Sindicato de VW votará convenio de revisión contractual

El próximo 5 de agosto el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) someterá a votación, ante aproximadamente 8,000 trabajadores técnicos, el convenio de revisión contractual 2022, en donde requiere de 50%+1 para dar por admitidos los acuerdos tomados el 20 de julio pasado con la empresa.

Este proceso forma parte de la nueva dinámica a la que obliga la reforma laboral, en donde todos los trabajadores deben estar de acuerdo con las negociaciones que realizan los dirigentes de cualquier sindicato, de lo contrario se viene abajo todo el acuerdo.

Al respecto, el especialista laboral Óscar de la Vega, explicó que el Sindicato de Volkswagen se denomina como independiente y democrático, lo que significa que tienen acercamiento con la base de trabajadores y “no debería haber ningún problema porque la negociación vaya adelante”.

En caso de que la mayoría de los trabajadores vote a favor del acuerdo, éste entrará en vigor el 18 de agosto a las 11:00 horas; en caso contrario se deben establecer mesas de conciliación o llevar adelante el estallamiento de huelga.

El acuerdo del Sindicato con la empresa fue por un aumento directo al salario de 9% y 2% en prestaciones, considerado como uno de los mejores incrementos en el sector automotriz.

En ese sentido, De la Vega, explicó que «ya quedaron atrás los tiempos en el que el líder sindical era el que tenía la última palabra para decidir el futuro del contrato colectivo de trabajo”.

Recordó que en este caso, los trabajadores deben emitir su voto de manera libre, secreta y directa para dar a conocer su postura respecto a la negociación contractual; en caso de que digan que no, en donde la mayoría no esté de acuerdo, entonces el convenio no tendrá ninguna validez.

Durante 2021 el acuerdo de incremento que obtuvo el Sindicato de Volkswagen fue de 5.5% directo al salario y de 1% en prestaciones.

En lo que va del año, se han resuelto 1,402 revisiones salariales que han involucrado a 692,416 trabajadores, quienes han tenido un crecimiento salarial promedio de 6.8% en términos nominales y un decremento en términos reales de 0.7 por ciento.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

México cumple con el T-MEC, mientras avanza en el Capítulo Laboral: STPS

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, manifestó que a dos años de la puesta en vigor del T-MEC, comentó que hay avances en el Capítulo Laboral.

En materia de salarios, reconoció que “todavía estamos lejos de reducir la brecha salarial con los países del norte; pero avanzamos en que nos convirtamos en una región económicamente fuerte, pero también protegida”.

En su participación en el Panel de discusión: El futuro del T-MEC, logros, retos y prospectivas a dos años de su entrada en vigor”, que tuvo lugar en la Secretaría de Economía, dijo además:

En cuanto a las controversias, recordemos que cuando se ratificó en su protocolo de modificación se incorporó el famoso Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.

“Y mucho se especuló de que se iba a venir una avalancha de casos contra México. Y que iba incluso a mal utilizarse”.

“Pero lo cierto es que a la fecha no se han impuesto sanciones comerciales a ninguna empresa y ni siquiera hemos llegado a la instalación de un panel de arbitraje”, presumió.

“Esto es gracias a que desde las secretarías de Economía y del Trabajo hemos cerrado filas para darle la máxima prioridad al cumplimiento de los compromisos laborales del T-MEC. Hemos asumido una posición proactiva y preventiva”.

“A su vez empresas y sindicatos, cada vez son más conscientes de que las reglas han cambiado en el país y como hacer auto diagnósticos que permitan el cumplimiento en esta materia”.

En cuanto a las quejas, recordó que el primero fue de la empresa General Motors, Silao.

“Allí una representación sindical nueva ganó con el 78% de aprobación y logró la negociación colectiva para un contrato colectivo con un aumento salarial histórico de 8.5%”.

El segundo caso fue Tridonex en Matamoros. “Para el gobierno de México fue importante sentar el precedente de respeto al principio del Derecho Internacional De la no Retroactividad, dado que las violaciones que alegaban fueron previas a la entrada en vigor del T-MEC.

Sin embargo, la autoridad laboral al margen del mecanismo laboral y por su obligación legal, garantizó un recuento que se celebró bajo condiciones de certidumbre y de libertad.

“Y el recuento resultó en que el 86% de los trabajadores votaron y decidieron por cambiar de representación sindical”, señaló.

Y en cuanto a la tercera queja presentada, la de Panasonic, Reynosa, dijo:

“Estamos a punto de que concluya el plazo de 45 días de revisión”. Y adelantó: “El nuevo sindicato que ganó la constancia de representatividad ya logró un acuerdo con la empresa y logró negociar un contrato colectivo con incrementos salariales de 9.5%”.

Afirmó que estos casos dan cuenta de que una representación auténtica y democrática de los trabajadores se traduce de manera inmediata en una negociación colectiva efectiva y un resultado concreto son los aumentos salariales históricos que se han consiguido”.

Y para concluir y en aras también de máximos históricos, comentó: “Vivimos hoy en el país este año de empleo formal de 21 millones de las y los trabajadores. Y también el máximo histórico de salario promedio con 14 mil 414 pesos mensuales”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Falta de transparencia sindical lleva a trabajadores a terminar con sus contratos colectivos

La falta de transparencia para la rendición de cuentas de las organizaciones sindicales se ha convertido en una de las razones que ha llevado a los trabajadores a conformar sindicatos independientes y emprender el camino para terminar con el contrato colectivo de trabajo vigente, que permite la legitimación, dentro de la reforma laboral y el capítulo 23 del T-MEC.

De acuerdo con datos del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, 2,113 sindicatos con registro federal adecuaron sus estatutos, en donde se incluye la rendición de cuentas, equivalente a 95.65% de avance; mientras que a nivel local sólo 5,051 han realizado estos cambios, lo que representa 48.71% de avance.

La próxima semana se realizará la legitimación de contrato colectivo en la empresa Saint Gobain, y cuya campaña central del Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Democráticos y Libres se basa en el compromiso de transparentar las cuentas sindicales.

“No sólo se trata de las cuotas que se descuentan a los trabajadores; si no cómo se utilizan los fondos que se recaudan para atender casos como el fallecimiento de algún compañero o familiar, nunca se sabe cuál es el ingresos se tienen tan sólo en este rubro”, dijo Joaquín Guzmán Ángeles, secretario general del Sindicato.

La propuesta sindical, busca romper con 24 años de representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la Confederaciones de Trabajadores y Campesinos (CTC); “quienes además de no rendir cuentas, acaban de presentar un contrato colectivo, el cual están entregando a los trabajadores, que atenta con los derechos laborales; eso vuelve importante votar por el “no” el próximo 5 de julio”, dijo el asesor sindical Gerardo Servín en conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario general, Joaquín Guzmán, comentó que hay ejemplos claros de que la reforma laboral ha contribuido a democratizar los contratos colectivos de trabajo, con la representación real de los trabajadores, expuso que realizarán una campaña intensa de información para que los más de 2,000 trabajadores vayan por un contrato real.

“No conocemos el contrato, a penas están entregando uno nuevo; pero muchos compañeros se han acercado a preguntar qué pasa en caso de no votar por que permanezca; como se sabe, podemos emprender un camino para buscar la firma de uno nuevo, en donde realmente haya beneficio para los trabajadores”, apuntó.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

SNTE llevará elecciones seccionales con voto directo

La reforma laboral de 2019 no sólo cambió el modelo de elección y representación sindical en el sector privado; también se incluyó al sector público (Apartado B), en donde sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deberán realizar todo su proceso electoral con voto libre, secreto y directo en las 57 secciones del país, para luego dar paso a la elección del Comité Ejecutivo Nacional en donde participarán 2.3 millones de maestros.

Considerado como el mayor reto en un proceso de renovación sindical, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales, platicó con El Economista respecto al desarrollo que tendrán las votaciones.

El SNTE fue un poderío político y económico para quienes estuvieron ahí. Con el proceso de cambio por la reforma laboral (el SNTE) también está llegando a un proceso de democratización sindical y se decidió que primero se realizará el proceso de cambio en los Comités Seccionales, los cuales ya iniciaron en 19”, comentó.

En tanto, el próximo 29 de junio se renovará la Sección 4, de Campeche que tiene 30,000 agremiados; la Sección 50 de Nuevo León, que tiene 76,000 afiliados -son más afiliados e incluso que una empresa-, por ello, explicó el Magistrado, cada ejercicio tiene que hacerse de manera muy organizada.

“Ahí es donde el Tribunal revisa la convocatoria, expedida con 15 días de anticipación, se verifica que ésta se publicite, que se dé registró a todos los que quieran participar, que no se excluya a nadie pensando en un principio de igualdad y que el día de la jornada electoral en las asambleas electorales delegacional y selectivas se vote conforme a una a un padrón que previamente ya publicó el Comité Electoral, también se pueden recibir quejas o los reclamos que pudieran presentarse”.

Cabe señalar que el proceso electoral, es similar al que ocurrió en Pemex, en donde primero se cambiaron los Comités, para luego elegir al secretario general; aunque en el caso del SNTE, explica Morales, “aquí se tratará que se ventile, que se genere movilidad al interior del SNTE, porque hay muchas corrientes que se manifiestan y que tengan el Comité Ejecutivo Nacional que tenga la mayoría”.

Destacó que se espera que la primera parte del proceso concluya en los próximos seis meses, aún faltan 38 secciones y “respetando la autonomía sindical, el SNTE debe llamar a un Congreso Nacional para que modifique sus estatutos y posteriormente y se convoque a elecciones, lo que será el segundo semestre del año de 2023, previo a las elecciones presidenciales de 2024”.

Aseguró que se cumplirá en tiempo, a pesar de que hay secciones complicadas donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es muy competitiva, como es el caso de la sección 21 de Oaxaca; la sección séptima de Chiapas y la 12 en la Ciudad de México.

En ese sentido, dijo que ya se perciben tiempos de democracia sindical; “me ha tocado ir a mí a verificar quizá 10 procesos y uno ve el nivel de participación, la autenticidad de la gente que va a votar, el equilibrio que se da entre las plantillas que compiten, entre ellos tienen sus representantes que vigilan la autenticidad del voto”.

“Por su volumen (el SNTE) es el más complejo, el que más nos toca encauzar, el nivel de participación de plantillas es numeroso, en algunos casos hay seis, en otras cuatro, hay unos en los que sólo son dos; generalmente hay competencia y  discrepancias, hay emoción porque es una elección”, detalló.

Respecto a la votación mediante un sistema electrónico, dijo que se ha pensado para la elección nacional “como el volumen de votantes es tan numeroso, que sería tan costoso hacer la papelería de 2.3 millones de boletas, las casillas, el personal de casillas; sí se está contemplando, pero ya los contendientes tendrán que ponerse de acuerdo en que no vaya a dar motivos de imparcialidad o de duda el sistema de elección”.

Finalmente, destacó que “nosotros esperamos que los trabajadores al Servicio del Estado tengan representaciones más auténticas, que se vaya modificando esa idea de los cacicazgos eternos. El espíritu de la reforma laboral y la democratización sindical que tiene contemplada la cuarta transformación nacional es que haya una legítima representación de los trabajadores”.

CON INFORMACIÓN EL ECONOMISTA

Reforma laboral e inclusión, ¿qué tanto se ha avanzado en los últimos años?

La reforma laboral logró un sentido incluyente y de perspectiva de género “al deshacerse de ese manto protector” del Poder Ejecutivo y pasar la justicia del trabajo al Poder Judicial, pues éste se ha alineado más pronto a las luchas de las mujeres, las personas no binarias, las disidencias sexuales y otras poblaciones vulnerables, dice Alix Trimmer, laboralista feminista.

El nuevo modelo de justicia del trabajo, con centros de conciliación y tribunales laborales, ya se está implementando en 21 estados del país. Y partir del 3 de octubre entrarán en funciones en las 11 entidades restantes, entre ellas, la Ciudad de México.

Para Susana Casado, funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la perspectiva de género en la reforma se encuentra en la obligación de los sindicatos a incluir a mujeres en sus directivas y en que las empresas cuenten con un protocolo de atención a la violencia, acoso y hostigamiento, sostuvo en un foro convocado por la embajada británica.

Definitivamente hay un avance dice, Alix Trimmer. En entrevista, recupera la memoria histórica del derecho laboral en el país y detalla: “Éste surgió en un contexto bélico, que fue la Revolución Mexicana”, y cosas más patriarcales que la guerra hay pocas. Su origen se ubica en un tiempo en el que la sociedad era estructuralmente “más machista”, explica.

El mundo del trabajo estaba identificado principalmente “con el hombre cisgénero, heterosexual” y sin discapacidad. “Y lo que no cupo en esa cajita, simplemente quedó fuera de la protección de la ley”. La palabra cisgénero se refiere a las personas que se sienten identificadas con el género que les fue asignado al nacer.

Desde la segunda década del siglo pasado, cuando surgió el derecho laboral en México y fue algo novedoso en el país y a nivel mundial, poco a poco las poblaciones excluidas han logrado que algunos de sus derechos sean reconocidos.

Pero aunque las normas puedan modificarse, “lo relevante es generar un cambio en las conciencias y, con ello, un cambio social. Ahí es donde deben estar centrados nuestros esfuerzos como profesionistas jurídicos, como activistas”, y del Estado en su conjunto, considera la abogada.

Mujeres en la reforma laboral

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) está compuesto por una buena parte de mujeres, según Susana Casado, directora general de capacitación y Difusión para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS.

El 62% del personal conciliador es mujer y el 43% de las plazas para ejecutar notificaciones, también. En los tribunales laborales federales hay paridad de género. A nivel local, el 56% del personal conciliador y el 47% de titulares de los juzgados son mujeres.

La proporcionalidad de género en las directivas de los sindicatos es otra medida con perspectiva de género y así lo explica la funcionaria: “si una empresa tiene 100 trabajadores y 30% es mujer, en consecuencia, su directiva sindical estará compuesta por esa proporción”.

Pero debido a que los sindicatos determinan cómo distribuyen las carteras, “mayormente las colocan en la comisión de género o en la organización de actividades secundarias. Es uno de los grandes retos, que las mujeres se sitúen en las comisiones de finanzas, de gobierno, en aquellas donde se encuentra el corazón del sindicato”.

Y para frenar la violencia de género en el trabajo las empresas están obligadas “a implementar un protocolo para prevenir discriminaciones, atenderlas y evitar que las personas sean despedidas por embarazo, por su orientación sexual o identidad de género”. Así como para atender casos de acoso y hostigamiento.

En abril pasado, fue aprobado el Plan de acción para incorporar la perspectiva de género en la instrumentación de la reforma laboral, informa.

La cajita se va rompiendo

El derecho del trabajo en este país “es una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana”. Antes “había una cultura de explotación obrera muy arraigada”, con las tiendas de raya y otro tipo de relaciones laborales “completamente inhumanas, con horarios extenuantes”, dice Alix Trimmer.

Así fue como se creó el artículo 123 en la Constitución de 1917. “Ese artículo tiene un enfoque proteccionista hacia la clase trabajadora, porque era la que tenía una desventaja frente a la parte patronal”.

En 1931 se creó la Ley Federal del Trabajo (LFT), su creación estuvo influenciada por Estados Unidos, pero no lo suficiente como para establecer el modelo “at will”, que se traduce como “a voluntad”, dice Alix Tremmer. Es decir, que las personas pueden ser despedidas en cualquier momento sin repercusión para la compañía.

“En México tenemos una noción completamente distinta: el principio de estabilidad en el trabajo. Desde el artículo 123 quedó claro que hay que protegerlo”. Por eso en la LFT se establecieron una serie de causales para dar por terminada la relación laboral.

Fue un gran avance, pero la igualdad de género y la protección a otras poblaciones vulnerables, como las disidencias sexuales, aún no figuraban. “A pesar de lo que ha evolucionado, no ha logrado completamente deshacerse del heteropatriarcado”.

Las normas surgen como resultado de las personas que interpretan la realidad y entienden el contexto social que están viviendo, puntualiza. “En una sociedad que tenía más marcado los roles y estereotipos de género basadas en el binarismo, las mujeres y las personas LGBT quedaban fuera. No hemos llegado a que incluyan en su lenguaje a las disidencia sexual y personas no binarias. Pero para allá vamos”.

Uno de los últimos grandes avances, celebra, es el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso. “Aunque pareciera que el grupo focalizado son las mujeres, porque somos quienes más padecemos violencia en todos los ámbitos, se incluye a otros grupos: LGBTQI+, indígenas, migrantes, población con discapacidad, que están en este riesgo de sufrir violencia laboral”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Federación va contra corrupción con nueva reforma laboral

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social federal, consideró que la nueva reforma laboral ayudará a combatir «la corrupción, opacidad y lo que llamamos nosotros, el negocio del litigio con coyotes», debido a que habrá autonomía en la conciliación.

Entrevistada por la plataforma MILENIO-MultimediosAlcalde indicó que la reforma acabará con el corporativismo, dado que en tiempos anteriores el gobierno decidía a quién colocaría al frente de un sindicato que buscaba el beneficio propio y no de los trabajadores, sin embargo, ahora es muy fácil, porque se elige al líder sindical.

Además, agregó que desde la Federación, Nuevo León es bien visto porque prioriza la conciliación y evita los conflictos.

Nuevo León fue de los últimos estados que adecuó el tema de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que queden dentro del Poder Judicial, ¿en qué panorama se encuentra el estado?

Estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado, implementando la reforma laboral, que implica un cambio radical en el sistema de justicia, pero también la libertad sindical y su derecho al voto libre y secreto; que puedan, a través de la negociación (obtener) un mejor salario y mejores condiciones laborales.

A partir del 3 de octubre vamos a cerrar las Juntas de Conciliación y van a abrir los centros de conciliación laboral; van a abrir las puertas nuevas en los centros de conciliación y los tribunales. En el pasado, los juicios eran eternos y estaban secuestrados por mucha corrupción, opacidad y lo que llamamos nosotros el negocio del litigio con coyotes; en fin, una serie de trabas que no garantizaban justicia, ni para trabajadores ni empleadores, y lo que queríamos es que ese modelo se acabe.

En los 21 estados donde ya se aplican estos nuevos modelos se están resolviendo el 70 por ciento de los asuntos a través de la conciliación en menos de 45 días.

Estamos reduciendo de seis años a máximo seis meses en lo que te vas a un juicio en el Poder judicial, pero si no, en mes y medio ya tienes solución. Este es un modelo que evita corrupción, opacidad, poca transparencia y se quita esta situación que no tienen otras materias, donde el Ejecutivo era el que dictaba la justicia y no un poder independiente.

¿Qué se requiere para legitimizar los contratos colectivos?

Acabar con los tratos de protección. Son muchos contratos que se firmaron entre sindicatos y empresas para considerar a los trabajadores. Lo más cotidiano: cuando tú llegabas a trabajar a la empresa, tú ya pertenecías de manera automática a un sindicato, lo hubieses elegido o no. Tenías que pertenecer de manera obligada y hoy tenemos derecho a decidir.

La legitimación es una votación y se le pregunta al trabajador si está de acuerdo o no, y la mayoría responde que sí y se tiene por concluido el contrato, y hay organizaciones en Nuevo León que han ido avanzando y miles de trabajadores que han sido consultados en el país. En un año, los contratos que queden es por los sindicatos y los que vamos a eliminar son aquellos sindicatos que no representan a nadie.

¿Qué sucederá si una empresa no llega a un consenso con sus empleados?

El modelo apuesta por la negociación. Los contratos colectivos tienen que revisarse cada año y de manera integral todas las cláusulas, y en el resto del mundo se ponen de acuerdo; vamos dialogando para conseguir mejores niveles de productividad y la apuesta es que se pongan de acuerdo.

¿Qué ocurrirá si no se tiene legitimado algún contrato?

Todos los contratos colectivos que, vencido el plazo, todos esos se dan por concluidos, y es una obligación producto de la reforma laboral  e internacional, protegiendo todos los derechos a través de la consecuencia con este mecanismo de democracia directa por parte de los trabajadores.

El hecho de que se establezca la democracia sindical como la vía para la aprobación de las principales decisiones de un sindicato, que tiene que ver con el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, ¿considera que se previene la discriminación?

Venimos de tiempo de corporativismo, donde el gobierno decidía: “éste va a ser o éste no”, lo que menos se consideraba era la voluntad de los trabajadores. Hoy hay estas herramientas de democracia, así cuando nos toca decidir a nuestro legislador o gobernador, es acudir a las urnas siempre. Todavía sigue habiendo una parte de desprestigio inherente a las organizaciones sindicales, y hoy tienen la posibilidad de regresar al origen, porque vale la pena tener una organización sindical.

El objetivo final es que tengamos mejores salarios en el país, hay otros con salarios más bajos.

¿Cómo ven a Nuevo León desde la Federación en términos laborales?

Lo bueno es que tienen mucha cultura de la conciliación, que lejos de la confrontación se mantendrá siempre el llegar a un acuerdo, proteger la industria, pero también defender a los trabajadores. Las autoridades han venido trabajando y se han recibido recursos desde la Federación que han venido apoyando para poder resolver.

¿Qué noticias podrían llegar eventualmente a Nuevo León en materia laboral?

Vamos muy bien en Nuevo León, en términos de recuperación de empleos, muy bien, y es la entidad federativa que más ha recuperado empleos, no solo los de la pandemia. Se ve la actividad económica que va avanzando, y (estamos) contentos con los resultados de haber acabado con la simulación y el abuso de subcontratación en el estado.

No nada más es traer inversión, sino también que se logre distribuirse mejor entre todos los que laboramos, y la apuesta es que todos se vean beneficiados.

¿Qué pasa cuando alguna empresa tiene problemas para pagar las utilidades?, ¿qué puede hacer un empleado en caso de que no lleguen dentro del plazo que marca la ley?

Hay que utilizar el mecanismo de la denuncia y siempre es la más efectiva, podemos dejar aquí esto, pero la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo está en orden. Siempre hay que estar muy presentes y si éstos no defienden sus derechos, las autoridades difícilmente podrán investigar y también orientar a las empresas para el cumplimiento de sus responsabilidades.

¿Qué pasará cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las locales, cierren?, ¿habrá prórrogas para casos abiertos?

Tendrán que hacerse cargo de todos los trámites y juicios que tienen pendientes, y cuando cierren las juntas, ahí inicia todo un proceso para hacerse con muchas estrategias. El nuevo modelo inicia con carga cero y todo el nuevo conflicto entra por primera vez a los centros de conciliación, unas para lo nuevo y las demás tendrán que resolver.

Hay casos de 10 o 15 años que no se han podido resolver y ése es otro de los retos, y se pone en la agenda nacional la justicia laboral para proteger a empresas.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Presupuesto para conciliación laboral crecerá 18%, ¿a qué se debe el aumento?

El gobierno federal contempla para el próximo año asignarle al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) una bolsa de 709.8 millones de pesos, lo que implica una partida superior en 132.7 millones a la aprobada para este año, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2023 presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este incremento en los recursos del CFCRL, que se traducen en un aumento de 18% en términos reales, es el crecimiento más alto al interior del ramo de trabajo de la Administración Pública Federal frente a otros programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), procuración de justicia laboral y el subsidio al que pueden acceder las entidades para implementar la reforma laboral de 2019.

“Las nuevas modificaciones al marco legal del mercado laboral representan un cambio de paradigma, ya que establecen que la competitividad persiste con el mejoramiento de las condiciones laborales, esto se verifica en el sólido dinamismo del mercado laboral de México, pese a las disrupciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19”, se destaca en el documento enviado a la Cámara de Diputados.

En conversación con El Economista, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del CFCRL, explica que los recursos previstos para el 2023 responden a la implementación del nuevo modelo laboral en 12 entidades en este año y al fortalecimiento del Centro Laboral para la verificación de procesos de la legitimación de contratos colectivos o la elección de dirigencias sindicales.

“Es fundamentalmente para estar en la mejor capacidad para atender la verificación de los procedimientos de democracia sindical. Por una parte, que tengamos más personal en labores de verificación en procesos como lo son las elecciones de dirigentes sindicales, las consultas para la aprobación de los nuevos contratos colectivos o de los convenios de negociación”, señala.

Este año concluye la implementación de la reforma laboral de 2019 con la apertura de oficinas del CFCRL, centros de conciliación locales, tribunales federales y locales en Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Nayarit. La puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en esos estados es otro de los motivos por el cual se prevé un aumento en los recursos.

“Cuando abres una nueva institución, evidentemente la demanda de trámites no llega en los primeros días e incluso en los primeros meses. Por hacer una comparación con lo que pasó en la primera y segunda etapa de implementación de la reforma, cuando nosotros iniciamos el 18 de noviembre de 2020 en plena pandemia, la demanda de trámites se incrementó de manera paulatina, aproximadamente en agosto del año pasado ya empezamos a tener una demanda mucho más estable”, expone Domínguez Marrufo.

El crecimiento paulatino en la demanda de trabajo en el CFCRL también se observó cuando asumió sus tareas registrales. “El año pasado iniciamos con el registro nacional de todos los contratos colectivos y sindicatos, pero no fue de inmediato que llegaron los sindicatos tratando de hacer sus renovaciones de dirigencia, modificaciones de estatutos o las revisiones salariales, se ha ido incrementando de manera paulatina. Cada mes que pasa tenemos incrementos, derivado de que los actores del mundo laboral todavía no conocen el nuevo modelo y siempre hay un proceso de curva de aprendizaje y familiarizarse con los trámites digitales”.

Debido al crecimiento en la demanda de trabajo por las funciones registrales y su papel de “árbitro” en los procesos de democracia sindical y negociación colectiva, el CFRCL está solicitando el crecimiento en sus recursos, señala el funcionario federal.

El presupuesto de la reforma

Para este año, el presupuesto destinado para la implementación de la reforma laboral tuvo un incremento de 131%, con una bolsa total de 5,478 millones de pesos entre los recursos asignados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para concluir con la última fase de implementación.

En suma, el nuevo modelo laboral ha tenido una inversión cercana a los 10,000 millones de pesos en los tres años que llevan en marcha las nuevas autoridades laborales, sus recursos superan los presupuestos anuales de la Cámara de Senadores o de la Secretaría de Economía.

Además de los recursos asignados por el gobierno federal, Estados Unidos ha destinado poco más de 300 millones de dólares para la aplicación de la reforma laboral en nuestro país, recursos se han usado para temas de capacitación y asesoría, pero que no han sido ejercidos por las autoridades mexicanas.

“Como resultado de las negociaciones del T-MEC, la reforma laboral de 2019 estableció un nuevo modelo de justicia laboral que incluye la creación de Centros de Conciliación y Registro Laboral, los cuales han disminuido el tiempo de resolución de conflictos laborales de cuatro años a seis meses y dan lugar a resoluciones expeditas e imparciales, disminuyendo los costos de transacción por deliberación para patrones y trabajadores”, se resalta en los Precriterios Generales de Política Económica 2023.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Prorroga Senado 5 meses la tercera etapa de la reforma laboral

Por unanimidad, el Senado aprobó ayer la minuta para prorrogar cinco meses la entrada en vigor de la tercera etapa de la reforma laboral en materia de impartición de justicia, ordenamiento por el que desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la solución de los conflictos obrero patronales pasa al Poder Judicial.

La minuta se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación, luego de un debate en el que el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, precisó que esa prórroga, solicitada por 11 estados, es necesaria, a fin de que todos los centros de conciliación locales y los tribunales de los poderes judiciales de esas entidades inicien actividades en forma simultánea el próximo 3 de octubre.

De acuerdo con la reforma laboral promulgada el 1º de mayo de 2019, esta tercera y última etapa debía concluir el 2 de mayo de 2022, pero se consideró que los días que faltan para ello no son suficientes porque “no existen en todas la entidades las condiciones financieras idóneas para iniciar simultáneamente con las autoridades federales”.

En tribuna, el senador Gómez Urrutia insistió en que la ampliación es necesaria a fin de que “los centros de conciliación y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas lleven a cabo sus labores de manera correcta, y así garantizar que los mexicanos tengan acceso a una justicia laboral expedita y se respeten sus derechos plenamente”.

Recordó que los juicios que se llevaban a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales “se caracterizaron por burocracia excesiva, acompañada de actos de ineficiencia y corrupción que terminaban por retrasar la impartición de justicia y violentaban los derechos de la clase trabajadora”.

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, llamó varias veces al orden, ya que había demasiado ruido en el salón del pleno. Pese a ello, el dirigente nacional del sindicato minero se pudo hacer escuchar y resaltó que esta reforma laboral corrigió la que Felipe Calderón remitió al Congreso “de manera cobarde a escasos días de que culminara su sexenio”.

Ejemplo de ello, aseguró, es que los centros de conciliación locales que empezaron a operar en las entidades que conforman la primera etapa de aplicación han admitido más de 93 mil solicitudes de conciliación, de las cuales han concluido con 83.7 por ciento.

“Lo anterior es prueba de la eficacia de conciliación que incorpora la reforma laboral que aprobamos. Además, en materia colectiva se han admitido 738 solicitudes, de las cuales 711 ya se concluyeron, lo que representa 96.3 por ciento del total. Ello es la prueba más notable de que los tribunales y jueces de lo laboral pueden hacer más expedita la impartición de la justicia, incluso con juicios orales”.

Las entidades que solicitaron la prórroga son la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Reforma laboral en México avanza, pero necesita trabajo «tremendo»: Julie Su

La subsecretaria de Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, elogió a México por el progreso en la implementación de una reforma laboral que es clave para un nuevo acuerdo comercial regional, pero señaló una «tremenda» cantidad de trabajo por delante y la necesidad de financiamiento y personal para implementar la ley.

La reforma, promulgada en 2019, es la base del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, T-MEC, que entró en vigor hace dos años, y busca resolver más rápidamente los conflictos laborales y ayudar a los trabajadores mexicanos a conseguir mejores salarios tras años de estancamiento.

«La cantidad de trabajo que hay que hacer es tremenda», dijo Su a Reuters el miércoles, en una entrevista en la ciudad San Luis Potosí, uno de los principales enclaves automotrices de México en el centro-norte del país.

En su primer viaje internacional en el cargo, la funcionaria se reunió con trabajadores, líderes empresariales y funcionarios del gobierno local. «Hay un amplio reconocimiento de que esto va a requerir recursos para hacerlo bien», agregó.

Está programado que los 31 estados del país y Ciudad de México implementen cambios en sus sistemas de justicia laboral para mayo de 2022, aunque la Secretaría del Trabajo nacional pidió una prórroga de cinco meses para una docena de esas entidades por limitaciones presupuestarias y de calendario.

Aun así, Su explicó que las autoridades mexicanas habían hecho «buenos progresos», citando la creación de una agencia federal destinada a procesar rápidamente los conflictos de los trabajadores y a supervisar las votaciones para ratificar los contratos sindicales.

También señaló que los funcionarios locales y federales habían incrementado la contratación y la formación, y planeaban hacer más. «Estamos… pendientes de que el resto de los compromisos también se cumplan», indicó, y pidió a las empresas estadounidenses dar ejemplo de buen comportamiento en México.

General Motors se enfrentó al escrutinio de los mecanismos del T-MEC el año pasado por violaciones de los derechos laborales, al igual que Cardone, en su caso por acusaciones de abusos en su planta de autopartes Tridonex. Ambas empresas prometieron respetar los derechos de los trabajadores.

«Esperamos que haya liderazgo también por parte de las empresas estadounidenses para apoyar los compromisos del T-MEC y para ayudar a crear una cultura en la que haya un reconocimiento más amplio de que lo que es bueno para los trabajadores es bueno para los negocios», manifestó la subsecretaria.

Varios empleados de una planta en San Luis Potosí del gigante industrial 3M Co, en una reunión con Su, pidieron a su equipo que siga monitoreando a las firmas estadounidenses en México, especialmente ahora que un grupo de trabajadores de esa compañía comienza la tarea de formar un sindicato independiente.

«Reconocemos la importancia de mantener un ojo en asegurarse de que las promesas en las leyes, las promesas en el T-MEC (…) se realizan realmente», respondió la funcionaria. La empresa 3M no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. 

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Revisan Sedeco y STyPS avances en implementación de reforma laboral en Michoacán

En el marco del seguimiento a la implementación de la reforma laboral en la entidad, el secretario de Desarrollo Económico Alfredo Anaya Orozco se reunió con los titulares de las Unidades de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez Mejía, y de Trabajo Digno, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez.

Lo anterior, luego de que, a inicios del 2022, la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) quedó integrada a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, con responsabilidades como vigilar que se respeten las condiciones laborales de trabajadores de empresas exportadoras, en apego a las condiciones establecidas en el T-MEC.

Durante los encuentros de trabajo, en los que participaron el subsecretario Juan Pablo Puebla Arévalo, y la directora de Previsión Social de la Sedeco Michoacán, Yunuén Mejía Béjar, se abordó lo relativo a la instalación de los Centros de Conciliación Laboral en Morelia, Uruapan y Zamora, que deberá ser a más tardar el 3 de octubre del 2022.

También se revisaron propuestas para la firma del Convenio de coordinación para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo, que se prevé realizar a mediados de mes entre la dependencia federal y el Gobierno de Michoacán.

CON INFORMACIÓN VÍA METAPOLÍTICA