Unesco: AL y el Caribe sufren una emergencia educativa

En América Latina y el Caribe se vive una “emergencia educativa” derivada del impacto de la pandemia de covid-19 en los sistemas formativos de la región, advierten ministros de ese sector en la región, y destacan que el proceso para su recuperación “no es volver a lo mismo”.

En la propuesta presentada para la llamada Declaración de Buenos Aires, de la Tercera Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, realizada el 26 y 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina, por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se acordó fortalecer la recuperación educativa, a fin de evitar una “catástrofe generacional”.

Entre los ejes centrales que buscarán promover en sus países, incluido México, está “recuperar los aprendizajes perdidos, particularmente en áreas fundacionales, reintegrar a niños y jóvenes que interrumpieron y/o abandonaron la escuela por la pandemia, establecer sistemas de alerta temprana para identificar y asistir a los estudiantes en riesgo de abandono escolar, fortalecer el bienestar socioemocional e integral de toda la comunidad escolar, y valorar, apoyar y formar a los docentes”.

El objetivo del encuentro, que reunió a autoridades pedagógicas y especialistas de la región, es conocer el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 4 de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, a fin de hacer una revisión para el logro de las metas, y generar una hoja de ruta regional para alcanzarlas.

El contexto para la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia es adverso, en particular por la falta de financiamientos, pues de acuerdo con estimaciones del organismo multinacional “solamente 2.9 por ciento del financiamiento de los planes de estímulo para enfrentar los efectos del covid-19 a escalamundial fue hacia la educación, y se concentró en los países de altos ingresos”, por lo que aún se enfrentan múltiples desafíos para garantizar la recuperación en este relevante aspecto del desarrollo humano.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

ACTUALIDAD_ Informe UNESCO sobre la ciencia refleja la necesidad de inclusión y una transición ecológica

Dieron inicio las actividades de la Semana Nacional de Conocimiento, un esfuerzo por recordar al público en general la importancia de la ciencia en nuestras vidas y para el desarrollo de los países. Como primer evento se llevó a cabo la presentación del Informe UNESCO sobre la ciencia: La carrera contra el reloj para un desarrollo más inteligente. Esta es la primera ocasión que se presenta en América Latina y el Caribe.

El encargado de presentarlo fue Frédérick Vacheron, representante de la UNESCO en México, quien explica que hay dos tendencias importantes en el mundo: La primera es sobre la transición ecológica y digital, la segunda, la necesidad de una ciencia más incluyente.

Dijo que el informe hace alusión a esta forma de desarrollo más inteligente impulsada por tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, el big data y blockchain; mismos que convergen con la biotecnología, nanotecnología y las ciencias cognitivas para formar la base de la cuarta revolución industrial o industria 4.0

Otra idea principal alrededor del informe fue explicar cómo la pandemia ha puesto a la ciencia en el centro, indicó que nos ha subrayado tres importantes lecciones: Que todos estamos profundamente interconectados, “nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”. Que las mismas actividades humanas impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, “con ello aumenta el riesgo de pandemias”. La tercera discusión es la importancia vital de la ciencia para buscar soluciones junto con la diplomacia científica, fundamental para poner el conocimiento, los métodos, datos y pruebas científicas al alcance de todos; aumentar la colaboración científica y abrir los conocimientos a los actores sociales más allá de la comunidad científica.

Ciencia, sinónimo de modernidad y desigualdades

Vacheron explica que la ciencia se ha convertido en sinónimo de modernidad y competitividad económica, pero su futura competitividad dependerá de la rapidez con la que se consiga hacer esa transición de manera paralela. “Desde 2015 los países han ajustado sus políticas nacionales en función de la agenda 2030 y están inmersos en una transición gradual hacia economías verdes, con sistemas de producción y consumo más inteligentes a medida que aumenta la relación costo–beneficio de las energías renovables, los proyectos se multiplican”.

Sin embargo, una realidad es que numerosos gobiernos no saben cómo conciliar la preservación de los mercados y los acuerdos, por lo que la transición aún es insuficiente; con datos de 2018, más del 80% de la producción de energía seguía basándose en el carbón.

Otros datos que hacen difícil la transición, es saber que el 80% de los países sigue invirtiendo menos del 1% del Producto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo (I+D). Mientras que a nivel mundial hubo un crecimiento de más del 19% del gasto mundial en I+D, en América Latina éste disminuyó a un promedio de 0.6% del PIB”. En México bajó la inversión de 0.44% en 2014 a 0.31% en 2018; según los datos del 2020 esto aumentó solamente a 0.37 %, aún lejos de alcanzar el objetivo establecido en la propia Ley de Ciencia y Tecnología.

“Los niveles de inversión del gobierno son demasiado bajos”, aunado a ello, el sector público es el que financia entre el 80 y 90% del gasto en I+D. Agregó que por otro lado, el número de investigadores ha aumentado más rápido que el gasto correspondiente, lo cual reduce los fondos disponibles para cada investigador; en el periodo de análisis el número de investigadores creció tres veces más rápido (13.7%) que la población global (4.7%).

A nivel mundial la tasa de colaboración científica internacional aumentó del 22 al 24%, pero esta media oculta grandes disparidades entre grupos de ingresos y países; por ejemplo muchos países siguen importando tecnología prefabricada en lugar de adaptarlas o desarrollar las propias, “este es uno de los retos políticos más importantes”.

También el tema de género es central. Hoy las mujeres representan el 33.3% de los investigadores en el mundo, “sin duda es un aumento, pues apenas hace cinco años era 28%, sin embargo esa evolución no permite decir que se ha superado la brecha de desigualdad”. América Latina ocupa el segundo lugar de mujeres investigadoras con el 49.8%, sin embargo en México es de 37 por ciento.

“Las mujeres no deben perderse los trabajos del futuro”. Las Naciones Unidas anticipan que las mujeres perderán cinco puestos de trabajo para uno ganado a través de la industria 4.0, en comparación con tres puestos que perderán los hombres por cada uno ganado.

El panorama mexicano

Estos son algunos de los aspectos que resalta específicamente el informe para México:

La política socioeconómica ha privilegiado un nuevo modelo de desarrollo con enfoque en los programas sociales.

La ausencia de una política industrial sugiere que la economía mexicana seguirá dependiendo de las exportaciones de petróleo y manufacturas asociadas con las cadenas de valor globales, así como de las remesas.

Se quiere conectar la ciencia con los desafíos locales, para ello su nueva iniciativa titulada Programas estratégicos nacionales (Pronaces), asigna fondos a proyectos de investigación con un enfoque en temas sociales a nivel local. El proyecto está coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero 2019 representó solo el 1.1% del presupuesto del Consejo.

Desde 2019, el gobierno ha vuelto a una visión lineal de la innovación que minimiza el papel vital que juega el sector empresarial en la innovación. Una consecuencia de este cambio de política ha sido que el Conacyt ya no financia emprendimientos comerciales privados.

En 2020, el gobierno decidió eliminar por completo los fondos sectoriales sin realizar ninguna evaluación sólida para justificar su desaparición. Esto provocó frenos en la intensidad de la investigación y ha ido disminuyendo de manera constante.

En 2018, el presupuesto tocó un mínimo del 0.31% del PIB. En 2020, el Congreso aprobó una regla que prohíbe cualquier caída adicional en el gasto público en investigación hasta que se alcance el objetivo del 1% establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Algunos otros documentos normativos ya aprobados por el Congreso reflejan una centralización gradual del poder de decisión y los recursos del Conacyt. Por ejemplo, los nuevos Estatutos internos aprobados en 2020 han eliminado el carácter autónomo del organismo encargado de asegurar los vínculos entre el sector público y las comunidades científica, técnica, académica y empresarial, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En el informe 2020 participaron más de 70 personas provenientes de 52 países, está divido en 26 capítulos y 736 páginas, aquí se examina cómo los países están utilizando la ciencia para construir un futuro inteligente, tanto en el plano ecológico como en el digital, agregando datos sobre las publicaciones científicas y patentes, además de estudiar el impacto de la Covid-19 en la investigación y la innovación mundial.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

PERSPECTIVA_Amplio consenso en México: regulaciones sobre Internet requieren un debate con la participación de múltiples actores

Las regulaciones sobre Internet en México deben ser debatidas con la participación de múltiples actores interesados y las propuestas deben estar en línea con los estándares de libertad de expresión, es el amplio consenso entre expertos/as que participaron del Seminario Internacional «Moderación de contenidos y la protección de la libertad de expresión de los usuarios de redes», organizado por UNESCO y OBSERVACOM, el viernes 12 de marzo. El diálogo continuará el 24 de marzo.

El Vocero y Coordinador de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez, sostuvo que el Estado no debería tener el control de lo que se dice en Internet, ni tampoco las empresas privadas. “Aquí la sociedad tiene que construir espacios de contrapesos vivos”, dijo. Agregó que “las redes sociales tienen que hacer transparentes los criterios que usan (para moderar contenidos). Facebook y Twitter deben transparentar sus algoritmos. La exigencia de transparencia no es solo para el Estado”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez dijo que “no se pueden construir política pública sin consensos” si se pretenden soluciones robustas y sostenibles, se necesita un debate abierto y multistakeholder. “Abrimos junto a UNESCO este espacio de diálogo y tenemos la expectativa de que ustedes puedan encontrar soluciones para que haya una Internet más libre y más abierta, y que haya más libertad de expresión, y no menos”, aseguró.

Para Rosa María González, Consejera Regional en Comunicación e Información de UNESCO “las plataformas ejercen un enorme poder y sus decisiones no tienen apoyo en estándares públicos”. “El camino no vendrá de regulación de contenidos sino de la combinación de regulación, autorregulación y co-regulación de procesos, con foco en la transparencia tanto de las políticas y prácticas publicitarias, del modelo económico, de las decisiones de moderación y diseño de estas plataformas”, aseguró, y señaló que los principios DAAM (derechos, apertura, accesibilidad y multiplicidad) de UNESCO podrían ser una guía para las regulaciones sobre los intermediarios de Internet.

En la misma línea, Guilherme Canela, Jefe de la Sección de Libertad de Expresión la UNESCO, dijo que “cualquier decisión de la regulación debe preservar la arquitectura de Internet” y agregó que UNESCO desarrolló principios para guiar la estructura regulatoria en base a principios de regulación, autorregulación y corregulación. Explicó que los principios DAAM, si bien no aluden a moderación de contenidos, sirven como base para construir cualquier regulación sobre el tema.

El Oficial de Tecnología y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, aseguró que “la plaza pública digital no está disponible para todos… Algunos son escuchados y otros no… los sistemas de moderación pueden discriminar lenguas indígenas porque estos sistemas privilegian lenguas dominantes”. Además planteó que la “concentración de poder de redes sociales puede afectar el pluralismo”.

Campbell destacó seis puntos para abordar las regulaciones sobre moderación de contenidos por parte de las plataformas de Internet: primero, asegurar un debate amplio y democrático; segundo, la regulación debe seguir a los estándares de derechos humanos; tercero, evitar ambigüedades sobre lo que constituye un contenido ilícito; cuarto, las regulaciones deben exigir a las plataformas la existencia de revisión humana para la moderación de discursos; quinto, los Estados deben exigir transparencia a las empresas sobre la moderación de contenidos y, al mismo tiempo, los Estados deben ser transparentes sobre lo que piden a las empresas. Por último, Campbell señaló que los usuarios deben poder apelar decisiones que toman las plataformas sobre sus contenidos.

Además de los representantes de organismos de derechos humanos, participaron del Seminario representantes de organismos públicos de México.

Roberto Duque, representante de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal mexicano, sostuvo que un reto mayúsculo en relación a las plataformas de Internet tiene que ver con la transparencia. Explicó que al hablar de Internet, hay que tener cuidado con equiparar la regulación de redes sociales a la de medios tradicionales. “Las redes sociales no utilizan la red publica de telecomunicaciones sino Internet”, explicó.

“No se trata de que se impongan reglas que limiten los derechos, ni de interferir con el funcionamiento de una red social o que una entidad pública defina qué puede circular y qué no por las redes… Una regulación sobre Internet debería apuntar a potenciar los enormes beneficios de las redes sociales e inhibir los riesgos”, concluyó.

El senador Ricardo Monreal, quien recientemente presentó una iniciativa para regular las redes sociales en México, dijo que la regulación de Internet requiere una discusión global para que haya normativas adecuadas a nivel nacional e internacional. “No podemos confiar en que las empresas privadas se autorregulen y que decidan qué contenidos o cuentas de usuarios borrar”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Javier Hidalgo planteó que “es legítimo todo marco jurídico que quiera regular estos servicios (de Internet) y explicó los alcances de un proyecto de Ley Federal de Protección al Usuario Digital que presentó al Congreso que incluye mecanismos para conocer argumentos y lógica con la que plataformas toman decisiones, así como regular a las plataformas preponderantes y la portabilidad de información entre plataformas.

Por su parte, el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sostuvo que cualquier limitación a la libertad de expresión debe estar claramente establecido por Ley, tal como lo dispone la Constitución mexicana y los Pactos Internacionales.

“No parece haber un caso claro de que las limitaciones a la libertad de expresión puedan ser diseñadas por particulares (redes sociales)…. Sería dejar a discreción de un particular los límites a la libertad de expresión”, aseguró.

Explicó que si se considera que este es un tema de interés público que requiere intervención de los poderes públicos, “tenemos que ver cuál es el grado deseable de intervención….El enfoque debe ser de múltiples partes, no solo en el diseño sino también en la implementación de la normativa”, señaló.

Se debe fortalecer la cooperación entre las partes para la implementación de medidas regulatorias de Internet. “Deben colaborar los gigantes tecnológicos para la elaboración de normas”, concluyó.

Luego fue el turno de representantes de organizaciones de sociedad civil que se manifestaron críticos respecto del anteproyecto del senador Monreal.

Priscilla Ruíz, Coordinadora Legal de Derechos Digitales de Artículo 19 de México, presentó evidencias para sostener que la remoción de contenidos no solo la hacen plataformas, “la moderación y remoción son ejercidos por el Estado Mexicano desde aparato federal hasta entidades federativas”. Asimismo, planteó que algunos de los mecanismos que deben ser contemplados para la regulación de las plataformas de Internet son la notificación al infractor, el debido proceso frente a las partes, énfasis en términos y condiciones con definiciones claras y de acuerdo a derechos humanos; desagregación de datos y mecanismos de apelación expeditos y efectivos.

En tanto la representante de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Sissi de la Peña, enfatizó en que “toda regulación debe preservar la arquitectura abierta de Internet… la regulación no debe inhibir el desarrollo del sector”. También manifestó su preocupación en torno a la iniciativa presentada por el senador Monreal, en especial porque «bajo la definición de redes sociales prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público y, por tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red”.

“Este es un debate que no se puede agotar en tres semanas y no se debate solo entre sector público y privado, debe incluir muchos actores; academia, sociedad civil. El debate debe continuar y ser extenso”, concluyó.

Por su parte, Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), destacó que una cualidad de Internet es su colaboración. Planteó que el anteproyecto de Monreal condiciona la libertad de expresión. Además indicó que el IFT no solo se vería rebasado en sus funciones, sino que sus decisiones tendrían matiz político. Explicó que el regulador es un organismo administrativo que no cuenta con idoneidad en materia de libertad de expresión y extender su alcance sobre la moderación de discursos en Internet, excedería el mandato constitucional.

El Director Ejecutivo de Red por la Defensa de Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, sostuvo que la propuesta regulatoria genera incentivos para que las plataformas censuren, por eso es importante el principio de no responsabilidad legal de intermediarios sobre contenidos de terceros.

“Si plataformas no pudieran moderar contenidos, la experiencia de usuarios sería intransitable… Hoy no hay evidencia que redes hayan usado moderación para silenciar grupos políticos o étnicos”, explicó y agregó que es importante enfocarse en una definición clara y acotada sobre plataformas a ser reguladas, así como se deberían contemplar elementos como la desagregación entre la empresa que aloja el contenido y la encargada de la moderación, del mismo modo que la apelación de las decisiones tampoco puede ser parte de la misma compañía que es cuestionada.

Por último, Cynthia Solís de Internet Society México (ISOC), enfatizó en que “pugnamos por una regulación que entienda estructura de red y que no atente contra derechos… el modelo de autorregulación ha sido muy criticado e incomprendido… los modelos de co-regulación y autorregulación vinculante son propicios (para el entorno de Internet)”.

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CON INFORMACIÓN VÍA OBSERVACOM

Educación y pandemia: Informe CEPAL-UNESCO

Recientemente la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha rendido un Informe sobre el Covid-19 en el que se reconoce la crisis mundial sin precedentes que ha afectado a más de 190 países, y en el caso particular de la educación a más de 1200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, de los cuales más 160 millones son de América Latina y el Caribe.

El Informe Covid-19 CEPAL-UNESCO plantea que, en este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza (CEPAL, 2020a). Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población indígena y migrante (UNESCO, 2016a; Messina y García, 2020).

El objetivo del Informe es visibilizar la diversidad de consecuencias que estas medidas tendrán sobre las comunidades educativas a corto y mediano plazo, así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor manera posible, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia. (CEPAL-UNESCO, 2020)

La información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe hasta el 7 de julio de 2020 permite constatar que en el ámbito educativo gran parte de las medidas tomadas se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos. Para enfrentar esta situación, la gran mayoría de los países (29 de los 33) establecieron formas de atención de los estudios en diversas modalidades a distancia, entre las que destaca el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico y formas de aprendizaje fuera de línea con transmisión de programas educativos a través de la radio o televisión.

De igual manera, el Informe reconoce que, la pandemia ha transformado los contextos de implementación del currículo, no solo por el uso de plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas para las cuales el currículo fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto. Es preciso tomar una serie de decisiones y contar con recursos que desafían a los sistemas escolares, los centros educativos y los docentes. Tal es el caso de los ajustes y las priorizaciones curriculares y la contextualización necesaria para asegurar la pertinencia de los contenidos a la situación de emergencia que se vive, a partir del consenso entre todos los actores relevantes. (CEPAL-UNESCO, 2020)

En relación a la expansión de la infraestructura digital en educación en América Latina y el Caribe en las últimas décadas, la desigualdad se hizo evidente al momento de enfrentar la crisis pandémica. El Informe menciona que, aunque la región ha avanzado de manera significativa en la reducción de las brechas de acceso al mundo digital en los últimos años, particularmente gracias a la masificación de la conectividad móvil, aún persisten brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital, lo que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la participación de las nuevas generaciones (CEPAL, 2019; Trucco y Palma, 2020). Y más adelante se enuncia que, la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas preexistentes en materia de acceso a la información y el conocimiento, lo que —más allá del proceso de aprendizaje que se está tratando de impulsar a través de la educación a distancia— dificulta la socialización y la inclusión en general. (CEPAL-UNESCO, 2020)

El Informe Covid-19 se complementa con reflexiones y recomendaciones en relación a los procesos de evaluación de los aprendizajes, particularmente orientadas a la búsqueda de una equidad evaluativa en las condiciones de desigualdad y crisis social que se vive. Por otra parte, aborda la necesidad de atender las necesidades de docentes y directivos, resultado de la emergencia de nuevas condiciones en su tarea educativa, así como lo que tiene que ver con el impacto socioemocional y psicológico de la comunidad educativa. En la parte final se enfatiza en la atención a grupos vulnerables.

Con información vía Milenio