La Coparmex busca mayor acercamiento con López Obrador

Un mayor acercamiento con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual implica más diálogo para encontrar consensos –sobre todo ante la crisis económica y sanitaria–, es el objetivo de José Medina Mora Icaza en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Sobre si la relación con la administración federal cambiará luego de los desencuentros entre su antecesor, Gustavo de Hoyos Walther, y el gobierno actual, Medina Mora Icaza comentó en entrevista con La Jornada que ante la gravedad de la situación económica, que no es única del país, “es momento de unidad, de colaborar con el gobierno.

“Estamos en una situación crítica como país y por lo tanto tenemos que apostar a la unidad, al diálogo, al consenso”, subrayó tras recordar que se estima que la economía se contrajo entre 8 y 9 por ciento en 2020, mientras el crecimiento para este año se prevé sea de 3.3 por ciento. “Nos llevará entre dos o tres años recuperar lo que se tenía en 2019”, apuntó el dirigente de la Coparmex, quien asumió oficialmente el cargo el pasado día 13.

Añadió que el diálogo con el resto del gobierno federal existe, pues el organismo mantiene contacto con la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, para aportar ideas al plan de reactivación económica que presentó en días recientes.

Comentó que hay acercamiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respecto de la reforma de regulación de la subcontratación. Además mantiene conversaciones con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, y de Salud. Destacó esta última por la aplicación de las vacunas contra el Covid-19, sobre todo después de que el presidente López Obrador declaró que gobiernos locales y empresas pueden adquirir el biológico.

“Es una propuesta que le habíamos hecho al gobierno: podemos ayudar, porque hay infraestructura en el sector privado de distribución, pero también de aplicación, en las cadenas de farmacias, en las clínicas”, expresó.

“Nosotros hicimos la propuesta de que las empresas podemos responsabilizarnos de la aplicación de las vacunas a nuestros trabajadores y sus familiares”, agregó.

En los años recientes Coparmex no acompañó en algunas ocasiones al resto del sector privado en sus iniciativas, como la firma en enero de 2017 del “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” con el gobierno de Enrique Peña Nieto y recientemente el acuerdo que pretende posponer la iniciativa para regular la subcontratación.

Medina Mora Icaza destacó que es muy buena la comunicación que mantiene Coparmex con las demás agrupaciones. “Estamos unidos en lo fundamental como sector privado. Sin embargo, cada organismo empresarial tenemos una agenda diferente y en ese sentido se respeta la agenda de cada organismo”, aseguró.

El dirigente nacional de la Coparmex señaló que del plan estratégico quinquenal del organismo ha derivado su proyecto para los dos años para los que fue electo, aunque en los primeros 100 días sentará las bases de su programa.

La primera de ellas es la salud, pues es responsabilidad del organismo invitar a sus agremiados a mantener las medidas sanitarias, que van desde lavarse las manos frecuentemente, usar cubrebocas y teletrabajo cuando se puede, hasta la inmunización.

La subcontratación también será un tema a seguir, pues si bien están a favor de la regulación, de respetar los derechos de los trabajadores, “no podemos darnos el lujo de perder la figura del outsourcing, porque da flexibilidad a las empresas y competitividad del país”.

Comentó que se defenderá la autonomía de los organismos e instituciones como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Medina Mora Icaza comentó que la Coparmex se mantendrá como un observador electoral en este año en el que se efectuarán comicios, pues se busca seguir impulsando la democracia en el país, que se ha traducido en tres cambios en paz en las dos décadas pasadas. Adelantó que realizarán debates con los candidatos, tal como se hizo en el proceso electoral de 2018.

Con información vía La Jornada

STPS pide claridad a la IP sobre propuestas en el pago de utilidades a trabajadores

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado a los empresarios para que presenten propuestas concretas sobre la manera que podrían eliminar las distorsiones en el pago de las utilidades a los trabajadores; toda vez que en breve habrá cambios importantes en materia de subcontratación (insourcing y outsourcing) y cuya iniciativa de reforma prohíbe tal actividad para el pago de nóminas.

En el segundo día del Foro que, a petición de los empresarios, realiza la Secretaría del Trabajo, Alcalde Luján expuso que “una parte importante de la iniciativa presentada por el Presidente para limitar los abusos y la creciente figura de subcontratación en nuestro país implica el no poder transferir a los trabajadores de una empresa a otra, es decir insourcing”.

Detalló que se ha detectado que a través del insourcing se crea una empresa distinta a la que genera el capital. En este sentido, “si bien es cierto y claramente se ha dicho, se paga reparto de utilidades, se ha venido haciendo muchas veces por la vía de los bonos de productividad”.

Añadió que cuando esto -insourcing- se limita, “entonces todos los trabajadores pasarían a la empresa que genera toda la utilidad. De ahí la preocupación y que algunos sectores, como es el caso del sector financiero, consideran que pudiera existir cierta distorsión porque hay la posibilidad de que cierta utilidad no sea producto de la productividad de los trabajadores, sino de otras circunstancias y eso es lo que queremos ir entendiendo, ese es el objetivo de estos diálogos para poder tener claridad”, destacó.

La secretaría del Trabajo expuso que sería importante conocer, por sectores, los datos del impacto que trae la PTU; “en el sector financiero se informó que según la utilidad de la empresas puede ser el reparto de entre seis días hasta 26, aunque hay sectores que reparten utilidades muy altas, tenemos el sector del acero donde puede llegar a repartir seis, siete y hasta ocho meses de salario y eso sucede hoy en día en nuestro país”.

Expuso que para “ir entendiendo los sectores y cómo puede esto generar una problemática, es el objetivo de estas mesas de diálogo. Vamos a entrar en un esquema nuevo de desarrollo de herramientas en el mercado laboral con esta nueva norma en materia de subcontratación”, indicó.

Recordó que el sector financiero y de seguros, representan el 4.8% del PIB y generan más de 600,000 empleos; y según datos de la Asociación de Bancos, 250,000 están en insourcing.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, recalcó que el derecho a recibir utilidades de la empresa no está a discusión, ni tampoco el porcentaje de 10% que ya se acordó en septiembre de 2020.

Con información vía El Economista

Plantean banqueros remplazar reparto de utilidades por bonos

En la segunda mesa de diálogo sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU), en el marco de la reforma en materia de subcontratación, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que la única manera de alcanzar la meta de mantener empleos en México para la reactivación económica es elevando la competitividad de las empresas mediante el remplazo del PTU por bonos de productividad y permitir el insourcing y outsourcing con estricto cumplimiento de la ley.

Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), planteó que se ponga un máximo al pago de PTU, por ejemplo, a un mes de salario. Al respecto, Fernando Salgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pidió que mejor la propuesta parta de cuál sería el mínimo a recibir y recordó que no está a debate el derecho de los trabajadores al pago de las utilidades “que se generen fruto de su trabajo”.

En el foro digital organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Niño de Rivera expuso que en el sector bancario cuentan con 250 mil colaboradores “a los que siempre hemos cumplido puntualmente con sus derechos laborales que por supuesto incluyen su participación en las utilidades de los bancos. Esto dentro de la subcontratación interna, que es una práctica esencial en la banca”.

Sin embargo, agregó, la distribución de las utilidades solamente en función del tiempo laborado en el año correspondiente “se vuelve altamente inequitativo al considerar la aportación a la productividad y a los resultados”.

Añadió que en la ABM “estamos totalmente de acuerdo en poner topes a la participación de los trabajadores en las utilidades para que tengamos una mayor equidad y reconozcamos con mejor puntualidad a quienes aportan más a que las empresas sean mayormente competitivas. También estamos de acuerdo en abrir espacios de tiempos suficientes para que se puedan implementar todos los cambios que se proponen para la subcontratación y para la aplicación” de la PTU.

García Pimentel expuso que las estadísticas del censo económico indican que los pagos que hoy se hacen por concepto de reparto de utilidades son entre seis y 26 días de salario, por lo que retiró su propuesta de que “se acuerde con las partes involucradas un número de días que beneficie a los trabajadores pero que no destruya la competitividad de nuestras empresas que al final de cuentas son quienes mayoritariamente generan el empleo formal y el pago de los impuestos que permiten a nuestro país seguir adelante”.

Agregó que “cambiar el sentido de la propuesta y estimular un ejercicio en el que la productividad se premie con un PTU que esté limitado a ciertos meses de salario base de los trabajadores es seguramente un esquema que favorecerá la creación de nuevas empresas y sobre todo dará la capacidad a las ya existentes de mantener el curso aún en estos tiempos de contingencia sanitaria y de difícil ambiente económico”.

Sofía Belmar Berúmen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), planteó acordar un umbral para el PTU “que logre que este derecho realmente contribuya a incentivar la productividad de los empleados y permita al mismo tiempo el desarrollo de las empresas y la reinversión de sus utilidades”.

También destacó que la subcontratación de personal “es una figura que debería de seguirse permitiendo ya que contribuye a que las empresas sean competitivas” y que en todo caso se prohíban y sancionen las malas prácticas y el uso abusivo de este esquema.

En su turno, José Carlos Torres García, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), propuso que en común acuerdo entre las organizaciones sindicales, las empresas y las autoridades laborales, se establezca un piso a repartir de la PTU para todos los trabajadores, y con el restante se establezcan esquemas que permitan la competitividad de los empleados, considerando la “meritocracia individual”, en cuanto a productividad, eficiencia, desempeño, compromiso, y preparación.

Con información vía La Jornada

Telefonistas piden mayor disposición a Telmex e IFT

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) dijo que falta determinación de Teléfonos de México (Telmex) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para resolver temas laborales y regulatorios.

La representación sindical acusó que la empresa no tiene disposición para avanzar en la resolución de temas laborales pendientes e insistió en avanzar en el pasivo laboral, respecto a la imposición de un régimen de trabajo distinto para quienes ingresen a futuro, en el que se excluye el derecho a jubilación.

Esto ha llevado “a prorrogar nuestro emplazamiento a huelga para el 24 de marzo y a instrumentar un plan de acción para defender los derechos laborales adquiridos”, explicó el sindicato por medio de un desplegado.

Al iniciar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a operar una mesa de discusión con las secretarías del Trabajo (STPS), de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como también del IFT, además de representantes de Telmex, del STRM y del Sindicato de Telefonistas de la Baja California y Sonora (Sindetel).

Aunque esa instancia que inició trabajos en 2019 ayudó al ajuste de algunos temas regulatorios agresivos contra Telmex, el sindicato mencionó que desde diciembre del año pasado hizo una propuesta para solucionar problemáticas con la regulación.

Entre los temas que preocupan al STRM se encuentran el régimen de tarifas, el acceso al múltiple play, la reversión de la separación funcional, así como la más reciente revisión contractual en materia laboral y en relación con el llamado pasivo laboral.

Por otra parte, el sindicato destacó que a partir de la reforma en telecomunicaciones que se dio en 2013, el país cuenta con un modelo de competencia y regulación que inhibe la inversión, que margina a la mayor parte de la población de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que pone en peligro a Telmex.

Lo anterior, “particularmente por la determinación de proceder a su separación funcional”, subraya el STRM.

Al respecto, dijo que América Móvil inició un proceso de reingeniería operativa y financiera que se traduce en el desmantelamiento progresivo de Telmex.

Visión de largo plazo
 

Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas, comentó que ante la situación económica, social y sanitaria que se vive actualmente es necesario que los reguladores trabajen con una visión amplia, social, progresista y de futuro.

En las telecomunicaciones, “el Estado en su conjunto debe garantizar que estos servicios sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”, destacó.

A través de su cuenta de Twitter, el líder sindical agregó que esto fortalecerá a las empresas, fomentará la convergencia digital, la mejora de los servicios y la recuperación de la rectoría por parte del Estado.

Con información vía El Universal

STPS asegura que utilidades seguirán en 10%; IP pide toparlas a 30 días de salario

La Secretaría del Trabajo (STPS) inició el diálogo abierto con cámaras empresariales y sindicatos sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) en el marco de la reforma en materia de subcontratación. Autoridades subrayaron que el derecho al reparto de utilidades y su porcentaje no están a discusión, mientras que el sector patronal propuso topar esta prestación a 30 días de salario y vincularla a indicadores de productividad.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, afirmó que los foros para discutir un nuevo sistema para el pago del PTU, y que continuarán en cuatro jornadas más, no tienen la finalidad de exponer el derecho constitucional de los trabajadores al reparto de utilidades y tampoco el 10% que se fijó para el pago de esta prestación.

“De lo que se trata es de entender el problema de las distorsiones que pudiera crear el PTU en los sectores específicos antes mencionados y buscar cómo, sin mermar ningún derecho de los trabajadores, se pudiera, en su caso, reformar la Ley Federal del Trabajo para evitar la pérdida de competitividad de las empresas”, agregó.

Durante la inauguración de la primera mesa de análisis, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), puntualizó que el sector empresarial no está en contra del reparto de utilidades como un derecho constitucional de la fuerza laboral a recibir una parte de las ganancias generadas.

Sin embargo, expuso el líder empresarial, a lo largo de los años, el PTU ha perdido dos objetivos importantes: incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. “Ahora la regla que se aplica son días trabajados y salario devengado. Nos parece que el PTU debe estar ligado a factores de desempeño. Debería haber factores de desempeño para realizar este reparto”.

El sistema actual para calcular el reparto de utilidades, agregó Carlos Salazar, no es acorde con la nueva realidad de las empresas en México que deben competir en cadenas de valor internacionales. “Nos obliga a buscar sistemas que sean flexibles y que sean competitivos. Incluir indicadores de desempeño en el PTU ayudaría a mejorar la competitividad y lo haría más justo, para que los colaboradores que aportan más tengan los beneficios de que la compañía incremente sus utilidades”.

IP propone tope de un mes

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), planteó un tope de 30 de salario para el reparto de utilidades para evitar que la eliminación de la subcontratación laboral afecte al sector manufacturero y automotriz y en ese mismo sentido, se fortalezcan otras remuneraciones como los bonos de productividad.

“El esquema actual del PTU no está vinculado a un esquema moderno que incentive la productividad y, por lo tanto, afecta la productividad”, dijo el representante empresarial.

Por su parte, Enoch Castellanos Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) consideró que la modificación del sistema para el pago del PTU limitaría el uso del insourcing.

Tanto el presidente de la Concamin y Canacintra, afirmaron que el PTU, más el impuesto corporativo que deben cubrir, lleva a las empresas a pagar un porcentaje considerable de contribuciones en comparación con países como Estados Unidos, Dinamarca, Noruega o Suecia.

¿Por qué un tope de un mes? Carlos Salazar Lomelín explicó que la propuesta de la Iniciativa Privada (IP) es con base en los 22.5 días en promedio que se reparten en utilidades en todo el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El reparto de utilidades ha ido creciendo constantemente, en cada censo vemos que el reparto ha ido creciendo. Hoy está en eso, 22 días y medio. Cuando se proponen los 30 días, es porque estamos conscientes de que eso daría un nivel más alto de lo que hoy se reparte, no buscaríamos en ningún caso perjudicar a ningún trabajador”, aseguró el presidente del CCE.

PTU, un derecho constitucional

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), resaltó que el reparto de utilidades es un derecho constitucional y una obligación de los patrones; no es una prestación laboral, expuso.

“Sería verdaderamente triste que lo que quedara al final es que se disminuye al final el pago de las utilidades a los trabajadores. Hago un llamado sensato para que empecemos desde otro punto de vista. No podemos pensar en este momento en que se le deben quitar cosas a los trabajadores u obligarlos a que trabajen más, que sean más horas o que los estándares de producción sean mayores, porque eso sería un atraso en lo que se ha luchado durante tanto tiempo”, manifestó.

El líder sindical consideró que la discusión está partiendo con términos que apuntan a que los trabajadores “deben hacer más cosas”, cuando la legislación ya establece las horas que deben laborar las personas para tener sus prestaciones y, en consecuencia, el PTU.

“Estoy convencido de que en las utilidades algo tienen que ver los trabajadores para que se generen y ese algo son sus ocho horas diarias, su semana de siete días, y eso es histórico. Las empresas de ahora, de antes y de siempre se han hecho a base del dinero de los empresarios, pero también del esfuerzo de los trabajadores. Yo estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos, que no se va a morir nadie por esto de las utilidades y que independientemente de que haya empresas que no lo han pagado y lo tengan que pagar, pues no estamos modificando la Ley. Pero si a eso se llegara, habría que analizar que fuera benéfica para las y los trabajadores”, expresó Aceves del Olmo.

Las mesas de diálogo continuarán por cuatro días más, abordando el análisis con otros sectores como el financiero y de seguros, el energético y el de las industrias extractivas, el de tecnologías de la información y el agropecuario, y también con la opinión de académicos.

Con información vía Factor Capital Humano/El Economista

OUTSOURCING: Reinicia análisis de regulación.

Los sectores de la construcción, de la transformación y de servicios sociales –en donde tienen un fuerte componente los servicios educativos– explican entre 70% y 80% de las bajas laborales que se dan en diciembre de cada año, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dichos sectores utilizan de forma acotada o no utilizan la figura de la subcontratación laboral (outsourcing), afirma la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), lo que contrasta con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien responsabiliza a esta modalidad laboral de la pérdida de empleos formales en cada fin de año.

En diciembre del 2020, como cada año, el ramo de la construcción lideró el listado de los sectores con más despidos decembrinos, con 89,539, equivalente a 32.2% de las 277,820 bajas totales. Le siguieron el sector de la transformación, con 61,102 despidos (22% del total), servicios sociales y comunales, con 49,680 (17.9%), comercio, con 40,055 (14.4%) y servicios personales y para empresas con 39,548 (14.2 por ciento).

“Al investigar sobre las causas (de los despidos) encontramos que el sector de la construcción, sobre todo el subsector de obra civil, tiene como costumbre parar las obras a partir de la segunda o tercera semana de diciembre, regresando a trabajar en la segunda semana de enero”, informó la AMECH.

Por otro lado, afirmó que el sector o industria de la transformación, sobre todo en el subsector de ensamble de equipo de transporte disminuye su número de operarios a partir de la tercera semana de diciembre, mientras que, en el caso de la enseñanza, existen las escuelas que prescinden de su personal a mediados de diciembre por el período vacacional. “Revisando si estos sectores contratan en forma directa o a través de otra razón social a su personal, encontramos que en su mayoría los empleados son contratados en forma directa o a través de una empresa del mismo grupo corporativo. Prácticamente en el sector de la construcción y en el de las escuelas no se utiliza el outsourcing, aunque sí mucho el contrato por tiempo y por obra determinada”, afirmó.

De acuerdo con cálculos a partir de los reportes de empleo del IMSS, en la última década los sectores de la construcción, transformación y servicios sociales son responsables, en promedio, de alrededor de 80% de los despidos decembrinos, aunque la proporción ha venido bajando ligeramente desde el pico de 90% del 2011, hasta el año pasado cuando la proporción fue de 72.1 por ciento. La construcción siempre ha liderado el listado.

Reinicia análisis de regulación

En tanto, esta semana reiniciará el análisis de las propuestas para regular el outsourcing, tras la pausa pactada en diciembre pasado entre gobierno y empresarios, luego de que estos consiguieron que el primero frenara su propuesta de prohibir la subcontratación.

A partir del próximo 20 de enero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará una serie de foros denominados “Diálogos nacionales sobre la participación de las utilidades de las empresas”, para que durante cinco días se presenten los pros, contras y propuestas del pago de PTU a los trabajadores en ramas como: automotriz y manufactura; financiero y de seguros; energético e industrias extractivas; telecomunicaciones y tecnologías de la información; servicios minoristas y turísticos.

Dado que, el outsourcing e insourcing, se convirtieron en una estrategia que permitía a las empresas mantener su competitividad y evitar una carga laboral adicional con el reparto de utilidades, la finalidad de los foros es buscar una salida o nuevas reglas para determinar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) –actualmente en un nivel de 10% de las utilidades– y avanzar en una legislación en materia de subcontratación. Entre los participantes en el Foro se encuentra el CCE, Concamin, Canacintra, la Asociación de Bancos de México; representantes de los sindicatos de Volkswagen, de Nissan, así como el Sindicato de Telefonistas y la CROC.

Con información vía El Economista

PERSPECTIVA: Desempleo se acentúa en personas con estudios universitarios

En los últimos 20 años el desempleo ha crecido en mayor medida entre las personas con estudios universitarios o de bachillerato, en comparación con quienes cuentan únicamente con educación básica.

Mientras en el año 2000 casi 17 por ciento de los desocupados tenían estudios universitarios, en 2020 representaron 27 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actualizadas al tercer trimestre del año pasado, es decir, después del mayor impacto de la pandemia en cuanto a la pérdida de fuentes de trabajo.

Los desocupados con educación media superior pasaron de 13 por ciento en 2000 a 22 por ciento el año pasado.

El perfil laboral nacional emitido por la dependencia en el presente mes indica que, en contraste, el nivel de desocupados que cursaron la primaria bajó del 31 a 14 por ciento en 20 años; en tanto la desocupación de trabajadores con nivel de secundaria bajó de 36 a 35 por ciento en el mismo periodo. También, el grado de desempleados sin instrucción bajó de 3 a uno por ciento.

Desocupados, 2.7 millones

Además, en el reporte se indica que al cierre del tercer trimestre del año pasado había 2 millones 769 mil 491 personas desocupadas por 51 millones 11 mil 33 que estaban ocupadas, de las cuales 35 millones 36 mil son asalariados, 11 millones 369 mil son trabajadores por cuenta propia, 2 millones 396 mil son empleadores y 2 millones 210 mil no reciben pago, en ocasiones porque laboran en negocios familiares.

Entre la población en edad de trabajar, hay 43.1 millones de personas catalogadas como población económicamente no activa.

La red de organizaciones civiles Acción Ciudadana Frente a la Pobreza estimó que al concluir 2020 en el país había en realidad cerca de 6 millones de trabajadores desempleados, ya que cuando alguien deja de buscar empleo por varias semanas en las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no son considerados en esta categoría.

Con información vía La Jornada

Pone pausa nuevo centro de conciliación laboral por pandemia

El recientemente creado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) puso pausa a las operaciones que llevan a cumplir con la reforma laboral, como la legitimación de los contratos colectivos de trabajo o los registros sindicales, como medida preventiva para mitigar y controlar los riesgos por la pandemia.

En ese sentido, la directiva del CFCRL que encabeza Alfredo Domínguez Marrufo, emitió un acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales de los actos y procedimientos administrativos por causas de fuerza mayor, y será del 24 de diciembre al 3 de enero.

“Esta decisión aplicará para los actos y procedimientos administrativos seguidos ante el CFCRL; por lo que las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las unidades administrativas del Centro se entenderán realizadas hasta el día hábil siguiente”, indica el Acuerdo.

Los últimos datos que se han reportado sobre procesos de legitimación de contratos colectivos son: se han dado de alta 309 sindicatos en la plataforma electrónica.

Con información vía El Economista

Van contra caída estacional de empleo con campaña para evitar despidos “irregulares”

El gobierno federal inició una campaña, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para evitar que los patrones cancelen plazas laborales en el mes de diciembre con la intención de recontratarlas en enero, bajo el argumento de que es una práctica que rompe con los derechos laborales de los trabajadores.

En promedio, durante los meses de diciembre de la última década se han cancelado 277,000 puestos de trabajo, aunque el año pasado se alcanzó un nivel récord de 382,210 despidos, cifra que representó 53% de las contrataciones netas realizadas de enero a noviembre de ese año (724,287 plazas). Ese porcentaje fue mayor en 17 puntos porcentuales respecto del nivel del 2018, cuando se observaron 387,561 despidos, luego de contabilizarse un millón 39,471 contrataciones de enero a noviembre.

De acuerdo con la autoridad federal, al menos la mitad de los trabajadores despedidos en diciembre del año pasado fueron recontratados al inicio del 2020, “lo que da cuenta de las malas prácticas que se presentan, sólo para cortar la antigüedad de los trabajadores”.

La campaña del gobierno, en la que participan conjuntamente el IMSS, el Infonavit y la STPS, incluye llamadas a los centros de trabajo de grandes empleadores, así como el envío de cartas para que eviten cancelar el empleo al cierre de diciembre del 2020, si bien se esperan semanas complicadas debido a la vuelta de medidas de confinamiento ante el repunte en el número de casos de Covid-19.

“El gobierno de México ha identificado a patrones que durante el mes de diciembre están dando de baja a sus trabajadores ante el IMSS e Infonavit, mismos que históricamente son recontratados en enero del siguiente año. Las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores”, indica un comunicado conjunto.

En este, detallaron que de los 382,210 puestos de trabajo dados de baja entre noviembre y diciembre del 2019, 65% correspondían a trabajadores registrados como permanentes, a pesar de que un argumento esgrimido por los empresarios para justificar la caída del empleo, es que se trata de puestos de trabajo de carácter eventual.

Las bajas no son todas por outsourcing

De acuerdo con firmas de recursos humanos consultadas, el despido estacional de trabajadores que están registrados ante el IMSS no es una práctica exclusiva de las empresas que utilizan la subcontratación laboral (outsourcing), como popularmente se cree.

En el 2019 el sector que tuvo más despidos entre noviembre y diciembre fue el de la construcción -que prácticamente no utiliza subcontratación laboral-, con 121,153 trabajadores dados de baja por obras temporales. Le siguió el sector de industrias de la transformación (110,565 despidos), servicios para empresas y personas (53,241 bajas), servicios sociales y comunales (53,241 bajas) y el comercio (49,286 despidos).

A nivel geográfico, hubo despidos en 30 de las 32 entidades federativas del país, concentrándose la mayor cantidad en los estados de: Ciudad de México con 70,765; Nuevo León con 38,916, y el Estado de México con una cancelación de 37,438 plazas.

Las autoridades laborales informaron que “la STPS, el IMSS y el Infonavit, enviamos cartas a los patrones que identificamos pudieran haber incurrido en estas prácticas, con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral, se encuentra acorde al marco normativo vigente, y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social”.

Ricardo Martínez Rojas, especialista laboral del despacho D&M Abogados, comentó que si bien las acciones que ha tomado la autoridad laboral van en línea con el acuerdo que firmaron en semanas pasadas empresarios y sindicatos para regularizar la subcontratación laboral, “se vuelve un asunto muy complejo, sobre todo cuando volvemos a estar en semáforo rojo, que implica confinamiento, y tomar nuevos acuerdos con los trabajadores para poder mantener el empleo”.

El cierre de año trae un panorama complicado para muchos empleadores, además, la autoridad federal dejó en claro que el incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social traerá consecuencias legales que pueden poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades de tipo penal y administrativo, afirmó el abogado.

Con información vía El Economista

STPS, IMSS e Infonavit llaman a no usar prácticas irregulares para despedir a personal en diciembre

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hicieron un llamado a los patrones para no usar prácticas irregulares despedir a personal permanente en diciembre.

“El Gobierno de México ha identificado a patrones que durante el mes de diciembre están dando de baja a sus trabajadores ante el IMSS y ante el Infonavit, mismos que históricamente son recontratados en enero del siguiente año”, advirtieron la autoridad en un comunicado conjunto emitido este viernes.

Indicaron que las bajas “injustificadas” impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores.

Señalaron que entre noviembre y diciembre de 2019 se perdieron 382 mil 210 puestos de trabajo, de los cuales 65 por ciento corresponden a trabajadores registrados como permanentes. Durante enero de 2020, se recontrataron con la misma empresa 130 mil 359 trabajadores que fueron dados de baja en diciembre de 2019.

“Si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están registrados por los patrones en el IMSS como permanentes. Estas bajas son una práctica totalmente irregular”, sostuvo la autoridad.

En virtud de los anterior, la STPS, el IMSS y el Infonavit enviaron cartas a los patrones que identificaron pudieran haber incurrido en esas prácticas, con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión “ilegal” de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social.

“Es importante enfatizar la relevancia de que los trabajadores y sus familias estén siempre protegidos con todas las prestaciones a las que tienen derecho y más aún en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que estamos enfrentando”, subrayaron.

El Gobierno de México advirtió que el incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que puede poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales.

Las dependencias pusieron a disposición de los patrones los siguientes datos de contacto para cualquier duda:

En materia del IMSS: Teléfono 800 623 23 23 opción 5, luego opción 1.

En materia del Infonavit: Infonatel Patrones 91 71 50 50 CDMX y Zona Metropolitana, 800 008 3900 Lada sin costo.

En materia de derechos laborales: Profedet 800 717 29 42 y 800 911 7877.

Con información vía El Financiero