones otorgadas por ambos jueces.

Hasta ayer ninguna autoridad federal ha promovido algún recurso de queja o impugnación a las suspensiones concedidas, esto para que sea un tribunal colegiado quien determine si las ratifica o la revoca.

El tema de fondo es si el gobierno acatará el alto a reforma, señala Cossío

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que no se siente amenazado por las menciones que hizo de su persona el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí incómodo, porque los señalamientos fueron injustos.

Indicó, sin embargo, que el tema de fondo no es su persona, sino una serie de cuestiones que tienen que ver con la disposición del gobierno a acatar las resoluciones judiciales.

“La discusión de fondo no soy yo, la discusión de fondo es si estamos, o no, o está el gobierno, o no, de acuerdo con la suspensión que se dictó el jueves pasado en relación con la ley eléctrica

“Lo que debemos estar discutiendo en el fondo es el principio de división de poderes y cómo se va a conformar, y si el Presidente de la República y su gobierno están dispuestos, o no, a acatar las decisiones judiciales que se dicten”, dijo Cossío.

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega, director de información política y social de EL FINANCIERO, el exministro respondió una a una a las menciones que le hizo el presidente López Obrador en su conferencia del lunes pasado.

En principio negó pertenecer a algún grupo reaccionario, político o partidario.

“Nunca he tenido la intención de afiliarme a ningún partido, ni a ningún grupo y, desde luego, si lo que se entiende por eso es un conciliábulo de personas llevando a cabo intrigas contra el gobierno, tampoco participo en ninguna de esas actividades”, aseguró Cossío.

Señaló que, como ciudadano, ha hecho algunas manifestaciones en medios de comunicación en contra de las acciones del gobierno de López Obrador, pero señaló que se trata de un ejercicio de libertad de expresión ordinario y no de una intención de formar un grupo reaccionario.

Asimismo, defendió su desempeño como ministro de la Corte y calificó de injusto que el mandatario tome como base de crítica sólo cuatro de más de 50 mil asuntos en los que emitió voto durante sus 15 años de encargo; en algunos, incluso, a favor del propio Presidente, como en el caso de su desafuero, o en el de la consulta por la reforma energética.

Señaló que el Presidente también omitió referir la participación que el exministro ha tenido con la cuarta transformación, como en la confección del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Jueces “no pueden ser intocables”, dice AMLO

Las recomendaciones para el Poder Judicial continuaron ayer desde la conferencia matutina de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar el papel de los jueces y ministros, quienes –consideró– “no pueden ser intocables”.

Agradeció públicamente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por haber recibido la petición enviada un día antes para investigar al juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, y sostuvo que no dejaría de denunciar “las corruptelas”, de manera particular en lo que corresponde a la industria eléctrica.

Confió en que el Poder Judicial vive una “nueva etapa”, por lo que sería el Consejo de la Judicatura la entidad encargada de “estar pendiente para que no haya abusos, no haya corrupción”.

“Antes, decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro”, declaró el titular del Ejecutivo.

Asimismo, aprovechó el foro para dar a conocer que distintos amparos le habrían impedido enviar una terna al Senado para nombrar al nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), al considerar que los funcionarios ya se “encariñaron” con el cargo; “se amparan los que están de hecho, de facto”, reclamó. Con informaciónde Amílcar Salazar Méndez

Con información vía EL FINANCIERO

Renegociar contratos y garantizar la seguridad energética: claves para entender la reforma a la ley eléctrica aprobada por el Senado de México

El Senado de México aprobó el martes las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica con el objetivo de dar prioridad a la producción estatal de electricidad por encima de empresas privadas.

De este modo, el Congreso terminó de procesar la “contrarreforma energética” planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que supone dar marcha atrás a una parte del proyecto privatizador que se construyó durante administraciones anteriores.

Cambios legales

Con 68 votos a favor y 49 en contra, la Cámara Alta aprobó en lo particular las modificaciones a la industria eléctrica. El documento fue enviado al Ejecutivo federal para que entre en vigor en cuanto la nueva ley sea publicada en el Diario Oficial.

El proyecto de ley fue prácticamente el mismo que el aprobado en la Cámara de Diputados, que privilegia el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las empresas privadas en lo referente a la generación de energía eléctrica. 

El dictamen establece la necesidad de rescatar y fortalecer a la CFE, cuyo carácter estratégico es fundamental para mantener tarifas bajas en beneficio de los usuarios finales y proteger los intereses de la nación.

El punto central tiene que ver con “la instauración de un nuevo orden en el sistema de despacho de los generadores eléctricos, así como el fortalecimiento de la rectoría del Estado para dirigir las actividades de planeación del Sistema Eléctrico Nacional”, debido a que durante la reforma energética de 2014, aprobada por la derecha, se dio prioridad a los generadores privados, lo que ocasionó pérdidas millonarias para la empresa estatal

La nueva ley también elimina la obligatoriedad de compras por subastas y la revocación de los permisos de autoabastecimiento de electricidad, sobre todo, aquellos que hayan sido obtenidos en fraude a la ley y que continúen surtiendo sus efectos jurídicos.

Asimismo, la reforma establece facultades legales para que el Gobierno pueda revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores independientes de energía.

Esto permitirá al Gobierno revocar muchos contratos desventajosos para el Estado mexicano, los cuales fueron firmados en administraciones anteriores para favorecer a empresas privadas aliadas con políticos de derecha. 

¿Energía limpia y barata?

A lo largo de la discusión en el Senado, el partido Morena (fundado por López Obrador) argumentó que la nueva ley fortalece la soberanía energética de México y garantiza la rentabilidad de la CFE, que en los últimos años ha perdido más de 20.000 millones de dólares por beneficiar a empresas privadas. 

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la aprobación de la reforma permitirá evitar el “desmantelamiento de las instituciones del Estado”, promovido por las administraciones anteriores.

En el mismo tono, los partidos aliados al presidente, como el PT y PES, señalaron que además de garantizar la seguridad energética, la iniciativa permitirá mantener estables los precios de la electricidad y también promover el uso de energías renovables, como las grandes hidroeléctricas.

En contraste, la oposición consideró que la reforma implicará un aumento de precios al servicio de la electricidad y también representa un retroceso en el fomento a la generación de energía con fuentes renovables, principalmente eólica y fotovoltáica.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que la reforma desaparece las subastas como mecanismos transparentes que aseguran a los mexicanos tener energía más barata, además de que la nueva ley promoverá el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. La legisladora también anunció que la oposición impugnará la aprobación de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por su parte, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, denunció que el dictamen pone en riesgo el proyecto de la modernización productiva y de la captación de inversiones.

En el mismo tono, la legisladora de MC, Verónica Delgadillo, afirmó que esta reforma incrementará el precio de la luz y condenará a la ciudadanía a pagar dicho aumento.

Renegociar contratos

Por su parte, López Obrador celebró la aprobación de la reforma, argumentando que el nuevo marco jurídico permitirá que su Gobierno pueda renegociar muchos de los contratos “leoninos” entregados por sus antecesores Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) para favorecer a empresas privadas a costa del dinero público. 

En este sentido, el mandatario mexicano explicó que su administración intentó negociar con empresas como la española Iberdrola, pero al no obtener una respuesta favorable, tuvo que mandar la iniciativa preferente al Congreso para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

No hubo respuesta, y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley, para que tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones y defender el interés público“, explicó el presidente durante su conferencia matutina de este miércoles.

Indicó que, al igual que ocurrió con la paraestatal Pemex y el contrato millonario otorgado a una filial de Odebrecht, en el sector eléctrico hubo un interés de Calderón y Peña Nieto por beneficiar a Iberdrola pese a los daños financieros ocasionados a la estatal CFE.

“Ya canastearon bastante, ya tranquilízate, serénate, ya no es de que no tienen llenadera, eso ya pasó… entonces es lo mismo esto, y va a ser lo mismo con Iberdrola y con todas estas empresas”, dijo el mandatario.

Con información vía RT Novosti

Senado aprueba reforma eléctrica; oposición va por controversia constitucional

El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, por 68 votos de Morena, PT y PES y 58 del PAN, PRI, MC, PVEM y PRD en contra, el decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, en los mismos términos en que fue aprobada por la Cámara de Diputados a partir de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión para su desahogo mediante el trámite “preferente’’.

Tras cuatro horas de discusión en lo general con la participación de 26 senadores de las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta para hablar a favor y en contra de la enmienda legal, inició, al filo de las ocho y media de la noche, la discusión en lo particular de cada uno de los artículos reservados por 46 legisladores para su eventual modificación.

Se preveía anoche que no prosperaría ninguna propuesta de cambio al dictamen original por lo que, agotado el debate, se remitiría al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.

Al fundamentar el decreto ante el pleno cameral a nombre de las tres comisiones dictaminadoras: de Energía, que preside; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda, Rocío Abreu Artiñano (Morena) afirmó que la reforma pretende el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizando la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional para mantener tarifas bajas e inclusive reducirlas.

A decir de la campechana, el cambio legal mantendrá “la industria eléctrica fuerte, sana, autosuficiente, generadora de empleo, en constante crecimiento y que siga siendo ese pilar de desarrollo, elemento fundamental en nuestra soberanía y seguridad nacional’’.

Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI) afirmó que la enmienda es “pésima en todos sentidos’’ puesto que viola la Constitución y un sinnúmero de leyes, entre otras la de transición energética y de cambio climático, e infringe tratados y compromisos internacionales como el Acuerdo de París, TIPAT, T-MEC y TLCUEM.

Por el PAN, Julen Rementería consideró que “lo que se está proponiendo y como se está proponiendo es, sin decirlo, una contrarreforma a la reforma energética’’, que encarecerá la energía.

En su turno, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, desmintió que la reforma viole la Constitución.

El cambio legal, estableció “es constitucional y es congruente con lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna porque prioriza el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica’’.

Aclaró que el 28 constitucional establece que no constituyen monopolios las funciones del Estado en áreas estratégicas, como es el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; “el Estado es el rector’’ en esas áreas, precisó.

Previo a la votación, senadores del PAN, PRI, MC y PRD anticiparon que sus respectivos grupos parlamentarios interpondrán de manera conjunta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la reforma aprobada.  El perredista Miguel Ángel Mancera explicó que sólo el máximo tribunal del país puede resolver si la enmienda legal viola o no la Constitución.

Con información via EL ECONOMISTA

Exponen hoy diputados postura en contra de la reforma eléctrica

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados presentará este miércoles la opinión en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al considerar que la propuesta busca legalizar las prioridades de despacho eléctrico determinadas por la Secretaría de Energía e invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El proyecto, que presentará el presidente de la comisión, Fernando Galindo Favela (PRI), agrega que el cambio de despacho de energía eléctrica “violaría el derecho a la libre competencia y le daría una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Después de presentada la iniciativa del Ejecutivo, la Mesa Directiva de la cámara la turnó para dictamen a la Comisión de Energía –que se reuniría este jueves o viernes– y para opinión a las de Economía y de Presupuesto; esta última ya presentó una postura en favor.

En contraste, el proyecto en Economía refiere que la Comisión Federal de Competencia ya emitió una opinión negativa y que recomendó a la Cámara de Diputados no aprobar en sus términos la iniciativa, porque quebranta la Constitución al afectar los principios de competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad.

“De aprobarse esta iniciativa se tendrán efectos negativos sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia”, agrega el documento a revisión hoy.

Además considera no viable la reforma a la ley porque “violaría el T-MEC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales, pues está prohibido que el Estado genere condiciones anticompetitivas para los inversionistas.

“De entrar en vigor la iniciativa, habrá tarifas de suministro eléctrico más altas, que pagarán los consumidores”, argumenta.

A su vez, el coordinador del PRI, René Juárez, expresó que ante “el alto contenido ideológico” de la iniciativa, será difícil llegar a un consenso y evaluó que, por la falta de voluntad política de Morena, “ya no hay nada que hacer”.

A su vez, Enrique Ochoa Reza, ex director de CFE, respondió a diputados del Partido del Trabajo que durante su cargo sí se hicieron inversiones en energías renovables y citó que tanto de un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas como de la intervención de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ante el Senado en octubre de 2020, se comprueba cómo entre 2015 y 2017 se llevaron a cabo subastas de largo plazo para promover la construcción de nuevos parques solares y eólicos.

“Son precisamente esos parques que, de acuerdo a las cifras oficiales, podrían incrementar en 9 mil megavatios de capacidad instalada, la generación de energía limpia en México. Queda acreditado con documentos oficiales que se llevaron a cabo los ejercicios que mandataba la ley para promover la inversión en energías renovables”, dijo.

Con información vía La Jornada

Telmex, Palacio, Kimberly y otras 400 firmas abastecen su energía. Nueva Ley las pone en la cuerda

La iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (2014) propone, entre otros puntos, revocar los permisos para autoabastecimiento otorgados a empresas con la capacidad de generar su propia energía para sus procesos de producción, solo en los casos en que hayan sido obtenidos “mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.

De 1994 al año 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) registra más de 400 permisos vigentes de esta figura en su mayoría del sector energético como Iberdrola, aunque también destacan compañías de magnates como Telmex (Carlos Slim Helú), Palacio de Hierro (Alberto Bailléres González), Altos Hornos de México (Alonso Ancira, en proceso judicial) y Kimberly-Clark de México (Claudio X. González). También son permisionarias Cervecería Cuauhtémoc, Tiendas Soriana, Nestlé México, Bridgestone de México, Cargill de México, Kraft Foods, Laboratorios PISA, Bimbo, Ford Motor, Médica Sur, Panasonic México, Sabritas, Grupo Posadas, Kellog’s, Mabe, BioPappel, Grupo Gamesa, Sony México y Coppel, entre otras como muestra la tabla.

“Los permisos de autoabastecimiento se crearon previo a la Reforma Energética con la entrada en vigor de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en los noventa. Los requisitos son que solo sea para consumo propio y, en caso de que existan sobrantes, se vendan a la Comisión Federal de Electricidad. Es una fórmula ganar-ganar, porque la CFE no tenía la capacidad para suministrar el servicio eléctrico a todos los actores en el país. Reduce costos de generación al emplear tecnología eficiente, lo que hace a las compañías más competitivas y la CFE en tanto se puede enfocar en garantizar el servicio a otros sectores”, expuso el analista energético Arturo Carranza sobre la iniciativa que la Cámara de Diputados tiene hasta inicios de marzo para votar.

Sin embargo, agregó el especialista, conforme la figura fue creciendo se fue cayendo en “algunas distorsiones”, que la reforma a la Ley Eléctrica busca revisar y ordenar. “Muchas empresas empezaron a asociarse con otras empresas que reciben beneficios de energía más barata. Son sociedades simuladas o ficticias que generan un mercado de electricidad paralelo y por ende pérdida para la CFE del mercado industrial , un segmento que compra grandes volúmenes”, dijo. “La autoridad energética revisará que sean sociedades constituidas legalmente. Si no, las cancelará. Pero debe ser muy cuidadosa porque puede caer en el riesgo de generalizar a todos los permisos, lo que afectará los derechos de la iniciativa privada”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calcula que el sector privado ha invertido para autoabastecimiento alrededor de 16 mil millones de dólares. Pero, en dado caso de revocar los permisos, estas empresas deberán comprar energía a la CFE, lo cual se traducirá en un incremento en sus costos de producción y –si no se respeta la presunción de inocencia– en una afectación a la certidumbre jurídica de los inversionistas.

El jueves, Miguel Santiago Reyes Hernández, Director General de CFEnergía, expuso ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que la iniciativa no pretende regresar a la CFE a una situación de “empresa única”, sino brindarle un piso parejo para competir y expuso las prácticas desleales de comercio derivadas de la Reforma Energética, por lo que se propone la “eliminación de la simulación y fraude a la ley amparados bajo el régimen de autobasto”. Por los subsidios, inflación, tipo de cambio y reglas de despacho, dijo, el daño actual a la CFE asciende a 412 mil 410 millones de pesos. Solo a Iberdrola se le han subsidiado más de 56 mil millones por el proyecto eólico de La Venta en Oaxaca.

Ante los señalamientos de la inconstitucionalidad de la medida y la posible violación al T-MEC, el Presidente López Obrador ha dicho que las empresas en riesgo están en su derecho de ampararse, pero el Gobierno federal que encabeza “defenderá” la industria eléctrica nacional, porque con su privatización “se benefició a empresas extranjeras y hubo corrupción; estos empresarios hicieron su agosto”, afirmó por el caso de puerta giratoria en Iberdrola.

Esta empresa española llegó a México en la década de los noventa, pero despegó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al convertirse en la principal generadora de energía eléctrica privada en México mediante contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mientras el mandatario panista extinguió la Compañía de Luz y Fuerza. En julio de 2016, incorporó al Consejo de Administración de su filial en Estados Unidos, Avangrid, al expresidente Felipe Calderón; y Georgina Yamilet Kessel Martínez, exsecretaria de Energía, expresidenta del Consejo de Administración de Pemex y de la Junta de Gobierno de la CFE, se integró como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España en 2013.

¿Y EL MERCADO MAYORISTA?

La iniciativa para reformar la Ley Eléctrica también propone modificar la prioridad del orden del mecanismo de despacho (qué energía subir primero a la red eléctrica), actualmente operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con un criterio de eficiencia y economía. El reajuste de apostar esta vez al criterio de confiabilidad obstaculizaría a las más de 100 empresas generadoras que participan en el Mercado Eléctrico Mayorista, entre ellas, de energías eólicas y solares, las más baratas y menos contaminantes.

El especialista energético Arturo Carranza observó que entre los diferentes generadores actualmente se prioriza a las tecnologías más eficientes con costos variables más bajos: renovables, seguidas del ciclo combinado (con gas natural) y luego se suben a la red la de termoeléctricas (carbón, combustóleo o diésel, más caros y más contaminantes), ya sea privadas o de la CFE.

La lógica de despacho inevitablemente se traducirá en mayores costos de energía eléctrica, absorbidos por las finanzas públicas y/o el consumidor final. Tabla: IMCO.

Pero la iniciativa con carácter de preferente pretende reformar el artículo XX para anteponer en el despacho a las centrales generadoras de la CFE. En primer lugar a las hidroeléctricas, en segundo a las demás centrales de la empresa pública, posteriormente a la energía eólica y solar de los particulares, y finalmente a las centrales de ciclo combinado (con gas y otro de vapor) de particulares.

No obstante, como las centrales hidroeléctricas solo producen un 10 por ciento del total, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón, lo que tendría implicaciones ambientales alejando al país de sus obligaciones de la Ley de Transición y del Acuerdo de París.

“La autoridad argumenta que los proyectos de renovables estresan a la red eléctrica por ser intermitentes. Pero si el objetivo es no generar apagones, lo urgente no es pensar qué despachar primero, si las más baratas o las más confiables, sino invertir para modernizar y fortalecer toda la red eléctrica para hacerla eficiente, pues data del siglo pasado. ¡No pelearse!”, dijo Carranza.

En la misma línea, el IMCO analizó que pasar de un modelo basado en criterios de eficiencia económica a un modelo donde se despache primero a las centrales hidroeléctricas, seguido por las demás plantas de la CFE –independientemente de sus costos de generación–, significa que el criterio de costos y eficiencia deja de existir.

“Esto elimina cualquier incentivo para la inversión privada en proyectos de generación, acabando en los hechos con el Mercado Eléctrico Mayorista, con efectos para los consumidores que terminarán pagando el incremento en los costos del sistema ya sea a través de su factura eléctrica o a través de sus impuestos”, determinó en un informe.

Con información vía Sin Embargo MX

La 4T impulsará contrarreforma eléctrica para apuntalar a la CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó finalmente el cambio más radical a la política energética vigente: una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la reforma energética, con lo que pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y establecer condiciones para la dominancia de mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La iniciativa, elaborada para presentarse en la Cámara de Diputados para su análisis y discusión de origen, contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley, que entró en vigor en 2015. Según analistas, el que formara parte del marco legal vigente al momento de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (T-MEC) podría desencadenar controversias internacionales si se aprueba su modificación. 

En su exposición de motivos, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo que tras la aprobación de la reforma energética durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a privadas, por lo que la CFE quedó obligada a otorgar subsidios a sus competidores y una capacidad productiva sometida a una regulación que privilegia a particulares.

“El sistema del despacho de los generadores eléctricos es uno de los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE, reformarlo es imperativo”.

Cabe recordar que aunque el actual gobierno se comprometió a no modificar “ni una coma” de la legislación que afecta a la IP, también abandera la promesa de devolver a Petróleos Mexicanos y a la CFE la preponderancia sobre el mercado, aunque ello implique terminar con negocios privados que además en muchos casos son acusados de haberse acordado en condiciones de ventajas otorgadas por gobiernos anteriores.

Entre los cambios más relevantes de la iniciativa está el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que como gestor de la red ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino en primer lugar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como solar, de privados. 

En cuanto al otorgamiento de permisos de generación, que hoy entrega la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación (como una licencia de conducir, que toda persona en México tiene derecho a obtener si la solicita) ahora se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. 

También se obligará al regulador a regulador a revocar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE. 

En lo que respecta a certificados de energía limpia (CEL) como incentivos a la generación de energía limpia o renovable, todos los que generan en el país podrán obtenerlos, sin importar que sean o no plantas nuevas (que era el objetivo de este incentivo, para la construcción de más infraestructura renovable en el país) y así podrán venderlas a quienes generan mediante fósiles, para que cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética. Y ligado a este punto, el suministrador de servicios básicos, que hoy es solamente la CFE, no estará obligado a adquirir energía, potencia o CEL únicamente mediante subastas, sino que podrá diseñar sus propios mecanismos. 

Dado su carácter preferente, las y los diputados federales tendrán un plazo máximo de 30 días naturales para discutir y votar la iniciativa y que esta sea turnada al Senado de la República, que cuenta con otro plazo de 30 días.

En caso de que se devuelva a la Cámara de Diputados con modificaciones, la Cámara deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de quince días naturales contados a partir de la recepción del asunto.

Derrota judicial da pie a iniciativa

Como explicó Arturo Carranza, analista del sector energético “es una propuesta muy importante” y tal como lo ha reiterado, su aprobación y puesta en vigor obedece a la imposibilidad del gobierno de establecer la política que devuelve facultades exclusivas al Estado a través de mecanismos fuera de la ley, como acuerdos o la nueva política de la Secretaría de Energía, que el poder judicial ha desechado por falta de sustento legal ante los distintos amparos en tribunales de los presuntos afectados. 

Para Ramsés Pech, experto en energía “la generación dependerá de la armonía que puedan tener las plantas del tipo fotovoltaica y eólica, a las líneas de transmisión con base a la factibilidad que el Cenace puede otorgar con base a los estudios indicativos que tienen que realizar, a donde indique un reforzamiento o nuevas líneas, para poder subir lo generado”. 

Y entre los mayores retos están el establecimiento de sistemas de almacenamiento de baterías, ya que el principal problema lo tienen las fotovoltaicas, debido a que entran al sistema por las mañanas y sólo durante las horas de sol, esto ocasiona que ciertas plantas del tipo convencional bajen la velocidad de sus turbinas, para pasar a ser del tipo de respaldo. 

Por tanto, el problema radica ahora en que CFE deberá invertir en sus plantas en forma más eficiente, el cual está contemplado dentro de su plan de negocios, pero dependerá de los recursos financieros que tenga acceso en el mercado y el presupuestó que la nación pueda otorgar. “Además, deberá adicionar que, al no haber inversión en la parte en líneas de trasmisión, en los últimos dos años, esto ocasionará dentro de corto plazo incremento en los costos de la congestión en la estructura del precio de la electricidad”, advirtió el experto.

Iniciativa se veía venir

En materia energética, el presidente López Obrador cumplió lo que afirmó en julio del año pasado en el sentido de que si los cambios administrativos promovidos por su gobierno en política eléctrica no eran exitosos, entonces impulsaría una reforma legislativa.

Prevén ola de amparos

Giro en electricidad crea incertidumbre: analistas

De ser aprobada la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo federal, se crearán las condiciones para el retorno del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), enterrando la competencia y la posibilidad de que la electricidad sea más barata, lo cual inyectará mayor incertidumbre entre los inversionistas en energía renovable y provocar, sin duda, “una cascada de amparos”, consideraron especialistas del sector empresarial.

“Muy seguramente se vendrán amparos en cascada, ya que el despacho de las centrales generadora debe realizarse por criterios claros y precisos, establecidos en la normativa de operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)”, ya que la iniciativa del Ejecutivo plantea cambiar el despacho para que primero salgan las plantas de CFE, afirmó Mario Canales, consultor en materia energética del sector privado.

Si lo que se plantea en la propuesta de ley es privilegiar a la CFE para que sus unidades sean las primeras en despacharse, “se estarían violentando todos los principios económicos y técnicos que rigen a la industria y, principalmente, enterrando la competencia y, con ello, que la energía eléctrica sea más económica a los usuarios finales”, agregó uno de los asesores que operan en la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Realmente es alarmante la velocidad con la que el gobierno federal ha venido generando iniciativas que lejos de incentivar y ayudar a que el sector privado apoye en ciertos temas de la energía eléctrica, lo que hace es generar mayor incertidumbre tanto a la actual y futura inversión en energías renovables”, opinó Canales.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), criticó la iniciativa de industria eléctrica, ya que su espíritu es eliminar en los hechos el mercado eléctrico mayorista a partir de excluir las señales de precio que hacen que el mercado funcione. Esto es, se reserva la compra por subasta o licitación para el suministro básico.

En ese sentido, José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó que de llevarse a cabo la reforma, implicaría que CFE y el gobierno en general tengan libertad, primero de optar por su planeación y sus necesidades financieras, priorizar sus recursos sobre los criterios que en estricto sentido se habían establecidos con la reforma energética que implementó el expresidente de México, Enrique Peña, durante su administración.

Con información vía El Economista