OPINIÓN_ Perdimos al IFT

Los organismos autónomos han sido blanco de constantes y serios ataques por parte del presidente López Obrador y muchos defendemos su existencia y prevalencia. El INAI, el INE, la Cofece han respondido a estos ataques con acciones concretas, comunicados y hasta tuits que destacan la importancia de su condición de autónomos, pero llama la atención la abulia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Preocupa su silencio y escandaliza aún más su complicidad con ciertas decisiones que atacan, no sólo su autonomía, sino sobre todo su razón de ser, su médula.PUBLICIDAD

En el caso del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), fue precisamente el comisionado Sóstenes Díaz del IFT quien, durante el foro que realizó la Cámara de Diputados (minutos 28 y 47) el 30 de noviembre pasado, sugirió que se incorporen los datos biométricos a este registro, ¿fue su idea? probablemente no y eso es aún más preocupante.

Pero una vez que la existencia del Panaut se concretó con su publicación en el Diario Oficial el 16 de abril, el IFT debió haber reaccionado firmemente en su contra, simplemente porque su creación contradice el mandato primordial que ordena la Constitución a este autónomo: garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Y afirmo que lo contradice porque si usted no registra sus datos biométricos no tendrá acceso a servicios móviles, es más, será desconectado.

El Panaut no es un registro de telecomunicaciones sino de seguridad, así lo establece la propia norma que lo crea “su único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia”, ¿por qué entonces el instituto fue designado para operarlo? Con este mandato, el legislador ha puesto al IFT en un conflicto grave: ¿conectar o desconectar? Le ordena vía ley lo contrario a lo que le mandata la Constitución y que encarna su finalidad última. Es por ello que el instituto tiene la obligación de interponer una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte la que desenmarañe esta contradicción, si no lo hace estaría renunciando a su designio primordial y habrá rendido la plaza.

La Cofece puso el ejemplo en junio del año pasado cuando interpuso una controversia contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional porque consideró que “incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico”, y la Corte le dio la razón resolviendo que “el Acuerdo impugnado obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece.

Pero no lo harán, quizás algo tuvo que ver la reunión que realizaron sus comisionados con el presidente López Obrador hace unos días. En todo caso, lo único que escuchamos del IFT a propósito del Panaut, es su preocupación presupuestal: ¿de dónde sacarán el dinero para operar este registro? Esa es su lucha y con ello han marcado distancia entre nosotros y ellos, entre la preocupación ciudadana y la concepción que tienen sus comisionados del organismo. Mientras usted y yo buscamos cómo evitar ser expuestos y desconectados, ellos buscan presupuesto para implementar la desconexión.

En la sobremesa

Michel Hernández Tafoya ha asumido la dirección general de Observatel. Estupendo y agudo abogado comprometido con los objetivos de la organización. Enhorabuena.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

OPINIÓN. La derecha norteamericana desenmascara su democracia

POR EDUARDO TORRES ARROLLO . MIEMBRO DEL STRM. JUBILADO DE LA ESPECIALIDAD CXTX.

Al grito de ¡la democracia está en peligro! los neoliberales globalistas que gobiernan ahora los EUA y sus aliados en todo el mundo, vieron con asombro lo que ellos mismos ayudaron a construir y que se manifestó el 6 de enero de 2021 frente al capitolio norteamericano. El país que más ha violado las democracias en el mundo se dice ofendido de que hubo un atentado contra ella. No nos debe sorprender que este asombro suceda, dado que esto es una constante en mundo occidental. Ocultan como países dominantes que son, que ellos son los verdaderos violadores de la democracia y que las víctimas son sus propios pueblos. Cuando este pueblo, movilizado o en las urnas, les recuerda que están en desacuerdo con esa realidad, los oligarcas entran en pánico, buscan un sinnúmero de explicaciones y al final se atrincheran, censuran y movilizan grandes ejércitos en su defensa, para al final volver a gritar la democracia ha ganado. Un espectáculo que sólo se ha visto en el sur global, ahora lo vemos en los países desarrollados.

Esta realidad la hemos venido viendo básicamente de noviembre de 2020 a enero de 2021 en la política norteamericana. Gracias a una votación que no esperaban y a una movilización de ultraderechistas en el congreso norteamericano, vimos cómo saltaron las máscaras; por tanto, no podemos quedarnos sólo en considerar que hubo hordas violentas asaltando el congreso manipuladas por Trump, porque hay una gran población norteamericana que está descontenta. Sería un error ver a los QAnonymous (QAnon) como lo únicos descontentos. Cierto, puede ser que sean conspiracionistas o que alimentan la infodemia, pero estamos hablando de un país polarizado donde más 70 millones de votos a favor de un presidente calificado como el engendro del mal. Estamos hablando de un país donde la mayoría no vota porque no cree en los políticos.

Esto se oculta o no se resalta en los grandes medios y se le da importancia sólo a aquello que puede presentarse como espectáculo político para banalizarlo, tal y como lo dijo alguna vez Guy Debord. Los medios juegan un papel importante en ello, escogieron con mucho detenimiento y cuidado imágenes de la toma del congreso para que todo quede en una representación, esto es, trabajaron para no relacionarnos con la realidad misma, sino hacerlo como representación de la misma. Gracias a ello, aparece mágicamente la gran democracia norteamericana y entonces es posible hablar para pedir la unidad y salvar el proyecto neoliberal globalizador, sin considerar las grandes desigualdades que se han acumulado producto del neoliberalismo y que son la causa del descontento.

La oligarquía norteamericana obligada por la estrategia político-mediática de Trump con las que pudo convencer a un número muy amplio de seguidores, no logró evitar que la llamada mejor y más antigua democracia del mundo nos enseñara su verdadero rostro. Equivocaron su análisis al considerar a Tump como el tumor de la democracia, cuando es síntoma de un problema sistémico. Esto ya se veía venir sobretodo después de la crisis de 2008 y el cómo la resolvieron. La globalización neoliberal generó una concentración del ingreso impresionante y, por consecuencia, pobreza, estancamiento económico, impago de las deudas, marginación, exclusión, desigualdad y rechazo de la gente a la política tradicional, por lo cual votaciones como las de noviembre del 2020 y manifestaciones como la del 6 de enero eran de esperarse.

Para los sacerdotes de la democracia sólo hay un culpable llamado Donald Trump, quien manipuló, según ellos, con la ayuda de las redes sociales, a una turba de supremacistas blancos. Teorizan, en ese sentido, de que la combinación de populismo, redes sociales y fake news provoca que el mundo se radicalice cada vez más y, en esa teorización, prefiguran lo que ellos llaman un movimiento fascista. La respuesta más inmediata fue buscar inhabilitar a Trump para el 2024 y cerrarle el acceso a las redes sociales como medida de control de daños y con la ayuda del gran aparato mediático mundial que controlan, emitieron una serie impresionante de adjetivos para calificar negativamente a ese mal que se atrevió, manipulado, entrar al capitolio y sentarse en los lugares sagrados de los sacerdotes de la democracia occidental.

Les asusta el fantasma del fascismo europeo —no el que impusieron en América Latina— y reaccionan sacando el dedo flamígero acusando a una derecha que se moviliza y vota por proyectos antiglobalizadores, porque ya no cree en los políticos, en los partidos, en los sindicatos, en suma, que ya no cree en la democracia y sus instituciones, porque se siente al margen, porque permitieron su exclusión y la pérdida de privilegios, los cuales fueron absorbidos por una minoría mundial, impulsada y sostenida por el imperialismo norteamericano. El 0.01% de la población mundial concentra una parte importante de la riqueza. En pocas palabras se movilizan los excluidos de la globalización, gente real de carne y hueso y eso les aterra.

El que ese grupo de perdedores con la globalización enojado con el sistema democrático haya votado por un proyecto antiglobalizador y una minoría haya tomado por asalto el congreso de EUA, alma democrática del capitalismo occidental, le permitió ver al mundo entero que el capitalismo neoliberal encabezado por EUA está en plena decadencia y, con ello, la hegemonía norteamericana que han ejercido a plenitud después de la segunda gran guerra. Las responsabilidades de Trump no se pueden ocultar, pero tampoco las de los demócratas, demás republicanos, de las grandes empresas globales dominadas por el sector financiero, los medios de comunicación tradicionales y digitales y las plataformas digitales quienes ahora se arrogan el derecho de decidir quién debe hablar y cómo y se asumen como el gran censor.

Los que piensan que la globalización es el único camino de desarrollo capitalista no acaban de entender que esta movilización de las derechas en el mundo responde a esa estrategia. La exclusión que denuncian y que fue puesta en la mesa por Trump, es el elemento que impulsa esa posición. Hay que tener claro que ésta se inicia con el neoliberalismo mismo. La exclusión no es exclusiva de estos grupos de ultraderecha, ya que también se manifiesta en grandes grupos poblacionales de EUA, incluso se habla de “supremacismo blanco multirracial”. Recordemos una máxima neoliberal dicha por Margaret Thatcher y respaldada por Friedrich August von Hayek: “la sociedad no existe, sólo existen hombres y mujeres individuales”. Bajo esas ideas se abandonó a la gente y se polarizó la sociedad durante décadas, por tanto, debemos hablar de polarización más que derechización.

El filósofo Michael J Sandel habla claramente de hay una rebelión contra las élites y que ésta es la que ha llevado a la democracia al borde del abismo. El modelo de globalización neoliberal, asegura, es el que alimenta el resentimiento contra las élites que está en la base del trumpismo y de otros fenómenos populistas recientes. Por tanto, lo que vemos es una respuesta política que ya había prefigurado Ernesto Laclau en La Razón Populista donde se afirma, desde una mirada latinoamericana, que mientras las democracias del mundo se hunden cada vez más en una crisis de representatividad, el populismo se fortifica. Sandel avanza un poco más y nos asegura que los fenómenos actuales se deben a no sólo a lacerantes desigualdades económicas, sino que también hay agravios morales y culturales que afectan la estima social de la gente.

Hay pues aquí, más allá de los adjetivos que se expresaron, una respuesta política a la exclusión, a la desigualdad y a la política que piensa que los ciudadanos comunes y corrientes no tienen la capacidad para gobernar pues se requiere tener competencia para ello. En ese sentido no se prestó atención a lo que sucedía, ni se atendió la frustración de la gente, cosa que si hizo Trump. Hay pues aquí una crisis de legitimidad de la clase política. La legitimidad de las instituciones y de los partidos está sumamente deteriorada por su propia mano. Si vemos la forma en que han reaccionado las estructuras de poder con Biden a la cabeza, nos muestra esa falta de atención en su decisión de no cambiar. Han optado por acrecentar las contradicciones y pugnas al interior de la clase dominante al juzgar nuevamente a Trump y difundir profusamente que ya sin él se está volviendo a la normalidad y que es cosa del pasado. El nuevo gobierno anuncia sólo entrega de dinero como ayuda social, pero no un cambio en las políticas publicas que corten las raíces que alimentan el trumpismo.

Esta crisis interna es una muestra de una crisis más profunda. Estados Unidos y el mundo están viendo que comienza la caída de su hegemonía. No es algo nuevo, pero ahora se ve con mucha mayor claridad que ya no es la locomotora mundial. El empobrecimiento de crecientes masas de norteamericanos o las grandes inmigraciones de mano de obra mexicana y latinoamericana no son la causa de esa crisis. Esta es producto de la globalización, del neoliberalismo y en última instancia de la crisis del capitalismo con de EUA a la cabeza. Así pues, no estamos hablando de sólo na crisis de la democracia como se ha querido hacer ver. Hay una pérdida de la iniciativa en el desarrollo técnico-científico, particularmente en las redes apoyadas en las plataformas digitales 5G.

Paradójicamente el ascenso de potencias competitivas como Rusia, China y otras economías medianas, son producto de la globalización, quienes aprovecharon la necesidad del capital de expandirse, —lo que después se llamó deslocalización por bajos costos salariales y de trabajo— para fortalecer proyectos propios de corte soberanista, nacionalista y progresista. Por tanto, se ha formado un nuevo mundo multipolar y policéntrico. Contradictoriamente, gracias a la libre competencia establecidas por la globalización neoliberal, llevó a los EUA a democratizar las ventajas tecnológicas y productivas a favor de sus contrincantes. En ese ejercicio dejó a China, por ejemplo, posiciones claves en la producción y el comercio. La globalización parió un mundo multipolar en donde habrá posiblemente varios centros hegemónicos que compitan entre si.

Lo que viene ahora es la desglobalización acelerada por la pandemia. El comercio, las inversiones mundiales y el estancamiento económico, rompieron las cadenas de valor, por lo que ahora se priorizan los mercados regionales. América del norte ya hizo el T-Mec y asia-oceanía la Asociación Económica Integral Regional (RECEP). Los EUA ya no podrán imponer su objetivo histórico de ser preponderantes mundialmente, ni contener a los nuevos Estados que surgieron de la globalización. Hay un conflicto interno que también surgió de ésta, que se lo impide. Cierto todavía EUA tiene fortalezas como las grandes empresas tecnológicas, pero en el modelo creado en el Valle del Silicón no está creando los empleos necesarios.

En ese contexto la derecha norteamericana y la ultraderecha están construyendo un proyecto político. Gracias a la polarización que generó la globalización que tenemos ahora a la derecha mundial movilizada. La pregunta más obligada es ¿y la izquierda mundial cuando? La imagen de Bernny Sanders en la toma de protesta del nuevo gobierno de EUA, parece decirnos, aquí estamos los olvidados, los que no coincidimos con la fiesta. Así que más allá de los pagos de asistencia para todos, la izquierda debe reconstruir los lasos sociales el sistema neoliberal destruyó.

OPINIÓN. La regulación no solo debe ser recaudatoria, sino con vistas a una evolución digital

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

En México nos estamos internando en un debate que ya tiene tiempo desarrollándose en el mundo. Las redes sociales digitales no solamente se basan en plataformas dedicadas a la comunicación, se trata de grandes compañías que han acumulado poder por medio de un modelo de negocio voraz y diseñado para absorber cualquier ganancia a su alcance.

El gobierno mexicano ha comenzado a entender que las plataformas digitales no tienen mayor objetivo que las ganancias económicas. El negocio de estas plataformas jamás se ha tratado de la comunicación o de respetar y elevar la libre expresión de los usuarios de sus redes, se trata de generar ganancias a cualquier costo, bajo un capitalismo colaborativo que no siempre es recíproco al momento de obtención de utilidades.

La discusión mexicana se ha centrado en la regulación de las redes sociales y del respeto a la libre expresión de los usuarios; sin embargo, el verdadero negocio de estas plataformas ha sido ignorado por completo en la iniciativa que ha presentado el Senador Ricardo Monreal, ya que el “Big Data” es la verdadera mina con la que cuentan estas plataformas y no se trata realmente de lo que los usuarios publiquen o no en los espacios de Facebook o Twitter, sino que, los datos personales de los usuarios quedan expuestos y a merced de la utilización más conveniente para estas plataformas.

La regulación es una propuesta que puede generar resultados, siempre y cuando esta sea diseñada con un objetivo claro y realmente verificador del comportamiento de las redes hacia con sus usuarios, en otro caso, nos encontraremos volcados a la revisión imposible de cumplimientos sin cumplir, es decir, las plataformas de redes sociales no se preocupan por ser reguladas en sus contenidos, siempre y cuando los datos de los usuarios sigan fluyendo hacia sus servidores y puedan seguirse utilizando para fines como publicidad entre otros, es decir que si la regulación no afecta la verdadera mercancía, misma que es el internauta en sí, las plataformas digitales no encontraran nada de que quejarse en realidad.

Una solución que verdaderamente podría abonar al país recae en la soberanía digital. Que el país entendiera que mayor y mejor infraestructura de telecomunicaciones y digital propia, abonaría al desarrollo económico, cognitivo, democrático, educativo y con ello, a la no dependencia tecnológica de países como nuestro vecino del norte, daría un verdadero vuelco definitorio a una verdadera defensa de derechos fundamentales como la libertad de expresión y los antes mencionados, pero la realidad abona a que en estos momentos la visión legislativa se aboca solamente a un modelo regulatorio con vistas en la recaudación y no tanto, en el control de la información u opiniones que fluyen en las plataformas digitales que hospedan a las redes sociales.

La manipulación de la información recae en un modelo de negocio que solamente prevé la posibilidad de seguir acumulando capital. Las plataformas digitales no tienen como mira el desarrollo o implementación de los derechos fundamentales de los usuarios, sino solamente de seguir utilizando los datos de éstos como mercancía y materia prima fundamental para la generación de riqueza de dichas plataformas.

Si realmente estamos en favor de enaltecer derechos fundamentales como la libre expresión de los ciudadanos, el proyecto debe ser más ambicioso y con miras a un verdadero desarrollo social digital. La generación de infraestructura para una mayor conectividad, la alfabetización digital de todos los sectores y la utilización de las herramientas digitales en favor de una sociedad con mayor conciencia democrática solamente puede darse en un contexto de soberanía digital y con una visión a largo plazo de desarrollo nacional. El mayor ejemplo de esto es que el único país que cuenta con una jurisdicción sobre las Big Tech, es Estados Unidos, ya que la ubicación geográfica de Silicon Valley esta en el territorio de nuestro vecino del norte, es decir, solamente ellos pueden legislar y poner reglas a sus empresas.

Los fenómenos digitales no solo se regulan en un contexto de recaudación, sino que, se debe verdaderamente verificar la aportación democrática que la sociedad percibe y recibe de estas plataformas, ya que el regular para recaudar sigue siendo un fin económico similar al que las plataformas digitales por medio de sus modelos de negocio se han trazado a nivel mundial.

Fenómenos como lo ocurrido con Cambridge Analytica o la batalla por el acceso a los datos personales entre Facebook y Apple, nos deben mostrar la realidad que suponen las verdaderas intenciones de estas grandes compañías y que no solamente se trata de influencia política en naciones como la nuestra, sino que el verdadero fin es global y si no se comprende o se entiende el concepto de “gobernanza del internet” o “neutralidad de la red”, los políticos continuaran cediendo terreno a las grandes tecnológicas.

En 2017 los datos superaron en valor económico al petróleo, es decir que los datos personales de los usuarios de plataformas digitales valen más que el combustible más usado en el planeta. El desarrollo del debate sobre cualquier tema de lo digital en nuestro país debe evolucionar a pasos agigantados o nos quedaremos en un impasse tecnológico, mientras que el mundo camina a una verdadera idea de la digitalización como motor económico por excelencia.

PERSPECTIVAS. “Debemos vivir hasta morir”: Slavoj Zizek reflexiona sobre cómo dar sentido a la vida en tiempos del coronavirus

La pandemia de coronavirus ha matado ya a más de 2 millones de personas, dañando la salud de muchos millones más, pero ¿acaso se limita en esto su efecto en nosotros? En un artículo publicado este domingo en RT en inglés, el filósofo esloveno Slavoj Zizek se pregunta en qué ha convertido nuestra vida el virus en más de un año.

Para el pensador, la nueva normalidad, que se instauró como respuesta a la pandemia, priva nuestra existencia del sentido, convirtiéndola en “una vida extraña que se prolonga y que no nos permite ni vivir en paz ni morir rápidamente“. Zizek ilustra su idea con la canción ‘Dalai Lama’, de la banda alemana Rammstein.

La canción, lanzada en el 2004 en el álbum ‘Reise, reise’, se basa vagamente en el poema ‘El rey de los elfos’, de Goethe. Narra de la caída de un avión o simplemente de una fuerte turbulencia durante el vuelo (las letras no permiten saberlo exactamente). En la cabina, están el padre y el hijo. Cuando el avión empieza a agitarse y se llena de gritos de los pasajeros, el padre abraza al menor, que está hipnotizado por invisibles seres misteriosos, que lo llaman a unirse a ellos. Al abrazar al niño con demasiada fuerza, el hombre no se da cuenta que este sufre falta de aire y muere.

“El padre (que obviamente representa al Dalai Lama) quiere proteger al niño de la amenaza externa de la realidad, pero en su excesiva protección mata a su hijo. […] La implicación obvia es que la protección budista del dolor y el sufrimiento nos mortifica, nos excluye de la vida”, concluye el filósofo e inmediatamente hace hincapié en el estribillo central de la canción: “Debemos vivir hasta morir”.

Esta frase, que representa la pulsión de muerte freudiana “en su estado más puro”, no es tan tautológica como parece a primera vista, advierte Zizek. “Rammstein da la vuelta a la afirmación obvia de que ‘no importa cuánto tiempo vivas, al final morirás’: hasta que mueras, tienes que vivir. Lo que hace que la versión de Rammstein no sea una tautología vacía es la dimensión ética: antes de morir, no solo estamos (obviamente) vivos, tenemos que vivir. Para nosotros los humanos, la vida es una decisión, una obligación activa“, escribe el esloveno.

Esta postura […] es adecuada a adoptarse hoy, cuando la pandemia nos recuerda a todos nuestra caducidad y mortalidad, de cómo nuestra vida depende de una oscura interacción de (lo que nos parecen) contingencias. […] El verdadero problema no es que podamos morir, sino que la vida se prolonga en la incertidumbre, provocando una depresión permanente, la pérdida de la voluntad de continuar

Paradójicamente, la propuesta de la vacunación masiva, prorrogada o cuestionada por cada nueva cepa del virus, resulta en que “vivimos en un colapso pospuesto sin fin”. Y parece que disfrutamos de ello.

En la primavera del 2020, las autoridades a menudo decían: “En dos semanas, debería mejorar”; luego, en otoño del 2020, fueron dos meses; ahora, es casi medio año […]. Ya se escuchan voces que sitúan el fin de la pandemia en el 2022, incluso en el 2024… Todos los días traen noticias: las vacunas funcionan contra nuevas variantes, o tal vez no; la rusa Sputnik es mala, pero luego parece que funciona bastante bien; hay grandes retrasos en el suministro de vacunas, pero la mayoría de nosotros todavía nos vacunaremos en verano… estas oscilaciones interminables obviamente también generan un placer propio, lo que nos facilita sobrevivir a la miseria de nuestras vidas

Zizek se muestra en desacuerdo con el pensador italiano Giorgio Agamben, para quien la única receta de resistir la pandemia es continuar viviendo como siempre. En el permanente balanceo entre depresión y animación del mundo confinado, hay que seguir las palabras de Rammstein: vivir con la máxima intensidad.

¿Hay alguien más vivo hoy que los millones de trabajadores sanitarios que, con plena conciencia, arriesgan sus vidas a diario? Muchos de ellos murieron, pero hasta que murieron estaban vivos. No solo se sacrifican por nosotros a cambio de nuestra hipócrita alabanza. Menos aún, podría decirse que son máquinas de supervivencia reducidas a lo esencial para vivir. De hecho, son los que hoy están más vivos”, concluye el filósofo.

Con información vía RT Novosti

OPINIÓN: Preponderancia digital, otra locura

Está de moda intentar regular el ciberespacio y las empresas de Internet (sobre todo las grandotas); ahora se inventan la preponderancia digital.

El diputado Javier Hidalgo (Morena) propone adicionar el artículo 262 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determine la existencia de agentes económicos preponderantes en el sector digital (la preponderancia ya existe desde 2013 en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones).

La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de Ley Federal de Protección al Usuario Digital. El legislador también es autor de la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital, la cual crea las bases y procedimientos para expedir la Cédula de Identidad Digital como identificación oficial. Pero la preponderancia digital es un resbalón del diputado.

Quiero agradecerle al legislador porque su iniciativa permite reforzar el argumento de que el concepto de preponderancia nunca debió contemplarse para regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión… y que además debería desaparecer. Llama la atención leer comentarios en Twitter de personas que han defendido la preponderancia en esos dos sectores, pero expresan sus dudas en el digital. Qué incongruencia.

Claro, porque la preponderancia es un concepto -hasta antes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 2013- inexistente en la regulación económica. El concepto correcto es “poder sustancial de mercado” y está claramente previsto en la Ley Federal de Competencia Económica.

Gabriel Contreras, ex presidente del IFT y autor del libro Reforma en materia de telecomunicaciones (FCE, 2018), reconoce que “los ‘agentes económicos preponderantes’ son una figura novedosa en el derecho mexicano. Antes de ésta, la regulación asimétrica derivaba de la existencia de poder sustancial en el mercado, lo que se acredita mediante procedimientos especiales previstos en el marco legal de competencia, como se observa también en el derecho comparado”.

Contreras detalla que “se optó por incluir esta figura desde la propia Constitución, con el objeto de determinar la existencia de estos agentes mediante procedimientos abreviados y bajo el análisis de datos objetivos, que no requieren los análisis específicos de mercados, que suelen hacerse en estos procedimientos”.

Como se reconoce, la preponderancia fue la solución política y económica que encontraron los legisladores para regular de forma inmediata (sin investigación de poder sustancial) a Televisa en radiodifusión (pero excluirla de la televisión de paga donde concentra 64% del mercado) y a América Móvil en telecomunicaciones (que tiene prohibido ofrecer el servicio de TV de paga).

Desde que se conoció la iniciativa de reforma constitucional, y después durante la discusión de la ley secundaria, varios advertimos la incongruencia de definir la preponderancia por sector y no por servicio. A otros les convino la existencia de preponderantes por sector, pero ahora la iniciativa de Hidalgo permite exhibir la inconsistencia conceptual.

No quiero darle ideas, pero al diputado se le olvidó que las características del agente económico preponderante están definidas en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de 2013, es decir, desde la Carta Magna, y que el Congreso dio un plazo de 180 días al IFT para determinar la existencia de preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior no ocurre con la preponderancia digital.

Un agente económico preponderante en el sector digital sería aquel que tenga una participación nacional mayor a 50%, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el IFT.

Ahora llevemos el silogismo y la inconsistencia conceptual de la preponderancia al sector digital. La preponderancia es una situación de superioridad que tiene un hecho o una cosa frente a otra. Si Televisa fue declarada preponderante en el sector de la radiodifusión por concentrar más de 50% de la audiencia y América Móvil en el sector de telecomunicaciones por tener más del 50% de los suscriptores en los servicios móviles y fijos (excepto TV de paga), el regulador la volverá a tener fácil.

El IFT sólo tendrá que seleccionar a la empresa digital más grandota (porque de eso se trata la preponderancia y porque esa es la obsesión del regulador) y declararla como agente económico preponderante en el sector digital. Desde luego, sin precisar el mercado relevante ni el insumo esencial y sin necesidad de iniciar una investigación de poder sustancial de mercado.

Podría ser Google, aprovechando que la Autoridad Investigadora del IFT ya inició de oficio un procedimiento contra una empresa con el perfil del gigante de Internet, para “determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y relacionados”.

El diputado Hidalgo no se percató de que al declarar a un agente económico como preponderante en el sector digital, ya no se puede hacer con ninguna otra empresa. Sólo Televisa lo es en radiodifusión, sólo AMX en telecomunicaciones y ¿sólo Google (o Facebook o Amazon o Twitter o Uber o Netflix o Apple) en el unisector digital? Así de ilógico.

Pero la iniciativa sí podría tener adeptos. El primero de ellos el IFT, que se encuentra en un conflicto competencial con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre la regulación de los mercados digitales. Ya ocurrió en el caso Uber-Cornershop a favor de la Cofece. La propuesta del diputado Hidalgo le asigna al IFT lo que tanto desea: la regulación del sector digital ¡en charola de plata!: preponderancia digital. En cambio, no creo que la iniciativa le guste a la Cofece, que no tiene la atribución para declarar a agentes económicos preponderantes, pero sí para determinar mercados relevantes, poder sustancial e insumos esenciales en los mercados digitales, previa identificación de un problema de competencia o libre concurrencia.

¿Se discutirá y pasará en el Congreso la aberración conceptual de la preponderancia digital? Si es así, quienes han defendido la preponderancia resbalarán en el mucho más complejo sector digital. Y la historia tendrá varias secuelas, la principal: la batalla por el protagonismo regulatorio digital entre IFT vs. Cofece. Gracias, diputado.

Opinión de Jorge Bravo vía El Economista

Jorge Bravo es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Mario Patrón: Austeridad vs organismos autónomos

En días recientes, en el espacio público ha destacado el debate sobre la pertinencia de los organismos constitucionalmente autónomos, a raíz de la intención expresada por el Presidente de eliminar al menos algunos de ellos y que sus funciones sean subsumidas por distintas secretarías de Estado.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se expresa en términos críticos sobre los organismos públicos autónomos. Se ha referido a ellos como espacios cooptados por los grupos que históricamente han detentado el poder en nuestro país y les ha reprochado por aportar poco o nada a la democracia formal. El argumento central que el Presidente ha esgrimido para defender la pertinencia de su desaparición ha sido el imperativo de la austeridad y la correlativa necesidad de recortar el gasto público. A partir de lo dicho por AMLO, los primeros en sufrir la supresión serían el INAI, el IFT, la Cofece, la CRE y la CNH; aunque lo cierto es que desde el diseño del presupuesto para 2021 los primeros damnificados han sido la CNDH y el INE.

Las posiciones absolutistas fijadas por el jefe del Ejecutivo han generado opiniones encontradas y han acentuado el clima de polarización en el debate público, como ocurrió en temas como los fideicomisos públicos o la libertad de expresión. En casos como el que nos ocupa, el Presidente ha recurrido a afirmaciones sin matices que reducen la lectura de la realidad a una polaridad de blancos y negros, de buenos y malos, cuando en honor a la verdad se trata de temas complejos y con una historia de vicisitudes detrás de sí, que son cruciales para nuestra frágil democracia, para cuyo análisis se debería partir de diagnósticos profundos basados en información rigurosa, así como de una discusión pública que conduzca a tomar medidas diferenciadas con cada uno de ellos.

Los organismos constitucionales autónomos surgieron en la institucionalidad mexicana como una apuesta por blindar de injerencias políticas asuntos centrales de la vida nacional; es decir, ante las evidencias de que la división clásica de poderes no era un esquema de pesos y contrapesos suficiente, se apostó por generar órganos que no dependieran de ningún poder y que estuviesen dotados de al menos tres condiciones de autonomía: la técnica, la de gestión y la financiera. Así, casos centrales como política económica, derechos humanos, democracia procedimental, derecho al acceso a la información pública y telecomunicaciones, entre otros, fueron encargados a órganos garantes como la CNDH, Banco de México, INE e INAI.

Es documentadamente cierto que, como lo ha afirmado López Obrador, muchos de estos organismos autónomos, se pervirtieron, se politizaron e incluso adoptaron como práctica cotidiana el despilfarro y la gestión de intereses grupales, en contradicción con su vocación. Sin embargo, hoy una discusión de fondo sobre dichos organismos no puede reducirse a la primacía sin más del ahorro presupuestal, pues ello supone simplificar la discusión sobre el futuro que deseamos para México. Es preciso partir de diagnósticos institucionales particulares y discutirlos desde una perspectiva sistémica, puesto que el criterio central es el papel que están llamados a jugar como dispositivos democráticos tan eficientes como eficaces para evitar las injerencias facciosas y para ser contrapesos calificados y efectivos en materia de decisiones públicas.

El argumento de los ahorros presupuestales es insuficiente. La naturaleza teleológica del ejercicio de la autonomía institucional busca acotar poderes desmedidos, particularmente del Ejecutivo, y someterlos a controles democráticos. Más aún, cuando varios de estos organismos autónomos nacieron como consecuencia de luchas de reivindicación de diversos derechos reconocidos en la Constitución como de los que son garantes INE, CNDH e INAI.

La medida anunciada por AMLO apunta en el sentido contrario, al señalar que serían las secretarías de Estado las que subsumirían dichas funciones, lo cual las coloca en una situación incompatible de juez y parte. Con ello, el Presidente no hace sino fortalecer los argumentos de quienes lo acusan de estar movido por tentaciones centralizadoras y de acumulación de poder.

Si bien es cierto que en la historia reciente de México ha existido lo que algunos han denominado una fiebre autonomista que llevó a recurrir de manera desmedida a la figura de los órganos constitucionalmente autónomos, no todos los casos obedecen a esa dinámica. Fue en 1994 que se declaró la autonomía del Banco de México para blindar la política monetaria, y en 1996 se le dio plena autonomía al IFE –hoy INE– para salvaguardar la democracia formal y otorgar mayor independencia y legitimidad a los procesos electorales. Luego, en 1999 se dota de autonomía a la CNDH para crear un sistema de protección de los derechos fundamentales y en 2008 se declara la autonomía del Inegi; sin embargo, es a partir del sexenio de Peña Nieto cuando se crean un sinfín de organismos autónomos como el IFT, la Cofece, CNH, INAI, INEE y la CRE.

Así, parece prudente plantear un debate que se abra paso entre dos polos: la tentación centralizadora del poder, hoy argumentada en torno del ideal de la austeridad republicana y, una febril propensión autonomista. Una elemental conclusión preliminar nos dice que la solución no radica en la eliminación a rajatabla de los organismos públicos, sino en actualizar la perspectiva que dio nacimiento a la figura de la autonomía para evaluar y juzgar cada caso, y adecuar los organismos autónomos a las necesidades y condiciones que se viven, a partir de un reconocimiento de la inmadurez e insuficiencia de nuestra democracia.

Con información vía La Jornada

OPINIÓN: ¿Deben desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos?

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

Una nueva discusión se ha puesto sobre la mesa: la desaparición o no de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), esto derivado del alto costo y el nulo beneficio social que estos organismos estarían obligados a otorgar. Así mismo, las denuncias del presidente López Obrador contra los llamados OCAs, han sido puntuales y duras, esto durante el marco de las conferencias matutinas que él mismo encabeza.

La aparición de estos organismos prolifero con las reformas constitucionales llevadas a cabo durante la administración federal anterior. La transformación del IFE a INE, la creación de la CRE, la COFECE y el IFT, así como la reestructura del INAI y otros institutos más. Cada órgano tiene funciones administrativas o técnicas, dependiendo de la ley y la intención de su creación, es decir, los administrativos, por ejemplo, son el INE, el INAI y el INEGI, por otro lado, tenemos a los reguladores-técnicos como la COFECE o el IFT.

La intención de generar organismos autónomos es una idea completamente derivada del neoliberalismo, esto con la finalidad de dejar al estado fuera de decisiones y sin rectoría de sectores estratégicos y de gran calado, tal y como lo son las telecomunicaciones o el energético, mismos que siempre han estado en la mira de las privatizaciones.

La regulación económica en nuestro país pretende privilegiar exclusivamente a la competencia económica y no es que la competencia sea mala; sin embargo, cuando la regulación se basa en una lógica política y no técnica, es cuando tenemos una serie de favoritismos y los institutos encargados de regular los mercados de sectores definidos terminan siendo cooptados por los privados, que a su vez terminan buscando beneficios competitivos en el mercado.

Los recursos económicos que absorben estos institutos resultan ser bastante onerosos, para ejemplo, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en el presupuesto federal del año 2020, el funcionamiento del IFT costo al erario 1,500 millones de pesos.

La regulación es una herramienta económica que supone la necesidad de una autoridad que modere la competencia en los mercados, que exista la libre concurrencia y competencia en sectores definidos. La lógica neoliberal piensa que la regulación es una forma de eliminar la participación del gobierno en los mercados y busca aumentar la participación de competidores, implementando estructuras legislativas, jurídicas y técnicas, haciendo ver que el estado no cuenta con la capacidad suficiente para administrar, decidir y deliberar sobre los posibles conflictos derivados de practicas anticompetitivas en el mercado, como las que posiblemente pudiesen llevar a cabo monopolios, ya sean privados o estatales, pero sobre todo, la visión radica en eliminar la participación del estado en actividades productivas.

Se supone que la competencia debe abaratar servicios y productos, que mientras más competencia exista, los costos de producción se abaraten y con ello, el costo al consumidor final sea el menor posible con una variedad de opciones para elegir la contratación de un servicio o la compra de un producto en especifico. La formula falla cuando los reguladores deciden llevar a cabo decisiones que suponen asimetrías a falta de un mercado sano, es decir, los reguladores pretenden hacer uso de herramientas económicas como economías de escalas o estudios de mercado que les ayuden a tomar decisiones que, a su vez, defina la capacidad competitiva de los participantes del sector o en su defecto, que los participantes de los mercados no hagan uso de prácticas anticompetitivas.

 La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones el IFT ejerce su autoridad regulatoria por medio de una regulación exante, que se manifiesta cuando un mercado como es el de las telecomunicaciones, de un alto dinamismo y costo en inversiones se prevé como falta de operadores. El regulador ha supuesto que como Telmex ya era un monopolio natural, ya que, venía de una privatización, contaba con todos los insumos de red, así como infraestructura y recursos laborales y económicos, por lo que, con su lógica de regulación exante, da la oportunidad a los operadores entrantes de contar con privilegios competitivos y un subsidio directo del operador incumbente, que en México fue llamado “preponderante”, al mismo tiempo en que el IFT impuso reglas asimétricas al llamado Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, por lo que hoy en día, tenemos un mercado de bajo rendimiento, pérdidas económica y mucha desinversión, pues el regulador tomo decisiones políticas y no técnicas.

En nuestro país, los OCAs se han considerado a sí mismos como contrapesos al gobierno, esto queda claro en una respuesta que el INAI hace de conocimiento público al presidente López Obrador, esto después de que el presidente dijera en su conferencia matutina del pasado lunes 4 de enero de este año que inicia, que las funciones del INAI las pudiese ejecutar la Secretaría de la Función Pública, ya que dichas funciones son sobre la transparencia e información pública y que lo que hace el IFT, lo ejecute la SCT, según el presidente esto se traduciría en millones de pesos en ahorros e implícitamente, le retornaría al estado la rectoría de sectores estratégicos.

Sin duda alguna, la creación en 2013 de estos organismos dio la oportunidad al gobierno que encabezaba Peña Nieto, la posibilidad de mantener aliados políticos en puestos transexenales, tal y como lo podemos observar en el caso del Instituto Nacional Electoral con su consejero presidente Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como arbitro electoral, parece un actor político más de la oposición.

La función de estos institutos ha sido llevada a un campo político, dejando de lado su pertenencia a la estructura del estado, que, si bien es cierto que cuentan con calidad de autónomos, no son independientes del presupuesto público emanado de la federación, ni son exentos de acatar la constitución y leyes emanadas de ella, sin embargo y como ya lo he mencionado anteriormente, se ven a sí mismos como contrapesos políticos al ejecutivo federal, aspecto que en ninguna parte de la constitución está contemplada en sus funciones.

Con la excusa de la construcción de un estado de derecho, el gobierno anterior modificó la constitución con reformas de gran calado, que beneficiaban directamente a ciertos actores, sobre todo, empresas privadas que deseaban una participación con mayor libertad y con mayores beneficios económicos, tal fue el caso de Pemex, que fue desmantelada de forma brutal y negocios productivos y redituables, se le otorgaron a empresas como Odebrecht o en su defecto, el tema de las telecomunicaciones, donde la soberanía digital fue prácticamente desaparecida por ley y la industria nacional del sector se ha visto seriamente afectada, generando una fuerte desinversión en el sector, al punto en que operadores como Telefónica Movistar han retornado espectro radioeléctrico al regulador, argumentando que no les conviene pagar por el mismo, así como el dejar de invertir en infraestructura y empleos.

La realidad es que las funciones que desempeñan varios Órganos Constitucionales Autónomos pueden ser ejecutadas sin problemas por las secretarias de estado, ya que fueron creadas para que el estado pudiese decidir, ingerir y llevar una rectoría social, política y económica en beneficio de la sociedad y no solamente de las empresas privadas y de una clase política que fue consumida por la corrupción, generando negocios a partir de las empresas productivas del estado o en su defecto, de dar beneficios directos a ciertos participantes de los mercados. ¿Deben o no desaparecer los OCAs? Esa será una decisión que se tomé a partir de una visión y voluntad política que comprenda que para llevar a cabo esta tarea, la constitución debe reformarse nuevamente.

A un año de la llegada de la Covid-19

A un año de la aparición de la Covid-19 en la lejana y hasta entonces, desconocida ciudad de Whuhan en China, no hemos podido descifrar en su totalidad lo que ha significado la aparición de este virus y las repercusiones que ha largo plazo impondrá en los ejes sociales, económicos y políticos a nivel mundial.

El mercado que presumía de poder regular casi cualquier cosa o transacción con eficacia ha demostrado con creces su incapacidad de enfrentar con solvencia los efectos causados por el confinamiento, por ello es natural que el neoliberalismo se note desgastado y confundido, ya que su voracidad y locura por la privatización de servicios básicos que el Estado debiera de otorgar a sus ciudadanos, tales como la salud, han generado una catástrofe humanitaria y económica. Al no contar con un servicio de salud eficiente, los estados que privatizaron estos tuvieron que gastar el doble para poder atender de manera tardía a los contagiados por el nuevo coronavirus.

Lo anterior es solamente una parte del dramatismo que se vivió durante el pasado 2020, ahora con vacunas en puerta, la sociedad deberá aprender a tener paciencia con los programas de vacunación que se han generado por los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y planificar una nueva normalidad que se debe de comenzar a vivir, debemos aprender a mantener medidas sanitarias, sin caer en el pánico que puede generar un repunte de contagios, ya que esto es causado básicamente por dos razones: el descuido social y la ignorancia o negación de los ciudadanos hacia con la Covid-19.

La Covid-19 no solamente fue la enfermedad en sí misma, sino que, se tradujo en una serie de situaciones que ahora tendremos que enfrentar de forma conjunta. Desde el incremento de la desigualdad social, las condiciones laborales que resultan ser más excluyentes y la reincorporación económica de sectores desvencijados, serán retos que deberemos afrontar con una estrategia distinta, queda claro que las políticas neoliberales y privatizadoras en las que el mercado permite el gobierno del dinero y demerita a la política como gobierno, se debe dejar atrás, esto con el fin de recomponer un mundo post-covid.

Es innegable la incapacidad del mercado ante la crisis que arrasó con el sistema de forma imparable por medio de un virus y que por ello, atestiguamos y vivimos en carne propia el “efecto mariposa”: alguien del otro lado del planeta se come un animal extraño y tres meses después la mitad de los habitantes del mundo nos encontramos en cuarentena, una palabra tan ajena al siglo XXI, un concepto tan ajeno a la era de la globalización, que por cierto, fue una clara causante de la mayor efectividad en la propagación de los contagios, así como la falta clara de protocolos eficientes por parte de los estados para prevenir una pandemia.

Ante tal decisión política de confinar a los ciudadanos para reducir los contagios, algunos afirmaron que el contar con la infraestructura más robusta en telecomunicaciones y digitalización, la humanidad pudo enfrentar los estragos de la Covid, sin embargo, la digitalización también ha sido un factor de desigualdad, ya que aquellos que no cuenten con conectividad, ya sea por falta de infraestructura en el sitio en el que habita o falta de recursos para contratar servicios de telecomunicaciones han sido completamente excluidos de actividades educativas, culturales, sociales y hasta de servicios de salud a distancia, así como de información necesaria para enfrentar con efectividad la pandemia.

Ciertamente, las telecomunicaciones han sido un factor determinante para mantener cierto dinamismo económico, social y político; sin embargo, no se ha determinado una política pública efectiva que genere condiciones de conectividad universal. Para llegar a las peculiaridades importantes en nuestro país, la falta de una estrategia digital congruente con la urgencia que ha significado todo este proceso pandémico, no hay una respuesta clara de parte del gobierno hacia la digitalización y conectividad universal, siguen imperando los intereses de las transnacionales y magnates privados en el sector, esto va más allá del discurso presidencial, ya que el sector es regulado por un órgano constitucional autónomo emanado del neoliberalismo más salvaje y reformista de la pasada administración federal.

Como en lo anterior, nuestro país cuenta con una larga lista de disyuntivas y paradojas políticas, sociales y económicas que son resultado de políticas neoliberales abusivas y en detrimento de la población, políticas y reformas constitucionales que en ningún momento velaron por los intereses del país y sus habitantes, solamente vieron por el beneficio de una minoría rapaz, que terminó siendo exhibida como una elite acostumbrada a vivir de recursos públicos, ya sean parte del ramo empresarial, como de la clase política, herederos de una dictadura de partido que dejó de lado el nacionalismo revolucionario, por el neoliberalismo reaccionario más voraz.

Las repercusiones de la pandemia en México han sido muy profundas, tal y como ha sido en el resto del planeta, empero aquí ha existido una particularidad y es que, la politización de los acontecimientos derivados de la Covid ha sido brutales. La utilización de la pandemia con fines electorales ha generado una polarización, además de un proceso de infodemia importante en los medios tradicionales (televisión, radio y periódicos), así como en medios digitales.

Los medios han tomado un papel central en lo que refiere a la pandemia, han mantenido posturas de acumulación, a final de cuentas los concesionarios de medios tradicionales se mantienen por medio de un modelo empresarial de capitalismo neoliberal, que pretende vender contenidos para una mayor generación de utilidades, por lo que, la labor informativa se convierte en un producto, que al mismo tiempo mantiene la defensa ideológica y política que más le conviene a los dueños de dichas empresas.

Ante las condiciones que la Covid ha dejado a su paso, es necesario plantearnos una reconfiguración del sistema político, económico y social, de manera en que un sistema de valores y ética pueda ser un eje fundamental para replantear la posibilidad de cambiar a fondo el modelo de país que hasta el momento hemos tenido. En este contexto, la propuesta de cambio que viene desde el gobierno federal es una alternativa, la cuestión de esta propuesta que fue nombrada como la “4T”, necesita ser impulsada desde la sociedad en su conjunto y no, solamente desde la base gubernamental, es un momento importante para lograr aprovechar la coyuntura política e impulsar una transformación de fondo con los movimientos sociales, sindicatos, pueblos originarios y sociedad en general. 

Sin duda, la mal llamada “nueva normalidad” será un proceso complejo, pero en definitiva será definitorio, no sólo para nuestro país, sino para el orbe en toda su complejidad y en todas las instancias geopolíticas y económicas. El reacomodo puede ser un lapso tardado, sin embargo, terminará siendo una realidad que debe ser impulsada desde los pueblos.

México tiene una oportunidad importante para comenzar a consolidar un cambio profundo que realmente consolide luchas que se han venido realizando y construyendo desde el siglo pasado, por lo que, la llegada de la vacuna nos pone sobre la mesa una serie de situaciones que pueden recomponer un modelo de igualdad y el refrendo del Estado hacia con la sociedad, aunque la derecha más reaccionaria considere seguir la pelea por sus privilegios, tal y como los vinieron imponiendo en los regímenes anteriores.

En nuestro país el llamado periodo neoliberal, sin duda alguna dejo como estela una serie de corruptelas y deficiencias sistemáticas de la política, así como una debacle pronunciada de manera intencional en la economía popular, de esta manera el poder del dinero de las corporaciones junto a las privatizaciones de las empresas productivas del estado fueron el caldo de cultivo perfecto para que la clase política estableciera una perversa red de complicidades por medio de los dineros emanados del robo del erario, la corrupción se resume en eso: en un robo directo de las arcas del estado.

Por lo anterior, la transformación del sistema es necesaria, pero se trata de un proceso de reconstrucción lento para que sea efectivo. Derivado de esto, el sistema educativo, de salud y demás servicios que están a cargo del estado tienen el atraso que ahora resulta, la oposición que otrora fuera la clase en el poder reclama, por ello, es necesario señalar esa postura hipócrita de la clase política tradicional y que de sus rezagos al interior del sistema, vemos que hay directivos del sistema de salud que saltan la fila y vacunan a sus familiares antes de que les toque según lo planteado por el gobierno federal en un programa de vacunación contra la Covid-19, restos de corrupción que deben de ser erradicados o no servirá de nada un proceso de transformación tan complejo y doloroso como el que se está planteando.

El neoliberalismo y la Covid fueron la muestra perfecta de la necesidad de cambio global y obviamente, nuestro país no puede ser excepción. La erradicación de la corrupción es una tarea social, no solo gubernamental y el titular del ejecutivo debe entender esta parte, de otra manera, seguiremos en una constante confrontación política infructuosa.

Israel Quiñones – @IsraelQDigital

PERSPECTIVA: Acuérdense de conectar a los indígenas

Terminé de leer Cuando Moctezuma conoció a Cortés, de Matthew Restall (Taurus, 2019). El libro cuyo subtítulo es “La verdad del encuentro que cambió la historia”, recalca con crudeza lo que ya se sabe pero siempre se minimiza: pueblos enteros de indígenas fueron masacrados, quienes sobrevivieron fueron esclavizados y las mujeres fueron forzadas a la servidumbre sexual por los conquistadores. El 8 de noviembre de 2019 se recordarán 500 años de ese encuentro. A cinco siglos de distancia los pueblos originarios siguen siendo los damnificados de la traumática historia de México, ahora en derechos digitales, de conectividad y acceso a los servicios de telecomunicaciones.

El 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En México, la población indígena es de 11.1 millones de personas (9.9% de la población del país), la cual cuenta con 88% de cobertura móvil en al menos una tecnología (2G, 3G o 4G). Este porcentaje es 11% superior al 77% de cobertura en 2017, según los diagnósticos de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Un dato más preciso señala que 82% del total de las localidades con presencia de población indígena cuenta con cobertura móvil 3G; pero sólo 40% de esas localidades tiene acceso a redes 4G. Si bien existe cobertura móvil, no significa que los indígenas estén suscritos o tengan acceso efectivo al servicio y sus beneficios. Además, carecer de redes 4G implica no tener Internet veloz ni acceso a aplicaciones, contenidos y servicios relevantes para sus comunidades.

Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), 53.9% de las viviendas donde el jefe o jefa es hablante de lengua indígena cuenta con teléfono fijo o celular. Por cierto, es un mito que las viviendas de indígenas no tienen electricidad, pues 98% de ellas cuenta con el servicio.

Estas cifras indican que los operadores de telecomunicaciones han hecho su trabajo al desplegar e instalar redes en pueblos y comunidades indígenas. Pero falta el acceso efectivo a Tecnologías de la Información y la Comunicación como smartphones, a servicios de voz y datos, a redes Wi-Fi terrestres y satelitales, a programas de alfabetización digital y a servicios digitales de educación, salud, gobierno electrónico y proyectos de emprendimiento comunitario impulsados por las TIC.

Por eso llama la atención la demagogia de las instituciones en estudios que abordan el elemento indígena. El diagnóstico del IFT-INPI reconoce la “riqueza histórica y cultural que da sentido de pertenencia e identidad a la Nación”. Otros documentos de instancias nacionales e internacionales expresan ideas semejantes, pero las acciones han sido muy lentas para que los indígenas salgan de la pobreza y se sumen al desarrollo y la economía nacionales, que hoy tienen a Internet como su habilitador.

El reciente Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Coneval revela que 71.9% de la población indígena (8.3 millones de personas) se encontraban en situación de pobreza hasta 2016. Además, 85.1% de las mujeres indígenas en zonas rurales se encuentran en esa situación, así como 56.5% de jóvenes indígenas (12-29 años) en zonas rurales y 40.6% en zonas urbanas.

En cuanto a carencias sociales, 31.6% de la población indígena tiene rezago educativo, 15.1% no tiene acceso a servicios de salud y 77.6% carece de seguridad social. Además, 23.2% de los hablantes de lenguas indígenas son analfabetas; este porcentaje se eleva a 29.5% si son mujeres. ¿Por qué no utilizar las TIC para aliviar esos rezagos?

El Coneval recomienda “implementar políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas que contribuyan a mejorar sus capacidades para que compitan en el mercado laboral y así, además de impulsar el empleo de calidad, puedan acceder a la seguridad social”.

En materia de salud, el Coneval refiere: “implementar y escalar esquemas de atención que permitan reducir los obstáculos en el acceso a los servicios médicos con el objetivo de disminuir los rezagos en la satisfacción del derecho a la salud. Estos esquemas pueden considerar (…) tecnología de apoyo para el desarrollo de telemedicina”. ¿Por qué los “estrategas y planificadores digitales” no atienden las recomendaciones del Coneval?

Coincide que los estados con más pobreza, que a su vez tienen mayor población indígena, son los menos conectados. Oaxaca y Chiapas tienen un porcentaje de pobreza de 70.4 y 77.1%, su porcentaje de población indígena es de 65.7 y 36.1%, el de hablantes de lenguas indígenas de 32.2 y 27.9% y la penetración de telefonía móvil de apenas 70 y 65%, respectivamente.

El INPI cuenta con un Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. El objetivo es que “los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento”.

El INPI podría modificar las bases del programa y firmar acuerdos interinstitucionales para incorporar las telecomunicaciones móviles y de banda ancha como infraestructura básica. ¿Qué mejor servicio que las comunicaciones inalámbricas y el Internet móvil para superar el aislamiento? No sólo para la vida cotidiana, también para situaciones de emergencia y desastres naturales.

Los indígenas han demostrado habilidades innatas que no justifican su aislamiento y discriminación. Por ejemplo, son culturas orales; este simple hecho podría suponer que el tráfico de voz se incremente en dichas comunidades. La proliferación de teléfonos celulares en Finlandia hizo que sociedades tradicionalmente silenciosas se soltaran a hablar. En México, 7.3 millones de personas de tres años o más son hablantes de alguna lengua indígena, o sea, 6.5% de la población. Lo interesante es que de ese total, 7.1 millones también habla español, es decir, 81% de los indígenas son bilingües y otro tanto trilingües cuando emigran a Estados Unidos. Además son creativos y emprendedores, aunque actualmente sus negocios sean de supervivencia.

500 años de pisotear los derechos de quienes eran los legítimos dueños de estas tierras hoy mexicanas ya es más que suficiente. Desde 2013 además tienen el derecho de acceso a las TIC y la banda ancha. ¿También les vamos a arrebatar ese derecho?

Con información de Jorge Bravo vía El Economista

OPINIÓN: Se debe reconsiderar la fuerza del movimiento unitario del sindicalismo

POR ISRAEL QUIÑONES GONZÁLEZ (@IsraelQDigital)

Los sindicatos han dado una batalla ejemplar y con intención o sin ella, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado y abanderado exigencias añejas e históricas del movimiento obrero, como la modificación o desaparición del “Outsourcing” o “subcontratación”, esto con miras a beneficiar a miles de trabajadores en nuestro país.

La discusión de este asunto ha generado una polarización política, ya que, el sector empresarial se opone rotundamente a modificar o regularizar la subcontratación, mucho menos, están dispuestos a enfrentar la desaparición de este modelo abusivo.

La realidad de todo este tema radica en los beneficios laborales, fiscales y económicos que este modelo representa para empresas de gran tamaño. La no generación de derechos laborales como la antigüedad de los trabajadores o el desvío de recursos fiscales, como el registrar a un trabajador con menores ingresos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y las Afores. Esto significa para los empresarios “ahorros”, pero, realmente estamos hablando de un sistema de abusos en contra de los trabajadores, a los que tampoco se les permite organizarse en sindicatos libres, autónomos y democráticos.

El apoyo significativo e histórico que los sindicatos democráticos y los otrora oficiales, han aportado de manera conjunta al Presidente en su iniciativa para reformar la subcontratación, ha sido determinante para enfrentar obstáculos que la rama conservadora de la élite empresarial le han interpuesto al gobierno federal, a pesar de ello, hace una semana se consiguió firmar un acuerdo histórico tripartito en Palacio Nacional.

Sí bien es cierto que la discusión legislativa se recorrió hasta febrero de 2021, también es cierto que los trabajadores por medio de sus representantes sindicales tendremos un lugar en la mesa de discusión, esto con el fin de plantear demandas históricas y realmente tener una influencia directa en el desarrollo de la legislación sobre un tema que afecta a los trabajadores mismos, no solamente al empresariado, quienes habían tomado la negociación como propia, sin embargo, la política y estrategia sindical rindió frutos claros y esto se ve reflejado en la participación del movimiento obrero de la firma de un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos (tripartismo).

Ahora, la cuestión se basa en el proyecto que la unificación del movimiento obrero mexicano pueda mantener. La influencia de las fuerzas sindicales es mayor cuando este movimiento social de los trabajadores va en una demanda unificada y no solamente, se recarga en la parte oficial del mismo, sino que, requiere de una visión amplia y progresista, que realmente recoja el sentir de los trabajadores.

La proliferación que se tuvo en el régimen anterior del favoritismo neoliberal a los acumuladores del capital fue causa constante de daños tan severos como la caída del salario y, por ende, del poder adquisitivo del mismo. Además de una pérdida en los derechos laborales adquiridos, colectivos e individuales. Pocas fueron las organizaciones y centrales sindicales que se mantuvieron firmes y que realmente realizaron revisiones salariales y contractuales reales, tal y como fue el caso de la UNT y los sindicatos que forman parte de esta central.

Se requiere de una planeación que fortalezca el posicionamiento unitario del movimiento obrero para enfrentar lo que viene para este 2021. En definitiva, un gran avance que han tenido los liderazgos del sindicalismo mexicano, ha sido el de impulsar un movimiento unitario que recoja las demandas históricas del sindicalismo, al mismo tiempo que, el sindicalismo se abre camino para encontrar un lugar en la mesa de discusión, a pesar de las problemáticas que cada organización enfrenta y que se han recrudecido a partir de la crisis económica y social derivada de la Covid-19, sin embargo, la posibilidad de mejoramiento de los derechos laborales y un crecimiento en la organización de los trabajadores beneficiados con la regularización y desaparición del Outsourcing abusivo. La batalla por el mejoramiento de los derechos laborales colectivos, a penas va comenzando. Es necesario entender que la reconsideración de objetivos comunes, será la base de logros trascendentales para los trabajadores, por ello, el movimiento unitario de los sindicatos es solamente el principio para alcanzar metas derivadas de exigencias y demandas históricas con una perspectiva progresista del sindicalismo mexicano.