“En un mes podemos dar TV donde Televisa tiene poder sustancial”: Sindicato de Telmex

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), organismo que de entre todos sus trabajadores agremiados cobija a 14,000 técnicos que se dedican a la construcción de redes de transporte, de acceso y centrales, entre otras infraestructuras de la llamada planta externa, estima que en un periodo máximo de treinta días Telmex podría ofrecer el servicio de televisión o algún otro producto de video en aquellas localidades donde Grupo Televisa es agente con poder sustancial de mercado en televisión de paga.

El STRM tiene afiliados a cerca de 60,000 trabajadores telefonistas de entre todas las áreas del negocio telefónico fijo y de ellos, aproximadamente un tercio se dedica a la construcción y modernización de los tendidos de las redes de fibra óptica de Telmex, con lo que ellos conocen más de cerca sobre la viabilidad y complejidades técnicas para enviar contenidos de video por allí a las 35 localidades del país donde las marcas de Televisa concentran demasiado mercado en TV de paga y como una manera para mejorar la competencia en esas ciudades.

“Técnicamente, claro que es posible. No sólo estamos instalandof, sino que además estamos modernizando la red, para los anchos de banda y las aplicaciones que hoy en día pueden correr por ahí. Es viable técnicamente, regulatoriamente no lo sé. En un mes podría ser posible”, dijo Agustín Vanegas Laurrabaquio, comisionado nacional del STRM.

Agustín Vanegas Laurrabaquio presentó esta mañana un estudio que expone los argumentos del STRM respecto al tema de libertad tarifaria para Telmex que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sacó a consulta pública. 

En esa oportunidad, el comisionado de esta organización contó que existe la posibilidad de ampliar de 63 a 128 las localidades donde Telmex puede gestionar libremente sus convenios de venta de capacidad mayorista con terceros operadores y de este modo aumentar le viabilidad financiera de la empresa, después pérdidas anuales en su resultado neto.

De regreso al tema de la televisión, Agustín Vanegas Laurrabaquio estimó que la red de fibra óptica de Telmex ronda los 400,000 kilómetros de extensión, suficiente para ofrecer desde allí una oferta de TV a escala nacional.

“Esta red está prácticamente óptima para encender ese servicio (…) En la parte técnica de fibra óptica y las centrales telefónicas, ya está lista la empresa para ofrecer ese servicio (…) Ya está listo, porque ya lo hacemos por medio de la desagregación del bucle. Telmex está lista técnicamente hablando para hacer esta (posible) habilitación en 15 días a un mes, con una configuración de las conexiones. No creo que pasaría un mes para tener esa conexión”, dijo Agustín Vanegas Laurrabaquio.

En noviembre del año 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió, a través de su Autoridad Investigadora (AI), que Grupo Televisa es un agente con poder sustancial de mercado en la televisión de paga de 35 municipios del país. 

Es significa que Televisa es una empresa que podría influir en ese negocio con prácticas comerciales a su favor y presionar las operaciones de todos los otros competidores que también participan en el mismo sector, afectando así la competencia y concurrencia de actores.

El regulador IFT ha confirmado que sería en el primer trimestre del año 2022 cuando presentará la regulación que aplicará a Televisa en ese particular negocio de esas 35 plazas.

La situación que vive Grupo Televisa en televisión de paga ocurre desde la compra nacional de 227,802 clientes residenciales de video, voz e Internet y también de 4,432 kilómetros de redes fijas sobre fibra óptica que fueron de Axtel.

Televisa incrementó entonces su participación de mercado en 35 localidades del país, colocándose allí con una participación de entre el 64.2 y casi el 80% del mercado de televisión de paga de 35 esas localidades y que ponen al IFT ante el aprieto de regular y de qué modo a Televisa o de allanar el ingreso de nuevos actores, por ejemplo, de permitir que Telmex ingrese al mercado de la televisión de paga en esos 35 lugares, llamados por el regulador como “mercados relevantes”. 

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Los jueces Gómez Fierro y De la Peza mantienen viva regulación a Pemex

Los jueces federales especializados Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa, otorgaron por separado suspensiones provisionales a las modificaciones al artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, y ordenaron la reinstalación de la regulación asimétrica para las ventas de primera mano de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se concedió la suspensión y la eliminación de la regulación asimétrica de precios por parte de Pemex a las empresas Process Full y Lambrucar.

Las resoluciones por parte de los dos Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, dejaron sin efectos el Acuerdo A/015/2021 emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que, por su parte, dejó sin efectos acuerdos y otras disposiciones normativas relativas a la regulación asimétrica de la petrolera estatal.

Se deberá restablecerla regulación como estaba antes de la reforma al 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor este en mayo. La medida tendrá efectos generales, es decir, que todas las empresas tendrán el mismo beneficio que aquellas que promovieron el amparo y se les brindó la protección de la justicia.

Quedarán vigentes las medidas asimétricas de la Comisión Reguladora de Energía que implementó entre 2014 y 2019 para evitar el dominio de Pemex en el mercado de hidrocarburos y combustibles.

Cabe destacar que la eliminación de las modificaciones al artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos fueron promovidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para restringir la participación de las inversiones privadas y regresar a que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean preponderantes en el sector.

El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa dijo que “negar la suspensión en este momento, produciría un efecto de mucho mayor gravedad”, pues dijo que Pemex podría aumentar su poder dominante en el mercado de ventas de primera mano de hidrocarburos, derivados del petróleo y petroquímicos, con una afectación a la libre concurrencia y competencia económica devastadora para todo el mercado.

En tanto, el juez Gómez Fierro consideró conveniente que la suspensión tenga carácter general, para no generar distorsiones en el mismo, y ordenó que la Comisión Reguladora de Energía que en un plazo no mayor a tres días difunda que quedan suspendidos temporalmente todos los efectos y consecuencias derivados del decreto por el que se eliminó el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, así como los del Acuerdo A/015/2021.

Cabe destacar que el 17 de mayo pasado, los mismos dos jueces especializados en competencia económica suspendieron de manera indefinida las reformas a la Ley de Hidrocarburos que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de Energía pueda rescindir permisos para el tratamiento, refinación, transporte, comercialización, almacenamiento, exportación e importación de productos petrolíferos, en caso de peligro inminente a la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.

El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa dijo que “negar la suspensión en este momento, produciría un efecto de mucho mayor gravedad”, pues Pemex podría aumentar su poder dominante en el mercado de ventas de primera mano de hidrocarburos, con una afectación a la libre concurrencia y competencia económica devastadora para todo el mercado.

Reformas congeladas

Los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión han frenado con sus suspensiones reformas legislativas ampliamente promovidas por el presidente López Obrador que tienen como común denominador fortalecer a Pemex y a la CFE:

  • Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Mediante ésta se pretende cambiar las reglas de despacho eléctrico para dar prioridad a la electricidad producida por la CFE sobre la generada por privados.
  • Reforma a la Ley de Hidrocarburos. Otorga mayor control al Estado para el otorgamiento y cancelación de permisos de importación de hidrocarburos, además de plantear la intervención de instalaciones privadas bajo el argumento de amenazas a la seguridad nacional.
  • Reforma al artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Elimina la obligación de la CRE de aplicar una regulación asimétrica a Pemex para limitar su poder de mercado en la distribución y comercialización de petrolíferos.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Comisiones aprueban eliminar regulación asimétrica a Pemex

Con el voto de la oposición en contra, la mayoría legislativa representada por Morena y aliados aprobó en comisiones del Senado de la República el decreto que reforma el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos para eliminar la asimetría que se aplica a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado mayorista de combustibles.

Los cambios serán votados por el pleno cameral a más tardar el próximo jueves.La morenista Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, afirmó que la enmienda tiene el propósito de garantizar condiciones de competitividad y productividad a Pemex y agentes económicos privados en la industria petrolera. Al fundamentar el voto del PRI en contra, Claudia Ruiz Massieu Salinas afirmó que es absurdo reiterar prácticas que violan la ley fundamental para recuperar monopolios estatales en el sector energético.

“Esta reforma sigue sobre esa línea: consumar el retroceso en el sector de los hidrocarburos… es una reforma absolutamente innecesaria’’. Desde su óptica, la verdadera intención de la enmienda es impedir que Pemex vuelva a ser sujeto a regulaciones asimétricas. “Revela que el oficialismo reconoce que Pemex sigue siendo un agente económico preponderante en la comercialización de gasolina y diesel; si no lo fuera la reforma al régimen transitorio no tendría sentido alguno’’. La reforma es inconstitucional, estableció, porque violenta el principio de progresividad, de libre competencia y compromisos internacionales.

En su turno, Xóchitl Gálvez (PAN) comparó a Pemex con “un niño caprichoso que quiere todo y la verdad es que no da mucho a cambio’’. Los cambios, dijo, tienen como finalidad que Pemex, en su carácter de entidad dominante, imponga reglas de negocio, prácticas y contratos que lesionen la competencia.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Outsourcing permitido será más regulado

Además de limitar la subcontratación laboral, la iniciativa de reforma en la materia prevé también una mayor supervisión del outsourcing de servicios especializados, modalidad que será la única permitida de aprobarse las modificaciones legales que impulsa el gobierno de México.

Las empresas proveedoras de servicios especializados deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mismo que deberá ser renovado cada tres años y podría, de hecho, ser cancelado en cualquier momento en caso de incumplimiento de los requisitos que defina la dependencia, de acuerdo con un borrador del decreto de reforma que circuló el día de ayer 6 de abril.

“Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social (…) El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años”, se lee en el documento, que hace referencia a la modificación del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

El proyecto –que debe ser aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores– contempla también que estas empresas rindan reportes cuatrimestrales de los contratos de subcontratación que celebren al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El borrador del decreto de reforma prevé modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

“La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate”, contempla la propuesta de reforma al artículo 15 A de la Ley del Seguro Social (el párrafo es similar en la propuesta de modificación a la Ley del Infonavit).

En lo que toca a las modificaciones propuestas al Código Fiscal y a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto del Valor Agregado, contemplan que se podrán deducir los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados, pero siempre que la empresa prestadora del servicio cuente con su registro ante la STPS.

Además, se plantea que la empresa que contrate a una empresa de servicios especializados deberá verificar que el contratista esté registrado ante la STPS y deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos a dichos trabajadores, del pago de las cuotas al IMSS y de las aportaciones al Infonavit.

En el borrador del decreto se contempla también, en el apartado de artículos transitorios, que la STPS tendrá 30 días a partir de la de la entrada en vigor del decreto para expedir las disposiciones de carácter general relativas registro de empresas de subcontratación especializada, quienes, a su vez, tendrán un plazo de tres meses para obtener dicho registro.

El lunes el gobierno mexicano anunció que había llegado a un acuerdo con las cúpulas empresariales del país y los sindicatos para limitar la subcontratación a servicios y obras especializadas, además de topar el pago de utilidades a los trabajadores, sin embargo, no se dieron los detalles de implementación que se exponen en el borrador de decreto de reforma.

Reforma, para la próxima semana

Ayer, como parte de los acuerdos que se tomaron en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados está el llevar adelante la discusión y aprobación de la reforma de outsourcing enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 12 de noviembre de 2020, y que estuvo congelada hasta el acuerdo logrado esta semana.

De tal manera que se propuso la discusión en el pleno de la Cámara para el día 13 de abril, dado que esta semana sesionarían las comisiones encargadas de preparar el Dictamen; “antes de que termine el periodo de sesiones quedará aprobada la reforma”, expuso la diputada Anita Sánchez.

La legisladora admitió que la subcontratación no se puede eliminar de manera definitiva “existe en todo el mundo y México no puede quedar fuera de estas prácticas, pero, con la iniciativa y con el dictamen que trabajaremos, sí es una manera de ordenar a las más de 4,000 empresas fantasma que eludían el pago fiscal, eso permitirá que haya una mayor recaudación”.

Con información vía El Economista

PERSPECTIVAS_Negocios y empresas

Mientras que las telecomunicaciones en el mundo van hacia la convergencia total, en México se separaron los servicios. La razón es que América Móvil (Telcel y Telmex) es preponderante en el mercado y como Televisa no ha podido ganar mercado, presiona a las autoridades para que no le permitan integrar televisión a sus servicios.

En estas condiciones, México avanza lentamente en los servicios de telefonía e Internet, con una baja sistemática de precios, pero en el caso de la radiodifusión y, en especial, de la televisión de paga (en donde Televisa es preponderante) los precios se incrementan en perjuicio del consumidor.

A principios de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en definitiva la preponderancia de América Móvil, por lo que se mantienen 186 restricciones o “medidas asimétricas” contra la empresa de Carlos Slim.

En principio esta medida podría considerarse de justicia social, ya que hay una firma que domina el mercado. Sin embargo, la realidad es que las restricciones a la empresa de Slim a quien perjudican es a los consumidores, porque no se llevan a cabo inversiones suficientes y los servicios que se ofrecen en el país son más caros que en el extranjero.

Después de tres lustros de imponer restricciones legales a América Móvil, se ha comprobado que las medidas no han generado un mercado más equilibrado. Por lo que la conclusión es que, si se mantienen las mismas políticas, es imposible obtener resultados diferentes en beneficio del consumidor final.

Si se quiere reducir la participación de mercado de la empresa de Slim, hay que dividirla en dos o más participantes, como lo hizo el gobierno de Estados Unidos con la Standard Oil de John D. Rockefeller en 1899. Gracias a esa división se acabó con el monopolio petrolero y se logró estimular la competencia.

En el caso de la preponderancia de Televisa en televisión de paga, la solución es más fácil, simplemente con que le quiten los candados a América Móvil se acabará con ese cuasimonopolio, debido a que la firma de Slim cuenta con este servicio en América Latina a precios competitivos.

A los consumidores nos urge que las autoridades cambien de estrategia en materia de telecomunicaciones para generar nuevas inversiones en este sector vital para la economía.

Con información vía La Jornada

Siguen negociaciones sobre la regulación del outsourcing

La negociación entre el gobierno federal, la iniciativa privada y el sector obrero sobre la subcontratación aún no concluye, pues aún se discute la propuesta de las autoridades de dar un monto de utilidades topado como máximo tres meses del salario del trabajador, lo cual es alto para el empresariado del país.

En entrevista con La Jornada, Raúl Maillard Barquera, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), consideró que una medida así afectará a la industria micro, pequeña y mediana. “Todavía no es un acuerdo como tal, porque falta la venia del Ejecutivo. Pero de entrada están imponiendo al sector patronal ese presupuesto de tres meses”, dijo.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de la subcontratación de personal.

El porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) que actualmente es de 10 por ciento, se mantiene. Los trabajadores recibirían hasta un máximo de tres meses o el promedio de la participación recibida en los tres años anteriores.

Algunos de los subsectores como trabajos especializados para la construcción se verían obligados a pagar más PTU, mientras que los que ya pagan más lo seguirán haciendo.

Maillard Barquera comentó que el pago de utilidades como se propone, sumado a las vacaciones, más la prima vacacional y el aguinaldo, harían que “la carga impositiva de generar empleos en el país sea altísima”.

Con información vía La Jornada

América Móvil concentró 59% del total de suscripciones de telecom en México en 2020

Pese a la crisis derivada de la pandemia de covid-19, la participación de América Móvil en las telecomunicaciones se mantuvo, indica un análisis sobre la preponderancia de la consultora Telconomía. Al segundo trimestre del 2020 concentró 59 por ciento de todas las suscripciones de telecomunicaciones en México.

“Ese nivel se ha mantenido constante durante más de un año y se explica principalmente por el rendimiento de Telcel en los servicios móviles que compensa lo que Telmex y Telnor han perdido en los servicios fijos”, dice el reporte.

De acuerdo con los datos de Telconomía, entre 2013 y 2020, la cuota de suscripciones de América Móvil en servicios de telecomunicaciones en agregado nunca ha bajado del 50 por ciento, proporción relevante para la figura del agente económico preponderante (AEP) establecida con la reforma de telecomunicaciones de 2013.

No obstante, cabe resaltar que esta cuota de mercado del 59 por ciento de América Móvil es la más baja de su historia desde 2013, donde la participación era del 66 por ciento.

En lo que respecta a segmentos, entre el primer trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2020, la participación de América Móvil en las suscripciones de banda ancha fija (donde tiene menor participación) pasó de 74 por ciento a 48 por ciento. El competidor que más se acerca es Grupo Televisa con 25 por ciento.

En el segmento de telefonía fija América Móvil pasó del 72 al 51 por ciento y se mantiene como el principal prestador de servicio, seguido también por Televisa, que concentra un 24 por ciento del mercado.

En servicios móviles, la participación de América Móvil en telefonía tuvo una ligera pérdida del 69 al 63 por ciento en el mismo periodo analizado y en banda ancha móvil del 80 al 71 por ciento, que es donde la empresa de Carlos Slim tiene mayor participación. En telefonía móvil la segunda empresa con más participación luego de Telcel es Telefónica con 21 por ciento de las suscripciones, pero en banda ancha móvil el principal competidor es AT&T con 16 por ciento de participación.

Las telecom durante la pandemia

El análisis de Telconomía estudia justo el periodo cuando el impacto de la pandemia de covid-19 fue más agudo, ya que fue en el segundo trimestre del 2020 (2T20) en México cuando el producto interno bruto se contrajo en más de 15 por ciento interanual y secuencialmente, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El encierro por la contingencia tuvo un impacto negativo en las telecomunicaciones móviles, donde hubo pérdida de suscripciones y facturación, particularmente de equipos. Según Telconomía en otras operaciones de telecomunicaciones de América Latina se observó un impacto similar durante ese periodo.

En contraste, permanecer en casa ocasionó que los servicios fijos aumentaran, o se mantuvieran, como es el caso de la televisión de paga debido a la explosión del teletrabajo y la educación en línea.

Con información vía MILENIO

Telmex fijaría tarifas en grandes ciudades

En 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y Monterrey, así como otros 50 municipios del país, Telmex tendrá libertad para fijar las tarifas del uso de su infraestructura por parte de su competencia para el servicio de internet fijo.

La propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para establecer criterios para determinar la libertad tarifaria de Telmex —como agente económico preponderante— señala que en 63 municipios podrá establecer precios por servicios mayoristas de desagregación.

De acuerdo con el documento elaborado por el regulador y puesto a consulta pública, dar mayor flexibilidad a la empresa telefónica generará mejores condiciones a los usuarios finales.

El análisis del IFT encontró que en el cuarto trimestre de 2013, Telmex tenía 71% del mercado de banda ancha fija y para el segundo trimestre del año pasado disminuyó a 48%.

Respecto a la competencia, en el mismo periodo Televisa pasó de 13% a 25% de cuota de mercado, Megacable aumentó 7% a 16% y Total Play de 1% a 10%.

A partir de esta información, el instituto concluye que desde la implementación de medidas de preponderancia se han mejorado las condiciones de competencia en banda ancha fija, “lo que ha permitido ampliar la oferta de servicios a los usuarios finales”.

Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), explica que el acceso al bucle local por parte de competidores significa que pueden dar servicios de telecomunicaciones directos al hogar o negocios al usar, contra un pago aprobado, la infraestructura de última milla desplegada por Telmex.

Para el director de The CIU esta decisión del regulador en telecomunicaciones va contra lo dispuesto en la Constitución, que obliga a que América Móvil cumpla ciertas medidas asimétricas.

“Desde The Competitive Intelligence Unit (The CIU) disentimos categóricamente de esta propuesta del IFT que lastimaría los mecanismos regulatorios compensatorios”, destaca.

Por su parte, Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law (DPL), opinó que ya terminó la preponderancia en el segmento fijo.

“La realidad es que una decisión en materia de competencia económica derivada de la preponderancia en este instante está restringiendo la oferta de servicios en los municipios que son las unidades económicas de consumo de servicios de telecomunicaciones”, detalló.

La consulta transparenta que se tiene una demanda no cubierta de servicios de telecomunicaciones y competencia convergente en prácticamente todos los municipios del país.

“El crecimiento de Megacable y de Izzi ha sido espectacular, particularmente derivado del artículo noveno transitorio de la ley de telecomunicaciones que les ha permitido comprar y adquirir empresas de televisión de paga sin necesidad de autorización de la autoridad”, dijo Negrete.null

Con información vía El Universal

PERSPECTIVA_Amplio consenso en México: regulaciones sobre Internet requieren un debate con la participación de múltiples actores


Las regulaciones sobre Internet en México deben ser debatidas con la participación de múltiples actores interesados y las propuestas deben estar en línea con los estándares de libertad de expresión, es el amplio consenso entre expertos/as  que participaron del Seminario Internacional «Moderación de contenidos y la protección de la libertad de expresión de los usuarios de redes», organizado por UNESCO y OBSERVACOM, el viernes 12 de marzo. El diálogo continuará el 24 de marzo.

El Vocero y Coordinador de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez, sostuvo que el Estado no debería tener el control de lo que se dice en Internet, ni tampoco las empresas privadas. “Aquí la sociedad tiene que construir espacios de contrapesos vivos”, dijo. Agregó que “las redes sociales tienen que hacer transparentes los criterios que usan (para moderar contenidos). Facebook y Twitter deben transparentar sus algoritmos. La exigencia de transparencia no es solo para el Estado”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez dijo que “no se pueden construir política pública sin consensos” si se pretenden soluciones robustas y sostenibles, se necesita un debate abierto y multistakeholder. “Abrimos junto a UNESCO este espacio de diálogo y tenemos la expectativa de que ustedes puedan encontrar soluciones para que haya una Internet más libre y más abierta, y que haya más libertad de expresión, y no menos”, aseguró.

Para Rosa María González, Consejera Regional en Comunicación e Información de UNESCO “las plataformas ejercen un enorme poder y sus decisiones no tienen apoyo en estándares públicos”. “El camino no vendrá de regulación de contenidos sino de la combinación de regulación, autorregulación y co-regulación de procesos, con foco en la transparencia tanto de las políticas y prácticas publicitarias, del modelo económico, de las decisiones de moderación y diseño de estas plataformas”, aseguró, y señaló que los principios DAAM (derechos, apertura, accesibilidad y multiplicidad) de UNESCO podrían ser una guía para las regulaciones sobre los intermediarios de Internet.

En la misma línea, Guilherme Canela, Jefe de la Sección de Libertad de Expresión la UNESCO, dijo que “cualquier decisión de la regulación debe preservar la arquitectura de Internet” y agregó que UNESCO desarrolló principios para guiar la estructura regulatoria en base a principios de regulación, autorregulación y corregulación. Explicó que los principios DAAM, si bien no aluden a moderación de contenidos, sirven como base para construir cualquier regulación sobre el tema.

El Oficial de Tecnología y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, aseguró que “la plaza pública digital no está disponible para todos… Algunos son escuchados y otros no… los sistemas de moderación pueden discriminar lenguas indígenas porque estos sistemas privilegian lenguas dominantes”. Además planteó que la “concentración de poder de redes sociales puede afectar el pluralismo”.

Campbell destacó seis puntos para abordar las regulaciones sobre moderación de contenidos por parte de las plataformas de Internet: primero, asegurar un debate amplio y democrático; segundo, la regulación debe seguir a los estándares de derechos humanos; tercero, evitar ambigüedades sobre lo que constituye un contenido ilícito; cuarto, las regulaciones deben exigir a las plataformas la existencia de revisión humana para la moderación de discursos; quinto, los Estados deben exigir transparencia a las empresas sobre la moderación de contenidos y, al mismo tiempo, los Estados deben ser transparentes sobre lo que piden a las empresas. Por último, Campbell señaló que los usuarios deben poder apelar decisiones que toman las plataformas sobre sus contenidos.

Además de los representantes de organismos de derechos humanos, participaron del Seminario representantes de organismos públicos de México.

Roberto Duque, representante de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal mexicano, sostuvo que un reto mayúsculo en relación a las plataformas de Internet tiene que ver con la transparencia. Explicó que al hablar de Internet, hay que tener cuidado con equiparar la regulación de redes sociales a la de medios tradicionales. “Las redes sociales no utilizan la red publica de telecomunicaciones sino Internet”, explicó.

“No se trata de que se impongan reglas que limiten los derechos, ni de interferir con el funcionamiento de una red social o que una entidad pública defina qué puede circular y qué no por las redes… Una regulación sobre Internet debería apuntar a potenciar los enormes beneficios de las redes sociales e inhibir los riesgos”, concluyó.

El senador Ricardo Monreal, quien recientemente presentó una iniciativa para regular las redes sociales en México, dijo que la regulación de Internet requiere una discusión global para que haya normativas adecuadas a nivel nacional e internacional. “No podemos confiar en que las empresas privadas se autorregulen y que decidan qué contenidos o cuentas de usuarios borrar”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Javier Hidalgo planteó que “es legítimo todo marco jurídico que quiera regular estos servicios (de Internet) y explicó los alcances de un proyecto de Ley Federal de Protección al Usuario Digital que presentó al Congreso que incluye mecanismos para conocer argumentos y lógica con la que plataformas toman decisiones, así como regular a las plataformas preponderantes y la portabilidad de información entre plataformas.

Por su parte, el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sostuvo que cualquier limitación a la libertad de expresión debe estar claramente establecido por Ley, tal como lo dispone la Constitución mexicana y los Pactos Internacionales.

“No parece haber un caso claro de que las limitaciones a la libertad de expresión puedan ser diseñadas por particulares (redes sociales)…. Sería dejar a discreción de un particular los límites a la libertad de expresión”, aseguró.

Explicó que si se considera que este es un tema de interés público que requiere intervención de los poderes públicos, “tenemos que ver cuál es el grado deseable de intervención….El enfoque debe ser de múltiples partes, no solo en el diseño sino también en la implementación de la normativa”, señaló.

Se debe fortalecer la cooperación entre las partes para la implementación de medidas regulatorias de Internet. “Deben colaborar los gigantes tecnológicos para la elaboración de normas”, concluyó.

Luego fue el turno de representantes de organizaciones de sociedad civil que se manifestaron críticos respecto del anteproyecto del senador Monreal.

Priscilla Ruíz, Coordinadora Legal de Derechos Digitales de Artículo 19 de México, presentó evidencias para sostener que la remoción de contenidos no solo la hacen plataformas, “la moderación y remoción son ejercidos por el Estado Mexicano desde aparato federal hasta entidades federativas”. Asimismo, planteó que algunos de los mecanismos que deben ser contemplados para la regulación de las plataformas de Internet son la notificación al infractor, el debido proceso frente a las partes, énfasis en términos y condiciones con definiciones claras y de acuerdo a derechos humanos; desagregación de datos y mecanismos de apelación expeditos y efectivos.

En tanto la representante de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Sissi de la Peña, enfatizó en que “toda regulación debe preservar la arquitectura abierta de Internet… la regulación no debe inhibir el desarrollo del sector”. También manifestó su preocupación en torno a la iniciativa presentada por el senador Monreal, en especial porque «bajo la definición de redes sociales prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público y, por tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red”.

“Este es un debate que no se puede agotar en tres semanas y no se debate solo entre sector público y privado, debe incluir muchos actores; academia, sociedad civil. El debate debe continuar y ser extenso”, concluyó.

Por su parte, Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), destacó que una cualidad de Internet es su colaboración. Planteó que el anteproyecto de Monreal condiciona la libertad de expresión. Además indicó que el IFT no solo se vería rebasado en sus funciones, sino que sus decisiones tendrían matiz político. Explicó que el regulador es un organismo administrativo que no cuenta con idoneidad en materia de libertad de expresión y extender su alcance sobre la moderación de discursos en Internet, excedería el mandato constitucional.

El Director Ejecutivo de Red por la Defensa de Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, sostuvo que la propuesta regulatoria genera incentivos para que las plataformas censuren, por eso es importante el principio de no responsabilidad legal de intermediarios sobre contenidos de terceros.

“Si plataformas no pudieran moderar contenidos, la experiencia de usuarios sería intransitable… Hoy no hay evidencia que redes hayan usado moderación para silenciar grupos políticos o étnicos”, explicó y agregó que es importante enfocarse en una definición clara y acotada sobre plataformas a ser reguladas, así como se deberían contemplar elementos como la desagregación entre la empresa que aloja el contenido y la encargada de la moderación, del mismo modo que la apelación de las decisiones tampoco puede ser parte de la misma compañía que es cuestionada.

Por último, Cynthia Solís de Internet Society México (ISOC), enfatizó en que “pugnamos por una regulación que entienda estructura de red y que no atente contra derechos… el modelo de autorregulación ha sido muy criticado e incomprendido… los modelos de co-regulación y autorregulación vinculante son propicios (para el entorno de Internet)”.

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CON INFORMACIÓN VÍA OBSERVACOM

Telmex ya no es preponderante fijo

La nota es que Telmex ya no es preponderante en banda ancha fija y está a punto de dejar de serlo en telefonía fija desde junio de 2020.

La regulación asimétrica en materia de preponderancia en el sector de las telecomunicaciones cumple siete años en marzo de 2021. En una industria tan dinámica, lo mínimo que esperamos de un regulador moderno y prospectivo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es que su regulación sea flexible y se adapte a los cambios del mercado.

La regulación es la acción y efecto de ajustar, poner en orden algo, reglar el funcionamiento de un mercado o determinar normas.

La regulación es como una perilla que cada cierto tiempo el IFT hace girar para apretar o para suavizar las medidas impuestas en marzo de 2014 al agente económico preponderante en telecomunicaciones (Telmex-Telcel).

Cuando el IFT ordenó la separación funcional de Telmex y la creación de dos empresas mayoristas separadas de las empresas minoristas, el IFT decidió darle varias vueltas a la perilla para endurecer la regulación.

Ahora el IFT resolvió someter a consulta pública los parámetros para determinar la libertad tarifaria mayorista en 63 municipios. Es decir, en esas zonas geográficas Telmex podrá determinar libremente las tarifas a sus competidores para el acceso al bucle o infraestructura local. Esos operadores contratan el acceso a la red fija y la capacidad mayorista a Telmex a tarifas reguladas e impuestas por el IFT.

Posteriormente, los competidores revenden el servicio de Internet fijo a sus clientes bajo su propia marca, ofertas y promociones. La idea es que ahora las tarifas en esos 63 territorios se definan bajo criterios de libre mercado, por tratarse de municipalidades altamente conectadas y rentables.  

Lo anterior es un reconocimiento de que la competencia y las condiciones de mercado en la banda ancha fija han cambiado en al menos 63 localidades del país, por lo que el IFT estaría en condiciones de girar un poco la perilla para aliviar la regulación.

Según datos del Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT, en diciembre de 2013 en México había 12.4 millones de accesos de banda ancha fija: 71% correspondían a Telmex, 13% a las empresas cableras de Grupo Televisa, 7% a Megacable, 1% a TotalPlay y el 8% restante se distribuía entre diez proveedores de servicio de Internet con menor participación.

Aquí viene el cambio: para el segundo trimestre de 2020 se registraron 20.4 millones de accesos de Internet fijo, un incremento de 64% con respecto a 2013, de los cuales 48% correspondieron a Telmex, 25% a Grupo Televisa, 16% a Megacable, 10% a TotalPlay y el 10% restante se repartió entre 15 operadores minoritarios.

Según datos públicos aportados por las empresas, podemos afirmar que a junio de 2020 América Móvil dejó de ser preponderante en el servicio fijo de acceso a Internet, al pasar de 71 a 48% de participación de mercado. Esta es una noticia relevante. Por cierto, Telmex también estaría a punto de dejar de ser preponderante en el servicio fijo de telefonía, pues al segundo trimestre de 2020 la empresa tenía 50.7% del mercado de telefonía fija.

Recordemos que se considera agente económico preponderante a quien en la prestación de servicios de telecomunicaciones tiene una participación nacional mayor a 50%, medido este porcentaje por el número de usuarios o suscriptores.

Podemos criticar la pertinencia de una regulación como la preponderancia, pero ya cumplió su objetivo: reducir la participación de mercado de Telmex en el servicio de banda ancha fija. Ahora el IFT puede suavizar la perilla regulatoria y comenzar a demostrar que es una institución flexible. No es alarmante sino festejable aligerar las medidas de preponderancia, porque cumplieron su cometido. No es deseable que la preponderancia sea a perpetuidad porque inhibe las inversiones y la expansión de redes de banda ancha. 

¿Dónde radica la flexibilidad? El IFT identificó que de un total de 2,457 municipios existentes en México, 1,619 (65.9%) cuentan con accesos de banda ancha fija. Mediante criterios definidos por el propio regulador, el IFT encontró que en 63 municipios Telmex tiene una participación de mercado menor a 50%. Además, esas 63 regiones cuentan con altos o muy altos niveles de penetración del servicio de Internet fijo (más de 75 accesos por cada 100 habitantes).

Otra variable es que en las 63 municipalidades (en 24 estados de la República) tienen presencia tres o más operadores de red, de los cuales al menos dos ofrecen servicios a través de fibra óptica (particularmente, Telmex y TotalPlay). Al menos uno de los operadores distinto a Telmex tiene una participación de mercado mayor a 20%.

Estos 63 municipios (entre los que se encuentran 10 alcaldías de la Ciudad de México) agrupan 28.5% de los hogares y 27.4% de la población total del país. O sea, de manera conjunta acumulan 9.5 millones de accesos de banda ancha fija, de los cuales 41.9% pertenecen a Telmex, 28% a Grupo Televisa, 15.9% a Megacable y 14.2% a TotalPlay.

Finalmente, en este conjunto de municipios Telmex registra 40.3% de sus accesos en el país, mientras que para las empresas de cable de Grupo Televisa representan 52.6% de sus accesos totales, para Megacable 46.8% y para TotalPlay 68.9% de sus accesos.

Un regulador flexible identifica mercados en competencia y deja que las propias fuerzas del mercado y las preferencias de los consumidores seleccionen al mejor proveedor. Es la primera vez en siete años de preponderancia que el IFT busca actuar de forma flexible, porque no se justificarían medidas rígidas cuando las condiciones han cambiado. Ahora los competidores claman porque no se aligeren las medidas de preponderancia y los porcentajes que ellos mismos impulsaron en la reforma constitucional. Habría que recordarles una frase de Oscar Wilde: “ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad”.

Con información de Jorge Bravo* vía El Economista

* El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).