Dan banderazo a la última etapa de la reforma laboral

Ante representantes de las viejas centrales obreras, las autoridades laborales pusieron en marcha la última etapa de la reforma laboral, que deja en el Poder judicial la resolución de los conflictos obrero-patronales, y a la cual se han invertido 13 mil 500 millones de pesos para la creación de instituciones locales y federales de justicia.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aseguró que con este sistema se dice adiós al coyotaje, a la industria del litigio, a los contratos de protección y a los juicios interminables en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA).

El propósito es impulsar la conciliación como pieza clave del modelo para resolver los conflictos mediante acuerdos, sin la necesidad de juicios laborales. Desde ayer, todas las JCA, federales y locales, dejaron de recibir nuevos juicios y deberán desahogar los expedientes en rezago.

En el nuevo modelo de justicia laboral, los casos se resuelven por la vía de la conciliación en menos de 45 días y en los tribunales tardan seis meses, afirmó la Secretaría del Trabajo en el acto de arranque de la tercera fase de la reforma, realizado en la SEP.

Desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 se han instalado 151 centros de conciliación, 44 federales y 109 locales a cargo de 802 conciliadores.

La dependencia indicó que también culmina la instalación de 148 sedes de tribunales laborales, de los cuales 41 son federales y 107 locales, que están a cargo de 317 juezas y jueces seleccionados mediante concursos públicos.

En 2021, las instituciones del nuevo modelo de justicia recuperaron 16 mil 712 millones de pesos, aseguró la STPS.

En su participación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que el nuevo modelo de justicia laboral estará vigente en todo el territorio mexicano en 41 ciudades, con 125 juezas y jueces de distrito especializados en materia de trabajo y mil 795 operadores.

Afirmó que, desde ayer, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, tiene plena jurisdicción sobre los conflictos colectivos federales que se susciten en toda la República Mexicana.

Frente al sector patronal, titulares del trabajo estatales y magistrados, así como el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Pedro Américo Furtado, el titular del Centro Federal de Conciliación, Alfredo Domínguez Marrufo, aseguró que con la reforma laboral se dice adiós a los contratos de protección y a la simulación en los procedimientos de negociación colectiva. Fue notoria la ausencia de representantes de sindicatos independientes.

Despidámonos del corporativismo y de los sindicatos de papel y abramos espacio a los sindicatos representativos, hagamos lo conducente para hacer efectivo el adiós a la opacidad y manejo abusivo de las cuotas sindicales y lograr darle la bienvenida a la transparencia y a la rendición de cuentas en todas las organizaciones sindicales, expresó en presencia de los dirigentes del sindicato petrolero, Ricardo Aldana; de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Abel Domínguez; de los electricistas, Martín Esparza, y de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien suma 46 años al frente de su sindicato.

En la tercera y última etapa de la reforma laboral se suman la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, así como Baja California Sur y Guerrero a nivel local.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Las resoluciones de la SCJN limitan el derecho a la información: bibliotecarios

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC) y el Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB) manifestaron su inconformidad contra las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a dos amparos promovidos por las editoriales, debido a que han sido “malinterpretadas” y “limitan el ejercicio del derecho de acceso a la información y la cultura”.

Los representantes de ambas instancias informaron que ante dichas medidas se retomará el Foro Nacional de Armonización Legislativa Bibliotecaria, cuyo desarrollo será el próximo 13 y 14 de julio en formato virtual.

La finalidad de esta actividad es “analizar cada tema con expertos, investigadores, legisladores, editores, bibliotecarios, entre otros, con el propósito de construir propuestas claras, congruentes y, sobre todo, legales en beneficio de los usuarios de las bibliotecas, aunado a que se permita la divulgación y consulta del patrimonio bibliográfico nacional”, señala el comunicado difundido el 1° de julio en el sitio web https://bit.ly/3RbOUqu

Como bibliotecarios, añade el boletín, “reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la protección de los derechos de autor y con nuestra función social para hacer posible el libre acceso al conocimiento y a las fuentes culturales existentes en las bibliotecas para todos los mexicanos”.

La AMBAC y el CNB reconocieron que las decisiones de la Corte, emitidas en respuesta a los amparos 132/2022 y 164/2022, tienen implicaciones “para las bibliotecas depositarias” en lo particular y para la “sociedad mexicana” en lo general, ya que se pueden interpretar como una limitación al ejercicio del derecho de acceso a la información y a la cultura.

Consideramos que las bibliotecas depositarias deben establecer con transparencia las políticas planteadas en el artículo 38 de la Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA), que, además, puntualizan las limitaciones a los derechos patrimoniales en términos de que las obras literarias y artísticas (ya divulgadas) “podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra.

“Para sustentar nuestras afirmaciones, identificamos que el artículo 35 de la Ley General de Bibliotecas (LGB), en vigor desde el 1º de junio de 2021, declara que las instituciones depositarias reconocidas son la Biblioteca de México, la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca del Congreso de la Unión.

“Este apartado indica que, en el caso de las obras publicadas en formato electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.”

El artículo 38 de la LGB establece que cada uno de los repositorios del depósito legal establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, con base en las disposiciones aplicables.

El documento, firmado por María Guadalupe Vega Díaz y Gerardo Zavala Sánchez, presidentes de la AMBAC y el CNB, respectivamente, recalca que la LGB (vigente) tiene como propósito fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.

“Con el propósito de servir a nuestro país, proponemos trabajar en la elaboración de las políticas de información y reglamentos que integren el desarrollo humano y social, así como los criterios, tiempos, excepciones o límites, en correspondencia con los derechos humanos en beneficio del derecho de autor con la debida protección y fomento del acceso al conocimiento y la cultura”, concluye el boletín.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Logra amparo Centro de Investigación Sutcicese

“El Sindicato Unificado de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Sutcicese) logró obtener su amparo frente a la pretendida intención de la juez Karime Pérez Guzmán, del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos concede en la Ciudad de México, en pretender desconocer su Contrato Colectivo de Trabajo, el derecho de emplazamiento a huelga de los trabajadores y su naturaleza de creación del sindicato del centro de investigación como Apartado A”, así lo declaró en exclusiva el secretario general, Saúl Rodríguez Vélez.

Ante la modificación del año pasado de la Jurisprudencia 1/96 por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual protegía a los sindicatos de los centros públicos de investigación en poder negociar el Contrato Colectivo de los Trabajadores, su derecho a emplazamiento a huelga e incluso la libertad sindical, se prometió entonces en pleno por parte de los ministros de la Corte que no sería retroactivo dicha resolución y menos que pretendiera con ello afectar los derechos y conquistas laborales obtenidas por años por los trabajadores del sector de Ciencia y Tecnología; sin embargo, las cosas no han sido así, pues es el caso de la juez Karime Pérez, que ha pretendido en varias ocasiones con diferentes sindicatos aplicar la nueva jurisprudencia 10/21 retroactivamente, y con ello desconocer los derechos de los sindicatos de los centros de investigación constituidos en el Apartado A por trabajadores Investigadores, Técnicos y Administrativos y desconocer su derecho de la realización de negociación de los Contratos Colectivos de Trabajadores ante las autoridades.

“Nuestro centro de investigación su decreto de creación fue en 1973, y si nace en el Apartado B, el cual se reestructura y se abroga el decreto de su creación en el año 2000. En esta abrogación ya no aparece en el Apartado B, luego entonces viene la creación del sindicato en el 2002 y nuestra toma de nota que regiremos nuestra relación laboral en el Apartado A. Pero la Juez Karime, quiso tomar criterios retroactivos basándose solamente en el decreto de creación del año de 1973, sin considerar que el Centro de Investigación ya había sido reestructurado”, así lo dijo Saúl Rodríguez, líder sindical”.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

AMLO anuncia que los diálogos con empresas de autoabasto eléctrico están por iniciar

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que están por iniciar diálogos entre funcionarios y empresas de autoabasto de energía, afectadas por la reforma al sector eléctrico impulsada por su gobierno.

Las compañías son algunas de las afectadas por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este mes avaló cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, incluidos en un proyecto aprobado el año pasado en el Congreso e impulsado por el partido oficialista Morena, para dar mayor control al Estado sobre el sector.

En su habitual conferencia mañanera, el mandatario dijo que en las próximas horas serán convocadas las empresas a las conversaciones, lideradas por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

México | SCJN planea analizar al constitucionalidad del Panaut el 25 de abril

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el lunes 25 de abril, el pleno analizará el proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que propone invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) creado por el actual gobierno federal y que se encuentra suspendido desde el año pasado.

Durante su conferencia de prensa mensual este miércoles, el ministro Zaldívar resaltó que se trata de un tema importante.

El proyecto de la ministra Piña establece que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vulnera derechos al ordenar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que obtendrá, recopilará, almacenará, registrará y conservará los datos personales, que en su conjunto dan una radiografía de la vida privada de las personas.

“Dado el fuerte impacto que el Panaut genera en los derechos humanos a la privacidad y protección de los datos personales, y dado que también se afectan los datos sensibles de los usuarios de telefonía móvil, debe concluirse que la emisión del decreto impugnado requería de una evaluación de impacto en la protección de datos personales en términos de la referida Ley General, la cual de las constancias que integran este expediente no se advierte que haya existido. No haber cumplido con esta exigencia somete a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales a un riesgo que no puede ser avalado a la luz de los artículos 6 y 16 de la Constitución General”, menciona el proyecto.

El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña versa sobre la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas por separado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y diversos senadores de oposición.

“Los preceptos combatidos exigen el tratamiento de los datos personales, incluidos datos sensibles, lo cual, por sí mismo, es violatorio del derecho a la protección de los datos personales y del derecho a la privacidad e intimidad de las personas, pues se vacía de forma absoluta su contenido, al exponer, sin limitación ni justificación legítima, datos personales que se refieren a todas las personas, a sus atributos y a su identidad”, refiere.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

AMLO celebra aprobación del litio y la resolución de la Corte sobre ley de la industria eléctrica

Después de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley minera en fast track, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la mañana de este martes que está “muy contento con lo del litio”.

Dijo que sabe que se requiere de tecnología para su extracción, como en el caso del petróleo, pero que “el litio es nuestro”.

También expresó que estuvo “muy bien” la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el lunes al desestimar la controversia constitucional en contra de la Ley de la industria eléctrica.

“Pensaron que bloqueando la reforma constitucional, ya con eso estaba resuelto”, dijo sobre la oposición y el freno a la iniciativa de la reforma eléctrica.

Después criticó que la oposición ha insistido en señalar que la Corte no contó bien los votos en la decisión de la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado en contra de Ley de la industria eléctrica y que el diario Reforma ha difundido que no se notaron bien los votos de la decisión del 11 de abril.

“Está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí. No les gustó la decisión de la Corte y tampoco la de ayer, de la Corte. Fue muy buena porque el llamado instituto de la competencia es un organismo de las corporaciones, no defiende al pueblo de México”, dijo el presidente.

Celebró la decisión de la Corte de este lunes, donde por seis votos a cinco determinó que la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene facultad para decidir sobre asuntos que corresponden a la Comisión de Energéticos “Eso también estuvo muy bien”, expresó.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN

Analizará la Corte límite laboral de ex funcionarios

La ministra Norma Lucía Piña propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la prohibición para que ex servidores públicos que se desempeñaron en mandos superiores puedan trabajar para empresas que regularon, vigilaron o supervisaron desde sus cargos al menos por 10 años.

Este proyecto se discutirá el 4 de abril en el pleno. Se trata de la acción de inconstitucionalidad 139/2019 promovida por senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Piña plantea la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 24 de la norma impugnada, el cual señala: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.”

Indica que una prohibición tan prolongada no es compatible con el derecho al trabajo, pues si bien la medida puede justificarse, el periodo es desproporcionado, viola el principio de taxatividad y por tanto es inconstitucional.

“La intensidad de la restricción al derecho al trabajo no es proporcional al grado de realización que cabe esperar del fin perseguido por la norma, ya que si bien es necesaria puede lograr la finalidad afectando con menor intensidad el derecho fundamental, esto es, una prohibición vigente durante un menor tiempo para proteger esa finalidad.”

Se requere una mayoría calificada de ocho votos para que la SCJN declare inconstitucional esta medida.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Tv Azteca consigue amparo contra adeudo por dos mil millones de pesos con el SAT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la empresa TV Azteca para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revise de nueva cuenta un adeudo que la televisora tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de dos mil millones de pesos (mmdp).

Así lo resolvió por unanimidad de votos la Segunda Sala del Máximo Tribunal al votar a favor de un proyecto elaborado por el ministro Jaime Laynez Potisek, que preveía amparar y proteger a la empresa de Ricardo Salinas Pliego para que se vuelva a analizar su adeudo por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Desde el 1 de abril de 2016, la autoridad fiscal federal emitió una resolución determinante en la cual estableció que TV Azteca tenía un crédito fiscal a su cargo por la suma de dos mil 447 millones 748 mil 540.35 pesos por “concepto de contribuciones omitidas del impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas, respecto al ejercicio fiscal del 2009”.

Luego de luchar por el caso ante juzgados y tribunales del país, la televisora determinó interponer un recurso de revisión que fue aceptado por la SCJN, que el día de hoy le dio la razón a TV Azteca en el sentido que “la autoridad fiscal está obligada a informar al representante legal y a los órganos de administración de la empresa sobre los hechos y omisiones que se conozcan”, cosa que no hizo.

Sin embargo, este no es un caso aislado. Ya el 19 de enero la Corte desechó un amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de dos mil 663 millones 428 mil 880.12 pesos correspondientes al ISR del ejercicio 2006.

Al respecto, Elektra consideró que la justicia le fue negada, debido a que la mayoría de los ministros de la Sala se negaron a estudiar de fondo el asunto, por lo que informó que recurrirían a las instancias internacionales para impugnar la resolución de la Sala.

Otro caso en revisión de la Corte es la solicitud que Elektra le hizo en diciembre de 2021 sobre la posibilidad de que el Máximo Tribunal estudie sobre la situación de un crédito por 18 mil 455 millones de pesos, el más cuantioso hasta el momento, mismo que incluso el propio TFJA ya confirmó desde octubre de 2020.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

El presidente de la Suprema Corte de México denuncia que Calderón encubrió la investigación del trágico incendio que mató a 49 niños en una guardería

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Saldívar, denunció presiones por parte del expresidente Felipe Calderón para que la muerte de 49 niños ocurrida durante el incendio de una guardería quedara impune, ya que afectaba a la familia de su esposa, la actual diputada Margarita Zavala, y a otros políticos.

«Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno. [Calderón] hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral (…) es una hipocresía», acusó el magistrado durante la presentación de su libro ’10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial’.

Las declaraciones de Saldívar reviven una de las tragedias que marcaron al sexenio de Calderón (2006-2012) y que desató una mayor conmoción nacional e internacional. El 5 de junio de 2009, la Guardería ABC, ubicada en el norteño estado de Sonora, se incendió y dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 100 heridos. Tenían entre cinco meses y cinco años de edad.

En ese momento, la Corte investigó el caso y lo remitió a Saldívar, quien llevaba apenas dos meses como ministro. Su dictamen denunció la responsabilidad de funcionarios que estaban a cargo de la operación de guarderías y a los que les imputó violaciones a los derechos humanos, pero fue rechazado por mayoría de votos.

Tuvieron que pasar siete años para que, gracias a la presión social, se condenara a 22 implicados, ninguno de ellos funcionario de primer nivel. El juicio se llevó a cabo en 2016, cuando Calderón ya estaba fuera del poder, lo que demuestra que las presiones que denunció Saldívar funcionaron porque el caso se mantuvo impune durante sus tres últimos años de Gobierno (2009-2012).

Una de las principales acusadas era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama, quien encabezaba la sociedad anónima que manejaba la guardería, la cual ni siquiera contaba con alarmas contra incendio ni extintores, pero fue absuelta de manera anticipada.

Desde entonces, la diputada Zavala ha negado cualquier intervención de su esposo y de ella misma para proteger a su prima. Así lo reiteró al responder a las acusaciones de Saldívar, que han generado una nueva polémica porque abren la posibilidad de imputarlos a ella y a Calderón.

Miente Zaldívar, miente @ArturoZaldivarL Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le “ocurrió” “contarles una historia” y dijo muchas mentiras Abro hilo— Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

Un relato sobre el dolor

Saldívar ingresó a la Corte como ministro en 2009, justo el año de la tragedia, y una década más tarde fue elegido como presidente.

«Quizá el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro fue el de la guardería ABC», reconoció durante la presentación de su libro.

También advirtió que el caso pasó de inmediato a la Corte porque en ese momento supuestamente tenía facultades de investigación de violaciones de derechos fundamentales, pero en realidad nunca habían servido para nada, lo que tranquilizaba a Calderón y a sus funcionarios.

Además, el clima interno no era favorable en absoluto, ya que la mayoría de los ministros que en ese momento integraban el máximo órgano de justicia operaban a favor del presidente.

«Pensaron que yo iba a convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y de su Gobierno. Nunca esperaron que yo presentara un proyecto como el que presenté», dijo al recordar el fallo en el que imputaba responsabilidades al más alto nivel.

Cuando lo designaron para encabezar la investigación, señaló, lo primero que hizo fue buscar a los padres y madres de los niños fallecidos y lesionados porque hasta entonces ninguna autoridad los había recibido.

«Un día en la Corte estuve presente en una reunión que yo nunca pensé (…) se respiraba el mayor dolor que he sentido en mi vida de alguien ajeno. Las mamás y los papás se fueron presentado uno a uno, una a una, diciéndome el nombre de su niño o niña o si estaba lesionado o había fallecido», explicó.

Las mujeres, agregó, se sentían culpables por haber dejado a sus hijos en la guardería porque trabajaban fuera del hogar, y se responsabilizaban de su muerte.

«Un papá me narró cómo durante un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado hasta que a la una de la mañana la encontró en un hospital, la encontró con su ropita y cuando tocaba su piel se rompía y se despegaba», rememoró.

Las presiones de Calderón

En esa reunión, los familiares de la víctimas le contaron que el Gobierno no había permitido que salieran aviones a Sacramento, una ciudad ubicada en California (EE.UU), en donde un hospital los esperaba para poder curar a los bebés y niños heridos.

«[Calderón] no quería que se hiciera más grande el escándalo, ni mayor alharaca con este tema. Me contaron cómo los directivos del IMSS habían alterado los expedientes médicos para no pagar lo que tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y escucharlos, me comprometí a que defendería los derechos de sus niñas y niños», afirmó.

Saldívar aseguró que todavía no entiende cómo pudo aguantar las lágrimas. Luego del encuentro, les dijo a sus secretario que no daría ni un paso atrás porque el caso era una infamia que no iba a convalidar.

Una vez que tuvo el dictamen en el que denunciaba violaciones a los derechos humanos, por «lealtad institucional» le avisó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta.

«Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Según mi secretaria particular, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a los gritos. En un momento me dice: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’. Le dije: ‘dile al presidente que postuló a un ministro, no designó a un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’. Ahí terminó la plática», contó.

Por la noche de ese día, firmó dos ejemplares del proyecto y le pidió a su secretaria que los guardara bajo llave, y que si a las 8:30 del día siguiente él no estaba, los diera a conocer a la prensa.

«Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte», dijo al detallar el peso de la presión política que también se reflejó en los medios, que pasaron de celebrar a criticar el dictamen.

«Se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí. Empezaron a pegar, pegar y pegar. Los pasillos de la Corte estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Ahí estaban los secretarios de Estado (…) el gobierno prácticamente tomó la Corte (…) recibí varias amenazas veladas de compañeros ministros, advertencias de diferente tipo«, denunció.

Al final, la mayoría de los ministros votó en contra, como quería Calderón, salvo la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, expresidente de la Corte que dejó el órgano en 2014.

«Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y mamás, con una carencia de sensibilidad y humanidad ahí están las grabaciones, debatí prácticamente solo. Hoy puedo decir con orgullo que ganaron la votación, pero no ganaron el debate, ni ganaron el juicio de la historia«, afirmó al recordar que después de 13 años, este crimen está vigente en la memoria social.

CON INFORMACIÓN VÍA RT-NOVOSTI

La Corte revisará criterios para informar y opinar en radio y tv

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad de la obligación impuesta a los concesionarios de radio y televisión para que hagan una diferencia clara entre sus contenidos informativos y los de opinión, anunció su presidente, Arturo Zaldívar.

El mes pasado, la primera sala del máximo tribunal otorgó un amparo al señalar que fue inconstitucional haber eliminado la obligación de distinguir entre ambos tipos de mensajes con las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de octubre de 2017.

El argumento para esta decisión es que el cambio significó un retroceso en los derechos de las audiencias, lo cual violó el principio de progresividad.

Sin embargo, Zaldívar indicó que el fallo se refirió sólo a un amparo, y que el pleno de ministros tiene pendiente resolver las acciones de inconstitucionalidad 150 y 153/2017, promovidas por diputados de oposición y por el PRD, en cuya resolución la Corte dictará la tesis definitiva sobre este tema a mas tardar en marzo próximo.

“El pleno podrá ratificar, corregir o revocar, no revocar exactamente, sino tomar un criterio distinto al que tomó la primera sala y en esa sesión ustedes escucharán lo que yo pienso de la decisión que tomó”, dijo el ministro presidente en conferencia de prensa la semana pasada.

No obstante, Zaldívar adelantó que considera complicado que los medios de comunicación electrónicos puedan hacer una diferencia clara entre sus contenidos y también habrá que analizar si es constitucional imponer esta obligación sólo a la radio y a la televisión.

“Tiene que ver también con la libertad de expresión, porque además coloca en una desventaja a otros medios, por ejemplo, las redes sociales no tienen este tema, los medios impresos tampoco, pero la radio y la televisión sí, ¿Hasta dónde llega la opinión, hasta dónde llega la información? ¿Hasta qué punto la información puede ser absolutamente objetiva?”

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA