SCJN cancela logros laborales de investigadores

En la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 11 octubre 2021, ocho ministros votaron contra tres por desaparecer la Jurisprudencia 1/96, mandato que a lo largo de 25 años ha beneficiado y amparado el derecho de los investigadores, académicos y trabajadores de los Centros de Investigación del Conacyt, a regir sus relaciones de trabajo en el marco del apartado A del Artículo 123 constitucional, que les ha permitido formar sindicatos, participar en la revisión nuestros contratos colectivos y ha otorgado estabilidad laboral, en beneficio para el desarrollo y libertad de la investigación científica nacional, se expresó en un documento de la Federación Nacional de Sindicatos del sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt). 

“Manifestamos nuestro profundo rechazo a la reciente aprobación del dictamen de los ministros de la SCJN, en el sentido de desaparecer la Jurisprudencia 1/96. La falta de claridad de los Ministros que votaron por cancelar las conquistas laborales, logradas durante muchos años de lucha, de los trabajadores de los sectores de ciencia y tecnología, investigación, salud y cultura”. 

“La SCJN pretende realizar una redacción en privado, sin la participación de los trabajadores afectados de los sectores de ciencia y tecnología, e intenta sustituir a la Jurisprudencia 1/96 que ha cobijado a este sector por mucho tiempo”.

“La Fenasscyt, así como múltiples asociaciones sindicales y abogados especialistas en la materia ofrecieron a los ministros elementos vinculados con la realidad para hacerles ver que el cambio de la jurisprudencia 1/96 traería múltiples problemas a las trabajadoras de los organismos descentralizados del gobierno federal, estos elementos no fueron tomados en cuenta y analizados debidamente”.

“En la decisión de sustitución de la jurisprudencia 1/96 recién acordada por nuestro máximo tribunal de justicia han privado los criterios administrativos por sobre los derechos laborales. No han escuchado la voz de los trabajadores. Hacemos público nuestro rechazo a la cancelación de la Jurisprudencia 1/96, y un reclamo para que nuestro máximo tribunal de justicia valore su decisión tomada recientemente, estamos en alerta los trabajadores e investigadores mexicanos en defender nuestros derechos adquiridos”, alertó el texto de la Fenasscyt.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Autoriza SCJN cambio de régimen laboral de organismos descentralizados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó abandonar una jurisprudencia que tenía vigente desde hace 25 años, para señalar a partir de ahora que las relaciones laborales en los organismos descentralizados se pueden regir por el apartado B del artículo 123 constitucional, tal y como ocurre con toda la administración pública federal, si bien acordó no dar efectos retroactivos a su decisión.

Este asunto causó movilizaciones por parte de los sindicatos de los 26 Centros Públicos de Investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes incluso hicieron manifestaciones ante la SCJN, advirtiendo que su eventual cambio del apartado A al B implicaría una disminución en sus derechos laborales, entre ellos la libre asociación y la posibilidad de emplazar a huelga.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente en el caso, afirmó que la definición de la Corte no afectará los derechos adquiridos por los trabajadores: “la nueva jurisprudencia no podrá modificar situaciones de hecho ni generar afectación a la seguridad jurídica tanto de las instituciones como de sus trabajadores, por lo que los organismos descentralizados federales existentes continuarán rigiendo sus relaciones laborales conforme al régimen previsto en su ley, decreto, acuerdo o instrumento de creación, pero sobre todo, de ninguna manera esta situación afectará derechos de los trabajadores”.

Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek expuso que actualmente 26 organismos descentralizados rigen sus relaciones laborales por el apartado A, y la mayoría, 77, lo hacen por el B.

Apuntó que en lo que va del actual gobierno federal se han constituido tres nuevos organismos descentralizados, todos los cuales establecen en sus decretos de creación que sus relaciones laborales se normarán según el apartado B.

Señaló que la tesis ahora invalidada, registrada con el número 1/96, prácticamente declaraba inconstitucional el crear organismos descentralizados normados por el apartado B, lo cual era contrario a la realidad.

El texto de la nueva tesis será definido en sesión privada del Pleno de Ministros, y tendrá que contener los puntos acordados en esta sesión, respecto a que puede aplicarse el apartado B, que los trabajadores que ya han establecido contratos colectivos bajo el apartado A no verán cambios en su régimen, y que esta sustitución de tesis no tendrá efectos retroactivos.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Rechaza el Sutin cambiar de régimen laboral

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (Sutin) manifestaron ayer frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la modificación de la jurisprudencia PJ 1/96, la cual, señalaron, vulneraría sus derechos laborales y pondría en riesgo sus contratos colectivos de trabajo, al considerarlos personal de confianza.

Manuel García Barajas, secretario general del gremio, explicó que esa medida implicaría cambiarlos del apartado A, régimen al que pertenecen, al apartado B del artículo 123 constitucional, lo cual limitaría sus derechos de libre sindicalización, huelga, prestaciones y sistema de jubilación. En marzo, la segunda sala de la SCJN solicitó la sustitución de la jurisprudencia referida –vigente desde hace 25 años–, en el rubro de “organismos descentralizados de carácter federal”, pero en abril la ministra Yasmín Esquivel Mossa retiró el proyecto que proponía modificarla.

Frente a la decisión del máximo tribunal de retomar el próximo jueves la discusión, investigadores, profesionistas, técnicos y administrativos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares –agrupados en el Sutin– expresaron su rechazo ante la posibilidad de incorporarlos al régimen laboral burocrático regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conocido como apartado B.

García Barajas indicó que la inclusión de la jurisprudencia PJ 1/96 en el artículo 1º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, “es inconstitucional”.

Añadió que presentaron a la SCJN un amicus curiae en el ánimo de colaborar con los ministros y tomen en cuenta sus puntos de vista y argumentos como investigadores.

En el documento, se expone por qué se pide que los trabajadores del ININ y de otros institutos de investigación permanezcan en el apartado A. Destacan que “se atentaría gravemente” contra el derecho de asociación del personal académico, ya que el apartado B excluye al personal de confianza de la sindicalización, y afectarían sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

AMLO insta al Poder Judicial a promover reforma para combatir la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador instó al Poder Judicial de la Federación a promover una reforma constitucional para combatir la corrupción en México.

«Se tendría que hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían tomar la bandera de la reforma, de la moralización de los jueces; no escucho eso, se agrupan para mantener sus canonjías», indicó el mandatario.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera diaria, el Presidente lamentó que en el Poder Judicial no se haya iniciado el proceso de purificación, de reforma y de limpia que «urge en ese poder».

Deploró que los ministros autorizaran, recientemente, que el Gobierno devuelva 1,000 millones de pesos a un particular.

«Acaban de autorizar, imagínense, que se le devuelvan 1,000 millones de pesos, me duele hasta el alma, en lo más profundo, a una contribuyente por un juicio. ¿Qué no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento? ¿Que se revisara a fondo? ¿Por qué en estos casos no actúan con cuidado?», dijo.

«Siguen amparándose, cobijándose en el Derecho para no impartir justicia; es el fondo», indicó.

Desde su punto de vista, los ministros deberían estar pensando siempre en la justicia.

«Es un tema que debe de tratarse, en efecto, porque no piensan en la gente, no piensan en el pueblo y mucho menos en los pobres, en el pueblo raso. Es una élite. Entonces sí se requiere ahí una reforma a fondo», urgió López Obrador.

Recordó que él propuso a tres de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes fueron ratificados por el Senado, pero que hoy no escucha sus voces.

«Sí se debe revisar eso. Les hago un llamado fraterno, cariñoso a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a tres; (son) de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto. Las mujeres, honradas, de prestigio, pero no los escucho, no sé nada de ellos. A lo mejor en ese ambiente los adormecen. Entonces, necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción», finalizó.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Corte abre el camino para licencias de paternidad: las aprueba para sus trabajadores por 3 meses

El Poder Judicial de la Federación otorgará licencias de paternidad por tres meses con goce de sueldo, que podrá ejercerse en los primeros nueve meses desde el nacimiento o la adopción del hijo o hija, anunció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

“He propuesto al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y autorizado para que se haga aquí en la Suprema Corte, por primera vez en la historia, las licencias de paternidad”, dijo el ministro presidente en conferencia de prensa este jueves.

“Daremos licencias de paternidad por tres meses pagados igual que las de las mujeres. Esto coloca al Poder Judicial Federal a la vanguardia en el continente americano como una de las instituciones más proteccionistas y que hacen un mejor trabajo comprometido para lograr una igualdad real entre los hombres y las mujeres”, afirmó.

El ministro presidente aseguró que esta medida es para terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora, con la discriminación laboral y romper la brecha salarial. Las licencias podrán ejercerse a partir de los nueve meses posteriores al nacimiento o a la adopción del menor, explicó Zaldívar.

Abrimos camino. Seguiremos empujando y seguiremos luchando por una sociedad más justa, más igualitaria en la que todas las personas gocemos de los mismos derechos; todos los derechos para todas las personas es un lema que queremos sea una realidad”, señaló el ministro presidente de la SCJN.

“Por primera vez en la historia, daremos licencias de paternidad por tres meses pagados igual que las de las mujeres. Es una medida transformadora para terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora, con la discriminación laboral y romper la brecha salarial”, abundó.

Comentó que seguirán luchando por una sociedad más justa, hasta que la dignidad y la igualdad se hagan costumbre. “Queremos un Poder Judicial que de una vez por todas destierre la cultura de acoso sexual y violencia de género. La dignidad y la seguridad de todas las mujeres es y ha sido una prioridad en mi presidencia”.

Las licencias de paternidad ayudarán a las familias no convencionales y permitirán a los hombres vivir su paternidad de manera plena, “hasta que la dignidad y la igualdad se hagan costumbre”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Tribunal pide a Corte conocer caso de piloto que debe pagar 30 mdp a Aeroméxico

Un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso del capitán José Manuel Fernández Aguirre, quien fue condenado al pago de más de 30 millones de pesos a favor de Aeroméxico y Aerolitoral, para reparar el daño que provocó por el paro de pilotos en 2017.

A principios de este año la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ de CdMx) emitió la sentencia, porque el paro afectó a más de 10 mil pasajeros por la cancelación de vuelos.

Ante esta situación, el piloto despedido promovió un amparo directo, último recurso que tiene para evitar la condena.

Por tratarse de un tema de interés y trascendencia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil solicitó al Pleno de la Corte que se pronuncie respecto al artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, impugnado por el capitán José Manuel Fernández.

La petición ya ingresó a la Corte, pero aún falta que sea votada en alguna de las dos Salas para determinar si se analiza el caso.

El piloto reclamó del artículo el tema relacionado con los derechos libertad de expresión y asociación, libertad de información frente a la censura en el juicio ordinario civil (determinación de actuar ilegal en relación con la suspensión de labores por parte de pilotos).

El paro de pilotos se realizó el 28 de noviembre de 2017, lo que propició la cancelación de 61 vuelos.

El Tribunal que condenó al piloto dejó claro que, en caso de no tenga los recursos económicos para pagar a las aerolíneas, procederá el embargo de bienes. De acuerdo con testimonios, José Manuel Fernández convocó al paro de labores por el despido del capitán José Manuel Orduño.

Días después, Aeroméxico decidió terminar su relación laboral de 15 años con el capitán José Manuel Fernández, entonces secretario de Trabajo de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Asimismo, comenzó una investigación contra siete miembros de ASPA por su posible responsabilidad; a tres de ellos se les aceptó su renuncia en el Comité Ejecutivo.

Por su parte, Mario González, secretario general de ASPA, aseguró que el sindicato no respaldó el paro de pilotos de Aeroméxico. Dijo que ésta no era la forma de actuar del sindicato, porque la forma de actuar de ASPA es agotar la negociación antes de tomar cualquier medida, “siempre buscamos no afectar a los pasajeros”.

En abril , Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, sentenció a nueve meses de prisión al capitán por ser penalmente responsable del delito de ataques a las vías generales de comunicación.

También se ordenó la suspensión de sus derechos políticos, además de que le prohibió acudir durante un año a las instalaciones de Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, y el pago de una multa.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO

Ordena la Corte al INE y el Inegi bajar el sueldo de sus altos funcionarios

Los altos funcionarios de los institutos Nacional Electoral (INE) y Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tendrán que disminuir sus salarios por debajo de lo que gana el Presidente de la República, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les negó la petición para suspender la ley que limita las percepciones de los servidores públicos.

Se trata del más reciente capítulo del litigio de varios órganos constitucionales autónomos en contra de que sus directivos ganen menos que el primer mandatario del país.

Tanto el INE como el Inegi presentaron por separado recursos contra la más reciente reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), promulgada en mayo pasado.

Aunque el ministro Fernando Franco González Salas admitió a trámite las controversias, se negó a suspender la aplicación de la ley impugnada, dado que se trata de una norma general cuya continuidad no pone en riesgo la seguridad o economía nacionales ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.

Desde que se aprobó la primera versión de la LFRSP, en diciembre de 2018, diversos órganos constitucionales autónomos la han combatido ante la SCJN, argumentado que la imposición de un tope salarial vulnera su independencia.

Así, consiguieron el año pasado que la SCJN ordenara hacer explícitos todos los rubros que integran el salario presidencial, que es el parámetro máximo de ingresos para los servidores públicos, y por ello se reformó la LFRSP en mayo de 2021.

Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE y el Inegi presentaron nuevamente sendas controversias contra el tope salarial, de las cuales sólo se han admitido la de estos dos últimos organismos.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

América Móvil deberá sujetarse a regulación asimétrica en interconexión

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota, revocó un amparo otorgado al agente económico preponderante de telefonía móvil, Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (América Móvil), en contra del régimen de tarifas asimétricas de interconexión a redes para 2018.

A mediados de marzo pasado, la misma sala confirmó la legalidad del acuerdo emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que estableció las condiciones técnicas mínimas para la interconexión entre concesionarios que operan redes públicas de telecomunicaciones, e impuso tarifas de interconexión a la compañía América Móvil para 2018.

Producto de la reforma en competencia económica y telecomunicaciones del 2013-2014, se determinó que el IFT tenía la facultad de establecer un régimen tarifario asimétrico para los agentes económicos preponderantes, con el objeto de eliminar barreras para la competencia y la libre concurrencia de los mercados. En su condición de preponderante, América Móvil quedó obligado a cobrar a sus competidores una tarifa de interconexión a su red móvil más baja que la que estos pueden cobrarle, con el propósito de contrarrestar su poder de mercado. La Sala consideró que, para determinar las tarifas, el IFT realizó las consultas públicas a las que está obligado.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

SCJN reitera: Pensiones de burócratas se calcularán en UMAs, no en salarios mínimos

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación cerró el tema sobre el cálculo de las pensiones de quienes laboran para el Estado e hizo oficial la jurisprudencia con la cual define que el tope de estos pagos se cuantificará con base en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cuyo valor es de 89.62 pesos diarios (2,724.45 pesos mensuales), y no en el salario mínimo general, definido actualmente en 141.70 pesos (4,307.68 pesos mensuales).

El criterio jurídico, que ahora es obligatorio en los tribunales que reciban demandas, se publicó en la edición de este viernes 25 del Semanario Judicial de la Federación. Señala que el monto máximo de la pensión jubilatoria, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe cuantificarse en UMA, tal como ya lo había determinado la Segunda Sala el pasado 17 de febrero.

En la justificación del fallo, el máximo tribunal recuerda que el Congreso creó la UMA en 2016 “con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo”. Desde entonces, el pago multas, obligaciones mercantiles y asuntos administrativos se calculan en esa unidad. Es decir, nada que tenga que ver con lo laboral.

Y si bien reconoce que la pensión jubilatoria es un derecho de seguridad social que deriva de un vínculo laboral, el cálculo de la pensión “corresponde a la materia administrativa y no a la laboral”.

La conclusión, sostiene, va acorde con la intención que tuvo el Congreso al crear la UMA: que el salario mínimo cumpla con su función constitucional de ser el derecho que toda persona trabajadora tiene.

Para la Corte, si el monto máximo de las pensiones se calculará en salarios mínimos, entonces el salario de cotización también debía ser así, “lo cual se traduciría en un incremento a las cuotas” obreras y patronales. Eso, “lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación”.

Esta decisión tiene que ver sólo con el cálculo de las pensiones que están bajo la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), no implica cambios para las del sector privado amparadas por la Ley del Seguro Social, cuyo tope sigue teniendo como referencia el salario mínimo precisamente por decisión de la Corte en septiembre de 2019.

Además, los ministros aclararon que esta medida no afectará a los jubilados y pensionados que ya recibían un pago basado en el tope de 10 salarios mínimos, y no con base en la UMA, pues «se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente».

Fallo violatorio a derechos humanos

En febrero pasado la Segunda Sala d ela SCJN discutió una contradicción de tesis de dos tribunales. La postura de uno era que el tope debía ser con base en la UMA, y la del otro, que esta medida no era inaplicable. En aquella sesión la Corte resolvió el tema, pero fue hasta el 19 de mayo que esa misma sala aprobó la jurisprudencia y este 25 de junio la publicó en el semanario.

Esta decisión “es violatoria de los derechos humanos”, señala entrevista María Ascensión Morales, especialista en derecho del trabajo y en seguridad social. Viola también el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y va en sentido contrario a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las pensiones deben tener como referencia el salario.

Lo que aprobó la Corte respalda lo que en los hechos ha sucedido hace varios años, lamenta la abogada laboralista Kareli Gante, pues las pensiones se han estado calculando en UMA. “Este sector, el de los trabajadores al servicio del Estado, ha sido uno de los más golpeados en cuanto a derechos laborales se refiere”.

En la exposición de motivos de la reforma constitucional que creó la UMA “se señaló que el salario seguiría aplicándose a la seguridad social”, recuerda María Ascensión Morales, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Pero hizo falta que eso quedara asentado en la legislación, no sólo en la argumentación”.

Aun así, la Constitución señala que cuando el asunto sea ajeno a la naturaleza del salario mínimo es cuando se aplica la UMA. Y las pensiones no son asunto ajeno. En 2019 la CIDH atrajo por primera vez un caso en materia de pensiones. En la sentencia, favorable al pensionado, “indicó que la pensión es un salario diferido. No dice una unidad, o cualquier otra cosa”, agrega.

“De qué sirve que el salario mínimo aumente si eso no va a impactar en las pensiones” de quienes trabajaron por años y, que en el momento más vulnerable de su vida, la vejez, recibirán el monto más bajo, cuestiona.

En la presente legislatura la Cámara de Diputados envió a la congeladora una iniciativa para proteger las pensiones de las UMA’s. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Mary Carmen Bernal Martínez, propuso establecer explícitamente que las pensiones se calcularán en salarios mínimos y no en Unidad de Medida y Actualización (UMA), como lo decidió la SCJN.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

SCJN reitera: Pensiones de burócratas se calcularán en UMAs, no en salarios mínimos

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación cerró el tema sobre el cálculo de las pensiones de quienes laboran para el Estado e hizo oficial la jurisprudencia con la cual define que el tope de estos pagos se cuantificará con base en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cuyo valor es de 89.62 pesos diarios (2,724.45 pesos mensuales), y no en el salario mínimo general, definido actualmente en 141.70 pesos (4,307.68 pesos mensuales).

El criterio jurídico, que ahora es obligatorio en los tribunales que reciban demandas, se publicó en la edición de este viernes 25 del Semanario Judicial de la Federación. Señala que el monto máximo de la pensión jubilatoria, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe cuantificarse en UMA, tal como ya lo había determinado la Segunda Sala el pasado 17 de febrero.

En la justificación del fallo, el máximo tribunal recuerda que el Congreso creó la UMA en 2016 “con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo”. Desde entonces, el pago multas, obligaciones mercantiles y asuntos administrativos se calculan en esa unidad. Es decir, nada que tenga que ver con lo laboral.

Y si bien reconoce que la pensión jubilatoria es un derecho de seguridad social que deriva de un vínculo laboral, el cálculo de la pensión “corresponde a la materia administrativa y no a la laboral”.

La conclusión, sostiene, va acorde con la intención que tuvo el Congreso al crear la UMA: que el salario mínimo cumpla con su función constitucional de ser el derecho que toda persona trabajadora tiene.

Para la Corte, si el monto máximo de las pensiones se calculará en salarios mínimos, entonces el salario de cotización también debía ser así, “lo cual se traduciría en un incremento a las cuotas” obreras y patronales. Eso, “lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación”.

Esta decisión tiene que ver sólo con el cálculo de las pensiones que están bajo la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), no implica cambios para las del sector privado amparadas por la Ley del Seguro Social, cuyo tope sigue teniendo como referencia el salario mínimo precisamente por decisión de la Corte en septiembre de 2019.

Además, los ministros aclararon que esta medida no afectará a los jubilados y pensionados que ya recibían un pago basado en el tope de 10 salarios mínimos, y no con base en la UMA, pues «se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente».

Fallo violatorio a derechos humanos

En febrero pasado la Segunda Sala d ela SCJN discutió una contradicción de tesis de dos tribunales. La postura de uno era que el tope debía ser con base en la UMA, y la del otro, que esta medida no era inaplicable. En aquella sesión la Corte resolvió el tema, pero fue hasta el 19 de mayo que esa misma sala aprobó la jurisprudencia y este 25 de junio la publicó en el semanario.

Esta decisión “es violatoria de los derechos humanos”, señala entrevista María Ascensión Morales, especialista en derecho del trabajo y en seguridad social. Viola también el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y va en sentido contrario a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las pensiones deben tener como referencia el salario.

Lo que aprobó la Corte respalda lo que en los hechos ha sucedido hace varios años, lamenta la abogada laboralista Kareli Gante, pues las pensiones se han estado calculando en UMA. “Este sector, el de los trabajadores al servicio del Estado, ha sido uno de los más golpeados en cuanto a derechos laborales se refiere”.

En la exposición de motivos de la reforma constitucional que creó la UMA “se señaló que el salario seguiría aplicándose a la seguridad social”, recuerda María Ascensión Morales, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Pero hizo falta que eso quedara asentado en la legislación, no sólo en la argumentación”.

Aun así, la Constitución señala que cuando el asunto sea ajeno a la naturaleza del salario mínimo es cuando se aplica la UMA. Y las pensiones no son asunto ajeno. En 2019 la CIDH atrajo por primera vez un caso en materia de pensiones. En la sentencia, favorable al pensionado, “indicó que la pensión es un salario diferido. No dice una unidad, o cualquier otra cosa”, agrega.

“De qué sirve que el salario mínimo aumente si eso no va a impactar en las pensiones” de quienes trabajaron por años y, que en el momento más vulnerable de su vida, la vejez, recibirán el monto más bajo, cuestiona.

En la presente legislatura la Cámara de Diputados envió a la congeladora una iniciativa para proteger las pensiones de las UMA’s. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Mary Carmen Bernal Martínez, propuso establecer explícitamente que las pensiones se calcularán en salarios mínimos y no en Unidad de Medida y Actualización (UMA), como lo decidió la SCJN.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA