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DIALÉCTICA SINDICAL_ “IFT piensa en los sandboxes como el arranque de su regulación de futuro”: Javier Juárez Mojica

El Instituto Federal de Telecomunicaciones abre una nueva década de vida esta semana. El IFT es un regulador exitoso, porque en 10 años consiguió bajar 31% los precios de las comunicaciones y triplicar el número de mexicanos con acceso a Internet móvil, hasta un total de 120 millones de personas en 2022 por su trabajo regulatorio. En radiodifusión, México fue el primer país de Latinoamérica en hacer realidad la televisión digital y gracias al IFT, autoridad que en el mismo tiempo también promovió la creación de 155 nuevos canales de televisión abierta y 244 estaciones de radio AM/FM para dinamizar un mercado antes repartido entre siete poderosas familias.

Este es el regulador que dividió en dos al gigante Telmex y el que se atrevió a declarar dominantes a Televisa y Megacable en televisión de paga. También es el regulador que barajó ordenar a AT&T la venta de Sky. Es el regulador que sufrió la renuncia de Movistar a su espectro y el que combate la dominancia de Telcel en el negocio móvil. Es el mismo que en una década emprendió once licitaciones, entre ellas las de bandas radioeléctricas para crear servicios de consumo masivo y para empresas. Es el regulador que nunca ha negado concesiones de espectro a Pemex, la CFE o al Ejército para que ellos puedan cumplir con sus misiones; y también es la autoridad que apartó bandas para que las comunicaciones del Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas fueran posibles.

Y pese a ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no es ya el regulador más “sexy” de Latinoamérica. Su atractivo lo disputan los reguladores de Brasil y Colombia. El IFT ha perdido brillo porque su trabajo regulatorio se complica por el nulo nombramiento de tres nuevos comisionados; porque también dejó pasar oportunidades en la defensa de sus atribuciones en cuanto defensoría de audiencias y porque respondió muy tarde y desunido cuando el Senado quiso desaparecerlo y traspasar sus activades a un supra regulador que nunca nació.

El IFT empieza su segunda década de vida con un pesado reto: lograr el ansiado bajón de los precios del espectro que hacen de México el país más caro de toda América en la materia. Lograrlo significaría mayor cobertura celular, mayor calidad de servicio y la posibilidad de conocer nuevos productos para productividad, aprendizaje, salud y entretenimiento. El problema del IFT no es técnico y vive un contexto en que el Ejecutivo federal no lo deja levantar cabeza, por eso este regulador maniobra para cumplir con su misión de promover competencia, cobertura y concurrencia en telecomunicaciones y radiodifusor, a favor de la sociedad.

Javier Juárez Mojica, el cuarto presidente del IFT en diez años, cuenta que ante el adverso panorama que enfrenta este regulador, la ruta para esa llamada regulación de futuro y la transformación digital que mantendrían a México como líder en Latinoamérica, empieza por el sandbox regulatorio, una suerte de diálogo entre empresas, academia y gobierno para analizar qué debe posteriormente reescribirse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la Biblia del IFT.

—En 2023 estamos viviendo la regulación de futuro que el Legislativo y el mismo regulador imaginaron en 2013, o una parte de ella. ¿Qué imagina hoy de cara a otros 10 años de IFT?

—La cuestión está en observar el actual marco de regulación que dicta la ley. Lo que en este momento se puede hacer es lo que estrictamente establece la LFTR como nuestras atribuciones y a partir de allí, en mi visión y muy en línea con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es este concepto de conectividad significativa.

¿Qué quiere decir la conectividad significativa? Que la conectividad tenga un propósito y ese propósito es para que se utilice de manera transversal y transparente; que la conectividad se utilice en sectores sociales y productivos: en la agricultura, en la minería, en los sistemas de transporte; en la educación y en la salud. Que así se imagine.

Algo que nos abre la puerta para entender eso son precisamente los casos de uso que se están desarrollando para 5G y que van en línea con la transformación digital. Esta conectividad significativa va implicar retos, y entre ellos uno tiene que ver con el espectro radioeléctrico.

—¿Habría entonces pronto la necesidad de una reforma para la reforma de 2013?

—Tenemos que ver cómo nos estamos imaginando la transformación digital y de allí partir. Si hubiera una limitación, no podemos aventurarnos todavía en que para eso debe hacerse una nueva reforma de telecomunicaciones.

En línea con la mejor perspectiva internacional, ya debemos empezar a ver y explotar esto de los conceptos regulatorios. Es decir, que antes de pensar en una reforma y ponerla de forma estricta o legal, primero se debe testear a través de la figura del arenero regulatorio. El camino tendría que ir por allí, a decir y sin escuchar: “se requiere A, B, C, o D”.

—¿Viene una era de sandboxes regulatorios? ¿Es ese el objetivo para lo que resta de su presidencia en IFT, de aquí al 2025?

—Habría que verlo. Es de las cosas que han salido del Comité de 5G. Ya nos han hecho propuestas y nos han hecho recomendaciones y contribuciones valiosas sobre un sandbox regulatorio. Yo creo que no hay que descartarlos y para no futurear. Cuando hay diagnósticos y cosas muy concretas, hay que impulsarlas; partir de allí.

Hay que ver cómo lo hacemos y porque pueden tener impactos muy significativos: cambiar la calidad de vida de mucha gente en México.

Pongo un ejemplo: tenemos diagnosticado que de los 25 millones de mexicanos mayores de 6 años de edad y que no tienen o usan Internet, más de 13 millones, el 50%, no lo utilizan y no es por falta de cobertura o porque no pueden pagar la conexión, sino porque no sabe cómo utilizarlo. Tenemos, por ejemplo, que impulsar entonces un programa anual de alfabetización digital y cómo hacerlo, con una figura así.

—Como en los memes de Internet, ¿qué señales enviará el IFT al sector para decirles que ya vienen los sandboxes?

Las habrá. Hay que buscar un marco de referencia para implementarlo. Hay países que ya han establecido proyectos de sandboxes regulatorios, con proyectos de casos que son susceptibles. Allí es donde cobra importancia esto de regulador de quinta generación, de colaboración con la industria y todos los demás actores.

Tenemos en la industria de radiodifusión un tema que pudiera ser muy útil con este concepto de sandbox y para la industria de telecomunicaciones un caso de interés puede ser eso de las redes privadas 5G. No es nada más hacerlo por hacerlo, sino que hay que identificar qué proyecto necesita México y de allí avanzar; hacer una guía y definirlo. Ese será nuestro marco de referencia para ir a los sandboxes.

—En cuanto espectro… ¿No fue muy temerario el IFT en proponer dos polémicas propuestas que al final Hacienda no atendió? ¿No cree que el regulador salió raspado porque una de esas propuestas se entendió además como una sobrerregulación para un actor?

—No creo que fueran contradictorias. Hay que hacernos más competitivos en términos del costo del espectro, o nos pueden seguir regresando Megahertz y nos pueden seguir quedando desiertas las licitaciones.

El enfoque que dimos fue en términos de competencia y con elementos que tomó en cuenta la Unidad de Competencia Económica, y tenía que ver con la escala de los operadores para cumplir con los esquemas de costos.

En las recomendaciones, otra alternativa es que se reduzca (el precio) sin pensar en la escala para que pueda entrar un nuevo operador o que los pequeños también se expandan. Todo iba en esa dirección.

—Perdone que insista, pero ¿cómo fueron a confiar en que los escucharían, cuando este gobierno ha menospreciado al IFT?

—Este tema del espectro no nació con esta administración. Es un reto histórico del sector. No pecamos de confiados. Lo que hicimos fue aportar todos los elementos que están a nuestro alcance y en esta ocasión se incorporó el elemento de cómo impacta una barrera de entrada o en la expansión de las redes.

En el Poder Legislativo harán su análisis. El tema es seguir aportando. Si México hubiera estado con un espectro más competitivo, tendríamos 5 millones de usuarios adicionales en el sector. Hay que imaginar cuál sería su impacto en términos de herramientas y en términos de la actividad que se puede generar, que no lo veamos por lo que se puede dejar de recaudar, sino por lo que se puede desarrollar.

—Después de que Hacienda dejó para 2024 los precios del espectro a como estuvieron en 2022 y 2023, ¿pensaría el IFT sólo concursar bandas como 3.5 GHz, más idóneas para 5G y dejar aquellas de PCS por caras, a fin de no restar más certidumbre a una próxima licitación?

—Sería el tema de ver, por ejemplo, las coberturas. No va ser lo mismo licitar para una región donde son varios estados, a licitar un área más pequeña dónde un operador pequeño sí puede entrar a competir.

—¿Qué le pasa por la cabeza cuado el Ejecutivo, en sus mañaneras o giras, pide al gigante del sector llevar cobertura, en vez de buscarlos a ustedes para solucionar problemas?

—Lo que puedo decir es términos estrictamente legales. Y en la LFTR se contemplan figuras como que el Ejecutivo, a través de CFE, solicitó una concesión y a través de esa figura están llegando a donde no está cubierto. Están contribuyendo a resolver la brecha digital de acceso.

—En época de presidenciables, ¿no se les ha ocurrido buscarlos a ellos para sensibilizarlos y evitar una repetición de la relación que se tuvo con este gobierno?

—Como organismo autónomo no podríamos estar inmiscuidos en temas de política. La razón de nuestra autonomía es que nuestras decisiones se toman al margen de las coyunturas. Tenemos una hoja de ruta 2021-2025 y tendría que haber actualizaciones, pero no podemos dejar de lado la Constitución y que somos coadyuvantes para que se cumplan los planes de desarrollo.

—¿Podría comprometerse el futuro del IFT, si la 4T se mantiene en el gobierno?

—Lo que corresponde hacer al IFT es seguir trabajando y dando resultado a favor de la sociedad. Un dato duro es la evolución de los precios y los paquetes. Los precios han caído 31%, cuando la inflación ha sido de 56 por ciento.

Nuestra función ha sido no estar pensando en coyunturas políticas, sino pensar en nuestro trabajo colaborativo y con las necesidades del sector productivo y la sociedad, que son las prioridades del IFT: trabajar como lo ordena la Constitución, que ordena un desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Y eso es lo que se tiene presentar como nuestros datos.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

México requiere 216 mil mdp para cubrir al país con fibra óptica: IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México estimó que el costo de la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de banda ancha fija mediante fibra óptica a nivel nacional es de 216 mil 337 millones de pesos.

El órgano regulador mexicano publicó el estudio Conectividad de Banda Ancha Fija y Costeo de Redes de Fibra Óptica a Nivel Municipal en México, el cual reveló que la región con el costo de despliegue más bajo fue la que abarca Ciudad de México, Estado de México y Morelos, con un costo de despliegue de 15 mil 303 millones de pesos.

Además, reveló que la región Suroeste, en donde se encuentran los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son los más desconectados del país, tiene el costo estimado más alto de todas las regiones con 61 mil 700 millones de pesos.

“Lo anterior derivado de aspectos como nivel de ingreso, Índice de Marginación, densidad poblacional, extensión geográfica, entre otros, lo que permite al IFT diseñar políticas públicas mejor focalizadas para fomentar el despliegue de infraestructura, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda”, señaló el Instituto.

Por otra parte, el estudio del IFT mostró una estimación del valor anual para recuperar la inversión inicial considerando la depreciación de los activos y los costos operativos de la red.

Entérate: AT&T México regresará más espectro y no participará en nueva licitación: Mónica Aspe

Uno de los resultados que arrojó el estudio del regulador mexicano es que si se considera el gasto promedio de los hogares en servicios de telecomunicaciones fijos, la región Suroeste es la única donde los hogares no podrían generar los recursos anuales para cubrir los costos por acceso mensual estimado.

En contraste, dice el estudio, si se considera el gasto mínimo, sólo los hogares de la región Noreste podrían cubrir el costo por acceso mensual.

“Se consideró la capacidad de los hogares de adquirir servicios fijos de Internet tomando en cuenta información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 publicada por el INEGI; y se identificaron los niveles de precios ofrecidos por los operadores en el mercado (renta mediana de planes y paquetes con velocidad de descarga de 10 Mbps).

“Lo anterior con el objeto de contrastar el costo por acceso mensual para acceder al servicio con el gasto promedio de los hogares en servicios de telecomunicaciones fijos y los niveles de precios ofrecidos por operadores en cada una de las ocho regiones, y estar en posibilidad de diseñar políticas públicas más precisas para ampliar la conectividad“, dijo el IFT.

Con información de DPLnews

Movistar propone que IFT obligue a Telcel a compartir su infraestructura vía el MOCN

Telefónica Movistar sugirió aumentar la presión regulatoria que sujeta a Telcel a la compartición de su infraestructura con terceros operadores, ahora a un nivel más allá del acceso al roaming nacional por la modalidad de usuario visitante al que esa telefónica se encuentra obligada por política regulatoria desde el año 2014.

Movistar solicitó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ordene a Telcel compartir elementos muy puntuales de su infraestructura de red, como espacio en sus antenas y radiobases y en mercados muy particulares, con los que otras compañías pudieran maximizar así sus inversiones en la construcción y crecimiento de sus coberturas celulares, una acción que además pudiera beneficiar a Telcel al hacerse de un nuevo ingreso de carácter mayorista.El grupo español propone de esta manera que el IFT ordene a Telcel la compartición de su infraestructura vía el modelo de multi operador, más conocido en la industria como la modalidad de Multi Operators Core Network o “MOCN”, por sus siglas en inglés.En el paralelismo de una panadería —por el complicado significado técnico de esta modalidad de compartición de red—, con el MOCN cada panadero hornea su pan en un horno distinto (núcleo o core), pero todos los panaderos venden el pan en la misma panadería (red celular).En la misma línea de correspondencia, Movistar tiene un potente horno porque su core o cerebro de red es de última generación, pero debido al nivel de tributación que el Estado mexicano impone por el uso de espectro, la compañía ha devuelto frecuencias y desmontado torres, y ahora usa los anaqueles (red) de AT&T para vender su pan, pero Telefónica Movistar sabe que la panadería de Telcel tiene un mayor número de canastos y de todos tamaños (infraestructura/cobertura) para ofrecer todo tipo de pan al consumidor.

Este modelo de compartición de infraestructura es resultado de la innovación tecnológica promovida por fabricantes como ZTE, Huawei, Ericsson o Nokia, que a través de sus tecnologías exprimen las eficiencias de los componentes que colocan en el mercado para las compañías telefónicas.El MOCN ya es utilizado por otras compañías del sector en distintas partes del mundo y conforme los propios contextos donde éstas participan con sus servicios de telecomunicaciones. Como ejemplo, en 2021 las telefónicas Deutsche Telekom y Vodafone convinieron echar mano del MOCN al compartir su infraestructura para abatir las brechas de cobertura 4G-LTE en zonas rurales de Alemania, con lo que así maximizaron sus recursos al dirigir la inversión a los mercados alemanes que les ofrecieran mayor rentabilidad a cada una de esas compañías.En la industria mexicana de telecomunicaciones se presume que la negativa de Telcel a compartir infraestructura a través del MOCN obedecería a que de esta manera Telcel consolida su posición como el operador incumbente del mercado móvil por sus 83 millones de clientes celulares reportados al año 2022 y se asegura también así de que el resto de los competidores incurran en costos operativos por despliegue y mantenimiento de redes celulares.Para el resto de competidores, el MOCN puede ser una oportunidad para expandir inversiones en México, pues mientras Movistar migró su tráfico hacia la red de AT&T —por vía MOCN—, la empresa invirtió en la construcción de 160 nuevos kilómetros de red de fibra óptica para conectarse a AT&T. Una posibilidad más estaría en que si a Telcel se obliga a acceder al MOCN, la competencia podría repensar sus inversiones, por ejemplo, reorientarlas hacia la venidera licitación de 5G.

En México las empresas Altán Redes, AT&T y Telefónica Movistar ya tienen firmados convenios de MOCN entre todas ellas, pero Telcel no ha accedido a firmar ese tipo de acuerdos con sus competidores, indicó Movistar en sus comentarios al IFT respecto a una consulta pública sobre la funcionalidad de la política regulatoria que la autoridad aplica a Telcel hace una década.

Con información de El Economista

No a la separación estructural; la regulación del IFT ya ha sacrificado a Telmex: STRM

Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), viene de poner fin a un conflicto por jubilaciones que enfrentó a los trabajadores de Telmex con los dueños de esa empresa, la familia Slim, durante tres años. Ahora enfrenta uno de los retos de mayor dificultad en sus 45 años al frente del STRM: evitar la posibilidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ordene la partición de Teléfonos de México en dos compañías con dueño distinto y marca e infraestructura propias.

Esto sería la separación estructural de Telmex y significaría también que unos 14,000 trabajadores de esa telefónica tuvieran que marcharse a otra compañía totalmente distinta, con los retos laborales que ello implicaría contratarse con un nuevo patrón. Una cuota similar de trabajadores ya se integra a la empresa Red Nacional Última Milla, que fue resultado de la separación funcional que el IFTordenó en 2018 a Telmex, al desprender de esa compañía su brazo de infraestructura en una nueva empresa, pero con mismo dueño, y que es el paso anterior a la separación estructural.

AT&T, Grupo Televisa y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) promueven la partición de Telmex, cómo única manera para equilibrar la competencia del mercado.

Aún con siete años de pérdidas financieras, Telmex es todavía un coloso con 320,000 kilómetros de redes de fibra óptica y opera más de 50 anillos metropolitanos en todo el país. Sus servicios de telefonía, voz y streaming suman 21 millones de accesos y su plantilla laboral es de 60,000 trabajadores, 28,000 de ellos en activo. Su infraestructura de red también da soporte al tráfico de los 83 millones de usuarios de Telcel y su cobertura llega a 130 millones de mexicanos. Todo ello lo que sus adversarios acusan de dominancia del mercado.

—¿Qué piensa cuando lee en prensa sobre la posibilidad de partir definitivamente a Telmex en dos compañías totalmente separadas una de otra?

—Pienso en que se trata de una provocación, aun cuando hemos perdido un importante espacio en el mercado por la regulación asimétrica y aun cuando venimos de tres años de pelear con la empresa para encontrar una salida al tema de la jubilación y que finalmente logramos un acuerdo, que mucho fue por la intervención del Estado. En ese tiempo, el IFT no tuvo la gentileza ni la sensibilidad para ayudarnos a encontrar una solución desde sus propias atribuciones; y ahora que encontramos una solución y que trabajamos en fortalecer la viabilidad financiera de la empresa, vienen con esas reacciones de todas partes. No me extrañaría que la posición de la Canieti se extienda hasta el IFT, pues esas empresas no tienen más que el propósito de golpear para sacar adelante sus propios intereses, que de ayudar al desarrollo de la conectividad en el país.

La verdad es que nosotros estamos de acuerdo e insistimos en que tiene que cambiar el modelo de competencia promovido por el IFT con apretar a Telmex, porque por sí mismo ese modelo no ha resuelto los problemas de cobertura, de convergencia y de poder conectar a la mayor parte de los mexicanos.

Sólo con un esquema complementario donde el Estado cumpla la función conducir el desarrollo de las propias empresas es que habrá conectividad. Tratando de presionar al IFT y de intimidarlo para quitarle a Telmex el control de su red y ponerla en manos de un tercero para disponer totalmente de las condiciones y pasar por encima de las propias capacidades de Telmex, no será la solución. Yo les digo y estoy seguro de que el gobierno va estar preocupado, porque después de haber pasado por un problema tan importante como el tema de las jubilaciones que hasta ellos contribuyeron mucho a su solución, ahora vienen estas gentes queriendo generar la separación estructural.

—Si bien la industria presiona a IFT para que declare la separación estructural, esa autoridad defiende que su política regulatoria sobre Telmex les ha permitido a ellos ganar 11 millones de suscripciones de Internet, en detrimento de Prodigy. ¿Considera esa posición del IFT como parte de su imparcialidad para analizar la separación estructural de Telmex?

—El propio IFT ya se dio cuenta de lo insostenible de la posición de Canieti, Televisa y AT&T. Ellos traen una cuestión de apropiarse del mercado como sea, pues ni aún amarrándonos como nos tienen han podido crecer y ahora lanzan maniobras de carácter regulatorio, y por eso su interés de presionar.

El gobierno tiene unos planes para Altán y CFE, y ha dicho públicamente que necesita del brazo de Telmex para llevar conectividad hasta los lugares más apartados y nosotros coincidimos con ellos, porque sinceramente la única manera de cumplir con el propósito que se ha planteado este gobierno es haciendo que las empresas hagan esfuerzos conjuntos y estas empresas que ahora nos acusan, no han podido cubrir con la competencia que ha ido generando el IFT a través de la regulación que nos aprieta, la conectividad que se necesita. ¿Si viene la separación estructural, en quién se apoyará el gobierno?

Si sólo fuera la presión de Televisa y AT&T y el Estado permaneciera cruzado de brazos nada más mirando y nosotros no estuviéramos alertas, no me extrañaría que se fueran por ese camino de la separación estructural. Pero tenemos un Estado fuerte en este sexenio y nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados.

—¿Advierten los telefonistas algún efecto positivo con la separación estructural, como por ejemplo qué tipo de regulación alcanzaría a Telmex y a la nueva empresa ahora?

—Si hay separación estructural, lo lógico es que ya no deberíamos en Teléfonos de México tener regulación asimétrica. Parecería así un efecto inmediato y positivo. Desde luego tendría uno que pensar bien en ese efecto positivo que se generaría, pero tampoco nos extrañaría a los telefonistas que ahora salgan con una política como la que hicieron con la preponderancia y nos sigan regulando así. Es más, en este momento Telmex ya tiene las condiciones para no ser declarado agente preponderante y aún sí encuentran razones para sujetarnos con su regulación. Con esa historia que hemos visto se me hace difícil pensar que con la separación estructural no habrá daño para la empresa y los trabajadores.

Y bien, se da la separación estructural y nos quitan la regulación, ¿quién de todos ellos que presionan al IFT le ayudará al gobierno a llevar conectividad si ya no tenemos regulación? ¿Lo han pensado los que presionan?

—¿Se refiere a que si hay separación estructural y por tanto cambia la regulación asimétrica o se extingue esta, entonces ustedes o la empresa escindida ya no estaría obligada a compartir su infraestructura?

—Sí, así es. Parece que podrían darse esas condiciones, pero sinceramente no imagino que estén promoviendo esta separación estructural para que se den esas condiciones de que ya la empresa mayorista ya no tenga obligación de compartir su infraestructura, que ya no esté obligada a subsidiar con su infraestructura a la competencia, que ya no tenga esa regulación asimétrica, no estoy seguro que ese sea el camino que están pensando. ¿Quién además comprará Telmex? AT&T o Televisa… ¿Les alcanza? Están presionando para que con esa intención se permitan tener otras ventajas que iremos viendo si se da la separación estructural. Yo espero que no ocurra esa separación, que sea esto una suposición.

—Parafraseando un comentario del mismo IFT de que si “toca, toca” la separación estructural, entonces habría menores obstáculos para que Telmex venda productos de video, ¿lo ve posible?

—Aquí resulta que América Móvil no está tramitando la concesión de video para Telmex, sino para Clarovideo. Si ocurriera que la dan la concesión quizá nos buscarían para dar acceso a infraestructura de fibra. No veo que Televisa esté promoviendo un nuevo competidor en su propio mercado. Pudiera haber esos beneficios, pensando hipotéticamente en que así ocurriera con la separación estructural, pero dudo que estén promoviendo pensando en que así será.

—En prensa hay quien dice que la separación estructural podría beneficiar a Telmex ante lo que ellos califican como desequilibrios financieros por el tamaño de la nómina de los trabajadores…

—Nosotros no hemos sido un obstáculo, porque con esa misma en el año 2000 la empresa fue considerada la mejor empresa de telecomunicaciones del mundo y con los ingresos de entonces, nuestra nómina y nuestro contrato representaba el 35% de los ingresos de Telmex.

¿Qué pasó? Que la empresa se dedicó a sacar de Telmex los servicios más rentables y luego vino la regulación, y entonces los ingresos se cayeron y las finanzas de la empresa se cayeron, y por eso, en ese comparación, nuestra nómina alcanzó un mayor peso en las finanzas de Telmex. Llevamos como empresa casi siete años sin ganancias por efectos de su regulación asimétrica y ahora vienen a decirnos que los salarios dignos provocan un obstáculo financiero en Telmex.

—El término separación funcional se escucha mucho en foros y se lee demasiado en prensa, ¿en verdad no le quita el sueño como líder sindical?

—Por estudios propios de los informes de nuestros propios compañeros de la planta externa, ellos, los que presionan al IFT tienen acceso a toda la red de Teléfonos de México; saben dónde está la infraestructura, los postes, la fibra y han tenido todas las facilidades. Lo que han pedido se lo hemos dado.

Este esquema primero de separación funcional no ha funcionado. Decían que el mercado se iba ampliar, como la conectividad. Así nos quitaron los ingresos por la larga distancia, la interconexión, el servicio medido y otras…

¿Y dónde está lo que se ha logrado? Todo ha sido a costa del sacrificio de Telmex y si esa era la idea, lo lograron, porque vamos para siete años sin utilidades. Nos vendieron la idea de ampliar las telecomunicaciones, pero no hemos visto a Televisa, AT&T o Canieti decir al presidente: “No se preocupe, nosotros vamos a llevar cobertura a los desconectados”, porque si no hay cobertura, ellos simplemente no van.

¿Me quita el sueño? No. Es la figura de la regulación asimétrica completa la que nos afecta. La separación funcional podría ser, pues, aceptable si sirviera, pero no ha servido y nos está acarreando problemas a la empresa y a los trabajadores.

La separación funcional tenía que ver básicamente con la red externa (anillos metropolitanos, redes de transporte…). Pero después que un poquito más que con las centrales y con otro poquito más, los edificios. Si viene la separación estructural qué van a vender: ¿parte de la central, del edificio o de los servidores? Es muy complicado; es un entramado muy difícil de red, porque hasta dónde es la fibra que van a vender. La Canieti y AT&T tienen una imaginación y una creatividad para molestar.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Coaliciones oportunistas en telecomunicaciones y regulación asimétrica

La Real Academia Española define “coalición” como la “unión transitoria de personas, [empresas], grupos políticos o países con un interés determinado”.

Asimismo, define “oportunismo” como la “actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible”.

Si se consideran ambos términos, una coalición oportunista puede considerarse como la unión de empresas con el interés de aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha realizado tres revisiones bienales respecto de las medidas de preponderancia impuestas en 2014 en el sector de telecomunicaciones.

En cada una de ellas ha sido evidente que existe una “coalición oportunista” por parte de los operadores de servicios de telecomunicaciones competidores del denominado Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), que indudablemente han disfrutado de los beneficios de la regulación asimétrica que se le ha impuesto desde hace ya casi una década.

Esta es una explotación de las circunstancias legales que se establecieron desde la reforma en materia de telecomunicaciones y que omitieron impedir tal tipo de conductas de por medio.

Por ejemplo, establecer un plazo definido para el régimen de asimetría regulatoria que creó y que nunca acotó.

A los competidores del AEP-T les conviene insistir en su prolongación en el tiempo o en llevar al extremo las medidas regulatorias, incluso más allá de las draconianas posibles a la fecha toda vez que existen incentivos para ello.

Es un pesar que dicha coalición no proponga algún esquema de co-inversión para llevar conectividad a regiones aisladas con el agente denominado “preponderante” o la creación de un fondo de la industria con el mismo objetivo; eso no está en su agenda de propuestas o de sugerencias.

Como se puede leer en sus comentarios emitidos en cada consulta pública, su objetivo es la destrucción de su principal rival que hasta ahora le han obstaculizado el acceso a la prestación de los servicios de convergencia.

En últimas fechas ha sido reiterado en algunos medios afines a tal coalición y su subsecuente reproducción de notas como las siguientes:

  • “AT&T y Televisa piden al IFT que Telmex se divida en dos y se venda.”[1]
  • “Piden escindir a América Móvil.”[2]
  • “Analiza IFT separación estructural contra América Móvil.”[3]

La participación de mercado del operador de red fija denominado “preponderante” ha disminuido sustancialmente, sobre todo en áreas urbanas y semi urbanas donde existe desde 2006 presencia comercial u oferta de otros operadores de redes fijas como los operadores de cable y de fibra con libertad para ofrecer servicios de triple o hasta cuádruple play.

En contraste, el operador “preponderante” ha estado impedido de ello desde hace más de treinta años; tres décadas con una desventaja regulatoria que ha permanecido más por la presión de la coalición antes mencionada que por alguna otra razón.

El Acuerdo de Convergencia de octubre de 2006 estableció la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones prestarán todos los servicios que tecnológicamente su red les permitiera prestar.

La coalición se opuso y pedían 10 años de ventaja. Ese plazo por mucho ya feneció pero sigue cabildeando para que se mantenga la restricción al AEP-T en perjuicio del usuario final.

La pérdida de participación de mercado del AEP-T muestra que, a pesar de que la regulación asimétrica ha favorecido a los competidores del AEP-T, no se incrementó la cobertura, no se hizo el pastel más grande, no se ha invertido en beneficiar a más población en más localidades.

Lo anterior se observa en un descreme del mercado. La participación de mercado que ha perdido el AEP-T en el segmento fijo se ha distribuido entre los tres principales competidores: Televisa, Megacable y Totalplay.

En un análisis costo beneficio, el beneficio social luego de 10 años de regulación asimétrica en términos económicos es quizá incluso negativo.

El operador móvil considerado como preponderante recibió un flujo de usuarios en 2022 por el esquema de portabilidad de 634 mil 331 números, que representó 55 por ciento de los usuarios que se cambiaron de operador.

El operador fijo considerado como preponderante carece de la posibilidad de ofrecer triple play frente a operadores que tienen tanto libertad de oferta como libertad tarifaria, lo cual ha impedido observar realmente una competencia propia de mercado y no una competencia administrada mediante la regulación asimétrica.

No obstante lo anterior, el usuario es un actor activo en los resultados de tamaño y de ingresos que señalan los miembros de la coalición como fracasos regulatorios.

La coalición de referencia ignora que con los mecanismos actuales de portabilidad y la libre elección de proveedores fijos de banda ancha (no totalmente completo el espectro de elección dado que uno de los competidores está impedido de ser una opción), así como que la separación funcional o la separación estructural no tienen como objeto alterar las participaciones de mercado, son medidas extremas que sacrifican eficiencia del operador separado a cambio de eliminar cualquier incentivo o posibilidad alguna de alguna práctica de discriminación o desplazamiento de sus rivales.

Lo anterior por el fracaso de todos los demás instrumentos o medidas regulatorias para evitarlas y desaparecerlas, que no es el caso del agente denominado “preponderante” en su red fija o móvil, pero que la coalición simplemente no entiende que no las entiende.

Actualmente, el espectro de elección para el usuario en telecomunicaciones fijas y móviles son ejemplo de un mercado diferenciado horizontal y verticalmente en cada uno de ellos.

En un mercado diferenciado de tales características tener tamaños “cuasi simétricos” o “equilibrados” es imposible de observar.

La diferenciación horizontal y vertical son conceptos en economía que describen cómo los productos y servicios se distinguen entre sí en un mercado.

Explican las preferencias y el comportamiento del consumidor al elegir entre varias opciones y, por lo tanto, las participaciones relativas de mercado entre los competidores.

La diferenciación horizontal se refiere a las diferencias entre productos o servicios basada en sus atributos que no están directamente relacionados con su calidad o funcionalidad.

En cambio, estos atributos atraen diferentes preferencias o necesidades entre los consumidores.

Los ejemplos de productos diferenciados horizontalmente incluyen diferentes redes sociales, mensajería instantánea, plataformas de música y video sin consumo de datos (zero rate) en los planes de celulares para diferentes preferencias.

Para algunos usuarios se requieren gigas y para otros megas. En este caso, los consumidores pueden elegir entre productos en función de sus preferencias únicas, en lugar de la superioridad inherente del producto.

Es decir, no existe un plan estrictamente superior en todo sentido a los restantes y que sea reconocido para todos los usuarios.

En banda ancha fija sería incluir plataformas de video de contenido diverso, unos con Netflix, otros con F1, otros con ambos, etcétera.

La diferenciación vertical, por otro lado, se refiere a las diferencias en productos o servicios basados en atributos relacionados con su calidad o desempeño.

Esta diferenciación clasifica los servicios del mejor por sus propios servicios y contenidos incluidos a no tan deseables por sus limitaciones.

En este caso, los consumidores eligen productos en función de su calidad percibida y podrían estar dispuestos a pagar más por un producto de mayor calidad.

En este caso aplica a la situación entre la oferta de triple play y plataformas de contenidos de los operadores no preponderantes que ofrecen paquetes de mayor calidad por tener la ventaja de brindar servicios convergentes (voz, datos y video y complementos con plataformas u OTTs).

Por el contrario, Telmex-Telnor sólo pueden ofrecer paquetes de doble play (voz y datos) con complementos de plataformas.

Entre los operadores que ofrecen triple play la diferenciación es horizontal. Pero es vertical cuando se considera que los paquetes de convergencia son estrictamente superiores a los de doble play que lo que ofrece la red fija denominada “preponderante” dada su limitación regulatoria.

La diferenciación horizontal explica la permanencia de Telcel en el mercado móvil como líder y la diferenciación vertical el declive de Telmex-Telnor ante la oferta del resto de los operadores.

Donde existe la mayor presencia de redes alternativas de fibra y cable, menor es la participación de la red fija denominada como “preponderante”.

La diferenciación horizontal atiende diversas preferencias de los consumidores, mientras que la diferenciación vertical se centra en la calidad y el rendimiento del producto.

Comprender esto y sus implicaciones en el debido contexto de definición correcta de los mercados relevantes en todas sus dimensiones es crucial para el regulador en su diagnóstico bianual.

La libertad de elección del usuario es la dinámica que en la actualidad explica lo que los miembros de la coalición acusan en forma imperativa como fallas o fracasos de la regulación y la insuficiencia de la separación funcional.

¿Qué es lo que pretenden con exigir la separación estructural? Es decir, la disolución de los derechos de propiedad de los accionistas actuales del agente económico considerado preponderante.

Es casi inmediato suponer la respuesta: adquirir a descuento los activos de la red y las inversiones realizadas a la fecha desde 1990, sin invertir en ella y llegar a un cómodo duopolio colusivo (AT&T y Grupo Televisa) de las telecomunicaciones en México.

Cabe enfatizar que los servicios minoristas de Telmex-Telnor están sujetos a un estricto escrutinio del regulador, de manera ex ante y ex post a través de pruebas de replicabilidad económica, registro de tarifas, control de precios (sistema de precios tope), por lo que su alza o baja relativa, como algunos editorialistas indican, no es producto de sus decisiones comerciales.

En cambio, el resto de los operadores tienen absoluta libertad para determinar sus tarifas, pueden y tienen tarifas diferenciadas según el estrato socioeconómico donde pase su red, además pueden subir sus precios o restringir su oferta sin pasar por alguna aprobación del regulador.

Por lo tanto, es una administración de la competencia asimétrica que tiene todo menos el de ser una transición a un mercado con una libertad de oferta.

Señalar el beneficio al usuario y a la innovación es el mismo dicho desde la reforma en materia de telecomunicaciones y posteriores acciones regulatorias y consultas públicas.

Pero, ¿cuánto ha sido el costo en bienestar social de haber bloqueado a un competidor de ofrecer triple play por décadas? Mantener la debilidad del competidor forma parte de su propia fortaleza.

[1] “AT&T y Televisa piden al IFT que Telmex se divida en dos y se venda

“La petición busca lograr un equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones, reducir el monopolio de Telmex y fomentar una mayor competencia.

“Empresas del sector de telecomunicaciones, como Televisa y AT&T, junto con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), han solicitado la división de Telmex, empresa filial de América Móvil del segmento fijo.

“La solicitud se realizó en el marco de la Consulta Pública sobre el impacto de las medidas impuestas a América Móvil desde 2014, que cerró el 30 de marzo, y los competidores la consideran “una medida adecuada y proporcional” para mejorar el bienestar de los consumidores en un mercado que ha demostrado ser difícil de regular.

“La petición es que la empresa se venda en dos partes y a diferentes dueños. Por un lado, la parte de servicios para usuarios y, por otro, el negocio de la infraestructura. La medida busca lograr un equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones, reducir el monopolio de Telmex y fomentar una mayor competencia”.

Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2023/04/12/att-y-televisa-piden-venta-telmex.

[2] “Piden escindir a América Móvil

“Empresas de telecomunicaciones pidieron una separación estructural de América Móvil, Telmex y Telcel para equilibrar la competencia en el sector.

“Incluso, diversas compañías manifestaron su preocupación por los bajos resultados en materia de competencia que han tenido las medidas asimétricas para reducir la participación del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T).

“La Canieti aseguró que la separación estructural de América Móvil generaría beneficios a los consumidores a largo plazo ante una mayor innovación y un mercado más competido. “Esta Cámara recomienda al IFT ordenar la separación estructural del AEP-T como única alternativa disponible para resolver los problemas de competencia del sector”, señaló.

“El IFT utiliza mecanismos que van desde la separación contable hasta la funcional para intentar garantizar la equivalencia de acceso, pero todos han fracasado, acusó. Muestra de ello es que la escala de Telmex es del doble respecto a sus competidores y la participación de Telcel permanece sin cambio desde hace casi ocho años, con más de 70 por ciento de los ingresos del mercado móvil.

[3] “Analiza IFT separación estructural contra América Móvil

“En las últimas semanas, empresas como Telefónica Movistar México, AT&T México y organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información demandaron mayores medidas regulatorias para reducir la participación del AEP.

“Lo más relevante es ver cuál ha sido el impacto hasta este momento sobre la preponderancia y en función de ese impacto que se le da en cada revisión”, añadió [Javier Juárez] Mojica.

“Sostuvo que si bien las propuestas presentadas aún entrarán a análisis, las actuales medidas asimétricas impuestas por el regulador han logrado una redistribución sustancial en el mercado”.

CON INFORMACIÓN VÍA Ramiro Tovar Landa/DPLnews.com

Reformas sobre trabajo en apps de reparto, en “letra muerta”

Las líderes de organizaciones sindicales de trabajadores de plataformas coincidieron que se deben conocer las experiencias internacionales, pues el lobby empresarial opera de la misma manera en todos los países sin que se reconozcan las relaciones laborales.

Representantes sindicales y trabajadores de plataformas de España, Chile y Colombia coincidieron en que la regulación del trabajo de plataformas es un punto de partida para garantizar los derechos laborales; no obstante, no es suficiente ya que en países como España se han quedado en “letra muerta”.

En el marco del Foro Internacional, Trabajo Justo. Retos de la Regulación en Plataformas Digitales que se realizó la semana pasada en México, Nuria Soto representante de RiderXDerechos, España, expuso que “en España cuando salió este proceso de la Ley Rider causó revuelo y ha sido muy mediático y se ha vendido muy bien, pero la realidad es que después de un año absolutamente ninguna empresa está cumpliendo la Ley”.

Nuria Soto detalló que lejos de que se reconociera a los trabajadores de plataformas, las empresas “todas pasaron a la subcontratación, es decir, de un fraude a otro, la sucesión ilegal de trabajadores, de manera que son terceras empresas las que de alguna manera contratan a los trabajadores”.

La Ley Rider, entonces, “no tiene efecto porque no puede solicitar información del algoritmo porque la propietaria del algoritmo es la empresa que no contrata a ningún trabajador. Pero si no fuera poco, una de las principales empresas nacida en Barcelona, Globo, no ha cumplido la Ley, es decir siguió con el 90% de los trabajadores como falsos autónomos, por tanto tampoco se pudo aplicar la Ley Rider porque la Ley Rider sólo se puede aplicar a través de los comités de empresa; es decir, con los trabajadores contratados”.

Después de tanto tiempo Uber tomó la misma postura que la empresa Globo y también ha pasado de la sesión ilegal, otra vez al fraude del falso autónomo, igual que otra empresa denominada Stuart. “Así que el panorama no ha cambiado mucho”.

No obstante, destacó que todo este camino para llegar a la Ley Rider resaltó que aunque no se ha aplicado al 100%, es importante que haya organización sindical para seguir empujando su aplicación.

Angélica Salgado de la Central Unitaria de Trabajadores Chile, expuso que por el momento, “Chile tiene una regulación que está escondida, no se ha hecho uso de ella; y no se va a hacer uso hasta que se declare un nuevo dictamen que mejora esa Ley”.

Comentó que tomaron como punto de partida la propuesta de España que surgió de una lucha masiva internacional; “por eso Chile partió más tarde hasta que en 2019, se plantea un proyecto de ley; si bien ha estado en tribunales con intensas discusiones, ahora se está retomando”.

Lo único que dice la nueva Ley en Chile, por ejemplo, es que tú tienes un máximo de horas, “que me parece lógica, de 45 semanales; y parece lógica porque llevamos 200 años los trabajadores peleando para tener 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de vida”.

Luz Myriam Fique de la Unión Nacional de Trabajadores de Plataformas (UNIDAPP) Colombia, comentó está en proceso la reforma laboral, la cual se presentó el pasado 17 de marzo, “no fue fácil llegar a ese punto, aunque también les confieso que lo veía a más largo plazo, pensé íbamos a demorarnos más tiempo”.

Después de muchas marchas, discusiones; la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado un nuevo impulso “con un nuevo gobierno de izquierda se nos han abierto las puertas, se nos adelantaron tantas cosas que nosotros veíamos tan a largo plazo”.

A la par descubrieron que tenían dos recursos jurídicos: el derecho de petición y la tutela, que les ha permitido solicitar a las empresas información sobre los “bloqueos” que llega a aplicar a los trabajadores, sin explicación aparente y que los deja sin la posibilidad de un empleo. Hasta la fecha se han presentado 420, y se han ganado 250.

Las líderes de organizaciones sindicales de trabajadores de plataformas coincidieron que se deben conocer las experiencias internacionales, pues el lobby empresarial opera de la misma manera en todos los países sin que se reconozcan las relaciones laborales.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

FCC de Estados Unidos pierde su autoridad para asignar espectro, mientras China avanza con 5G

La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) perdió temporalmente la facultad de asignar frecuencias de espectro, después de que el Senado de ese país no logró un consenso para ampliar hasta el 19 de mayo próximo las discusiones en esta materia y que eventualmente hubieran permitido renovar por otros diez años la autoridad de la FCC para subastar bandas radioeléctricas.

De esta manera, Estados Unidos no cuenta hoy con una autoridad sectorial que se encargue de licitar frecuencias para servicios de telecomunicaciones, como telefonía o Internet y otros servicios de nueva generación, mientras China, su rival tecnológico, avanza con la disposición de asignar diversas bandas en su propio mercado para cobertura y capacidad y con la construcción hasta el 2022 de más de un millón de estaciones sólo para servicios 5G.

La Cámara de Representantes había aprobado en febrero prorrogar hasta mayo esta facultad de la FCC, luego de que el periodo en curso vencía el 9 de marzo y tras diez años de vigencia, y en tanto la FCC apuraba procesos de asignación de frecuencias. El Senado tampoco ratificó el acuerdo aprobado por la Cámara de Representantes.

Entre las discusiones en el Senado estadounidense se originaron diversos desencuentros de los políticos por votar la llamada Ley de Innovación del Espectro, que también repercutió en la revalidación de las facultades de la FCC.

Entre otras asignaturas, la aprobación de esa ley también habría permitido canalizar hasta 10,000 millones de dólares a la actualización de sistemas de emergencia como el número 911, con recursos obtenidos de los gravámenes que impone el país por la explotación de frecuencias.

El Senado tampoco tomó una decisión de que si en caso de que la FCC perdiera su facultad de asignar frecuencias, sería entonces la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) la autoridad encargada de entregar ese tipo de concesiones.

La Comisión Federal de Comunicaciones, la autoridad equivalente al Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT), urgió al Congreso de los Estados Unidos a alcanzar acuerdos que le permitan recuperar pronto su atribución de concursar frecuencias radioeléctricas.

La FCC confió en que el Congreso “restablezca rápidamente” su facultad para licitar las frecuencias.

Esta autoridad indicó que en 30 años ha organizado más de un centenar de concursos de espectro en el mercado y permitido que el Tesoro de los Estados Unidos se haga con recursos por hasta 233,000 millones de dólares.

“Durante tres décadas, la autoridad de la FCC para subastar las ondas de radio de la nación ha sido una herramienta indispensable para aprovechar la promesa de las nuevas tecnologías inalámbricas. Tecnologías que al mismo tiempo estimulan el crecimiento económico, crean empleos y fortalecen nuestra seguridad nacional y liderazgo global. Una y otra vez nuestras subastas han demostrado ser un enorme motor para la innovación del mercado y el floreciente ecosistema de Internet, y para expandir el alcance de la conectividad de próxima generación para todos y en todas partes”, dijo la FCC.

“La FCC ha realizado 100 subastas y ha recaudado más de 233,000 millones de dólares en ingresos y desbloqueado beneficios extraordinarios para el pueblo estadounidense. Esperamos que la autoridad de subastas de la FCC se restablezca rápidamente”, dijo el regulador.

La CTIA, la cámara que en Estados Unidos representa a la industria móvil y donde participan compañías como Verizon, T-Mobile o AT&T, indicó que el trabajo del regulador FCC ha permitido que este tipo de empresas inviertan hasta 265,000 millones de dólares por la explotación de frecuencias en servicios móviles, generando además 4.5 millones de empleos y un PIB de 825,000 millones de dólares.

“El Congreso nunca ha permitido que la autoridad de subasta de espectro de la FCC caduque hasta ahora (…) Sin esta autoridad y espectro para satisfacer la demanda acelerada de banda ancha inalámbrica, Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás de China y otras naciones para liderar a nivel mundial en nuevas innovaciones 5G y las industrias del futuro”, dijo la CTIA.

Con información de El Economista

IFT amplía 43 días la consulta pública sobre la preponderancia de Telmex y Telcel

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) prorrogó por 43 días naturales la consulta pública no vinculante con la que busca recabar opiniones respecto a la efectividad de la política regulatoria asimétrica que aplica a las empresas del grupo América Móvil (AMX) desde el año 2014 por su demasiada acaparación del mercado fijo y celular, entre ellas Telmex y Telcel.

La consulta pública tendrá ahora una vigencia que concluye el 30 de marzo, desde el 15 de febrero originalmente fijado por el IFT como fecha última para que los actores de la industria y público en general pudieran presentar sus opiniones.

Días atrás, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) solicitó al IFT considerar una prórroga de 90 días a la consulta, con lo que ésta hubiese concluido así el próximo mes de mayo.

América Móvil, a través de las empresas Telmex y Telcel, también solicitó a la autoridad a no consentir esa ampliación, a fin de evitar incertidumbre en el sector de telecomunicaciones y para no retrasar cualquier tipo de posible modificación a la política regulatoria. La empresa Red Nacional Última Milla también se sumó con la misma posición a la postura de AMX.

“El periodo para participar en esta consulta pública y enviar tus comentarios para evaluar el impacto, en términos de competencia, de las medidas impuestas al Agente Económico Preponderante de Telecomunicaciones se amplió hasta el 30 de marzo”, comunicó el IFT.

Semanas atrás, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la realización de una consulta pública para conocer el impacto de la regulación creada puntualmente para el grupo América Móvil y sus empresas filiales.

La consulta, definida para realizarse primero entre el 4 de enero y el 15 de febrero de este año, hace parte de las revisiones bianuales del IFT a la efectividad de la regulación particular que pesa sobre Telmex, Telnor, Telcel y otras empresas de AMX desde el año 2014 y que con el tiempo se ha ido actualizando, como por ejemplo en 2021 que el IFT consintió una libertad tarifaria para Telmex en 52 municipios del país.

Las revisiones tienen el objetivo de conocer la efectividad de la regulación asimétrica para América Móvil, y si es conveniente para el mercado mexicano de telecomunicaciones modificar o suprimir partes de ella, incluso si es necesario establecer una nueva regulación orientada a equilibrar el mercado a favor de los consumidores, después de que Telcel roza hoy los 82 millones clientes móviles, diez millones más que cuando el IFT le impuso su regulación asimétrica, como demandan Telefónica Movistar y AT&T.

Pero, por el contrario, Telmex ha sufrido pérdidas financieras y ha perdido importantes cuotas de mercado en telefonía fija y banda ancha, a favor de Izzi Telecom, Megacable y Totalplay —afiliados todos de Canieti—, que en 2022 rebasaron la marca del 50% de participación en varios de esos nichos de mercado de distintas ciudades de la República, hechos que animaron al IFT a valorar a algunas de esas empresas también como agentes con poder sustancial de mercado.

La del 2023 resulta ser la tercera revisión bienal del IFT a la regulación asimétrica. En 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones consintió que Teléfonos de México pudiera determinar libremente las tarifas por el servicio de acceso indirecto al bucle local que se utiliza en la provisión de Internet y telefonía fija. Esta fue el primer cambio hecho por la autoridad a su política regulatoria sobre Telmex en siete años.

Con información de El Economista

El IFT informa sobre la resolución de un procedimiento administrativo en contra de Teléfonos de México (Comunicado 5/2023) 12 de enero

“El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió, en su décima sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2022, el procedimiento administrativo instaurado en contra de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. bajo el número de expediente E-IFT.UC.DG-SAN.I.0041/2018 y su acumulado E-IFT.UC.DG-SAN.I.0075/2019, del cual la empresa ha sido debidamente notificada.

Sobre este caso, tras un exhaustivo estudio del expediente, el Pleno determinó que, con base en las pruebas y defensas aportadas en el expediente, no es posible entrar al análisis del fondo de la conducta finalmente imputada, ni concluir sobre el incumplimiento y, en consecuencia, la imposición de una sanción.

Es oportuno señalar que cada asunto debe ser analizado en sus méritos a partir de la evidencia, imputaciones, pruebas y defensas que se aportan en el procedimiento y que forman parte del expediente respectivo. En este sentido, el expediente resuelto en este procedimiento es significativamente diferente del analizado y votado en enero de 2020 en el que se le impuso una multa a Telnor, filial de Telmex.

La resolución del Pleno está técnica y jurídicamente fundamentada, en cumplimiento al marco legal y conforme a las facultades conferidas a este órgano regulador, respetando las garantías de cualquier ente regulado. Al igual que todos los casos que corresponde resolver al máximo órgano de gobierno del Instituto, éste se condujo en estricto apego al estado de Derecho.

La transparencia en sus actos y resoluciones ha caracterizado la labor de este órgano autónomo, los cuales están a disposición de cualquier interesado para su consulta en el portal de internet del Instituto, una vez que se cuenta con las versiones públicas, conforme a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.”

Información vía IFT (COMUNICADO DE PRENSA)

Televisa también impugna la sentencia que derribó una resolución del IFT en TV de paga

Grupo Televisa impugnó una sentencia del Poder Judicial que le dio la razón frente una resolución sobre poder sustancial de mercado en televisión de paga, que fue emitida en su contra por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en noviembre de 2020.

Este lunes, el IFT indicó que promoverá un recurso de reclamación respecto a la sentencia de un juzgado especializado en telecomunicaciones que le ordenó reponer sus análisis y considerar en éstos una serie de elementos adicionales de contexto, para determinar si Grupo Televisa es en definitiva un agente con poder sustancial de mercado en televisión de paga.

A pesar de que Grupo Televisa ganó un amparo contra la determinación del IFT que la señalaba como una empresa de telecomunicaciones con capacidad de influir negativamente en el negocio de la televisión de paga en 35 localidades de siete estados de la República, la compañía consideró que el juzgador no tomó en cuenta otros dos elementos que hubieran reforzado todavía más su argumentación contra la resolución del IFT.

En su solicitud original de amparo contra la resolución del IFT, la empresa presentó 14 argumentos, pero el juzgador sólo consideró a dos ellos como válidos.

Por ello, el cuerpo jurídico de Grupo Televisa interpuso un recurso de revisión de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México.

Grupo Televisa busca de esta manera conseguir que el juzgador analice los dos argumentos y en caso de hallarlos procedentes, Televisa conseguiría reforzar su argumentación frente a la autoridad reguladora y entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría argumentos adicionales en contra que lo obligarían a rehacer sus análisis con base en otro contexto, alejando todavía más la posibilidad de señalar a Televisa como un agente con poder sustancial de mercado en televisión restringida.

Por ahora, el recurso de revisión interpuesto por los abogados de Grupo Televisa ya ha sido aceptado por el Poder Judicial.

En octubre pasado, ese juzgado especializado en telecomunicaciones y radiodifusión concedió el juicio de amparo indirecto con expediente 6/2021 a Grupo Televisa, desde el que se ordenó al IFT realizar un nuevo análisis en el que considere ahora un contexto con tendencias de mercado y otros patrones de consumo de los servicios de audio y video restringido, y los efectos también de la existencia de las plataformas proveedoras de contenidos bajo demanda u OTT.

Ese juzgado fue la primera instancia del Poder Judicial que desechó la resolución P/IFT/181120/436 del IFT, aprobada el 18 de noviembre de 2020 y a través de la que se declaró a Televisa como agente con poder sustancial de mercado en televisión de paga tras la adquisición de activos de infraestructura y usuarios anteriormente atendidos por la empresa Axtel.

El IFT sostiene que Grupo Televisa sí tiene la capacidad de fijar precios o de establecer otras tácticas comerciales a su favor en el negocio de la televisión de paga de todos esos 35 mercados relevantes, sin que el resto de sus competidores en esas localidades tenga la capacidad de frenar sus acciones.

Grupo Televisa presentó una demanda de amparo el 18 de diciembre de 2020 contra la resolución del IFT emitida en noviembre de ese mismo año.

La empresa indicó entonces que el IFT declaró como agente con poder sustancial de mercado a una de sus empresas subsidiarias que no cuenta con una concesión para ofrecer servicios de telecomunicaciones en el mercado masivo. Televisa también dijo que el IFT excedió los plazos legales en sus investigaciones para resolver si la empresa era o no un agente con poder sustancial, en tanto que, según Televisa, la notificación de la resolución también ocurrió fuera de los plazos legales.

Televisa aseguró además que la resolución del IFT era muy generalista sobre los 35 mercados estudiados y no contemplaba criterios como patrones de comportamiento de los usuarios, características demográficas, socioeconómicas y de competencia, pues éstas varían en cada uno de los 35 municipios determinados como los mercado relevantes. Todos esos argumentos y otros más fueron derribados por el juzgador especializado, pero dos de ellos son los que Televisa ha solicitado al juzgador para su reconsideración.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sí aceptó en su oportunidad dos argumentos de Televisa contra la resolución de poder sustancial y éstos fueron respecto a que en su investigación el IFT no consideró información más reciente sobre el estado de los mercados analizados y tampoco puso atención a elementos de análisis prospectivo sobre la evolución y el dinamismo futuro del mercado en los 35 mercados relevantes objeto de esta historia.

El IFT, durante la conformación de su resolución, desaprovechó además el valor probatorio del documento “Pronósticos de los servicios de telecomunicaciones”, con fecha del 30 de septiembre de 2019 y elaborado por la Coordinación General de Planeación Estratégica del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que la autoridad hubiese sustentado con mayor fortaleza su declaratoria de poder sustancial contra Televisa, indicó el juzgador.

El juez resolvió que el IFT, en sus trabajos para analizar la sustituibilidad de los servicios OTT y STAR, se basó en criterios que de antemano advertían que ambos servicios no son sustitutos y omitió comprobar si los OTT son también una alternativa de servicio a los paquetes de oferta de los STAR, como para ejercer presión competitiva en el mercado y con lo que su resolución final sobre poder sustancial hubiese tenido otro resultado.

Por todo ello, el juzgador concedió el amparo con número de expediente 6/2021a Grupo Televisa.

En noviembre del 2020, el IFT resolvió el expediente AI/DC-002-2019 de la Autoridad Investigadora del mismo instituto.

La investigación era resultado de las sospechas de la Autoridad Investigadora respecto la posibilidad de que Televisa se hubiese convertido entonces en un agente con poder sustancial tras adquirir una serie de activos a Axtel.

Antes, el 17 de diciembre de 2018, las empresas Axtel y Televisa anunciaron al IFT un acuerdo de compraventa de activos de Axtel a favor de Televisa por un valor entonces de 240 millones de dólares, que incluyó el traspaso de 227,802 clientes residenciales y 4,432 kilómetros de redes de fibra óptica a Televisa. Esta concentración se radicó desde esa ocasión en el expediente AVC-002-2018.

Desde entonces, la Autoridad Investigadora sospechó de un posible poder sustancial de Televisa, luego de que esa empresa llegaría a tener el 76.7% del negocio de la televisión restringida en Aguascalientes; el 64.2% en Ciudad Juárez; el 66.2% en Zapopan; el 68.4% en San Luis Potosí capital; el 73.9% en Monterrey y el 75.0% en la Ciudad de México, todo tras la compraventa de los activos de Axtel y por ello inició la investigación que ahora vive este nuevo capítulo.

Con Información de El Economista