Opinión

1º de junio en la mira del narco y de EUA

Por Eduardo Torres Arroyo

Conforme se acercan las elecciones para el cambio en el poder judicial, el ambiente se nubla porque así lo han querido tanto la oposición a la 4T como los estadunidenses, desde luego con la cooperación del crimen organizado. Surgen acontecimientos de carácter local, nacional e internacional que buscan confundir los procesos cerebrales de la gente e impedir una gran votación en favor del proyecto de la 4T. Los asesinatos en la CDMX de funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno, es el último de los acontecimientos que provocan este entorno nublado, que no será el terminal ni el definitivo y que posiblemente los tengamos después del 1 de junio para contribuir a su demérito y provocar inestabilidad política y social. Los asesinatos, sin duda, ayudan para crear este ambiente, crear miedo entre la gente. Veremos el resultado el 1 de junio de 2025.

El que sucedan ese tipo de asesinatos a la luz del día y en vías muy concurridas sirve también para que los medios y la oposición duden de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y en esas dudas surgen un sinnúmero de especulaciones y diferentes maneras de presionar a la 4T. Para algunos es el resultado de las acertadas políticas y la lógica respuesta por parte del crimen organizado, a toda acción hay una reacción; para otros es el resultado de las malas políticas del fracaso de “abrazos no balazos” de AMLO y “si al desarme, si a la paz” de CSP. Para los lo que se sienten más “inteligentes” y tienen la capacidad y los espacios para expresarse, los asesinatos son “un mensaje” para la 4T. Para Ricardo Anaya fue un crimen de Estado, después se desdijo al afirmar que fue en contra del Estado. Los estadounidenses resaltan la violencia que priva en México e insisten en querer ayudarnos porque los cárteles dominan parte de México.

Hubo quien narró el hecho como una nota cuasi cómica al ver la reacción de la presidenta y de García Harfuch al conocer el hecho, hasta les tomaron fotos y las publicaron hablando por teléfono con cara de preocupación y tensión y no faltaron los grandes “expertos” que hicieron énfasis en el “tirador profesional” que mostró tener mano firme –aparentemente entrenada– para disparar, y saber a dónde dirigirse para escapar o los que afirmaron que por ser trabajadores rutinarios y falta de seguridad “se ofrecieron al narco”. También se preguntaron sobre quién tomó la decisión de ajustar a “piezas clave” del gobierno de la CDMX y se respondieron con un solo grito “fue el crimen organizado” que pegó en los “dos niveles más altos de la administración pública, de la peor manera posible”. Se descartó un asesinato pasional y se resaltó la filiación inicial en la política de la asesinada con el ahora Movimiento Ciudadano.

Las hipótesis son muchas pues, aunque ahora toda la carga del esclarecimiento de los asesinatos recae en los funcionarios de la CDMX, quienes aseguran que fueron profesionales con un alto nivel de planeación. Aun así, debemos agregar que siendo así sucedió en un lugar donde hay muchas cámaras con mucho tránsito poblacional y vehícular que necesitaban dado el alcance limitado que tendría. Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero muy anti 4T, considera que hay muchas dudas sobre el crimen, pero también algunas claves. Nos dice que se puede descartar un intento de desestabilizar al régimen, lo que habría requerido de un objetivo en el primer nivel del gobierno federal. Parece más una acción acotada al gobierno capitalino. Esto lo elimina de ser un acontecimiento de un impacto nacional. Llevarlo más allá no es posible. También lo limita a un golpe de alto nivel político, porque, aunque eran cercanos a la jefa de gobierno de la CDMX y se les considera “claves” en su gobierno, en realidad no lo eran. Por ahora el móvil no está claro. Los que perpetraron los asesinatos solo tienen el recurso retórico que les corresponde realizarlo a los medios de comunicación para tratar de hacer ver el hecho como señales que impliquen al todo el país y una crisis de la 4T.

En medio de estos lamentables hechos producto de una guerra contra el narco, podemos ver ataques de actores en la sombra los que muchas veces se identifican con EUA. Queda el 1º de junio y la decisión de la gente de apoyar o no al plan C. El gobierno bien lo sabe y para cristalizar ese plan contra la judicialización de la política, continúa en su lucha por mostrarle a la gente la verdadera cara de la suprema corte. Nos dicen que hay un ministro de la Corte que busca beneficiar a grandes contribuyentes y quiere completar el trabajo que hizo cundo era funcionario del SAT. Ese mismo ministro impulsa en la SCJN la devolución, con intereses, del pago de un crédito fiscal que hace años realizaron tres grandes contribuyentes al SAT y se inconformaron con el pago realizado. Ese conflicto de interés es explicado como parte del proceso de corrupción en el que la corte se ha visto desde la época del presidente Zedillo y la guerra jurídica utilizada para desestabilizar a la 4T. El derecho no es pues completamente autónomo como dice ser.

 

Por otro lado, Donald Trump, como buen jugador y representante de un imperio, sigue pensando que puede intimidar a México. No deja de enviar mensajes en el sentido de que el que manda es él subestimándonos. Por ello, Trump espera que todos vayan a EUA a negociar, se rindan y, como respuesta, recibirán todo tipo de acuerdos extraños y desiguales. La guerra arancelaria es sólo el comienzo de una serie de guerras económicas y políticas. En el caso México también es narcotráfico un punto de presión. Ellos tienen la llave para seguir haciéndolo y nosotros hemos cooperado enviándoles a los principales narcotraficantes que allá se convierten en informantes y después aliados al grado que se pueden sacar a toda la familia de nuestro país con el consentimiento gringo. Sin embargo, las presiones han sido tan repetitivas que ya se sabe cómo contrarrestarlas. Ya no le funciona a EUA al 100% ni tampoco a la oposición mexicana que sigue sus rutas establecidas.

Ahora soltaron la falsa información de mano de uno de sus periodistas más seguros en el NYT, quien afirma sin decir fuentes, de que hay una lista de políticos mexicanos a los que se le podría restringir sus visas por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Ese sentido podría tener la negativa a otorgar visa a la gobernadora de Baja California. Así que, como forma de presión, seguirán quitando visas, poniendo impuestos a las remesas, jugando con la idea de enviar comandos a nuestro territorio como ayuda y utilizar la violencia de los narcotraficantes mexicanos como escusa. Así que, mientras más nos acerquemos a las elecciones del 1º de junio para renovar a los integrantes del poder judicial, las presiones se incrementarán. Las habrá de todo tipo. Si queremos construir una plena soberanía tenemos que salir a vota el 1º de junio.

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