Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunció otros cuatro nombramientos del que será el próximo gabinete federal en México.
Las personas designadas son Rosa Icela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Gobernación; Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad; Mario Delgado, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, y la ratificación de Ariadna Montiel en la Secretaría de Bienestar.
Estas secretarías heredarán una serie de asuntos pendientes de la actual administración federal, como la atención a la crisis de inseguridad que viven algunas regiones del país, así como la atención a víctimas y grupos sociales, además del diálogo con el magisterio y asentar la Nueva Escuela Mexicana.
Algunos nombramientos, sin embargo, han sido cuestionados por la propia militancia, como la designación de Mario Delgado en la SEP, o la Omar García Harfuch en Seguridad Pública. Ambos personajes cargan a cuestas un pasado alejado de los principios del proyecto político que ahora representan.
Del pacto por México, al segundo piso de la transformación
Tercera presentación del Gabinete de Claudia Sheinbaum. Mario Delgado va a la Secretaría de Educación Pública. Foto: Jesús Almazán
En su mensaje después del nombramiento, Mario Delgado Carrillo, actual dirigente nacional de Morena, dijo:
«No hay nada más apasionante que trabajar en la educación porque es la posibilidad de cambiar destinos, de cambiar vidas. Por eso me emociona mucho la tarea que hoy me encomiendan y le agradezco profundamente la oportunidad».
Después, se comprometió a resolver las agendas pendientes con el magisterio, particularmente los acuerdos a los que llegó la CNTE con el presidente López Obrador en junio, después de que se levantará el paro nacional de la Coordinadora: abrogar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y resolver las pensiones de los profesores.
Doce años atrás, cuando era senador por el PRD, Mario Delgado aprobó la reforma que, justamente, originó las demandas de los profesores.
De hecho, pronunció un discurso similar:
“Estamos ante la oportunidad histórica de avanzar en las reformas que nuestro país necesita para su desarrollo y crecimiento y, sobre todo, asegurar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras”.
Las reformas que Delgado dijo que el país necesitaban eran las del Pacto por México, el acuerdo con el que el PRI-PAN-PRD aprobaron una serie de reformas estructurales que conllevaron la desestructuración del sector energético, educativo y laboral en el país.
En su curriculum, además de rotar por diputaciones y senadurías, Delgado destaca que fue director ejecutivo de
Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública durante la jefatura de gobierno de López Obrador, así como secretario de Finanzas y secretario de Educación en la jefatura de Marcelo Ebrard. Sobre el Pacto por México, no dice nada.
En su propuesta para atender la crisis educativa de México, Delgado propuso el programa anunciado por Sheinbaum, una beca universal para millones de estudiantes de educación básica y media superior. Y también, «construir más preparatorias».
Las necesidades, en realidad, parecen otras.
De la Verdad Histórica, al gabinete
Otro de los nombramientos que causaron polémica fue el de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.
Aunque era previsible, pues uno de los ejes que Sheinbaum resaltó durante su campaña fue su gestión en seguridad en la Ciudad de México, el nombramiento de Harfuch parece ser una traición a la base de izquierda que sostiene a Morena.
Esto, por su pasado (no solo familiar) sino de 16 años atrás.
En 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, Harfuch fue nombrado como jefe de departamento de la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, en ese entonces a cargo del también «súper policía» Luis Cárdenas Palomino, a quien se le acusó numerosas veces de promover actos de tortura desde la policía federal.
Su superior en ese tiempo era Genaro García Luna, declarado culpable por los delitos de narcotráfico en una corte de los Estados Unidos.
En 2012, entrado el sexenio de Enrique Peña Nieto, Omar García Harfuch fue nombrado coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, cargo por el que testigos protegidos del caso Ayotzinapa lo vinculan a la desaparición de los 43 normalistas en 2014. Harfuch negó estas acusaciones, aunque en la presentación del segundo informe de la Comisión Especial que investiga el caso Ayotzinapa, el entonces subsecretario, Alejandro Encinas, no descartó que hubiera una investigación abierta en su contra.
De hecho, desde el 9 noviembre del 2016 hasta junio de 2019, Omar García Harfuch fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, sustituyendo a Tomás Zerón de Lucio, acusado de espionaje mediante el software Pegassus. Zerón es uno de los principales sospechosos en la construcción de la Verdad Histórica, la misma que sostuvo la Procuraduría.
Un día antes de su designación, los padres y madres de los 43 se reunieron con el presidente López Obrador. Al término del encuentro, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, dijo: «Tendremos más reuniones, y se prevé que Claudia Sheinbaum esté en ellas».
En su mensaje tras el nombramiento, Harfuch dijo que continuaría con la estrategia de seguridad de la actual administración, y siguiendolas instrucciones de Claudia Sheinbaum:
«Las instrucciones de la presidenta electa son muy claras: el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que inició el presidente López Obrador. El fortalecimiento va a ser dentro de la Secretaria de la Defensa Nacional. Y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado mexicano».
Las políticas del Bienestar, la continuidad
Los nombramientos de Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación, y de Ariadna Montiel en la de Bienestar, reflejan la continuidad de la actual administración Federa.
A sus espaldas, heredarán las tareas de negociación y relación con víctimas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, y casos graves de violencia.
También, la ejecución de un programa que parece será el sello del siguiente gobierno: el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años de edad.
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