Con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, reformas al artículo Quinto Transitorio constitucional, que permitirá al Ejército y a la Marina, participar en labores de seguridad pública para coadyuvar a combatir la delincuencia en el país.

Con nueve votos de diferencia y por mayoría calificada, Morena, PT, PVEM, y el apoyo de algunos diputados del PRI y del PRD, se aprobó el dictamen que permitirá la estancia en las calles del Ejército y la Marina en labores de apoyo a la Guardia Nacional y a las policías estatales y municipales, en temas de seguridad.

El dictamen pasa a los estados de la república para su análisis y posible aprobación en 16 congresos locales, mismos que deberán aprobar este artículo Quinto Transitorio constitucional, para que pueda ser promulgado por el Ejecutivo federal.

Con ello, el Ejército y la Marina permanecerá hasta el 2028 en apoyo a las tareas de seguridad pública y en la lucha contra del crimen organizado, así como para continuar con el apoyo a la Guardia Nacional para su capacitación, y a las policías estatales y municipales.

El documento se aprobó tal y como lo envió el Senado de la República y que modificó en su totalidad la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre, por haber presentado la iniciativa que hoy se aprobó, fue premiada con el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango.

El dictamen reforma el Artículo Quinto Transitorio, del decreto por el que se reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Entre las modificaciones está que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución.

Asimismo, se enfatiza que en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

También, el Ejecutivo federal presentará en el Congreso de la Unión informe semestral sobre la disposición del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y proporcionará los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos, así como debe corroborar el respeto a los derechos humanos, a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.

También estipula que en un plazo de no más de 60 días, contando a partir de la entrada en vigor del decreto, y hasta 2028, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámara del Congreso de la Unión, para el análisis y dictamen de los informes que entregará el Ejecutivo.

Para la emisión del dictamen semestral, la comisión convocará, si así lo requiere, a los titulares de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina, para que informen ante el Congreso de la Unión sobre las acciones y resultados.

Dicho dictamen deberá evaluar el trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y señalará aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia de los uniformados en estas labores.

La comisión también remitirá al Senado y a la Cámara de Diputados los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación. Uno vez aprobados, serán enviados al Ejecutivo federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.

A partir de 2023, refiere el artículo modificado, que el Ejecutivo establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades y a municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Estos recursos se establecerán de forma separada e inidentificable respecto a cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos.

Los recursos no podrán ser inferiores en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerzas Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año; se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada estado según el INEGI y no podrán ser utilizados para otro fin, advierte.

De igual forma, el 25% de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Diputados ante el Pleno

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, posicionó el dictamen donde sostuvo que la situación actual solamente puede confrontarse en apoyo de la Guardia Nacional, de ahí que la estrategia del gobierno federal sea encargar a esta gran policía nacional esa tarea esencial que “hoy hace una pausa para regresar otra vez al gran esfuerzo de la profesionalización de las policías locales”.

Explicó que a finales del siglo pasado se planteó la profesionalización de las fuerzas armadas, al crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública que tenía como objetivos mejorar la coordinación institucional en esta materia y el fortalecimiento de las policías locales.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada por el Pleno.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, en su exposición mencionó que el debate está en si funciona o no la estrategia de seguridad que lleva cuatro años de este gobierno sin dar resultados, donde hay 130 mil muertos.

Las acciones fallidas se pueden resumir; primero, debilitar a las corporaciones policiacas civiles de gobiernos estatales y municipales eliminando los recursos; segundo, una hiperconcentración de funciones en las Fuerzas Armadas asignándole la administración de aduanas, la construcción de obras civiles, la operación de aeropuertos, la posibilidad ahora de tener una aerolínea a su cargo, ser distribuidores de medicinas, libros, vacunas, construcción de vías de comunicación y lo que se agregue de aquí al final del sexenio y tercero, desde 2019 se construyó un cascarón civil que se encargaría de la seguridad ciudadana.

Marco Aguilar Coronado, al fijar posicionamiento mencionó que queda claro que este dictamen es una enorme tomadura de pelo, desde la reforma constitucional del 2018, quedaron establecidas todas las condiciones, delimitación y vigilancia, que tendría la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública.

Por ello, dijo, se incluyeron en el transitorio los criterios de la Corte y de la Corte Interamericana, al enfatizar la excepcionalidad de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

“Están manipulando, engañando y siendo omisos en las definiciones de los criterios de la Corte, que están en el transitorio, no eran necesarias esas modificaciones que sólo sirven para justificar el cambio de opinión de distintos actores políticos y quizá les sirvan más para garantizar la impunidad”.

Carlos Iriarte Mercado del PRI, expresó a nombre que su partido, que los policías comprometidos, orgullosos de su responsabilidad, bien remunerados y con proyectos sólidos de vida y profesión, empujados por su vocación y respaldados por un sistema que los reconozca como piedra angular del Estado mexicano, serán siempre la mejor inversión del recurso público.

Indicó que esta es “la visión de un sistema de seguridad pública de responsabilidades compartidas, de un federalismo activo y comparativo, el federalismo de las concurrencias, el federalismo de la colaboración, el del entendimiento, el de la coordinación, el del federalismo que se entienda como vital para la construcción de México sólido. A ese federalismo seguiremos impulsando”.

El diputado Óscar Cantón Zetina, del partido Morena, mencionó que el debate no es coyuntural ni electoral; se trata de un tema álgido en la vida pública nacional y que pone en riesgo a las familias ante una violencia y delincuencia organizada sin precedentes. Dijo que se busca brindar tiempo y confianza a las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad pública hasta 2028 y lograr la consolidación de la Guardia Nacional.

Aplaudió la labor que las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional a favor de la seguridad y protección a las y los mexicanos, así como por defender la soberanía nacional; el desafío de la seguridad pública requiere de la unidad nacional. Afirmó que la reforma busca aprovechar la disciplina, adiestramiento y valores de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. “Millones de mexicanos quieren paz y justicia”.

Del PAN, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, destacó que el documento significa la derrota del poder civil frente al poder militar y por ello el despliegue de las Fuerzas Armadas debe ser con estricto apego a la Constitución Política y a los tratados internacionales de derechos humanos.

“Este Poder no ha sido capaz de vigilar y supervisar el uso que se hace de la Fuerza Armada; no se ha podido fortalecer a la Guardia Nacional y se ha renunciado al principio básico del mando civil”.

En tanto, Mariana Gómez del Campo Gurza, del mismo partido, señaló que en su grupo parlamentario está en contra del dictamen que militariza al país, porque se pretende aprobar una prórroga de la presencia militar en las calles sin que exista ningún análisis serio que lo justifique ni un diagnóstico acerca de lo que ha funcionado y no ha funcionado en materia de seguridad, ni que se haya presentado una estrategia integral encaminada a fortalecer a las policías locales.

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca, del partido Verde enfatizó que el dictamen se perfeccionó e incluye un fondo para fortalecer a las policías locales y se tendrá un marco legal de las Fuerzas Armadas que tienen que respetar los derechos humanos. También se fortalecen las facultades de la Comisión Bicameral para fiscalizar y llamar a cuentas a los titulares de Sedena, Marina y Guardia Nacional y supervisar la ejecución de los gastos que se destinen a seguridad pública.

El diputado Luis Arturo González Cruz (PVEM) destacó que se incluyeron una serie de modificaciones para fortalecer los mandos civiles y la rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas, “hasta en tanto alcancemos las condiciones necesarias y la Guardia Nacional pueda encargarse sin apoyo de nuestros soldados y marinos de la seguridad pública y así transitar a la pacificación de nuestro país”.

El petista Gerardo Fernández Noroña, comentó que se cuestiona que se destinen recursos para crear policías estatales profesionales, “pero mientras tuvieron el gobierno y los fondos no las hicieron en décadas; policías municipales bien preparadas, capacitadas y bien pagadas que no lo hicieron en décadas. Hay policías municipales que no tienen ni seguridad social”.

Salvador Caro Cabrera de MC resaltó que “este es un tema político, no técnico”. Afirmó que “la militarización es más muertos, más desparecidos, más delincuencia, más poder al narco, más violaciones a derechos humanos y más restricciones de nuestras libertades”.

En tanto, su compañera de bancada, Mirza Flores Gómez, indicó que no hay estrategia de seguridad pública que funcione en un Estado democrático si no es por la vía civil; por eso, dijo, su grupo parlamentario no apoyará esta reforma que busca prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO