Oportuno revisar regulación vigente sobre Big Tech y los OTT

La enorme cantidad de contenidos y de información de la que hoy dispone la población muestra el indiscutible beneficio que genera el actual entorno digital, sin embargo, la elevada concentración en las denominadas Big Tech también explica el control y poder que ejercen en la sociedad, por lo que revisar la regulación vigente sobre este sector, nunca fue tan oportuno y necesario.

Al moderar el panel “Regulación de las “big tech” (gatekeepers) y OTT y su posible implicación”, Arturo Robles Rovalo, comisionado del IFT, detalló que datos de consultoras especializadas muestran que antes de la pandemia los ingresos combinados de las denominadas Big Tech crecían a un ritmo de sólo 12 por ciento; sin embargo, para el periodo 2020-2021, sus recursos pasaron de 1.1 billones de dólares, a 1.4 billones de dólares, registrando una tasa de crecimiento del 27 por ciento.

En el sector de las Over The Top (OTT) la tendencia es similar. En el segundo trimestre de 2021, estas empresas sumaban en conjunto 524 millones de suscriptores de pago en el mercado de streaming, con una tasa de crecimiento del 30 por ciento, respecto al 2020. La expectativa para el 2022 es que los ingresos de este sector alcancen 275 mil millones de dólares.

Robles Rovalo detalló que esta dinámica de crecimiento define por qué las Big Tech se han convertido en el intermediario indispensable para las tiendas de aplicaciones, para el posicionamiento de buscadores, en los servicios de almacenamiento en la nube y claves en los canales de distribución digital.

Su incursión en distintos modelos de negocio hace indispensable revisar la regulación vigente, pues la posición dominante que podrían tener las Big Tech en la economía digital ha “encendido ciertas alertas” en el entorno de la competencia económica, particularmente por el acceso que tienen a una enorme cantidad de datos relevantes de las telecom y las TIC, y porque llegan a definir quién puede hacer uso de tal o cuál infraestructura, incurrir en barreras de acceso a nuevos jugadores o tener dominancia de mercado en algún sector.

Maryleana Méndez Jiménez, Secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), destacó el desbalance regulatorio predominante desde hace muchos años entre los operadores telecom y los proveedores de OTT y Big Tech, pues mientras los primeros deben cumplir con licencias de espectro, pago de multas en casos de incumplimiento, obligaciones de servicio universal, integración al Régimen fiscal; en el caso de los segundos, ninguno de estos requisitos son obligatorios, salvo en el tema fiscal que depende de la decisión de cada mercado en Latinoamérica.

La experta llamó la atención para resaltar no sólo la penetración masiva que gozan tanto las Big Tech como las OTT, sino la facilidad que tienen algunas de ellas para hacerse de suscriptores en volúmenes de miles de millones de usuarios por mes, lo que representa un tiempo récord.

Todo ello ha propiciado que en América Latina ya se tengan algunas tendencias en materia de regulación y de carácter fiscal para las Big Tech y los OTT, incluso el inicio de algunas investigaciones por dominio de mercado, en materia de cobros y de información falsa.

La incursión de los OTT en mercados tradicionales como los servicios de TV de paga, aunque aún no se pueden considerar equivalentes, ya empiezan a mostrar una similitud bastante amplia, sin embargo, en materia de Telecom, existe evidencia de un impacto directo de los servicios que ya otorgan estos oferentes.

Méndez Jiménez destacó que ante el claro desbalance regulatorio que hay entre estos sectores (Telecom vs Big Tech y OTT), se hace evidente la necesidad de que los órganos reguladores simplifiquen la regulación hacia los operadores de telecomunicaciones para que de tal forma que faciliten la inversión que realizan.

“La innovación regulatoria será básica para hacer país por país y determinar la regulación que fuese necesaria para los OTT masivos”, concluyó.

La presencia de las Big Tech sin duda ha generado una gran competencia y una constante evolución inacabada, en tanto que las OTT continúan creciendo y expandiéndose de manera acelerada, lo que dificulta saber si es oportuno en este momento -salvo en los casos estrictamente necesarios- regular estos mercados, puesto que aún se desconoce su nivel de madurez, aseguró Miguel Flores Barnes, abogado en Greenberg Traurig LLPL.

Coincidió en el desbalance regulatorio que hay entre estos sectores, pero el nivel de evolución y la rapidez con la que se están expandiendo las Big Tech y los OTT, hace prudente esperar aún para establecer una regulación mucho más puntual, que pudiera restringir o distorsionar la competencia que han generado; “todavía no estamos listos, cuando menos en México”.

Recomendó las investigaciones de mercado que en México se tiene como recurso para evitar barreras al acceso a mercado o a insumos esenciales, mecanismos que se deben de aprovechar y que afortunadamente se tienen en la Ley de Competencia Económica.

Sin embargo, reconoció el gran poder que les otorga a las Big Tech y las OTT el gran volumen de información y datos personales que han logrado acumular y que les ha otorgado un amplio poder, por la variedad, volumen y velocidad que han logrado obtener, con lo cual han llegado a conocer más las preferencias y gustos que el propio consumidor, y que podría representar una barrera para las empresas que carezcan de esta información.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Ante posibles prácticas monopólicas en México el IFT investiga tiendas de aplicaciones de Internet

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) -regulador mexicano de telecomunicaciones y radiodifusión- anunció que tras una denuncia comenzó a investigar el funcionamiento de las tiendas de aplicaciones en Internet y “sus mercados relacionados”, ya que podrían estar desarrollando prácticas monopólicas. El IFT no mencionó explícitamente cuáles son las compañías involucradas que se investigan. No obstante, el mes pasado el regulador recibió una denuncia del último Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Mony de Swann Addati, quien acusó a Google y Apple de realizar estas prácticas monopólicas.

El IFT comunicó que se está estudiando si ciertas compañías desarrollan “ventas atadas” en sus tiendas de aplicaciones, donde se condicionaría a los usuarios a utilizar solamente sus propios sistemas de pagos. También se analiza si se efectuaron acciones que pudieron “incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo” de otros agentes económicos.

Según De Swaan, los procesadores de pago que emplean estas compañías cobran comisiones excesivas que “encarecen artificialmente el precio de los bienes digitales”, al mismo tiempo que se quedan con la información de los usuarios y la usan para seguir consolidando su posición dominante en el mercado. 

El IFT informó que la investigación empezó el 29 de septiembre y puede tener una duración de entre 30 y 120 días hábiles, plazo que puede ser ampliado por razones justificadas. A su vez, se menciona que cualquier persona que quiera aportar información o elementos a la investigación, podrá hacerlo.

CON INFORMACIÓN VÍA OBSERVACOM

Teletrabajo infantil, ¿oportunidad o explotación?

En los últimos años se han adelantado nuevas formas de trabajo que, aunque se esperaban fueran desarrollándose a corto plazo, tuvieron necesidad de acelerarse debido al impacto de la pandemia de Covid-19 dado que muchos procesos industriales y de servicios fueron frenados de tajo. En ese sentido, la urgencia de reponer los procesos de producción, así como preservar empleos, trasladó miles de mecanismos productivo, rumbo a un desarrollo vía remota. Pero no todos los empleadores y trabajadores estaban preparados.

Sin embargo, la transformación laboral acelerada sólo fue posible para algunas empresas, para las que pudieron sostener dicho cambio, pues la transición necesitó un modelo de capacitación diferente y millones de dólares en infraestructura para un desarrollo óptimo en el campo de producción laboral.

Organizar, gestionar y capacitar en nuevas formas remotas de trabajo, o de adhesión de nueva infraestructura tecnológica, fue apenas una pequeña parte dentro de un todo, donde factores de capital humano debían ser conectados con tecnologías que cuidaran datos personales y previnieran fugas de información o mal uso de herramientas, paralelamente a las funciones que ya desarrollaban. Por último, se tuvo que reconfigurar el mapeo interno de producción, tanto de manufacturas como de servicios. Todo esto representó un camino cuesta arriba para muchos.

Estábamos tratando de adaptarnos a dichos procesos, cuando muchas empresas, nacionales e internacionales, se percataron que los más capacitados para el trabajo remoto no eran los adultos, sino los jóvenes, que con la destreza autodidacta, propia de su generación, tenían los conocimientos que requerían para hacer funcionar procesos debidamente protegidos.

Nos referimos a actividades relacionadas con el desarrollo de códigos, sistemas, nanotecnología, mecatrónica y muchas más, las cuales son relevantes en la transformación de procesos, ideas, soluciones e instrucciones en un lenguaje que las computadoras puedan entender. Es la forma en que los humanos establecen algoritmos de reconocimiento y comunicación con la inteligencia artificial por medio de las cuales se pueden realizar diferentes acciones. Aclarando el tema, no todos tienen dichas competencias, pero muchas personas jóvenes, especialmente adolescentes, pertenecen a estas élites de conocimientos exclusivos.

Muchas personas suelen pensar que manejar tecnología que se adquiere para uso personal, como computadoras y dispositivos digitales que ya vienen con procesos de codificación diseñados para su uso, es suficiente para la administración de la tecnología que necesita una empresa. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la innovación que suelen requerir las compañías como factor de actualización, por ejemplo, el uso de la Inteligencia Artificial o el manejo del Big Data.

Se trata de cosas diferentes. En el caso de las empresas o empleadores, la adecuación de estos medios es mucho más lenta, debido a lo sofisticado del tema, ya que implica una conversión de procesos estandarizados e inversión económica. No se trata de comprar una computadora y usarla, sino de adaptar algoritmos para poder detectar compradores, líneas productivas, ensambles de semiconductores, manejar errores, producir la recolección de datos de calidad y evitar ineficiencias en el sistema para cada necesidad.

Teletrabajo y menores de edad

El trabajo de los menores de edad en México se permite a partir de los 15 años, excepciones tienen aquellos niños artesanos o los pequeños artistas de diversos géneros como el cine, el teatro y la televisión.

Pero con relación al teletrabajo y el desarrollo de programas para miles de actividades y demás cuestiones de formulación de algoritmos y manejo de códigos, resulta que la regulación del teletrabajo no los tiene en la mira, ni desde la perspectiva de la propia Ley Federal del Trabajo ni de la futura Norma Oficial Mexicana 037. Esto se debe al desconocimiento profundo en el tema. Tener ignorancia sobre el mismo, como ya he mencionado, no implica que no se esté desarrollando o que no se vaya a desarrollar.

Así que el tema amerita un análisis profundo, pues tiene perspectivas de diversos tipos. Es una élite la que tiene este tipo de conocimientos, que no necesariamente la han obtenido vía educación formal, sino por autoaprendizaje o a través comunidades dentro de internet que se enseñan unos a otros; a través de programas e intereses comunes sobre sistemas complejos que los han hecho llegar a conocimientos de alta competencia y que son reconocidos por las empresas al realizar actividades de intromisión dentro de los espacios de éstas (hackeo) o de creación, al modificar los juegos donde se conectan, generando mayores audiencias e intereses entre sus jugadores. No por certificaciones, pues siguen siendo menores de edad.

Así, estas personas jóvenes se han convertido en un factor diferencial, en donde se reconoce un talento que se debe reclutar.

En cuanto a los pagos, las alternativas son infinitas y alternas a lo que regularmente conocemos como salario monetario, ya que para muchos son más valiosas otras alternativas como retribución. Estamos hablando de pagos vía equipos, conductores, bitcoin, pagos de educación especializada, proyectos, estancias en otros países. Es decir, algunas cosas prohibidas por la Ley Federal del Trabajo, ya que sus Artículos 101 y 102 plantean que el salario deberá pagarse en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. En el caso de estos especialistas, no necesariamente será así.

Otros puntos a tener en cuenta son aquellos referidos a la materia impositiva dentro de la circunscripción mexicana, ya que se trata de menores de edad. También la protección mediante seguridad social que podría ser proporcionada en nuestro país como trabajador o el ahorro en moneda extranjera.

Hay que tener en cuenta que un padre, madre o tutor, quizá estén muy alejados del conocimiento de estos sistemas y que la protección vía policía cibernética tendría que ser una obligación del Estado, si la solicitan sus responsables legales.

Por supuesto, hablar del trabajo infantil de pronto resultaría en un rechazo unánime, pero me parece que debemos explorar y analizar nuevas circunstancias de vida que se presentan y serán futuro de nuestras sociedades; detectar si se trata o no de una oportunidad de vida y de trabajo o quizá de satisfacción. Hay que saber, por supuesto, que esto no se detendrá y que es mejor tener conocimiento para poder regular de una forma adecuada y no pretender anularlas mediante percepciones limitantes.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Pretende AMLO controlar al IFT

Con información de El Heraldo de México

CIUDAD DE MÉXICO.-La carencia de los nombramientos para comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) obedece a que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere un control político de las instituciones y de los agentes regulados, de acuerdo a expertos del sector.


«El Presidente desconfía de los órganos autónomos, quisiera tener un control sobre estas instituciones y que el Gobierno regule los sectores», afirmó Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).


Explicó que en el sector de energía el primer mandatario ya logró su objetivo de control; ahora pretende que lo mismo suceda con el sector de telecomunicaciones e incluso el de competencia económica.
«Controlar de forma discrecional y política, él no cree en una regulación sólo técnica, él cree que eso es tecnócrata, que es un resabio del neoliberalismo y por eso desconfía, pero es por desconocimiento», acusó Bravo.


A fin de contar con las comisionadas, fue el propio regulador quien en días pasados levantó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN).


El pasado miércoles, la Corte admitió la demanda y dio un plazo máximo de 30 días hábiles para contestarle al IFT.


Además agregó que el poco interés que tiene el presidente de México por conservar a los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el mismo IFT, se demuestra a través de los ajustes presupuestales durante los últimos años.


Por su parte, Gabriel Székely, director general de Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), sostuvo que los nombramientos no se dan porque existen muchos intereses técnicos de por medio.
Sostuvo que los perfiles de los candidatos deben ser expertos en temas de política pública, ingeniería, tecnología, economía, temas legales y regulatorios.


«Realmente es muy complejo y formar gente que esté solo un par de años; y luego se vayan por que hay un cambio de gobierno, no es una buena inversión para el Estado Mexicano», dijo.


Añadió que, tanto para empresas como para la propia industria, los elementos que deben estar dentro del IFT debería tomar decisiones acertadas y argumentadas, y no solo «estén justificando su existencia».

Suman trabajadores de plataformas digitales “piso mínimo” para reforma a Ley Federal del Trabajo

A unos días de que se presente la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en el Congreso de la Unión, para regular el trabajo en plataformas -aplicaciones- trabajadores de 25 colectivos de todo el país presentaron a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, el Manifiesto de Piso Mínimo, en el que incluyeron 10 puntos que deben integrarse a la propuesta legislativa.

Reunidos en la explanada de la STPS, un amplio grupo de repartidores y choferes, presentaron el documento en el que destacan, en principio, el acuerdo que tomaron los diversos colectivos, “sumando esfuerzos” para que sean considerados en la iniciativa de ley aspectos como la seguridad social, pero también la denuncias por acoso.

“En México diversas organizaciones tocar el tema de discusión pública y lograr posicionamientos ante un realidad laboral que atenta contra todos los Derechos humanos laborales reunión y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social preparar la propuesta del gobierno de México”, expuso Salvador Godínez, conductor de plataformas y representante electo para dar a conocer los punto de vista de los diversos colectivos.

A su vez, destacó que “en el marco de la búsqueda de una regulación laboral en plataformas digitales diferentes agrupaciones y conforme a la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, han acordado un piso mínimo que garantice su acceso a la justicia laboral y promueva la igualdad de género como principio fundamental, lo cual representa un asunto de justicia social”.

El encargado de recibir el documento fue el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca, quien les aseguró que estudiarán el Manifiesto.

Salvador Godínez, conductor; Ivette Pichardo, conductora; y Juan Carlos Solís, repartidor, fueron los encargados de leer el contenido del manifiesto ante los medios.

“Las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales se han organizado para socializar sus demandas y defender sus derechos, frente a la precariedad laboral en la que se encuentran por la falta de reconocimiento jurídico de la relación laboral y calidad de trabajador y trabajadora”, señalaron en el documento.

Advirtieron que las mujeres están más expuestas a la violencia por razones de género ya que son sujetas de acoso sexual en el desempeño de su trabajo.

En el manifiesto, se establecen categorías de trabajadores, los cuales son eventuales, de medio salario y salario completo. Esto es con el objetivo de que el trabajador pueda moverse de una a otra y pueda generar antigüedad en su puesto.

Además, propusieron que el salario se fije por día, orden de trabajo, tiempo de conexión, por boletos vendidos, por circuito o kilómetros recorridos. Esto consistirá en una cantidad mínima o en una prima sobre ingresos.

Además, las propinas que reciban, no formarán parte del salario.

Los trabajadores de plataformas también buscan protegerse de accidentes durante la jornada de trabajo. Por ello plantearon que queden amparados durante el tiempo de conexión y hasta el regreso a casa, después de su última orden de trabajo o su desconexión voluntaria.

Los trabajadores de plataformas están agrupados en el colectivo “Conductores por México”, que incluye a diversas organizaciones y sindicatos, con miras a convertirse en una federación.

“Tenemos tiempo organizándonos, las organizaciones de apoyo nacieron por necesidad de seguridad y después vimos las altas comisiones que las plataformas nos aplicaban a nosotros y empezamos a agruparnos y empezamos a tener contacto a nivel nacional, diferentes organizaciones, colectivos, agrupaciones”, señaló Ivette Pichardo, repartidora de Ciudad Juárez y miembro del movimiento “Conductores por México”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Que se retiren de las calles en México los cables de fibra óptica y cobre que ya no se usen: la nueva iniciativa que ronda entre diputados

Dado que hay una gran cantidad de cables en postes de la vía pública que ya no sirven para ningún propósito, una nueva iniciativa en Cámara de Diputados plantea hacer algo al respecto.

Presentada por la diputada Karina Barrón del PRI, la iniciativa plantea cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que se retire de manera inmediata «todo cable por el que se prestó algún tipo de servicio y que este, no subsista actualmente«. El motivo es que los cables que ya no tienen uso solo aportan a contaminar visualmente.

La iniciativa incluso dice que las limpias serán organizadas por autoridades federales y locales, pero que en ellas colaborarían los concesionarios, como Telmex, Megacable y otros. «Debemos tener en cuenta que los cables que prestan sus servicios telefonía, internet y televisión en los hogares son los que más proliferan y más afectan la cuestión visual«, se lee en la iniciativa.

Según el documento, las autoridades federales y locales serían las responsables de hacer una supervisión visual en las calles cada tres meses.

En el peor de los casos, los cables en vía pública quedan abandonados «por décadas«, por lo que eventualmente quedan en riesgo de que «sean arrastrados por otros transportes que brindan servicios del transporte público«, argumenta la diputada Barrón. «Esta exagerada acumulación de cableado sobre los aires deteriora la imagen de las calles, genera basura y mucha contaminación visual, provoca accidentes y, las autoridades locales, no terminan por atender y resolver el este grave problema«, sentencia.

La iniciativa todavía debe ser analizada en la Cámara de Diputados, en donde podría desecharse o avanzar, con o sin modificaciones.

CON INFORMACIÓN VÍA XATAKA MÉXICO

El espectro que Movistar devolvió al IFT irá a concurso en la primera licitación 5G de México

Telefónica Movistar cerró junio con la devolución del último paquete de frecuencias de espectro que utilizaba para la prestación de sus servicios de telefonía e Internet móviles en la región celular 2 de Sonora y Sinaloa, y con esta acción terminó de deshacerse de todas sus señales radioeléctricas que poseía en México para enfocarse en el uso de la red de AT&T como uno de sus insumos esenciales para seguir comercializando sus servicios en el país, después de un convenio firmado entre ambas compañías en los últimos días de 2019.

En ese año, Telefónica anunció que gradualmente, entre 2019 y 2022, iría desprendiéndose de todas las frecuencias radioeléctricas para comunicaciones celulares que había comprado aquí en el pasado. Se trababa entonces de una devolución de distintos bloques de espectro en tamaño y con diferente cobertura territorial que regresarían a posesión del Estado mexicano por lo oneroso que resultaba a Movistar explotarlos.

La compañía dijo que se ahorraría hasta 5,000 millones de pesos a partir de octubre del 2022 por el convenio con AT&T y el gobierno ya dejó de percibir unos 550 millones de dólares anuales por los pagos de derechos que Movistar estaba obligada a pagar por usar las frecuencias.

Movistar ha dejado ahora disponible diversas frecuencias en las bandas de 850 MHz, en los 1.9 GHz (PCS) y en los 2.5 GHz. Son bloques con tamaños de 10, 20 o 40 Megahertz y con alcance nacional o regional, y todavía de mayor tamaño y para Internet de alta velocidad o llamadas celulares con amplia cobertura, según la región celular donde se ubiquen.

Las frecuencias retornadas son aquellas designadas para comunicaciones celulares, pues Telefónica Movistar todavía cuenta con señales en otras bandas como en los 7, 10, 15, 18, 23 y 38 GHz para mantener en estado óptimo sus operaciones. Pero las anteriores, las de 850 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz, volverán a colocarse en el mercado en nuevos procesos licitatorios para desarrollar distintas áreas de servicio y operadores de carácter regional.

En principio, las frecuencias que Telefónica Movistar ya devolvió en la banda de 850 MHz, diversos bloques regionales de 20 y 21 MHz de ancho de banda y que cubren el 51% de México, se concursarán en la venidera Licitación IFT-12, sea para crear servicios de quinta generación (5G) o para que los operadores crezcan las coberturas de 4G-LTE ya existentes, afirmó Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

Tras la devolución de toda su banda de 2.5 GHz, Telefónica contaba todavía con el 8.3% de todas las bandas disponibles en México para comunicaciones celulares, si se contabilizaba su tenencia en 850 MHz y PCS… Con el último paquete devuelto en junio, ¿queda en ceros la compañía en cuanto espectro y no puede quedar en desventaja por no contar con señales propias?

—Telefónica tiene todavía concesiones en otras bandas; algunas son para enlaces, para punto a punto; para sus operaciones. Pero las que terminó de devolver en junio están en los 850 MHz, en PCS y 2.5 GHz.

Movistar ha dicho que su convenio establecido con AT&T, que no es exclusivo, le permite ir compitiendo por separado y con ofertas diferenciadas y que todas las nuevas ampliaciones de cobertura y de tecnología que logre AT&T con su red también va a beneficiar a los usuarios de Telefónica. Movistar creció sustancialmente su cobertura con este convenio y los usuarios se vieron favorecidos. Pero estos altos costos del espectro lo convierten en un desincentivo y una barrera artificial para los operadores.

¿Es posible que algunas de estas bandas estén en tiempo de integrarse todavía al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2023 y que alguien las compre?

Sí, es posible. De hecho, el espectro que ya devolvió Telefónica en la banda de los 850 MHz son frecuencias que estamos pensando incluir en la Licitación IFT-12, que es la licitación que va a traer con otras bandas los futuros servicios de 5G. Ellos, Movistar, tenían espectro en las regiones celulares 1-4 y ese es el mismo espectro que ésta propuesto, que tenemos contemplado para ser incluido en la IFT-12.

Nosotros ya teníamos la disponibilidad de este espectro, porque la renuncia de Movistar se dio desde 2019 con efectos a diferentes fechas; a 2020, 2021 y ahora a junio de 2022. No era una especulación, sino que ya era una realidad que íbamos a contar con ese espectro y así lo proponemos. Cierto es que para junio del 2022, Telefónica terminó de devolver los 20 MHz que le faltaban en la región 2; eran los últimos que estaban  pendiente de devolver y a partir de julio ya están completamente disponibles.

En cuanto las bandas de PCS y 2.5 GHz, esas aún no han sido consideradas en un programa anual de banda de frecuencias, pero pudiera ser, pudiera ser, y lo que determine el pleno de IFT e incluirlas en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2023. Pudiera ser.

Con el resultado de la pasada Licitación IFT-10… ¿De qué manera pudiera colocarse ese espectro de 850 MHz para dotarlo de mayor atractivo ante los operadores interesados, nuevos y actuales?

—Nosotros ya estamos evaluando diferentes esquemas que incluyen los tamaños de bloques que se van a licitar y las coberturas geográficas que se pueden considerar; pueden ser estos bloques de coberturas regionales o nacionales.

El espectro que se puso a disposición del mercado en los 800 MHz fue en función de las Áreas Básicas de Servicio (ABS), en lugar de bloques regionales o nacionales y esto fue con la intención de promover la entrada de nuevos jugadores regionales o locales.

Esta dinámica la vamos a seguir promoviendo. Creemos que está claro que los grandes operadores tienen el espectro que necesitan en esas bandas bajas de 800 MHz y 850 MHz, porque así lo demostraron en la pasada Licitación IFT-10; porque no se llevaron más que lo que estrictamente necesario. Si todo ese espectro lo ponemos como un solo bloque a nivel región celular, pudiera ser poco atractivo, porque no habría interés de nuevos actores nacionales. Pero estos potenciales nuevos actores pequeños y locales van a tener interés mayor de participar si las regiones geográficas son más acotadas, de manera que las inversiones por pago de derechos como despliegue de infraestructura son menores.

¿Qué tanto, más allá de las ABS, se puede “fraccionar” una frecuencia para hacerla preciada a ojos de los operadores y qué tan posible es que las bandas que fueron de Movistar en 2.5 GHz acaben así?

—Como están definidas las regiones geográficas, de lo más grande a lo más chico, una sería cobertura nacional, la siguiente es región celular y luego vienen las 65 Áreas Básicas de Servicio, y todavía más abajo en división están los 2,446 municipios del país. Ahí es donde tenemos un área de oportunidad. Me refiero a que en el futuro se pudieran contemplar regiones intermedias, entre una ABS y un municipio, y esto pudiera ser útil para seguir promoviendo la entrada de nuevos actores muy locales. Pero sí tenemos que tener cuidado en que las regiones geográficas sean del tamaño y convivencia adecuada para proporcionar el servicio sin interferencias.

Teniendo cuidado en cómo se puede todavía subdividir una ABS en regiones aún menores y considerando las cuestiones socioeconómicas y de interoperabilidad técnica, es posible que en un futuro podríamos tener una nueva subdivisión que permita el acceso a prestadores de servicio de menor tamaño y más locales. Esa parte de actores nacionales ya tenemos y con esas dimensiones, y no parece que vaya a haber más interesados en querer competir contra AT&T y Telcel.

Para no tener una actuación unilateral, se pueden poner bloques mínimos de 5 más 5 Megahertz en diferentes regiones y dejemos que el mercado tome lo que necesita. Pongamos como ejemplo una región donde un operador necesita 5 más 5 MHz, pues se lleva 10 Megahertz, pero otros dicen que se llevan dos bloques de 5 más 5 MHz por cuestiones de mercado. Entonces tenemos que tener cuidado de que haya una diversidad de tamaños y coberturas geográficas que le permita al mercado tener flexibilidad para escoger lo que convenga a su plan de negocios. Las bandas de 2.5 GHz y de PCS es una posibilidad de que tendrán que evaluarse así.

¿Sigue firme la intención del IFT respecto a que la Licitación IFT-12 empieza su vida en noviembre de 2022?

—Estamos ya en la etapa de diseño. Estamos viendo para las diferentes frecuencias cuáles serían los tamaños de bloques y las coberturas que se van a poner a disposición del mercado. Ya tenemos un primer ejercicio que estamos trabajando al interior de la Unidad de Espectro Radioeléctrico. El principio es que haya una oferta diversa en tamaños de bloques de espectro y coberturas geográficas.

Por ejemplo, en la banda de 600 MHz estamos pensando… Allí tenemos 35 MHz de subida y 35 MHz de bajada, en total 70 Megahertz. Podríamos disponer de tres bloques nacionales: dos bloques de 10 MHz nacionales y uno de 5 MHz más 5 MHz regional y luego dos bloques de 5 MHz más 5 MHz en Área Básica de Servicio, como para jugar un poco con la oferta en dimensión geográfica y cantidad de espectro para que haya una oferta, en términos culinarios un menú que promueve la mayor concurrencia posible.

Y trabajamos con la Secretaría de Hacienda para que los costos del espectro no representen más una barrera artificial a la entada de nuevos operadores y por eso ya hicimos propuestas para que se modifique Ley Federal de Derechos. No queremos que esta sea dedicada una licitación a sólo dos grandes operadores.

¿Confía en que a pesar del ingenioso diseño para colocar más fácilmente bandas, esa IFT-12 para 5G no quede deslucida como la IFT-10?

—Pues 5G no nada más se trata de servicios para personas. Se trata también de espectro para servicios, como para Internet de las cosas (IoT); para comunicaciones máquina-máquina; de espectro para vehículos conectados y de espectro para cubrir diferentes expectativas, no sólo para personas, sino para procesos industriales, para telemedicina o teleeducación.

Confiamos porque no tenemos vetado a nadie interesado en participar y la banda de 3.5 GHz, a concurso, es la banda que está teniendo mayor despliegue con 5G y si finalmente conseguimos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes agregar espectro en los 3.3 GHz, esa licitación seguramente sería bastante atractiva, porque hay valores del ecosistema tecnológico y más de 40 países que ha elegido ese rango para 5G. En 3.5 GHz hay disponibles 100 Megahertz de frecuencias, pero pudieran llegar a ser hasta 150 MHz.

Otra relevancia que tendrá la IFT-12 es la banda de 600 MHz y si bien su ecosistema no es tan maduro, porque no hay muchos países que la hayan licitado, para México es importante porque tanto Canadá como Estados Unidos acaban de licitarla y para México es estratégico desde el punto de vista regional por hacer sentido una convivencia.

En cuanto las bandas de 800 MHz y 850 MHz, las que fueron de Movistar, estarán disponibles para todos nuevos operadores y pudieran usarla para 4G-LTE, para conectividad. Y la Banda L se conjunta muy bien con 3.5 GHz, por lo que pudiera ser atractiva para quien tenga interés en la 3.5.

La licitación empieza en el último trimestre de este año, cuando saquemos a consulta las pre-bases y materialmente la estaremos lanzando formalmente en 2023.

Nada de telecomunicaciones, pero sí de radiodifusión: ¿Han pensado en el IFT colocar inclusive como disponible este mismo año el canal de televisión que Compañía Internacional de Radio y Televisión perdió en la Ciudad de México?

—Hacia septiembre ya se publicará el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias de 2023 en materia de radiodifusión y allí pudiera aparecer algo. El canal está allí, disponible. Pero si no hubiera una manifestación seria de interés, no lo consideramos.

Con información de El Economista

México | Número de usuarios de internet creció 6.74% en 2021: Inegi

Con información de El Economista

El número de usuarios de internet en México creció 6.74% en 2021, para alcanzar los 88.6 millones de mexicanos y mexicanas que cuentan con alguna forma de acceso a la red de redes, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, realizada por el Inegi y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El instituto de estadística de México y el regulador de las telecomunicaciones publicaron los resultados de la encuesta que sirve para conocer el acceso a tecnologías de la información en los hogares mexicanos y en la cual se advierte que 75.6% de la población con 6 años o más en México tiene acceso a internet, es decir cuatro puntos porcentuales más que en 2021, cuando había 83 millones de personas con acceso a internet en el país o 71.5 por ciento.

Brechas

Una mayor cantidad de hombres (76.5%) tienen acceso a internet en México frente a 74.8% de las mujeres, una constante en la medición por lo menos en las cinco encuestas más recientes. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes tienen mayor acceso a la red, con 93.4 por ciento. Le siguen los menores de entre 12 y 17 años y quienes tienen entre 25 y 34 años, con 90 por ciento. 

Las personas de entre 35 y 44 años tienen acceso a internet en 82.7% de los casos, mientras que quienes tienen un menor acceso a internet en México son quienes tienen más de 55 años, pues sólo 42.4% tiene acceso a internet. 

Aunque la brecha entre la población con acceso a internet en las ciudades y el campo se mantiene, ésta mostró una reducción de 2.1 puntos porcentuales respecto de los resultados de 2020. En 2021, 81.6% de la población de seis años o más con acceso a internet se concentró en las ciudades mientras que sólo 56.5% radica en el entorno rural.

Smartphone, el rey

La mayoría de quienes se conectaron a internet en México lo hicieron a través de un smartphone. Entre 2020 y 2021, el número de personas que se conectaron a internet a través de un teléfono celular pasó de 89.6 a 96.8%; mientras que el número de mexicanos que se conectó a través de un televisor inteligente (Smart TV) y de una consola de videojuegos también aumentaron considerablemente, al pasar de 12.4 a 25.7% y de 6.2 a 6.5%, respectivamente.

En sentido opuesto, las personas que se conectaron a la red a través de una computadora portátil, de una tablet o de una computadora de escritorio volvieron a registrar una caída por quinto año consecutivo, al disminuir en 10.4 y 17.7 puntos porcentuales, respectivamente.

Rescate de la Red Compartida es insuficiente si no se entienden las causas de la quiebra de Altán Redes

Con información de Salvador Vargas/DPLnews

El pasado 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate de Altán Redes, operador de la Red Compartida. El rescate considera la toma del control de la empresa de telecomunicaciones por parte del Estado, herencia de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión promovida por Enrique Peña Nieto durante su administración.

En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló: “el Estado mexicano ya es socio mayoritario y ya tiene la dirección y la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altán, que va a significar tener Internet en todos los pueblos e Internet en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en todos los sitios de interés colectivo”.

La Red Compartida nació en junio de 2013, como una iniciativa derivada de la reforma del sector y cuyo objetivo es impulsar la competencia y la cobertura de las telecomunicaciones en el territorio mexicano, ofreciendo el acceso a su infraestructura como operador exclusivamente de servicios mayoristas de telecomunicaciones a través de una red inalámbrica 4.5G y utilizando 90 MHz de la banda de 700 MHz.

El proyecto de la Red Compartida nació con una meta progresiva de cobertura de 92.2 por ciento de la población a más tardar el 24 de enero de 2024, cubriendo 111 Pueblos el 24 de enero 2022.

La Red Compartida opera actualmente bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) en la que las inversiones, construcción y operación de la red es responsabilidad del socio privado, Altán Redes, mientras que por la parte pública, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel) facilita el uso de la banda de 700 MHz bajo la figura de arrendamiento y es responsable de la administración del contrato de la APP.

El operador ganador de la licitación para operar la Red Compartida fue Altán Redes, que se comprometió a dar una cobertura de 92.2 por ciento dentro del territorio nacional en 2024, venciendo a Rivada Networks, excluida de la licitación por no cumplir con las bases del proceso al presentar fuera de tiempo la documentación sobre su garantía de seriedad por mil millones de pesos.

El 21 de marzo de 2018, Altán Redes inició operaciones con una cobertura de 32.2 por ciento de la población del país, cobertura superior al compromiso establecido por Altán Redes de 30 por ciento para esa fecha. Las localidades inicialmente cubiertas incluyeron la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Querétaro, Puebla, Morelia, Colima, Tepic, Aguascalientes y Celaya, así como 29 Pueblos Mágicos.

Más de una año después, en septiembre de 2019, Altán llegó a cubrir 43 por ciento de la población total de México y 40 Pueblos Mágicos, así como más de 3 mil 200 localidades marginadas.

En enero de 2020, la red de Altán llegó a cubrir 50.18 por ciento de la población y 57 Pueblos Mágicos, incluidos 21 mil 067 pueblos rurales.

En un comunicado de prensa, Altán señaló que a finales de septiembre de 2021, logró dar cobertura a 68.89 por ciento de la población y 84 Pueblos Mágicos.

No obstante los avances señalados anteriormente, a finales de abril de 2021 el operador solicitó una prórroga para dar la cobertura comprometida de enero 2024 a enero 2028, misma que fue autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El motivo principal señalado por Altán Redes, manifestado al solicitar la prórroga, fue que requeriría mil 456 millones de dólares en los próximos tres años para cubrir los costos de la red, así como sanear sus finanzas, por lo que la prórroga del proyecto tenía como objetivo generar un punto neutro de generación de caja positiva en 2023 que le permitiera liquidar su deuda y cumplir con su compromiso de cobertura.

Poco después de solicitar la prórroga, Altán Redes anunció que la compañía entraba a concurso mercantil para reestructurar su deuda. La empresa señaló que estaba en negociaciones con sus acreedores y que dichas negociaciones caminaban de manera positiva, al mismo tiempo que contaba con el respaldo de sus accionistas y del gobierno.

Altán Redes reconoció una deuda que asciende a mil 500 millones de dólares. Dentro de los acreedores con las que más adeudos tiene se encuentran Nokia, Huawei, ICA Flour, Axtel, Telmex, AT&T, Telcel, Televisa y Telesites, entre muchas otras compañías de varios otros sectores económicos.

En el contexto anterior y en el entendido de que la situación de Altán Redes corría el riesgo de no salir avante a pesar del concurso mercantil, el gobierno de México definió un plan de rescate que fue avalado por el IFT, emitiendo una opinión favorable en materia de competencia económica sobre las modificaciones al contrato de concesión.

El rescate contempla un financiamiento por parte de accionistas y de la banca mexicana de desarrollo. Algunos accionistas convertirán deuda en acciones y otros accionistas, así como la banca mexicana de desarrollo, aportarán un crédito. Lo anterior le da el derecho a la banca mexicana de desarrollo de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altán Redes, pero los derechos del fideicomiso paulatinamente se irán reduciendo y revirtiendo en favor de los accionistas conforme el crédito se vaya liquidando.

El rescate también considera una inyección de 388 millones de dólares. Bancomex, Banobras y Nafin otorgarán un crédito de 161 millones de dólares y la diferencia vendrá de proveedores (167 millones de dólares), accionistas (50.5 millones de dólares) y clientes (10 millones de dólares).

El crédito se garantizará a través de un fideicomiso en el cual se aportarán las acciones de Altán Redes y en el cual la banca tendrá aproximadamente 61 por ciento de los derechos del fideicomiso, y los accionistas el 39 por ciento restante.

Con el rescate, Altán Redes tiene el compromiso de ofrecer el servicio de la Red Compartida a 70 por ciento de la población para noviembre de 2022; a 85 por ciento para enero de 2027 y a 92.2 por ciento para enero de 2028.

Para algunos analistas, el recate de Altán Redes viola el T-MEC en función de que el capítulo 18 de “Telecomunicaciones” del tratado con Estados Unidos y Canadá establece que el Estado mexicano debe evitar acciones que otorguen un trato más favorable a alguno de los proveedores de telecomunicaciones, ya sea público o privado.

El razonamiento de este punto dentro del T-MEC tiene el objetivo de garantizar que todos los competidores tengan condiciones de igualdad de competencia, y que ninguno de ellos utilice alguna ventaja que limite la competencia o que desplace a sus competidores o que se impongan restricciones de entrada al mercado. 

Sobre el punto anterior, la Secretaría de Economía manifestó que “el financiamiento recibido por parte de Bancomext no contraviene las disposiciones contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Estado mexicano garantizará que actuará con imparcialidad, respetando a cabalidad lo previsto en el capítulo 18 Telecomunicaciones del T-MEC”.

Por su parte, el IFT validó el rescate del gobierno y manifestó que la intervención no traerá problemas a la competencia. Asimismo, el regulador manifestó que no se prevé que la reconfiguración de accionistas tenga por objeto conferir poder sustancial a las partes involucradas, ni establecer barreras a la entrada. 

A pesar de lo anterior, el rescate provocará un conflicto de interés en función de que el gobierno se va a supervisar a sí mismo, ya que el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) es el supervisor del despliegue de la Red Compartida, lo cual genera un claro conflicto de interés que permitirá al Estado mexicano competir y regular al mismo tiempo. 

De hecho, el rescate de Altán Redes representa una medida con la que ningún otro operador en el mercado mexicano sería favorecido, lo cual genera una práctica anticompetitiva. 

Es importante señalar que Altán Redes inició operaciones en áreas rentables que ya tenían cobertura por parte de los operadores tradicionales como Telcel, AT&T y Telefónica Movistar, así como por los Operadores Móviles Virtuales (OMVs). 

En este sentido, habrá que entender que las áreas por cubrir para lograr la cobertura de 92.2 por ciento de la población representan un mayor reto para Altán Redes, ya que son áreas rurales de difícil acceso y poco rentables, por lo que si operar en zonas ya cubiertas y rentables provocó la quiebra de Altán Redes, es muy posible que ante un escenario de mayor complejidad, el operador requiera un segundo recate en el futuro, en función de que el rescate actual no modifica la operación o modelo de negocios que provocó el concurso mercantil de la Red Compartida.

Por tal motivo es importante que se haga una nueva revisión de la viabilidad del proyecto en los términos que se encuentra operando actualmente, así como una reestructura de la iniciativa en función de las áreas o aspectos que se deban corregir. El rescate no basta y será insuficiente en tanto no se corrijan las causas que provocaron la quiebra de Altán Redes.

Por otra parte, la otra iniciativa gubernamental llamada “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, que está desplegando una red para ofrecer servicios de telecomunicaciones, no tiene la capacidad de llegar a toda la población, en función de que el proyecto de la CFE es primordialmente el transporte y requiere de la red de acceso que le proporciona la Red Compartida, por lo que el rescate es también el rescate de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Por último, llevar Internet a todo el país representa un gran esfuerzo por parte del Estado, por lo que es importante valorar otro tipo de alternativas en las que participe en mayor medida la iniciativa privada con experiencia en el mercado, proporcionándoles incentivos para conectar a la población más alejada. 

Tales incentivos podrían ser de tipo fiscal e incluso reducir los precios del espectro con compromisos de cobertura. Por ejemplo, recientemente la Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia ha relajado una serie de medidas regulatorias relacionadas con el despliegue de redes rurales. A través de la Resolución N° 6755, los proveedores de Internet (ISPs) que dan servicios a menos de 30 mil suscriptores y atienden áreas rurales, remotas y de difícil acceso, ya no están obligados a seguir las reglas del sector relacionadas con el servicio al usuario, compensación e indicadores de medición. 

En ese mismo tenor, en junio de 2022 Brasil eliminó las cargas impositivas a los servicios de telefonía e Internet, al considerarlos como “esenciales” para la vida humana, haciendo estos servicios más asequibles para la población. 

Medidas similares a las anteriores, adaptadas al mercado mexicano, podrían ser exitosas para lograr la conectividad de todo el territorio nacional. 

TENDENCIAS_ Por qué las ciudades serán el desafío futuro de los reguladores TIC

Cuando se habla de temas digitales, es común escuchar que el desafío más apremiante es cerrar brechas y garantizar que las comunidades rurales se conecten a Internet, pues son las principales zonas que carecen de este servicio o donde la calidad es insuficiente.

Y aunque este reto sigue siendo urgente, en el futuro también las ciudades captarán la atención de los reguladores TIC en América Latina. Sergio Martínez Medina, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, explicó por qué durante el LATAM ICT Congress 2022.

Para Martínez Medina, algunos de los principales desafíos regulatorios de los próximos años estarán relacionados con las urbes, debido a que las ciudades y territorios buscarán convertirse en ciudades inteligentes.

En Colombia, por ejemplo, el nivel de urbanización ha aumentado cada vez más y se espera que el 80 por ciento del país sea urbano dentro de 25 años, por lo que las ciudades serán “el canal transformador de desarrollo”, afirmó el comisionado.

Con eso en mente, Sergio Martínez destacó que América Latina requiere una agenda regional que promueva una mirada regulatoria conjunta para impulsar el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y la revolución digital.

Los desafíos de transformación digital, sobre todo en las alcaldías, regiones o municipios, no podrán resolverse a través de decretos u obligaciones, sino que requiere una colaboración con las comunidades y crear un círculo virtuoso para incentivar a las autoridades a hacer cambios.

El comisionado de la CRC comentó que la institución colombiana ha tratado de promover buenas prácticas en cuanto al despliegue de infraestructura, con el fin de lograr que más localidades eliminen las barreras para que cuenten con un entorno propicio para volverse ciudades o territorios inteligentes.

Asimismo, la Comisión está ejecutando herramientas para fomentar la implementación de infraestructura y mejorar la conectividad, a través de modelos de regulación flexibles e innovadores y armonización normativa.

Durante su intervención en el segundo día del evento, Carlos Lugo Silva, oficial Experto para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), explicó los alcances de la Coalición Digital Partner2Connect.

Se trata de un proyecto de la UIT que busca contribuir a alcanzar la conectividad universal de manera asequible, promoviendo que las organizaciones, instituciones y empresas se comprometan a coordinar sus acciones a favor de la transformación digital y el cierre de la brecha digital.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS