Sindicato petrolero arranca el registro de aspirantes por la secretaría general

Con información de El Economista

Mostrar fuerza, apoyo y presencia fue el común denominador en el registro de al menos 6 interesados por la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que acudieron a las instalaciones de la organización sindical a formalizar sus candidaturas.

De Tabasco, Campeche, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo llegaron los primeros aspirantes quienes optaron por poner templetes, realizar caravanas y llenaron la calle en la que se encuentra el Sindicato Petrolero en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México.

Así el primero en hacer su registro fue César Pecero Lozano, quien destacó que “va a la transformación de la organización sindical, en este escenario y de frente a la sede del Sindicato Petrolero reitero mi compromiso de no fallarles, de no apartarnos de nuestro gran objetivo que es devolverle al Sindicato el prestigio, dignidad y respeto a la familia petrolera, a los trabajadores de planta, transitorios y jubilados”.

El trabajador petrolero César Pecero Lozano fue el primero en registrar su candidatura. Foto EE: Pilar Martínez

También arribó Victoria Arredondo, quien a pesar de ver que será complicada la contienda, espera que con el corto tiempo que habrá para promoverse, es posible recuperar el sindicato. 

Cristina Alonso, trabajadora de la sección 44 en Tabasco también se  hizo presente y Arturo Flores, quien se acompañó de más de 70 personas. De la misma manera llegó Fred Navarro, de la sección 35 de Tula, Hidalgo.

Y la senadora por Morena, Cecilia Sánchez, tomó como primer acto realizar una caravana partiendo del Monumento a la Revolución y una vez que llegó a las instalaciones del sindicato petrolero y realizó su registro, dijo estar segura de que lograrán “la Revolución sindical del Sindicato Petrolero, este es el momento de cambiar y terminar con la corrupción, las trampas y viejas prácticas de los líderes charros”.

SINTTIA pide intervención de la OIT, el INE y observadores internacionales para votación en General Motors

Con información de El Economista

Tras señalar que la contienda sindical para representar a los más de 6,000 trabajadores de de General Motors, en la planta de Silao, es inequitativa, bajo acoso laboral y con la presencia de dos sindicatos pertenecientes a viejas estructuras dentro de la CTM y CROC, la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), Alejandra Morales, demandó la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de observadores de Canadá y Estados Unidos, para que se “garanticen las elecciones transparentes y libres”.

En conferencia de prensa, luego de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) diera a conocer las fechas en la que, tres sindicatos, se disputarán la titularidad del contrato colectivo de trabajo el 1 y 2 de febrero; Morales explicó en las últimas semanas internamente se ha vivido “acoso laboral y malas prácticas de los sindicatos contendientes”, por los que demandan mayores garantías, pues incluso este nuevo proceso podría terminar en una nueva queja en el marco del T-MEC.

“El SINTTIA, continuará presentando las denuncias por la denegación de la libertad sindical por parte de la empresa y la violencia que ejerce a través de los representantes de la CTM ante la Unidad del T-MEC correspondiente”, enfatizó.

En ese sentido, presentó siete puntos a las autoridades labores, con el fin de que se desarrolle una jornada de votación apegada a la libertad sindical:

  • Dado que el periodo de votación que ahora se fijó es considerablemente más corto la empresa deberá dar las facilidades de transporte. 
  • Que la Secretaría del Trabajo invite nuevamente a como observadores en la Consulta, a la OIT y el Instituto Nacional Electoral. 
  • Que vigilen el proceso desde antes de las votaciones.
  • Se autorice la presencia de observadores más allá de esas instancias, para que organizaciones sociales y civiles interesadas, nacionales e internacionales, puedan ser vigilantes de manera independiente.
  • Se entregue de manera inmediata, copia del padrón confiable que se usará en la votación.
  • La empresa deberá brindar a los representantes del SINTTIA registrados ante el CFCRL el tiempo necesario para que cumplan con sus funciones en las mesas de votación, sin condicionarlo a sus obligaciones laborales, ni afectación a sus salarios y prestaciones.
  • Seguridad pública al interior de la planta durante la votación, así como en sus alrededores.

Destacó que “lo que nosotros estamos buscando es que la empresa se vea obligada a respetar a que los trabajadores puedan ejercer libremente el voto porque sentimos que el Centro de Conciliación está siendo un poco imparcial en la protección de lo que quiere la empresa. Estamos preocupados, esperemos que no sea así, por eso estamos haciendo el planteamiento y convocando a los compañeros a votar”.

PERSPECTIVAS_ Apartado B, discriminatorio para trabajadores

“Es importante contextualizar para la sociedad, ¿por qué tanto debate con el apartado A o el apartado B? Nuestro país tiene esos dos principales derroteros laborales constitucionales. El Apartado A, que de hecho es el texto original del Artículo 123 Constitucional, es el régimen general que contempla la libertad y democracia sindical, el derecho a huelga, la negociación colectiva y la estabilidad en el empleo, las reglas mínimas laborales; eso le da una participación muy importante a los trabajadores en sus fuentes de empleo”, consideró el maestro Diego Orlando Carrasco Hinojosa, director de AYCA Corporativo Jurídico.

“Por contrario el Apartado B, en primer término, tiene acotado la huelga, prácticamente señalamos que no hay huelga en el apartado B, porque hay una restricción constitucional, en la que la huelga solo puede ser ejercida si se viola de manera general y sistemática las condiciones de trabajo. Esto al día de hoy no ha paso en nuestro país, es decir ningún ente que se rige por el Aparto B ha logrado legalmente estallar una huelga”.

“En segundo término, la estabilidad en el empleo está acotada bajo dos vertientes: los trabajadores que se consideren como de confianza en el apartado B tienen una restricción constitucional por la cual no tienen estabilidad en el empleo, esto es porque fue creado en un régimen presidencialista, no tienen estabilidad, pueden ser nombrados y removidos libremente”, afirmó Diego Carrasco, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

“En el tema de la negociación colectiva, existe una absoluta restricción en el apartado B, porque aquí no hay una negociación propiamente, se establecen condiciones de trabajo, conforme a Ley; son estas establecidas o impuestas, por el titular de la dependencia, con la opinión del sindicato es decir, una imposición unilateral, y el sindicato juega un papel únicamente consultivo, pero no constitutivo de ese acto”, concluyó. 

Por su parte, el abogado Eduardo Díaz Reguera, egresado de la Facultad de Derecho por la UNAM, explicó que “el Apartado B y su Ley de los trabajadores al servicio del Estado es discriminatorio, un régimen de excepción, la huelga y el contrato colectivo es negada, y su estabilidad laboral es delicada”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

México se encamina a regular la relación laboral en las plataformas digitales

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) evalúa ya las vías para regular el trabajo en plataformas digitales y podría ser la próxima reforma laboral que se discuta en México. Diversas fuentes al interior de la dependencia confirmaron que la autoridad le entrará al tema, aunque todavía no ha definido la ruta puntual para los cambios.

La intención de regular el trabajo en las plataformas digitales fue expresada por la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, durante una entrevista con Bloomberg. Se puede buscar un mecanismo paulatino, expresó en dicho espacio, pero reconoció que «una reforma a la ley sería necesaria para dar certeza a esas actividades que resultan ser nuevas”.

En tanto, en el marco del Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico celebrado la semana pasada, la funcionaria señaló  que las nuevas modalidades de empleo en la economía digital no pueden venir acompañadas por pérdida de derechos laborales y de seguridad social. “El hecho de ir avanzando en términos de tecnología, de nuevas modalidades de empleo, no tiene que venir aparejado de exclusión en la seguridad social, de perder protección, de perder derechos”, apuntó.

En el gobierno parece haber un consenso en la importancia de tener una regulación laboral para aplicaciones como Uber, Rappi, Didi o Beat. Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha un programa piloto que busca incorporar a los 500,000 repartidores y conductores del país al régimen para trabajadores independientes, ha señalado que esta acción no descarta la posibilidad de una reforma.

El debate no es nuevo en México y mucho menos en el mundo, especialistas y organismos internacionales han puesto sobre la mesa la pregunta de si los conductores y repartidores de plataformas digitales son asalariados o trabajadores independientes. La respuesta no es sencilla porque del término depende que esta fuerza laboral tenga derechos laborales.

Las aplicaciones de viajes y entrega de alimentos han crecido con el boom de la economía digital. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en la última década estas plataformas se multiplicaron por cinco y el 50% de las personas que labora en estos sistemas gana menos de 40 pesos por hora y llegan a trabajar hasta 65 horas a la semana.

Sin embargo, desde su creación las plataformas digitales han denominado a estos trabajadores como “socios” o autónomos. Los términos que les han dado a los repartidores y conductores se traducen en un desconocimiento de la relación de trabajo y, por lo tanto, de derechos como salario mínimo, libertad para formar sindicatos, indemnizaciones, vacaciones y seguridad social, entre otros.

“Al derecho laboral le importan los hechos, con independencia de las denominaciones que se utilice y, por esta razón, la calificación del trabajador depende de las características del vínculo entre las partes. El tema no es menor. Ser trabajador asalariado formal implica contar con un régimen de protección laboral y de seguridad social amplio”, expone el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un estudio liderado por Verónica Alaimo, especialista senior de la División de Mercados Laborales del organismo.

El dilema es si las condiciones en las que trabajan los también denominados “jornaleros digitales”, son de asalariados o de autónomos. De acuerdo con el BID, por ejemplo, a pesar de que el repartidor y el conductor tienen un vínculo con el cliente, quien es el que evalúa su trabajo, la plataforma recluta, da de baja, gira instrucciones y le paga al trabajador. “Con esto, se puede concluir que la plataforma es el empleador”.

¿Nueva subordinación?

En una investigación para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), titulada Ocupaciones emergentes en la economía digital y su regulación en México, Graciela Bensusán señala que el primer desafío para regular al sector es distinguir entre las aplicaciones que realmente son de intermediación y las prestadoras de servicios que en la práctica pueden tener una relación de trabajo encubierta.

“El peligro de que las ocupaciones emergentes en la economía digital profundicen la precariedad e informalización de los empleos en la región no puede verse sólo como resultado de la globalización y las transformaciones tecnológicas sino también de decisiones políticas que reforzaron las tendencias adversas del mercado de trabajo. No hay duda de que la tecnología ha sido puesta al servicio del interés por eludir las responsabilidades del empleador y reducir los costos laborales”, expone la investigadora.

Las condiciones de repartidores y conductores, incluyendo el precio del servicio, explica, se determinan en algunos casos unilateralmente por las plataformas; reciben órdenes sobre cómo realizar el trabajo, pueden ser fácilmente desconectados por una mala evaluación y están inscritos en una estructura organizativa empresarial. En este tenor, se configuran los poderes de dirección, control y disciplina, criterios propios de la subordinación, pero sin que se les reconozca el carácter de trabajadores.

En el estudio, Trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina, la Cepal coincide también en que las plataformas digitales de viajes y entregas “tienen claras características de subordinación” porque las tareas se ejecutan siguiendo un protocolo y cumpliendo órdenes de un empleador.

La Comisión destaca que la regulación de las plataformas es importante debido a que en términos generales la calidad del empleo por esta vía no es buena y existe un desequilibrio de poder entre la plataforma y el trabajador. “En general esta modalidad de trabajo se caracteriza por un elevado incumplimiento de los criterios del trabajo decente: presenta inestabilidad de trabajo e ingresos, una significativa proporción de tiempo no remunerado, largas jornadas de trabajo y la ausencia de protección sociolaboral”, apunta.

Frente al crecimiento de la industria y los reclamos sociales, la OIT hizo un llamado a dialogar sobre políticas y acciones más coherentes en favor del trabajo decente en el sector.

A nivel global, países como Reino UnidoEspaña y Holanda han regulado en los últimos meses esta modalidad de trabajo gracias a una decisión judicial que reconoció el vínculo laboral entre ambas partes. México parece estar en la antesala de una regulación, ¿cuál será la mejor alternativa?

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Fortalecer el nuevo sindicalismo, próximo desafío para el Congreso de la Unión

En los próximos tres años, la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados impulsará el fortalecimiento del sindicalismo, sostiene Manuel Baldenebro Arredondo, reelegido como presidente de ese órgano. Será casi natural, dice, con la presencia de la abogada y activista Susana Prieto Terrazas, ahora su compañera de bancada, quien “se atrevió a meterse a la cloaca” de las maquilas del norte.

A diferencia de la legislatura pasada, la LXIV, en la que las reformas en materia de trabajo más importantes llegaron como iniciativa del Ejecutivo federal, en ésta “creo que no será así, no creo que envíen propuestas. Más bien habrá que seguir en la implementación de la reforma laboral”, dice en entrevista.

La LXV Legislatura es la primera para la que se permitieron reelecciones. En la anterior, Baldenebro Arredondo llegó como diputado federal del Partido Encuentro Social (PES), parte de la alianza Juntos Haremos Historia, con Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM).

Ahora llega por Morena, igual que Susana Prieto. El cirujano, expresidente municipal de San Luís Rio Colorado, Sonora, candidato a la gubernatura de su estado, exmiembro del PRI, disputa actualmente el reconocimiento como secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Es nuevamente presidente de la Comisión del Trabajo, aunque parecía que esta vez Susana Terrazas ocuparía el cargo. Y de hecho, ella impugnó esa decisión.

Al final, “se puso a votación (ante el pleno del grupo parlamentario) y adelante, nos respaldaron también por la experiencia”. Pero la abogada del movimiento obrero en Matamoros, Tamaulipas, quien fue encarcelada por su activismo, “se sumó, hablamos de unidad, me felicitó y trabajaremos juntos”, cuenta.

“El campo de trabajo de ella y donde yo me desenvuelvo son diferentes. Yo ando cerca de sindicatos nacionales, no de las grandes confederaciones. Y ella está muy cerca de los trabajadores de la maquila, un sector con una larga lucha obrera”, pero que hasta ahora se miraba más como local. Será interesante la combinación, prevé.

Autonomía sindical en la mira

En la anterior legislatura, “los cambios legislativos fueron muchos”: con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Congreso culminó la reforma laboral que inició en 2017 en la Constitución, modificó el concepto de subcontratación y puso nuevas reglas para ejercerlo, reguló el teletrabajo, disminuyó el número de semanas cotizadas para acceder a una pensión y reconoció los derechos de las trabajadoras del hogar, por mencionar algunos.

“Ahora no serán cambios significativos. Tenemos que buscar la forma de que la reforma laboral marche bien, porque cuando se planeó, todo el mundo dijo que era para democratizar la vida sindical, abrir paso a los sindicatos independientes y darle poder al trabajador. Pero la corrupción no se ha acabado”, apunta.

Desde la Comisión del Trabajo “vamos a buscar sancionar esos liderazgos corruptos”, advierte. Y esta vez entrarán más de fondo al sindicalismo en el gobierno, pues “quedaron pendientes modificaciones al Apartado B” del artículo 123 de la Constitución, el cual se refiere a las personas que laboran para el Estado.

La mira de este órgano legislativo estará en la autonomía sindical, insiste. Con la reforma laboral ya en marcha, a punto de iniciar la segunda etapa de tres, “estamos en un periodo de prueba. Vamos caminando bien”, pero es la primera vez que el voto libre, personal y secreto se ejerce en la gran parte de los sindicatos. Es casi como un ensayo, dice.

“Algo que nos sigue causando ruido en la ley es la impartición de justicia y debemos satisfacer necesidad. Escuchamos que ahora la democracia sindical es directa, pero en los hechos el que los trabajadores sigan levantando la mano, quejándose o denunciando se convierte en motivo de persecución”.

El viejo régimen, apunta, sigue presente. Lo importante ahora es evitar “que vuelvan esos liderazgos con sus mañas de siempre”, erradicar la corrupción en las juntas de conciliación que aún funcionan y evitar que ese problema se contagie a los centros de conciliación.

Esa visión, considera, es compartida con Susana Prieto. “Ella ha sido incluso satanizada por defender a trabajadores que eran explotados. Y a mí, dentro los sindicatos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no son los más limpios ni democráticos, me siguen persiguiendo porque apoyé a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Pero ahora se dicen morenistas”.

A la comisión regresa también la diputada Margarita García García, del PT. “En suma, habrá mucha experiencia y bueno, en el ADN del PT está la defensa de los trabajadores”.

En la legislatura pasada, en los parlamentos abiertos, “escuchamos a laboristas de sindicatos y de empresas y a académicos que, mis respetos, pero planteaban una utopía que un país como éste no podía encajar. Combinar ahora todos estos esfuerzos resultará en algo de provecho por el bien de los trabajadores”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Comienza segunda etapa de la reforma laboral

El Senado de la República declaró el inicio de la segunda etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, que entra en vigor a partir del 3 de noviembre de 2021, y lo remitió al Diario Oficial de la Federación para que sea publicado.

A propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, formuló esa declaratoria de la reforma laboral de febrero de 2017, por la que desaparecen la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales, mientras la resolución de los conflictos obrero patronales queda en manos del Poder Judicial.

Por otra parte, a partir del próximo 3 de noviembre el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) arrancará el Registro Público Nacional de los Sindicatos para transparentar “toda la actuación” de las organizaciones, uno de los retos más importantes del nuevo modelo de justicia laboral de la reforma en la materia desde 2019.

Durante la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de ese organismo, su director, Alfredo Domínguez Marrufo, explicó que el registro operará bajo los principios de máxima transparencia y publicidad para dar acceso a los trabajadores, empleadores y a la ciudadanía en general a “toda la información de contratos colectivos, dirigencias sindicales, reglamentos interiores de trabajo, entre otros documentos”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Reforma sobre subcontratación, en aplicación y vigilancia: STPS

La reforma en materia de subcontratación a la Ley Federal del Trabajo es un cambio de paradigmas, una transformación de los modus operandi de las empresas en sus relaciones laborales con sus trabajadores y en la forma de vincularse con otras empresas, señaló el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez.

Manifestó que, al ser una reforma laboral estructural, obliga a cambiar prácticas abusivas muy arraigadas en el mercado laboral nacional, ya que tener una plantilla de trabajadores tercerizada hoy es ilegal y no es aceptable que algunos despachos de abogados, asesores de empresas, sigan buscando estrategias para vulnerar el marco legal y no para cumplirlo.

Al concluir los plazos transitorios de la ley y comenzar su operación, Salafranca Vázquez destacó que la reforma modificó la forma de operar de las empresas, ya que obligó a los patrones a reconocer a sus trabajadores, a no subcontratar personal para realizar las tareas de su objeto social y de su actividad económica preponderante, y únicamente subcontratar servicios u obras especializadas con empresas productivas con registro ante la Secretaría del Trabajo (REPSE).

“Estamos ya en la fase de aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley”, agregó, al tiempo que felicitó a los miles de empresarios que hicieron el reconocimiento efectivo de sus plantillas y que sumaron 2.7 millones de trabajadores, que hoy gozarán de todos sus derechos, incluido un reparto de utilidades más justo.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

No hubo prórroga: La reforma contra el outsourcing entra en vigor

La reforma contra de la subcontratación laboral u “outsourcing” entró en vigor este miércoles como una promesa de justicia laboral del gobierno a pesar del reclamo de cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos.

Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12% su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el REPSE (Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas)”, avisó la secretaria en sus redes esta semana.

La reforma ‘antineoliberal’ del outsourcing

El gobierno promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el “outsourcing”, que considera herencia del “periodo neoliberal”.

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.

Aunque de la modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador la tachó de “abusiva” y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6,000 empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.

Además, el “outsourcing” le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibir 773 millones de pesos al año, aseveró este lunes su director, Zoé Robledo.

Choque con los empresarios

La medida del gobierno despertó choques iniciales con los empresarios, quienes en un inicio alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleos en un momento en el que la crisis de Covid-19 había desaparecido más de 1 millón de puestos formales.

Algunas cámaras empresariales llegaron a un acuerdo con el gobierno en abril pasado y el Congreso concedió una prórroga para la entrada en vigor de la reforma al outsourcing de un mes para la fecha límite original, el 1 de agosto.

Pero ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que 56% de las compañías no han podido registrarse en el REPSE, por lo que denunció que la prórroga es insuficiente.

“Implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal”, sostuvo en un comunicado.

Pese a las críticas, la secretaria del Trabajo ha defendido que “antes de lo pronosticado, México ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia”.

Mientras que el Banco de México (Banxico) elevó el martes su pronóstico de creación de empleos formales para 2021 a un rango de 640,000 a 840,000 nuevos puestos registrados en el IMSS, frente a una proyección anterior de 370,000 a 570,000.

Incluso, el BBVA compartió un análisis en el que aseveró que la “eliminación del ‘outsourcing’ permite recuperar y superar niveles de empleo permanente previos a la pandemia”.

“El salario nominal tuvo un crecimiento 7.5% año contra año y 0.5% mes contra mes (en julio), por lo tanto, los ajustes derivados por la eliminación del ‘outsourcing’ hasta el momento no han tenido impacto negativo a nivel salarial en términos agregados”, aseguró.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN

Sin prorrogas, la reforma en materia de subcontratación inicia mañana

La reforma en materia de subcontratación avanza con una manifiesta voluntad empresarial de cumplir con la nueva normatividad y terminar con esquemas abusivos para evadir responsabilidades laborales y con ello afectar a los trabajadores, consideró la titular del Trabajo y Previsión SocialLuisa María Alcalde Luján.

No habrá prórroga, dijo en víspera de la entrada en vigor de esta reforma, este 1 de septiembre. Aclaró que la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para establecer nuevas ampliaciones de plazos. “No tiene facultades la Secretaría del Trabajo para prorrogar y no sabemos que el Congreso tenga intención de ampliar el plazo”, precisó.

Pero ello no significa que el Registro de Empresas y Servicios Especializados (REPSE), cierre. Se mantendrá abierto. “Y si alguien no logró hacer el trámite, lo podrá realizar más adelante”.

Al participar conjuntamente con el subsecretario del Empleo de la dependencia, Marath Bolaños López, en un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio de Australia y Nueva ZelandaAlcalde Luján, se refirió a la construcción de la política laboral en la actual administración y abordó el tema de la subcontratación.

Les comentó que en tres años ya se construyó una política laboral de equidad y justicia que eliminó los abusos del pasado. Destacó cuatro ejes de la nueva política en materia de trabajo, en la que destaca el fortalecimiento del salario mínimo.

Se trata de un trabajo en conjunto: gobiernoempresarios trabajadores, que no se había hecho en los últimos 40 años para revertir la caída del salario mínimo y lograr un aumento de 51%.

“La idea es continuar con estos incrementos hasta lograr la meta en que cada familia pueda tener lo mínimo indispensable para el trabajador y un dependiente económico con este salario”, precisó Alcalde Luján.

De la reforma laboral, comentó que permite la implementación de un modelo de libertad sindical, negociación colectiva auténtica y un nuevo modelo de justicia, que resuelve en 45 días sí se concilia y 6 meses sí llegan a los tribunales laborales, los conflictos entre trabajadores y empleadores. Antes era un proceso de 4 a 6 años en promedio.

Hay además, un empuje en materia de libertad sindical, donde sea la decisión de los trabajadores la que elija a sus liderazgos a través de votaciones, en contextos de no represión y garantías de libertad.

Y como tercer eje, la reforma en materia de subcontratación.

Se refirió también al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es prioritario del actual gobierno, para atender a la juventud e impulsarla a desarrollar nuevas habilidades y competencias que faciliten su integración al mercado laboral.

Explicó a los integrantes de la Cámara de Comercio de Australia Nueva Zelanda que se trata de incluir a los jóvenes para que colaboren con el sector productivo, con las empresas del país, para que adquieran experiencia de la mano de tutores y empresarios que los acogen y forman.

Y a la vez, se benefician de su propio talento, energía y ganas y los invitó a formar parte de este programa.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

SHCP: 2.6 millones de trabajadores ya libraron ‘outsourcing’

En meses recientes más de la mitad de los trabajadores que se encontraban bajo el esquema de outsourcing han sido contratados directamente por las empresas para las que en realidad prestaban sus servicios, en movimientos que significaron un incremento promedio de 12 por ciento en sus salarios, informó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda.

Hasta antes que fuera aprobada una reforma legal que impide a las empresas subcontratar trabajadores para evadir obligaciones laborales y fiscales trabajaban bajo ese esquema poco más de cinco millones de personas, de los que a la fecha 2.6 millones ya fueron contratados directamente por las empresas, mencionó.

En entrevista con La Jornada, el funcionario advirtió que si las autoridades descubren que las firmas incurren en malas prácticas para evadir el pago de prestaciones sociales e impuestos o no reconocen sus relaciones laborales al pagar los tributos correspondientes, “ya valieron queso”.

En septiembre vence el plazo para que sean aplicados en su totalidad por las empresas los cambios legales que prohíben la subcontratación. En ese contexto, el procurador fiscal destacó que se trata de “una reforma estructural en beneficio completamente de los trabajadores, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Infonavit y del fisco”.

El funcionario subrayó que el primer beneficio es que 2 millones 660 mil trabajadores ya han migrado de la tercerización a ser contratados por empresas de servicios especializados.

“¿Qué beneficios tiene el trabajador? Que ya están cotizando con su salario real. El segundo beneficio es que están cotizando al IMSS y al Infonavit como debe ser: entregando las cuotas respectivas.”

Agregó que ello “da lugar a retenciones adecuadas de impuestos sobre la renta y esto va a dar lugar en el futuro a que tengan derecho a la participación de las utilidades de la empresa (PTU)”.

Mayores percepciones

Datos del IMSS señalan que en promedio, las percepciones salariales de los trabajadores que migraron del esquema de subcontratación pasó de 471.9 a 528.2 pesos. Se trata de un aumento en la masa de salarios pagados, que tendrá un efecto en la capacidad de compra de las familias de los trabajadores que dejaron este esquema de contratación y con efecto en la economía, por el aumento en el consumo de los hogares.

Más de 1.3 millones de trabajadores obtuvieron un incremento salarial mayor o igual a 10 por ciento, mientras que 700 mil vieron un aumento salarial menor a 10 por ciento de su salario base de cotización.

Información oficial indica que 23 por ciento de los trabajadores que migraron del outsourcing fueron contratados con un salario inferior.

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech) ha subrayado que existe el riesgo de que el resto de los trabajadores sea recontratado sin seguridad social, pues los negocios recurrirán a prácticas como pagar en efectivo, honorarios u otros esquemas que no contemplen seguro social y pago de impuestos.

Romero Aranda comentó que con la reforma “grosso modo se estaría terminando” con todas las malas prácticas de subcontratación. “Todavía hay malosos que están queriendo seguir vendiendo esos esquemas, pero ya es mucho riesgo, es como quien juega una ruleta rusa”, dijo.

El procurador fiscal advirtió que si las empresas violan la ley, corren el riesgo de que no sean deducibles sus comprobantes, que no sea acreditable el IVA, que la autoridad determine las cuotas obrero patronales omitidas. “Y no sólo eso, que puedas ubicarte en un delito de defraudación fiscal y que además cárcel hasta por 13 años. ¡Pues que se animen!”

Comentó que si las autoridades hacen revisiones laborales a las empresas, se encontrarán que existen relaciones laborales con los trabajadores, por lo que no podrán recurrir al pago de honorarios u otras prácticas para evadir las nuevas disposiciones en materia laboral.

“Si es el único patrón, hay una relación de supra-subordinación, un recibo que se da al mes, pues es obvio que no son honorarios, son salarios.”

Comentó que las empresas pueden hacer lo que quieran, “pero si es ilegal, la autoridad te puede descubrir y si te descubre ¡valiste queso! Al final de cuentas puedes no pagar impuestos, puedes estar en esa perspectiva, pero si te cacha la autoridad te lleva la fregada y es jugarle a la ruleta rusa”.

El IMSS ha identificado que siete de cada 10 trabajadores que ya migraron del outsourcing, permanecen en la misma actividad económica, mientras el resto pasó de servicios a los ramos de transformación, construcción y comercio.

Estimaciones de la Amech señalan que sólo 3 millones de los casi 5 millones de trabajadores serán contratados directamente por las empresas.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA