Seguridad social, principal demanda en San Quintín

En los ranchos agrícolas del Valle de San Quintín existen “grandes” problemas para los trabajadores, entre ellos el incumplimiento del reparto de utilidades, el pago de salario integrado y la contratación diaria, que se hace sin registro oficial, ni reconocimiento de los derechos laborales, señaló Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

Es “explotación” la que realizan las empresas, aseguró en entrevista la líder de esta organización sindical, creada durante la huelga de abril de 2015, cuando los jornaleros detuvieron la producción y paralizaron la carretera transpeninsular para exigir pago justo de jornada y de prestaciones, así como seguridad social.

Las demandas permanecen y adquieren otras dimensiones, como es el caso de los salarios integrados que conjuntan en el pago semanal el aguinaldo, vacaciones, séptimo día y hasta las utilidades, “lo que genera opacidad” tanto en sueldo como en las prestaciones de ley que se otorgan.

“En los talones de pago no se específica cada rubro, todo se compacta”, manifestó el secretario de organización del SINDJA, Lorenzo Rodríguez, y “es impensable”, dijo, calcular las utilidades, porque responden a una declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al final del año para su reparto en mayo, en caso de personas morales, y en junio, para personas físicas.

La mitad de las 60 ranchos que hay en San Quintín omitieron la distribución de utilidades y el resto dio cantidades “irrisorias” de 40 o 60 pesos, denunció Rodríguez, quien aclaró que solo dos patrones hicieron el pago conforme a la ley.

Éstos últimos otorgaron entre 12 mil y 15 mil por jornalero, pero se calcula, agregó, que en este caso se encuentran sólo 5 por ciento de las 40 mil personas que ofrecen sus servicios en la región; “ahorita, por incumplir, están en paro laboral varios ranchos, entre ellos Fragaria y Vijose” apuntó.

“Saliendo y pagando”, método de explotación

A diario, explican los representantes del sindicato independiente, llegan camiones con 60 u 80 trabajadores y un intermediario negocia con cada uno el pago de la jornada en 150, 200 o 300 pesos, sin papeles, ni registro o seguridad social.

Los miembros del SINDJA consideran que esta modalidad, conocida como “saliendo y pagando”, es una especie de outsourcing que explota a los jornaleros y evade las responsabilidades fiscales y laborales del patrón.

–¿Cómo explican que existan estas violaciones, no hay quejas ante las autoridades? se pregunta a Lorenzo Rodríguez.

–La explicación es simple pues, de manera histórica, las empresas agrícolas del Valle de San Quintín tienen registrados los contratos colectivos y las condiciones de trabajo, en su mayoría con los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México.

Aunque también los hay con la Confederación Regional Obrera Mexicana o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, los que han consentido las violaciones a los derechos laborales de jornaleros y jornaleras, por eso el SINDJA pide que se vayan.

El secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, Alejandro Arregui Ibarra, reconoció el problema que representa el “pago en efectivo” en el esquema de “saliendo y pagando” que realizan las empresas para remunerar una jornada de trabajo en el Valle de San Quintín.

Para solucionar esta situación, dijo, además de hacer inspecciones, es determinante complementarlas con las denuncias de la gente.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Consejo sindical estadunidense pide al presidente López Obrador apoyo para trabajadores agrícolas

El Consejo Sindical para el Progreso de los Latinoamericanos (Labor Council for Latin American Advancement, en inglés) de la AFL-CIO, con sede en Estados Unidos, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que su administración apoye a los trabajadores agrícolas de San Quintín en su empeño de contar con un sindicato democrático, que remplace a los de protección existentes en la zona.

En una carta, Desirée Rojas, hija de Albert Al Rojas, luchador por los derechos de la fuerza laboral del sector en ambos lados de la frontera, recientemente fallecido, refiere que “nuestra familia le pide a usted y a su administración que extiendan su más completo apoyo a estos trabajadores agrícolas en San Quintin”.

También, que “insistan, con el pleno respaldo de la nueva Ley Federal del Trabajo de México, en que Driscoll’s y Andrew & Williamson deben permitir a los trabajadores formar el sindicato de su elección, con un contrato que contenga un salario digno y todas las demás pretaciones, poniendo fin así a los contratos de protección con los sindicatos de empresa. Esto es lo que nuestro padre quería más que nada y lo que organizó hasta el final de su vida”.

Resalta: “Creemos firmemente que una de las mejores maneras de honrar su memoria es que su administración” respalde a dichos trabajadores.

Albert Rojas falleció el 20 de marzo en Sacramento, California. “Le escribo esta carta porque nuestro padre fue también un viejo amigo suyo”, detalla Desirée, y agrega que la historia de su padre es la “de millones de familias migrantes de México”.

Fue uno de los fundadores del Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas Unidos-Sindicato Internacional de Camioneros (UFW-IBT), el que a mediados de los años 60 se fusionó con la Asociación Nacional de Campesinos, dirigida por César Chávez, y con el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas, AFL-CIO. El fruto fue la United Farm Workers of America (UFW), AFL-CIO.

En México “luchó férreamente” por el derecho a no verse obligados a emigrar a Estados Unidos y “se le rompió el corazón” al ver cómo las comunidades indígenas eran “desmanteladas bajo los efectos del TLCAN”.

Defendió con “fervor la lucha” que comenzó el 17 de marzo de 2015 en San Quintín, Baja California, cuando unos 80 mil trabajadores agrícolas se alzaron en demanda de un “sindicato independiente y un contrato colectivo justo con las gigantescas empresas Driscoll’s y Andrew & Williamson”

Con información vía La Jornada

Expertos demandan erradicar el outsourcing del sector agrícola

Trabajadores del sector agrícola y especialistas en temas laborales llamaron a eliminar por completo el modelo de contratación mediante el outsourcing o tercerización, ya que, a pesar de las regulaciones actuales, prevalece una simulación de muchas empresas en perjuicio de los trabajadores.

Durante un foro organizado por la agrupación Relevo XXI, Octavio López, jornalero de San Quintín, explicó que en esta zona la ­subcontratación es aprovechada por ­empresarios del ramo para impedir la sindicalización de los trabajadores.

Saúl Gómez, repartidor de comida por aplicación informática, indicó que en este sector están “peor”, ya que son considerados “socios”, por lo que al no ser empleados por el tipo de contrato que firman, carecen prestaciones, vacaciones o seguro médico.

Con información vía La Jornada

Jornaleros de San Quintín reciben salarios atrasados

Los jornaleros agrícolas de la empresa San Marcos Invernaderos (SM) de San Quintín recibieron el pago de dos semanas de trabajo correspondientes a enero de 2021. Esta era la segunda de tres demandas por las que se fueron a paro en los primeros días de enero.

La madrugada del 7 de enero, 701 trabajadores obstaculizaron la entrada al rancho y pararon la pizca de fresa, frambuesa y arándano para exigir sueldo completo por las semanas laboradas en diciembre, los días transcurridos de enero y el aguinaldo.

Las dos primeras exigencias ya se cumplieron, luego de que SM Invernaderos efectuó los depósitos correspondientes el 8 y 16 de enero, por lo que queda pendiente el aguinaldo, que se cubrirá el 29 de este mes, según el acuerdo patronal, 40 días después de lo estipulado por ley.

El Consejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín acompañó a los jornaleros en las negociaciones.

Lucila Hernández, activista y defensora de los derechos de jornaleros de San Quintín, confirmó el pago de los adeudos y advirtió que “el salario es sagrado” al igual que los demás derechos laborales.

“Este es nuestro trabajo en la defensa de los derechos de los jornaleros de la empresa SM Invernaderos con resultados reales”, expresó, Asimismo, dio a conocer que la madrugada del sábado empezaron a hacerse los depósitos a las cuentas bancarias de los trabajadores.

Con información vía La Jornada

Jornaleros de San Quintín rechazan salario integrado

El gran problema de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín es que reciben sus salarios con las prestaciones integradas, por lo que el monto por día parece justo, pero no lo es, asegura Lorenzo Rodríguez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), organización con 5 mil afiliados.

Se estima que de Colonet a Rosario, poblados de San Quintín, trabajan 50 mil jornaleros agrícolas, con un salario de 213 pesos al día, pero la cantidad es engañosa porque ahí ya vienen integradas vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, lo cual es ilegal, reitera el dirigente oriundo de Tlaxiaco, Oaxaca, quien migró al sur de Baja California hace tres lustros cuando apenas tenía 15 años.

Poco se ha avanzado, señala, desde aquel 17 de marzo de 2015, cuando miles de jornaleros cerraron la carretera Transpeninsular, ranchos, centros de empaque de hortalizas y frutas para exigir un salario diario de 300 pesos, afiliarlos a la seguridad social, la construcción de un hospital y cese del acoso sexual a jornaleras.

A cinco años de aquellos hechos, agrega, se ha avanzado poco, aunque hay un antes y un después del 17 de marzo, pues pagaban el día entre 90 y 100 pesos, la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social no era para todos, los incluían como trabajadores temporales aunque fueran permanentes, expresó.

Para Rodríguez, el cambio tangible entre los jornaleros en esta región del país es la mentalidad y el conocimiento de sus derechos. La organización empieza a tomar forma, es más ordenada, consideró.

Se organizó un sindicato, después se dividió el movimiento y surgió otra organización, aunque desde 2020 los trabajadores empezaron a participar y a organizarse en cada centro de trabajo para exigir sus derechos, como se refleja en los paros laborales en San Marcos Invernaderos, Agrícola Colonet, Dos Mares, Berrymex y Gavaro Produce, donde recientemente indemnizaron a tres mayordomos.

El salario integrado es ilegal, por lo que hemos exigido que no incluya prestaciones básicas, aguinaldo ni utilidades. Señala que en despidos o renuncias han logrado que se reconozca la división entre sueldo y prestaciones en beneficio del jornalero.

“Hay avances en la atención de la Secretaría del Trabajo y porque varias empresas acataron los acuerdos y ahora buscamos una salida conjunta para resolver de fondo la cuestión salarial.

La empresa Agrovida pasó de pagar 240 pesos de salario diario a 260 esa podría ser la base para exigir un incremento salarial, pero en el fondo buscamos eliminar el salario integrado, señaló.

Sigue vigente la demanda de cesar el acoso a jornaleras en los campos del Valle de San Quintín, reconoció y expresó que falta mayor participación de las propias mujeres para encausar la lucha e impulsarla de manera colectiva, aunque es complicado por el miedo a denunciar y que los patrones las acusen de alborotar.

En ese contexto, ponderó el surgimiento de la organización Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Agrícolas Indígenas que atienden casos de violencia doméstica.

Además del salario integrado, en los campos aún subsiste el maltrato, la discriminación, la falta de servicios –en algunos casos no hay baños ni agua–, son asuntos que debemos resolver de raíz, dijo el dirigente. Hay jornaleros que tienen en la misma empresa hasta 27 años y no gozan de prestación ni le reconocen antigüedad.

Juventino, un jornalero de Colonet, fue el primero en jubilarse en San Quintín luego de una revisión a fondo porque la empresa tenía contabilizadas sólo 200 semanas, pero él tenía sus recibos de pago y pudo demostrar los años trabajados. Logró jubilarse en 2020

Con información vía La Jornada