Corte concede suspensión a polémico registro de telefonía móvil

Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), según una notificación publicada la noche de este lunes.

Dicha medida se tomó tras aceptar a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones de abril pasado.

“Se admite a trámite la demanda que hace valer en representación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia.

“Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, señaló la SCJN mediante estrados electrónicos.

Advirtió que la “medida suspensional” surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente.

Hasta ahora no se conoce a detalle los alcances de la suspensión concedida, ya que la SCJN no ha hecho público el documento completo en donde señala los alcances de la medida concedida por la ministra Norma Piña.

La Controversia Constitucional del IFT, está planteada en términos similares a las acciones de inconstitucionalidad 82/2021 y 86/2021 promovidas por el INAI y senadores de oposición, respectivamente, también a cargo de la misma ministra

En su controversia, el IFT solicitó que se declare la invalidez de los artículos 180 Bis, en relación con el Tercero Transitorio; 180 Quáter; primer párrafo del Segundo Transitorio, Cuarto Transitorio y Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de abril pasado.

Dichos artículos están relacionados con las reglas que crean el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, algunas especificaciones de operación, tanto para los particulares como para empresas; así como los plazos para su puesta en marcha.

A la controversia y acciones de inconstitucionalidad antes citadas, se suman más de 3 mil amparos promovidos contra el PANAUT, en muchos de los cuales se han concedido suspensiones definitivas, pero con efectos individuales, solo para la persona que promovió el recurso.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

Inai protegió a telefónicas, no la seguridad: SSPC

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), “atendió intereses de las telefónicas y no la seguridad con su decisión de impugnar la ley”, señaló el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

La dependencia difundió un mensaje del funcionario en el que señala: “la decisión del Inai de impugnar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obedece a intereses de las empresas, pues el registro busca combatir los delitos de extorsión, secuestro, trata y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales”.

Explicó que cada persona tendrá el control de su identidad y los archivos serán responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la protección de datos estará a cargo del Inai.

“La resolución del Inai sólo acredita la decisión de este órgano por ajustarse a los intereses de las telefónicas, favorecer un modelo favorable a los delincuentes.

“Este órgano debe actuar con responsabilidad, asumir su función, dejar la indolencia y trabajar para proteger los datos personales en posesión de particulares y los sujetos obligados”, insistió.

Mejía Berdeja aseveró que existe confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en beneficio de las víctimas del delito y la seguridad de la población, confirme la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Agregó que detrás del rechazo están involucradas las empresas telefónicas cuando actualmente solicitan los datos a quienes adquieren una línea de renta fija piden los datos personales.

“El problema de fondo son los modelos de telefonía de prepago por medio de los cuales nadie sabe quién los está comprando, por lo que ha permitido que los delincuentes se dediquen a hacer llamadas de extorsión, entre otras conductas criminales”, expuso Mejía Berdeja.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Tribunal pide a Corte revisar amparos del juez Gómez Fierro

Fue admitida a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), al tiempo que un tribunal federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar las suspensiones que el juez Juan Pablo Gómez Fierro ha concedido contra la misma norma.

En el primer tema, un ministro determinó que la acción 64/2021, promovida por senadores del PAN, PRI, PRD Y MC tiene fundamentos para su estudio y resolución por el máximo tribunal.

Los legisladores de minoría afirman que la LIE lesiona los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, no retroactividad y el derecho a un medio ambiente sano.

Este lunes, el primer tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones hizo llegar a la SCJN la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 160/2021, a fin de que examine si las suspensiones definitivas y con efectos generales otorgadas por el juez Gómez Fierro contra la LIE son legales. Las suspensiones fueron impugnadas por la Comisión Federal de Electricidad y la Cámara de Diputados mediante recursos de revisión incidental,

Los magistrados consideraron, sin embargo, que el tema reviste las características de relevancia y trascendencia como para que el máximo tribunal del país lo resuelva. Con esto, buscarán que los ministros establezcan un criterio con base en el cual dictar fallos en otros asuntos similares.

La decisión del juez Gómez Fierro sorprendió debido a que no sólo benefició a quienes promovieron los amparos, sino que congeló la aplicación de la LIE en todo el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento por estas decisiones y presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, que a más de un mes aún no le ha dado respuesta.

Gómez Fierro ha otorgado nuevas suspensiones, ahora contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

SCJN da espaldarazo a nuevas reglas de democracia sindical

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin al capítulo de las impugnaciones contra la reforma laboral de 2019 al emitir 12 jurisprudencias que dan revés a los sindicatos y avalan los nuevos principios de democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas y negociación colectiva.

La Corte resolvió que las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT), como el voto libre, personal, directo y secreto, la rendición de cuentas detallada del patrimonio de los sindicatos, la negativa de los trabajadores a las cuotas sindicales o las verificaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) de los procedimientos democráticos, no violan la libertad y autonomía de las organizaciones gremiales.

El mes pasado, el máximo tribunal del país ratificó la constitucionalidad de la reforma laboral al desechar siete amparos de sindicatos que argumentaban que las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva iban en contra de la autonomía de las organizaciones y que el voto directo, por ejemplo, iba más allá de la reforma constitucional de 2017 en la materia.

El decreto del 1 de mayo de 2019 que inauguró el nuevo modelo laboral en México fue también la punta de lanza para una ola de amparos promovidos por diversos sindicatos, más de 400 impugnaciones se presentaron contra las nuevas reglas. Las recientes resoluciones de la SCJN son criterios que usarán los tribunales laborales para resolver juicios pendientes vinculados a la violación de derechos en materia de negociación colectiva y democracia sindical.

Además de ratificar que la reforma laboral no infringe la libertad y autonomía sindical, la Corte también determinó que la ausencia de representantes de patrones y trabajadores en la junta de gobierno del CFCRL no vulnera el principio de tripartismo y es constitucional que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) forme parte del órgano rector de esta autoridad laboral.

¿Qué resolvió la Corte?

El máximo tribunal de la nación difundió este viernes en el Semanario del Poder Judicial de la Federación 12 jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala.

Sobre la democracia sindical, la Segunda Sala de la SCJN determinó que el voto directo no contraviene a la Constitución, aunque esta sólo considera el sufragio personal, libre y secreto para la elección de directivas sindicales. De acuerdo con la resolución, el término “directo” no rebasa lo establecido en la Carta Magna porque en ella sólo se estipulan las reglas mínimas.

En ese sentido, también se resolvió que el voto directo no viola los principios de libertad y autonomía sindical porque estos principios no pueden interpretarse como un espacio libre de la intervención del Estado cuando se trate de legislar medidas que aseguren la efectiva representación de los trabajadores.

En cuanto a los contratos colectivos, la adecuación de los estatutos de los sindicatos para adoptar las nuevas reglas de negociación colectiva, como el voto personal, libre, directo y secreto no infringe los principios de libertad y autonomía sindical, resolvieron los ministros. En ese mismo tenor, la legitimación de contratos colectivos también fue avalada al desestimar que este procedimiento viole el principio de irretroactividad de la ley.

Sobre las cuotas sindicales, el máximo tribunal ratificó que la negativa de los trabajadores al descuento de su salario por concepto de cuota sindical no es contradictoria a los derechos de libertad y autonomía sindical.

Con información via El Economista

Buscan evitar que se den amparos en casos contra Pemex y la CFE

En el contexto de las suspensiones judiciales otorgadas contra la Ley de la Industria Eléctrica, Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo para evitar que se conceda ese beneficio contra la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado, esto es Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se trata de impedir que, gracias a “vínculos con funcionarios judiciales”, quienes impugnan la operación del marco legal alarguen de manera artificial los procesos para “virtualmente mantener el régimen del pasado”, plantea la propuesta.

La iniciativa, que se turnó a comisiones, también busca impedir que se beneficie con el amparo a funcionarios públicos que buscan mantener sus altos salarios y ganar más que el Presidente. En específico, la iniciativa de Morena ejemplifica con el recurso presentado por el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, contra el límite de ingresos impuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.

En la sesión ordinaria de ayer, los grupos parlamentarios presentaron posturas como parte de la conmemoración de la expropiación petrolera y, en el marco del debate sobre las impugnaciones contra la Ley de la Industria Eléctrica, Morena anunció que defenderá los intereses del país en materia energética ante los de las grandes empresas.

“El 18 de marzo de 1938 México se unió para proteger la soberanía nacional. El legado que el presidente (Lázaro) Cárdenas dejó lo seguiremos salvaguardando, anteponiendo ante todo momento la soberanía nacional y el fortalecimiento del patrimonio del pueblo de México”, sostuvo en tribuna el diputado Rogelio Mantecon.

También desde la tribuna el diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) sostuvo que el contenido vigente de la Constitución en materia energética “es cardenista”.

Definió que el Estado mantiene el control, la planeación, transmisión y distribución de energía eléctrica, pero está abierta la participación de los sectores social y privados en generación y comercialización. “Larga vida a Lázaro Cárdenas del Río y a los jueces constitucionales que honran la Constitución cardenista”, expresó.

En su iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, la diputada Reyna Celeste Ascencio (Morena) cuestionó que aún no se aplica la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para dar prioridad al despacho de electricidad de CFE, y “como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente como acto reflejo algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia”.

Con información vía La Jornada

‘Cascada’ de suspensiones en Ley Eléctrica

Ya son dos los jueces que han concedido alrededor de 30 suspensiones provisionales, con efectos generales, contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este jueves se conocerá si las primeras de estas suspensiones se convierten en definitivas; es decir, con vigencia indefinida o hasta que se resuelva en definitiva el amparo.

Ayer se reveló que Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, concedió varias suspensiones provisionales.

Lo mismo sucedió con Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, también especializado en competencia económica, quien ayer concedió tres nuevas suspensiones, que se suman a 11 que ya había otorgado.

Todas las suspensiones de ambos jueces son con efectos generales. Esto significa que la reforma eléctrica, vigente desde el 3 de marzo pasado, no se puede aplicar a nadie, ni siquiera a aquellas empresas o particulares que no han promovido amparos.

Entre las compañías que promovieron los recursos están, en su mayoría, aquellas dedicadas a la industria de la energía eólica en distintos estados del país, como, por ejemplo, Eoliatec del Pacífico SAPI de CV, Parque Solar Orejana SRL de CV, Fuerza y Energía de Tuxpan SA de CV, Energía y Proyectos Eólicos SAPI de CV, y Fuerza y Energía de Naco Nogales SA de CV.

Además de Fuerza y Energía BII Hioxo SA de CV, Eólica Santa Catarina SRL de CV, PE Ingenio SA PI de CV, Eólica de Oaxaca SA PI de CV, Fuerza Eólica San Matías SRL de CV, Blumex Power 1 SAde CV, y Parque Eólico Reynosa III SA PI de CV, entre otras.

Sólo uno de los amparos fue rechazado. Se trata del registrado en el expediente 143/2021, promovido por María Teresa Vargas.

Cabe destacar que la concesión de las suspensiones provisionales causó molestia al presidente López Obrador, quien, derivado de ello, pidió una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió las primeras suspensiones.

El mandatario también se lanzó contra otros personajes, entre ellos el ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien acusó de formar parte de un “buró jurídico” que está actuando contra su gobierno.

Pese al amago, el juez Gómez Fierro concedió ayer tres nuevas suspensiones a empresas privadas que se dijeron afectadas por la reforma eléctrica presidencial.

Entre las compañías que obtuvieron la suspensión ayer están Eólica de Oaxaca y Eólica de Tamaulipas, cuyos casos quedaron radicados en los expedientes 142/2021 y 144/2021 del juzgado que encabeza Gómez Fierro.

En el amparo tramitado por Eólica de Oaxaca, el juzgador ordenó, además, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) levantar la suspensión que decretó como medida preventiva por el COVID-19, desde el 18 de enero pasado.

En el caso de las suspensiones concedidas por el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, se mantienen en sigilo o testados los nombres de las empresas promotoras de los juicios, pero las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal confirmaron que fueron varias las suspensiones otorgadas.

Agregaron que estas nuevas suspensiones fueron dictadas en términos similares a las que concedió el juez Gómez Fierro, con efectos generales.

Detallaron que hasta el día de ayer eran ya alrededor de 30 las suspensiones otorgadas por ambos jueces.

Hasta ayer ninguna autoridad federal ha promovido algún recurso de queja o impugnación a las suspensiones concedidas, esto para que sea un tribunal colegiado quien determine si las ratifica o la revoca.

El tema de fondo es si el gobierno acatará el alto a reforma, señala Cossío

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que no se siente amenazado por las menciones que hizo de su persona el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí incómodo, porque los señalamientos fueron injustos.

Indicó, sin embargo, que el tema de fondo no es su persona, sino una serie de cuestiones que tienen que ver con la disposición del gobierno a acatar las resoluciones judiciales.

“La discusión de fondo no soy yo, la discusión de fondo es si estamos, o no, o está el gobierno, o no, de acuerdo con la suspensión que se dictó el jueves pasado en relación con la ley eléctrica

“Lo que debemos estar discutiendo en el fondo es el principio de división de poderes y cómo se va a conformar, y si el Presidente de la República y su gobierno están dispuestos, o no, a acatar las decisiones judiciales que se dicten”, dijo Cossío.

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega, director de información política y social de EL FINANCIERO, el exministro respondió una a una a las menciones que le hizo el presidente López Obrador en su conferencia del lunes pasado.

En principio negó pertenecer a algún grupo reaccionario, político o partidario.

“Nunca he tenido la intención de afiliarme a ningún partido, ni a ningún grupo y, desde luego, si lo que se entiende por eso es un conciliábulo de personas llevando a cabo intrigas contra el gobierno, tampoco participo en ninguna de esas actividades”, aseguró Cossío.

Señaló que, como ciudadano, ha hecho algunas manifestaciones en medios de comunicación en contra de las acciones del gobierno de López Obrador, pero señaló que se trata de un ejercicio de libertad de expresión ordinario y no de una intención de formar un grupo reaccionario.

Asimismo, defendió su desempeño como ministro de la Corte y calificó de injusto que el mandatario tome como base de crítica sólo cuatro de más de 50 mil asuntos en los que emitió voto durante sus 15 años de encargo; en algunos, incluso, a favor del propio Presidente, como en el caso de su desafuero, o en el de la consulta por la reforma energética.

Señaló que el Presidente también omitió referir la participación que el exministro ha tenido con la cuarta transformación, como en la confección del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Jueces “no pueden ser intocables”, dice AMLO

Las recomendaciones para el Poder Judicial continuaron ayer desde la conferencia matutina de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar el papel de los jueces y ministros, quienes –consideró– “no pueden ser intocables”.

Agradeció públicamente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por haber recibido la petición enviada un día antes para investigar al juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, y sostuvo que no dejaría de denunciar “las corruptelas”, de manera particular en lo que corresponde a la industria eléctrica.

Confió en que el Poder Judicial vive una “nueva etapa”, por lo que sería el Consejo de la Judicatura la entidad encargada de “estar pendiente para que no haya abusos, no haya corrupción”.

“Antes, decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro”, declaró el titular del Ejecutivo.

Asimismo, aprovechó el foro para dar a conocer que distintos amparos le habrían impedido enviar una terna al Senado para nombrar al nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), al considerar que los funcionarios ya se “encariñaron” con el cargo; “se amparan los que están de hecho, de facto”, reclamó. Con informaciónde Amílcar Salazar Méndez

Con información vía EL FINANCIERO

Si hay elementos, se investigará: Zaldívar

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidirá sobre la denuncia en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Éste dio acuse de recibo de la queja que le envió el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y le anunció que “de existir elementos para ello” se abrirá una investigación sobre la actuación del juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por haber otorgado suspensiones en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.

Advirtió que, en todo caso, el Poder Judicial de la Federación procederá “con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.

El también presidente del CJF termina su respuesta señalando que “es presupuesto de la democracia y del estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar por que puedan hacerlo en libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad”.

Desde el viernes pasado, el ministro presidente fijó posición en este debate con un mensaje en sus redes sociales: “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.

Una vez canalizada al CJF, la queja del Presidente tendrá que ser estudiada por la Comisión de Disciplina, integrada por los magistrados Alejandro Sergio González Bernabé, Loretta Ortiz Ahif y Bernardo Bátiz Vázquez.

Con información vía La Jornada

AMLO exhibe a Cossío y a Claudio X en su conferencia, y le insiste a Saldívar que investigue al Juez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en una carta enviada al​ Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, en que investigue al Juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber amparado a quienes se oponen a su reforma conocida como “Ley CFE” o “Ley Eléctrica”.

“Sería lamentable el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las Leyes de la República”, dice en su carta.

Además de exigir que el Juez que frenó la Ley Eléctrica sea investigado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Presidente denunció a dos personajes en particular: a Claudio X González Guajardo y al exministro José Ramón Cossío Díaz.

Del primero recordó que su padre y él participaron en la guerra sucia que llevó al fraude de 2006. Del segundo, dijo que cuando estuvo en la Suprema Corte votó en contra de varios proyectos que procuraban justicia para las víctimas, como los padres de la Guardería ABC; como Florence Cassez; como indígenas que luchaban contra una eólica. Y en el Caso Atenco, denunció López Obrador, Cossío se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto por los hechos violentos. Medina Mora fue Procurador de Justicia de la Nación cuando Peña era Gobernador del Estado de México.

El Presidente López Obrador aseguro que Cossío votó en contra de varios proyectos que procuraban justicia para las víctimas, cuando formaba parte de la SCJN. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

El pasado 12 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que solicitaría al Consejo de la Judicatura Federal revisar el actuar del Juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro, luego de que el juzgador detuviera la reforma a la Ley Eléctrica sólo 24 horas después de ser aprobada.

“Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos, pero la verdad es que estaban abusando vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos“, aseguró el mandatario federal.

Tras ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito defendió que su único compromiso es con la Constitución y la independencia, esto luego de de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar al Juez que ordenó la suspensión de la llamada Ley Eléctrica.

La asociación opinó en un breve comunicado que las expresiones del mandatario federal ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales.

“La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la Independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”, señalaron las y los juzgadores.

La asociación está conformada por 65 por ciento de los juzgadores del país, según informó el director nacional Ariel Alberto Rojas Caballero, Juez del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en una entrevista que dio en octubre de 2020 a la revista de actualidad jurídica El mundo del abogado.

Posteriormente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que los jueces federales actúan con independencia y autonomía.

“Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, aseguró Zaldívar en su cuenta de Twitter.

LA POLÉMICA LEY

El 9 de marzo la Secretaría de Energía (Sener), publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE.

La reforma cambiará el criterio de despacho eléctrico para priorizar siempre la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables, además de revisar de forma retroactiva los contratos con el Gobierno.

Además, establece la obligación de que los permisos a que se refiere la LIE se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.

También precisa que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas y además elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos.

Luego de la entrada en vigor del decreto, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía dispondrán de “un plazo máximo de 180 días naturales” para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos.

Posteriormente, el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México ordenó suspender los efectos y consecuencias del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Con información vía Sin Embargo MX

AMLO anuncia que acudirá a Suprema Corte por suspensión provisional de ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que buscará llevar la suspensión provisional de la Ley Eléctrica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética, para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Apenas se está publicando la reforma, ahí va el amparo. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces”, apuntó.

López Obrador insistió en que hay dueños de empresas extranjeras, e incluso algunos mexicanos, que están muy molestos por la recientemente aprobada reforma eléctrica, y defendió que es para evitar contratos leoninos.

El jueves, un juez especializado en competencia ordenó la suspensión provisional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con lo que no aplicará para nadie hasta que no se dicte sentencia.

“La Ley ya entró en vigor pero se suspenden sus efectos”, aclaró Julia González Romero, consejera electa del despacho de abogados González Calvillo, en entrevista.

La suspensión del juez surgió después de que las generadoras de energía Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico presentaron un amparo inmediatamente después de que se publicó el decreto de reformas a la Ley eléctrica, es decir, el pasado martes.

Con información vía El Financiero

La SCJN jodió a los jubilados del Issste, aseguran expertos

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “jodió a los jubilados” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) al determinar el pago de sus pensiones en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, además de que atenta contra la Carta Magna, por lo cual se requiere interponer una controversia constitucional, advirtieron especialistas laborales y constitucionalistas.

Ricardo Landero Aramburu, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la resolución es un “engaño para modificar” el sistema de pensiones, en detrimento de los burócratas. En tanto, el constitucionalista José Ramón González Chávez, también de la máxima casa de estudios, indicó que con las UMA los pensionados percibirán “cada vez menos”.

González Chávez refirió que el artículo 123 constitucional, en su fracción sexta, señala que los salarios mínimos no podrán ser utilizados como índice de unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, que el salario mínimo es determinante para fijar los asuntos que están vinculados con la relación laboral. La UMA tiene otro sentido que es más de carácter económico, no tiene que ver nada, o muy poco, con la relación laboral.

“Elemento de inconstitucionalidad”

“Aquí hay un elemento de inconstitucionalidad, porque independientemente de las reformas que se hayan hecho en materia de pensiones y su forma de tabulación, los principios constitucionales referentes a las pensiones, jubilaciones y el salario mínimo en la Constitución siguen vigentes. Esto quiere decir que la norma constitucional prevalece sobre cualquier otra de carácter inferior” y es una consideración muy importante para efectos de amparo a los cuales, sin duda, se recurrirá, puntualizó.

Por su parte, Landero Aramburu recordó que en 2016 se reformaron los artículos constitucionales 26, 41 y 123 para establecer la UMA y desvincular todos los cobros administrativos.

Sin embargo, “hoy sabemos que la razón principal de meter la UMA en México era el sistema de pensiones” por el menor costo que representan bajo esta modalidad.

De acuerdo con el experto, esa resolución afectará a todos los trabajadores que optaron por la jubilación en términos del 10 transitorio de la Ley del Issste y a quienes entraron a laborar en fecha posterior.

Con información vía La Jornada