Colombia sube 16% el salario mínimo para 2023

El gobierno de Colombia, los gremios de empresarios y los sindicatos de trabajadores acordaron este jueves un incremento de 16 por ciento del salario mínimo que devengarán alrededor de 3.4 millones de empleados en 2023, anunció el presidente Gustavo Petro.

El monto del salario que regirá el próximo año será de un millón 160 mil pesos colombianos mensuales (242.7 dólares), un aumento equivalente a 160 mil pesos (33.4 dólares).

En términos porcentuales, el incremento del salario mínimo fue superior al que se acordó para este año, que fue de 10.07 por ciento.

En términos comparativos, el salario mínimo en México para 2023 aumentó 20 por ciento, a un total de seis mil 200 pesos al mes (310.50 dólares).

“Se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores y, obviamente el Gobierno Nacional la respalda, sobre el salario mínimo que crecerá 16 por ciento”, dijo Petro en una declaración a periodistas.

El incremento salarial para el próximo año supera la inflación anual, que a noviembre se ubicó en un 12.53 por ciento.

Adicionalmente, el subsidio de transporte que se paga a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos al mes, subirá 20 por ciento a 140 mil pesos (29.9 dólares). En total, un trabajador que devengue un salario mínimo en Colombia recibirá un millón 300 mil pesos mensuales (272 dólares).

“Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación, recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita además hacer saltar la demanda interna en Colombia”, aseguró Petro.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de la demanda interna puede impulsar la expansión de la cuarta economía de América Latina por encima de los pronósticos poco optimistas.

La economía colombiana apunta a expandirse alrededor de 8 por ciento este año, según proyecciones del Banco Central y del gobierno, pero se desaceleraría en 2023 con un crecimiento previsto de 2 por ciento.

Inflación marca récord

El aumento de precios rompió récords varias veces en 2022, ubicándose en 12.2 por ciento anual en noviembre, el más alto en este siglo.

El Banco de la República (banco central) espera que la inflación sea de 11.3 por ciento al final del año.

En el país de 50 millones de habitantes, 22.6 millones pertenecen a la población ocupada y unos 3.4 millones devengan el salario mínimo.

El 45 por ciento de los trabajadores recibe pagos inferiores, en parte debido a la elevada tasa de informalidad en la cuarta economía latinoamericana, que ronda el 60 por ciento.

Colombia registra un desempleo urbano de 9.9 por ciento y casi 40 por ciento de la población vive en la pobreza.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Imperioso seguir trabajando para erradicar violencia de género

Los índices de violencia en los lugares de trabajo y en contra de las mujeres han aumentado en el mundo, lo cual ha propiciado una disminución en el índice de la productividad y ausentismo, rotación de personal, mayor número de incapacidades y casos de deserción, además de impactar la salud física y psicológica de quienes se enfrentan a espacios hostiles, por lo que es de suma urgencia abordar estos temas y crear mejores condiciones laborales.

“En México el 80 por ciento de los trabajadores han padecido algún tipo de violencia psicológica, maltratos, insultos o gritos, y según algunas investigaciones, el riesgo de sufrir algún tipo de violencia en el trabajo es mayor para las mujeres dado que se concentran en las ocupaciones más expuestas como la docencia, el trabajo social, la enfermería, banca, el comercio minorista, además del trabajo informal”

Por ello en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se trabaja para ser una institución vanguardista no sólo desde el punto de vista técnico y regulatorio, sino también en ser socialmente responsables en temas de respeto a los Derechos Humanos, crear condiciones de equidad de género, así como ambientes laborales libres de violencia o de acoso en contra las mujeres.

“Esto es un tema relevante para el IFT, porque refrenda nuestra visión en favor del liderazgo y acceso en condiciones de igualdad para todas las mujeres, por eso trabajamos en forma constante y decidida por mantener una institución innovadora, vanguardista, no sólo en temas de telecomunicaciones y radiodifusión, no sólo en lo técnico, sino también en donde somos socialmente responsables como es el respeto a los Derechos Humanos y en la promoción de la igualdad”.

En el contexto del conversatorio, “El acoso y la violencia laboral a la luz del Convenio 190 de la OIT”, Javier Juárez Mojica, presidente del IFT, detalló que en el instituto se realizan talleres que buscan generar conciencia sobre la importancia de la igualdad de género, prevención de la violencia con enfoque de género, discriminación en al ámbito laboral, machismos cotidianos, transversalidad de la perspectiva de género, entre otros.

De igual forma el órgano regulador ha emitido pronunciamientos en contra de la violencia laboral, así como establecido diversas políticas internas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, convocatorias para ocupar plazas vacantes dirigidas particularmente a profesionistas mujeres, así como talleres de liderazgo.

Juárez Mojica precisó que la ratificación y firma del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual cobró vigencia desde el pasado 25 de junio de 2021, contribuye a tener un marco regulatorio que permita prevenir, remediar y eliminar el acoso en el ámbito laboral, incluido la violencia y el acoso por razón de género.

Al participar en el conversatorio, la senadora Patricia Mercado, explicó que el Convenio 190 de la OIT, protege del acoso a todas las personas en el mundo laboral, aunque las mujeres en particular realizaron un trabajo muy intenso para que tomara vigencia.

Recordó que el Convenio 189 también es relevante pues está relacionado con las trabajadoras domésticas, el cual está vigente y que incluso propició reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer los derechos de este gremio, además de publicarse apenas en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social para garantizar los derechos de este sector conformado por más de 2 millones de mujeres dedicadas a este ámbito laboral.

“La lucha de las mujeres ha sido relevante por alcanzar mejores salarios, estabilidad laboral, protección frente al despido, seguridad social, pues las mujeres ocupan los espacios más informales, es decir, sin derechos sobre todo luego de la pandemia, además de conciliar cómo se consideran las tareas de cuidados (en el hogar), y del trabajo remunerado, dos actividades que realizan y que contabilizan más de 40 horas de trabajo”.

El apoyo de las guarderías para las mujeres que trabajan también ha sido clave, “las mujeres conseguimos el trabajo y que el Estado nos pongan estos espacios tan necesarios”.

Las mujeres además de cuidar su integridad, y preservar su salud psicológica, deben enfrentar diversos desafíos si tratan de conseguir un empleo, un ascenso o mejor salario, pues no son pocos los casos que deben enfrentar peticiones de favores sexuales a cambio de poder conseguir estos derechos.

Haber logrado la firma y vigencia de estos Convenios (189, 190 de la OIT), ha representado dar un paso adelante muy importante, ya que gran parte de los casos de acoso y violencia están normalizados, y cuando son denunciados se le califica a la mujer de “histérica”, en lugar de una persona que denuncia un acto ilegal que le resta posibilidades de desarrollo laboral.

Tampoco son pocos los casos de mujeres que han tenido que luchar con estructuras de poder, alianzas, pactos patriarcales que buscan proteger “entre unos y otros”, a los acosadores y a quienes consienten estos actos ilegales, terminando en el despido laboral, y estigmatizadas las víctimas.

Datos del INEGI mostraron que en 2018 el mayor número de casos de violencia y acoso se dieron en el ámbito laboral, al detalle indica que más de 95 mil personas tuvieron que abandonar su empleo ese año por situaciones en “violencia laboral”, siendo la gran mayoría mujeres.

“Casi 300 mil mujeres sufrieron una agresión sexual con contacto físico, besos, manoseos, arrimones, tan comunes en los lugares de trabajo. A 178 mil de esas mujeres (en ese mismo año), las castigaron por rehusarse a sostener relaciones sexuales, además que el acoso y la violencia en contra de las mujeres, sirve como un elemento para mantener la segregación horizontal en ciertos empleos”.

Por todo ello es imprescindible seguir actuando en contra de todo este tipo de prácticas ilegales y que claramente van en detrimento de los Derechos de las mujeres, la reflexión es lo relevante de salir de la “normalización de este tipo de actos”, del aprendizaje colectivo, de la capacitación permanente en los sindicatos, las empresas y las instituciones para erradicar este tipo de temas nocivos para la sociedad en su conjunto.

El ámbito digital no escapa a esta nociva tendencia, pues a pesar de ser trabajo bien remunerado, las mujeres «no le entran» por el miedo al acoso o violencia que pueden sufrir, esto pone de manifiesto que el costo por acceder a los derechos que tienen está siendo muy alto para su salud física y mental.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

HISTORIA_ 71 años. La primera vez que las mujeres votaron en Argentina

El 23 de septiembre de 1947 se sancionó la ley de sufragio femenino. Cuatro años después, el 11 de noviembre de 1951, las mujeres concurrieron finalmente a votar por primera vez en la historia de nuestro país. La asistencia fue masiva, participó el 90% del padrón femenino, siendo reelecto para la presidencia Juan Domingo Perón por el 62% de los votos.

Esta ley significó una transformación histórica en la vida de las mujeres porque fue reconocido un derecho por el que venían peleando hacía décadas, pero no estuvo exenta de polémicas que continúan hasta nuestros días.

El peronismo, representado en la figura de Evita, se adjudicó el éxito político de la sanción de la ley y, claro está, lo hizo valer en las elecciones que le permitieron renovar el mandato a Juan D. Perón. De esta manera, ensayando una retórica protofeminista, pero marcadamente conservadora, borró de la historia la enorme tradición de lucha que existía detrás de este derecho, por el que habían peleado ya desde fines de siglo XIX, feministas anarquistas y socialistas, inspiradas en las experiencias de las sufragistas y las revoluciones que se desarrollaban en otros países del mundo.

Las feministas liberales, por su parte, nucleadas alrededor de la figura de Victoria Ocampo, se opusieron a esta ley a la que consideraban oportunista y plantearon que no querían que se otorgara este derecho bajo un gobierno militar, en referencia a la posibilidad de que fuera impuesta por decreto durante el gobierno surgido del golpe de 1943. El lema que las representaba era: “Sufragio femenino, pero sancionado por un Congreso Nacional elegido en comicios honestos”. De esta manera, priorizaban su antiperonismo y anteponían la defensa de su clase social a la posibilidad de que las mujeres avanzaran en el derecho al voto.

En el siguiente artículo haremos un recorrido por la historia sobre algunos momentos destacados de la política, rescatando las experiencias de las pioneras en el feminismo, sus debates en el Congreso Femenino Internacional, los antecedentes de la ley del sufragio femenino, hasta la fundación del Partido Peronista Femenino y la primera experiencia de votación. Y nos preguntaremos ¿femenino equivale a feminista?

Sin nosotras no es universal

Puede que en la escuela te hayan enseñado que fue la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, la que otorgó la universalidad del derecho al voto (secreto y obligatorio) en nuestro país. Pero ese universal era una mentira: esa ley habilitaba a los varones nacidos en el país a ejercer el derecho de votar desde los 18 años, pero no contemplaba a las mujeres, quienes tenían prohibido elegir cualquier cargo y ser elegidas. Aunque, Julieta Lanteri, gracias a pequeños vacíos en la legislación pudo sufragar en 1911 y ser candidata en 1919. Tampoco podían votar aquellos que habitaban los territorios nacionales aún no reconocidos como provincias, ni lo inmigrantes, algo que se mantiene hasta el día de hoy.

¿Eso quiere decir que las mujeres no participaban en política? Claro que no. Ya desde finales del siglo XIX fosforeras, telefonistas, hilanderas, lavanderas, empleadas domésticas, de la industria de la carne, de la industria textil, de la alimentación, obreras del tabaco, costureras y alpargateras, iban a la huelga. Ellas protagonizaban conflictos, exigían igualdad de salario con los varones y, muchas veces, también denunciaban el acoso sexual que sufrían en sus puestos de trabajo. Con sus luchas dieron pelea en todos los terrenos para ser reconocidas. Lo hacían en unidad con los trabajadores y de esas experiencias surgieron los primeros feminismos, gracias a la tradición que forjaron las socialistas y las anarquistas.

Dice Leonor Calvera que “las mujeres, unidas a los varones en las luchas socialistas y anarquistas, comienzan a organizarse para pedir lo que en justicia les corresponde. (…) en 1900 el Partido Socialista Obrero Argentino convoca a las mujeres para pedir juntos mejoras en las condiciones de trabajo” [1].

Muchas de las primeras experiencias fueron reflejadas en el diario feminista anarquista La voz de la mujer, impulsado por Virginia Bolten, cuya primera edición data de 1896. Mientras tanto, las mujeres del Partido Socialista también organizaban espacios que tenía como intención visibilizar la desigualdad en la vida de las mujeres y conquistar leyes que las ampararan.

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Ya desde su creación, en 1896, los socialistas fueron los primeros en proponer el voto de las mujeres en la Argentina, tal como lo habían hecho los partidos socialistas en Europa. Además de ser los primeros en presentar proyectos de ley en favor de las mujeres, realizaban un trabajo social entre las trabajadoras, ligando las demandas democráticas a las de la clase. Durante la primera década del siglo XX, las socialistas fundaron el Centro Socialista Feminista. Allí se ocupaban de organizar a las trabajadoras para, por ejemplo, luchar contra la “trata de blancas” (en el contexto de la gran inmigración europea a Buenos Aires), o mejorar sus condiciones laborales y de vida. Entre otros, impulsaron un proyecto de ley para dar protección al trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas, que finalmente lograron que se sancionara en 1907.

Esta tradición de las mujeres socialistas se enmarca en las luchas que llevaban adelante las feministas de la primera ola, siendo las socialistas las que estuvieron a la vanguardia porque luchaban por conquistas democráticas, pero con una perspectiva anticapitalista para terminar con la explotación de clase y la opresión de género. Por ejemplo, jugaron un rol destacado en enfrentar la 1ra Guerra Mundial, organizando conferencias de mujeres socialistas que no solo se oponían a la guerra imperialista, sino que se disponían a enfrentarla. De esa experiencia y con una huelga general el 8 de marzo de 1917, comenzó la Revolución Rusa y fue ese el primer país donde se legalizó el derecho de las mujeres a votar y a ser electas y también el derecho al aborto.

«Todos somos iguales»

Con esta frase se expresaba Julieta Lanteri, una de las protagonistas del Congreso Femenino Internacional realizado en Buenos Aires en mayo de 1910, que se desarrolló mientras en el país se conmemoraba el Centenario, aprovechando el clima de debate y las actividades que en ese momento se realizaban. Entre las organizadoras estuvieron además Cecilia Grierson y Alicia Moreau, quienes pensaban que el feminismo debía desarrollarse como un movimiento que permitiera mejorar la situación económica y moral de las mujeres.

También participaron delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas. Se adoptaron una serie de resoluciones que incluían la necesidad de modificar el Código Civil y dictar leyes para dar a las mujeres derechos civiles en igualdad con los varones. El Congreso aprobó un proyecto de ley de derechos políticos que fue entregado al diputado socialista Alfredo L. Palacios para que lo presentara en ambas Cámaras.

Es necesario subrayar el papel jugado en el Congreso de 1910 por la Liga Nacional de las Mujeres Librepensadoras, entidad que demandó de modo irrestricto el derecho al sufragio a través de las representantes María Josefa González y Ana de Montalvo.

En paralelo se realizó también el Primer Congreso Patriótico de Señoras, a tono con los festejos del Centenario, que mantuvo otra postura: si bien buscaba visibilizar la importancia de las mujeres en diferentes ámbitos políticos y sociales, las organizadoras (la gran mayoría mujeres de la oligarquía) veían que las acciones feministas debían evitar los discursos con lineamientos emancipatorios o cuestionadores de las desigualdades, quedando así más vinculadas a los “festejos” oficiales del Centenario, muy cuestionados por la invitación del Rey de España y la represión a movilizaciones obreras de la época.

Esta experiencia adelantó diferencias que se también se manifestarían políticamente más adelante, dejando planteadas algunas preguntas. ¿Cómo conquistamos las mujeres nuestros derechos? ¿con qué aliados? ¿se pueden separar nuestras demandas de las del resto de los sectores oprimidos?

Los antecedentes a la ley

El proyecto de Ley que el Congreso Femenino Internacional entregó al diputado socialista Alfredo Palacios se presentó por primera vez en 1911 (un año antes que la Ley Sáenz Peña), pero ni siquiera fue tratado sobre tablas. Un dato: las mujeres seguían siendo consideradas incapaces por el Código Civil de 1871.

Recién en 1926 se sancionó la Ley N° 11.357 que reconoció a las mujeres la igualdad legal con los varones aunque, obvio, era relativa: no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida, ni el divorcio (ni hablar de derechos sexuales y reproductivos).

En 1932 se consiguió la formación de una comisión interparlamentaria para estudiar la cuestión del voto femenino, el proyecto de la mayoría proponía que todas las mujeres de 18 años nacidas en la Argentina tuvieran los mismos derechos que los varones, con excepción del servicio militar, y declaraba el voto obligatorio. Pero su tratamiento no prosperó. Quince proyectos se presentaron en este periodo, hasta que en 1947 finalmente se sancionó la Ley N° 13.010.

La necesidad de avanzar en el sufragio femenino ya era un hecho para 1947, Argentina estaba comprometida internacionalmente con esta legislación y en muchos países de Latinoamérica las mujeres ya podían votar hacía años: en Uruguay desde 1929, en Ecuador y Puerto Rico desde 1932, en Brasil desde 1934, en Cuba desde 1939 y la lista sigue.

En octubre de 1944 Perón (en el marco del gobierno surgido del golpe militar de 1943 que da por concluida la Década Infame y el “fraude patriótico”), siendo responsable de la Secretaría de Trabajo y Previsión, había creado la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, que en julio de 1945 realizó un acto en la Cámara de Diputados, junto con la comisión Pro Sufragio Femenino. En ese acto planteó la intención de cumplir con compromisos internacionales, como la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en Chapultepec entre febrero y marzo de 1945, donde se había acordado que los países firmantes que no habían otorgado el derecho al voto a las mujeres, se comprometían a hacerlo.

Victoria Ocampo junto con otras feministas, se opuso a la sanción de la ley que se debatía en aquellos años. Quienes habían organizado la Unión Argentina de Mujeres en 1936 con el objetivo de oponerse al intento de modificar el Código Civil (en el contexto de la década infame) para hacer retroceder a la mujer nuevamente a un lugar subordinado, quitándoles la posibilidad de trabajar, tener propiedades o herencias, ahora se oponían a la sanción de la ley de sufragio femenino. Priorizaban su oposición al gobierno militar y a la figura de Perón, y planteaban que sólo aceptarían una ley de un gobierno constitucional. “Las argentinas no pueden aceptar el voto sino de manos que no lleven armas”, declaraba Ocampo. Mientras que “en un discurso en la asamblea nacional de mujeres explicita: “Creo que la mujer argentina consciente, al no aceptar dócilmente ni siquiera la idea del voto por decreto, del voto recibido de manos del gobierno de facto, ha votado por primera vez en la historia de la vida política argentina” [2] Se olvidaba así de que la primera en votar había sido Julieta Lanteri y sentaba un precedente (poco tiempo después también olvidará sus críticas hacia los gobiernos de facto saludando al golpe militar de 1955, conocido como “la Fusiladora”).

Finalmente, después de 1945, cuando Perón asumió la presidencia, el sufragio femenino estaba dentro del conjunto de leyes del Plan de Gobierno, que se anunció el 26 de junio de 1946.

Femenino no es feminista

Como decíamos al comienzo, la conquista del voto femenino quedó ligada a la figura de Eva. Hoy todavía se la reivindica por eso y en los últimos tiempos, al calor de la lucha del movimiento de mujeres por el derecho al aborto, se popularizaron imágenes suyas como feminista, con pañuelo verde, defensora de los derechos de las mujeres. Ahora bien, Evita, ¿se reconocía feminista? Veamos qué dijo y qué hizo la propia Eva.

Entre la sanción de la ley de voto femenino en 1947 y el día que efectivamente las mujeres votaron por primera vez en 1951, el gobierno inició las tareas de empadronamiento de las mujeres habilitadas para votar. Evita fue la encargada y lo hizo por medio del nuevo Partido Peronista Femenino (PPF), fundado en 1949.

La creación del PPF posibilitó que miles de mujeres se incorporaran a la esfera política, como votantes o candidatas, pero también como organizadoras a nivel nacional del partido. Pero lo hicieron detrás de un proyecto político que se referenciaba en una alianza entre empresarios y trabajadores donde, siempre, los intereses de estos últimos quedaron subordinados a los de los patrones: el movimiento obrero debía ser “la columna vertebral” del movimiento, pero no “la cabeza”, que era Perón.

En julio de 1949 se realizó la primera asamblea organizativa del Partido Peronista (PP). El 25 de julio se realizó la ceremonia inaugural en el Luna Park V [3]. A partir del día siguiente, las mujeres sesionaron en el Teatro Nacional Cervantes, fundando oficialmente el PPF el 29 de julio de 1949, que funcionó dentro del PP pero con autoridades y organización propia. Esta “singularidad” fue posible gracias a la sanción de la ley 13.645, donde se autorizaba que asociaciones femeninas podían incorporarse a aquellos partidos con la misma ideología y carta orgánica, utilizando su personería política, incorporando sus candidatos en las listas, sin necesidad de aguardar los plazos legales que se necesitaban para la constitución de nuevos partidos.

Antes de participar en la asamblea del PPF, Evita fue invitada a dar unas palabras a la reunión de hombres del partido. Allí planteó: “jamás haré política (…) quiero que vean [en mí] al corazón del viejo coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión”, y también que el PPF tendría como objetivo “aportar valores espirituales y morales al partido de los hombres” [4].

Ante la reunión de las mujeres, Evita leyó un discurso donde explicaba a las mujeres la razón por la que debían formar un movimiento político femenino y cuál sería su misión e ideología, y qué significaba ser una mujer peronista “¡Para la mujer, ser peronista, es ante todo, fidelidad a Perón, subordinación a Perón y confianza ciega en Perón!” [5]. Luego realizó una lista de las “virtudes” femeninas, planteando que las mujeres eran la más alta reserva moral del hogar, las depositarias del sentido común de la especie y las responsables de perpetuarlas. Como madres debían enseñar la obra de Perón e inculcar su doctrina a los niños. En el discurso de cierre nuevamente las mujeres aparecen como aquellas que “consolidan la obra de los hombres con su sacrificio y tenacidad”.

Como podemos ver, el PPF no incluía como parte de su programa lograr la emancipación de las mujeres, ni la igualdad con los varones en todos los terrenos, muchos menos se proponía avanzar en libertades sexuales o en los derechos reproductivos. Todas las demandas por las que las feministas venían luchando y organizándose en nuestro país desde hacía décadas (muchas de ellas ya se habían abordado en el Congreso Femenino Internacional de 1910), no estaban presentes como propósitos en sus actas fundacionales. Muy por el contrario, se insistía en sostener a la mujer en el papel de madre, como guardiana del hogar, como reserva moral de la nación. Las mujeres ahora hacían política y salían de las casas, pero para resguardar el hogar constituido (y con él, a la Nación). El peronismo así, tuvo la doble función de volver a poner a las mujeres como reproductoras del orden social, a la vez que reproductoras del movimiento liderado por el General.

Y esta concepción de Eva (y con ella la del peronismo) también podemos verla desarrollada en la tercera parte de La razón de mi vida. Uno de los aspectos que más se destacan en esa publicación están relacionados con la cuestión de las mujeres y su rol en el hogar. Decía Eva que “el problema de la mujer es siempre en todas partes el hondo y fundamental problema del hogar. Es su gran destino. Su irremediable destino” [6]. El peronismo les planteó a las mujeres que el mundo necesitaba “más hogares unidos y felices” [7] , ante el problema, según Eva, de que muchas mujeres buscaban salir de sus casas porque su trabajo doméstico era demasiado pesado. En este sentido, les aconsejaba: “nacimos para constituir hogares. No para la calle. La solución nos la está indicando el sentido común. ¡Tenemos que tener en el hogar lo que salimos a buscar en la calle: nuestra pequeña independencia económica… que nos libere de ser pobres mujeres sin ningún horizonte, sin ningún derecho y sin ninguna esperanza!” [8] Así la mujer sería lo que debería ser “reina y señora de una familia, digna, libre de toda necesidad económica apremiante” [9]

Política de mujeres

El día que las mujeres votaron por primera vez significó un gran avance, porque implicó el reconocimiento formal de un derecho elemental, por el que venían peleando muchas, hacía tiempo. La tradición de las feministas socialistas y anarquistas demuestra que las mujeres nunca fueron ajenas a los debates políticos e ideológicos que se desarrollaron a lo largo de la historia de nuestro país, que entre otras cosas demostró que no hay una única política para el “bienestar femenino”, sino que la emancipación de la mujer se relaciona con la perspectiva estratégica que se defienda, los avances que se conquistan a nivel institucional están ligados a las luchas que se dan en las calles por ellos.

Cuando el peronismo, con Eva a la cabeza, tomó las banderas del voto femenino, no sólo capitalizó las peleas que habían dado las feministas a desde principios de siglo, sino que también fue parte de negar la larga tradición de lucha, es un intento de borrar la historia de la propia clase trabajadora en Argentina, parte de la operación de hacer que las ideas de la izquierda sean extranjeras y las del peronismo las «nacionales».

El proyecto de Evita y del PPF demostró que el lugar de las mujeres en el peronismo estuvo ligado de manera absoluta a un proyecto político que, de conjunto, tenía como objetivo mantener las relaciones sociales de clase, y con ellas, el hogar y la maternidad como fin último de las mujeres. Como sostiene Dora Barrancos, a pesar de haber sido recientemente candidata del PJ junto con personajes como Manzur, «el peronismo no representó una feminización del poder ni un cambio radical de las atribuciones que culminara con vínculos paritarios entre varones y mujeres» [10].

Por su parte, el feminismo liberal representado por figuras como Victoria Ocampo decidió tener una postura sectaria frente a la sanción de la ley; como ya dijimos, priorizaron su antiperonismo, su posicionamiento de clase, ante lo que implicaba un gran avance para el conjunto de las mujeres.

Hoy en día, con la clase trabajadora altamente feminizada, con décadas de lucha y tradiciones a cuestas, y con un potente movimiento de mujeres en nuestro país (y en el mundo), las mujeres volvimos a ser un factor político central y sabemos que para conquistar nuestros derechos, la política tenemos que hacerla en las calles, junto a todos los explotados y los oprimidos de este sistema.

La historia nos demuestra que las demandas que logramos imponer solo las conquistamos con la lucha. Y que a la vez que todo lo que consigamos en este sistema es, por un lado, un impulso para avanzar y fortalecer la pelea por nuestros derechos. Pero por otro lado, esos derechos no son conquistados de una vez y para siempre, y están en peligro de retroceder mientras no terminemos con las raíces profundas y estructurales que son la causa de estas desigualdades.

De lo que se trata es de construir una política que se disponga a terminar con la opresión y explotación que sufren la mayoría de las mujeres, una alternativa política a los partidos del régimen, independiente, que abrace una perspectiva revolucionaria para conquistar no solo la igualdad ante la ley, sino también ante la vida.

[1] Mujeres y feminismo en la argentina, 1990, Buenos Aires, Grupo editor Latinoamericana, p.18).

[2] Leonor Calvero, Mujeres y feminismo en la argentina, 1990, Buenos Aires, Grupo editor Latinoamericana, p. 26

[3] er C. Barry, Evita capitana. El Partido Peronista Femenino (1949-1955), Buenos Aires, Eduntref, 2014. Cap. 3

[4] Ver C. Barry, Evita capitana. El Partido Peronista Femenino (1949-1955), Buenos Aires, Eduntref, 2014. Cap. 3 página 94

[5] Ver C. Barry, Evita capitana. El Partido Peronista Femenino (1949-1955), Buenos Aires, Eduntref, 2014. Cap. 3 página 97

[6] Disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://vdocuments.site/google-reader/peron-eva-la-razon-de-mi-vida-pdf), buscando revalorizar el lugar de mujer-esposa-madre

[7] Disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://vdocuments.site/google-reader/peron-eva-la-razon-de-mi-vida-pdf

[8] Disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://vdocuments.site/google-reader/peron-eva-la-razon-de-mi-vida-pdf

[9] Idem

[10] Barrancos, Dora «Participación política y luchas por el sufragio femenino en Argentina (1900-1947)» en Cuadernos de intercambio sobre Centroamérica y el Caribe en vol 11, n° 1, 2014. disponible en http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/3685/CONICET_Digital_Nro.4852_A.pdf?s equence=2&isAllowed=y)

CON INFORMACIÓN VÍA LA IZQUIERDA DIARIO

Llaman a juicio a 36 personas en Panamá por sobornos de Odebrecht

El hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, es cacheado por un agente antes de una audiencia en el edificio de los tribunales judiciales en Ciudad de Guatemala (Archivo: 07.07.2020)

Un juzgado de Panamá decidió el lunes (07.11.2022) llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales para la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo donde están imputados los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

La jueza Baloisa Marquínez «resolvió abrir causa penal» contra 35 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales y a una por delitos contra la economía nacional, informó el órgano judicial en un comunicado difundido en la noche del lunes.

Marquínez también «sobreseyó provisionalmente» a otras 11 personas, según la nota, donde no aparecen nombres ni detalles de las personas llamadas a juicio ni las sobreseídas. El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.

Por este caso están imputados los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó en la audiencia preliminar, celebrada en septiembre, enviar a juicio por presuntamente blanquear capitales provenientes de Odebrecht.

Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de la constructora a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 y 2014.

En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.

En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.

Los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mientras su padre era presidente de Panamá.

Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la empresa brasileña «se dieron sobrecostos» durante el gobierno de Martinelli, en el que Varela fungió como vicepresidente. Este último también habría recibido dinero durante su primer año de mandato.

CON INFORMACIÓN VÍA DW (Deutsche Welle)

Chile busca crear un sistema de pensiones con sentido colectivo

La debilitada presidencia del chileno Gabriel Boric, quien en un golpe de realidad ve cómo su agenda de cambios estructurales está amenazada legislativamente, se lanzó a intentar una que será épica: la reforma al sistema de pensiones de capitalización individual, símbolo del régimen neoliberal, para avanzar hacia uno mixto en el que la solidaridad intergeneracional cumpla un papel clave para proveer jubilaciones decentes.

Dista de ser un salto radical, pero podría ser el punto de inflexión desde el cual el gobierno consiga finalmente arrancar y dar una pelea a fondo por las reformas que llevaron a Boric al poder.

Previos pasos en falso tumbaron a varios de sus principales ministros, la aprobación al gobernante se hundió a menos de 30 puntos y los pleitos públicos entre los representantes de las dos coaliciones oficialistas causan pena ajena por su vaguedad y desatino; tanto así, que el presidente los reunirá a todos este fin de semana para alinearlos y definir prioridades en un intento por sacar a flote la gestión y una agenda.

A ese marasmo se le suma la incontestable realidad de ser minoría parlamentaria, lo cual dificulta de entrada cualquier iniciativa legal, y una derecha bravucona que se siente dueña del 62 por ciento que rechazó la nueva constitución hace dos meses y que, aunque dice lo contrario, luce decidida a clausurar cualquier posibilidad de revivir aquel proceso, como no sea bajo su estricto condicionamiento.

Ese es un bosquejo del escenario en el cual intenta articular Boric y en el que lanzó su proyecto mixto de pensiones.

El centro de la reforma

El meollo de la reforma –y de la disputa ideológica que se avecina– radica en la creación de un fondo de ahorro colectivo que se alimentará con un aporte equivalente a 6 por ciento del salario a cargo de los empleadores; porque, a diferencia de otros países, en Chile no existe la contribución patronal a la seguridad social, sino que las pensiones dependen exclusivamente del 10 por ciento que mensualmente cotizan los trabajadores.

La cuestión es si ese 6 por ciento será parte de un fondo común o, como busca la derecha, las propias administradoras de fondos de pensiones (AFP) –que ya rechazaron de plano la propuesta– y también buena parte de la ciudadanía, irá a las cuentas particulares.

La capitalización individual y las AFP son celosamente custodiadas por la derecha política, son emblemas del neoliberalismo y piedra angular del financiamiento de los conglomerados empresariales, pues en ellos se colocan los ahorros previsionales, que ahora suman unos 150 mil millones de dólares.

Pero, como explicó Boric en cadena nacional, tras cuatro décadas de existencia 72 por ciento de los 2 millones de pensiones que pagan las AFP son inferiores al salario mínimo (cerca de 440 dólares), y uno de cada cuatro jubilados recibe una por debajo de la línea de la pobreza (no cubre la subsistencia), mientras las AFP ganan millones con las comisiones mensuales que cobran, en torno a 1.4 por ciento.

El asunto del destino del 6 por ciento es tan sensible para las personas que Boric le dedicó especial atención en su discurso.

“Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6 por ciento van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador, de acuerdo con una tabla, y podrás ver este aporte en tu cartola (estado de cuenta) mensual de manera clara y transparente.”

También dedicó palabras a desmentir bulos que circulan: los ahorros en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse, serán inexpropiables y podrá elegirse quién los invierte.

Según explicó el presidente las jubilaciones de una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 440 dólares y que reciben una pensión cercana a 285 dólares, se incrementarán inmediatamente 46 por ciento (130 dólares) para el hombre y en 52 por ciento (148 dólares) para la mujer.

Nuevo nicho

“Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP, en esta reforma, se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores”, anunció el presidente.

Recaredo Gálvez, investigador de seguridad social, conflictividad sindical y social de la Fundación Sol (www.fundacionsol.cl), dice que el gobierno hace una propuesta “bastante moderada que consagra un minisistema mixto”.

Enfatiza que a diferencia de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde “el empleador es el que aporta en mayor porcentaje para la pensión final, no es el trabajador”, esto no varía con la reforma.

Respecto del fin de las AFP, dice que “si bien se reconoce el fracaso del sistema, existe la posibilidad de que las compañías de seguro, que son dueñas de la mayoría de AFP que operan en Chile, vean un nuevo nicho de negocios a través de las gestoras privadas de inversión”.

Considera que “mejorarán las pensiones, pero gracias a los impuestos generales, mediante el gasto público destinado al pilar no contributivo” y que se perfila “mantener una estructura orientada a la capitalización individual y a utilizar más gasto público que, dada la estructura de impuestos que hay en Chile, quienes hacen el mayor aporte vía consumo son las personas de ingreso medio bajo”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

Las señales internacionales de Lula: la UE, Mercosur, China, claves para el nuevo Gobierno

Luego del estrecho triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente al presidente Jair Bolsonaro, el panorama internacional de los próximos años en Brasilia comienza a manifestarse.

Al hablar por primera vez este 30 de octubre, el presidente electo «hizo muchas señales internacionales, para ser un discurso de día de victoria». Mencionó, entre otras cosas, su intención de «reconstituir el Mercosur», como también «recomponer la relación» con la Unión Europea (UE), dijo a Sputnik el economista argentino Marcelo Elizondo.

Este es un tema fundamental, ya que, durante la campaña electoral, el futuro mandatario dijo que “su vocación es volver a la negociación con la Unión Europea», afirmó el economista.

Uno de los temas fundamentales en política exterior y económica será adecuar Brasil «a los requisitos ambientales que forman parte del nuevo consenso mundial, lo cual es una señal directa a la UE, que está objetando la política ambiental de Bolsonaro en el Amazonas», destacó Elizondo.

Según el experto, Lula «está tratando de volver a vincular a Brasil con los grandes países del mundo». Las primeras señales que dio son «más para con occidente que con oriente», lo cual llama la atención, debido a que «China es el mayor mercado para las exportaciones brasileñas y Lula habló de EEUU y de Europa», afirmó.

Sin embargo, existe una incertidumbre sobre si Brasil está dispuesto a suscribir ciertos requisitos que se le impondrán, como por ejemplo, adherir al Acuerdo de París», el tratado internacional vinculante sobre el cambio climático de Naciones Unidas de 2016, manifestó Elizondo.

Europa, un lugar donde «Bolsonaro caía muy antipático», ha puesto la cuestión del medio ambiente como excusa para negociar con el Mercosur, y se supone que a Lula “le interesará revisar la negociación con la UE», agregó.

Perspectivas para el Mercosur

En materia regional, el desafío de Lula, que tiene una posición «un poco más internacionalista para el Mercosur que Bolsonaro», será volver a liderar y potenciar al bloque económico sudamericano, pero «no sabemos qué va a pasar con el resto del Mercosur», ironiza Elizondo.

En cuanto a Uruguay, lo más probable es que el país acompañe la negociación con la UE, dado que siempre ha sido más favorable al acuerdo, señala el economista. Esto, a pesar de la relación de Uruguay con China, ya que el Gobierno de Luis Lacalle Pou pretendió negociar extra bloque un acuerdo bilateral de comercio con el país asiático.

«A Uruguay lo veo con una postura muy autonomista», es una «bandera del Gobierno» de Lacalle Pou,porque para el mandatario uruguayo «era propicio el Mercosur congelado. Veremos qué pasa ahora», afirmó.

La incertidumbre rodea la relación de Argentina con el Mercosur y su posición frente a los tratados internacionales, debido al panorama político interno que enfrentará el presidente Alberto Fernández durante 2023, ya que durante el año próximo se realizarán las elecciones presidenciales, a lo que se suman los problemas domésticos, y la “incapacidad del Gobierno para asumir una agenda estratégica de mediano plazo», comentó Elizondo.

Inclusión de Argentina en los BRICS

En cuanto a la posibilidad de que Argentina integre la asociación económica-comercial de las economías emergentes nucleadas en el grupo BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, el economista sostiene que «probablemente Lula apoya», pero “no con una actitud de demasiada contundencia, creo que será más bien un apoyo protocolar».

Según Elizondo, teniendo en cuenta el escenario político interno, «ingresar a los BRICS generaría una discusión muy fuerte dentro de Argentina», por el hecho de que para la oposición, liderada por el expresidente Mauricio Macri, ingresar a los BRICS “supone aliarse con Rusia», estimó.

El Gobierno argentino «está muy débil, no tiene mayoría en el Congreso, me parece que se generaría una discusión muy fuerte» en el ámbito legislativo con relación a los BRICS.

«No sé si es una discusión que se va a dar. Argentina empieza el proceso electoral en agosto del año que viene, falta poco, no sé si es el momento», pronosticó Elizondo.

Sistema de pagos en monedas nacionales

La posibilidad de crear un sistema de pagos comerciales en monedas nacionales entre Brasil y Argentina, como lo fue explicitado en el memorando de «integración total» que el embajador argentino Daniel Scioli hizo entrega al excanciller y asesor internacional de Lula, Celso Amorín, es un proyecto probable de realizar a ojos del economista.

«Creo que es posible. De hecho, se usó entre Argentina y Brasil», enfatizó. El problema de un sistema conjunto de pagos en monedas nacionales, «es que Argentina va a aceptar que se le pague en reales, la cuestión es si el Banco Central de Brasil va a aceptar que Argentina pague en pesos», observó.

Elizondo afirma que es un proyecto factible desde el punto de vista político, dada la afinidad existente y latente entre Fernández y Lula, «es parte del acercamiento entre los dos países que podría estar simbolizado en eso».

Pero las dudas recaen sobre el punto de vista operativo. «Si Argentina cobra en reales muy bien, es una moneda más fuerte que la argentina. Ahora, si paga en pesos, ¿los brasileños los van a aceptar? Hay que ver si eso funciona», concluyó.

CON INFORMACIÓN VÍA SPUTNIK NEWS

PERIODISMO_ Asesinatos de periodistas en América Latina: la impunidad impera en la región

La fecha fue instituida por Naciones Unidas en 2013 tras el asesinato de los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon mientras trabajaban Malí ese mismo año.

Según datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en lo que va de 2022 fueron asesinados 31 periodistas en ocho países de América Latina y el Caribe. El 95% de los crímenes permanece impune.

México es el país más peligroso de la región y el mundo para ejercer el periodismo: en 2022 se han cometido 15 crímenes contra trabajadores de la prensa, el doble que en 2021.

En ninguno de los países de América Latina y el Caribe donde fueron asesinados periodistas existen conflictos bélicos declarados. Solo en Haití hay una grave crisis interna que afecta al país en todos los niveles, incluyendo la seguridad, con enfrentamientos armados, y donde los periodistas han sido víctimas tanto de grupos criminales como de las fuerzas del orden.

Siete periodistas fueron asesinados en Haití en lo que va de 2022. El último caso es el de Romelo Vilcin, a manos de la Policía. El crimen se registró cuando Vilcin acudió junto con varios colegas a una comisaría en Puerto Príncipe a manifestar su apoyo y solidaridad con el periodista Robest Dimanche, quien había sido detenido y golpeado por las fuerzas policiales.

Asesinatos de periodistas: los números de la Unesco

Según el último informe bienal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura —Unesco por sus siglas en inglés—, sobre Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, entre 2020 y 2021 fueron asesinados 117 periodistas en todo el mundo.

En dicho período, América Latina y el Caribe fue la segunda región con más asesinatos, 38.

La mayoría de los asesinatos registrados en 2020-2021 ocurrieron en los hogares de los periodistas y fuera de las redacciones.

México fue el país con más periodistas asesinados en 2020 y 2021, con 10 víctimas mortales y 9 respectivamente.

El 78% de los homicidios (91) ocurrió fuera de las redacciones y espacios de trabajo ni durante misiones periodísticas: la mayoría se registró en las casas de los periodistas o durante su desplazamiento.

En 2022 los homicidio resueltos a nivel global creció levemente respecto al año 2018. Aún así la tasa de impunidad es del 86%.

CON INFORMACIÓN VÍA SPUTNIK NEWS

TENDENCIAS_ Ola progresista de reformas tributarias germina en AL

Una ola de reformas tributarias toma forma en la región más desigual del mundo, impulsada por gobiernos que emergieron de las urnas durante los últimos doce meses bajo banderas progresistas. Chile y Colombia se encuentran en el proceso y discusión de modificar sus sistemas tributarios para abordar, al menos de manera simbólica, la anquilosada concentración de la riqueza en América Latina.

Más allá de las particularidades de cada reforma, los impuestos a la riqueza y el gravamen progresivo sobre los ingresos son la parte más importante de ambas iniciativas, explican especialistas. A diferencia de Argentina que con la pandemia de covid-19 llamó a un impuesto “solidario” de emergencia sobre las grandes fortunas, Chile y Colombia pretenden fijar en sus leyes, a mayor plazo, este tipo de contribuciones.

“La valía de ambas reformas está en lo general, porque enfrentan fuertes problemas que no son políticos. En sí mismas se ven presionadas para salir adelante, tanto por tiempos como por expectativas, dado que los motores de crecimiento en ambas economías no alcanzan para impulsar las modificaciones”, explica Raúl Porras, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

En el caso de Colombia, la propuesta inicial ha tenido algunas modificaciones, al grado que se ha reducido a 20 billones de pesos colombianos (79 mil 404 millones de pesos mexicanos) su capacidad de recaudación. Se ha desprendido de los gravámenes a las pensiones; se han ajustado las sobretasas en impuesto sobre la renta (ISR) al sector de hidrocarburos –que estará atado al precio internacional de las materias primas–, mientras se mantiene la prohibición de deducir las regalías.

“La reforma tiene más que todo un objetivo recaudatorio, no busca promover la producción”, explicó Enrique Daza, director del Centro de Estudios del Trabajo de Colombia. En entrevista, detalló que la propuesta promueve un aumento en impuestos directos, especialmente a las personas naturales (físicas), así como a las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, la tasa efectiva de ISR a las pequeñas empresas puede llegar a 35 por ciento, pero para las grandes puede ser menor porque se mantienen varios beneficios tributarios para sectores como el turismo, amplió Daza. También contiene un incremento en el impuesto al valor agregado (IVA) sobre alimentos ultraprocesados, que si bien se presentan como impuestos saludables, “finalmente los termina pagando la población” de menores ingresos.

En el caso de Chile, se busca recaudar el equivalente a 4.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en los próximos cuatro años. Entre las piezas angulares de la reforma se encuentran un aumento a las contribuciones que paga 3 por ciento de la población con mayores ingresos, el impuesto a la riqueza, así como una baja en la carga tributaria de las empresas, de 27 a 25 por ciento, si se comprueba que invierten en infraestructura y maquinaria para la producción.

Otro de los principales puntos en la discusión chilena es el royalty minero. Hasta ahora la minería, una de las principales actividades económicas del país, se grava con ISR sobre su utilidad de operación, las modificaciones proponen mantener ese impuesto y agregar un cobro sobre el valor de las ventas del mineral (el cobre es la principal extracción del suelo chileno, pero en muchas es líder a nivel mundial), es decir, que también se incorpore el precio internacional de la materia prima.

Sobre los impuestos al patrimonio o a la riqueza, en Chile alcanzarían a 6 mil 300 personas en un país de casi 20 millones; se prevé una tasa progresiva de 1 a 1.8 por ciento en patrimonios por arriba de los 5 millones de dólares (alrededor de 99.5 millones de psesos mexicanos). Mientras en Colombia, se busca gravar con tasas progresivas de 0.5 a 1.5 a los patrimonios por arriba de los 3 mil millones de pesos colombianos (alrededor 11 millones 800 mil mexicanos), así como duplicar a 20 por ciento la tasa sobre dividendos o participaciones en trasnacionales.

“Los gravámenes al ingreso y a la riqueza (en las propuestas impulsadas por los gobiernos de Gustavo Petro, Colombia, y Gabriel Boric, Chile) son importantes por ser las primeras propuestas de este tipo en América Latina y con carácter progresivo (…) lo cual puede llegar a ser más equitativo en términos fiscales que aplicar de manera generalizada el IVA al consumo”, consideró Porras.

No obstante, hay una parte medular del sistema económico predominante que sigue sin ser tocada, agregó. “Si bien estas reformas pretenden gravar al que más tiene, en la práctica se orientan al sector de bienes y servicios, dejan de lado, o al menos no se especifica, al sector financiero, que es el principal responsable de impulsar el modelo económico ortodoxo”, dijo el investigador de la UNAM.

Luis Moreno, coordinador de justicia fiscal de Latindadd (Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social), explicó que se requiere modificar la estructura de regalías e ingresos al gran capital, y en ello avanzan ambas iniciativas, pero se enfrentan a la reticencia de las corporaciones cuyos privilegios fiscales han sido blindados con los tratados de libre comercio.

“En el caso de Colombia, ya empresas de grandes gremios empresariales norteamericanos han enviado una carta para pedir que esta reforma no se aplique y que de no ser así van a ir a tribunales de justicia para judicializar los casos a nivel internacional, sobre todo en el sector minero y petrolero”, ejemplificó.

El investigador de Latindadd consideró que “en Chile y Colombia las manifestaciones del pueblo han puesto en realce las necesidades de avanzar en el financiamiento de los sistemas de protección social, salud, educación, vivienda, desde antes de la pandemia”, pero en general, toda América Latina y El Caribe “arrastra la necesidad de reformas tributarias progresivas”.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

SINDICALISMO_ ARGENTINA_ Docentes paran este lunes contra la suspensión de las jornadas de capacitación

La medida de fuerza, convocada por los sindicatos docentes UTE y Ademys, será el lunes 31 de octubre, mismo día en que en toda la Ciudad de Buenos Aires se iba a llevar a cabo el Encuentro de Mejora Institucional suspendido por el Gobierno porteño.

Desde Ademys, la convocatoria fue decidida y votada en una asamblea que contó con numerosos mandatos de escuelas. Como parte del plan de lucha que el sindicato viene llevando adelante, además de las sucesivas asambleas para que la docencia pueda organizarse y decidir, se impulsaron otras iniciativas como cartas dirigidas a las familias describiendo las condiciones laborales de las y los docentes, su vínculo con el bajo presupuesto educativo, campañas de fotos para visibilizar el reclamo, entre otras.

Por su parte, la conducción de UTE adhirió a la convocatoria del paro mediante un flyer difundido en sus redes sociales. Si bien se plegaron a la medida de fuerza, no han hecho un llamado a movilizar en unidad con Ademys, que convoca a la comunidad educativa a concentrar a las 13 hs. en la Jefatura de Gobierno porteño. Hoy más que nunca necesitamos imponer a la burocrática conducción de la UTE, el sindicato docente mayoritario de la Ciudad de Bueno Aires, un plan de lucha en unidad para terminar con los avances en la educación pública de Horacio Rodriguez Larreta y Soledad Acuña.

La capacitación docente

Todos los años, quienes nos desempeñamos como docentes en la Ciudad de Buenos Aires contamos con cinco Encuentros de Mejora Institucional (EMI) en la agenda educativa, los cuales incluyen instancias de capacitación conocidas como Formación Docente Situada. En ellas, docentes contratados (y precarizados) por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindan capacitaciones para el conjunto de la docencia dentro del horario laboral según el nivel y el distrito escolar donde se trabaja. Para que las jornadas puedan desarrollarse como indica el estatuto docente, en servicio, es decir, de lunes a viernes con los y las docentes presentes, esos días se suspenden las clases en todos los establecimientos educativos.

Sin embargo, hace diez días las y los miles de docentes que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires recibimos, en nuestra casilla de correo electrónico laboral, una notificación del Ministerio de Educación porteño que establecía el reemplazo de estos espacios por otros a realizarse los sábados 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de forma remunerada, no obligatoria. Por eso, las y los docentes de las escuelas explican porqué, aunque el Ministerio de Educación llame Encuentros de Mejora Institucional a los que se realizarán los sábados, no lo son: los EMI se realizan de lunes a viernes, con suspensión de clases y la presencia de todas y todos los compañeros.

Este cambio repentino, impuesto e inconsulto, como es costumbre de esta gestión, generó, en un gremio donde casi el 80% son mujeres sostenes de hogar que están doce horas fuera de sus casas sin ver a sus hijos e hijas de lunes a viernes, una preocupación y un rechazo masivo: tanto desinterés por las condiciones de vida de las docentes porteñas desencadena mucha bronca.

La opinión de la ministra: “con planificación se pueden organizar”

Encima, como si desconociera totalmente la existencia del estatuto docente que establece el derecho a la capacitación en servicio, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, muy suelta de cuerpo utilizó estas palabras para justificar en un programa de TV porqué no es un problema asistir a jornadas de capacitación fuera de la jornada laboral. Para la funcionaria, las docentes simplemente tienen que “organizarse” para no asistir con sus hijos e hijas ya que, de lo contrario, como ya ha ocurrido en otras instancias, las excluyen. Se trata de una doble exclusión: no sólo al derecho a capacitarse, sino también al derecho, luego de una larga y extenuante semana laboral, de disponer de su tiempo libre para dedicarlo a lo que deseen.

Es que actualmente una docente, para llegar a fin de mes, tiene que tomar dos o tres cargos. Esto se traduce en jornadas laborales muy extensas y agotadoras de ocho a doce horas dando clases en diferentes cursos, sin contar el trabajo extra clase no reconocido ni remunerado que se hace en los domicilios (como la planificación, la revisión de las producciones de los y las estudiantes, la organización de actos escolares, entre otras tareas). Los resultados del día a día de una docente con este nivel de sobre carga laboral son obvios: no sólo impacta negativamente su cotidianidad laboral sino que también obstaculiza el deseo de destinar tiempo a actividades que incluso pueden potenciar su rol docente: el estudio de alguna carrera o postítulo de su interés, la lectura, la visita a diversos espacios culturales y científicos que pueden ser significativo para llevar a sus estudiantes, son algunos ejemplos.

La educación que queremos

Este debate, como se ve, hace emerger la necesidad de discutir la jornada de trabajo docente de conjunto. No sirve de nada la imposición de medidas por parte de funcionarios y funcionarias que no sólo ignoran y desprecian cómo se trabaja en las escuelas públicas, sino que van en contra de nuestro rol docente como guía para la construcción del pensamiento crítico de nuestros y nuestras estudiantes. Lo que sí sirve, y es urgente, es organizar desde abajo a toda la comunidad educativa para poner en debate qué educación queremos, denunciando y visibilizando como nunca este ritmo laboral antinatural que tenemos las y los docentes que agobia y estresa.

No podemos permitir que se naturalice la necesidad de tomar dos o tres cargos, o su equivalente en nivel medio y superior, para cobrar un salario que ni siquiera alcanza para llegar a fin de mes. Otra jornada laboral es posible y es clave nuestra organización para debatir y conquistarla: de lunes a viernes, seis horas diarias, de las cuales cuatro sean frente al curso y dos para capacitación, planificación, preparación de proyectos y salidas didácticas, entre otras tareas, con un salario que cubra la canasta básica familiar y nos permita el acceso a la cultura, al tiempo compartido con nuestras familias.

Por una jornada laboral en la que podamos trabajar en pareja pedagógica dentro del aula a partir de la duplicación de los cargos y un plan de formación docente continuo para que sean cubiertos por las y los aspirantes a la docencia. Por un mayor presupuesto educativo que permita no sólo la construcción de escuelas para que ningún niño, niña ni adolescente se quede sin su vacante, sino para que también haya un servicio de comedor de calidad manejado por los trabajadores y no por las empresas concesionarias que lucran con el hambre de nuestros estudiantes. Quienes sostenemos la escuela pública (docentes, familias, cooperadoras y estudiantes) somos miles, conquistemos otra escuela con lucha y organización en unidad.

CON INFORMACIÓN VÍA LA IZQUIERDA DIARIO

TENDENCIAS_ Repartidores de Rappi en Colombia buscan mejor trato laboral

La organización de empleados UNIDAPP, reconocida por Rappi a mediados de este año, busca mejores pagos para los llamados «rappitenderos» e intercede cuando son vetados por la aplicación, una sanción habitual para quienes se rehúsan a tomar pedidos.

Bajo un fuerte aguacero, Luz Miryam Fique maniobra como puede con su motoneta para entregar dos bolsas de comida.Como ella, miles de repartidores en Colombia se enfrentan a la intemperie por una modesta paga.

En el país hay unos 50,000 «rapitenderos», llamados así por la multinacional colombiana que los emplea, Rappi.

A veces reciben menos de un dólar por trayectos de varios kilómetros, denuncia el sindicato que formaron recientemente.

No hay ningún contrato entre estos repartidores -que en su gran mayoría se mueven en bicicleta- y el líder del mercado de reparto a domicilio en Colombia, que se fundó en 2015 y está valorado en 5,250 millones de dólares.

Con el pelo morado bajo el casco, Luz Miryam dejó su trabajo como asistente en una oficina para dedicarse únicamente a Rappi. Cuatro años después preside la organización de empleados UNIDAPP.

Al principio «tenía uno 130 o 140,000 pesos al día (51 dólares), sin fregarse (agotarse)», explica la mujer de 57 años, con una trajinada caja plástica naranja neón colgada a la espalda.

Hoy, para ganar eso, «toca trabajar por lo menos 16 horas (…) ¡y dándole duro, duro!», expresa a la AFP.

«Cuando yo empecé a trabajar con Rappi me dijeron: «tu prendes la aplicación cuando quieras, coges el pedido que quieras, te vas a la hora que quieras». Hoy en día no podemos hacer eso», dice la repartidora, atenta a su teléfono para tomar un nuevo pedido.

Informalidad

Rappi, que a mediados de este año reconoció al sindicato, sostiene que sus repartidores «independientes (…) pueden generar el doble de ganancias por hora» que un empleado con el salario mínimo legal (unos 212 dólares al mes).

«Ganan más de lo que gana el 70% de la población colombiana por hora», enfatiza la compañía en un comunicado dirigido a la AFP.

La llegada de más de dos millones de migrantes venezolanos a Colombia ha jugado a favor de la plataforma, que ofrece entregas a precios bajos gracias a la abundante mano de obra.

También la pandemia «le cayó como anillo al dedo» a la aplicación. «De ahí en adelante Rappi hizo y está haciendo todo lo que se le antoja», se lamenta Luz Myriam.

La valoración de la empresa creció un 420% entre septiembre de 2018 y julio de 2021. Hoy hacen entregas en Argentina, Brasil, México, Chile y otros cinco países latinoamericanos.

Los confinamientos, además de disparar la demanda, han dejado sin empleo a muchos colombianos, que han recurrido a Rappi para sobrevivir. A ellos se unieron los emigrantes venezolanos que ahora constituyen una gran parte de la plantilla de la empresa.

«Hay un aprovechamiento: para un trabajador migrante es muy difícil o imposible ubicarse en la economía formal, dado que en Colombia los empleos formales son escasos», explica Natalia Ramírez, profesora de derecho laboral de la Universidad de los Andes.

Seis de cada diez colombianos trabajan en la informalidad.

Según la multinacional, «tan sólo el 14% de los repartidores tendría un empleo formal si no existieran las plataformas digitales».

«El 44% estaría desempleado», agrega Rappi, citando un estudio del centro de pensamiento Fedesarrollo.

Sindicalizados 

Madre de dos hijos, Luz Miryam atiende en las mañanas un negocio familiar de abarrotes y en las tardes se ocupa con Rappi. La inseguridad y los accidentes de tránsito son sus principales enemigos.

Su moto derrapó una vez bajo la lluvia y cayó al suelo. «Casi no me puedo parar. Duré como ocho días que no pude trabajar», recuerda.

La compañía no cubre gastos médicos ni las incapacidades de los repartidores que se accidentan en el trabajo.

La organización busca mejores pagos para los «rappitenderos» e intercede cuando son vetados por la aplicación, una sanción habitual para quienes se rehúsan a tomar pedidos.

Sobre el final de la tarde, Luz toma un pedido de una pastelería en un barrio rico.

«Los rappitenderos tienen que ir por atrás de la tienda (…) para que los clientes no se den cuenta (de) que nos están tratando mal», reclama mientras busca el ascensor de carga del establecimiento.

«Si nos subimos al de los clientes, el vigilante nos hace bajar. Siempre hay discriminación por el hecho de ser domiciliario», denuncia.

El parlamentario liberal Mauricio Gómez Amín prepara un proyecto de ley para «regular no sólo a Rappi, sino a todas las plataformas digitales (…) para que no abusen de sus empleados».

Los repartidores «no tienen derechos laborales, y Rappi no les reconoce sus derechos (…) no cotizan pensión, no les pagan sus riesgos laborales», denunció Gómez en Semana TV.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA