El espectro que Movistar devolvió al IFT irá a concurso en la primera licitación 5G de México

Telefónica Movistar cerró junio con la devolución del último paquete de frecuencias de espectro que utilizaba para la prestación de sus servicios de telefonía e Internet móviles en la región celular 2 de Sonora y Sinaloa, y con esta acción terminó de deshacerse de todas sus señales radioeléctricas que poseía en México para enfocarse en el uso de la red de AT&T como uno de sus insumos esenciales para seguir comercializando sus servicios en el país, después de un convenio firmado entre ambas compañías en los últimos días de 2019.

En ese año, Telefónica anunció que gradualmente, entre 2019 y 2022, iría desprendiéndose de todas las frecuencias radioeléctricas para comunicaciones celulares que había comprado aquí en el pasado. Se trababa entonces de una devolución de distintos bloques de espectro en tamaño y con diferente cobertura territorial que regresarían a posesión del Estado mexicano por lo oneroso que resultaba a Movistar explotarlos.

La compañía dijo que se ahorraría hasta 5,000 millones de pesos a partir de octubre del 2022 por el convenio con AT&T y el gobierno ya dejó de percibir unos 550 millones de dólares anuales por los pagos de derechos que Movistar estaba obligada a pagar por usar las frecuencias.

Movistar ha dejado ahora disponible diversas frecuencias en las bandas de 850 MHz, en los 1.9 GHz (PCS) y en los 2.5 GHz. Son bloques con tamaños de 10, 20 o 40 Megahertz y con alcance nacional o regional, y todavía de mayor tamaño y para Internet de alta velocidad o llamadas celulares con amplia cobertura, según la región celular donde se ubiquen.

Las frecuencias retornadas son aquellas designadas para comunicaciones celulares, pues Telefónica Movistar todavía cuenta con señales en otras bandas como en los 7, 10, 15, 18, 23 y 38 GHz para mantener en estado óptimo sus operaciones. Pero las anteriores, las de 850 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz, volverán a colocarse en el mercado en nuevos procesos licitatorios para desarrollar distintas áreas de servicio y operadores de carácter regional.

En principio, las frecuencias que Telefónica Movistar ya devolvió en la banda de 850 MHz, diversos bloques regionales de 20 y 21 MHz de ancho de banda y que cubren el 51% de México, se concursarán en la venidera Licitación IFT-12, sea para crear servicios de quinta generación (5G) o para que los operadores crezcan las coberturas de 4G-LTE ya existentes, afirmó Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

Tras la devolución de toda su banda de 2.5 GHz, Telefónica contaba todavía con el 8.3% de todas las bandas disponibles en México para comunicaciones celulares, si se contabilizaba su tenencia en 850 MHz y PCS… Con el último paquete devuelto en junio, ¿queda en ceros la compañía en cuanto espectro y no puede quedar en desventaja por no contar con señales propias?

—Telefónica tiene todavía concesiones en otras bandas; algunas son para enlaces, para punto a punto; para sus operaciones. Pero las que terminó de devolver en junio están en los 850 MHz, en PCS y 2.5 GHz.

Movistar ha dicho que su convenio establecido con AT&T, que no es exclusivo, le permite ir compitiendo por separado y con ofertas diferenciadas y que todas las nuevas ampliaciones de cobertura y de tecnología que logre AT&T con su red también va a beneficiar a los usuarios de Telefónica. Movistar creció sustancialmente su cobertura con este convenio y los usuarios se vieron favorecidos. Pero estos altos costos del espectro lo convierten en un desincentivo y una barrera artificial para los operadores.

¿Es posible que algunas de estas bandas estén en tiempo de integrarse todavía al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2023 y que alguien las compre?

Sí, es posible. De hecho, el espectro que ya devolvió Telefónica en la banda de los 850 MHz son frecuencias que estamos pensando incluir en la Licitación IFT-12, que es la licitación que va a traer con otras bandas los futuros servicios de 5G. Ellos, Movistar, tenían espectro en las regiones celulares 1-4 y ese es el mismo espectro que ésta propuesto, que tenemos contemplado para ser incluido en la IFT-12.

Nosotros ya teníamos la disponibilidad de este espectro, porque la renuncia de Movistar se dio desde 2019 con efectos a diferentes fechas; a 2020, 2021 y ahora a junio de 2022. No era una especulación, sino que ya era una realidad que íbamos a contar con ese espectro y así lo proponemos. Cierto es que para junio del 2022, Telefónica terminó de devolver los 20 MHz que le faltaban en la región 2; eran los últimos que estaban  pendiente de devolver y a partir de julio ya están completamente disponibles.

En cuanto las bandas de PCS y 2.5 GHz, esas aún no han sido consideradas en un programa anual de banda de frecuencias, pero pudiera ser, pudiera ser, y lo que determine el pleno de IFT e incluirlas en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del año 2023. Pudiera ser.

Con el resultado de la pasada Licitación IFT-10… ¿De qué manera pudiera colocarse ese espectro de 850 MHz para dotarlo de mayor atractivo ante los operadores interesados, nuevos y actuales?

—Nosotros ya estamos evaluando diferentes esquemas que incluyen los tamaños de bloques que se van a licitar y las coberturas geográficas que se pueden considerar; pueden ser estos bloques de coberturas regionales o nacionales.

El espectro que se puso a disposición del mercado en los 800 MHz fue en función de las Áreas Básicas de Servicio (ABS), en lugar de bloques regionales o nacionales y esto fue con la intención de promover la entrada de nuevos jugadores regionales o locales.

Esta dinámica la vamos a seguir promoviendo. Creemos que está claro que los grandes operadores tienen el espectro que necesitan en esas bandas bajas de 800 MHz y 850 MHz, porque así lo demostraron en la pasada Licitación IFT-10; porque no se llevaron más que lo que estrictamente necesario. Si todo ese espectro lo ponemos como un solo bloque a nivel región celular, pudiera ser poco atractivo, porque no habría interés de nuevos actores nacionales. Pero estos potenciales nuevos actores pequeños y locales van a tener interés mayor de participar si las regiones geográficas son más acotadas, de manera que las inversiones por pago de derechos como despliegue de infraestructura son menores.

¿Qué tanto, más allá de las ABS, se puede “fraccionar” una frecuencia para hacerla preciada a ojos de los operadores y qué tan posible es que las bandas que fueron de Movistar en 2.5 GHz acaben así?

—Como están definidas las regiones geográficas, de lo más grande a lo más chico, una sería cobertura nacional, la siguiente es región celular y luego vienen las 65 Áreas Básicas de Servicio, y todavía más abajo en división están los 2,446 municipios del país. Ahí es donde tenemos un área de oportunidad. Me refiero a que en el futuro se pudieran contemplar regiones intermedias, entre una ABS y un municipio, y esto pudiera ser útil para seguir promoviendo la entrada de nuevos actores muy locales. Pero sí tenemos que tener cuidado en que las regiones geográficas sean del tamaño y convivencia adecuada para proporcionar el servicio sin interferencias.

Teniendo cuidado en cómo se puede todavía subdividir una ABS en regiones aún menores y considerando las cuestiones socioeconómicas y de interoperabilidad técnica, es posible que en un futuro podríamos tener una nueva subdivisión que permita el acceso a prestadores de servicio de menor tamaño y más locales. Esa parte de actores nacionales ya tenemos y con esas dimensiones, y no parece que vaya a haber más interesados en querer competir contra AT&T y Telcel.

Para no tener una actuación unilateral, se pueden poner bloques mínimos de 5 más 5 Megahertz en diferentes regiones y dejemos que el mercado tome lo que necesita. Pongamos como ejemplo una región donde un operador necesita 5 más 5 MHz, pues se lleva 10 Megahertz, pero otros dicen que se llevan dos bloques de 5 más 5 MHz por cuestiones de mercado. Entonces tenemos que tener cuidado de que haya una diversidad de tamaños y coberturas geográficas que le permita al mercado tener flexibilidad para escoger lo que convenga a su plan de negocios. Las bandas de 2.5 GHz y de PCS es una posibilidad de que tendrán que evaluarse así.

¿Sigue firme la intención del IFT respecto a que la Licitación IFT-12 empieza su vida en noviembre de 2022?

—Estamos ya en la etapa de diseño. Estamos viendo para las diferentes frecuencias cuáles serían los tamaños de bloques y las coberturas que se van a poner a disposición del mercado. Ya tenemos un primer ejercicio que estamos trabajando al interior de la Unidad de Espectro Radioeléctrico. El principio es que haya una oferta diversa en tamaños de bloques de espectro y coberturas geográficas.

Por ejemplo, en la banda de 600 MHz estamos pensando… Allí tenemos 35 MHz de subida y 35 MHz de bajada, en total 70 Megahertz. Podríamos disponer de tres bloques nacionales: dos bloques de 10 MHz nacionales y uno de 5 MHz más 5 MHz regional y luego dos bloques de 5 MHz más 5 MHz en Área Básica de Servicio, como para jugar un poco con la oferta en dimensión geográfica y cantidad de espectro para que haya una oferta, en términos culinarios un menú que promueve la mayor concurrencia posible.

Y trabajamos con la Secretaría de Hacienda para que los costos del espectro no representen más una barrera artificial a la entada de nuevos operadores y por eso ya hicimos propuestas para que se modifique Ley Federal de Derechos. No queremos que esta sea dedicada una licitación a sólo dos grandes operadores.

¿Confía en que a pesar del ingenioso diseño para colocar más fácilmente bandas, esa IFT-12 para 5G no quede deslucida como la IFT-10?

—Pues 5G no nada más se trata de servicios para personas. Se trata también de espectro para servicios, como para Internet de las cosas (IoT); para comunicaciones máquina-máquina; de espectro para vehículos conectados y de espectro para cubrir diferentes expectativas, no sólo para personas, sino para procesos industriales, para telemedicina o teleeducación.

Confiamos porque no tenemos vetado a nadie interesado en participar y la banda de 3.5 GHz, a concurso, es la banda que está teniendo mayor despliegue con 5G y si finalmente conseguimos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes agregar espectro en los 3.3 GHz, esa licitación seguramente sería bastante atractiva, porque hay valores del ecosistema tecnológico y más de 40 países que ha elegido ese rango para 5G. En 3.5 GHz hay disponibles 100 Megahertz de frecuencias, pero pudieran llegar a ser hasta 150 MHz.

Otra relevancia que tendrá la IFT-12 es la banda de 600 MHz y si bien su ecosistema no es tan maduro, porque no hay muchos países que la hayan licitado, para México es importante porque tanto Canadá como Estados Unidos acaban de licitarla y para México es estratégico desde el punto de vista regional por hacer sentido una convivencia.

En cuanto las bandas de 800 MHz y 850 MHz, las que fueron de Movistar, estarán disponibles para todos nuevos operadores y pudieran usarla para 4G-LTE, para conectividad. Y la Banda L se conjunta muy bien con 3.5 GHz, por lo que pudiera ser atractiva para quien tenga interés en la 3.5.

La licitación empieza en el último trimestre de este año, cuando saquemos a consulta las pre-bases y materialmente la estaremos lanzando formalmente en 2023.

Nada de telecomunicaciones, pero sí de radiodifusión: ¿Han pensado en el IFT colocar inclusive como disponible este mismo año el canal de televisión que Compañía Internacional de Radio y Televisión perdió en la Ciudad de México?

—Hacia septiembre ya se publicará el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias de 2023 en materia de radiodifusión y allí pudiera aparecer algo. El canal está allí, disponible. Pero si no hubiera una manifestación seria de interés, no lo consideramos.

Con información de El Economista

México | Número de usuarios de internet creció 6.74% en 2021: Inegi

Con información de El Economista

El número de usuarios de internet en México creció 6.74% en 2021, para alcanzar los 88.6 millones de mexicanos y mexicanas que cuentan con alguna forma de acceso a la red de redes, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, realizada por el Inegi y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El instituto de estadística de México y el regulador de las telecomunicaciones publicaron los resultados de la encuesta que sirve para conocer el acceso a tecnologías de la información en los hogares mexicanos y en la cual se advierte que 75.6% de la población con 6 años o más en México tiene acceso a internet, es decir cuatro puntos porcentuales más que en 2021, cuando había 83 millones de personas con acceso a internet en el país o 71.5 por ciento.

Brechas

Una mayor cantidad de hombres (76.5%) tienen acceso a internet en México frente a 74.8% de las mujeres, una constante en la medición por lo menos en las cinco encuestas más recientes. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes tienen mayor acceso a la red, con 93.4 por ciento. Le siguen los menores de entre 12 y 17 años y quienes tienen entre 25 y 34 años, con 90 por ciento. 

Las personas de entre 35 y 44 años tienen acceso a internet en 82.7% de los casos, mientras que quienes tienen un menor acceso a internet en México son quienes tienen más de 55 años, pues sólo 42.4% tiene acceso a internet. 

Aunque la brecha entre la población con acceso a internet en las ciudades y el campo se mantiene, ésta mostró una reducción de 2.1 puntos porcentuales respecto de los resultados de 2020. En 2021, 81.6% de la población de seis años o más con acceso a internet se concentró en las ciudades mientras que sólo 56.5% radica en el entorno rural.

Smartphone, el rey

La mayoría de quienes se conectaron a internet en México lo hicieron a través de un smartphone. Entre 2020 y 2021, el número de personas que se conectaron a internet a través de un teléfono celular pasó de 89.6 a 96.8%; mientras que el número de mexicanos que se conectó a través de un televisor inteligente (Smart TV) y de una consola de videojuegos también aumentaron considerablemente, al pasar de 12.4 a 25.7% y de 6.2 a 6.5%, respectivamente.

En sentido opuesto, las personas que se conectaron a la red a través de una computadora portátil, de una tablet o de una computadora de escritorio volvieron a registrar una caída por quinto año consecutivo, al disminuir en 10.4 y 17.7 puntos porcentuales, respectivamente.

Rescate de la Red Compartida es insuficiente si no se entienden las causas de la quiebra de Altán Redes

Con información de Salvador Vargas/DPLnews

El pasado 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate de Altán Redes, operador de la Red Compartida. El rescate considera la toma del control de la empresa de telecomunicaciones por parte del Estado, herencia de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión promovida por Enrique Peña Nieto durante su administración.

En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló: “el Estado mexicano ya es socio mayoritario y ya tiene la dirección y la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altán, que va a significar tener Internet en todos los pueblos e Internet en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en todos los sitios de interés colectivo”.

La Red Compartida nació en junio de 2013, como una iniciativa derivada de la reforma del sector y cuyo objetivo es impulsar la competencia y la cobertura de las telecomunicaciones en el territorio mexicano, ofreciendo el acceso a su infraestructura como operador exclusivamente de servicios mayoristas de telecomunicaciones a través de una red inalámbrica 4.5G y utilizando 90 MHz de la banda de 700 MHz.

El proyecto de la Red Compartida nació con una meta progresiva de cobertura de 92.2 por ciento de la población a más tardar el 24 de enero de 2024, cubriendo 111 Pueblos el 24 de enero 2022.

La Red Compartida opera actualmente bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) en la que las inversiones, construcción y operación de la red es responsabilidad del socio privado, Altán Redes, mientras que por la parte pública, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel) facilita el uso de la banda de 700 MHz bajo la figura de arrendamiento y es responsable de la administración del contrato de la APP.

El operador ganador de la licitación para operar la Red Compartida fue Altán Redes, que se comprometió a dar una cobertura de 92.2 por ciento dentro del territorio nacional en 2024, venciendo a Rivada Networks, excluida de la licitación por no cumplir con las bases del proceso al presentar fuera de tiempo la documentación sobre su garantía de seriedad por mil millones de pesos.

El 21 de marzo de 2018, Altán Redes inició operaciones con una cobertura de 32.2 por ciento de la población del país, cobertura superior al compromiso establecido por Altán Redes de 30 por ciento para esa fecha. Las localidades inicialmente cubiertas incluyeron la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Querétaro, Puebla, Morelia, Colima, Tepic, Aguascalientes y Celaya, así como 29 Pueblos Mágicos.

Más de una año después, en septiembre de 2019, Altán llegó a cubrir 43 por ciento de la población total de México y 40 Pueblos Mágicos, así como más de 3 mil 200 localidades marginadas.

En enero de 2020, la red de Altán llegó a cubrir 50.18 por ciento de la población y 57 Pueblos Mágicos, incluidos 21 mil 067 pueblos rurales.

En un comunicado de prensa, Altán señaló que a finales de septiembre de 2021, logró dar cobertura a 68.89 por ciento de la población y 84 Pueblos Mágicos.

No obstante los avances señalados anteriormente, a finales de abril de 2021 el operador solicitó una prórroga para dar la cobertura comprometida de enero 2024 a enero 2028, misma que fue autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El motivo principal señalado por Altán Redes, manifestado al solicitar la prórroga, fue que requeriría mil 456 millones de dólares en los próximos tres años para cubrir los costos de la red, así como sanear sus finanzas, por lo que la prórroga del proyecto tenía como objetivo generar un punto neutro de generación de caja positiva en 2023 que le permitiera liquidar su deuda y cumplir con su compromiso de cobertura.

Poco después de solicitar la prórroga, Altán Redes anunció que la compañía entraba a concurso mercantil para reestructurar su deuda. La empresa señaló que estaba en negociaciones con sus acreedores y que dichas negociaciones caminaban de manera positiva, al mismo tiempo que contaba con el respaldo de sus accionistas y del gobierno.

Altán Redes reconoció una deuda que asciende a mil 500 millones de dólares. Dentro de los acreedores con las que más adeudos tiene se encuentran Nokia, Huawei, ICA Flour, Axtel, Telmex, AT&T, Telcel, Televisa y Telesites, entre muchas otras compañías de varios otros sectores económicos.

En el contexto anterior y en el entendido de que la situación de Altán Redes corría el riesgo de no salir avante a pesar del concurso mercantil, el gobierno de México definió un plan de rescate que fue avalado por el IFT, emitiendo una opinión favorable en materia de competencia económica sobre las modificaciones al contrato de concesión.

El rescate contempla un financiamiento por parte de accionistas y de la banca mexicana de desarrollo. Algunos accionistas convertirán deuda en acciones y otros accionistas, así como la banca mexicana de desarrollo, aportarán un crédito. Lo anterior le da el derecho a la banca mexicana de desarrollo de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altán Redes, pero los derechos del fideicomiso paulatinamente se irán reduciendo y revirtiendo en favor de los accionistas conforme el crédito se vaya liquidando.

El rescate también considera una inyección de 388 millones de dólares. Bancomex, Banobras y Nafin otorgarán un crédito de 161 millones de dólares y la diferencia vendrá de proveedores (167 millones de dólares), accionistas (50.5 millones de dólares) y clientes (10 millones de dólares).

El crédito se garantizará a través de un fideicomiso en el cual se aportarán las acciones de Altán Redes y en el cual la banca tendrá aproximadamente 61 por ciento de los derechos del fideicomiso, y los accionistas el 39 por ciento restante.

Con el rescate, Altán Redes tiene el compromiso de ofrecer el servicio de la Red Compartida a 70 por ciento de la población para noviembre de 2022; a 85 por ciento para enero de 2027 y a 92.2 por ciento para enero de 2028.

Para algunos analistas, el recate de Altán Redes viola el T-MEC en función de que el capítulo 18 de “Telecomunicaciones” del tratado con Estados Unidos y Canadá establece que el Estado mexicano debe evitar acciones que otorguen un trato más favorable a alguno de los proveedores de telecomunicaciones, ya sea público o privado.

El razonamiento de este punto dentro del T-MEC tiene el objetivo de garantizar que todos los competidores tengan condiciones de igualdad de competencia, y que ninguno de ellos utilice alguna ventaja que limite la competencia o que desplace a sus competidores o que se impongan restricciones de entrada al mercado. 

Sobre el punto anterior, la Secretaría de Economía manifestó que “el financiamiento recibido por parte de Bancomext no contraviene las disposiciones contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Estado mexicano garantizará que actuará con imparcialidad, respetando a cabalidad lo previsto en el capítulo 18 Telecomunicaciones del T-MEC”.

Por su parte, el IFT validó el rescate del gobierno y manifestó que la intervención no traerá problemas a la competencia. Asimismo, el regulador manifestó que no se prevé que la reconfiguración de accionistas tenga por objeto conferir poder sustancial a las partes involucradas, ni establecer barreras a la entrada. 

A pesar de lo anterior, el rescate provocará un conflicto de interés en función de que el gobierno se va a supervisar a sí mismo, ya que el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) es el supervisor del despliegue de la Red Compartida, lo cual genera un claro conflicto de interés que permitirá al Estado mexicano competir y regular al mismo tiempo. 

De hecho, el rescate de Altán Redes representa una medida con la que ningún otro operador en el mercado mexicano sería favorecido, lo cual genera una práctica anticompetitiva. 

Es importante señalar que Altán Redes inició operaciones en áreas rentables que ya tenían cobertura por parte de los operadores tradicionales como Telcel, AT&T y Telefónica Movistar, así como por los Operadores Móviles Virtuales (OMVs). 

En este sentido, habrá que entender que las áreas por cubrir para lograr la cobertura de 92.2 por ciento de la población representan un mayor reto para Altán Redes, ya que son áreas rurales de difícil acceso y poco rentables, por lo que si operar en zonas ya cubiertas y rentables provocó la quiebra de Altán Redes, es muy posible que ante un escenario de mayor complejidad, el operador requiera un segundo recate en el futuro, en función de que el rescate actual no modifica la operación o modelo de negocios que provocó el concurso mercantil de la Red Compartida.

Por tal motivo es importante que se haga una nueva revisión de la viabilidad del proyecto en los términos que se encuentra operando actualmente, así como una reestructura de la iniciativa en función de las áreas o aspectos que se deban corregir. El rescate no basta y será insuficiente en tanto no se corrijan las causas que provocaron la quiebra de Altán Redes.

Por otra parte, la otra iniciativa gubernamental llamada “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, que está desplegando una red para ofrecer servicios de telecomunicaciones, no tiene la capacidad de llegar a toda la población, en función de que el proyecto de la CFE es primordialmente el transporte y requiere de la red de acceso que le proporciona la Red Compartida, por lo que el rescate es también el rescate de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Por último, llevar Internet a todo el país representa un gran esfuerzo por parte del Estado, por lo que es importante valorar otro tipo de alternativas en las que participe en mayor medida la iniciativa privada con experiencia en el mercado, proporcionándoles incentivos para conectar a la población más alejada. 

Tales incentivos podrían ser de tipo fiscal e incluso reducir los precios del espectro con compromisos de cobertura. Por ejemplo, recientemente la Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia ha relajado una serie de medidas regulatorias relacionadas con el despliegue de redes rurales. A través de la Resolución N° 6755, los proveedores de Internet (ISPs) que dan servicios a menos de 30 mil suscriptores y atienden áreas rurales, remotas y de difícil acceso, ya no están obligados a seguir las reglas del sector relacionadas con el servicio al usuario, compensación e indicadores de medición. 

En ese mismo tenor, en junio de 2022 Brasil eliminó las cargas impositivas a los servicios de telefonía e Internet, al considerarlos como “esenciales” para la vida humana, haciendo estos servicios más asequibles para la población. 

Medidas similares a las anteriores, adaptadas al mercado mexicano, podrían ser exitosas para lograr la conectividad de todo el territorio nacional. 

TENDENCIAS_ Por qué las ciudades serán el desafío futuro de los reguladores TIC

Cuando se habla de temas digitales, es común escuchar que el desafío más apremiante es cerrar brechas y garantizar que las comunidades rurales se conecten a Internet, pues son las principales zonas que carecen de este servicio o donde la calidad es insuficiente.

Y aunque este reto sigue siendo urgente, en el futuro también las ciudades captarán la atención de los reguladores TIC en América Latina. Sergio Martínez Medina, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, explicó por qué durante el LATAM ICT Congress 2022.

Para Martínez Medina, algunos de los principales desafíos regulatorios de los próximos años estarán relacionados con las urbes, debido a que las ciudades y territorios buscarán convertirse en ciudades inteligentes.

En Colombia, por ejemplo, el nivel de urbanización ha aumentado cada vez más y se espera que el 80 por ciento del país sea urbano dentro de 25 años, por lo que las ciudades serán “el canal transformador de desarrollo”, afirmó el comisionado.

Con eso en mente, Sergio Martínez destacó que América Latina requiere una agenda regional que promueva una mirada regulatoria conjunta para impulsar el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y la revolución digital.

Los desafíos de transformación digital, sobre todo en las alcaldías, regiones o municipios, no podrán resolverse a través de decretos u obligaciones, sino que requiere una colaboración con las comunidades y crear un círculo virtuoso para incentivar a las autoridades a hacer cambios.

El comisionado de la CRC comentó que la institución colombiana ha tratado de promover buenas prácticas en cuanto al despliegue de infraestructura, con el fin de lograr que más localidades eliminen las barreras para que cuenten con un entorno propicio para volverse ciudades o territorios inteligentes.

Asimismo, la Comisión está ejecutando herramientas para fomentar la implementación de infraestructura y mejorar la conectividad, a través de modelos de regulación flexibles e innovadores y armonización normativa.

Durante su intervención en el segundo día del evento, Carlos Lugo Silva, oficial Experto para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), explicó los alcances de la Coalición Digital Partner2Connect.

Se trata de un proyecto de la UIT que busca contribuir a alcanzar la conectividad universal de manera asequible, promoviendo que las organizaciones, instituciones y empresas se comprometan a coordinar sus acciones a favor de la transformación digital y el cierre de la brecha digital.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

PERSPECTIVAS: Transformarse para transformar, reto del sector telecom.

Aunque en los últimos dos años, la acelerada digitalización demostró la capacidad resiliente de muchos sectores, es necesario reconocer que no es suficiente, sino que se requiere un nuevo modelo de desarrollo basado en un cambio cultural corporativo de todas las organizaciones, en especial las que participan en el sector de telecomunicaciones pues «tiene que transformarse para poder transformar».

“Necesitamos un sector, un país, que siga un nuevo modelo de desarrollo pero con inclusión y para eso se necesitan políticas y estrategias deliberadamente creadas para cerrar las brechas… Esto nos hace más resilientes, flexibles, más adaptables, para que los avances puedan ser sostenibles y permanentes”, aseguró María Elena Estavillo.

La directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro reconoció la importancia de aprovechar las experiencias que ha dejado la pandemia, para impulsar nuevas prácticas que contribuyan a revertir la exclusión digital, que no es un tema aislado, sino que se suma a otras brechas existentes, como la económica, de género, de acceso a salud y al empleo.

“El cierre de brechas, de la brecha digital no deben verse como un resultado colateral, como un buen impacto, deseado en los planes de reactivación económica, sino como uno de sus motores centrales, es un insumo central de cualquier estrategia empresarial, sectorial”.

Al presentar su ponencia “Impulsando transformación sí o sí”, en el contexto del foro Conecta México, la especialista subrayó el enorme reto que tienen tanto el sector de las telecomunicaciones como el país, de no regresar a un escenario prepandemia, aunque la socialización sea una parte importante para complementar lo que se ha podido realizar de manera remota mediante plataformas tecnológicas.

“En los países donde estaban más desconectados, la pandemia generó mayores costos, causó más retrasos y por eso hay que estar conscientes, retomar el camino, volver a la normalidad, pero no a la misma sino a una nueva normalidad… la brecha digital genera otras brechas… Si regresamos a hacer las cosas exactamente como se hacían antes, no vamos a estar cerrando brechas”.

La inclusión y el cierre de brechas, destacó la experta en competencia, regulación, ecosistema digital y género, tienen que incorporarse en todas las actividades de las organizaciones, tienen que estar entre las prioridades del sector.

En este sentido, la transformación digital corporativa, abundó, tiene que ver con empresas que sean eficientes e innovadoras hacia afuera y hacia adentro, pero esto va más allá de la adopción de tecnología, implica un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas.

Esta innovación nos ayuda a ampliar las fronteras del mercado; la flexibilidad a tener mayor diversidad en la composición de las organizaciones y en los espacios de toma de decisiones; ser adaptables para contar con esquemas de teletrabajo.

Asimismo, mediante acciones concretas se pueden eliminar sesgos, ambientes hostiles, discriminación y la brecha salarial, porque no es suficiente sólo tener buenas intenciones, sino definir cómo hacerlo, fijar objetivos, medir avances, corregir sobre el camino.

“Todo esto genera un círculo virtuoso de una nueva cultura corporativa, al tener mayor diversidad, inclusión, trabajo ético, nos va a ayudar a generar tecnología, servicios, aplicaciones que también sean innovadoras, éticas e incluyentes.. este sector tiene que transformarse para poder transformar”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Conflicto competencial IFT-Cofece deja espacio al arbitraje regulatorio

Ante los diversos conflictos competenciales entre el IFT y la Cofece, es necesario evaluar los mecanismos institucionales y legales de colaboración para revisar la factibilidad de hacer intervenciones conjuntas de mercados relacionados de tal forma que se cierre espacio para el arbitraje regulatorio, es decir, el uso estratégico de los vacíos legales por parte de las empresas.

En una reciente recomendación, el Consejo Consultivo del IFT detalla cómo a la fecha los Tribunales especializados han resuelto diversos conflictos competenciales entre el instituto y la comisión, que si bien han dado paso a criterios específicos, estos se han ido moldeando a cada caso concreto y considerando los argumentos presentados por ambos órganos para fundar su competencia.

“Sin embargo, aun con los criterios ya emitidos, podemos anticipar potenciales fuentes de nuevos conflictos competenciales que dejan espacio al arbitraje regulatorio, esto es, al uso estratégico por parte de los agentes económicos”.

En el documento aprobado el pasado 5 de mayo, las y los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señalan que están conscientes de las limitaciones legales y prácticas para resolver y dibujar los límites competenciales de cada uno de los órganos constitucionales autónomos.

“No obstante, consideramos que mantener una posición reactiva y esperar que los casos concretos vengan y se resuelvan en Tribunales tiene el potencial de permitir arbitraje regulatorio y generar incertidumbre”.

Por ello, y a pesar de estas limitantes, el grupo especializado aboga por mayor coordinación y por el diseño de mecanismos institucionales que permitan al IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) colaborar de manera conjunta en diversos aspectos como desahogar procedimientos de concentraciones de manera expedita.

Asimismo, recomienda realizar estudios de mercado sobre la economía digital en “servicios de plataformas principales” que pueden constituirse como “gate-keepers”, tales como intermediación en línea, redes sociales en línea, plataformas para compartir contenidos de video, comunicación interpersonal.

Otra de las sugerencias técnicas es sumar esfuerzos, recursos y experiencia para planear e identificar áreas de interés e intersección de competencias para realizar estudios de mercado en el que ambos órganos autónomos converjan en visión o plasmen de manera constructiva las diferencias de opinión a efecto de generar documentos de discusión prospectiva que permitan generar las mejores soluciones regulatorias y de competencia en el entorno mexicano.

“Respetando las formalidades legales necesarias, compartir información respecto a investigaciones por barreras a la competencia y prácticas anticompetitivas”.

Además, considera oportuno generar foros de discusión con el Poder Judicial para poder analizar y discutir la prospectiva de modelos de negocios, casos y resoluciones de otras jurisdicciones, a efecto de que los jueces y magistrados tengan mejores elementos para poder razonar las implicaciones de los criterios que adopten para un caso concreto de tal forma que puedan razonarlo en sus sentencias.

Al enumerar los casos de conflicto competencial que se han generado entre ambos órganos reguladores, el Consejo Consultivo señala el derivado de la notificación de concentración entre Nokia y Alcatel presentada al IFT; así como la concentración consistente en la adquisición de Time Warner por parte de AT&T presentada ante ambos órganos y resuelta en tribunales especializados en 2017.

Asimismo, menciona la concentración entre Uber y Cornershop, presentada ante Cofece; además de la investigación iniciada por el IFT en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y servicios relacionados para determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos.

En mayo de 2021, refiere, Univisión y Televisa notificaron a Cofece su intención de realizar una concentración. Al implicar el análisis de algunas actividades relacionadas con los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dichos agentes económicos presentaron paralelamente una notificación de concentración ante el IFT.

La disputa entre los dos órganos autónomos para apuntalar su competencia continuó en enero de este año cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión publicó el acuerdo de recepción de un conflicto competencial entre el IFT y la Cofece, promovido por el IFT, respecto de diversos mercados OTT.

“La convergencia tecnológica continúa avanzando rápidamente, mucho más aceleradamente de lo que sucedió hace un par de décadas con la migración a redes digitales. En aquella época se hablaba de la convergencia fijo-móvil-datos… Hoy los nuevos modelos de negocios están haciendo que, aunque muchos de ellos no son negocios de telecomunicaciones, las telecomunicaciones sí son una parte esencial del modelo”.

El Consejo Consultivo detalla cómo en la actualidad existe una tendencia a la integración vertical de insumos que podrían estar sujetos a concesiones o autorizaciones por parte del IFT.

Ante este escenario, desde una visión prospectiva, ciertos mercados que fueron analizados por el Tribunal de forma estática podrían nuevamente formar parte de la competencia del IFT ante un análisis prospectivo y como ejemplo pone el caso de Free basics, el servicio Meta/Facebook que pretende otorgar internet gratis a partir de la asociación con diversos proveedores de internet (Zero Rating).

Por su parte, agrega, Apple también ha mostrado interés en lanzar infraestructura satelital para llevar directamente internet a sus iPhones e, incluso, a otros dispositivos móviles; en tanto que Tesla-Starlink es un servicio de internet que brinda la empresa Space X, que forma parte del grupo de interés económico de Tesla.

Aunque Starlink expresamente se encuentra sujeto a la competencia del IFT, pues se trata de un concesionario de telecomunicaciones, debido a su integración vertical, en un futuro podrían ocurrir casos en donde los servicios se mezclen y tengan influencia en el otro mercado.

“De hecho, recientemente Elon Musk adquirió el control de Twitter y, aunque se trate de su incursión en una red social, sus potenciales efectos en mercados relacionados o adyacentes debieran considerarse”

.

El Consejo Consultivo subraya que no pasa por alto que aun cuando Cofece y el IFT pudieran alcanzar un acuerdo de los casos que son competencia de cada uno de ellos, la estructura legal sigue permitiendo que los agentes económicos disputen en todos los casos las competencias de ambos entes regulatorios a través del juicio de amparo y el criterio saldrá, otra vez, del caso concreto y dependerá de la solidez argumentativa de las partes en el conflicto.

“Ello, con la implicación de que las controversias surgidas en caso concreto no necesariamente serán el foro idóneo para hacer consideraciones prospectivas de la evolución del sector para anticipar que el criterio que se establezca para el caso concreto no genere un mal precedente para un caso distinto”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Telefonistas piden convergencia para Telmex; podemos llevar TV a poblaciones de hasta 500 habitantes, dicen al IFT

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a hacer una valoración de la capacidad técnica y del cumplimiento de Telmex a la política regulatoria, para que identifique que esa compañía puede ayudar a reducir la brecha digital con inversiones al despliegue de red, infraestructura ya instalada y su potencial ingreso al negocio de la televisión de paga para presionar la competencia en ese mercado con la disminución de precios al consumidor.

Los telefonistas afirmaron al IFT que Teléfonos de México (Telmex) es el único operador con capacidad para ampliar la cobertura social y llegar hasta las poblaciones de 500 habitantes, a la fecha todavía desatendidas por la industria por lo complicado que es llegar a esas comunidades con red por retos orográficos y de retornos de inversión.

En una visita a la sede del IFT en el sur de la capital, los telefonistas exteriorizaron que este órgano regulador evalúa de distinta manera el cumplimiento de la regulación en telecomunicaciones.

El STRM criticó como el Instituto Federal de Telecomunicaciones permite a la empresa Altán Redes, concesionario de la red mayorista Red Compartida, postergar hasta el año 2028 el cumplimiento de sus hitos de cobertura previstos originalmente para el 2022 de llegar al 92% de la población mexicana, esto por dificultades financieras, mientras que a Telmex le impone la obligación de compartición de infraestructura pasiva en tanto le tiene vedado todavía el ingreso al negocio de la televisión de paga.

Para los telefonistas, Altán elude el cumplimiento del mandato de la Red Compartida de llevar cobertura social y desaprovecha la explotación de los 700 MHz, concesionado a esta compañía a través de dicho plan público-privado.

“El proyecto de Altán fue mal diseñado y en consecuencia fallido, más que una aportación real a la transformación integral que necesita México (…) El otorgamiento de las prórrogas objeto del este pronunciamiento ya ha generado otras manifestaciones de parte de empresas que han invertido en el sector de manera consistente, ya que se advierte parcialidad del regulador”, dijeron los telefonistas en una carta dirigida al IFT.

“Está claro que Telmex no es un operador con poder sustancial en el mercado de la televisión restringida y adicionalmente ha cumplido un papel de carácter social al conectar a todas aquellas poblaciones de más de 500 habitantes y contribuir a la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones del país (…) Consideramos se debe otorgar lo solicitado por Telmex en beneficio del interés general, pues se estaría brindando una alternativa a los usuarios, lo cual favorece al robustecimiento de la infraestructura y del mercado de las telecomunicaciones”, dijo el STRM.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

IFT incumplió con plan de trabajo y supervisión de América Móvil y Televisa: ASF

En 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “no cumplió con sus programas de trabajo en la emisión de las disposiciones
regulatorias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (TyR), señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y agrega que tampoco concretó la supervisión de los Agentes Económicos Preponderantes que son América Móvil y Televisa.

En el reporte, la ASF menciona que durante el 2020, de los 16 proyectos que el regulador programó: concluyó cuatro (25%), 11 (68.8%) tuvieron avances del 25.1% al 94.1% y uno (6.2%) se canceló, debido a que el documento se encuentra en análisis para redefinir los objetivos, metas y beneficios de la disposición regulatoria.

Asimismo, se programaron 11 proyectos de disposiciones como la actualización de indicadores clave de desempeño y la revisión de parámetros técnicos y de operación, de los cuales: cinco se concluyeron, y seis presentaron avances entre el 2.2% y 81.2%.

“La principal causa por la cual el IFT no cumplió los programas de trabajo en materia regulatoria fue la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2”.

Sobre la regulación y promoción de la seguridad en el ecosistema digital, el IFT aprobó la Estrategia IFT 2021-2025 Hoja de Ruta, en la cual estableció el objetivo 3. “Promover el desarrollo del ecosistema digital y la adopción de nuevas tecnologías y casos de uso digitales”, con dos estrategias y 10 líneas de acción regulatoria.

En este tema hubo avances en la coordinación con las entidades involucradas; sin embargo, “no definió los plazos específicos para implementarlas y no elaboró los indicadores, ni los mecanismos de evaluación respectivos”, subraya la ASF.

Respecto al otorgamiento de concesiones y autorizaciones, en 2020, el IFT dio 669 concesiones y autorizaciones, 628 (93.9%) en materia de telecomunicaciones y 41 (6.1%) de radiodifusión, sin embargo, la ASF indica que el regulador no resolvió 843 trámites, 92 (10.9%) en telecomunicaciones y 751 (89.1%) en radiodifusión.

Sobre este tema, el instituto informó que se debió a lo siguiente que con la contingencia sanitaria se presentaron dificultades para contactar a los representantes legales, interesados y regulados, el trámite necesitaba opiniones internas del IFT y las solicitudes estaban incompletas y se dificultó notificar esta situación a los interesados por la pandemia.

Asimismo, informó que solicitó la inclusión del Sistema para el Control de Asuntos de Radiodifusión en el Programa Anual de Proyectos de TIC del ejercicio 2021; sin embargo, no acreditó los avances en la implementación de dicho sistema ni las acciones para agilizar el tiempo de atención en el sector de TyR, menciona la Auditoría.

Revisión de preponderantes, inconclusa

Respecto de la supervisión y verificación de los Agentes Económicos Preponderantes AEP, la Auditoría explica que en el año analizado el instituto supervisaría 186 medidas asimétricas y 367 obligaciones de preponderancia; “no obstante, no acreditó su supervisión”.

También, programó la verificación de 73 medidas asimétricas y 168 obligaciones de preponderancia, sin que acreditara su verificación, y sólo reportó cuatro visitas de verificación a los AEP, sin que fuera posible identificar la elaboración de los dictámenes de dos visita de verificación.

Aunque el IFT acreditó un avance en la elaboración de los informes trimestrales de cumplimiento de Agentes Económicos Preponderantes en materia de supervisión y verificación, correspondientes al ejercicio 2020, sin que se hubieran concluido.

Al respecto, nuevamente el IFT informó que los incumplimientos en la supervisión y verificación de los AEP se debió a la suspensión de plazos ocasionada por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia.

CON INFORMACIÓN VÍA CARLAMTZG.COM (Carla Martínez)

Telefonistas mantendrán la defensa de su contrato colectivo, pese a limitante de servicios de Telmex: STRM

Han transcurrido dos y medio años desde que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) emprendió la defensa de su contrato colectivo de trabajo y pese a que los servicios que ofrece Teléfonos de México (Telmex) son cada vez menores “porque muchos los ofrece América Móvil”, no ceden a las pretensiones de la empresa para eliminar derechos laborales como la pensión.

En entrevista con El Economista, Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, expuso «creo que por nuestro contrato y por nuestro sindicato, empezaron a sacar los servicios de teléfonos para llevarlos a América Móvily dejaron a Teléfonos exclusivamente como transportador, no como un proveedor de nuevos servicios. En ese camino consideraron que ya no era para ellos prioritario que el servicio de televisión, que si querían y quieren, se diera a través de Teléfonos, sino a través de América Móvil”.

Detalló que la empresa ha solicitado ayuda para reducir los costos que implica el contrato colectivo y los pasivos laborales, “nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero que sea un acuerdo, una negociación. La empresa nos propuso un paquete de cambio de acciones por antigüedad, es decir, es para disminuir su pasivo laboral. Nosotros consultamos a la gente, nos autorizaron y estábamos armando el paquete cuando la empresa nos salió con un agregado, para que los de nuevo ingreso no tengan la jubilación que actualmente tenemos y desde entonces no se ha podido avanzar”.

En estos dos años y medio de negociación, la empresa tampoco ha contratado al personal que hace falta, y, de acuerdo con Hernández Juárez, están en una «actitud muy agresiva» contra los trabajadores, “nosotros sí queremos ayudar a la empresa, pero no vamos a aceptar que pasen por encima de nuestros derechos”.

El 25 de abril es una nueva prórroga del estallamiento a huelga que mantiene el STRM, y será una nueva posibilidad para que lleven a cabo su negociación, pues coincide con la revisión contractual tal y como lo indica la Ley Federal del Trabajo realizarlo cada dos años.

“En esa fecha no dudo que la empresa vaya a utilizarlo como punto de referencia para tratar de obligar al sindicato a aceptar sus condiciones y cómo la gente, pues no parece que esté con esa disposición, yo creo que en abril vamos a tener un ambiente muy complicado, bueno ya lo tenemos porque la empresa está muy agresiva y el ambiente está muy tenso”.

Destacó que el STRM acaba de pasar por el proceso de legitimación de contrato, “y la verdad se le preguntó a la gente si está apoyado o no su contrato y logramos participación del 87% de los telefonistas y de ellos 98% estuvieron a favor de respaldar el contrato. Así es que no hay duda de que vamos a defender con todas las fuerzas que como organización el histórico contrato de los telefonistas”.

CON INFORMACION VÍA EL ECONOMISTA

Telmex y Telcel no usaron a FreedomPop y Dish para vender “paquetes” de cuádruple play en México

Una investigación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió que no existen elementos para demostrar que las empresas Telmex y Telcel tuvieron la intención de comercializar directa o indirectamente servicios empaquetados de Internet, video y voz fija y móvil por todo el territorio nacional, después de que la telefónica móvil virtual FreedomPop comenzó a revender minutos de voz y mensajes de texto de Telcel en el 2017, mientras que Telmex siguió con la facturación de los servicios de Dish en televisión de paga como ya venía haciéndolo desde 2007.

La investigación del IFT, con expedientes AI/DE-001-2018 y UCE/CNC-003-2016, y definitivamente cerrados con el último mes del 2021, reconoció que las operaciones para que, por ejemplo, FreedomPop pudiera comercializar capacidad de voz y datos de Telcel en el mercado masivo, sí hubo el traspaso de activos de una a otra compañía, pero solamente con el objetivo de que en la práctica pudiera prestarse el servicio de telefonía e Internet móviles al usuario final y que no significó que Telcel Telmex tomaron así el control de FreedomPop o de acciones de Dish, por tanto no se provocó una vulneración a la legalidad defendida por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), en sus artículos 54, 56, 62, 65 y 86.

La Autoridad Investigadora, entidad del IFT que empezó la investigación en 2018 tras una denuncia de los competidores de Telmex y Telcel, dijo haber realizado también una minuciosa revisión de los contratos que permiten a FreedomPop revender Internet móvil, SMSs y minutos de voz que se originan en la red de Telcel; y que también revisó los para entonces recientes convenios entre Dish y Telmex para esclarecer si en alguna de las cláusulas de esos documentos existía una pista que evidenciara la intención de las empresas de América Móvil (AMX) por comercializar de esta manera una suerte de paquetes de cuádruple play en México, posibilidad que Telmex tiene negada por título de concesión y que es impedimento para Telcel en tanto su nombre signifique agente económico preponderante de telecomunicaciones.

De haber hallado indicios de una prestación directa o indirecta de servicios ahora prohibidos, como el servicio de televisión de paga desde la red de Telmex o con el control de Telcel, la Autoridad Investigadora hubiese continuado la averiguación y el resultado, en el peor de los escenarios, hubiese sido una revocación de concesión para las empresas infractoras.

El 2 de mayo del 2018, las empresas Cablemás, Cablevisión, Novavisión y Corporación de Radio y Televisión del Norte, todas relacionadas con el Grupo Televisa, denunciaron ante el IFT que las empresas Comband, Videomol, Cofresa, Telinor, FPMX, FreedomPop EU, Variv, TV Inalámbrica Telcel, Telmex y Telnor, entre otras más y a su vez pertenecientes a MVS Comunicaciones y América Móvil, según cada caso, estarían vulnerando la competencia del mercado con la realización de prácticas monopólicas relativas, además de concentraciones ilícitas.

En principio, las denunciantes presumieron que Telcel daba preferencia a FreedomPop en la reventa de capacidad mayorista, una práctica comercial que parecería un dumping, pues Telcel vendía los minutos de voz a FreedomPop por debajo de los precios que otros mayoristas establecen para sus clientes minoristas.

Y se presumió además una aplicación de otros subsidios cruzados entre todas esas compañías, acciones que al final habían permitido a FreedomPop convertirse en el operador móvil virtual de mayor crecimiento en México en menos de dos años, en tanto que la presunción de las concentraciones ilícitas pasaba por una participación indirecta de las empresas de América Móvil en el negocio del video y la televisión, lo que significaría entonces una violación a títulos de concesión y las regulación asimétrica de preponderancia establecida desde marzo del 2014.

Las denunciantes también argumentaron que las supuestas concentraciones ilícitas en las que habrían incurrido las empresas de AMX y MVS para que FreedomPop pudiera vender capacidad originada en Telcel, superaron en valor de activos el umbral de 1,314.5 millones de pesos, cantidad suficiente para estar en obligación de notificar al IFT sobre estos actos, pero que no fue reportada a la autoridad.

“Si bien existen contratos entre las sociedades de MVS y las sociedades pertenecientes a América Móvil, dichos contratos establecen una relación estrictamente comercial, incluyendo la prestación de servicios mayoristas a operadores móviles virtuales y no conllevan una acumulación de activos o acciones entre las partes ni el cambio en el control de alguna empresa, y tampoco se identifica un esquema de contratos, pagos e incentivos mediante el cual se lleve a cabo una concentración. Por ello, se concluye que ni en lo individual ni en su conjunto estos contratos configuran una concentración”, resolvió la Autoridad Investigadora (AI).

No se observan elementos que permitan identificar una oferta comercial ofrecida por Dish o Telmex, que incluya de forma empaquetada servicios de telecomunicaciones fijos, televisión restringida y servicios de telecomunicaciones móviles”, remarcó el IFT.

El IFT descartó además que FreedomPop pudiera conseguir una posición ventajosa ante otros operadores móviles virtuales gracias a Telcel, pues esa telefónica también ha celebrado convenios de capacidad mayorista con otras compañías distintas a Telcel o empresas del grupo económico América Móvil.

La votación a favor de cerrar los expedientes fue unánime, pues los cinco actuales comisionados del IFT votaron en el mismo sentido.

Desde noviembre del 2017, Dish de MVS Comunicaciones entró al mercado de la telefonía celular vía una alianza comercial con el operador móvil virtual FreedomPop y desde la red de Telcel. El sistema de TV de paga por satélite quiere así ganar y retener clientes, recompensándolos con una línea celular con 100 minutos gratuitos de voz, más 100 mensajes de texto y 100 megabytes de navegación móvil con otros 100 megas más para redes sociales.

De acuerdo con el IFT, FreedomPop tenía en 2021 un aproximado de 1.4 millones de clientes celulares, cifra que la convertía entonces en la primera marca entre los operadores móviles virtuales, con casi 40% del mercado en ese segmento.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA