Estos son los 4 compromisos laborales de México en el T-Mec, según la Secretaría del Trabajo

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, presentó los cuatro compromisos principales en materia laboral que México ha implementado en el marco del T-Mec.

“A diferencia del TLC (Tratado de Libre Comercio), del tratado previo al T-Mec, ahora este cuenta con todo un apartado laboral y compromisos en esta materia, son cuatro principalmente los compromisos que México ha asumido”, expuso la secretaria del Trabajo.

En los últimos tres días, México y Estados Unidos han peloteado quejas sobre incumplimientos del tratado comercial.

Este intercambio de reclamos se dio luego de que miembros del Senado estadounidense elaboraran una lista de violaciones de México al tratado en diversos temas, uno de ellos, la reforma laboral.

Los Miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-Mec en el país respondieron este jueves 13 de enero con una extensa lista de presuntos faltas por parte del vecino del norte.

Con el objetivo de poder resolver dichos conflictos, los países integrantes celebraron una reunión trilateral este jueves. La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, aplaudió la disposición y agradeció “el diálogo positivo y propositivo a favor de América del Norte”.

Compromisos laborales de México en el T-Mec

Estos son los cuatro compromisos laborales que México a asumido en el marco del tratado:

Establecer un órgano independiente responsable del registro sindical, así como de la verificación de los procesos de democracia sindical. Hasta este momento, se han realizado 2 mil 209 verificaciones bajo las nuevas reglas.

Legitimar los contratos colectivos en un plazo de cuatro años. Se ha consultado a un millón 98 mil de trabajadores y trabajadores y se han legitimado2 mil 556 contratos. El plazo que tienen las compañías para cumplir con esta obligación vence el 1 de mayo de 2023.

Establecer Tribunales Laborales imparciales para la resolución de controversias laborales. A partir de esta disposición,41 tribunales federales y 49 locales abrieron sus puertas para atender las controversias en 21 entidades federativas.

De acuerdo con Alcalde Luján, “este sistema ha sido muy efectivo pues el tiempo de resolución se ha reducido de cuatro años a 4 meses”. Además el 75 por ciento de los conflictos no pasan a tribunales sino que se resuelven en los centros de conciliación.

Poner en marcha mecanismos de respuesta rápida mediante las cuales los países puedan denunciar presuntas violaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva.

Estados Unidos ha presentado dos quejas al país sobre libertad sindical: el primero en la automotriz General Motors en Silao, Guanajuato y la segunda en Tridonex en Matamoros, Tamaulipas. Ambas han sido atendidas por las autoridades competentes en el tema.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

Sin contrato, 7 millones de empleados del sector formal

En el país, 7.2 millones de personas trabajan para empresas del sector formal, pero lo hacen sin contratos, sin derechos laborales y sin prestaciones.

De acuerdo con el informe laboral mensual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), elaborado a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en México hay 55 millones 836 personas ocupadas. El reporte, con datos recopilados al tercer trimestre del año pasado, establece que, de ellas, 31 millones 434 mil 243 están en el sector informal.

En tanto, de este grupo, 16 millones 7 mil 862 reportaron laborar en unidades de trabajo informales: un millón 265 mil 156 son “empleadores”, 8 millones 505 mil 526 trabajan “por cuenta propia”, 5 millones 164 mil 909 son “asalariados” y un millón 72 mil 271 no reciben sueldo, en su mayoría por atender un negocio familiar.

En otra categoría, la STPS recalca que 7 millones 205 mil 977 personas trabajan en “empresas del sector formal con empleo informal”, es decir, unidades de negocios registradas ante Hacienda, y que cuentan con trabajadores formales, pero al mismo tiempo sin contrato.

De esta cifra, sólo 467 mil 384 laboran sin pago, en su mayoría por ser familiares, mientras el resto son asalariados, pero sin prestaciones de ley.

Distintos organismos enfocados al derecho en la materia han explicado que en estos casos se encuentran, por ejemplo, meseros o repartidores, que laboran en restaurantes reportados como un negocio formal, pero que sólo contratan a su personal a nivel gerencial o en puestos claves.

Además, 6 millones 97 mil 209 de personas que se encuentran en la informalidad, están en el sector agropecuario informal. Casi la mitad lo hace por cuenta propia, y otro tanto como asalariados.

Mientras 2 millones 123 mil 195 personas son trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres.

Por otra parte, el reporte más reciente del gobierno federal indica que tras llegar a 20 millones 933 mil 50 las fuentes de empleo formal registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para diciembre bajaron a 20 millones 620 mil 148 trabajadores, producto de despidos masivos al cierre del año para evitar el pago de prestaciones.

Con todo y la reducción, la proporción de personas ocupadas en la informalidad se mantiene casi igual, y representan 56 por ciento de la fuerza laboral del país, frente a 37 por ciento que se encuentra en el sector formal.

Al tomar en cuenta a toda la población ocupada, tanto formales como informales, la mayoría labora en el área de “otros servicios”, donde se encuentran 18.7 millones de personas; seguido del comercio, 10.8 millones; la industria manufacturera, 9.1 millones; actividades agropecuarias, 6.9 millones, y la construcción, con 4.3 millones.

Sobre el ingreso, la mayoría, unos 21.4 millones de personas, ganan de uno a dos salarios mínimos, 11.9 millones perciben menos de uno, 10.9 millones ganan de dos a cinco. Además, poco más de un millón ganan de cinco a 10 salarios y 222 mil obtienen más de esa cantidad. El resto no lo especificó o no recibe.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Advierten lentitud en legalización de contratos colectivos

El proceso de las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo va muy despacio, por lo que será muy difícil que se logren ajustar los más de 550 mil contratos que existen en el país antes del 1 de mayo de 2023, lo que provocaría inestabilidad laboral en Nuevo León (NL), el norte y prácticamente todo el país, consideró Tereso Medina, Secretario General Adjunto de la CTM.

”El 1 de mayo de 2023, con la ley laboral van a desaparecer muchos contratos colectivos, miles en automático, los que no estén legitimados”, explicó.

Refirió que la Secretaría de Trabajo (ST) estima que de los 550 mil contratos que buscan legitimar cuando mucho va a lograr el 10 por ciento, y para esto se tendrían que estar validando cerca de 250 contratos colectivos por día.

Después del 2023 “muchas empresas van a quedar huérfanas”, sin el contrato colectivo, detalló, y el riesgo es que, de ahí en adelante, cualquier sindicato puede, como en Silao, hacer la solicitud para la constancia de representatividad con el 30 por ciento de la empresa y pueden también apersonarse dos o tres sindicatos más, lo que huele a inestabilidad laboral en el país.

Medina comentó que representa al T-MEC, porque incorpora a las ramas industriales más importantes para el tratado comercial con EU y Canadá, que son la industria siderúrgica, la automotriz, minera, energética, electrodomésticos, bebidas, alimentos, entre otras.

Señaló que al día de hoy las legitimaciones suman aproximadamente 2,000 y estimó que cuando mucho se logrará el 5 por ciento, considerando la capacidad que tiene la Secretaría porque le faltan inspectores e instructores.

Dijo que hoy por hoy nuestro país se enfrenta a una fuerte competencia entre centrales obreras, y entre sindicatos de todos los colores y todas las militancias, donde sin duda en esta competencia habrá trabajadores que se van a ir con el canto de las sirenas, como se fueron en General Motors, Silao”.

“Debemos tener especial cuidado porque tenemos que respetar la voluntad del trabajador, como soy un hombre partidario de la democracia soy el primero en respetarla y poner el ejemplo, ser congruentes”, expresó.

Destacó que la CTM representa a nivel país más de cinco millones de trabajadores en estas ramas.

Aseguró que llevan más de 180 legitimaciones de contratos en el país y ya están intensificando el proceso y esperan concluirlo a más tardar en mayo 2022 “y levantar bandera blanca”.

Medina advirtió que el sector automotriz se está convirtiendo en un botín para los sindicatos o uniones extranjeras, porque la reforma laboral vino de Estados Unidos (EU), y las centrales obreras de México no opinaron, tampoco los empresarios de México, y se le dio entrada, como nunca en la historia, a la presencia de organismos extranjeros en el país como sucedió en Silao.

Recordó que los únicos titulares de los contratos colectivos, son el sindicato que tiene la firma del contrato y es el que tiene el derecho de someterse a la consulta de los trabajadores.

”Los trabajadores de Silao rechazaron el contrato, no rechazaron el sindicato y muchos quieren confundirlo; se trata entonces de volver a dialogar con los trabajadores y actualizar un contrato colectivo para hacer un nuevo contrato, sin embargo, por responsabilidad histórica y por ser congruentes, el sindicato que represento no va a promover ninguna solicitud de constancia de representatividad ante el centro”, aseguró Medina.

Señaló que espera que la implementación de la reforma laboral la transiten tanto empresarios, trabajadores y sindicatos, con madurez y con responsabilidad, para que no se interrumpa el desarrollo y el crecimiento de los empleos en el país.

Ante la injerencia de organismos extranjeros, refirió que la gran preocupación es que a la luz de la democracia sindical se desaliente la militancia sindical como sucede en EU.

Por último, indicó que los salarios y las prestaciones siguen siendo las dos principales demandas por parte de los trabajadores, pero a diferencia del pasado, en la actualidad esto no es suficiente para su realización plena, tanto a nivel profesional como personal.

“El nuevo modelo sindical que impulsa, busca fortalecer al trabajador en: educación y capacitación, certificación de competencias, innovación, asesoría y acompañamiento por parte de las organizaciones sindicales”.

CON INFORMACIÓN VÍA EL FINANCIERO

El outsourcing se reduce casi 60%

Hasta el cierre de noviembre de 2021, migraron al esquema de servicios profesionales 2.9 millones de trabajadores, casi 60 por ciento, que se encontraban en un esquema de subcontratación laboral, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El 23 de abril pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la última reforma laboral, por la cual se eliminó del país la figura del outsourcing o subcontratación laboral, y por la cual se concedió un plazo de cinco meses para que las empresas que utilizaban la tercerización migraran a su trabajadores al nuevo esquema de subcontratación de servicios especializados.

Datos del IMSS, que dirige Zoé Robledo Aburto, indican que hasta el 30 de noviembre pasado se migraron 2.9 millones de trabajadores a este nuevo esquema que impone que las empresas donde ofrecen sus servicios les ofrezcan un contrato directo, mientras las empresas de tercerización llevan su papeleo.

Hasta antes de la reforma laboral que tardó dos años en conseguir el consenso del sector patronal, gubernamental y sindical de México el IMSS reportó un universo de 5.2 millones de trabajadores que se encontraban contratados bajo un esquema de subcontratación laboral.

Alejandro Avilés Gómez, especialista en materia laboral, comentó a El Sol de México que los 2.2 millones de trabajadores que no han migrado pudieron cambiar a otro esquema de trabajo más precario, donde no reciban ninguna prestación laboral ni seguridad social.

Detalló que no existen cifras oficiales donde se puedan rastrear a los trabajadores que faltan de migrar, pero apuntó que muchos continúan trabajando bajo el outsourcing de forma irregular, en casos donde las inspecciones laborales no han alcanzado a cubrir.

Otros dijo, Avilés Gómez, son los que laboran bajo otros esquemas como asimilados y honorarios, los que fueron despedidos con indemnizaciones a su favor, y los que sacaron a la calle sin ninguna retribución a su salida de las empresas de outsourcing y los cuales también se encuentran en juicios laborales al interior de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María alcalde Luján.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO

STPS confía en que Senado ratifique convenio de la OIT contra el acoso laboral

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, confió que el Senado ratifique a la brevedad el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para combatir el acoso y hostigamiento laboral en nuestro país.

Al participar de manera remota en un foro del Senado sobre el convenio, la funcionaria federal explicó que el problema de acoso laboral en México es grave, sobre todo cuando se habla de las mujeres en centros de trabajos.

“Si bien es cierto este convenio es de carácter general y protege a todos los trabajadores de cualquier tipo de violencia pone especial atención a la mujeres, en efecto el Convenio 190 parte de la premisa de que a nivel internacional son las mujeres las que mas padecen de manera desproporcionada incluso el acoso y hostigamiento, y hay que decir que lamentablemente en México esto no es la excepción», comentó.

Agrego que, según el Inegi el 26.6 por ciento de las mujeres que han trabajado declara haber sido alguna vez víctima de violencia en el ámbito laboral. La relevancia de adoptar este convenio es elevar la observancia del estado sobre la protección de las mujeres ante cualquier situación de acoso se trata de garantizar ambientes laborales seguros para todos pero principalmente para las mujeres.

La titular de la STPS destacó la importancia de ratificar los convenios y tratados en materia de derechos humanos. Comentó que hasta el momento, México ha ratificado 81 convención de la OIT.

“Ratificar estos convenios compromete al Estado mexicano independientemente qué pase en el futuro, si hay nuevas mayorías o cambian los ejecutivos federales, el Estado mexicano queda ante los ojos del mundo comprometido a cumplir con las disposiciones de los convenios laborales que ha ratificado, ya no hay marcha atrás”, mencionó.

En los últimos meses, tanto organizaciones sindicales, activistas en pro de los derechos de las mujeres trabajadoras y la propia OIT han urgido a la cámara alta, poner entre sus prioridades la discusión y ratificación del Convenio 190.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

Con incremento al salario mínimo alcanzará para comprar 3.5 kilos de tortilla más que en 2018: STPS

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, aseguró este jueves que con el incremento al salario mínimo, acordado el pasado miércoles por el sector empresarial, obrero y el gobierno, alcanzará para comprar 10 kilos de tortillas. 

El 1 de diciembre se llegó a un consenso, por unanimidad, en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), integrado por trabajadores, patrones y gobierno, para incrementar 22% el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2022.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la STPS dijo que con el incremento para 2022 alcanzará para que se pueda adquirir 10 kilos de tortillas, lo que representa 3.5 kilos más de tortillas que se podrían adquirir con respecto a las que se podrían comprar con el salario de 2018.

Alcalde Luján destacó que este incremento beneficiará de manera directa a 6.3 millones de trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo, así como también será un beneficio para millones de familia adicionales, porque, dijo, “al incrementar los ingresos también se puede comprar más, se fortalece el poder de compra, entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios y eso ayuda a fortalecer la economía local”, dijo.

Resaltó que estos 6.3 millones representan el 30% de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Explicó que con este incremento, a partir del 1 de enero, el salario mínimo para la mayoría del país pasará de 141.70 pesos a 172.87 pesos diarios; lo que representaría un incremento de 948 pesos adicionales al mes. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo pasará de 213 pesos a 260 pesos diarios; lo que representa un incremento de 1,428 pesos adicionales al mes. 

Destacó que este es el cuarto incremento consecutivo al salario mínimo. Dijo que con el incremento en la mayoría del país se ha logrado recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo y en el caso del incremento para la  Zona Libre de la Frontera Norte, se ha logrado el 160% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

La titular de la STPS indicó que con el incremento se tendrá un poder de compra parecido al que se tenía en 1984, y que la idea es continuar con una política de recuperación sostenida durante los próximos años.

Por otra parte, la secretaria dijo que en el comparativo internacional del salario mínimo, México se encuentra actualmente en la posición número 80, pero que con el incremento para 2022, se lograría ascender 13 posiciones, con lo que el país se colocaría en la posición número 67, por encima de países como Colombia, Perú, Guinea Ecuatorial, Ucrania, entre otros.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Elegirán por voto electrónico al secretario general del sindicato de Pemex

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, expuso que la votación para elegir al secretario general del sindicato de Pemex se realizará de manera electrónica el 31 de enero a través de la plataforma SIRVOLAB, desarrollada por la misma STPS y que fue puesta a disposición del sindicato.

El padrón de votantes se estima en 89 mil trabajadores, que deberán acceder al sistema para ejercer su voto. El cómputo de los sufragios comenzará al cierre del sistema electrónico de votación y se publicará el resultado el mismo día en la página de la STPS y otros lugares previamente definidos.

El Centro Laboral Federal, con el acompañamiento de 400 servidores públicos de la Secretaría del Trabajo, será la autoridad que dará seguimiento al proceso y garantizará el cumplimiento de los principios democráticos de la ley. Además entregará constancia al ganador, mientras que la STPS publicará un informe sobre el número de votantes y el porcentaje de participación.

El proceso electoral se divide en cinco etapas: el 6 de diciembre se emitirá la convocatoria; del 7 al 17 de diciembre serán registrados los votantes y del 17 al 19 de enero, los candidatos; las campañas se llevarán a cabo del 20 al 29 de enero, el día 30 será de veda y el 31 de enero se realizará la jornada electoral.

La secretaria Luisa María Alcalde destacó que por primera vez los trabajadores del sindicato de trabajadores de Pemex elegirán a su representante conforme a la nueva legislación.

Recordó que a partir de la Reforma Laboral publicada el 1 de mayo de 2019, las organizaciones sindicales están obligadas a realizar elecciones para designar a directivas y representantes sindicales por medio del voto personal, libre, directo y secreto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la democracia ha de convertirse en una forma de vida, no solo en lo laboral, sino en otros ámbitos como el escolar y familiar.

“Vamos a continuar informando para que todos los trabajadores sepan que van a poder votar de manera libre. Todos los trabajadores van a elegir al secretario general del sindicato petrolero, garantizando que sea voto directo y secreto. Esto es algo inédito, esto no sucedía anteriormente”, subrayó el mandatario.

CON INFORMACIÓN VÍA METAPOLÍTICA

13 estados se suman oficialmente al nuevo modelo de justicia del mundo del trabajo

El nuevo modelo de justicia laboral aterriza esta semana en 13 estados adicionales para consolidar su segunda etapa de implementación. De esta manera, el 63% del territorio nacional contará con el mecanismo de solución de conflictos basado en la conciliación y tribunales laborales a cargo del Poder Judicial.

La reforma laboral de 2019 modificó el sistema de justicia para el mundo del trabajo con una apuesta importante en la conciliación como una vía para evitar la judicialización de conflictos y, en consecuencia, la saturación de casos en los tribunales, como ocurrió con las juntas de Conciliación y Arbitraje, una situación que desencadenó juicios largos y resoluciones a destiempo.

“Este reto gigantesco de cambiar no solamente las reglas y el modelo, sino la cultura laboral en nuestro país, tanto en la esfera de la justicia laboral como en el terreno de libertad y democracia sindical, en ese camino podemos tener hoy la satisfacción de contar con resultados tangibles en la implementación de la primera etapa”, destacó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante la Reunión Nacional de Presidentes de Juntas Especiales.

El mecanismo de solución de conflictos que busca una justicia pronta y expedita contempló la creación de nuevas autoridades: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), tribunales laborales federales a cargo del Poder Judicial y centros de conciliación y tribunales locales.

Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Colima, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo son las entidades federativas que abrirán las puertas del nuevo modelo de justicia laboral a partir del 3 de noviembre.

El reto de la implementación de la reforma laboral de 2019 recae, en gran medida, en los centros de conciliación, sostiene en entrevista Liliana San Martín, titular de la Secretaría del Trabajo (ST) de Querétaro, uno de los estados que se suman este año a la implementación del nuevo modelo de justicia.

“En materia laboral se había postergado la figura de medios alternos de resolución. Era sumamente necesaria y hoy es una parte que asumimos”, expone.

Para la segunda fase el Gobierno Federal destinó 2,482 millones de pesos, lo que contempla la operación del CFCRL y sus nuevas representaciones locales, la creación y operación de los tribunales laborales federales y el subsidio para apoyar a las entidades en la instalación de sus centros de conciliación y tribunales.

Luisa María Alcalde destacó que la apuesta en la conciliación ha dado buenos resultados, pues el 70% de los asuntos recibidos se ha resuelto por esta vía en menos de 45 días y el 30% restante que ha pasado a los tribunales laborales se ha resuelto en menos de cuatro meses. El modelo promete reducir la duración de un juicio de cuatro años, en promedio, a ocho meses.

La tercera y última fase de implementación, que contempla la adición de los 11 estados restantes en 2022, tendrá una costo de 5,748 millones de pesos. Incluye los siguientes estados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

El nuevo sistema de justicia laboral “es sin duda un parteaguas. Apostamos a lograr resolutivos dentro del marco jurídico que el trabajador también debe tener presente. Pero los centros de conciliación serán garantes de que se respeten los derechos laborales”, afirmó la Secretaria del Trabajo de Querétaro.

Convergencia y coexistencia de modelos

Tan sólo en Querétaro, las juntas de conciliación y arbitraje aún tienen pendientes “alrededor de 37,000 juicios”, informó Liliana San Martín. Es por ello que estas instancias seguirán en operación entre cuatro y cinco años más debido a la naturaleza y el rezago de los casos en trámite, prevé la autoridad laboral del estado.

Sin embargo, en esta entidad del centro del país, al igual que en el resto de estados que conforman la segunda etapa de implementación, los conflictos laborales que se denuncien a partir del 3 de noviembre se resolverán a través de una conciliación prejudicial, que será requisito para llevar un caso a un tribunal laboral, salvo algunos casos de excepción como los asuntos vinculados a acoso o discriminación.

Liliana San Martín explicó que el 90% de los juicios en la entidad es por despidos injustificados, un asunto para el que se debe agotar la etapa conciliatoria para poder iniciar un juicio. “Esa información nos da un escenario de qué tipo de planteamientos recibiremos” y las posibles soluciones, consideró la funcionaria.

Las personas que laboran en los estados que se suman al nuevo modelo de justicia del trabajo deben tener en cuenta que acudirán al Centro Federal de Conciliación o a los centros de conciliación locales dependiendo si la rama industrial a la que pertenece su empleador es federal o local.

La titular de la ST de Querétaro afirmó que los centros de conciliación contarán con personal capacitado y acorde al perfil que requiere un modelo que apuesta por el diálogo entre trabajadores y patrones. Al menos en su entidad, contarán con 14 conciliadores y conciliadoras. Servidores públicos que han sido capacitados y certificados. “Es un perfil muy específico”, subrayó.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

62% de los sindicatos registrados en México no tienen actividad sindical: STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detectó que de los 28,674 sindicatos con registro local, 62% no tienen actividad sindical; y de los aproximadamente 6,663 sindicatos que sí tienen actividad -revisión de contratos-, 61.4% no ha realizado la adecuación de sus estatutos como lo exige la reforma laboral en el artículo 371.

De acuerdo con la información que se presentó en la reunión del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, se detalló que a nivel federal 1,998 sindicatos ya adecuaron sus estatutos, de un total de 2,116 sindicatos activos, lo que equivale al 94.42% de avance.

La Ley Federal del Trabajo establece que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo 371, por lo que debe incluirse en los estatutos sindicales.

Además, es importante resaltar que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad, a fin de que no obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado.

Pablo Franco, especialista de la Unión Nacional de Juristas de México sostuvo que el desinterés de los sindicatos locales por adecuar sus estatutos y enterrarlo a la autoridad, obedece a que “son sindicatos que manejan contratos de protección”.

“Una de las razones de la reforma es conocer el registro, real, de los sindicatos, a más de dos años de la reforma laboral empiezan a darse algunos resultados, pero no será hasta el 2023 cuando se conozca finalmente el número de sindicatos real”, sostuvo Germán de la Garza, socio Líder de Servicios Laborales en Deloitte México.

En las entidades en donde se implementó la Primera Etapa del nuevo modelo sobre justicia laboral y donde el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ya asumió la función registral, Zacatecas reporta el 100% de avance; San Luis Potosí reporta el 98%; Estado de México el 84%; Chiapas el 39%; Durango 18%; Tabasco el 6%; y Campeche 0.7% y en Hidalgo, donde sólo se implementó a nivel federal el nuevo sistema, corresponde un 74 por ciento.

En el informe se destacó que las Entidades donde el registro sigue a cargo de las Juntas Locales, las que reportaron mayor avance son: Tamaulipas (88%), Tlaxcala (74%), Chihuahua (63%), Colima (57%), Jalisco (53%) y Aguascalientes (51%). Mientras que las que reportan menor avance son Coahuila (13%), Puebla (14%), Michoacán (18%), y Nayarit (19 por ciento).

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

STPS ya no intervendrá en registro de sindicatos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dejará de decidir sobre el registro de organizaciones sindicales y demás trámites administrativos relacionados a estos organismos laborales.

Este lunes, la STPS, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Aviso por el que se declara la terminación de las funciones registrales de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, con lo cual deja estos procesos en manos del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Se declara la terminación de las funciones en materia de registro de organizaciones sindicales y demás trámites administrativos relacionados, de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a partir del 3 de noviembre de 2021”, se lee en el DOF.

Esta decisión se da luego de la última reforma laboral de mayo de 2019, en materia de libertad sindical y negociación colectiva, que indican que será el Centro Federal de Conciliación quien se encargará de todos estos procedimientos laborales y las controversias que resulten en la relación obrero patronal.

Dentro de la transición a este nuevo modelo laboral, el Centro comenzó a registrar asociaciones sindicales a partir de julio de 2021, por lo que la STPS decidió emitir el anuncio del cese de operaciones de la Dirección General de Registro de Asociaciones a partir del 3 de noviembre próximo.

“A partir de la terminación de la función registral referida en el artículo primero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cesará la tramitación de cualquier asunto en materia de registro de organizaciones sindicales”, añade el aviso publicado por la STPS.

Además, el aviso da cuenta que la Secretaría del Trabajo pondrá a disposición del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral los sistemas informáticos, bases de datos y el acervo documental inherentes a la función registral de la Dirección General de Registro de Asociaciones, “que se estimen pertinentes conforme a la normatividad aplicable”.

En tanto, dispone que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del aviso continuarán tramitándose conforme a las disposiciones aplicables.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO