Faltan más herramientas para castigar a evasores, dice procurador

La reforma que hizo de la evasión fiscal un delito grave ha resultado en la presentación de 570 querellas por más 20 mil millones de pesos contra facturerosoutsourceros, políticos corruptos, empresarios e incluso contra las compañías, pero se requieren más herramientas para castigar los sobornos y evitar que se vuelva a simular la contratación de personal, explicó Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Detalló que la política contra la evasión permitió desactivar al “grupo criminal más importante” de subcontratación laboral que operaba en el país y contribuyó a que los salarios reales de los trabajadores mexicanos incrementaran entre 10 y 15 por ciento. Sin embargo, existe el riesgo de que las prácticas de simulación muden a la contratación de servicios especializados.

Luego de un debate de meses sobre las reformas a la Ley Federal de Trabajo, se prohibió la subcontratación en términos generales –y con ello la posibilidad de deducir impuestos por pagar personal externo–, pero se dejó la figura de servicios especializados. Por medio de ella una empresa puede contratar a otra para que le provea de trabajadores que realicen labores distintas a las de su principal negocio. Por ejemplo, una firma de tecnología que contrate guardias de seguridad.

Sin embargo, para evitar que también se abuse con esa figura, se propone que cuando se encuentren simulación en la contratación de empleados, se pondrá un agravante para que el responsable vaya 13 años a la cárcel. El objetivo es “evitar que los trabajadores sean fiscalmente explotados”, aseguró el procurador, en una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Explicó que antes de la reforma en materia de subcontratación, 40 por ciento de la plantilla laboral del país estaba en ese esquema, y de las 7 mil 500 empresas que empleaban a estos trabajadores, sólo 40 pagaban impuestos.

No hay “optimismo”

En la misma reunión, y ante críticas de legisladores que tildaron de “optimistas” las proyecciones de crecimiento de la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Gabriel Yorio, enfatizó que los estimados para 2021 y 2022 de 6.1 y 4.1 por ciento, respectivamente, son realistas y están basados tanto en datos sólidos.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Reforma fiscal desactivó a “grupo criminal” de subcontratación: PFF

La política implementada por el gobierno federal ayudó a desactivar al “grupo criminal más importante” de subcontratación laboral que operaba en el país y contribuyó a que los salarios reales de los trabajadores mexicanos se incrementaran entre 10 y 15 por ciento, aseguró Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló, sin mencionar el nombre, que dicha empresa tenía alrededor de 200 mil trabajadores subcontratados en su nómina.

Explicó que en concreto, la reforma penal fiscal ha permitido que se equipare a delincuencia organizada que tres o más personas, de forma permanente o reiterada, lleve a cabo actividades ilícitas como la defraudación fiscal.

“Lo anterior nos permitió llegar a las cabezas de grupos criminales: por un lado tenemos orden de aprehensión en contra del dueño del grupo de subcontratación más importante del país, y órdenes contra el grupo facturero más defraudador del país”, apuntó Romero Aranda.

Hasta antes de la reforma en materia de subcontratación, recordó, se calculaba que había 4 millones 700 mil trabajadores en ese esquema, es decir, 40 por ciento de la plantilla laboral del país.

Dichos trabajadores estaban empleados por alrededor de 7 mil 500 empresas, de esas, solamente 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo, de las cuales sólo 100 tenían registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero de esas únicamente 40 pagaban impuestos: “Las cifras hablan por sí mismas”, apuntó.

Al eliminarse subcontratación, destacó, 2 millones 700 mil trabajadores han migrado del outsourcing a las empresas en las que realmente trabajan y ahora cotizan con sus sueldos reales, lo que ha provocado que sus salarios se hayan incrementado entre 10 y 15 por ciento, lo que significa que la reforma ha venido a salvaguardar los derechos de trabajadores.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Instalarán mesa de trabajo hacia una reforma fiscal y de pensiones

A propuesta de Morena, y avalado por el pleno de la Cámara de Diputados, esta semana se instala el grupo de trabajo para la transición hacendaria, que presentará en agosto una propuesta sobre cómo sustentar fiscalmente las reformas del actual gobierno hacia un sistema de salud universal y educación superior gratuita, garantizar inversión en infraestructura y hacer viable el sistema de pensiones.

Entre las propuestas que se revisarán está la progresividad del pago del ISR, definir qué beneficios fiscales pueden eliminarse –pues este año los regímenes diferenciados representarán para el país una pérdida recaudatoria de más de 843 mil millones de pesos– y el cobro de impuestos al comercio digital y a las plataformas.

No se prevé elevar el IVA ni crear nuevos impuestos, pero sí, por ejemplo, calcular el monto de impuestos que se recaudaría con la legalización del uso lúdico de la mariguana.

Según el acuerdo de las bancadas, el grupo de trabajo integrará un consejo asesor con el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y se incorporará a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro de Investigación y Desarrollo Económico, así como al Colegio de México.

Los resultados y propuestas permitirían a la siguiente legislatura, que entra en funciones en septiembre, proponer una reforma fiscal y de pensiones.

“Puede ser la gran reforma que permita darle sustento financiero a un estado de bienestar y garantice que el Estado mexicano tendrá la fortaleza fiscal para inversión pública y un nuevo trato entre la Federación, estados y municipios”, dijo el coordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena).

En entrevista, explicó que el grupo tiene cinco objetivos, acordados por la cámara: calcular los costos y el presupuesto adicional que requerirán las reformas a la Constitución y a las leyes “que forman la base del nuevo estado de bienestar”.

Asimismo, una revisión del presupuesto de gastos fiscales, esto es, el cálculo que hace anualmente el gobierno de la pérdida tributaria por regímenes especiales, tratamientos diferenciados, deducciones, excepciones, diferimiento, subsidios, que para 2021 es de más de 843 mil millones de pesos.

“Se buscará terminar con la evasión y la elusión tributaria, al revisar qué privilegios sí pueden suprimirse”, indicó.

Asimismo, se buscará constituir un nuevo acuerdo con los estados, municipios y el gobierno federal para resolver los problemas de ingresos y convocar a una convención nacional hacendaria.

Además, explicó, se revisará el sistema de pensiones, y finalmente proponer un instituto de las finanzas públicas como órgano del Congreso que ayude a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo en la evaluación y proyección del gasto.

Con información vía La Jornada

Reforma al outsourcing con carga a los contribuyentes: expertos

Si la reforma al outsourcing prospera, existirá una carga administrativa para los contribuyentes y además sería redundante porque será necesario que cada contratista cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo.

El tema principal de la reforma no es lo laboral, sino lo fiscal porque podría ocasionar que un individuo caiga en el outsourcing con las deficiencias de la definición y provocaría que las personas terminen en la cárcel, mencionó Mario Barrera, socio de la práctica fiscal de Thompson Knigth.

“Será necesario que cada contratista cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo, asumiendo que exista un registro de empresas de especialización, se antojaría que el registro sea consultable; sin embargo solicitan que el individuo cuente con la autorización de su contrato, lo cual me parece innecesario, un doblete”, explicó Barrera en el evento virtual Retos Fiscales 2021.

En el decreto enviado por el Ejecutivo, cita que el contratante deberá obtener del contratista una copia simple de la autorización vigente a que se refiere el Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del acuse de recibo del pago correspondiente, documentación que deberá entregarse a más tardar el último día del siguiente mes en que el contratista recibió el pago.

En ese sentido, se especifica que al modificar dicho artículo se podrá crear un padrón de prestadoras de servicios especializados con el que se construirá un acervo vigente, estadístico y de control para identificar y regular a las personas físicas o morales que presten dichos servicios.

Un punto a considerar de la reforma es que incurrir en la subcontratación se tipificará como delito de defraudación fiscal, además traería consigo multas desde 150,000 a 300,000 pesos por no entregar la información del contratista.

La iniciativa plantea adicionar una infracción y sanción cuando el contratista no proporcione al contratante información que será necesaria para que el gasto sea deducible o el impuesto trasladado sea acreditable.

En este sentido, en el caso de que una persona física quebrante la ley, se aplicará la prisión preventiva oficiosa, es decir, que durante procedimiento, la persona involucrada va a permanecer en la cárcel.

“¿Qué pasa con las sanciones? Hay multas de 150,000 a 300,000 pesos por no entregar la información del contratista, pero lo más importante es que si se incurre en una subcontratación, según la propuesta, caigo en un delito de defraudación fiscal equiparada”, mencionó Barrera.

Con información vía El Economista