Reforma a redes sociales, a consulta de expertos

A fin de enriquecer y mejorar su propuesta para regular las redes sociales, Ricardo Monreal convocó a expertos, académicos, especialistas y usuarios a someter a análisis su iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que no presentará su proyecto de manera formal, sino hasta que los interesados hayan opinado.

“No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión, sin ningún recurso de defensa. Ahí está situada nuestra iniciativa”, estableció.

A través de un videomensaje que publicó en redes sociales, el senador zacatecano informó que se reunió “con administradores y directivos en México de las redes sociales, y hemos hecho un compromiso de escucharlos y de intentar mejorar la iniciativa que presentaré, pero no abandonaré y no quitaré el dedo del renglón para (lograr) el propósito principal planteado”.

Su propuesta, defendió Monreal, no pretende cercenar, obstaculizar o censurar, como se ha afirmado, de manera equivocada, por gente que no conoce el “propósito principal”.

Desde su punto de vista, el Estado debe generar condiciones para proteger la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, y no mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente al poderío de las redes sociales y plataformas digitales que debe ser regulado.

Un ente privado, como son las empresas de redes sociales y plataformas, dijo, debe estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de tecnologías de la información.

Con información vía El Economista

Ley de Imprenta, en abrogación

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 26 de noviembre 2020 el dictamen con el que se abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta; ahora está en manos del Senado en su calidad de Cámara Revisora para estudiar y dictaminar la minuta enviada. O sea, está en proceso legislativo para su abrogación y construcción de un nuevo marco jurídico que norme los límites establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución de México.

Esta Ley pre Constitucional, aún vigente, pues la expidió Venustiano Carranza, en su calidad de Encargado del Poder Ejecutivo casi un mes antes (12/04/1917) de que entrara en vigor la nueva Constitución (1/05/1917), se mantuvo “entre tanto el Congreso de la Unión reglamente los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República”.

En sus casi 104 años de vigencia, la realidad social es otra; la comunicación, también vinculada a otros derechos fundamentales, se desarrolla y ejerce de manera más diversa y compleja. Los contenidos de los artículos 6° y 7° se han ampliado y profundizado, en especial desde 2011 son más que garantías otorgadas, son derechos humanos reconocidos: libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información, derecho de réplica, derecho a las tecnologías de la información, banda ancha, Internet y comunicación (6°) y el ahora derecho a la difusión (en lugar de sólo libertad de imprenta, 7°); además no olvidar que de inaplicable y anacrónica, se ha utilizado como recurso anulador para el ejercicio de derechos.

Con la abrogación de esta ley el tema no queda cerrado, antes bien, se abre una reflexión, debate y definición sustancial que requiere un ejercicio colectivo, pues desde la misma Constitución, tanto la libertad de expresión como de difusión, se establecen límites: “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

La Ley sobre Delitos de Imprenta se hizo para normar esos límites y legisladores lo tienen presente. En el transitorio del dictamen y minuta se establece que “dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico para procurar el pleno reconocimiento de las libertades de expresión y de imprenta”. Ya era hora. Hay que entrarle.

Con información vía Milenio

Buscan mejorar ley del Banxico con mesa interinstitucional

En el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se manifestó a favor de formar un grupo de trabajo interinstitucional para mejorar la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de moneda extranjera en efectivo y se concluya su procedimiento en febrero.

De acuerdo con el líder de Morena, la Cámara alta mantendrá una actitud “responsable” y de escuchar a todos, por lo que están dispuestos a abrir la discusión y análisis, con el objetivo de enriquecer la minuta aprobada en el Senado y remitida a la Cámara de Diputados.

“En un régimen democrático no se deben limitar ni el análisis ni la discusión de temas de gran envergadura. Todas las voces deben de escucharse, participar hasta alcanzar la mejor solución para el país.

“Morena, desde que ocupa la mayoría en el Congreso por voluntad popular, ha actuado siempre con responsabilidad y ha escuchado, por lo que nuestro grupo parlamentario en el Senado, reitera y se pronuncia para que no haya duda ni suspicacia sobre el propósito de ésta. Debemos eliminar cualquier presunción de actividades ilícitas o de afectar la autonomía del Banco de México”, dijo en un mensaje videograbado.

Refirió que la Cámara de Diputados actuará de conformidad con su autonomía y las disposiciones que regulan su funcionamiento, “y en el Senado lo respetaremos. Lo que sí creo urgente es que se atienda en la ley nuestra preocupación, el manejo de dólares de origen legítimo, proveniente de migrantes y del turismo. Morena actuará siempre creando normas y reglas que profundicen el cambio de régimen. No deseamos que la confusión y la incertidumbre alteren la estabilidad financiera y política del país. Actuemos con responsabilidad”, añadió.

De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, el legislador zacatecano se reunió ayer con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, para tratar el tema.

El diputado Mier Velazco informó, por su parte, que se reuniría hoy con integrantes de la Asociación de Bancos de México, para seguir analizando el tema, como lo hizo el viernes con el gobernador del banco central.

El 9 de diciembre, el pleno del Senado aprobó la reforma mediante la cual se busca facilitar la captación de moneda extranjera en efectivo por parte de las instituciones financieras, obligando al banco central a ser el comprador de los excedentes que éstas no puedan repatriar.

Ante ello, el Banxico reiteró que las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionará en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo, así como el contagio de ese riesgo al banco central.

Ante ello, el senador Monreal explicó ayer que este proyecto busca establecer el mandato de ley para que el Banco de México actúe como banca de última instancia y adquirir los dólares excedentes del sistema financiero mexicano, a fin de repatriarlos de manera segura, verificada y ordenada, a los Estados Unidos para que, a su juicio, pueda ser parte de las reservas internacionales.

“Desde el punto de vista de la mayoría en el Senado, el proyecto es benéfico, pues las modificaciones propuestas permitirán que quienes reciben remesas del exterior mantengan el valor de su dinero al tipo de cambio legal y vigente, evitando que los comercios o cualquier agente se los reciba a un valor inferior”, dijo.

Con información vía El Financiero

Aprueban la Ley de Educación Superior, que garantiza la autonomía de las universidades

Por unanimidad, el Senado aprobó la nueva Ley General de Educación Superior, que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho gratuito de todos a la instrucción universitaria, lo que se concretará a partir de 2022 y será de forma gradual.

El dictamen tuvo más de 30 cambios en el pleno, propuestos a última hora, entre ellos el referido al periodo de transición de un año que tendrá la legislación antes de comenzar a operar, debido a la crisis financiera provocada por la pandemia de Covid-19, lo que impide que todas las universidades públicas puedan dejar de cobrar cuotas al mismo tiempo.

Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Educación, el morenista Rubén Rocha Moya, destacó que la nueva norma regula tres subsistemas: universidades, tecnológicos y normales, incluidas las rurales. También trata de la evaluación y del respeto a la automomía universitaria, ya que se estableció en el dictamen que para hacer alguna modificación al estatus de cualquier universidad se deberá realizar una consulta pública con la comunidad estudiantil, y con ello se garantiza que ni los congresos estatales ni los gobernadores quieran atentar contra la autonomía de las casas de estudios estatales.

Rocha Moya detalló que también se establecen las atribuciones que tienen la Federación y los estados, así como aquellas que son concurrentes, además de los fines y las políticas públicas para efecto de fortalecer a la educación superior.

Asimismo, introduce el tema de género, el respeto a una vida de entero equilibrio en las universidades y, sobre todo, de espacios en donde esté ausente por completo la violencia contra las mujeres.

Contribución al desarrollo

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el priísta Manuel Añorve, a nombre de esa instancia legislativa destacó en el pleno que esta ley establece las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano a garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior. También se contribuye al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanistico, productivo y económico del país.

En la citada norma se establecen los criterios para el financiamiento corespondiente al servicio público de educación superior y se regula la participación de los sectores público, social y privado.

De manera breve, Añorve hizo un rápido recuento del contenido: se garantiza la autonomía; se reconoce la educación superior como un derecho necesario y su impartición como un servicio público garantizado por el Estado; se reitera la obligatoriedad de la educación superior, y para ello se garantiza su acceso y permanencia; se prioriza la comunidad estudiantil, cuyos intereses y necesidades son el centro del sistema nacional de enseñanza superior.

Se reitera la gratuidad de la educación; se garantizan las libertades de cátedra, y se establece la creación de las instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones de las instituciones de educación superior.

En el nuevo ordenamiento se establecen criterios para el financiamiento a la educación pública, la obligación de las instituciones privadas de destinar 5 por ciento de su matrícula a becas de estudiantes sin recursos y frena a las llamadas universidades patito, ya que para brindar el servicio deben contar con el reconocimiento de validez oficial por parte de la autoridad educativa correspondiente.

Aníbal Ostoa, senador de Morena, resaltó en el pleno que el hecho de incluir a las normales rurales en el Subsistema de Educación Superior e Instituciones de Formación Docente no es más que una respuesta a los gobiernos conservadores y neoliberales que perversamente cerraron la mitad de las escuelas normales rurales e insistían en su cierre definitivo de las 16 existentes.

También, en el artículo 43 de la norma recién aprobada por el Senado se establece que el Estado reconoce la importancia y coadyuvará a garantizar que las instituciones de educación superior se constituyan como espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia, en específico la de género, y de discriminación hacia las mujeres, para garantizar el acceso pleno al derecho a la enseñanza superior, entre otros cambios.

Con información vía La Jornada

Aprueban diputados reformas y adiciones a las leyes de Infonavit y Fovissste

Con objeto de garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada de los trabajadores derechohabientes del IMSS y del Issste, promovido por la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, por 463 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En una nueva y maratónica sesión de 10 horas en el pleno cameral de San Lázaro –en medio de la pandemia de Covid 19–, en la que se aplicó la modalidad semipresencial, con 129 legisladores de todos los partidos, se aprobaron nueve dictámenes, y entre ellos la reforma a las leyes de ambas instancias de seguridad social. En el texto se puntualiza que el trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda.

Con las modificaciones que se aplicarán a ambos ordenamientos, una vez que el Senado los ratifique, se garantiza al trabajador el ejercicio de su crédito de vivienda y el derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, conocer directamente y sin intermediarios el estado de su crédito, siempre y cuando cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Consejo de Administración mediante reglas de carácter general.

Así, se entenderá por trabajador derechohabiente a toda persona que sea titular de depósitos constituidos a su favor en el instituto, y éste enunciará las condiciones para garantizar la libre elección del financiamiento que mejor convenga a los intereses del trabajador.

Si fuese el caso, que el trabajador aplique su crédito para la adquisición de suelo destinado para la construcción de su vivienda, estará sujeto a las condiciones que determine la Comisión Ejecutiva, en apego a las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento.

Las normas se ajustan a esas condiciones, porque en 2018 había un millón 600 mil personas que reportaban vivir en hacinamiento y no contaban con agua entubada dentro de su vivienda. Además, 14 millones 800 mil habitan en viviendas con espacios reducidos y construidas con materiales endebles y de mala calidad, mientras 23.7 millones no cuentan con los servicios básicos en sus endebles y raquíticas viviendas.

Abanico de opciones

Con las modificaciones incluidas en el dictamen, se facilita la posibilidad de ejercer el crédito de manera directa, así como mayor libertad para emplear los recursos de la subcuenta de vivienda en mayor número de productos, no sólo en la compra de vivienda nueva o usada, sino de un abanico de opciones, como la adquisición de terrenos con uso de suelo habitacional debidamente legalizados, autoconstrucción, reparación y ampliación de vivienda, así como refinanciamiento, es decir, para pagar la hipoteca de alguna otra entidad financiera o, en su caso, el respaldo financiero poniendo a la subcuenta de vivienda como garantía de un crédito hipotecario.

Con información vía La Jornada