Reforma de pensiones podría salir cara en México, advierte la OCDE

La reforma de pensiones realizada en México en el último año fue la más integral entre los países de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE), con un aumento en las contribuciones relacionadas con los ingresos, así como los beneficios de actuales y futuros para los trabajadores de la base de la pirámide.

Sin embargo, estas medidas podrían implicar mayor gasto público al motivar un retiro anticipado, alertó el organismo.

“Los incrementos en los beneficios de primer piso implican un mayor gasto público y debilitarán significativamente la relación entre beneficios y contribuciones”, señala en su informe Pensions at a glance, publicado este miércoles, en el que considera que los cambios en los requisitos de cotización para merecer la pensión pueden fomentar la salida anticipada del mercado laboral “y crear un costo neto para las finanzas públicas”.

Concretamente, para una persona de 65 años que devengaba el salario promedio y cotizó durante al menos 24 años, el monto de la pensión mínima mexicana se ha duplicado del 30 al 63 por ciento del salario promedio bruto, mientras que la pensión mínima no supera el 40 por ciento del salario promedio en ningún otro país de la OCDE. Un nivel tan alto de pensión mínima implica que para muchos pensionistas el nivel de pensión ya no dependerá de los activos acumulados financiados con contribuciones pasadas, y que el presupuesto estatal proporcionará un suplemento.

“Cuanto menor sea el rendimiento financiero futuro, mayor será el costo fiscal, que será visible solo con el tiempo porque los subsidios estatales financian las pensiones mínimas una vez que se agotan los activos”, expone.

A implementarse de manera gradual entre 2023 y 2030, el acceso a la pensión mínima antes de la edad legal de jubilación sin sanción o con una sanción limitada es inusual entre los países de la OCDE.

La tasa de contribución del empleador en el esquema obligatorio comenzará a aumentar en 2023 de 5.15 por ciento a 13.87 por ciento en 2030, al nivel del salario promedio, lo que llevará a un aumento de la tasa de contribución total de 6.5 a 15 por ciento, aumento que va en línea con las recomendaciones del organismo internacional a México.

México, entre los países con la tasa más alta de muertes por COVID

México estuvo entre los países de la OCDE con las tasas más altas de mortalidad excesiva en lo que va de la pandemia del COVID-19, con un porcentaje de 35 por ciento entre enero de 2020 y agosto de 2021, más del doble de la tasa promedio de 12 por ciento en la región, lo que significa que un 12 por ciento más de personas murieron en este período de lo esperado.

En Australia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda y Noruega, el exceso de muertes no superó el 3 por ciento, según el informe de la OCDE.

Como resultado de la mortalidad excesiva, la esperanza de vida (al nacer) disminuyó en 24 de los 30 países de la OCDE en 2020.  La población ha envejecido en todos los países de la OCDE. La edad promedio fue de 41 años en 2020, ocho años más que en 1990 y se espera que aumente aún más en seis años para 2050 lo que significa que la mitad de la población será menor de 47 años y la mitad más viejo.

Este rápido aumento se debe a que las personas viven más tiempo en promedio y tienen menos bebés. Se espera que la edad media aumente en más de 10 años en Chile, Colombia, Corea, México y Turquía y en menos de tres años en Dinamarca y Suecia.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

SCJN reitera: Pensiones de burócratas se calcularán en UMAs, no en salarios mínimos

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación cerró el tema sobre el cálculo de las pensiones de quienes laboran para el Estado e hizo oficial la jurisprudencia con la cual define que el tope de estos pagos se cuantificará con base en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cuyo valor es de 89.62 pesos diarios (2,724.45 pesos mensuales), y no en el salario mínimo general, definido actualmente en 141.70 pesos (4,307.68 pesos mensuales).

El criterio jurídico, que ahora es obligatorio en los tribunales que reciban demandas, se publicó en la edición de este viernes 25 del Semanario Judicial de la Federación. Señala que el monto máximo de la pensión jubilatoria, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe cuantificarse en UMA, tal como ya lo había determinado la Segunda Sala el pasado 17 de febrero.

En la justificación del fallo, el máximo tribunal recuerda que el Congreso creó la UMA en 2016 “con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo”. Desde entonces, el pago multas, obligaciones mercantiles y asuntos administrativos se calculan en esa unidad. Es decir, nada que tenga que ver con lo laboral.

Y si bien reconoce que la pensión jubilatoria es un derecho de seguridad social que deriva de un vínculo laboral, el cálculo de la pensión “corresponde a la materia administrativa y no a la laboral”.

La conclusión, sostiene, va acorde con la intención que tuvo el Congreso al crear la UMA: que el salario mínimo cumpla con su función constitucional de ser el derecho que toda persona trabajadora tiene.

Para la Corte, si el monto máximo de las pensiones se calculará en salarios mínimos, entonces el salario de cotización también debía ser así, “lo cual se traduciría en un incremento a las cuotas” obreras y patronales. Eso, “lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación”.

Esta decisión tiene que ver sólo con el cálculo de las pensiones que están bajo la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), no implica cambios para las del sector privado amparadas por la Ley del Seguro Social, cuyo tope sigue teniendo como referencia el salario mínimo precisamente por decisión de la Corte en septiembre de 2019.

Además, los ministros aclararon que esta medida no afectará a los jubilados y pensionados que ya recibían un pago basado en el tope de 10 salarios mínimos, y no con base en la UMA, pues «se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente».

Fallo violatorio a derechos humanos

En febrero pasado la Segunda Sala d ela SCJN discutió una contradicción de tesis de dos tribunales. La postura de uno era que el tope debía ser con base en la UMA, y la del otro, que esta medida no era inaplicable. En aquella sesión la Corte resolvió el tema, pero fue hasta el 19 de mayo que esa misma sala aprobó la jurisprudencia y este 25 de junio la publicó en el semanario.

Esta decisión “es violatoria de los derechos humanos”, señala entrevista María Ascensión Morales, especialista en derecho del trabajo y en seguridad social. Viola también el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y va en sentido contrario a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las pensiones deben tener como referencia el salario.

Lo que aprobó la Corte respalda lo que en los hechos ha sucedido hace varios años, lamenta la abogada laboralista Kareli Gante, pues las pensiones se han estado calculando en UMA. “Este sector, el de los trabajadores al servicio del Estado, ha sido uno de los más golpeados en cuanto a derechos laborales se refiere”.

En la exposición de motivos de la reforma constitucional que creó la UMA “se señaló que el salario seguiría aplicándose a la seguridad social”, recuerda María Ascensión Morales, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Pero hizo falta que eso quedara asentado en la legislación, no sólo en la argumentación”.

Aun así, la Constitución señala que cuando el asunto sea ajeno a la naturaleza del salario mínimo es cuando se aplica la UMA. Y las pensiones no son asunto ajeno. En 2019 la CIDH atrajo por primera vez un caso en materia de pensiones. En la sentencia, favorable al pensionado, “indicó que la pensión es un salario diferido. No dice una unidad, o cualquier otra cosa”, agrega.

“De qué sirve que el salario mínimo aumente si eso no va a impactar en las pensiones” de quienes trabajaron por años y, que en el momento más vulnerable de su vida, la vejez, recibirán el monto más bajo, cuestiona.

En la presente legislatura la Cámara de Diputados envió a la congeladora una iniciativa para proteger las pensiones de las UMA’s. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Mary Carmen Bernal Martínez, propuso establecer explícitamente que las pensiones se calcularán en salarios mínimos y no en Unidad de Medida y Actualización (UMA), como lo decidió la SCJN.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Factores demográficos y económicos presionan sistemas de pensiones mundiales: Mapfre

Los sistemas de pensiones a nivel mundial se ven presionados, principalmente, por factores demográficos, económicos y financieros, los cuales pueden afectar su sostenibilidad a largo plazo y su capacidad para cubrir a toda la población, concluyó un informe “Sistemas de pensiones en perspectiva global”, elaborado por Mapfre Economics.

En conferencia de prensa virtual, Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, alertó que el aumento en la esperanza de vida y las recientes crisis económicas atribuidas a distintos factores, como el caso de la pandemia del Covid-19, presionan a los sistemas a nivel global, por lo que se corre el riesgo de una desigualdad en el tema de aportaciones y prestaciones.

Incluso, esa desigualdad puede permanecer y afectar tanto a los gobiernos, empresas, aseguradoras y por último, a los futuros pensionados.

“Hay una gran cantidad de elementos que afectan una igualdad en el sistema de pensiones y hacen que en la inmensa mayoría de los casos haya una presión para que las prestaciones sean mayores a las aportaciones, y que éstas se vuelvan insuficientes para cubrir las pensiones de los trabajadores”, alertó.

En el tema de las prestaciones, el informe señala que, de acuerdo con el sistema de cada país puede ser una combinación entre prestaciones públicas, hechas por el gobierno; o privadas, hechas por empresas y/o aseguradoras; mientras que en el campo de las aportaciones compete a los trabajadores.

Riesgos de mercado

En cuanto a los riesgos financieros, el experto advirtió que la caída de la rentabilidad de las inversiones y los riesgos de mercado pueden afectar los momentos de aportaciones para el pago de las pensiones.

Mientras que los riesgos económicos, en circunstancias de recesión económica, el aumento del desempleo y la inflación, así como la reducción de los salarios, impactan de diferentes formas el volumen de recursos que se aportan para el propósito de las pensiones.

A decir de Aguilera, la presión demográfica es uno de los principales riesgos que determina la necesidad de modificar los sistemas de pensiones a largo plazo.

Entre los principales riesgos que señala el reporte, se encuentran cambios en el bono demográfico y una baja en la tasa de fertilidad, lo que implicaría que en el futuro existan menos personas trabajando y más personas cobrando pensiones.

Otro factor de presión demográfica es el aumento de la esperanza de vida, pues una mayor longevidad implica que los pensionados, desde el momento que se jubilan hasta el final de su esperanza de vida, cobren durante más tiempo y eso hace insuficiente el volumen de las aportaciones que se generan.

El directivo de Mapfre alertó que estos riesgos pueden afectar de diferente manera al conjunto del sistema de pensiones de cada país, ya que en algunos casos el impacto sería directamente hacia el presupuesto de cada gobierno, o bien, el efecto sería en las empresas de aquellos países en donde las pensiones provienen en buena parte de planes de pensiones privados, o bien organizados laboralmente.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Dulce María Sauri propone calcular pensiones en salarios mínimos y frenar su “erosión”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, presentó una iniciativa de reformas al artículo 123 constitucional para que las instituciones de seguridad social calculen las pensiones o jubilaciones de los trabajadores con base en el salario mínimo y no en la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

A nombre propio y de sus correligionarios René Juárez, Enrique Ochoa, Claudia Pastor, Sara Rocha y Mariana Rodríguez, la legisladora priista llamó a subsanar esa grave omisión legislativa que se ha traducido en una “seria erosión” de las pensiones y jubilaciones.

Sauri subrayó que el origen del problema estuvo en la desindexación de los salarios mínimos para que dejarán de ser unidad de cuenta, pero sin establecer la excepción para pensionados y jubilados.

Al día de hoy, al estar topada en diez UMAs, las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado ascienden a 26 mil 886 pesos mensuales, pero si el cálculo se hiciera con base en el salario mínimo, dicha percepción sería de 42 mil 510 pesos mensuales, es decir, 15 mil 624 pesos mensuales más.

“Esto lo tenemos que subsanar, porque con la mejor voluntad, al haber desindexado el salario mínimo, abrimos la posibilidad de que registraran los aumentos a los salarios mínimos, pero no alcanzamos a ver desde el punto de vista legislativo el efecto que tendría sobre las pensiones y jubilaciones, y los miles de trabajadores y trabajadoras pensionados que con toda razón están indignados frente a esta situación”, puntualizó.

La iniciativa de reformas al artículo 123 de la Constitución subraya que el salario mínimo se ha duplicado prácticamente en cinco años, mientras la UMA sigue estancada al crecer poco más de 15 por ciento en el mismo periodo.

Sin importar la cantidad de personas que alcancen una pensión de hasta diez UMAs, la situación es de gran preocupación, pues conforme pasan los años una persona puede dejar de percibir anualmente ingresos.

“Por ello se requiere establecer claramente, a nivel constitucional, que todas aquellas prestaciones o derechos de seguridad social obtenidos por las trabajadores y trabajadores del país deben ser debidamente retribuidas conforme su naturaleza, por lo que la determinación de la cuota de pensiones debe tratarse como una prestación de naturaleza laboral”, señala.

Prevé para ello que las instituciones de seguridad social estén obligadas a vincular el salario mínimo para el cálculo de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores, en tanto la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados deben garantizar en el Presupuesto de Egresos recursos suficientes para las pensiones o jubilaciones sean calculadas y pagadas con base en el salario mínimo vigente.

Con información vía MILENIO

México, último lugar en el Global Pension Transparency Benchmark

El sistema de ahorro para el retiro mexicano ocupó el último lugar dentro del informe inaugural Global Pension Transparency Benchmark (GTPB, por su sigla en inglés), publicado por CEM Benchmarking y Top1000funds.com, en el  que fueron calificados los sistemas de ahorro de 15 países.

En este sentido, el sistema mexicano tuvo una calificación promedio de 25, en una escala de 0 a 100, lo que le otorgó el último lugar del listado; se evaluaron cuatro aspectos: inversión responsable, rentabilidad, gobierno corporativo y costos.

“Las afores se ubicaron en los cuartiles inferiores de los países en general y además en los cuatro factores a evaluar ocupó el puesto 15 a nivel mundial con una puntuación total promedio de 25 puntos. Por sector se posicionó en el lugar 15 en gobierno corporativo; 14 por desempeño; 15 por el costo y 15 en inversión responsable», detalló el informe

El estudio acotó que elementos como los informes de transparencia de las afores faltaban por completo o eran mínimos tanto en sus sitios de Internet como en los documentos públicos o informes anuales.

En este sentido, el estudio mencionó que sólo revisaron los informes que eran específicos de las administradoras, esto porque algunas afores son parte de organizaciones comerciales más grandes y por ende no se calificaron los datos de las empresas matrices.

En el ranking sólo se evaluaron a cinco afores, de las 10 operan en México, por ser “las más grandes del país”.  Las administradoras analizadas fueron: Citibanamex, Banorte, Principal, Profuturo y Sura.

El Global Pension Transparency Benchmark se define como el primer estudio mundial para la divulgación de pensiones con el objetivo puesto en la transparencia de éstas, en un intento por mejorar los resultados de los fondos de pensiones de los interesados. Es un proyecto en conjunto de top1000funds.com y CEM Brenchmarketing.

Amafore emite postura

Por su parte, la Asociación mexicana de administradoras de fondo para el retiro (Amafore) reveló que no conocen la metodología de este ranking, además de que el sector en México no fue consultado para su elaboración y se considera únicamente información pública de cinco administradoras.

La Amafore señaló que están en disposición de aportar la información permitida, de acuerdo con la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), para dar a conocer la transparencia de las afores y cómo están orientadas para fortalecer el ahorro de los trabajadores.

En este sentido, a través de la inversión en diversos proyectos, se buscan generar mayores rendimientos en beneficio de los ahorros de los trabajadores mexicanos, comentó la asociación encabezada por Bernando González Rosas.

“Nuestro principal motivador es que se cumpla la ley, proteger las inversiones de los mexicanos y continuar ofreciéndoles los mejores rendimientos. Actualmente, toda la información relacionada con las inversiones de las afores se entrega a la autoridad conforme a la ley y existe absoluta transparencia en el cobro de comisiones de las administradoras”, puntualizó.

Con información vía El Economista