El Instituto Federal de Telecomunicaciones abre una nueva década de vida esta semana. El IFT es un regulador exitoso, porque en 10 años consiguió bajar 31% los precios de las comunicaciones y triplicar el número de mexicanos con acceso a Internet móvil, hasta un total de 120 millones de personas en 2022 por su trabajo regulatorio. En radiodifusión, México fue el primer país de Latinoamérica en hacer realidad la televisión digital y gracias al IFT, autoridad que en el mismo tiempo también promovió la creación de 155 nuevos canales de televisión abierta y 244 estaciones de radio AM/FM para dinamizar un mercado antes repartido entre siete poderosas familias.

Este es el regulador que dividió en dos al gigante Telmex y el que se atrevió a declarar dominantes a Televisa y Megacable en televisión de paga. También es el regulador que barajó ordenar a AT&T la venta de Sky. Es el regulador que sufrió la renuncia de Movistar a su espectro y el que combate la dominancia de Telcel en el negocio móvil. Es el mismo que en una década emprendió once licitaciones, entre ellas las de bandas radioeléctricas para crear servicios de consumo masivo y para empresas. Es el regulador que nunca ha negado concesiones de espectro a Pemex, la CFE o al Ejército para que ellos puedan cumplir con sus misiones; y también es la autoridad que apartó bandas para que las comunicaciones del Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas fueran posibles.

Y pese a ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no es ya el regulador más “sexy” de Latinoamérica. Su atractivo lo disputan los reguladores de Brasil y Colombia. El IFT ha perdido brillo porque su trabajo regulatorio se complica por el nulo nombramiento de tres nuevos comisionados; porque también dejó pasar oportunidades en la defensa de sus atribuciones en cuanto defensoría de audiencias y porque respondió muy tarde y desunido cuando el Senado quiso desaparecerlo y traspasar sus activades a un supra regulador que nunca nació.

El IFT empieza su segunda década de vida con un pesado reto: lograr el ansiado bajón de los precios del espectro que hacen de México el país más caro de toda América en la materia. Lograrlo significaría mayor cobertura celular, mayor calidad de servicio y la posibilidad de conocer nuevos productos para productividad, aprendizaje, salud y entretenimiento. El problema del IFT no es técnico y vive un contexto en que el Ejecutivo federal no lo deja levantar cabeza, por eso este regulador maniobra para cumplir con su misión de promover competencia, cobertura y concurrencia en telecomunicaciones y radiodifusor, a favor de la sociedad.

Javier Juárez Mojica, el cuarto presidente del IFT en diez años, cuenta que ante el adverso panorama que enfrenta este regulador, la ruta para esa llamada regulación de futuro y la transformación digital que mantendrían a México como líder en Latinoamérica, empieza por el sandbox regulatorio, una suerte de diálogo entre empresas, academia y gobierno para analizar qué debe posteriormente reescribirse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la Biblia del IFT.

—En 2023 estamos viviendo la regulación de futuro que el Legislativo y el mismo regulador imaginaron en 2013, o una parte de ella. ¿Qué imagina hoy de cara a otros 10 años de IFT?

—La cuestión está en observar el actual marco de regulación que dicta la ley. Lo que en este momento se puede hacer es lo que estrictamente establece la LFTR como nuestras atribuciones y a partir de allí, en mi visión y muy en línea con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es este concepto de conectividad significativa.

¿Qué quiere decir la conectividad significativa? Que la conectividad tenga un propósito y ese propósito es para que se utilice de manera transversal y transparente; que la conectividad se utilice en sectores sociales y productivos: en la agricultura, en la minería, en los sistemas de transporte; en la educación y en la salud. Que así se imagine.

Algo que nos abre la puerta para entender eso son precisamente los casos de uso que se están desarrollando para 5G y que van en línea con la transformación digital. Esta conectividad significativa va implicar retos, y entre ellos uno tiene que ver con el espectro radioeléctrico.

—¿Habría entonces pronto la necesidad de una reforma para la reforma de 2013?

—Tenemos que ver cómo nos estamos imaginando la transformación digital y de allí partir. Si hubiera una limitación, no podemos aventurarnos todavía en que para eso debe hacerse una nueva reforma de telecomunicaciones.

En línea con la mejor perspectiva internacional, ya debemos empezar a ver y explotar esto de los conceptos regulatorios. Es decir, que antes de pensar en una reforma y ponerla de forma estricta o legal, primero se debe testear a través de la figura del arenero regulatorio. El camino tendría que ir por allí, a decir y sin escuchar: “se requiere A, B, C, o D”.

—¿Viene una era de sandboxes regulatorios? ¿Es ese el objetivo para lo que resta de su presidencia en IFT, de aquí al 2025?

—Habría que verlo. Es de las cosas que han salido del Comité de 5G. Ya nos han hecho propuestas y nos han hecho recomendaciones y contribuciones valiosas sobre un sandbox regulatorio. Yo creo que no hay que descartarlos y para no futurear. Cuando hay diagnósticos y cosas muy concretas, hay que impulsarlas; partir de allí.

Hay que ver cómo lo hacemos y porque pueden tener impactos muy significativos: cambiar la calidad de vida de mucha gente en México.

Pongo un ejemplo: tenemos diagnosticado que de los 25 millones de mexicanos mayores de 6 años de edad y que no tienen o usan Internet, más de 13 millones, el 50%, no lo utilizan y no es por falta de cobertura o porque no pueden pagar la conexión, sino porque no sabe cómo utilizarlo. Tenemos, por ejemplo, que impulsar entonces un programa anual de alfabetización digital y cómo hacerlo, con una figura así.

—Como en los memes de Internet, ¿qué señales enviará el IFT al sector para decirles que ya vienen los sandboxes?

Las habrá. Hay que buscar un marco de referencia para implementarlo. Hay países que ya han establecido proyectos de sandboxes regulatorios, con proyectos de casos que son susceptibles. Allí es donde cobra importancia esto de regulador de quinta generación, de colaboración con la industria y todos los demás actores.

Tenemos en la industria de radiodifusión un tema que pudiera ser muy útil con este concepto de sandbox y para la industria de telecomunicaciones un caso de interés puede ser eso de las redes privadas 5G. No es nada más hacerlo por hacerlo, sino que hay que identificar qué proyecto necesita México y de allí avanzar; hacer una guía y definirlo. Ese será nuestro marco de referencia para ir a los sandboxes.

—En cuanto espectro… ¿No fue muy temerario el IFT en proponer dos polémicas propuestas que al final Hacienda no atendió? ¿No cree que el regulador salió raspado porque una de esas propuestas se entendió además como una sobrerregulación para un actor?

—No creo que fueran contradictorias. Hay que hacernos más competitivos en términos del costo del espectro, o nos pueden seguir regresando Megahertz y nos pueden seguir quedando desiertas las licitaciones.

El enfoque que dimos fue en términos de competencia y con elementos que tomó en cuenta la Unidad de Competencia Económica, y tenía que ver con la escala de los operadores para cumplir con los esquemas de costos.

En las recomendaciones, otra alternativa es que se reduzca (el precio) sin pensar en la escala para que pueda entrar un nuevo operador o que los pequeños también se expandan. Todo iba en esa dirección.

—Perdone que insista, pero ¿cómo fueron a confiar en que los escucharían, cuando este gobierno ha menospreciado al IFT?

—Este tema del espectro no nació con esta administración. Es un reto histórico del sector. No pecamos de confiados. Lo que hicimos fue aportar todos los elementos que están a nuestro alcance y en esta ocasión se incorporó el elemento de cómo impacta una barrera de entrada o en la expansión de las redes.

En el Poder Legislativo harán su análisis. El tema es seguir aportando. Si México hubiera estado con un espectro más competitivo, tendríamos 5 millones de usuarios adicionales en el sector. Hay que imaginar cuál sería su impacto en términos de herramientas y en términos de la actividad que se puede generar, que no lo veamos por lo que se puede dejar de recaudar, sino por lo que se puede desarrollar.

—Después de que Hacienda dejó para 2024 los precios del espectro a como estuvieron en 2022 y 2023, ¿pensaría el IFT sólo concursar bandas como 3.5 GHz, más idóneas para 5G y dejar aquellas de PCS por caras, a fin de no restar más certidumbre a una próxima licitación?

—Sería el tema de ver, por ejemplo, las coberturas. No va ser lo mismo licitar para una región donde son varios estados, a licitar un área más pequeña dónde un operador pequeño sí puede entrar a competir.

—¿Qué le pasa por la cabeza cuado el Ejecutivo, en sus mañaneras o giras, pide al gigante del sector llevar cobertura, en vez de buscarlos a ustedes para solucionar problemas?

—Lo que puedo decir es términos estrictamente legales. Y en la LFTR se contemplan figuras como que el Ejecutivo, a través de CFE, solicitó una concesión y a través de esa figura están llegando a donde no está cubierto. Están contribuyendo a resolver la brecha digital de acceso.

—En época de presidenciables, ¿no se les ha ocurrido buscarlos a ellos para sensibilizarlos y evitar una repetición de la relación que se tuvo con este gobierno?

—Como organismo autónomo no podríamos estar inmiscuidos en temas de política. La razón de nuestra autonomía es que nuestras decisiones se toman al margen de las coyunturas. Tenemos una hoja de ruta 2021-2025 y tendría que haber actualizaciones, pero no podemos dejar de lado la Constitución y que somos coadyuvantes para que se cumplan los planes de desarrollo.

—¿Podría comprometerse el futuro del IFT, si la 4T se mantiene en el gobierno?

—Lo que corresponde hacer al IFT es seguir trabajando y dando resultado a favor de la sociedad. Un dato duro es la evolución de los precios y los paquetes. Los precios han caído 31%, cuando la inflación ha sido de 56 por ciento.

Nuestra función ha sido no estar pensando en coyunturas políticas, sino pensar en nuestro trabajo colaborativo y con las necesidades del sector productivo y la sociedad, que son las prioridades del IFT: trabajar como lo ordena la Constitución, que ordena un desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Y eso es lo que se tiene presentar como nuestros datos.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA