SCJN no tiene compromiso ni sumisión con nadie: ministro Zaldívar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene compromiso ni sumisión con nadie, es un órgano que ha demostrado su independencia, afirmó el presidente del órgano autónomo, ministro Arturo Zaldívar.

Este tribunal constitucional, con sus resoluciones, muchas de ellas de vanguardia en todo el mundo, demuestra todos los días que no tiene compromiso ni sumisión con nadie.

Que su único faro de guía es la Constitución, y es el compromiso que todas y todos tenemos con la forma como entendemos esta Constitución y esos derechos, tratando de hacer cada día lo correcto y lo que nos corresponde”, expresó el ministro Zaldívar.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encabezó este martes la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos por Antigüedad de trabajo en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Por 45 años de servicio fueron reconocidos con diploma y medalla María Ascensión López Cruz, María Luisa Muñoz Ortiz y María Soledad Alicia Pérez Ramírez.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, y Ana María Escobedo Sandoval fueron reconocidos por 40 años de servicio.

El ministro Alberto Pérez Dayán y cuatro personas más recibieron su reconocimiento por 35 años de trayectoria laboral, y también se entregaron preseas por 30, 25, 20, 15 y 10 años de labor, en este último grupo fue galardonado el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Sin la Suprema Corte no podría haber democracia constitucional, sin la Suprema Corte los derechos humanos no serían sino retórica, sin la Suprema Corte no podría haber esperanza de avanzar hacia un país más justo y más igualitario”, dijo el ministro Zaldívar.

El presidente de la Corte afirmó que el derecho deberá ser el camino de la convivencia en el país.

Hoy refrendamos nuestra fe en el derecho como camino de convivencia, y hoy refrendamos nuestro compromiso, en esta SCJN, como tribunal constitucional por seguir trabajando con independencia, con sensibilidad social y con altura de miras en beneficio de todas las personas de nuestro país”, afirmó el ministro presidente Zaldívar.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Perfilan recorte al INE por $4 mil 475 millones en Presupuesto 2023

El proyecto de dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 plantea recortes por 6 mil 437 millones 533 mil 326 pesos, la mayor parte al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial, y reasigna esos recursos a programas sociales, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, atención de víctimas y refugios para mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.

El total del gasto federal se confirma en 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 11.6 por ciento respecto a lo aprobado el año pasado.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados está citada hoy a las 17:00 horas para discutir y votar el dictamen, con el objetivo de que se presente en el pleno el martes.

El proyecto, que fue distribuido a los legisladores, reduce al INE 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos, en comparación con la versión de PEF que presentó en septiembre la Secretaría de Hacienda, que incluía la petición del INE de 24 mil 696 millones de pesos. La reducción representa casi 70 por ciento del total de recortes contemplados.

De aprobarse el ajuste en el proyecto de dictamen, el órgano electoral contará para el año entrante con 20 mil 221 millones 367 mil 571 pesos, lo cual supera los 19 mil 736 millones de pesos aprobados en el PEF 2022.

El INE impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la partida de este año, con el argumento de que se comprometían sus facultades, principalmente para la organización de consultas populares.

El proyecto de dictamen para 2023 también plantea una reducción de mil 425 millones 136 mil 515 pesos al Poder Judicial, en comparación con la propuesta de Hacienda, la mayor parte al Consejo de la Judicatura Federal, al cual le recortan mil 286.5 millones de pesos.

Justificación cameral

En un documento interno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se explica que la reducción de recursos para el INE no afecta las labores esenciales del órgano y, en cambio, busca coadyuvar a obtener una estabilidad de las finanzas públicas.

Al argumentar los motivos del recorte al INE por 4 mil 475 millones de pesos, se afirma que no es factible para esta comisión advertir la necesidad que tiene dicho instituto de obtener los recursos solicitados. Añade que el INE no proporciona metodología ni estimaciones que permitan vincular la información objetiva de origen técnico con los montos a que hace referencia.

También, reprocha que el INE continúa sin reducir voluntariamente sus propuestas de presupuesto en los últimos ejercicios fiscales en comparación a otros organismos autónomos, lo que atenta contra los criterios constitucionales de administración de recursos federales.

Disminución a cámaras, TEPJF y entes autónomos

Al Poder Legislativo se le recortan 466.6 millones de pesos, de los cuales 204 millones son a la Cámara de Diputados y 140 millones al Senado.

A la Auditoría Superior de la Federación se le recortan 122 millones, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 35.2 millones, a la Comisión Federal de Competencia Económica 33.5 millones, al Instituto Federal de Telecomunicaciones 17.9 millones y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 18.6 millones de pesos.

En cambio, el proyecto reasigna los 6 mil 437 millones a programas sociales. Para las pensiones para adultos mayores se perfila una ampliación de 3 mil 841.9 millones de pesos, para las pensiones para personas con discapacidad se proyecta un incremento de 2 mil 500 millones, para la atención de víctimas van 40.1 millones y para el programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, 7.7 millones.

Otros programas que obtendrían una ampliación son el de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, con 19.5 millones; para promover la atención y prevenir la violencia contra las mujeres, 14.4 millones, y para el programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, 13.4 millones de pesos.

Los diputados federales también perfilan mantener los montos que se establecieron en la propuesta original de PEF 2023 para seguridad, salud y educación. Ante las reservas que anticiparon las bancadas de oposición, se prevé que su discusión en el pleno podría requerir al menos un par de días.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Dan banderazo a la última etapa de la reforma laboral

Ante representantes de las viejas centrales obreras, las autoridades laborales pusieron en marcha la última etapa de la reforma laboral, que deja en el Poder judicial la resolución de los conflictos obrero-patronales, y a la cual se han invertido 13 mil 500 millones de pesos para la creación de instituciones locales y federales de justicia.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aseguró que con este sistema se dice adiós al coyotaje, a la industria del litigio, a los contratos de protección y a los juicios interminables en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA).

El propósito es impulsar la conciliación como pieza clave del modelo para resolver los conflictos mediante acuerdos, sin la necesidad de juicios laborales. Desde ayer, todas las JCA, federales y locales, dejaron de recibir nuevos juicios y deberán desahogar los expedientes en rezago.

En el nuevo modelo de justicia laboral, los casos se resuelven por la vía de la conciliación en menos de 45 días y en los tribunales tardan seis meses, afirmó la Secretaría del Trabajo en el acto de arranque de la tercera fase de la reforma, realizado en la SEP.

Desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 se han instalado 151 centros de conciliación, 44 federales y 109 locales a cargo de 802 conciliadores.

La dependencia indicó que también culmina la instalación de 148 sedes de tribunales laborales, de los cuales 41 son federales y 107 locales, que están a cargo de 317 juezas y jueces seleccionados mediante concursos públicos.

En 2021, las instituciones del nuevo modelo de justicia recuperaron 16 mil 712 millones de pesos, aseguró la STPS.

En su participación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que el nuevo modelo de justicia laboral estará vigente en todo el territorio mexicano en 41 ciudades, con 125 juezas y jueces de distrito especializados en materia de trabajo y mil 795 operadores.

Afirmó que, desde ayer, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, tiene plena jurisdicción sobre los conflictos colectivos federales que se susciten en toda la República Mexicana.

Frente al sector patronal, titulares del trabajo estatales y magistrados, así como el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Pedro Américo Furtado, el titular del Centro Federal de Conciliación, Alfredo Domínguez Marrufo, aseguró que con la reforma laboral se dice adiós a los contratos de protección y a la simulación en los procedimientos de negociación colectiva. Fue notoria la ausencia de representantes de sindicatos independientes.

Despidámonos del corporativismo y de los sindicatos de papel y abramos espacio a los sindicatos representativos, hagamos lo conducente para hacer efectivo el adiós a la opacidad y manejo abusivo de las cuotas sindicales y lograr darle la bienvenida a la transparencia y a la rendición de cuentas en todas las organizaciones sindicales, expresó en presencia de los dirigentes del sindicato petrolero, Ricardo Aldana; de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Abel Domínguez; de los electricistas, Martín Esparza, y de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien suma 46 años al frente de su sindicato.

En la tercera y última etapa de la reforma laboral se suman la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, así como Baja California Sur y Guerrero a nivel local.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Las resoluciones de la SCJN limitan el derecho a la información: bibliotecarios

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC) y el Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB) manifestaron su inconformidad contra las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a dos amparos promovidos por las editoriales, debido a que han sido “malinterpretadas” y “limitan el ejercicio del derecho de acceso a la información y la cultura”.

Los representantes de ambas instancias informaron que ante dichas medidas se retomará el Foro Nacional de Armonización Legislativa Bibliotecaria, cuyo desarrollo será el próximo 13 y 14 de julio en formato virtual.

La finalidad de esta actividad es “analizar cada tema con expertos, investigadores, legisladores, editores, bibliotecarios, entre otros, con el propósito de construir propuestas claras, congruentes y, sobre todo, legales en beneficio de los usuarios de las bibliotecas, aunado a que se permita la divulgación y consulta del patrimonio bibliográfico nacional”, señala el comunicado difundido el 1° de julio en el sitio web https://bit.ly/3RbOUqu

Como bibliotecarios, añade el boletín, “reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la protección de los derechos de autor y con nuestra función social para hacer posible el libre acceso al conocimiento y a las fuentes culturales existentes en las bibliotecas para todos los mexicanos”.

La AMBAC y el CNB reconocieron que las decisiones de la Corte, emitidas en respuesta a los amparos 132/2022 y 164/2022, tienen implicaciones “para las bibliotecas depositarias” en lo particular y para la “sociedad mexicana” en lo general, ya que se pueden interpretar como una limitación al ejercicio del derecho de acceso a la información y a la cultura.

Consideramos que las bibliotecas depositarias deben establecer con transparencia las políticas planteadas en el artículo 38 de la Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA), que, además, puntualizan las limitaciones a los derechos patrimoniales en términos de que las obras literarias y artísticas (ya divulgadas) “podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra.

“Para sustentar nuestras afirmaciones, identificamos que el artículo 35 de la Ley General de Bibliotecas (LGB), en vigor desde el 1º de junio de 2021, declara que las instituciones depositarias reconocidas son la Biblioteca de México, la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca del Congreso de la Unión.

“Este apartado indica que, en el caso de las obras publicadas en formato electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.”

El artículo 38 de la LGB establece que cada uno de los repositorios del depósito legal establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, con base en las disposiciones aplicables.

El documento, firmado por María Guadalupe Vega Díaz y Gerardo Zavala Sánchez, presidentes de la AMBAC y el CNB, respectivamente, recalca que la LGB (vigente) tiene como propósito fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.

“Con el propósito de servir a nuestro país, proponemos trabajar en la elaboración de las políticas de información y reglamentos que integren el desarrollo humano y social, así como los criterios, tiempos, excepciones o límites, en correspondencia con los derechos humanos en beneficio del derecho de autor con la debida protección y fomento del acceso al conocimiento y la cultura”, concluye el boletín.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Logra amparo Centro de Investigación Sutcicese

“El Sindicato Unificado de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Sutcicese) logró obtener su amparo frente a la pretendida intención de la juez Karime Pérez Guzmán, del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos concede en la Ciudad de México, en pretender desconocer su Contrato Colectivo de Trabajo, el derecho de emplazamiento a huelga de los trabajadores y su naturaleza de creación del sindicato del centro de investigación como Apartado A”, así lo declaró en exclusiva el secretario general, Saúl Rodríguez Vélez.

Ante la modificación del año pasado de la Jurisprudencia 1/96 por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual protegía a los sindicatos de los centros públicos de investigación en poder negociar el Contrato Colectivo de los Trabajadores, su derecho a emplazamiento a huelga e incluso la libertad sindical, se prometió entonces en pleno por parte de los ministros de la Corte que no sería retroactivo dicha resolución y menos que pretendiera con ello afectar los derechos y conquistas laborales obtenidas por años por los trabajadores del sector de Ciencia y Tecnología; sin embargo, las cosas no han sido así, pues es el caso de la juez Karime Pérez, que ha pretendido en varias ocasiones con diferentes sindicatos aplicar la nueva jurisprudencia 10/21 retroactivamente, y con ello desconocer los derechos de los sindicatos de los centros de investigación constituidos en el Apartado A por trabajadores Investigadores, Técnicos y Administrativos y desconocer su derecho de la realización de negociación de los Contratos Colectivos de Trabajadores ante las autoridades.

“Nuestro centro de investigación su decreto de creación fue en 1973, y si nace en el Apartado B, el cual se reestructura y se abroga el decreto de su creación en el año 2000. En esta abrogación ya no aparece en el Apartado B, luego entonces viene la creación del sindicato en el 2002 y nuestra toma de nota que regiremos nuestra relación laboral en el Apartado A. Pero la Juez Karime, quiso tomar criterios retroactivos basándose solamente en el decreto de creación del año de 1973, sin considerar que el Centro de Investigación ya había sido reestructurado”, así lo dijo Saúl Rodríguez, líder sindical”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

AMLO anuncia que los diálogos con empresas de autoabasto eléctrico están por iniciar

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que están por iniciar diálogos entre funcionarios y empresas de autoabasto de energía, afectadas por la reforma al sector eléctrico impulsada por su gobierno.

Las compañías son algunas de las afectadas por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este mes avaló cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, incluidos en un proyecto aprobado el año pasado en el Congreso e impulsado por el partido oficialista Morena, para dar mayor control al Estado sobre el sector.

En su habitual conferencia mañanera, el mandatario dijo que en las próximas horas serán convocadas las empresas a las conversaciones, lideradas por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

México | SCJN planea analizar al constitucionalidad del Panaut el 25 de abril

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el lunes 25 de abril, el pleno analizará el proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que propone invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) creado por el actual gobierno federal y que se encuentra suspendido desde el año pasado.

Durante su conferencia de prensa mensual este miércoles, el ministro Zaldívar resaltó que se trata de un tema importante.

El proyecto de la ministra Piña establece que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vulnera derechos al ordenar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que obtendrá, recopilará, almacenará, registrará y conservará los datos personales, que en su conjunto dan una radiografía de la vida privada de las personas.

“Dado el fuerte impacto que el Panaut genera en los derechos humanos a la privacidad y protección de los datos personales, y dado que también se afectan los datos sensibles de los usuarios de telefonía móvil, debe concluirse que la emisión del decreto impugnado requería de una evaluación de impacto en la protección de datos personales en términos de la referida Ley General, la cual de las constancias que integran este expediente no se advierte que haya existido. No haber cumplido con esta exigencia somete a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales a un riesgo que no puede ser avalado a la luz de los artículos 6 y 16 de la Constitución General”, menciona el proyecto.

El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña versa sobre la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas por separado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y diversos senadores de oposición.

“Los preceptos combatidos exigen el tratamiento de los datos personales, incluidos datos sensibles, lo cual, por sí mismo, es violatorio del derecho a la protección de los datos personales y del derecho a la privacidad e intimidad de las personas, pues se vacía de forma absoluta su contenido, al exponer, sin limitación ni justificación legítima, datos personales que se refieren a todas las personas, a sus atributos y a su identidad”, refiere.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

AMLO celebra aprobación del litio y la resolución de la Corte sobre ley de la industria eléctrica

Después de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley minera en fast track, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la mañana de este martes que está “muy contento con lo del litio”.

Dijo que sabe que se requiere de tecnología para su extracción, como en el caso del petróleo, pero que “el litio es nuestro”.

También expresó que estuvo “muy bien” la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el lunes al desestimar la controversia constitucional en contra de la Ley de la industria eléctrica.

“Pensaron que bloqueando la reforma constitucional, ya con eso estaba resuelto”, dijo sobre la oposición y el freno a la iniciativa de la reforma eléctrica.

Después criticó que la oposición ha insistido en señalar que la Corte no contó bien los votos en la decisión de la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado en contra de Ley de la industria eléctrica y que el diario Reforma ha difundido que no se notaron bien los votos de la decisión del 11 de abril.

“Está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí. No les gustó la decisión de la Corte y tampoco la de ayer, de la Corte. Fue muy buena porque el llamado instituto de la competencia es un organismo de las corporaciones, no defiende al pueblo de México”, dijo el presidente.

Celebró la decisión de la Corte de este lunes, donde por seis votos a cinco determinó que la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene facultad para decidir sobre asuntos que corresponden a la Comisión de Energéticos “Eso también estuvo muy bien”, expresó.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN

Analizará la Corte límite laboral de ex funcionarios

La ministra Norma Lucía Piña propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la prohibición para que ex servidores públicos que se desempeñaron en mandos superiores puedan trabajar para empresas que regularon, vigilaron o supervisaron desde sus cargos al menos por 10 años.

Este proyecto se discutirá el 4 de abril en el pleno. Se trata de la acción de inconstitucionalidad 139/2019 promovida por senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Piña plantea la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 24 de la norma impugnada, el cual señala: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.”

Indica que una prohibición tan prolongada no es compatible con el derecho al trabajo, pues si bien la medida puede justificarse, el periodo es desproporcionado, viola el principio de taxatividad y por tanto es inconstitucional.

“La intensidad de la restricción al derecho al trabajo no es proporcional al grado de realización que cabe esperar del fin perseguido por la norma, ya que si bien es necesaria puede lograr la finalidad afectando con menor intensidad el derecho fundamental, esto es, una prohibición vigente durante un menor tiempo para proteger esa finalidad.”

Se requere una mayoría calificada de ocho votos para que la SCJN declare inconstitucional esta medida.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Tv Azteca consigue amparo contra adeudo por dos mil millones de pesos con el SAT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la empresa TV Azteca para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revise de nueva cuenta un adeudo que la televisora tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de dos mil millones de pesos (mmdp).

Así lo resolvió por unanimidad de votos la Segunda Sala del Máximo Tribunal al votar a favor de un proyecto elaborado por el ministro Jaime Laynez Potisek, que preveía amparar y proteger a la empresa de Ricardo Salinas Pliego para que se vuelva a analizar su adeudo por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Desde el 1 de abril de 2016, la autoridad fiscal federal emitió una resolución determinante en la cual estableció que TV Azteca tenía un crédito fiscal a su cargo por la suma de dos mil 447 millones 748 mil 540.35 pesos por “concepto de contribuciones omitidas del impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas, respecto al ejercicio fiscal del 2009”.

Luego de luchar por el caso ante juzgados y tribunales del país, la televisora determinó interponer un recurso de revisión que fue aceptado por la SCJN, que el día de hoy le dio la razón a TV Azteca en el sentido que “la autoridad fiscal está obligada a informar al representante legal y a los órganos de administración de la empresa sobre los hechos y omisiones que se conozcan”, cosa que no hizo.

Sin embargo, este no es un caso aislado. Ya el 19 de enero la Corte desechó un amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de dos mil 663 millones 428 mil 880.12 pesos correspondientes al ISR del ejercicio 2006.

Al respecto, Elektra consideró que la justicia le fue negada, debido a que la mayoría de los ministros de la Sala se negaron a estudiar de fondo el asunto, por lo que informó que recurrirían a las instancias internacionales para impugnar la resolución de la Sala.

Otro caso en revisión de la Corte es la solicitud que Elektra le hizo en diciembre de 2021 sobre la posibilidad de que el Máximo Tribunal estudie sobre la situación de un crédito por 18 mil 455 millones de pesos, el más cuantioso hasta el momento, mismo que incluso el propio TFJA ya confirmó desde octubre de 2020.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO