Kamala Harris vino por la migración y dejó acuerdos en inversión, trabajo, aviación…

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se fue de México cumpliendo con lo que dijo ser uno de sus convencimientos: “Si quieres solucionar un problema, tienes que ir adonde existe el problema”. Tal cual como lo afirmó desde México el 8 de junio. “Esta es la razón de este viaje”.

Harris dejó el país después de una visita que duró menos de 24 horas. La vicepresidenta llegó la noche del 7 de junio procedente de Guatemala. Se había dicho que la agenda se centraría en abordar la crisis migratoria en la frontera sur de EU. Pero de todos los compromisos que se firmaron, el del fenómeno migratorio del Triángulo Norte en Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, no fue el más concreto.

Pasaban de las 10 de la mañana cuando un Palacio Nacional engalanado de banderas recibía la visita de la funcionaria. “Mucho gusto”, saludó el anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin cubrebocas. “Mucho gusto. ¡Qué bueno verle! Esto muy contenta de estar aquí”, le respondió Harris, tras un cubrebocas negro, mientras ambos líderes se llevaban la mano al corazón.

Migración

La jornada de trabajo comenzó con la firma de un memorándum de entendimiento entre los dos países para abordar el fenómeno de la migración forzada procedente del Triángulo Norte. El documento busca dar oportunidades a los ciudadanos de los tres países.

En el comunicado que la Casa Blanca compartió luego de la reunión, se explica que “los dos gobiernos trabajarán juntos para fomentar el desarrollo agrícola y programas de empoderamiento de los jóvenes”, una propuesta en línea con los programas estrella del presidente mexicano: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. 

El documento de seis páginas menciona acciones de cooperación, y de las más concretas que se prevén incluyen compartir prácticas en materia de género, impacto ambiental y metodologías para medir de los programas o proyectos que se implementen en esos países. No se especifican de dónde saldrán los fondos y los Estados acuerdan que se reunirán periódicamente para monitorear el desempeño de las acciones. 

Harris explicó que a pesar de que no se llegó a ningún acuerdo, habló con el presidente López Obrador sobre la posibilidad de aumentar las visas de trabajo temporales a los migrantes que entren en la frontera de México y Guatemala y sobre reevaluar las restricciones de viaje establecidas por el Covid-19.

Reforma laboral

EU se comprometió a invertir 130 millones de dólares adicionales en los próximos tres años para implementar la reforma laboral y financiar programas que apoyen a los trabajadores, mejoren las condiciones laborales y aborden el trabajo infantil y forzado. Por el lado de EU, ofrecieron impulsar y hacer valer los derechos de las personas mexicanas trabajadoras en Estados Unidos.

“El presidente Joe Biden y yo estamos orgullosos de ser la Administración más pro sindicatos que hemos visto”, aseguró Harris en la conferencia de prensa que dio a medios estadounidenses. “Hemos visto buena disposición de los líderes en México”, añadió, desde el hotel Sofitel Mexico City, cerca del Ángel de la Independencia. 

Mientras la vicepresidenta se reunía con representantes de la sociedad civil del país, hacia las 15:00 horas, representantes y miembros de sindicatos protestaron contra “el sindicalismo charro de México”, como repetía uno de sus miembros desde el megáfono, delante de la puerta de entrada principal del hotel. 

“Sabemos que están reunidas las autoridades del mundo laboral del país, sindicatos y la misma secretaria del Trabajo junto con la vicepresidenta hablando de las bondades de la reforma laboral”, decía Rafael Soto, enfermero del IMSS e integrante de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud. “Nosotros decimos que es mentira. Por la vía de los hechos, son los mismos charros de siempre los que siguen gobernando y el gobierno les protege”. 

Soto se refirió a los puntos de la reforma laboral de 2019 que se reflejan las exigencias del T-MEC. En especial, el derecho a la libre afiliación sindical y a la democracia interna para elegir a los dirigentes de esas agrupaciones.

Inversión en el sur

La región del sureste de México se suma al Triángulo Norte cuando se habla de los territorios que expulsan a las poblaciones migrantes indocumentadas. Por eso, EU se comprometió a potenciar el desarrollo económico y social en la región.

Parecido a lo que acordó con Guatemala, la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos concederá préstamos para hipotecas de viviendas asequibles, entre el 40 y 50% de las cuales, se construirán en el sur del país. 

Además, EU se comprometió a atraer inversión estadounidense en con los proyectos de infraestructura que se están construyendo en esa área, como en el Istmo de Tehuantepec, y a llevar tecnologías ambientales. 

“El gobierno de los Estados Unidos tendrá como objetivo crear nuevas inversiones y ventas por un valor de 250 millones de dólares en el sur de México mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales como el cacao, el café y el ecoturismo”, dice el comunicado de la Casa Blanca. 

Harris recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) preveía un crecimiento del PIB de EU para este año del 6.9%, “el mayor en 40 años”, dijo. “Creemos que esta prosperidad se compartirá y se debe compartir con nuestros vecinos, en particular, los más cercanos”.

Miscelánea

Los acuerdos entre EU y México también se comprometieron a intercambiar información y a tomar acciones para desarticular las organizaciones de trata y tráfico de personas.

Además, la Agencia de Comercio y Desarrollo de EU (USTDA, por su sigla en inglés) planea otorgar una subvención al regulador de aviación de México para asistencia técnica con el fin de mejorar la eficiencia. A finales de mayo, la Administración Federal de Aviación de EU degradó la calificación de la seguridad de la aviación mexicana de la categoría 1 a la 2.

A diferencia de Guatemala, nada se dijo en relación a la lucha contra la corrupción. “No fue un tema porque ya lo dan por hecho”, dijo el canciller Marcelo Ebrard, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue a despedir a la vicepresidenta.

Los mandatarios tampoco hablaron sobre la posible desaparición del polémico Título 42, una cláusula de una ley de salud de EU que permite deportar de forma exprés a quienes entren sin documentos por razones de seguridad pública. La Casa Blanca lo aplica desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. 

Harris se despidió del canciller pasadas las 20:00 horas. Ebrard aseguró que la relación entre ambos países es “cada vez mejor y más cercana”. La vicepresidenta, que el viaje de dos días fue un “éxito”. Pero Harris reconoce que lo que sembró hoy tardará en dar resultados. “Estoy comprometida a hacer lo que se necesite en el tiempo que tenemos”, concluyó.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN

EU apoyará con 130 mdd reforma laboral en México: Kamala Harris

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que el gobierno de su país invertirá 130 millones de dólares en México para dar asistencia técnica y cooperación en los próximos tres años para la implementación de la reforma laboral.

Como parte de sus actividades de la visita oficial que realiza a México, se reunió esta tarde con líderes laborales y con mujeres emprendedoras.

Durante su encuentro con los primeros, la funcionaria estadunidense destacó la relevancia de la equidad en las negociaciones entre trabajadores y empleadores.

Nuestro gobierno, el presidente (Joe) Biden y yo y el resto del gabinete nos consideramos uno de los gobiernos más a favor del trabajador y de los sindicatos en la historia de nuestro país. Nosotros creemos que los sindicatos ayudan a crear la clase media y yo creo que cualquiera, sea parte del sindicato o no tiene que agradecerle a la mano de obra organizada por la jornada laboral de ocho horas los días de descanso tiempo de vacaciones y tiempo para enfermedad”, expuso en la reunión.

Dijo que durante el encuentro esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio cuenta que el mandatario coincide con la posición estadunidense de la importancia de brindarle apoyo a la mano de obra organizada.

“En ese sentido, Estados Unidos y México estamos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer para defender los derechos de los trabajadores porque esto es favor de la prosperidad económica y social de ambos países”.

Indicó que el apoyo de los 130 millones de dólares se dirigirán a asistencia para implementar la reforma laboral, para fortalecer las normas laborales, proteger a los trabajadores y promover condiciones de trabajo aceptables.

“La organización colectiva es importante. Si todos estamos de acuerdo en que cualquier negociación tiene por objetivo lograr un trato justo, un resultado justo, lograr la imparcialidad, recordar que la manera de lograr resultado justo es que la gente esté en pie de igualdad así todo va a ser justo. Si la negociación se basa en equidad se va a hacer justicia, pero exigirle a un trabajador que negocie contra el empleador en general es garantizar que el resultado no necesariamente vaya a ser justo Esto es la esencia de la negociación conjunta que trabajadores luchen por sus derechos y tener así mas oportunidad de tener equidad”, planteó Harris.

Previamente, en una reunión con mujeres emprendedoras, la vicepresidenta Harris llamó la atención para realizar acciones a fin de elevar la condición de la mujer los dos países y en todo el mundo.

“Todos podemos estar de acuerdo que cuando el mundo eleva el estatus económico del país eleva el estatus económico de los vecinos, de la familia y la sociedad en general se beneficia, con lo cual el trabajo que realizan ustedes como empresarias es un ejemplo excelente de la labor que puede suceder más en el resto del mundo”.

Aseveró que aún hay mucho por hacer para lograr esta paridad, por ejemplo la salarial. “Todavía hay mucho por hacer, sobre todo si uno lo desglosa por raza. También tenemos que trabajar para reconocer las demandas y la exigencia de la vida de la mujer, no solamente la mujer tiene que trabajar para mantener a su familia y alimentarla, sino también alimentar su pasión”.

Indicó que la pandemia de Covid-19 dejó claras las rutas a seguir en este sentido, como brindar a las mujeres guarderías asequibles para sus hijos o permisos de familia.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

No habrá prórrogas para que empresas eliminen subcontratación: STPS

La reforma en materia de subcontratación camina en dos vías, y las dos son igual de importantes porque no habrá prórrogas para que las empresas eliminen por completo el outsourcing y realicen el proceso de centralización de trabajadores, el cual empezó el pasado 24 de abril, afirmó Alejandro Salafranca, Titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En el webinar “Reforma en materia de subcontratación, ¿Qué sigue?”, el funcionario sostuvo que la mayoría de las empresas preguntan el proceso de registro para trabajos especializados, el cual iniciará la próxima semana, y se olvidan que es igual de importante la centralización de trabajadores. 

“La reforma tiene 2 proceso distintos, uno es, cuanto tiempo tienen las empresas para cortar su vínculo con los insourcing y outsourcing y traer hacia el RFC principal a sus plantillas, es decir, como ya está prohibido a partir del 24 de abril, empezó a correr el tiempo para traer a la empresa principal a los trabajadores; tienen aproximadamente 30 días y esto va a concluir el 1 de agosto, es una fecha importante porque hasta esa fecha todavía la factura de la empresa principal de outsourcing e insourcing son deducibles ante el SAT a partir del día 1, ya no lo son”, explicó Salafranca.

Detalló que el proceso de reconocer a los trabajadores como propio empezó el 24 de abril y a menos en cuestiones fiscales concluye el próximo 1 de agosto, “por eso es importante que las empresas realicen esta centralización de plantillas de manera inmediata”.

El otro gran esquema al que se le debe dar cumplimiento con la reforma, es el tiempo que necesitan las empresas en servicios u obras especializadas para registrarse, para esto la ley dio 30 días naturales a la Secretaría de Trabajo, y a partir de ahí las empresa especializadas del país que quieran registrarse ya sea porque sus servicios y obras especializadas necesitan poner sus trabajadores a disposición de un tercero, tendrán 90 días que empezaran aproximadamente el 24 de mayo y terminarán el 24 de agosto.

“Los dos procesos son estos 90 días que empezaron ya a partir del 24 de abril para centralizar plantillas y 90 días que empezaran aproximadamente el 24 de mayo para aquellas empresas que pretendan registrarse porque son empresas especializadas porque son empresas que ofrecen servicios especializados en el marco de la nueva ley”, explicó.

Lista de actividades especializadas a la carta

Salafranca afirmó que no hay una lista de servicios u obras especializadas, ya que debe ser todo aquello que no está en el objeto social, ni en mi actividad económica preponderante.

“Lo que es especializado para mí, no lo es para tí, depende de quién seas tú y quien sea yo, es decir, si yo soy una empresa de vigilancia, de seguridad, no es considerado especializado para mí la seguridad porque esa es mi tarea fundamental y no puedo subcontratar personal para seguridad lo mismo, pero sí soy fabricante de zapatos que necesito seguridad, en mi objeto social y en mi actividad económica preponderante no está la seguridad, por tanto para mi la actividad de seguridad sí es especializada”, dijo.

En ese sentido, detalló que “según sea mi objeto social y mi actividad económica preponderante, para efectos míos, será especializado todo aquello que no está en mi objeto y en mi actividad económica preponderante, por tanto, la lista de especialidades depende desde donde la veas”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Corre el tiempo para “sustitución patronal” de trabajadores, tienen hasta el 23 de julio

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un llamado a sus homólogos y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los estados a prepararse y capacitar a su personal para recibir los convenios de sustitución patronal con motivo de la reforma en materia de subcontratación, proceso que debe concluir el 23 de julio de este año.

Durante una reunión con los secretarios del Trabajo y homólogos de los gobiernos estatales y, posteriormente, con miembros del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Luisa Alcalde Luján, secretaria del Trabajo federal, presentó un Plan Especial de Atención a las Sustituciones Patronales que compartió con las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, Registros Públicos y Notarías. 

Recordó que la reforma en materia de subcontratación, que entró en vigor el pasado 24 de abril, establece un plazo de tres meses a partir de su publicación para regularizar a las y los trabajadores y transferir las nóminas de las empresas de subcontratación a las empresas principales, por lo que los estados deben estar preparados para agilizar y facilitar los trámites que ello implica.

Alcalde Luján dejó en claro que las 8 entidades en las que ya está implementada la Reforma Laboral (Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo), el procedimiento de convenios de sustitución patronal se hará a través de las representaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mientras que en el resto de los estados del país se hará mediante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Respecto a la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, refirió que las empresas que hayan realizado el procedimiento no necesitarán hacer otra consulta, aun cuando tengan una sustitución patronal.

El Plan de Atención Especial a las Sustituciones Patronales fue elaborado por María Eugenia Navarrete Rodríguez, presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y consiste en informar desde antes a las partes sobre los requisitos que deben cubrir y ofrece un formato de convenio de sustitución, para poder presentarse en la Junta y en un plazo de media hora, cubrir el trámite respectivo.

En tanto, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno, recordó que las empresas que al 23 de julio no hayan terminado con el proceso para cortar el vínculo con el outsourcing o insourcing entrarán en un estado de incumplimiento del nuevo marco legal. 

Por ello se considera que los procesos ante las Juntas crecerán conforme pasen los días y de ahí la necesidad, refirió, “que todos los actores involucrados puedan estar preparados para responder a la demanda que se avecina”. 

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Arrancan tiempos para implementar reforma en subcontratación

El sábado 24 de abril entró en vigor la reforma en materia de subcontratación, por lo que las empresas ya no podrán realizar contrataciones utilizando a empresas tercerizadoras (outsourcing) o bajo una razón social distinta (insourcing), además de que  se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento.

Luego de la reunión con los representantes de los sectores de la producción -sindicatos y empleadores en Palacio Nacional- el Ejecutivo Federal publicó, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), las modificaciones a 6 legislaciones para transitar a un nuevo modelo en las relaciones laborales en el país.

Asimismo, es importante destacar los 8 puntos fundamentales que integran la reforma: Se prohíbe la subcontratación de personal; se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante; habrá un registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Asimismo, las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento y para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo.

Es evidente que el Ejecutivo adelantó la promulgación de la reforma, la cual se esperaba para el Primero de Mayo; “pero aún así, el Congreso ya había definido los tiempos para su implementación. La dependencia del Trabajo tendrá 30 para dar a conocer el reglamento para las empresas que deban registrarse en el padrón; como también las empresas tienen 3 meses para regularizarse y transferir a sus trabajadores, reconociéndolos como propios”, destacó German de Garza de Vecci, socio líder de Servicios Laborales en Deloitte México.

Mantienen inversiones

Por otra parte, las grandes empresas tercerizadoras, afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), anunciaron que mantendrán sus operaciones en el país; y reconocen que sí habrá un impacto en las compañías que aún no se ha determinado.

“Si hay una afectación a la operación y facturación en nuestras empresas al prohibirse la subcontratación de personal; sin embargo, las empresas de capital humano seguiremos ofreciendo los servicios relacionados con todo el ciclo de la administración de recursos humanos incluyendo la maquila de nómina, todo excepto tener a los empleados en su registro patronal. Por otro lado, algunas empresas que tienen la capacidad y experiencia también ofrecerán sus servicios especializados o ejecución de obra especializada en las actividades que no forman parte del objeto social ni sean la actividad económica preponderante de sus clientes”, dijo Héctor Márquez Pitol, presidente de la AMECH.

Márquez Pitol agregó que “las empresas que formamos parte de la AMECH evolucionamos y seguiremos adaptándonos para cumplir con todas las leyes y reglamentos como siempre lo hemos hecho. Todas nuestras empresas están transformándose para poder continuar y ofrecer servicios y obras especializadas a partir del 1 de agosto”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Estocada a los abusos laborales y la evasión de impuestos: qué supone la reforma sobre subcontratación para México (y los temas pendientes)

La aprobación de la reforma sobre subcontratación laboral por el Congreso, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una “estocada” a los abusos cometidos en contra de trabajadores y la evasión de impuestos, aseguran especialistas en derecho laboral.

El ‘outsourcing’, como también se le conoce a esta modalidad de trabajo, fue promovido originalmente bajo el argumento de que iba a colocar a México en las “grandes ligas de la globalización”, poniendo al día su regulación en materia de trabajo.

Las empresas reducirían sus costos y aumentarían sus niveles de productividad, generando un círculo virtuoso a favor del crecimiento de la economía. Un esquema que, además, haría más fácil conseguir empleo gracias a una mayor “flexibilización” del mercado laboral.

Sin embargo, las desventajas de esta modalidad de trabajo superan sus ventajas. Derechos fundamentales de los trabajadores se dejaron de lado. Bajo el ‘outsourcing’ no existen la estabilidad en el empleo ni las prestaciones laborales (seguridad social y derecho a la vivienda).

Los trabajadores tampoco pueden generar antigüedad, pues se les hace firmar contratos temporales y, en muchos casos, no participan en el reparto de utilidades de las empresas.

En tanto, el Estado carga con parte de los daños, pues a través de la evasión de impuestos las empresas de ‘outsourcing’ dejan un boquete en el presupuesto. De ahí que, una reforma orientada a modificar las reglas de una modalidad de trabajo que ha beneficiado sobre todo a grandes empresas, haya enfrentado resistencias antes de su aprobación definitiva.

Camino cuesta arriba

Aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, la reforma para regular el ‘outsourcing’ enfrentó no pocos obstáculos a su paso. Desde 2019 diputados del Partido del Trabajo (PT) presentaron una propuesta para poner un alto a las “malas prácticas” de las empresas, sin embargo, no encontraron eco en sus aliados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, presentó también una iniciativa sobre la materia ese mismo año, pero tampoco logró que llegara al pleno. Así las cosas, no fue sino hasta noviembre del año pasado, cuando la iniciativa del presidente López Obrador, una reforma en materia de subcontratación laboral, tomó relevancia.

No obstante, tan pronto fue enviada al poder legislativo para su discusión, las cámaras empresariales la rechazaron, arguyendo su inviabilidad en pleno apogeo de una doble crisis, económica y sanitaria.

La reforma, sostuvieron los líderes patronales, provocaría el despido masivo de trabajadores y colocaría en un serio predicamento a cientos de empresas, pues no contaban ni con el personal ni con la infraestructura suficientes para hacerse cargo de los servicios profesionales que contrataban a terceros.

Con las cámaras empresariales en contra, semanas después el presidente López Obrador dio un paso atrás, firmando un acuerdo con empresarios y sindicatos en el Palacio Nacional en el que se comprometía a revisar la iniciativa enviada al Congreso.

En concreto, el mandatario solicitó a los legisladores aplazar la discusión de la iniciativa, al tiempo que aceptó instalar una mesa de negociaciones para construir una iniciativa de reforma de ley consensuada. No fue sino hasta el 5 de abril cuando se logró un acuerdo.

Poner un “alto a los abusos”

El abogado Alejandro Olivares del Castillo comenta a RT que la iniciativa recién aprobada por el Congreso de la Unión busca detener la “ofensiva en contra de los derechos de los trabajadores”.

La degradación de los derechos laborales, sostiene, comenzó desde principios de la década de 1980, pero se profundizó con la reforma sobre subcontratación aprobada durante el Gobierno de Felipe Calderón. Asegura que quienes hicieron cambios a la ley en 2012 promovieron el ‘outsourcing’ como una “modalidad de trabajo a la altura de los retos de la globalización”, sin embargo, el verdadero objetivo de la reforma era “deslindar a los patrones de sus responsabilidades”.

Se calcula que por evasión fiscal, las empresas de ‘outsourcing’, que emplean a por lo menos 4.685.256 personas provocan una pérdida de ingresos al Estado de entre 300.000 y 500.000 millones de pesos al año.

Las “malas prácticas” no se hicieron esperar, dice, principalmente entre las grandes empresas, que incluso creaban empresas más pequeñas para “externalizar” parte de sus actividades (práctica conocida como ‘insourcing’).

Olivares del Castillo llama la atención sobre la defraudación fiscal como práctica recurrente. “Mediante el ‘outsourcing’ evadieron el pago de impuestos, entre ellos, el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, asegura. Mientras que el ‘insourcing’ lo usaron para evitar el reparto de utilidades entre todos sus trabajadores, obteniendo así mayores ganancias.

Resalta también que se cometieron “muchos fraudes” a través de “empresas factureras” (dedicadas a la emisión de comprobantes fiscales que amparan actividades que no existen), contratadas para utilizar esquemas de ‘outsourcing’.

Los daños provocados a las finanzas públicas están a la vista. Se calcula que por evasión fiscal, las empresas de ‘outsourcing’, que emplean a por lo menos 4.685.256 personas (según cifras del Censo Económico del INEGI 2019), provocan una pérdida de ingresos al Estado de entre 300.000 y 500.000 millones de pesos al año.

Otra de las prácticas habituales por parte de empresas de ‘outsourcing’, comenta Olivares del Castillo, consiste en registrar a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por debajo de los salarios que reciben realmente.Alejandro Olivares del Castillo, abogado.Los empresarios que se beneficiaron de esta modalidad de trabajo operaban como verdaderos ‘mercaderes de personas’, ofreciendo servicios a muchas empresas sin asumir ninguna responsabilidad.

De esta manera, los empresarios incumplen con sus obligaciones por concepto de seguridad social, aportando menos de lo que corresponde a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). Y el derecho a la vivienda también se vulnera, pues se reducen las aportaciones patronales ante organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Los empresarios que se beneficiaron de esta modalidad de trabajo operaban como verdaderos ‘mercaderes de personas’, ofreciendo servicios a muchas empresas sin asumir ninguna responsabilidad”, puntualiza el abogado mexicano.

Son muchos los abusos cometidos y había que ponerles un alto, como abogado calculo que de todos los casos laborales que atiendo, por lo menos un 40% tiene que ver con subcontratación”.

La reforma aprobada ayer por la Cámara Alta, asegura, representa un acto de justicia a favor de los trabajadores, pues combate las “malas prácticas” bajo este esquema de contratación.

Las claves de la reforma

De acuerdo con sus promotores, lo que se busca con la reforma es evitar los abusos en contra de trabajadores y el Estado. Se trata de prohibir la subcontratación de personal y regular la subcontratación de servicios y obras especializados diferentes del objeto social y principal actividad económica de la empresa.

Empresas que actualmente operan bajo este esquema de trabajo, deberán adaptarse a las nuevas disposiciones aprobadas por el poder legislativo. Los cambios a la ley establecen un plazo de 90 días para concretar la regularización de las empresas, que tendrán que incorporar a los trabajadores subcontratados a su nómina del patrón real. El sector público (a nivel federal), por su parte, tendrá hasta el 1 de enero de 2022 para adecuarse a las modificaciones a la ley.

En cuanto a las empresas que ofrezcan servicios y obras especializados, estas habrán de darse de alta en un padrón público de organizaciones de subcontratación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que será la encargada de renovar los permisos cada tres años, así como de verificar que estén al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y seguridad social.

Sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), la reforma pone un tope y propone dos modalidades. Por una parte, se ofrece la opción de fijar el límite en tres meses de salario, o bien si se prefiere, tomar en cuenta el promedio de participación que se recibió durante los últimos tres años.

De esta forma quedará eliminada la discrecionalidad y habrá un incremento de hasta un 156 % en el reparto de utilidades a favor de los trabajadores, de acuerdo con las estimaciones de la STPS.

Por último, se establece que, en caso de que las empresas no cumplan con las nuevas reglas serán acreedoras de multas de hasta por 5.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a unos 481.000 pesos (unos 24.050 dólares).

Asignaturas pendientes

Mientras que la reforma aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón buscó “congraciarse con las grandes empresas”, la impulsada por el presidente López Obrador “hace justicia a los trabajadores”, sentencia Alejandro Olivares del Castillo, especialista en derecho laboral.

“Se trata de una reforma que fue elaborada tomando en consideración la dignidad de los trabajadores, y representa sin lugar a dudas una ‘medalla’ para el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación en materia laboral”.

Sin embargo, si bien en muchos sentidos la reforma protege los derechos de los trabajadores, hay asignaturas pendientes por legislar para mejorar las condiciones del mercado laboral.

La aprobación de la reforma no implica que todos los trabajadores se integrarán formalmente a las empresas y que gozarán de prestaciones de forma automática. Con una economía que avanza a paso lento en la recuperación de empleo en medio de la pandemia, los empresarios bien podrían inclinarse por contratarlos bajo otra figura o, en el peor de los escenarios, optar por el despido. Alejandro Olivares del Castillo, abogado.Se trata de una reforma que fue elaborada tomando en consideración la dignidad de los trabajadores, y representa sin lugar a dudas una ‘medalla’ para el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación en materia laboral.

Sobre este último punto, cabe destacar que el senador Napoleón Gómez Urrutia declaró en enero de este año que los grandes empresarios se han caracterizado por incumplir acuerdos con el Gobierno en medio de la crisis.

En diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador decidió aplazar la discusión sobre el ‘outsourcing’, recordó el legislador por Morena, los empresarios despidieron a 275.000 trabajadores para no pagarles sus utilidades.

“(Situación) que demostró que los organismos empresariales que presionaron para posponer la reforma (sobre subcontratación) no cumplieron con su compromiso (…) hay una resistencia brutal, pero no han cumplido los empresarios con el compromiso de no despedir”, lamentó.

Por otra parte, aun cuando la reforma aprobada desincentiva el ‘outsourcing’, existen otros esquemas de contratación en los que los trabajadores carecen de prestaciones, por ejemplo, honorarios, asimilados al salario y derechos de autor, entre otros. El impulso de reformas de un espectro más amplio, orientadas a combatir no solamente el ‘outsourcing’, sino la informalidad del mercado laboral, es una asignatura pendiente.

Finalmente, Olivares del Castillo admite que el éxito de la reforma dependerá de la supervisión de la autoridad gubernamental. En este sentido, llama la atención sobre el papel a desempeñar por la STPS, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, que deberá vigilar a las empresas que ofrezcan servicios y obras especializadas.

“La Secretaría deberá tener ‘santo y seña’ de cada una de las empresas autorizadas (…) al momento de la supervisión, la STPS será la responsable de determinar que los servicios que se están subcontratando no formen parte del objeto social de la empresa, este es el principal ‘candado’’que tiene esta reforma”, concluye.

CON INFORMACIÓN VÍA RT EN ESPAÑOL

La clave del éxito de la reforma al outsourcing estará en el reglamento de la STPS: expertos

Erradicar las malas prácticas y las innumerables figuras que surgieron con el outsourcing estará en manos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) quien tendrá que elaborar un reglamento sobre cuáles son los trabajos que se consideran especializados y que pueden ser subcontratados por las empresas.

De acuerdo con especialistas, la clave del éxito de la reforma en materia de subcontratación que aprobó el pasado martes la Cámara de Diputados, estará en el reglamento “esta parte que está a cargo de la Secretaría del Trabajo, porque será quien determine los trabajos especializados y de la energía con que se actúe en los casos de simulación que todavía se intentarán”, comentó el coordinador del Observatorio LaboralAlfonso Bouzas.

De acuerdo con el decreto aprobado por los legisladores, la dependencia tendrá un mes, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para presentar este reglamento, mismo que esperan las empresas que se dedican a la subcontratación de personal.

A su vez, Óscar de la Vega, socio fundador de DMAbogados, explicó que una vez aprobada la reforma por el Senado, “no pueden haber empresas sin trabajadores, va ser fácil identificar aquellas empresas que tiene una alta facturación con un bajo costo laboral, con ayuda del SAT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, será materia de inspecciones”.

Añadió que “aceptar que somos subcontratistas tiene efecto, el primero es que seremos responsables solidarios de los trabajadores de aquella empresa que nos prestan servicios. No se incluyó dentro de las posibilidades la especialización que igual fue importante, la STPS es quien dirá si es o no especializado un servicio; lo negativo que vemos en ello es que cuando la burocracia pone estos nudos, es un riesgo de corrupción, el grave problema es que si todo lo queremos encuadrar, tendrá efectos graves con el cumplimiento de responsabilidades laborales”.

Por ello, destacó De la Vega, la forma más fácil de la migración de personal es la sustitución laboral, la Secretaría de Trabajo sólo pide un aviso para ambos, y una transferencia de los activos; “sin embargo, por 90 días se podrá hacer este proceso sin ninguna complicación, pero no está de más tener este aviso”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Diputados aprueban en lo general y particular prohibición del ‘outsourcing’; va al Senado

Después de siete horas de discusión y tras desechar 42 propuestas de modificación, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral en la administración pública y en el sector privado.

La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro remitió el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Avalada en lo particular con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, el pleno avaló en su totalidad el dictamen de las comisiones de Trabajo y de Hacienda con el ajuste de última hora para ampliar la prohibición de la subcontratación de personal a las entidades del sector público.

Legisladores de la oposición cuestionaron, sin embargo, la aprobación de la reforma, sin contar en ese momento con el análisis de impacto presupuestal que significará la contratación del personal del gobierno actualmente en régimen de “outsourcing”.

La reforma deja prohibida la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.

Prevé asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente.

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados.

“Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece.

Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Discutirán esta semana ley de hidrocarburos y outsourcing

De cara a que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, —el 30 de abril próximo—, Morena en San Lázaro busca aprobar en esta semana las reformas a la Ley de Hidrocarburos y las relacionadas con la regulación de la subcontratación laboral, o mejor conocido como outsourcing; proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con relación a la ley de Hidrocarburos, el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco, enfatizó que el país necesita fortalecer su sector energético como un asunto de soberanía nacional, mediante el acceso igualitario de la energía, la estabilidad financiera, el combate frontal contra la corrupción y la implementación de las mejores prácticas.

El dictamen de la Comisión de Energía, prevé que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) puedan suspender permisos “cuando se prevea un peligro inminente” para la seguridad nacional, energética o para la economía.

“La reforma a Ley de Hidrocarburos pretende pasar por encima del Estado de Derecho, deja en peligro constante la seguridad nacional y energética, ensombreciendo el buen clima a la inversión”, afirmó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador parlamentario del PAN en San Lázaro.

El panista acusó que bajo el pretexto de combatir al comercio ilegal de combustibles, la propuesta del Ejecutivo federal esconde la verdadera intención de la expropiación directa en este sector.

El dirigente parlamentario añadió que la iniciativa enviada a San Lázaro por “el presidente López Obrador tiene una concepción distorsionada e incurre en el error de ideologizar el papel de las empresas del Estado mexicano como Pemex, colocándolas por encima del interés de los mexicanos con la calidad de monopolios, cuyo mantenimiento nos costará muchos impuestos a esta y las siguientes generaciones de mexicanos”.

Con información via EL ECONOMISTA

Gobierno e IP logran un acuerdo: regular outsourcing y mayor pago de utilidades


Por consenso, el Gobierno federal, empresas y sindicatos acordaron un plazo de tres meses para que empresas contraten directamente en la nómina a los trabajadores que tienen bajo el esquema de outsourcing, y convinieron la creación de dos modalidades para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Los acuerdos alcanzados comprenden el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real”, indicó en un comunicado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) este lunes, luego de la reunión.

Otros acuerdos logrados ayer en Palacio Nacional incluyen la creación de un registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. En el reparto de utilidades, empresarios, obreros y Gobierno convinieron aumentar hasta 57 días en promedio la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), con un tope máximo de 90 días.


“Se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades”, añadió la STPS.

El sector empresarial logró que no desapareciera la figura del outsourcing, a pesar de que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) consideró que era la mejor solución a este problema que afecta a los obreros.

En ese sentido, Francisco Hernández, líder de la UNT, quien asistió al encuentro, detalló en entrevista con La Razón que “le dije al Presidente que este tema iba más por la vía de la desaparición total del outsourcing y la subcontratación, por lo que ha significado para los trabajadores.

Sin embargo, al final creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”, explicó.

Sin embargo, al final creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”, explicó.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, expresó su beneplácito por el convenio, y confió que los tiempos legislativos permitan sacar adelante la iniciativa presidencial.

Detalló que no se elimina la subcontratación, se regula y se establecen mecanismos para “evitar que esta figura jurídica siga lesionando el derecho de los trabajadores, para interrumpir sus propias conquistas o sus propios derechos e impedir que se sigan eludiendo o evadiendo obligaciones fiscales”.

Además, se incorpora un tope de hasta 90 días de reparto de utilidades para los trabajadores, se reivindica su derecho a la seguridad y permanencia en el empleo, e impedir que “mañosamente se les despida en diciembre y se le recontrate en enero”.

En su oportunidad, el director del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, calificó como un buen acuerdo lo alcanzado ayer entre el Presidente, los empresarios y los líderes sindicales, ya que se da un paso importante para eliminar la subcontratación abusiva.

“Ahora serán las Cámaras las que dispondrán de esta materia (…) en diciembre se dio un avance muy importante, y en lo que respecta al IMSS son reformas que tienen que ver con la subcontratación abusiva”, finalizó.Lo pactado

  • La STPS detalló los alcances del encuentro de ayer.
  • La prohibición de la subcontratación de personal.
  • Regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y actividad económica preponderante de la empresa.
  • Registro ante la STPS e inscripción al padrón público de empresas de subcontratación.
  • La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.
  • Un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real

Con información vía La Razón