Aumenta 12% el salario de 2.5 millones de trabajadores que salieron del outsourcing

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que 50 por ciento de los 5 millones de trabajadores de empresas de outsourcing o subcontratación ya migraron a patrones reales, lo cual significó un aumento salarial de 12 por ciento, al pasar de 469.8 a 525.4 pesos en promedio.

En un comunicado precisó que de los 2.5 millones de empleados migrados hay 1.9 millones que tuvieron una ampliación salarial mayor o igual a 10 por ciento y 27 por ciento de ellos un aumento menor a 10 por ciento, mientras los que permanecieron igual representan apenas 0.1 por ciento. De los asalariados, 23 por ciento fueron migrados con un monto inferior, por lo que “este grupo de empresas involucradas serán analizadas y se tendrá un acercamiento para poder conocer la razón de este acto”.

Agregó que con las empresas que migran trabajadores y no han presentando el aviso de sustitución patronal, se tendrá un acercamiento para determinar que esta omisión no deriva de una estrategia para disminuir la prima de riesgos de trabajo.

Informó que habilitó un esquema simplificado que reduce a más de la mitad el número de requisitos para cumplir con las obligaciones en materia de sustitución patronal, en términos del artículo séptimo transitorio de la reforma en materia de subcontratación laboral, con lo cual se facilita al sector empresarial el cumplimiento de sus obligaciones.

Indicó que las disposiciones de la reforma se pueden cumplir de manera digital, a través del escritorio virtual del instituto, o de manera presencial en sus subdelegaciones. Se facilitó “al máximo posible la realización del trámite”, indicó.

Precisó que con esta reforma se busca acabar también con los esquemas que inhiben la competencia leal mediante el abuso de esquemas fiscales que tienden a reducir ilegalmente los pagos de cuotas obrero- patronales, ya sea declarando un salario base de cotización inferior al real o reduciendo la prima del seguro de riesgos de trabajo que en realidad les corresponde. Este tipo de prácticas, que atentan contra los derechos de los trabajadores y las empresas cumplidas, señaló, no se van a tolerar.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Descuentos de $219 mil a familias al convertir sus créditos a pesos: Infonavit

Con el objetivo de terminar las deudas impagables y apoyar a la economía familiar, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha convertido a pesos 280 mil 392 créditos denominados en veces salario mínimo (VSM), a través del programa Responsabilidad Compartida.

De febrero de 2019 al cierre de junio de 2021, los beneficiarios han recibido descuentos promedio de 219 mil 289 pesos sobre el monto total de su deuda gracias a esta conversión, lo que significa un ahorro acumulado de 61 mil 486.8 millones.

De acuerdo con el instituto, 85.9 por ciento de las conversiones –241 mil 104 créditos– se aplicó sin la necesidad de realizar ningún trámite, como resultado de la flexibilización de los criterios de elegibilidad aprobados en julio de 2020.

En tanto que 59.5 por ciento de las familias que dejaron de observar un incremento en el pago mensual de su hipoteca, en proporción con el aumento al salario mínimo, se concentró en 10 estados: Ciudad de México, con 23 mil 744 beneficiarios; Nuevo León, 21 mil 960; Jalisco, 16 mil 759; Chihuahua, 16 mil 319; Tamaulipas, 16 mil 29; Coahuila, 15 mil 75; estado de México, 14 mil 929; Guanajuato, 14 mil 741; Sinaloa, 13 mil 925, y Sonora, 13 mil 296.

El Infonavit indicó que durante el primer semestre de 2021, mediante el programa Responsabilidad Compartida, se restructuraron 20 mil 770 créditos, lo que implicó descuentos por un total de 2 mil 646 millones 994 mil 823 pesos.

Recordó que de acuerdo con los actuales criterios de elegibilidad, para que un derechohabiente pueda convertir su crédito de VSM a pesos, el saldo de su deuda debe ser al menos 1.3 veces mayor al financiamiento contratado originalmente. Asimismo, la antigüedad de la hipoteca debe ser de 13 años o más.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Gobierno busca alza de 18% más al salario mínimo hacia final del sexenio

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) informó que la meta del gobierno federal para el salario mínimo general es que llegue a 167.56 pesos diarios al final del sexenio, es decir, un poco más de 5 mil 100 pesos mensuales, lo que implica un aumento gradual del 18 por ciento sobre el nivel actual.

El organismo detalló que el aumento es casi 90 por ciento mayor al que se tenía al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se ubicaba en 88.36 pesos, o sea 2 mil 700 pesos mensuales.

El salario mínimo este año es de 141.70 pesos diarios, es decir, poco más de 4 mil 300 pesos mensuales.

El Programa Institucional 2021-2024 establece que el incremento de cada año debe estar al menos 2 puntos por encima de la inflación. En ese sentido, el Congreso aprobó en marzo una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que a partir de 2022, el aumento no sea menor a la variación anual de los precios al consumidor.

En la reforma, impulsada por el senador Martí Batres, se puso un ‘candado’ para evitar que las remuneraciones se estanquen mientras que los precios suben.

“El fortalecimiento del mercado interno requiere de una política de recuperación salarial y una estrategia de creación de empleos productivos, permanentes y bien remunerados, a las cuales la fijación de los salarios mínimos puede contribuir al impulsar los salarios promedio”, indicó el organismo.

Si bien la cifra de 167.56 pesos es casi el doble de lo que se tenía al final de la administración pasada, queda aún debajo de la meta planteada en el Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo, de 171.07 pesos.

‘Canasta Digna’, parámetro para el salario mínimo

El organismo detalló que trabaja en la elaboración de la ‘Canasta Digna’, una figura con la cual buscará determinar, o al menos aproximar, el monto que se necesita para que una familia acceda a sus principales derechos sociales como la alimentación, educación, salud y a una vivienda digna y decorosa.

“Esta canasta servirá como un ideal y guía para impulsar los salarios promedio en México. Después de que el salario mínimo ha superado la línea de pobreza, la Canasta Digna será un referente para fijaciones salariales acorde con lo mandatado constitucionalmente”, aseguró la Consami.

La política que ha ejercido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo de 2 mil 700 pesos mensuales a poco más de 4 mil 300 pesos “ha demostrado que los dogmas que se tenían sobre los efectos negativos en la pérdida del empleo no se han materializado”, afirmó Luis Felipe Munguía, presidente de la Consami.

Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que el incremento “benefició principalmente a aquellas familias con menores ingresos, contribuyendo a disminuir la pobreza”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

SCJN reitera: Pensiones de burócratas se calcularán en UMAs, no en salarios mínimos

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación cerró el tema sobre el cálculo de las pensiones de quienes laboran para el Estado e hizo oficial la jurisprudencia con la cual define que el tope de estos pagos se cuantificará con base en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cuyo valor es de 89.62 pesos diarios (2,724.45 pesos mensuales), y no en el salario mínimo general, definido actualmente en 141.70 pesos (4,307.68 pesos mensuales).

El criterio jurídico, que ahora es obligatorio en los tribunales que reciban demandas, se publicó en la edición de este viernes 25 del Semanario Judicial de la Federación. Señala que el monto máximo de la pensión jubilatoria, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe cuantificarse en UMA, tal como ya lo había determinado la Segunda Sala el pasado 17 de febrero.

En la justificación del fallo, el máximo tribunal recuerda que el Congreso creó la UMA en 2016 “con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo”. Desde entonces, el pago multas, obligaciones mercantiles y asuntos administrativos se calculan en esa unidad. Es decir, nada que tenga que ver con lo laboral.

Y si bien reconoce que la pensión jubilatoria es un derecho de seguridad social que deriva de un vínculo laboral, el cálculo de la pensión “corresponde a la materia administrativa y no a la laboral”.

La conclusión, sostiene, va acorde con la intención que tuvo el Congreso al crear la UMA: que el salario mínimo cumpla con su función constitucional de ser el derecho que toda persona trabajadora tiene.

Para la Corte, si el monto máximo de las pensiones se calculará en salarios mínimos, entonces el salario de cotización también debía ser así, “lo cual se traduciría en un incremento a las cuotas” obreras y patronales. Eso, “lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación”.

Esta decisión tiene que ver sólo con el cálculo de las pensiones que están bajo la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), no implica cambios para las del sector privado amparadas por la Ley del Seguro Social, cuyo tope sigue teniendo como referencia el salario mínimo precisamente por decisión de la Corte en septiembre de 2019.

Además, los ministros aclararon que esta medida no afectará a los jubilados y pensionados que ya recibían un pago basado en el tope de 10 salarios mínimos, y no con base en la UMA, pues “se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente”.

Fallo violatorio a derechos humanos

En febrero pasado la Segunda Sala d ela SCJN discutió una contradicción de tesis de dos tribunales. La postura de uno era que el tope debía ser con base en la UMA, y la del otro, que esta medida no era inaplicable. En aquella sesión la Corte resolvió el tema, pero fue hasta el 19 de mayo que esa misma sala aprobó la jurisprudencia y este 25 de junio la publicó en el semanario.

Esta decisión “es violatoria de los derechos humanos”, señala entrevista María Ascensión Morales, especialista en derecho del trabajo y en seguridad social. Viola también el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y va en sentido contrario a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las pensiones deben tener como referencia el salario.

Lo que aprobó la Corte respalda lo que en los hechos ha sucedido hace varios años, lamenta la abogada laboralista Kareli Gante, pues las pensiones se han estado calculando en UMA. “Este sector, el de los trabajadores al servicio del Estado, ha sido uno de los más golpeados en cuanto a derechos laborales se refiere”.

En la exposición de motivos de la reforma constitucional que creó la UMA “se señaló que el salario seguiría aplicándose a la seguridad social”, recuerda María Ascensión Morales, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Pero hizo falta que eso quedara asentado en la legislación, no sólo en la argumentación”.

Aun así, la Constitución señala que cuando el asunto sea ajeno a la naturaleza del salario mínimo es cuando se aplica la UMA. Y las pensiones no son asunto ajeno. En 2019 la CIDH atrajo por primera vez un caso en materia de pensiones. En la sentencia, favorable al pensionado, “indicó que la pensión es un salario diferido. No dice una unidad, o cualquier otra cosa”, agrega.

“De qué sirve que el salario mínimo aumente si eso no va a impactar en las pensiones” de quienes trabajaron por años y, que en el momento más vulnerable de su vida, la vejez, recibirán el monto más bajo, cuestiona.

En la presente legislatura la Cámara de Diputados envió a la congeladora una iniciativa para proteger las pensiones de las UMA’s. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Mary Carmen Bernal Martínez, propuso establecer explícitamente que las pensiones se calcularán en salarios mínimos y no en Unidad de Medida y Actualización (UMA), como lo decidió la SCJN.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Gobierno federal establece que salarios mínimos nunca estarán por debajo de la inflación

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes el decreto del Congreso de la Unión que reforma el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer que la fijación anual de los salarios mínimos, o su revisión, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido.

Las reformas a los párrafos primero, segundo y tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, entrarán en vigor este miércoles 31 de marzo.

La modificación también realiza cambios al mismo artículo en materia de inclusión e igualdad, por lo que sustituye diversos términos.

La reforma establece que el “salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo”.

Asimismo, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos.

“Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores”.

Por último, indica que la fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”.

En el segundo artículo transitorio se derogan todas las disposiciones que se opongan al decreto.

Con información vía EL Economista

Ganan hasta dos salarios mínimos ocho de cada 10 trabajadores: Inegi

Ocho de cada 10 trabajadores en México terminaron el año pasado con remuneraciones por debajo de los dos salarios mínimos, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta situación implica que 78.2 por ciento de quienes se emplean en el país generan ingresos laborales para mantener a sus familias por menos de 7 mil 394 pesos fijos al mes, mientras la línea de pobreza urbana fue de 3 mil 295.65 pesos en diciembre pasado.

De hecho, prácticamente una cuarta parte de los trabajadores en el país, 23 por ciento, terminó el año pasado percibiendo ingresos menores a un salario mínimo, de acuerdo con datos del organismo. Un año antes fue 19.9 por ciento. En medio se encuentra un incremento de 20 por ciento al ingreso base, pero también la crisis derivada del cierre económico del año pasado.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Generación muestran que al cierre de 2020 creció 10.7 por ciento el número de personas que se emplean por menos de un salario mínimo y 3.9 por ciento el de quienes lo hace por un pago de entre uno y menos de dos; mientras el resto de grupos por rango salarial se redujo respecto al cuarto trimestre de 2019.

Algo similar ocurrió en los trabajos meramente formales, es decir, inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Al cierre de 2020 se reportó un aumento de 54.5 por ciento en el número de empleados con percepciones equivalentes a un salario mínimo y de 8 por ciento en dos salarios mínimos. En el resto de las bases salariales hubo caídas.

Adicional a los incrementos en los rangos salariales más bajos, Inegi exhibió que 34.2 por ciento de los trabajadores reciben entre uno y dos salarios mínimos en ingresos laborales, 15.3 por ciento entre dos y tres, y 5.7 por ciento no percibe, su remuneración proviene principalmente de propinas.

Con información vía La Jornada

Hubo saldo positivo en revisiones salariales, indica la Conasami

A pesar de la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19, durante las revisiones salariales entre sindicatos con registro federal y las respectivas empresas hubo en promedio un saldo positivo con incrementos salariales de 4.7 por ciento en términos nominales y 0.92 por ciento en términos reales.

No obstante, al separar los resultados de las negociaciones del sector público y el privado, los empleados de empresas tuvieron incrementos reales a su salario contractual que en promedio fueron de 1.82 por ciento, en contraste con los burócratas, quienes promediaron una caída de 0.47 por ciento.

De acuerdo con el informe mensual sobre el comportamiento de la economía nacional emitido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), y en el que tras registrarse los datos de diciembre hace además un balance del año pasado, las autoridades registraron 6 mil 10 revisiones salariales en la jurisdicción federal, que involucraron a 2 millones 180 mil 286 trabajadores, cifra menor en 12.48 por ciento respecto a la de 2019.

“Es importante recalcar que, a pesar de la actual crisis económica y la pérdida de empleos observada en 2020, los trabajadores involucrados en las negociaciones colectivas no vieron disminuido su poder adquisitivo, de hecho, en los dos últimos meses los salarios acordados retomaron su senda de recuperación observada el año pasado”, se indica en el reporte, aunque acota que de 2.1 millones de trabajadores, 61 por ciento laboran en empresas privadas y el 39 por ciento restante en instancias públicas, en las cuales se registró un decremento salarial promedio.

Respecto a la jurisdicción local, en el informe se detalla que en los primeros 10 meses del año pasado se realizaron 17 mil 420 revisiones salariales en el ámbito estatal, involucrando a 571 mil 216 trabajadores. En promedio obtuvieron un incremento de 5.9 por ciento en términos nominales y 2.21 por ciento en reales.

“Desde inicio de año, los incrementos otorgados han crecido a menor ritmo, aunque no han caído en terreno negativo, por lo que su recuperación adquisitiva se mantiene”, se indica en el reporte de la Conasami.

A la par, durante 2020 estallaron nueve huelgas en sindicatos con registro federal, cinco de las cuales continúan vigentes, en las que se involucra a 544 trabajadores.

Con información vía La Jornada

Conasami y especialistas descartan perjuicios por aumento al sueldo base

El aumento de 15 por ciento al salario mínimo aprobado para el próximo año beneficiará a 4.5 millones de trabajadores en el país que ganan por debajo de ese umbral, indicó ayer Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Luego de que durante la votación en el órgano tripartito (integrado por los sectores obrero, patronal y gubernamental) los representantes de cámaras empresariales votaron contra el ajuste con el argumento de que ocasionará miles de despidos y el quiebre de pequeñas y medianas empresas, tanto Munguía como especialistas y agrupaciones civiles contradijeron la advertencia del sector privado.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza –integrada por 60 organizaciones de la sociedad civil– explicó que para negociaciones contractuales no se toma como base el 15 por ciento, sino el 6, que fue el incremento real sin compensación o recuperación, por lo que no impactará en la revisión de contratos colectivos.

Alberto Ramírez, especialista en justicia laboral de la Universidad Obrera de México, expuso que el incremento permite mejorar la capacidad de compra, lo que fomenta la economía, lejos de generar una crisis laboral.

El salario mínimo que aún tenemos lleva a la miseria; esa es una realidad para millones de obreros, obreras, (gente) del campo. En la medida que los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo, consumen más productos y servicios. Lo contrario es cuando el salario es bajo, por no decir paupérrimo, porque también hay que mencionar que a escala mundial somos una vergüenza en salario mínimo, explicó Ramírez.

En redes sociales, el presidente de la Conasami indicó que el nuevo salario mínimo para 2021, de 141.70 pesos para casi todo el país, beneficiará a 4.05 millones de trabajadores que ganan menos que esa cantidad, y el de 213.39 pesos –para la zona libre de la frontera norte– beneficiará a 510 mil.

El costo laboral promedio del ajuste que tendrán que hacer las empresas representa 0.41 por ciento de lo que ya destinan para ello, subrayó. Agregó que sería poco probable que 700 mil empresas quebraran por ello, como alertó el sector privado.

José Luis Carazo, coordinador y vocero del sector obrero ante la Conasami, defendió el aumento como justo. En el país hay una macroeconomía boyante, pero también tenemos una macroeconomía lacerante. Entendemos que este año ha sido atípico, pero también sabemos que cuando no hay un efecto tequila, hay un error de diciembre o influenza, (pero) nunca hay un momento oportuno para un salario digno, agregó.

De acuerdo con las resoluciones del consejo de representantes de la Conasami, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el sector patronal ha votado en contra de los incrementos en tres ocasiones.

En 2001 justificó que una inflación baja y estable permite que los salarios reales se incrementen de manera sustancial y continua, mientras incrementos en los salarios nominales por encima de la inflación esperada generan presiones inflacionarias que necesariamente conducen a la caída de los salarios reales y del empleo. Argumentos similares se repitieron en 2002 y 2012.

Con información vía La Jornada

Aprueba Conasami incremento de 15% al salario mínimo

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó la tarde de este miércoles un incremento del 15 por ciento al salario mínimo tanto para la Zona Libre de la Frontera Norte como para el resto del país.

Con ello, en la mayor parte del territorio nacional el minisalario pasará de los 123.22 pesos que se fijaron para el presente año a los 141.70 pesos para 2021.

En tanto que en las ciudades fronterizas que conforma la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 185.56 pesos a 213.39 pesos a partir del primero de enero.

La decisión se alcanzó en una votación por mayoría. Fuentes de la Comisión indicaron que tanto el sector obrero, representado por una veintena de organizaciones sindicales, como el sector gubernamental votaron a favor, pero el sector patronal votó en contra.

México remonta ocho posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países, agregó por su parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tras darse a conocer el incremento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) justificó su voto en contra y adujo que “el objetivo era que, a partir de 2019, el salario mínimo general cubriera el 100 por ciento de la línea de bienestar urbana individual y que, a partir de 2020, se lograra superar en un 17 por ciento esa línea. Se cumplió esa meta”.

La propuesta del sector patronal ante la Conasami fue de una “evolución agregada del 10 por ciento”, la cual se componía un incremento de 4 por ciento de fijación por encima de la inflación esperada más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 7.39 pesos.

El sector patronal calificó que ello “era un esfuerzo destacado por parte de las empresas que nos permitiría seguir avanzando hacia la línea de bienestar familiar”.

Tras reprochar que el gobierno federal no accediera a subsidiar cinco por ciento del incremento, advirtieron que la medida derivará es una “inminente quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo”.

Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que el voto en contra del sector patronal fue razonado y “por la difícil situación que atravesamos debido a la pandemia, estamos ante la encrucijada de preservar la mayor cantidad de empleos en un entorno económico adverso”.

Entrevistado sobre la resolución, José Luis Carazo, coordinador y vocero del sector obrero ante la Conasami, subrayó que por ley, pese al rechazo de los empresarios, no pueden ofrecer salarios inferiores a lo establecido como salario mínimo.

Destacó que a diferencia de sexenios anteriores, el actual gobierno federal respaldó la propuesta del sector obrero.

Como parte de los ajustes, la Conasami también avaló la integración de dos profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales, explicó la Secretaría del Trabajo.

Para trabajadoras y trabajadores del hogar se acordó un incremento de 25 por ciento respecto al salario mínimo vigente, para fijarse en 154.03 pesos, mientras que para los jornaleros agrícolas se aprobó un incremento de 30 por ciento respecto al salario mínimo vigente, alcanzando el monto de 160.19 pesos.

Con información vía La Jornada

IP rechaza incremento de 15% al salario mínimo

El sector privado del país rechazó la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) de incrementar el salario mínimo general (SMG) 15 por ciento para 2021.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (CCE) señalaron que el sector patronal emitió su voto en contra de la resolución votada por los representantes de los trabajadores y del presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía Corella.

La Coparmex señaló que todas las organizaciones del sector privado votaron en contra de la decisión porque “arroja a millones de microempresarios toda la carga”

Dijo que, combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia covid-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, “es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo”.

“Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses”, agregó.

Esta sería la primera ocasión en que la Coparmex se pronuncia en contra de un incremento salarial, pues desde el sexenio pasado ha impulsado un crecimiento gradual del minisalario.

En días recientes, como respuesta al incremento propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador de 15 por ciento, dijo que sólo sería posible si el gobierno aportaba una cantidad, pues el contexto económico nacional es adverso y distinto al de los años anteriores en los que se ha impulsado un crecimiento en el minisalario.

“El incremento a los salarios mínimos debe tomarse con la mayor responsabilidad, seriedad y racionalidad posibles”, dijo el CCE. Apuntó que la propuesta del sector privado era un 10 por ciento global.

El organismo cúpula consideró que por la difícil situación económica, el sector privado busca preservar empleos y generar más, por lo que el objetivo de incrementar el minisalario no tiene el mismo nivel de prioridad.

Reconoció que el sector empresarial busca que se recupere el salario de los trabajadores, pero sobre todo combatir la pobreza laboral que se ha incrementado con la pandemia.

Con información vía La Jornada