Servicios especializados podrían tomar niveles de outsourcing, pero con más orden

Una industria con más orden, con el desarrollo de indicadores, con reportes ante diversas instancias y con transparencia en el cumplimiento de los servicios especializados permitirá a las empresas confiar en las nuevas reglas que trajo la reforma en materia de subcontratación, y es posible que se lleguen a los mismos en el número de trabajadores, pero ahora como parte de un servicio especializado.

Directivos de empresas de la industria -también conocida como staffing- argumentaron que la eliminación del outsourcing en el mercado laboral mexicano trajo diferentes acciones que si bien impactaron de manera directa el negocio, también abrieron la posibilidad de renovarse y ofrecer servicios especializados tal y como lo necesitan las industrias.

“Muchas de las posiciones que hoy administran directamente las compañías, son susceptibles a los servicios especializados; pero ¿por qué las compañías decidieron administrar a su propio personal?, porque no quisieron poner en riesgo a sus presentantes, dado que el outsourcing se dijo que podría caer en el supuesto de delincuencia organizada, entonces buscaron esquemas que les diera garantía; no obstante, ninguna compañía tiene la capacidad de generar infraestructura tal que te permita manejar los picos de producción”, expuso María Luisa Rocha, directora Regional de Operaciones Staffing ManpowerGroup México y Centroamérica.

Jorge Pérez Izquierdo, CEO de PAE, reconoció que la industria se vio impactada de manera importante, para algunas fue un 10% de sus ingresos y para otras hasta 60%; pero afirma que para efectos de la productividad, incluso como país, las compañías van a volver a buscar a las empresas que otorguen todas las garantías para contratar un servicio especializado, entonces “tendremos el mismo volumen de empleados asignados, ahora a través de un servicio especializado”, ello dependerá en la manera en la que se avance en la implementación de la reforma.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que se tienen identificados a 5 millones de trabajadores subcontratados; de los cuales, ya hay 2.7 millones contratados directamente por un patrón.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hasta el momento hay 65,000 empresas que pueden otorgar servicios especializados; además de que la eliminación de la subcontratación no ha representado ningún impacto en la generación de empleos o el crecimiento de la informalidad.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) Héctor Márquez Pitol, comentó que hay cuatro esquemas que se han utilizado con la entrada en vigor de la reforma en subcontratación; entre los que se encuentran: el Registro Patronal del Cliente; Servicios Especializados; Shared Services y Adquisición de Nuevas Razones Sociales.

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Poder adquisitivo de los trabajadores registra leve mejoría

En agosto los salarios contractuales observaron un aumento marginal de 0.07 por ciento, con lo que rompieron la racha de cuatro meses consecutivos en los que el poder adquisitivo de los trabajadores involucrados mermó, según datos oficiales.

En el octavo mes el incremento promedio de las revisiones salariales fue de 5.7 por ciento, que al descontar la inflación anual se tradujo en aumento real de 0.07 por ciento. 

Es la primera ocasión después de cuatro meses en que el dato muestra un comportamiento positivo. En julio pasado se contrajo 0.22 por ciento; en junio, 0.93; en abril, 0.60, y en mayo, 1.39 por ciento, la peor caída de la serie.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante agosto la inflación fue 5.59 por ciento a tasa anual, es decir, se mantuvo fuera del margen objetivo del Banco de México, el cual es 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

En agosto se renegociaron en la jurisdicción federal 461 revisiones contractuales, por lo que el poder adquisitivo de 82 mil 966 trabajadores observó una ligera mejoría.

A pesar de la recuperación observada en agosto, en lo que va del año el incremento promedio real de los salarios fue una contracción de 0.21 por ciento, mientras el incremento nominal para más de un millón 128 mil trabajadores involucrados es de 4.8 por ciento.

Con el resultado de agosto se frenó el comportamiento negativo de los salarios contractuales. El lapso en cifras negativas sólo duró cuatro meses, a diferencia del ocurrido entre enero de 2017 a enero de 2018, derivado de la liberación de los precios de la gasolina, hecho que impactó en el poder adquisitivo de los trabajadores al afectar la inflación.

El periodo comprendido entre noviembre de 2018 a marzo de este año fue el periodo más extenso en el que el poder adquisitivo de la población mejoró.

Del total de revisiones contractuales reportadas por la STPS en julio, 248 corresponden a empresas privadas, mientras que las cuatro restantes al sector público.

En la iniciativa privada se realizaron 435 revisiones contractuales en las que se involucraron 80 mil 509 trabajadores. En promedio obtuvieron un incremento nominal de 5.7 por ciento, que al descontar el efecto de la inflación resultó en un aumento de 0.14 por ciento real.

Reducción en sector público

En el sector público hubo 26 negociaciones que implicaron a 2 mil 457 trabajadores. En promedio consiguieron un aumento promedio de 3.3 por ciento nominal, pero en términos reales se tradujo en una reducción de 2.17 por ciento, con lo que suman ocho meses consecutivos en terreno negativo.

Por actividad, los trabajadores del sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza obtuvieron el mayor aumento real que fue de 5.4 por ciento. Por el contrario, los salarios de trabajadores de actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritorial se contrajeron 2.27 por ciento en términos reales.

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STPS busca más recursos para nueva justicia laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) marcó para el próximo año cinco programas prioritarios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la mayoría enfocados a la implementación del nuevo modelo laboral; en donde la conciliación lleva el mayor incremento de recursos con 67% más respecto a lo que se proyectó para 2021.

Se trata del programa Servicios de Conciliación Federal y Registros Laborales para el que se solicitan recursos del orden de 577 millones de pesos; cuando un año antes la propuesta presentada de recursos fue de 337 millones 475,106 pesos.

Aunado al anterior programa de la STPS, se suma el relacionado con la Procuración de Justicia, en el que el proyecto de presupuesto para 2022 prevé un incremento de 41% más recursos; al pasar de 196 millones 897,092 pesos a 214 millones 303,059 pesos.

Otro programa que presenta la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján es el relacionado con Subsidio a las Entidades Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el que se prevé un incremento de 5.6 por ciento. La dependencia requiere para Subsidio a las Entidades Federativas al menos 711 millones 292,600 pesos; sobre todo porque entrarán en funciones con el nuevo modelo laboral al menos 13 entidades federativas y 11 estarán por hacerlo.

En ese sentido, la dependencia apuntó en el PPEF que continuará apoyando la consolidación y funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que es un organismo público descentralizado con autonomía de gestión y presupuestaria, encargada del procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones, tanto en asuntos individuales como colectivos del orden federal, así como registrar, a nivel nacional, las asociaciones sindicales, los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y todos los procesos administrativos relacionados.

Cabe destacar que, de conformidad con la Estrategia Nacional de Implementación en materia de Justicia Laboral, el CFCRL, los Centros de Conciliación locales y los Tribunales Laborales federales y locales iniciaron operaciones en 8 entidades federativas en 2020, en 2021 se abarcarán 13 entidades federativas y en 2022 las 11 entidades federativas restantes.

El presupuesto total que podría recibir la STPS para 2022 asciende a 24,884 millones 375,970 pesos, un crecimiento real de 0.8% respecto a lo aprobado para este 2021.

Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene presupuesto

Asimismo, otro de los programas prioritarios de la administración es el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para el que se propone una asignación presupuestal del orden de 21,196 millones de pesos; cantidad que se mantiene en los mismos términos a lo que se solicitó para 2021.

Cabe recordar que la presente administración puso como meta atender a 2.3 millones de jóvenes para otorgarles una capacitación, a través de un tutor, a fin de vincularlos a un empleo.

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Reforma sobre subcontratación, en aplicación y vigilancia: STPS

La reforma en materia de subcontratación a la Ley Federal del Trabajo es un cambio de paradigmas, una transformación de los modus operandi de las empresas en sus relaciones laborales con sus trabajadores y en la forma de vincularse con otras empresas, señaló el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez.

Manifestó que, al ser una reforma laboral estructural, obliga a cambiar prácticas abusivas muy arraigadas en el mercado laboral nacional, ya que tener una plantilla de trabajadores tercerizada hoy es ilegal y no es aceptable que algunos despachos de abogados, asesores de empresas, sigan buscando estrategias para vulnerar el marco legal y no para cumplirlo.

Al concluir los plazos transitorios de la ley y comenzar su operación, Salafranca Vázquez destacó que la reforma modificó la forma de operar de las empresas, ya que obligó a los patrones a reconocer a sus trabajadores, a no subcontratar personal para realizar las tareas de su objeto social y de su actividad económica preponderante, y únicamente subcontratar servicios u obras especializadas con empresas productivas con registro ante la Secretaría del Trabajo (REPSE).

“Estamos ya en la fase de aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley”, agregó, al tiempo que felicitó a los miles de empresarios que hicieron el reconocimiento efectivo de sus plantillas y que sumaron 2.7 millones de trabajadores, que hoy gozarán de todos sus derechos, incluido un reparto de utilidades más justo.

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Estados avanzan en aplicación de segunda fase de reforma en justicia laboral

Los 13 estados que integran la segunda fase de implementación de la reforma en materia de justicia laboral cuentan con avances para garantizar su aplicación a partir del 1 de octubre.

Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Guerrero, donde entrará en vigor el nuevo sistema.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, refirió que las 13 entidades están en vías de materializar la puesta en marcha del nuevo modelo, cuya apuesta es que en la primera instancia de conciliación se resuelva hasta 70% de los asuntos; aquellos que no logren concretarse en esta vía pasarán a los tribunales.

Tras realizar una visita a Querétaro, con motivo de conocer los avances y recorrer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los tribunales laborales, refirió que hay condiciones para transitar a la segunda fase de la reforma. 

Expuso se queda un rezago de aproximadamente 8,000 expedientes que tendrán que ser resueltos de manera paralela a la entrada en vigor del nuevo esquema, debido a que en el momento en que abren los tribunales cierran las juntas locales; sin embargo, se estima que sigan operando por lo menos durante dos años más para desahogar estos pendientes.

“Se van a quedar con un rezago importante que tendrán que resolver, pero eso irá sucediendo de manera paralela (…) Por lo menos un par de años estarán operando para poder realizar toda la conclusión de los asuntos pendientes”, refirió.

Las ocho entidades que lideraron la primera etapa han dado muestra de que es un modelo exitoso, logrando conciliar asuntos en menos de 45 días; al pasar a tribunales el tiempo máximo es de cuatro meses, mientras que con el modelo anterior podrían tardar hasta seis años.

La otra vertiente es el cumplimiento en materia de libertad y democracia sindical, cuyas reglas también entran en vigor el 1 de octubre. Al respecto, afirmó que se deben garantizar conceptos como el voto secreto para garantizar la legitimidad y negociación colectiva que deriven en paz laboral y en que los trabajadores puedan organizarse de manera libre.

Rezagos

Sin embargo, aún hay rezago en la adecuación de los estatutos de los sindicatos; tan sólo en el estado de Querétaro es de cerca de 35% que los han modificado.

De acuerdo con la secretaria federal, en las últimas semanas ha habido mayor interés de las organizaciones sindicales para realizar modificaciones y regirlas con la legislación

Luisa María Alcalde destacó que hay garantía de que la segunda etapa del sistema entrará en funciones el primer día de octubre, con lo cual también se avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el T-MEC.

Particularmente para Querétaro es relevante la aplicación de la reforma, al contar con una importante participación de industria exportadora; con el nuevo marco legislativo se da una mayor garantía a estos procesos, al tener un intercambio constante con la región de Norteamérica.

También exhortó a avanzar en la legitimación de los contratos colectivos. En Querétaro 35 sindicatos han realizado este proceso, legitimando 47 contratos en 101 consultas en las que han participado 22,870 trabajadores.

A partir del 1 de octubre, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral asumirá a nivel nacional las labores registrales en materia de registro de asociaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo, entre otros.

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En 9 meses, más de 22 mil mexicanos con trabajo temporal en Canadá

De septiembre de 2020 al 30 de junio pasado, un total de 22 mil 214 jornaleros agrícolas mexicanos han viajado a Canadá para laborar durante ocho meses, como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), de acuerdo con el tercer Informe de labores del gobierno federal.

Lo anterior, como parte del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), el cual es operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Este mecanismo se conforma por tres subprogramas denominados: Intermediación Laboral, Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas y Capacitación para la Empleabilidad, por medio de los cuales se ayuda a solucionar las dificultades que enfrentan los buscadores de trabajo y los empleadores para articularse en el mercado laboral.

A través del PAE se atendió a un millón 459 mil 982 personas buscadoras de empleo y se captaron 787 mil 913 vacantes a través de los distintos mecanismos del subprograma de intermediación laboral.

En Portal del empleo –que forma parte del subprograma antes citado- se registraron 145 mil 277 vacantes y 906 mil 944 personas buscadoras de empleo. Del total de personas atendidas, 45.9 por ciento fueron mujeres, mientras que 52.4 por ciento correspondió a jóvenes. En cuanto a las personas colocadas, las mujeres representaron 37.5 por ciento del total y los jóvenes 61.2 por ciento.

Respecto al de Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas, se gestionó la contratación de siete mil 675 personas, de las cuales siete mil 202 se colocaron inmediatamente, lo que representó una tasa de colocación de 93.8 por ciento, indica el documento.

De igual forma se implementó el Mecanismo de Movilidad Laboral Externa para Jornaleros Agrícolas, que opera principalmente en Estados Unidos, por medio del cual se colocaron mil 795 personas trabajadoras “en condiciones legales y seguras, con pleno respeto a sus derechos humanos y laborales”.

Cabe recordar que en junio de 2020 el gobierno de México suspendió de manera provisional el envío de trabajadores debido a que al menos 300 connacionales se contagiaron de Covid-19 en granjas canadienses y dos murieron. La temporada 2021 inició el cuatro de enero pasado.

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TENDENCIAS_ Analista: el caso de GM crea ola para emanciparse de sindicatos cetemistas

Las votaciones en la planta General Motors, en Silao, Guanajuato, –en las que se rechazó el contrato colectivo que estaba vigente–, han provocado que los trabajadores de otras organizaciones sindicales cetemistas, sobre todo en la frontera norte del país, participen de manera activa en los procesos de legitimación de los convenios para sacudirse el control de esa central, señalaron activistas laborales.

Se trata de obreros de las maquiladoras Parker Brownsville Servicios y Tricon de México, en Matamoros, Tamaulipas, quienes en dos procesos de legitimación distintos –realizados en la última semana de agosto– votaron en contra de los contratos colectivos (CCT) que estaban en manos de un par de organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Susana Prieto Terrazas, asesora laboral de los trabajadores y ahora diputada federal de Morena, señaló que a partir del caso de la automotriz en Silao, que captó atención internacional, surgió una ola de votaciones respecto a la legitimación de CCT.

“Los trabajadores de General Motors Silao se convirtieron en un pilar para que el resto de los obreros en el país abran los ojos y corroboren que no pierden una sola prestación y conservan sus derechos incluso cambiando de sindicato”, como lo ha señalado la autoridad laboral, apuntó.

En entrevista, María del Rosario Moreno, secretaria general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32, coincidió en que el caso antes citado “abrió el camino” para que en otras empresas los trabajadores “se libren de esos representantes de obreros” que no han defendido sus derechos laborales.

“En Matamoros, el movimiento obrero está serio, pero no apagado. En el momento que tengan que responder, lo van a hacer”, como en 2019 cuando 45 maquiladoras de la Ciudad Industrial en la zona fronteriza entraron en paro luego de que los trabajadores iniciaran una lucha para pedir mejoras salariales.

En la empresa Parker, un total de 560 obreros votaron a favor de mantener el CCT, mientras que 828 rechazaron continuar con el convenio cuya titularidad pertenecía al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim), encabezado por Juan Villafuerte.

En Tricon, 206 trabajadores votaron por el “sí”, y 655 decidió no avalar el convenio que representaba el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Ensambladora (STIME), de Rubén Longoria Uribe. Ambas organizaciones afiliadas a la CTM.

La representación legal de los asalariados –equipo jurídico de la abogada Susana Prieto– y Rosario Moreno anunciaron que el sindicato que representa disputará la titularidad de ambos contratos, una vez que la autoridad laboral emita, tras los 20 días hábiles que tiene de plazo legal, la resolución.

Tras las votaciones, “los sindicatos se siguen comportando de lo peor, hostigando a los trabajadores, pidiéndoles que firmen un documento o de lo contrario los van a despedir”, con el propósito de que con sus rúbricas puedan sustentar supuestas anomalías y pedir la revocación de la consulta por medio de las cuales los obreros decidieron no continuar con estas organizaciones, indicó la dirigente.

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No hubo prórroga: La reforma contra el outsourcing entra en vigor

La reforma contra de la subcontratación laboral u “outsourcing” entró en vigor este miércoles como una promesa de justicia laboral del gobierno a pesar del reclamo de cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos.

Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12% su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el REPSE (Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas)”, avisó la secretaria en sus redes esta semana.

La reforma ‘antineoliberal’ del outsourcing

El gobierno promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el “outsourcing”, que considera herencia del “periodo neoliberal”.

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.

Aunque de la modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador la tachó de “abusiva” y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6,000 empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.

Además, el “outsourcing” le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibir 773 millones de pesos al año, aseveró este lunes su director, Zoé Robledo.

Choque con los empresarios

La medida del gobierno despertó choques iniciales con los empresarios, quienes en un inicio alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleos en un momento en el que la crisis de Covid-19 había desaparecido más de 1 millón de puestos formales.

Algunas cámaras empresariales llegaron a un acuerdo con el gobierno en abril pasado y el Congreso concedió una prórroga para la entrada en vigor de la reforma al outsourcing de un mes para la fecha límite original, el 1 de agosto.

Pero ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que 56% de las compañías no han podido registrarse en el REPSE, por lo que denunció que la prórroga es insuficiente.

“Implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal”, sostuvo en un comunicado.

Pese a las críticas, la secretaria del Trabajo ha defendido que “antes de lo pronosticado, México ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia”.

Mientras que el Banco de México (Banxico) elevó el martes su pronóstico de creación de empleos formales para 2021 a un rango de 640,000 a 840,000 nuevos puestos registrados en el IMSS, frente a una proyección anterior de 370,000 a 570,000.

Incluso, el BBVA compartió un análisis en el que aseveró que la “eliminación del ‘outsourcing’ permite recuperar y superar niveles de empleo permanente previos a la pandemia”.

“El salario nominal tuvo un crecimiento 7.5% año contra año y 0.5% mes contra mes (en julio), por lo tanto, los ajustes derivados por la eliminación del ‘outsourcing’ hasta el momento no han tenido impacto negativo a nivel salarial en términos agregados”, aseguró.

CON INFORMACIÓN VÍA LA LISTA/THE GUARDIAN

Reporta STPS vida activa de 2,090 sindicatos

Con los cambios de la reforma laboral y la obligatoriedad para modificar los estatutos, a la vez de dar cumplimiento a la legitimación del contrato colectivo de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó que en el país tienen vida activa 2,090 sindicatos de trabajadores.

En el Tercer Informe de Gobierno la dependencia detalló que desde 2019, cuando se aprobó la reforma laboral, este número de sindicatos en el país ya han actualizado sus registros y tienen actividad cotidiana.

En ese sentido, 1,966 sindicatos de trabajadores ya cuentan con estatutos que cumplen con el nuevo modelo laboral, representando el 94% de avance respecto al total de sindicatos activos.

Respecto al ámbito local las autoridades laborales reportaron la existencia de 10,874 organizaciones sindicales activas, de las cuales 3,851 ya adecuaron sus estatutos, representando el 35.41% de avance.

Cabe señalar que los sindicatos están obligados a modificar sus estatutos para incluir aspectos como el voto libre secreto y directo, tanto para elegir dirigencia sindical, como para avalar sus contratos colectivos y aprobar los acuerdos que tome la dirigencia con la empresa en las revisiones salariales.

Además, los sindicatos debieron establecer, de manera obligatoria, la cláusulas de género en los estatutos sindicales, lo cual, detalló la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján, se ha traducido en resultados tangibles, ya que actualmente existen 417 organizaciones sindicales con secretarías generales encabezadas por mujeres.

En el caso de las federaciones y confederaciones sindicales, 52 y dos secretarías generales, respectivamente, son dirigidas por mujeres.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Sin prorrogas, la reforma en materia de subcontratación inicia mañana

La reforma en materia de subcontratación avanza con una manifiesta voluntad empresarial de cumplir con la nueva normatividad y terminar con esquemas abusivos para evadir responsabilidades laborales y con ello afectar a los trabajadores, consideró la titular del Trabajo y Previsión SocialLuisa María Alcalde Luján.

No habrá prórroga, dijo en víspera de la entrada en vigor de esta reforma, este 1 de septiembre. Aclaró que la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para establecer nuevas ampliaciones de plazos. “No tiene facultades la Secretaría del Trabajo para prorrogar y no sabemos que el Congreso tenga intención de ampliar el plazo”, precisó.

Pero ello no significa que el Registro de Empresas y Servicios Especializados (REPSE), cierre. Se mantendrá abierto. “Y si alguien no logró hacer el trámite, lo podrá realizar más adelante”.

Al participar conjuntamente con el subsecretario del Empleo de la dependencia, Marath Bolaños López, en un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio de Australia y Nueva ZelandaAlcalde Luján, se refirió a la construcción de la política laboral en la actual administración y abordó el tema de la subcontratación.

Les comentó que en tres años ya se construyó una política laboral de equidad y justicia que eliminó los abusos del pasado. Destacó cuatro ejes de la nueva política en materia de trabajo, en la que destaca el fortalecimiento del salario mínimo.

Se trata de un trabajo en conjunto: gobiernoempresarios trabajadores, que no se había hecho en los últimos 40 años para revertir la caída del salario mínimo y lograr un aumento de 51%.

“La idea es continuar con estos incrementos hasta lograr la meta en que cada familia pueda tener lo mínimo indispensable para el trabajador y un dependiente económico con este salario”, precisó Alcalde Luján.

De la reforma laboral, comentó que permite la implementación de un modelo de libertad sindical, negociación colectiva auténtica y un nuevo modelo de justicia, que resuelve en 45 días sí se concilia y 6 meses sí llegan a los tribunales laborales, los conflictos entre trabajadores y empleadores. Antes era un proceso de 4 a 6 años en promedio.

Hay además, un empuje en materia de libertad sindical, donde sea la decisión de los trabajadores la que elija a sus liderazgos a través de votaciones, en contextos de no represión y garantías de libertad.

Y como tercer eje, la reforma en materia de subcontratación.

Se refirió también al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es prioritario del actual gobierno, para atender a la juventud e impulsarla a desarrollar nuevas habilidades y competencias que faciliten su integración al mercado laboral.

Explicó a los integrantes de la Cámara de Comercio de Australia Nueva Zelanda que se trata de incluir a los jóvenes para que colaboren con el sector productivo, con las empresas del país, para que adquieran experiencia de la mano de tutores y empresarios que los acogen y forman.

Y a la vez, se benefician de su propio talento, energía y ganas y los invitó a formar parte de este programa.

CON INFORMACIÓN VÍA EL SOL DE MÉXICO