Agroempresarios bolivianos se unen en defensa de las semillas transgénicas

La Paz, 25 ago (Sputnik).- Los empresarios agrícolas de Santa Cruz (este) cerraron filas este martes en defensa de dos decretos del Gobierno transitorio boliviano de Jeanine Áñez favorables al uso de semillas transgénicas, ante una demanda judicial de pueblos indígenas y activistas del medio ambiente.

“Los productores agropecuarios expresamos nuestro rechazo a la Acción Popular, sin fundamento, interpuesta por activistas para coartar la producción de maíz, caña de azúcar, trigo, soya y algodón con semillas genéticamente modificadas”, destacó la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en un comunicado.

La declaración se sumó a pronunciamientos, en el mismo sentido, hechos el día anterior por la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y  el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Caña de Azúcar (CITTCA).

La Acción Popular fue planteada ante una sala regional del Tribunal Constitucional por la Asamblea por los Bosques y la Vida (ABV), que agrupa a pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales, contra dos decretos de mayo que autorizaron la introducción acelerada de nuevas semillas transgénicas.

Tras una audiencia la semana pasada, ese tribunal pospuso hasta los primeros días de septiembre su decisión, que será inapelable.

Las semillas genéticamente modificadas y en general la biotecnología tienen impacto especialmente en Santa Cruz, distrito de más de dos tercios de los alimentos básicos de Bolivia y donde el sector empresarial, cercano a Áñez, tiene tradicionalmente fuerte influencia política y económica.

Los demandantes buscan la anulación de esos decretos mediante la Acción Popular, un recurso constitucional establecido para garantizar derechos e intereses colectivos como los del medio ambiente, que pudieran estar amenazados por medidas gubernamentales.

La ABV argumentó en su demanda que la introducción masiva de semillas transgénicas amenazaba entre otras cosas al patrimonio genético nacional, en particular a las semillas nativas de maíz, y a bosques y pastizales que serían afectados por la ampliación de la frontera agrícola.

El uso de semillas transgénicas estaba limitado a la soya bajo fuertes controles oficiales y su ampliación fue dispuesta por el Gobierno transitorio como parte de un cambio de política que incluyó la liberación de las exportaciones, en especial azúcar y oleaginosas, decretada a principios de año.

“Rechazamos la Acción Popular interpuesta por estos malos activista, que no solo es irresponsable sino atentatoria al pueblo boliviano, poniendo en serio riesgo a muy corto plazo el normal abastecimiento de alimentos y empleos en nuestro país”, advirtió la CAO.

La ANAPO advirtió que una eventual prohibición de la biotecnología pondría en riesgo a una cadena de cultivos de rotación que produce anualmente 4,5 millones de toneladas de granos de trigo, girasol, maíz y sorgo, con un movimiento económico de más de 2.000 millones de dólares, al margen de la industria azucarera.