AT&T, Megacable, Telefónica y American Tower, cuatro empresas que en un hipotético mercado podrían crear al segundo operador de México por los 85,000 kilómetros de redes de fibra y 8,000 radiobases que disponen en infraestructura pasiva, más los 50 millones de consumidores en fijo y móvil y la facturación combinada de 2,200 millones de dólares que lograron reunir en el último trimestre del 2021, arengaron al resto de actores de su industria a exigir una política regulatoria que empareje la competencia y concurrencia en las telecomunicaciones del país, dominadas éstas por compañías relacionadas a un mismo grupo de interés económico: América Móvil.

Estas son las empresas que compiten directamente en el segmento móvil contra Telcel; en fijo contra Telmex, y en infraestructura contra Telesites e incluso a la mayorista Red Nacional Última Milla en el despliegue de fibra.

Las cuatro compañías —en su oportunidad, tono y desde su cancha, pues utilizaron mucho la calificación de México a Qatar 2022 para parafrasear sus comentarios— insistieron en su perspectiva de que la autoridad está en obligación de replantear la política regulatoria que aplica a la industria mexicana de telecomunicaciones, donde un mismo grupo económico, con sus empresas, directa o indirectamente ligadas a la matriz, se están apoderando del mercado.

Telcel, que ha pasado de 73 a 81 millones de clientes en nueve años, aún con una regulación asimétrica particular que tiene encima desde el 2014; Telesites, que ha crecido un tercio su base de torres disponibles después de una escisión en 2015 y Telmex, que se mantiene como el primer operador de la banda ancha fija nacional, a pesar de que ordenada a partirse en dos en 2018, son muestras de que algo ocurre en el mercado mexicano de telecomunicaciones, que el resto de empresas, incluidos estos cuatro grandes operadores de alcance global y nacional, les resulta complicado invertir y captar usuarios e ingresos; pues como otro ejemplo, Telcel capta más del 70%  de los ingresos que genera el mercado celular local.

En la Convención Nacional Canieti 2022 realizada en esta ciudad —la primera que esta cámara integrada por un millar de empresas de alta tecnología que a su vez generan 1.2 millones de empleos y con participación del 9% en el PIB nacional organiza después de la pandemia—, los jefes de AT&T, Megacable, Telefónica y American Tower cargaron contra la política regulatoria actual, a la que acusaron de inhibir la inversión, la concurrencia y competencia de actores, resultando entonces en una brecha digital importante, dado que la penetración de Internet aquí todavía es del 72%; y con el amago de empresas por valorar salir de México, si el mercado no retorna las inversiones.

Mónica Aspe Bernal, directora general de AT&T, acusó que la industria en su conjunto no resiste más mantener su intenso grado de inversión para expandir y mejorar las redes 4G y hacer nueva red 5G, en tanto exista un agente económico que se lleva la mayor parte de los pesos y consumidores, y por causa también de una política regulatoria que poco ayuda al mercado. El mensaje estuvo dirigido al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero de quien Aspe Bernal también pidió no desaparecerlo y por el contrario, fortalecerlo, así como a la política regulatoria que propicie competencia.

“El gran reto de este sector, cuando lo vemos como país, es la inclusión digital a largo plazo, sostenida y diversa, y para lograr eso necesitamos la suficiente inversión en México para detonar desarrollo (…) Seguimos siendo el principal inversor en movilidad y urge nivelar este ritmo de inversión para emparejar la cancha. Sin competencia efectiva, México no logrará la inversión que merece”, dijo Aspe.

AT&T, de la que Mónica Aspe es directora formal desde marzo del 2020, invierte en México un cuarto de sus ingresos anuales. Al menos así fue durante el 2019, con alrededor de 675 millones de dólares, cifra que pone a esa compañía en la pelea por el título de primer inversor en las telecomunicaciones móviles.

Hay que romper esa cadena monopólica u oligopólica que restringe. Hay que tener la capacidad de exigir, de movernos como sector hacia otro lugar. Desde el lado del móvil, es fundamental movernos en este paso hacia la 5G, porque si bien esas inversiones son mucho mayores, también los impactos”, arengó Mónica Aspe Bernal a un centenar de empresarios de telecomunicaciones de todo México reunidos aquí.

“Hay que habilitar reglas y certidumbre. Lo digo a dónde voy: necesitamos más y no menos regulador y un regulador con autonomía y pleno completo y diverso. Es lo que necesitamos los agentes regulados para hacer lo que nos toca hacer: ir y construir, para reducir la brecha digital y contribuir al desarrollo de nuestro país”.

Enrique Yamuni, CEO de Megacable y desde este día presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), coincidió con Aspe en el clamor de una nueva regulación y la política pública también para empujar las inversiones público-privadas que lleven cobertura allí donde no se genera rentabilidad financiera.

“El gobierno debe entender que la industria de telecomunicaciones necesita de grandes volúmenes de inversión y acompañadas de grandes cantidades de inversión pública, pero eso no ha sucedido”, dijo Enrique Yamuni.

“El año anunciaron una inversión de 1,000 millones de pesos (para redes públicas de telecomunicaciones) en el presupuesto federal, pero eso es una cantidad ínfima comparado con las cantidades que se necesitan para llevar conectividad a los niveles deseados. Tiene que haber una política real de Estado que nos ayude a todos a tener una inclusión digital, si no, esto seguirá siendo un país desigual”, suavizó el jefe de Megacable.

Presentándose como muy pocas veces en foros de telecomunicaciones y más diplomático, pero en la misma sintonía de las otras tres empresas, el CEO de Telefónica México, Camilo Aya Caro, solicitó una regulación que permita la continuidad de la inversión y de operadores en el país. Inversión para crear infraestructura basada en fibra óptica y con capacidad y capilaridad que soporte las redes 5G.

“El elemento para que continúe la inversión es el entorno competitivo en el país (…) En el segmento fijo se ve una realidad distinta al móvil (…) En el móvil un operador se lleva el 72% de los ingresos, eso no es manera de fortalecer la infraestructura”.

En su oportunidad en un panel sobre telecomunicaciones y competitividad organizado por Canieti, Guillermo Cordera, director general de American Tower México, retomó los comentarios de la jefa de AT&T y clamó no sólo por un árbitro neutral, también por un terreno de juego parejo:

“Tenemos veinte años trabajando con infraestructura pasiva (8,000 radiobases en activo durante 2021) y con los modelos de compartición, pero queremos que las condiciones existan para todos. Queremos jugar un futbol no sólo con árbitro justo, sino también con la cancha y los equipos equilibrados (…) Tiene que haber condiciones necesarias para completar esa competencia, que en conjunto hace todo el drive de las inversiones”, parafraseó Cordera.

En la jerga del juego, más temprano el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, dijo que el IFT sacará la tarjeta amarilla o roja para castigar, pero no porque un jugador es más grande que el otro.

“Que donde haya que marcar una falta, se saque la tarjeta amarilla o la roja porque es lo que corresponde conforme a las reglas (…) Las leyes y la regulación que emitimos no busca impedir que un operador compita, sino que se compita con reglas parejas, sin importar el tamaño”.

En la conferencia donde Telefónica, AT&T, Megacable y American Tower descargaron contra  la regulación asimétrica y América Móvil y sus empresas también estuvo presente el fabricante Ericsson, quien prefirió ser neutral y hablar de innovación tecnológica, porque además, el 70% de las antenas que Telcel instaló para 5G son de su fabricación.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA