Gobierno e IP logran un acuerdo: regular outsourcing y mayor pago de utilidades


Por consenso, el Gobierno federal, empresas y sindicatos acordaron un plazo de tres meses para que empresas contraten directamente en la nómina a los trabajadores que tienen bajo el esquema de outsourcing, y convinieron la creación de dos modalidades para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Los acuerdos alcanzados comprenden el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real”, indicó en un comunicado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) este lunes, luego de la reunión.

Otros acuerdos logrados ayer en Palacio Nacional incluyen la creación de un registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. En el reparto de utilidades, empresarios, obreros y Gobierno convinieron aumentar hasta 57 días en promedio la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), con un tope máximo de 90 días.


“Se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades”, añadió la STPS.

El sector empresarial logró que no desapareciera la figura del outsourcing, a pesar de que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) consideró que era la mejor solución a este problema que afecta a los obreros.

En ese sentido, Francisco Hernández, líder de la UNT, quien asistió al encuentro, detalló en entrevista con La Razón que “le dije al Presidente que este tema iba más por la vía de la desaparición total del outsourcing y la subcontratación, por lo que ha significado para los trabajadores.

Sin embargo, al final creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”, explicó.

Sin embargo, al final creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”, explicó.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, expresó su beneplácito por el convenio, y confió que los tiempos legislativos permitan sacar adelante la iniciativa presidencial.

Detalló que no se elimina la subcontratación, se regula y se establecen mecanismos para “evitar que esta figura jurídica siga lesionando el derecho de los trabajadores, para interrumpir sus propias conquistas o sus propios derechos e impedir que se sigan eludiendo o evadiendo obligaciones fiscales”.

Además, se incorpora un tope de hasta 90 días de reparto de utilidades para los trabajadores, se reivindica su derecho a la seguridad y permanencia en el empleo, e impedir que “mañosamente se les despida en diciembre y se le recontrate en enero”.

En su oportunidad, el director del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, calificó como un buen acuerdo lo alcanzado ayer entre el Presidente, los empresarios y los líderes sindicales, ya que se da un paso importante para eliminar la subcontratación abusiva.

“Ahora serán las Cámaras las que dispondrán de esta materia (…) en diciembre se dio un avance muy importante, y en lo que respecta al IMSS son reformas que tienen que ver con la subcontratación abusiva”, finalizó.Lo pactado

  • La STPS detalló los alcances del encuentro de ayer.
  • La prohibición de la subcontratación de personal.
  • Regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y actividad económica preponderante de la empresa.
  • Registro ante la STPS e inscripción al padrón público de empresas de subcontratación.
  • La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.
  • Un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real

Con información vía La Razón

Anuncia AMLO que pensión para adultos mayores ascenderá a 6 mil pesos en 2024

“¿Y ahora qué voy a decir yo, Yamileth?”, preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La niña de siete años sólo sonrío. Con su voz cantarina, la pequeña acababa de convertir un discurso sobre el legado de Benito Juárez en un poema escolar, brazos nadadores incluidos, y se había ganado a la escasa concurrencia.

El mandatario dio un discurso mucho más corto que el año pasado. Y sustancioso, aunque no en asuntos históricos, sino en temas más terrenales y metálicos.

El Presidente tenía, para decirlo de un modo sencillo, una noticia buena y una mala. Y, como se estila, decidió dar la mala por delante.

Se remontó a 2016, cuando el Congreso aprobó la eliminación del salario mínimo como referencia y abrió paso a la unidad de medida y actualización (UMA). Se refirió enseguida a las protestas que han acompañado sus giras recientes, mayoritariamente realizadas por maestros jubilados que plantean que sus ingresos se irán reduciendo paulatinamente.

“Los trabajadores han estado demandado que se regrese a la medición anterior, es decir, que continúe siendo el salario mínimo el que indique el incremento sobre las pensiones.”

De inmediato, recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las UMA sigan siendo la referencia para el pago de pensiones, no los salarios mínimos.

Y finalmente llegó a la mala noticia: “En esta nueva etapa, el salario mínimo ha crecido 44 por ciento en términos reales”. En contraste, “la UMA se ha reducido en 58 por ciento en relación con el salario mínimo”.

El Presidente lo puso en plata: “Una UMA es equivalente a 89 pesos 62 centavos, comparada con 141 pesos 70 centavos del salario mínimo. Si se toma en cuenta el salario mínimo en la frontera, que es de 213 pesos 39 centavos, la diferencia es aún mayor, se eleva a 138 por ciento”.

Los sectores productivos y el mismo gobierno, sostuvo, consideran que “si se decidiera la desaparición de la UMA y se regresara a la base del salario mínimo, éste no se incrementaría más allá de la inflación por el peso que significa el pago de las pensiones”.

En febrero pasado, la SCJN determinó que las pensiones deben calcularse en UMA y no en salarios mínimos. El asunto fue resuelto por la Segunda Sala, que preside la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, quien fue propuesta para el cargo por el Presidente en 2019.

La resolución “afecta a todos, salvo a los que ya están pensionados o jubilados”, sostiene Gustavo Leal Fernández, experto de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Añade: “Afecta a todos porque opera lo que he llamado la ecuación original desde la desindexación: cotizas en UMA, te jubilo en UMA”.

Siguió el anuncio que sorprendió a muchos. Para empezar a los funcionarios encargados del tema en cuestión.

Dijo López Obrador: “De acuerdo con nuestras posibilidades económicas y buscando mejorar la situación de pensionados, jubilados y adultos mayores del país, he tomado la siguiente decisión: la pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena; (…) incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024”.

Agregó que este plan comenzará desde el próximo julio, con un incremento de 15 por ciento. En enero de 2022, 2023 y 2024 el aumento será de 20 por ciento anual más inflación hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales.

Esto representa subir el presupuesto anual para dicha pensión de 135 mil millones de pesos a 240 mil en 2022, a 300 mil millones en 2023 y a 370 mil millones en 2024, en beneficio de 10 millones 300 mil adultos mayores.

Recalcó que los recursos saldrán de lo obtenido de la austeridad republicana, “sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos”.

Así, en el último año de su gobierno, la pensión llegará a 6 mil pesos bimestrales y la edad para recibirla bajaría de 68 a 65 años.

“Nos vemos el año que entra”

El titular del Ejecutivo federal pasó la noche cerca de Guelatao, en una cabaña de San Miguel Amatlán. “Pasó frío”, dijo un funcionario del ayuntamiento.

Llegó puntual a la cita, escuchó el Himno a Juárez, los discursos de la niña Yamileth Santiago; del presidente municipal, Federico Hernández Ramírez, y de Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

También escuchó al gobernador Alejandro Murat. “Nosotros pensamos en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones”, dijo el mandatario estatal, luego de lanzarse contra “politiquerías”, en una entidad que hierve con la definición de candidaturas.

Tras dar el anuncio que le importaba en esta coyuntura, López Obrador volvió a la historia y remató: “En esta primavera y en este renacimiento nacional honramos, pues, la memoria del presidente Juárez con acciones concretas y reiterando nuestro lema: Primero los pobres”.

Tras despedir al Presidente, el cabildo en pleno intercambió impresiones con dirigentes de la sección 22 del SNTE y con Adelfo Regino Montes.

Todos se mostraron satisfechos con la ceremonia por el 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez, aunque fue muy distinta a la de otros años, por la pandemia, naturalmente.

Guelatao “se cierra” a las seis de la tarde y todos los visitantes tienen que registrarse, además de que todas las actividades turísticas están suspendidas. También se canceló el tradicional torneo de basquetbol que reúne a chinantecos, mixes y zapotecos.

Todo lo anterior lo explicó el alcalde Federico Hernández Ramírez en el salón de cabildos, decorado con un gran cuadro de Benito Juárez y las fotografías de los presidentes municipales.

Tales medidas han conseguido, como dijo en su intervención Adelfo Regino Montes, que 87 municipios de la entidad estén “libres de contagios de esta enfermedad”.

En un ejercicio de memoria, Regino y los integrantes hicieron el recuento: Carlos Salinas de Gortari vino una sola vez en esta fecha histórica y no volvió tras una dura protesta de los maestros de la CNTE; Ernesto Zedillo nunca puso un pie en el lugar; Vicente Fox tuvo una suerte similar a la de Salinas en su única visita; Felipe Calderón no se paró nunca en Guelatao (“odiaba a Juárez”, dijo alguien en el salón).

Antes de subirse a la camioneta para regresar a la Ciudad de México, López Obrador dijo a sus interlocutores: “Nos vemos el año que entra”.

Con información vía La Jornada

Instalarán mesa de trabajo hacia una reforma fiscal y de pensiones

A propuesta de Morena, y avalado por el pleno de la Cámara de Diputados, esta semana se instala el grupo de trabajo para la transición hacendaria, que presentará en agosto una propuesta sobre cómo sustentar fiscalmente las reformas del actual gobierno hacia un sistema de salud universal y educación superior gratuita, garantizar inversión en infraestructura y hacer viable el sistema de pensiones.

Entre las propuestas que se revisarán está la progresividad del pago del ISR, definir qué beneficios fiscales pueden eliminarse –pues este año los regímenes diferenciados representarán para el país una pérdida recaudatoria de más de 843 mil millones de pesos– y el cobro de impuestos al comercio digital y a las plataformas.

No se prevé elevar el IVA ni crear nuevos impuestos, pero sí, por ejemplo, calcular el monto de impuestos que se recaudaría con la legalización del uso lúdico de la mariguana.

Según el acuerdo de las bancadas, el grupo de trabajo integrará un consejo asesor con el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y se incorporará a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro de Investigación y Desarrollo Económico, así como al Colegio de México.

Los resultados y propuestas permitirían a la siguiente legislatura, que entra en funciones en septiembre, proponer una reforma fiscal y de pensiones.

“Puede ser la gran reforma que permita darle sustento financiero a un estado de bienestar y garantice que el Estado mexicano tendrá la fortaleza fiscal para inversión pública y un nuevo trato entre la Federación, estados y municipios”, dijo el coordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena).

En entrevista, explicó que el grupo tiene cinco objetivos, acordados por la cámara: calcular los costos y el presupuesto adicional que requerirán las reformas a la Constitución y a las leyes “que forman la base del nuevo estado de bienestar”.

Asimismo, una revisión del presupuesto de gastos fiscales, esto es, el cálculo que hace anualmente el gobierno de la pérdida tributaria por regímenes especiales, tratamientos diferenciados, deducciones, excepciones, diferimiento, subsidios, que para 2021 es de más de 843 mil millones de pesos.

“Se buscará terminar con la evasión y la elusión tributaria, al revisar qué privilegios sí pueden suprimirse”, indicó.

Asimismo, se buscará constituir un nuevo acuerdo con los estados, municipios y el gobierno federal para resolver los problemas de ingresos y convocar a una convención nacional hacendaria.

Además, explicó, se revisará el sistema de pensiones, y finalmente proponer un instituto de las finanzas públicas como órgano del Congreso que ayude a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo en la evaluación y proyección del gasto.

Con información vía La Jornada

La reforma a las pensiones tendrá un impacto fiscal de 0.3% del PIB: BdeM

La reforma al sistema de pensiones aumentará el número de trabajadores mexicanos con derecho a una renta vitalicia, incrementará el monto que reciben cada mes durante su jubilación y representará un costo fiscal al país de sólo 0.3 por ciento del producto interno bruto, aseguró el Banco de México (BdeM).

En su más reciente informe trimestral, el banco central aseguró que en los primeros 23 años de la reforma el país observará un beneficio fiscal de 4.6 por ciento del PIB; sin embargo, hasta 2100 habrá un costo de alrededor de 5 por ciento, por lo que el impacto final en las finanzas, con los ajustes pertinentes, será de 0.3 por ciento.

No obstante, apuntó el BdeM en su análisis, dicho impacto se verá compensado en otros rubros, por ejemplo, en una mayor cantidad de mexicanos con pensión, la cual será mejor a la estimada sin la reforma.

Hasta antes de los cambios, un trabajador que comenzó a laborar a los 22 años tenía que trabajar en el sector formal más de 56 por ciento del tiempo para retirarse a los 65 años, requisito que cumplía sólo uno de cada cuatro.

Con la reforma, el tiempo de trabajo en el sector formal se redujo a 34 por ciento, lo que da como resultado que sólo 5 por ciento queden excluidos de una pensión.

Al final el tiempo de transición (las semanas de cotización necesarias para una pensión irán incrementando anualmente de 700 hasta mil) el tiempo de trabajo formal será de 45 por ciento, lo que significará que 55 por ciento de los trabajadores no alcancen una pensión.

Asimismo, las pensiones serán mejores. Por ejemplo, previo a la reforma la pensión mínima garantizada para todos los trabajadores que cumplieran los requisitos era de 3 mil 289 pesos mensuales. En cambio, será de entre 2 mil 622 y 8 mil 241 pesos mensuales.

De acuerdo con el BdeM, los beneficios no sólo serán para los trabajadores, pues como consecuencia del aumento en su ahorro obligatorio (que será absorbido por los patrones), los recursos administrados por las Afore se incrementarán, lo que aumentará la inversión en proyectos de infraestructura.

Actualmente, los activos netos (ahorro de los trabajadores) que administran las Afore representan 20 por ciento del PIB.

Según estimaciones del banco central, con la reforma, hacia 2040 los activos netos de las Afore alcanzarán el equivalente a 56 por ciento del PIB, mientras que en un escenario sin reforma, dichos recursos representarían 35 por ciento del PIB.

Explicó que en el primer escenario, el incremento de 36 puntos porcentuales respecto a lo observado actualmente es consecuencia de un aumento significativo en las contribuciones patronales; mientras que en el escenario sin reforma, el aumento de 15 puntos porcentuales se explica sólo por un mayor crecimiento inercial de los activos netos.

Con información vía La Jornada

La SCJN jodió a los jubilados del Issste, aseguran expertos

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “jodió a los jubilados” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) al determinar el pago de sus pensiones en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, además de que atenta contra la Carta Magna, por lo cual se requiere interponer una controversia constitucional, advirtieron especialistas laborales y constitucionalistas.

Ricardo Landero Aramburu, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la resolución es un “engaño para modificar” el sistema de pensiones, en detrimento de los burócratas. En tanto, el constitucionalista José Ramón González Chávez, también de la máxima casa de estudios, indicó que con las UMA los pensionados percibirán “cada vez menos”.

González Chávez refirió que el artículo 123 constitucional, en su fracción sexta, señala que los salarios mínimos no podrán ser utilizados como índice de unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, que el salario mínimo es determinante para fijar los asuntos que están vinculados con la relación laboral. La UMA tiene otro sentido que es más de carácter económico, no tiene que ver nada, o muy poco, con la relación laboral.

“Elemento de inconstitucionalidad”

“Aquí hay un elemento de inconstitucionalidad, porque independientemente de las reformas que se hayan hecho en materia de pensiones y su forma de tabulación, los principios constitucionales referentes a las pensiones, jubilaciones y el salario mínimo en la Constitución siguen vigentes. Esto quiere decir que la norma constitucional prevalece sobre cualquier otra de carácter inferior” y es una consideración muy importante para efectos de amparo a los cuales, sin duda, se recurrirá, puntualizó.

Por su parte, Landero Aramburu recordó que en 2016 se reformaron los artículos constitucionales 26, 41 y 123 para establecer la UMA y desvincular todos los cobros administrativos.

Sin embargo, “hoy sabemos que la razón principal de meter la UMA en México era el sistema de pensiones” por el menor costo que representan bajo esta modalidad.

De acuerdo con el experto, esa resolución afectará a todos los trabajadores que optaron por la jubilación en términos del 10 transitorio de la Ley del Issste y a quienes entraron a laborar en fecha posterior.

Con información vía La Jornada

Jubilados del Issste repudian dictamen de la SCJN sobre pensiones

Integrantes del Movimiento Nacional Democrático de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, trabajadores en Activo, Jubilados y Pensionados expresaron su rechazo “al dictamen de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determina el pago de sus pensiones en UMAs, y no en salarios mínimos, condenándolos a un límite máximo de 10 UMAs”.

Ante ello, anunciaron que puesto que la resolución de la SCJN es inatacable, se presentará una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la decisión es “violatoria del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a efecto de que esta turne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; acompañada de una campaña amplia de movilización nacional del conjunto de los jubilados, pensionados y trabajadores en activo de todo el país”.

En el Foro Nacional Activos y Jubilados La Gravedad de las UMAs, se pronunciaron por el “rechazo tajante y contundente de la resolución de la SCJN, por violentar los derechos laborales adquiridos y exigimos el pago de nuestras pensiones tal como está establecido en la Ley del ISSSTE vigente”.

También consideraron que se debe “recuperar el sistema colectivo, solidario y transgeneracional de la seguridad social y las pensiones para las y los trabajadores; a partir de eliminar las criminales reformas neoliberales del 97 en el Seguro Social y del 2007 en el ISSSTE; impulsaremos para ello una amplia discusión para la creación de un sistema nacional de pensiones de carácter público que garantice el derecho a una vida digna de las y los trabajadores al concluir su vida laboral”.

También se proponen “dialogar con el Poder Legislativo para incluir en su agenda la discusión de la problemática de las pensiones y la seguridad social, y encontrar los mecanismos para revertir la definición de la SCJN; en beneficio de las y los jubilados de todo el país”.

Así como, “impulsar la ruta jurídica acudiendo a las instancias Internacionales como la OIT y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; articulados con el conjunto de sindicatos y organizaciones en una lucha unitaria”.

El fallo de la SCJN contribuye al “deterioro económico del ingreso, ya que el valor actual de las UMAs es de 89.62 pesos diarios, en tanto el salario mínimo vigente es de 141.70 pesos diarios, lo que se traduce en una diferencia de más de 15,000 pesos mensuales que dejan de percibir los jubilados y pensionados”.consideraron que la determinación de la SCJN es la “continuación de la política de contención de las pensiones, ya que a partir del 1 de enero de 2021 se modificó de manera regresiva por el legislativo la Ley del Seguro Social que generaliza las UMAs como referencia del pago pensionario”.

Señalaron que emprenderán una “amplia movilización política y social en el marco de la pandemia y cuidando la salud de todos nosotros, haciendo uso de las redes sociales y llamándonos a mantenernos en asamblea permanente hasta lograr nuestro objetivo”.

Con información vía La Jornada

Tope a pensiones en UMA, clara afectación a jubilados: especialistas

El tope en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos a las pensiones del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, es una clara y desafortunada afectación a la seguridad social de los mexicanos.

Para Gustavo Leal Fernández, experto en pensiones de la Universidad Autónoma Metropolitana, la determinación es una “clara, completa e irreversible afectación de la Corte”, por lo que frente a ella no queda más que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga al rescate de los trabajadores con una iniciativa de reforma constitucional.

Con la decisión de la Corte, el máximo de pensión jubilatoria que pueden alcanzar los empleados del gobierno es de 10 UMA, que tomando en cuenta su actual valor de 82.69 pesos, son aproximadamente 27 mil pesos mensuales.

Esto ha causado inconformidad en los trabajadores, pues de haber autorizado el pago con base en el salario mínimo, el tope ascendería a 42 mil 500 pesos mensuales, una diferencia de 15 mil pesos o 37 por ciento, debido a que el salario mínimo está en 141 pesos.

Sebastián Patiño, especialista en derecho de la seguridad social y socio de CASS Abogados, señaló que la sentencia de la Corte es “desafortunada”, dado que va en el sentido contrario del derecho laboral mexicano, el cual históricamente ha tratado de proteger a los trabajadores.

“Es una sentencia que afecta a los trabajadores y beneficia a quien paga las pensiones, eso hay que decirlo abiertamente. Aquí alguien pierde y alguien gana”, apuntó.

El especialista explicó que la jurisprudencia aplicará a los trabajadores sujetos al artículo décimo transitorio de la Ley del Issste, es decir, a quienes tras la reforma a dicha legislación, de 2007, decidieron permanecer en el esquema de pensión vitalicia que paga el gobierno, rechazando el esquema de Afore o bono de pensión.

A finales de 2019, el presidente López Obrador encargó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis sobre la posibilidad de pagar las pensiones en salarios mínimos y no en UMA, lo que hasta la fecha no se ha dado, por lo que Leal Fernández pidió sea dado a conocer para conocer la postura del gobierno.

Asimismo, sostuvo el especialista, siguiendo su modelo social, el mandatario debería elaborar una reforma que establezca que todas las prestaciones sociales se paguen con base en el salario mínimo y no en UMA.

Patiño coincidió en la posibilidad de una reforma por parte del gobierno para revertir la decisión, además de advertir que se trata de una determinación que puede sentar un precedente y extenderse a las pensiones de quienes cotizaron ante el IMSS, que actualmente tienen la misma inconformidad.

Con información vía La Jornada

La Consar descarta que el tope de comisiones de las Afore sea de 0.54%

Como parte de la reforma pensionaria, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) tiene hasta los primeros 30 días de 2021 para decidir cuál será el tope a la comisión que podrán cobrar las Afore a los trabajadores a partir de 2022, informó su presidente, Abraham Vela Dib.

De acuerdo con el funcionario, el tope a las cuotas no será de 0.54 por ciento como estableció en un principio el gobierno en la propuesta de reforma, sino que “será mucho más alto”, aunque no quiso dar una cifra concreta por tratarse de un tema sensible que podría generar incertidumbre en el mercado.

En un inicio se mencionó que la comisión máxima de las Afore sería 0.54 por ciento anual debido a que es el promedio que se cobra en Estados Unidos, Chile y Colombia; sin embargo, de acuerdo con Vela Dib, después de analizarlo se llegó a la conclusión de que los sistemas pensionarios de esas tres naciones no son iguales que el de México.

Por este motivo, apuntó, la junta de gobierno de la Consar trabaja en la elaboración de una fórmula que permita encontrar la mejor manera de comparar los sistemas pensionarios de los cuatro países y así decidir cuál será el tope al que se tendrán que alinear las 10 Afore que operan en México a partir de 2022.

“La manera de cobrar comisiones en esos países es diferente a México, no son modelos equivalentes. En los primeros 30 días de 2021 trabajaremos para encontrar una metodología para encontrar la comisión que se cobrará, pero lo que puedo decir es que no será ese 0.54 por ciento, sino que será mucho más alta”, dijo Vela Dib.

Para 2021 la comisión promedio que cobrarán las 10 Afore del sistema a los trabajadores por administrar sus recursos pensionarios será de 0.80 por ciento anual, 0.12 puntos menos respecto del 0.92 por ciento que cobraron durante 2020.

A detalle, la Afore que cobrará la comisión más alta del mercado en 2021 será Invercap, con 0.87 por ciento; seguida de Inbursa y Azteca, ambas con 86 por ciento. Principal y Coppel, con 0.85 por ciento; Sura y Profuturo, con 0.83 por ciento.

Con información vía La Jornada

PensiónISSSTE cumplirá con nuevas disposiciones de la reforma de pensiones

La Afore PensiónISSSTE y las restantes nueve cumplirán con las nuevas disposiciones legales, tras la aprobación de la reforma para fortalecer las pensiones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), dijo Iván Pliego, vocal ejecutivo de dicha administradora.

“La reforma tiene en el centro las preocupaciones de los trabajadores y van a ser ellos los primeros beneficiados; esa es una diferencia respecto de las iniciativas anteriores, que atendían el tema de pensiones como un problema solamente de finanzas públicas, sin tener a consideración el interés de la fuerza laboral”, señaló.

“Yo creo que todos los participantes en el sector de las Afores estaremos dando cumplimiento cabal a las nuevas disposiciones legales”, afirmó Pliego.

El funcionario agregó que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PensiónISSSTE) celebra la aprobación de la reforma a diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que realizó el Congreso de la Unión, pues representa una señal positiva para mejorar las condiciones de los trabajadores al finalizar su vida laboral.

En medio del tema más álgido de la reforma, el tope máximo de comisiones en un promedio aritmético entre Estados Unidos, Chile y Colombia es de 0.54 por ciento.

Iván Pliego sostuvo que una comisión baja beneficia directamente el monto del ahorro de los trabajadores, por lo que se comprometió a seguir bajando las comisiones que se cobran a los trabajadores.

Resaltó que PensiónISSSTE se ha encaminado a reducir la comisión que cobran a los trabajadores e históricamente tienen la más baja del mercado, actualmente de 0.79 por ciento, y eso tiene un impacto directo en el ahorro de los trabajadores, por lo que seguirán hacia niveles internacionales.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) anunció que seguirán trabajando para seguir fortaleciendo el Sistema de Ahorro.

Sin embargo, una fuente que pidió el anonimato, indicó que queda claro que si alguna Afore quiere ampararse porque el control de precios es ajeno al sistema constitucional del país y al régimen internacional de protección de inversiones, ya sería decisión de cada administradora.

Actualmente, los activos que administra el SAR representan cerca del 18.64 por ciento del sistema financiero mexicano y el 31.82 por ciento del ahorro interno.

El Sistema ha dado un rendimiento histórico de 11.10 por ciento nominal y 5.40 por ciento real al cierre de octubre, y es una de las principales fuentes de financiamiento de proyectos de desarrollo nacional.

Con información vía El Financiero

Reforma pensionaria, paso gigantesco para trabajadores: Consar

La aprobación de la reforma al sistema de pensiones es “un paso gigantesco” a favor de los mexicanos, aseguró Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Sin embargo, para la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), aunque se trata de un mecanismo que beneficia a los trabajadores, preocupa la inclusión de un tope a las comisiones, pues puede perjudicar el desempeño del sistema.

Para Vela Dib, las modificaciones que se harán a la Ley del Seguro Social en materia de retiro fortalecerán las pensiones de los trabajadores formales.

La reforma, aprobada la noche del miércoles por el Senado y que ahora pasa al Ejecutivo para ser publicada, aumenta de 6.5 a 15 por ciento las aportaciones obligatorias de los trabajadores, monto que será asumido por los patrones.

Para suavizar el impacto en las empresas más pequeñas, dichas cuotas patronales se irán incrementando de manera gradual entre 2023 y 2030.

Otro punto clave de la reforma es la disminución de las semanas necesarias para acceder a una pensión. Anteriormente se necesitaban mil 250 semanas laborando en el sector formal, es decir, 24 años; sin embargo, ahora bastará con 750 semanas, equivalentes a 15 años.

De esta forma se garantiza que un mayor número de mexicanos tengan acceso a por lo menos a una pensión mínima garantizada.

La reforma incluye un apartado que topa las comisiones que pueden cobrar las Afore anualmente a los trabajadores. Éste será de 0.54 por ciento, que es el promedio de lo que se cobra en Estados Unidos, Chile y Colombia. Aún no se especifica cuándo aplicará el tope; sin embargo, sí se establece que si el promedio en esos países baja, en México también disminuirá, pero si aumenta, aquí seguirá igual.

Lo anterior, dijo la Amafore, es de “extrema preocupación”, pues se trata de un control de precios que va en contra de los tratados comerciales de México y afecta la competencia, lo que a la postre puede perjudicar a los trabajadores.

Con información vía La Jornada