By La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procederá de manera legal contra Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, e impugnará el fallo donde determinó otorgar el beneficio de libertad condicional a ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Afirmó que también comenzará un procedimiento legal contra los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia, quienes, señaló, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las fuerzas armadas que fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
Lo anterior, sostuvo, se dio aplicando procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad
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Reiteró que ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado mexicano, dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa
, esta representación social federal interpondrá de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen.
Apuntó que esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite de forma constante en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios de manera parcial y engañosa.
Añadió que esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años, lo que ha demostrado la persecución y la descalificación injustas de los medios que así han actuado.
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