Perfilan recorte al INE por $4 mil 475 millones en Presupuesto 2023

El proyecto de dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 plantea recortes por 6 mil 437 millones 533 mil 326 pesos, la mayor parte al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial, y reasigna esos recursos a programas sociales, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, atención de víctimas y refugios para mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.

El total del gasto federal se confirma en 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 11.6 por ciento respecto a lo aprobado el año pasado.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados está citada hoy a las 17:00 horas para discutir y votar el dictamen, con el objetivo de que se presente en el pleno el martes.

El proyecto, que fue distribuido a los legisladores, reduce al INE 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos, en comparación con la versión de PEF que presentó en septiembre la Secretaría de Hacienda, que incluía la petición del INE de 24 mil 696 millones de pesos. La reducción representa casi 70 por ciento del total de recortes contemplados.

De aprobarse el ajuste en el proyecto de dictamen, el órgano electoral contará para el año entrante con 20 mil 221 millones 367 mil 571 pesos, lo cual supera los 19 mil 736 millones de pesos aprobados en el PEF 2022.

El INE impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la partida de este año, con el argumento de que se comprometían sus facultades, principalmente para la organización de consultas populares.

El proyecto de dictamen para 2023 también plantea una reducción de mil 425 millones 136 mil 515 pesos al Poder Judicial, en comparación con la propuesta de Hacienda, la mayor parte al Consejo de la Judicatura Federal, al cual le recortan mil 286.5 millones de pesos.

Justificación cameral

En un documento interno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se explica que la reducción de recursos para el INE no afecta las labores esenciales del órgano y, en cambio, busca coadyuvar a obtener una estabilidad de las finanzas públicas.

Al argumentar los motivos del recorte al INE por 4 mil 475 millones de pesos, se afirma que no es factible para esta comisión advertir la necesidad que tiene dicho instituto de obtener los recursos solicitados. Añade que el INE no proporciona metodología ni estimaciones que permitan vincular la información objetiva de origen técnico con los montos a que hace referencia.

También, reprocha que el INE continúa sin reducir voluntariamente sus propuestas de presupuesto en los últimos ejercicios fiscales en comparación a otros organismos autónomos, lo que atenta contra los criterios constitucionales de administración de recursos federales.

Disminución a cámaras, TEPJF y entes autónomos

Al Poder Legislativo se le recortan 466.6 millones de pesos, de los cuales 204 millones son a la Cámara de Diputados y 140 millones al Senado.

A la Auditoría Superior de la Federación se le recortan 122 millones, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 35.2 millones, a la Comisión Federal de Competencia Económica 33.5 millones, al Instituto Federal de Telecomunicaciones 17.9 millones y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 18.6 millones de pesos.

En cambio, el proyecto reasigna los 6 mil 437 millones a programas sociales. Para las pensiones para adultos mayores se perfila una ampliación de 3 mil 841.9 millones de pesos, para las pensiones para personas con discapacidad se proyecta un incremento de 2 mil 500 millones, para la atención de víctimas van 40.1 millones y para el programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, 7.7 millones.

Otros programas que obtendrían una ampliación son el de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, con 19.5 millones; para promover la atención y prevenir la violencia contra las mujeres, 14.4 millones, y para el programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, 13.4 millones de pesos.

Los diputados federales también perfilan mantener los montos que se establecieron en la propuesta original de PEF 2023 para seguridad, salud y educación. Ante las reservas que anticiparon las bancadas de oposición, se prevé que su discusión en el pleno podría requerir al menos un par de días.

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Sindicatos exigen mayor presupuesto a educación media superior

Miles de integrantes de sindicatos de instituciones de educación media superior realizaron ayer una marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados, donde llevaron a cabo un mitin para exigir que se aumenten los fondos con los que contará el sector en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, así como que se respeten sus derechos laborales básicos.

En la movilización participaron empleados y docentes de instituciones como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), Telebachillerato Comunitario y Preparatorias Populares, quienes llegaron a la Ciudad de México provenientes de al menos 28 estados de la República.

Luego de una nutrida caminata desde la Plaza de la Constitución hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, exigieron ser recibidos por diputados de las comisiones de Educación y Presupuesto y Cuenta Pública, al tiempo que cerraron todos los accesos del inmueble y bloquearon la avenida Eduardo Molina por algunos minutos, para hacer presión y que el encuentro se llevara a cabo.

Durante el mitin frente a la Cámara de Diputados, los manifestantes subrayaron que han carecido de seguridad social desde hace cuatro décadas y exigieron que se les concedan peticiones como homologación, basificación y reconocimiento a la antigüedad.

“En días pasados salió de aquí el compromiso de que nos debían más de 3 mil millones de pesos. La Comisión de Presupuesto nos reconoce ese adeudo, y es lamentable que desde la Secretaría de Hacienda (SHCP) se niegue. Queremos iniciar una mesa donde se trate el tema de los 3 mil millones que nos adeudan a los subsistemas de educación media superior”, enfatizaron.

Fueron recibidos por un grupo de seis legisladores y, tras varias horas de diálogo, los dirigentes sindicales dieron a conocer una minuta de trabajo, firmada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Erasmo González Robledo y Flora Tania Cruz, respectivamente.

En el documento se asienta que los diputados “manifestaron su disposición y compromiso” a atender las demandas de los inconformes y propondrán la reasignación de 7 mil 90 millones de pesos, “que incluyen 3 mil 100 millones para educación media superior”.

González Robledo dijo que hace unos días “planteó la problemática a la SHCP” y anunció que propondrá el envío de 440 millones de pesos a los Cecyte; mil 826 al Conalep; 246 al Telebachillerato Comunitario; 550 al Colegio de Bachilleres y 120 al Instituto de Capacitación para el Trabajo.

De su lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, acordó recibir a una comitiva de los diferentes sindicatos este jueves.

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4 preguntas para Altán en su plan de vender Internet y telefonía al usuario final

Altán Redes, dirigida ahora por un alto exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, ha planteado su interés en vender servicios a usuarios finales, en mercados desatendidos y a través de una marca apropiada para ese negocio, una especie de “Altán Móvil”.

“Nosotros tenemos una obligación de desplegar la infraestructura en el país. Sin embargo, tenemos la limitación para hacer la comercialización de esta misma. Una flexibilidad en este sentido sería relevante porque en las zonas que no fueran comercialmente viable para muchos de los operadores móviles virtuales, nosotros podríamos hacerlo de forma directa; hacer llegar los servicios y los contenidos”, dijo recientemente Carlos Lerma, nuevo CEO de Altán Redes.

“Y si bien hoy existe una infraestructura desplegada, por cierto, bastante cara, ya está desplegada en esos sitios y bastante funcional (…) Yo sí veo allí algunas áreas de oportunidad en términos del marco regulatorio”, agregó el exjefe de la Oficina de Coordinación de la Oficina del secretario Rogelio Ramírez de la O.

Altán Redes es una empresa privada que tiene la concesión de la Red Compartida, un proyecto de telecomunicaciones público-privado y con 6 millones de usuarios que utilizan sus servicios de telefonía e Internet, y ahora es una empresa que se encuentra en concurso mercantil. Salir al mercado minorista podría ser una alternativa para allegarse de recursos que terminen con su déficit.

El anuncio de Altán y su director Carlos Lerma es polémico en sí, dado que la anterior directiva, surgida de la iniciativa privada, nunca hizo ese tipo de pronunciamientos y porque entrar al mercado minorista podría implicar vulneraciones al T-MEC, incumplimientos a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que mandata una explotación mayorista para el espectro de los 700 MHz que usa Altán en sus operaciones y porque también sería necesaria una adecuación al título de concesión de la compañía, además de que los competidores solicitarían que a contrapartida se les permita acceder a las frecuencias que explota Altán, si es que no se amparan contra ese plan. Y quizá, sería necesaria hasta una reforma constitucional.

Existen diversas dudas sobre por qué y cómo Altán podría  comenzar a vender telefonía e Internet directo al consumidor, existiendo ahora una nueva empresa, CFE Telecomunicaciones a Internet para Todos, que puede prestar servicios al consumidor final y en la que se podría apoyar; y luego, si esa otra compañía estaría obligada a abandonar los mercados donde ya ofrezca servicio ahora mismo, si en el corto plazo Altán llega allí con sus propias ofertas.

Expertos del sector presentaron cuatro preguntas básicas que la actual directiva de Altán Redes debería responderse a sí misma, si mantiene la intención de vender sus servicios directo a los mexicanos.

  1. ¿Desconoce el nuevo gobierno de Altán Redes que CFE Telecom puede legalmente vender servicios al menudeo donde no existen otros proveedores de servicio?
  2. ¿Prefiere la “nueva” Altán vender directamente servicios y con ello arrojarse a crear puntos de venta, fuerza de venta, personal de servicio al cliente, abogados para revisar sus contratos de prestación de servicio con Profeco, entre otros, y además mantener su inversión al despliegue de cobertura estando todavía en una situación financiera complicada?
  3. ¿Comprendería Altán que su ingreso al negocio celular minorista implicaría reformas constitucionales y vulneraciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)?
  4. ¿Fue un comentario apresurado o un desliz el que Altán anunciara que buscará la manera de vender al menudeo a los consumidores finales?

Los analistas comentaron que Altán no ha presentado la evidencia que sustente sus planes de vender al menudeo, por lo que, por ahora, se advierte que habría distorsiones si consigue ir al usuario final.

María Elena Estavillo, directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro y excomisionada del IFT

“Altán ya puede ofrecer servicios minoristas en situaciones que se señalan. Así está concebido su modelo de negocios desde un inicio. Llama entonces la atención que lo solicite, como si no lo supiera. Y llama la atención que soliciten cambiar el título de concesión o la ley para dar servicios minoristas, porque la restricción está en la Constitución.

El modelo tan particular que tiene la Red Compartida es único, que recibió una serie de derechos que estaba justificado en que no compite directamente en los servicios minoristas con los concesionarios comerciales. Inclusive, el financiamiento que ha recibido de la banca de desarrollo también es congruente con esas circunstancias particulares.

Plantearse competir directamente con los concesionarios minoristas generaría distorsiones en el proceso de competencia, porque ha recibido apoyos y tiene condiciones distintas de competencia. En estas circunstancias, obtener la autorización para competir abiertamente con el resto de los concesionarios rompería el principio de neutralidad competitiva.

Este es un tema que está en todas las discusiones y tratados internacionales, relacionados con comercio, competencia e inversión”.

Víctor Medina, analista en la consultora Bee Geek

“Que Altán solicite mayor flexibilidad para comercialización de servicios de forma directa, representa un desconocimiento de las limitaciones que define la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su artículo 140 establece que cuando el IFT otorgue concesiones de uso comercial a entes públicos, aun y cuando se encuentren bajo un esquema de asociación público-privada, éstas tendrán carácter de red compartida mayorista de servicios de telecomunicaciones, por lo que no podrá ofrecer servicios a usuarios finales y sólo en el caso de que no existiera cobertura.

Altán se concibió como una compañía que atiende a aquellas compañías que deseaban ofrecer servicios como operadores móviles virtuales, pero pensar en ofrecer servicios directamente a los usuarios requiere de un cambio drástico y de una inversión todavía mayor para poder llegar al consumidor

Y este tipo de esfuerzos comerciales, además de requerir una gran inversión en infraestructura y procesos de atención a clientes como call centers y áreas de marketing, implica también no solo validar; por ejemplo, los dispositivos compatibles, sino también crear modelos de financiamiento de los mismos”.

Víctor Pavón Villamayor, de Oxford Competition Economics

“La nueva dirección de Altán Redes busca integrarse verticalmente para proveer servicios minoristas. Esta idea, sin embargo, parece desconocer la magnitud de la inversión que se requiere para tener presencia efectiva en ese segmento.

Tampoco parece existir un análisis de la capacidad que podría tener este proyecto en cuanto atraer demanda efectiva a su red. La integración vertical de Altán en el segmento minorista, no parece estar sustentada en un análisis económico financiero robusto de su viabilidad financiera».

Alejandro Mayagoitia, consultor en iexpertus y exdirector de Ansitel

“El señor Carlos Lerma desconoce el problema en el que se metió (…) ¿Vender directo? Primero que revele cuáles son esos lugares en donde está Altán y no está ninguno de los otros operadores. De esta manera, el pronunciamiento suena a un desliz y arrogancia de Altán”.

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Brecha laboral en México, 32% mayor que otras economías

La brecha de participación laboral entre mujeres y hombres en México es de 32 puntos porcentuales, mayor a la que tiene otras de las economías más grandes de América Latina, lo que limita el crecimiento del producto interno bruto (PIB), reconoció Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Recordó que mientras la participación laboral de los hombres en México alcanza el 75.6 por ciento, la de mujeres se encuentra en 43.6 por ciento, casi la mitad. Llevar esta última 60 por ciento sumaría un punto porcentual al crecimiento potencial del país.

Ramírez de la O recordó que de las 6 millones de empresas que hay en el país, un 26 por ciento es propiedad de mujeres; y sólo en los sectores de manufactura, comercio y servicios hay 1.6 millones de establecimientos con más de 100 empleados y que están presididos por una mujer.

“Estas cifras nos hablan del potencial que tienen las empresas lideradas por mujeres, para aprovechar los beneficios del T-MEC. Pero también ponen de manifiesto que aún falta camino por recorrer para eliminar las brechas de género en nuestro país”, reconoció el secretario de Hacienda, durante la presentación de Mujer Exporta MX 2022, una rueda de negocios virtual.

Una de las razones por las que Argentina, Colombia o Perú tienen considerablemente una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral comparado con México, se debe a la carga de cuidados que se agravó con la pandemia, explicó Ramírez de la O.

“De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las mujeres dedicaron, en promedio, cuatro horas más al mes, durante 2020, para el cuidado de niños, ancianos, enfermos o discapacitados”, detalló.

También hay una participación mínima en puestos de decisión. En México, las mujeres representan solo 9 por ciento de los miembros de consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa, por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de 27 por ciento.

Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, dijo que en las dos ediciones previas de Mujer Exporta MX participaron más de 500 mujeres de 31 estados y se lograron 4 millones de dólares en expectativas de negocios. En la edición 2022 se buscarán vínculos con Europa y América del Norte.

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Sistema Nacional de Cuidados, uno de los grandes pendientes con las mujeres

La implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, que ayudaría a que más mujeres se sumen a las filas del empleo formal, es uno de los grandes pendientes que tiene el gobierno con las mujeres.

Anteriormente, con Arturo Herrera aún al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se habló de la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados; sin embargo, se han observado pocos avances respecto al tema.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México, al cierre del 2021, de las 58.7 millones de personas consideradas como Población Económicamente Activa (PEA), 23.2 millones son mujeres, es decir, representan 39.5% del total.

En tanto, existen otras 28.7 millones de mujeres que se consideran dentro de la Población no Económicamente Activa, es decir, no participan en la actividad económica ni como ocupadas ni como desocupadas por diversas razones.

“Todo se ha quedado en palabras y narrativas, pero es muy necesario el sistema de cuidados. Las mujeres estamos en desventaja, participamos menos laboralmente y esto está muy asociado al rol de madres y de cuidadoras”, dijo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Explicó que generalmente los motivos por los cuales las mujeres no acceden al mercado laboral es por la tarea de cuidados, tanto de infantes como de personas con alguna enfermedad o de la tercera edad.

El que las mujeres no accedan a un trabajo remunerado y formal afecta otros aspectos de su bienestar social, señaló Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Por ejemplo, además de no tener ingresos o que éstos sean muy bajos, se quedan sin prestaciones sociales para acceder a vivienda o a servicios de salud. Asimismo quedan expuestas a no tener ingresos al llegar a la edad de retiro.

Costo al erario

De acuerdo con el análisis realizado por el Grupo para la Transición Hacendaria, de la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, considerando la implementación de un modelo de cuidados similar al de países desarrollados en América Latina, un Sistema Nacional de Cuidados en México requeriría una inversión entre 185,000 y 200,000 millones de pesos anuales.

El monto de la inversión en un sistema de cuidados sería mayor a lo que el gobierno destinó el año pasado por el estímulo fiscal al IEPS de gasolinas, que fue de 104,000 millones de pesos, una cifra que podría verse superada este año ante un panorama donde el precio de la mezcla mexicana del petróleo ha superado los 100 dólares por barril y el gobierno ha salido a implementar un estímulo fiscal complementario a las gasolinas.

Recientemente, un análisis de Bank of America Securities estimó que este año el gobierno dejará de obtener ingresos equivalentes a 1% del PIB por el estímulo fiscal al IEPS de gasolinas ya existente, y otro 1% por el estímulo complementario.

No obstante, la inversión sería menor al monto que se le otorgó este año a la Secretaría de Bienestar que sumó 296,748 millones de pesos.

Beneficios

“No sólo hay un problema de entrar al mercado laboral, sino también hay un problema de acceso de las mujeres en posiciones de liderazgo (…) Cuando las mujeres tienen hijos, su carrera se estanca y después pueden pasar dos cosas: reinician su carrera en posición de desventaja frente a los hombres, cuya carrera siguió avanzando, o puede ser que incluso ya no regresen al mercado laboral”, expuso el año pasado el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

En este sentido, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) expuso que un sistema de cuidados tendría efectos no sólo sobre quién cuida, sino también sobre quién es el receptor de cuidados y, de esta forma, se crean oportunidades de desarrollo y bienestar infantil, así como la generación de bienestar para otras personas que requieren cuidados.

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Slim pagó 28,000 millones de pesos en impuestos en México por la venta de TracFone en EU, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo esta mañana un desayuno con el empresario Carlos Slim Helú, dueño de distintas empresas y entre ellas del grupo de telecomunicaciones América Móvil, compañía que en 2020 vendió su filial TracFone a Verizon por 6,250 millones de dólares.

López Obrador dijo que la venta de esa telefónica móvil virtual a una compañía del tamaño de Verizon significó un beneficio de 28,000 millones de pesos en impuestos a favor de la Hacienda mexicana.

Ese desembolso de recursos de parte de América Móvil de Carlos Slim fue abonado el pasado 16 de diciembre, dijo el presidente López Obrador:

“Desayuné con Carlos Slim que, además de amigo y buen empresario, contribuye al desarrollo del país. Por ejemplo, América Móvil vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México, el 16 de diciembre, 28,000 millones de pesos a la Hacienda pública”, dijo el presidente.

Esta mañana, el presidente López Obrador concluyó apuradamente su conferencia matutina para desayunar con el empresario. 

“Me voy, tengo actividad; voy a desayunar con Carlos Slim. Voy bien”, adelantó López Obrador. 

La venta de TracFone obedeció a la propia dinámica del mercado estadounidense que tiene como escenario a un actor más robustecido en su escala nacional tras la reciente combinación de T-Mobile con Sprint y a un AT&T apurado en desplegar nuevas líneas de negocio basadas en tecnología 5G, que obligan a Verizon a elaborar un plan de negocios que también pasa por reforzarse en el prepago con TracFone, con la perspectiva de ofrecer servicios de valor agregado a ese segmento en el mediano plazo. 

El desayuno entre el presidente López Obrador y el empresario ocurre en momentos en que la empresa Claro TV, también propiedad de Carlos Slim, espera la autorización o negativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para comercializar servicios de televisión de paga en México.

Esa compañía, Claro TV, dijo que se encuentra en la disponibilidad de realizar inversiones adicionales para el despliegue de infraestructura de nueva generación y de echar mano de las redes de Telmex, Telcel o de Altán Redes, para crear productos de televisión de paga por satélite o por conexiones de banda ancha fija y móvil, a cambio de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorice su ingreso al negocio del video en México.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Gasto del sector público creció 5.6% en el tercer trimestre

El gasto total que ejerció el sector público, en el tercer trimestre del año, sumó alrededor de 4.7 billones de pesos, un crecimiento de 5.6% respecto al mismo periodo del año pasado, reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este es el mayor incremento que se observa en el gasto neto del sector público presupuestario, para un periodo similar, desde el 2014, cuando aumentó 8.3 por ciento.

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al tercer trimestre, se ejercieron 23,998 millones de pesos más a lo programado para el periodo. Los mayores recursos respecto a lo presupuestado se observaron en el gasto programable, destinado a proveer bienes y servicios públicos a la población a través de las dependencias de gobierno. En este rubro, se ejerció un gasto por 3.4 billones de pesos, 8.5% más que un año atrás y 102,243 millones de pesos más a lo programado.

“La fortaleza de los ingresos tributarios y los ahorros en el gasto no programable permitieron aumentar el gasto destinado a la protección social de la población y al desarrollo económico del país. Al cierre de septiembre, el gasto en protección social y salud fue de 933,700 millones y 456,000 millones de pesos, respectivamente, las cifras más altas desde el 2007”, destacó la dependencia.

En el desglose, se observó que las empresas productivas del estado –CFE y Pemex– presentaron el mayor incremento en su gasto, con una tasa de 17.9% anual, mientras que en los ramos administrativos el aumento fue de 14.3 por ciento.

Turismo y Energía gastan más

Al interior de los ramos administrativos, se observó que las dos secretarías que más incrementaron su gasto en el tercer trimestre del año, a tasa anual, fueron las de Turismo y Energía.

En el caso de la Secretaría de Turismo, ejerció un gasto de 24,841 millones de pesos, 272.9% más que el año pasado, aunque 1,925 millones de pesos por debajo de lo programado.

Este incremento se debió a un mayor gasto para la infraestructura del transporte masivo, mientras que el menor gasto a lo programado se debió a que se destinaron menos recursos a los proyectos de transporte masivo de pasajeros y para el fomento y promoción de la inversión en el sector.

En el caso de la Secretaría de Energía, el gasto fue de 169,830 millones de pesos, 218.5% más que en el mismo periodo del año pasado y sobrepasó a lo programado en 123,187 millones de pesos.

El mayor gasto a lo programado y el crecimiento en comparación anual se debió a las aportaciones patrimoniales del gobierno a Pemex para fortalecer la inversión de la Refinería Dos Bocas y su posición Financiera, de acuerdo con Hacienda.

Cae costo financiero

En el caso del gasto no programable, el cual considera los recursos para el cumplimiento de obligaciones, como el pago de deuda y el dinero que se transfiere a los estados y municipios, se ejercieron 709,733 millones de pesos, 2.0% más que el año pasado, pero con un subejercicio de 32,132 millones de pesos.

Dentro de éste, se observó que el costo financiero disminuyó 7.8%, mientras que las participaciones a los estados y municipios aumentaron 4.3% en comparación con el periodo de enero a septiembre del año pasado.

En el caso del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la deuda en su medida más amplia– se ubicó en 48.5% del PIB.

“Al cierre de septiembre, la deuda neta del Sector Público se situó en 12 billones 581,544 millones de pesos y el SHRFSP ascendió a 12 billones 640,863 millones de pesos. Esto es equivalente a 48.5% del PIB, nivel coherente con la reducción estimada de la deuda de 52.4% en el 2020 a 51.0% del PIB al cierre del 2021”, indicó la SHCP.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Comisiones del Senado aprueban la Miscelánea Fiscal, Ley de Ingresos y de Derechos

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segundo, aprobaron sin cambio alguno la minita enviada y aprobada por la Cámara de Diputados de la Miscelánea FiscalLey de Ingresos de la Federación y Ley de Derechos, misma que se envió al Pleno para la discusión mañana martes.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público en votación nominal aprobaron en lo general con 11 votos a favor y 7 en contra la Miscelánea Fiscal que incluye Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, así como la Ley Federal de Derechos y Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

También probaron la Ley Federal de Derechos fue aprobada por esta misma comisión por 11 a favor y 6 en contra; mientras, que la Ley de Ingresos de la Federación fue aprobada con 11 favor y 7 en contra.

Además, los integrantes de Estudios Legislativos, Segunda, en votación nominal en lo general aprobaron con 7 votos a favor y 4 en contra la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, así como la Ley Federal de Derechos y Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

En lo general los senadores de esta comisión votaron 7 a favor y 4 en contra, mientras que la Ley de Ingresos de la Federación fue aprobada con 11 a favor y 7 en contra. Mañana pasa al Pleno para su discusión.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

Inversión física de CFE cae a mínimo de cinco años

Mientras mediante la iniciativa de reforma constitucional el gobierno federal planea devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la rectoría de todas las actividades del sector eléctrico, la inversión física de la empresa estatal ha caído como proporción de su gasto real ejecutado entre enero y agosto de 11.2% en 2015 a únicamente 4.4%, porque ha invertido poco en nueva infraestructura ni en rehabilitaciones de la existente.

De acuerdo con el informe mensual que la Secretaría de Hacienda envía al Congreso sobre la situación financiera acumulada entre enero y agosto de cada año, en términos reales se han ejercido 315,357 millones de pesos como gasto programable de la empresa. Y de este presupuesto real de enero a agosto de 2021, únicamente se reportan 13,931 millones de pesos como inversión física, con lo que el restante 95.6% de lo ejercido corresponde a gasto corriente, administrativo y deuda. 

En contrapunto, el gasto en pensiones y jubilaciones ascendió durante el mismo período a 29,591 millones de pesos, lo que equivale a 9.4% del gasto programable de la empresa, proporción inferior a la del año pasado (10.1%), pero superior a lo observado en el 2017, 2018 y 2019 (9%, 8.4% y 8.7%, respectivamente.)

Cabe resaltar que este ejercicio presupuestario que sí se ha ejecutado en los primeros ocho meses del año ha sido de únicamente 66% de los 473,926 millones de pesos que se solicitaron en el presupuesto para todo el gasto anual de la empresa a lo largo del 2021. Pero en lo que respecta a inversión física, la erogación efectiva es de sólo 25% de los 54,477 millones solicitados para todo el año, con lo que faltan tres cuartas partes de las inversiones en inversión física por ejercerse este año en sólo cuatro meses.    

Así, los reportes de este año prevén subejercicios en el rubro de inversión productiva en la empresa, aunque para el próximo año se proyecta que la inversión física suba hasta 13.4% del gasto presupuestado para el 2022, que serían 68,073 millones de pesos en el rubro de estas inversiones en operación mientras que el presupuesto total de la CFE fue proyectado en 508,281 millones de pesos.  

Desde que inició la presente administración se han postergado los cuatro concursos para construcción de nueva infraestructura de generación eléctrica de la CFE, que la estatal ya localizó e incluso adelantó que contrataría a los tecnólogos para que éstos subcontraten al resto de los constructores únicamente de ciclos combinados a gas natural. Al arrancar este sexenio, canceló el concurso para la red de transmisión de corriente directa en alta tensión entre el Istmo de Tehuantepec y el centro del país, junto con la licitación para la construcción de una red similar de interconexión entre el sistema asilado de Baja California y el resto del país.  

Además, el gobierno federal canceló las subastas para que la estatal adquiriera nueva generación renovable construida por privados. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se plantea que exista la obligación de la CFE de generar el 54% de la energía que se distribuya en el país, aunque para ello deberá echar a andar diversas plantas que utilizan combustibles como el diésel, carbón y combustóleo, ya que hoy provee el 38% de la generación, porque con las reglas de despacho actuales, resulta energía más cara y no se utiliza.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Intereses ya superan el costo de la deuda del antiguo Fobaproa: SHCP

Tras más de 20 años los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que al día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras, que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que se socializaron en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos. Sólo para el próximo año exigirán un presupuesto similar al de la secretarías de Marina, o de Energía o Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto sólo para el pago de recargos y costos de administración.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que a julio de 2021 los requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –mecanismo a través del cual la deuda del sistema bancario se absorbió como obligaciones soberanas– sumaron un billón 21 mil 471 millones de pesos a precios actuales, un saldo por arriba de los 704 mil 918 que representaban en diciembre de 2000.

Los trabajadores y contribuyentes menores de 30 años tienen enfrente toda su vida laboral para pagar el saldo del rescate bancario, lacrado como deuda pública el 12 de diciembre de 1998, cuando muchos de ellos o no habían nacido o tenía menos de siete años. Tras simular debate, la mayoría del grupo parlamentario de Acción Nacional, partido en ese momento encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, respaldó al Revolucionario Institucional para endosar a las finanzas públicas el manejo de la banca en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado.

A julio de 2021, el saldo de los pasivos del IPAB, antes el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sumaron 975 mil 892 millones de pesos, a ellos se añaden 45 mil 579 millones de pesos por el programa de apoyo a deudores. Estas obligaciones son parte de la medida más amplia de la deuda pública, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y representan prácticamente la mitad del adeudo de Petróleos Mexicanos, una empresa todavía activa.

De manera simultánea, por el costo financiero del rescate bancario –es decir, los pagos por intereses y comisiones– se han entregado 764 mil 112 millones de pesos desde diciembre de 1995, recursos que al actualizarse al valor de julio de 2021 ascienden a un billón 499 mil 895 millones de pesos, 47 por ciento más que el saldo de los pasivos acumulados a la misma fecha.

Debido a los vencimientos de deuda, para el próximo año las finanzas públicas deben entregar 38 mil 683 millones de pesos más para el pago de intereses y comisiones del rescate bancario, los cuales equivalen a financiar una dependencia de Estado, la mitad del presupuesto total para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o aumentar en seis veces la inversión física en la Secretaría de Salud para 2022.

Si bien la apuesta es que los pasivos del IPAB pierdan peso a medida que crece la economía –han pasado de representar 10.3 por ciento del producto interno bruto en junio de 2001 a 3.5 en el mismo mes de 2021– al final son una restricción presupuestal, sin que a la fecha haya datos abiertos sobre las deudas de quiénes deben pagar los contribuyentes por al menos 70 años, plazo estimado por Marcos Ávalos y Fausto Hernández Trillo en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Se ha justificado el rescate en orden de evitar una crisis más duradera, pero nunca se ha transparentado del todo qué se está pagando. Informes de auditores independientes y la Auditoría Superior de la Federación han evidenciado algunas de las prácticas de incompetencia y corrupción, pero al final se ha normalizado el pagar los autopréstamos que se hizo Carlos Cabal Peniche, quien recibió Banco Unión y Cremi del gobierno de Carlos Salinas para quebrarlos en cuatros años, volverse prófugo y reincidir como prófugo ahora en 2021, cuando regresó al ámbito nacional como un potencial contratista de cajeros para el Banco del Bienestar, accionista del Sistema Radiópolis y trunco inversor de Interjet.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA