OPINIÓN: ¿Deben desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos?

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

Una nueva discusión se ha puesto sobre la mesa: la desaparición o no de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), esto derivado del alto costo y el nulo beneficio social que estos organismos estarían obligados a otorgar. Así mismo, las denuncias del presidente López Obrador contra los llamados OCAs, han sido puntuales y duras, esto durante el marco de las conferencias matutinas que él mismo encabeza.

La aparición de estos organismos prolifero con las reformas constitucionales llevadas a cabo durante la administración federal anterior. La transformación del IFE a INE, la creación de la CRE, la COFECE y el IFT, así como la reestructura del INAI y otros institutos más. Cada órgano tiene funciones administrativas o técnicas, dependiendo de la ley y la intención de su creación, es decir, los administrativos, por ejemplo, son el INE, el INAI y el INEGI, por otro lado, tenemos a los reguladores-técnicos como la COFECE o el IFT.

La intención de generar organismos autónomos es una idea completamente derivada del neoliberalismo, esto con la finalidad de dejar al estado fuera de decisiones y sin rectoría de sectores estratégicos y de gran calado, tal y como lo son las telecomunicaciones o el energético, mismos que siempre han estado en la mira de las privatizaciones.

La regulación económica en nuestro país pretende privilegiar exclusivamente a la competencia económica y no es que la competencia sea mala; sin embargo, cuando la regulación se basa en una lógica política y no técnica, es cuando tenemos una serie de favoritismos y los institutos encargados de regular los mercados de sectores definidos terminan siendo cooptados por los privados, que a su vez terminan buscando beneficios competitivos en el mercado.

Los recursos económicos que absorben estos institutos resultan ser bastante onerosos, para ejemplo, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en el presupuesto federal del año 2020, el funcionamiento del IFT costo al erario 1,500 millones de pesos.

La regulación es una herramienta económica que supone la necesidad de una autoridad que modere la competencia en los mercados, que exista la libre concurrencia y competencia en sectores definidos. La lógica neoliberal piensa que la regulación es una forma de eliminar la participación del gobierno en los mercados y busca aumentar la participación de competidores, implementando estructuras legislativas, jurídicas y técnicas, haciendo ver que el estado no cuenta con la capacidad suficiente para administrar, decidir y deliberar sobre los posibles conflictos derivados de practicas anticompetitivas en el mercado, como las que posiblemente pudiesen llevar a cabo monopolios, ya sean privados o estatales, pero sobre todo, la visión radica en eliminar la participación del estado en actividades productivas.

Se supone que la competencia debe abaratar servicios y productos, que mientras más competencia exista, los costos de producción se abaraten y con ello, el costo al consumidor final sea el menor posible con una variedad de opciones para elegir la contratación de un servicio o la compra de un producto en especifico. La formula falla cuando los reguladores deciden llevar a cabo decisiones que suponen asimetrías a falta de un mercado sano, es decir, los reguladores pretenden hacer uso de herramientas económicas como economías de escalas o estudios de mercado que les ayuden a tomar decisiones que, a su vez, defina la capacidad competitiva de los participantes del sector o en su defecto, que los participantes de los mercados no hagan uso de prácticas anticompetitivas.

 La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones el IFT ejerce su autoridad regulatoria por medio de una regulación exante, que se manifiesta cuando un mercado como es el de las telecomunicaciones, de un alto dinamismo y costo en inversiones se prevé como falta de operadores. El regulador ha supuesto que como Telmex ya era un monopolio natural, ya que, venía de una privatización, contaba con todos los insumos de red, así como infraestructura y recursos laborales y económicos, por lo que, con su lógica de regulación exante, da la oportunidad a los operadores entrantes de contar con privilegios competitivos y un subsidio directo del operador incumbente, que en México fue llamado “preponderante”, al mismo tiempo en que el IFT impuso reglas asimétricas al llamado Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, por lo que hoy en día, tenemos un mercado de bajo rendimiento, pérdidas económica y mucha desinversión, pues el regulador tomo decisiones políticas y no técnicas.

En nuestro país, los OCAs se han considerado a sí mismos como contrapesos al gobierno, esto queda claro en una respuesta que el INAI hace de conocimiento público al presidente López Obrador, esto después de que el presidente dijera en su conferencia matutina del pasado lunes 4 de enero de este año que inicia, que las funciones del INAI las pudiese ejecutar la Secretaría de la Función Pública, ya que dichas funciones son sobre la transparencia e información pública y que lo que hace el IFT, lo ejecute la SCT, según el presidente esto se traduciría en millones de pesos en ahorros e implícitamente, le retornaría al estado la rectoría de sectores estratégicos.

Sin duda alguna, la creación en 2013 de estos organismos dio la oportunidad al gobierno que encabezaba Peña Nieto, la posibilidad de mantener aliados políticos en puestos transexenales, tal y como lo podemos observar en el caso del Instituto Nacional Electoral con su consejero presidente Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como arbitro electoral, parece un actor político más de la oposición.

La función de estos institutos ha sido llevada a un campo político, dejando de lado su pertenencia a la estructura del estado, que, si bien es cierto que cuentan con calidad de autónomos, no son independientes del presupuesto público emanado de la federación, ni son exentos de acatar la constitución y leyes emanadas de ella, sin embargo y como ya lo he mencionado anteriormente, se ven a sí mismos como contrapesos políticos al ejecutivo federal, aspecto que en ninguna parte de la constitución está contemplada en sus funciones.

Con la excusa de la construcción de un estado de derecho, el gobierno anterior modificó la constitución con reformas de gran calado, que beneficiaban directamente a ciertos actores, sobre todo, empresas privadas que deseaban una participación con mayor libertad y con mayores beneficios económicos, tal fue el caso de Pemex, que fue desmantelada de forma brutal y negocios productivos y redituables, se le otorgaron a empresas como Odebrecht o en su defecto, el tema de las telecomunicaciones, donde la soberanía digital fue prácticamente desaparecida por ley y la industria nacional del sector se ha visto seriamente afectada, generando una fuerte desinversión en el sector, al punto en que operadores como Telefónica Movistar han retornado espectro radioeléctrico al regulador, argumentando que no les conviene pagar por el mismo, así como el dejar de invertir en infraestructura y empleos.

La realidad es que las funciones que desempeñan varios Órganos Constitucionales Autónomos pueden ser ejecutadas sin problemas por las secretarias de estado, ya que fueron creadas para que el estado pudiese decidir, ingerir y llevar una rectoría social, política y económica en beneficio de la sociedad y no solamente de las empresas privadas y de una clase política que fue consumida por la corrupción, generando negocios a partir de las empresas productivas del estado o en su defecto, de dar beneficios directos a ciertos participantes de los mercados. ¿Deben o no desaparecer los OCAs? Esa será una decisión que se tomé a partir de una visión y voluntad política que comprenda que para llevar a cabo esta tarea, la constitución debe reformarse nuevamente.

John M. Ackerman: Vacunas públicas y gratuitas

El mercado no debería tener incidencia alguna en la distribución o la aplicación de las primeras vacunas contra el Covid. Como servicio público, la vacuna debe ser aplicada de manera totalmente gratuita a la población y las decisiones sobre los primeros en ser atendidos deben ser tomadas exclusivamente por el Estado. De lo contrario, la cura sería literalmente peor que la enfermedad, ya que además de gozar de mejores condiciones para pasar la cuarentena y recibir atención médica, los ricos y los poderosos también tendrían acceso privilegiado a los anticuerpos que protegen contra la enfermedad.

Cuando interviene el mercado, gobierna el dinero. Si las autoridades ofrecieran las primeras vacunas en subasta podrían reunir millones de pesos, pero sería a costa del bienestar de la población, ya que el criterio principal para determinar la distribución sería el poder adquisitivo de los pacientes. Si bien de esta manera la vacuna llegaría a algunos grupos vulnerables (personas adineradas en avanzada edad o con diabetes y problemas pulmonares), también abriría la puerta para una especulación masiva que empeoraría drásticamente la ya de por sí grave crisis social.

Sometida a las leyes del mercado, la compraventa y el tráfico de las escasas vacunas disponibles generaría enormes ganancias para los intermediarios, lo cual inflaría los costos para todos los ciudadanos hasta el punto en que solamente los superricos y sus familiares tendrían suficiente dinero para adquirir el valioso insumo médico.

Una situación de esta naturaleza constituiría una grosera violación al artículo cuarto constitucional, que señala con toda claridad que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de salud para el bienestar basado en los principios de gratuidad y atención integral.

Una vez que existan suficientes vacunas para atender a toda la población mexicana, estas inyecciones desde luego deben ponerse también a la disposición de los hospitales y los consultorios privados. Tal como hoy los ricos pueden pagar para vacunarse en contra de la influenza o la rubeola con su médico privado, después podrán hacer lo mismo para las vacunas contra el Covid si quieren evitar la molestia de acudir a su centro de salud correspondiente.

No se trata de prohibir el funcionamiento del mercado o de la iniciativa privada en general, sino dereconocer la función esencial del Estado en situaciones de crisis humanitaria. Sólo el Estado tiene la capacidad y la visión necesarias para organizar un operativo masivo de salud pública como al que hoy nos enfrentamos. De la misma manera en que exigimos al gobierno que articule la respuesta social a los desastres naturales, como los terremotos y las inundaciones, hoy debemos confiar en las autori­dades para que organicen la respuesta inmediata a la pandemia.

Quienes critican el supuesto uso político del proceso de distribución y aplicación de las primeras vacunas por el Estado mexicano no tienen la menor idea de cómo funciona ni la política ni el mercado. El gobierno federal representa y tiene la obligación de atender a todos los mexicanos. Sus acciones de salud pública solamente tendrían un tinte político si fueran utilizadas para promover abiertamente al partido Morena o a algunos de sus candidatos por medio de condicionamientos o chantajes.

El hecho de que la buena conducción de la campaña de vacunación fortalezca la opinión ciudadana a favor del gobierno de López Obrador, y que ello a su vez ayude a consolidar la presencia electoral de Morena en las elecciones de 2021, no implica afectación alguna al principio democrático sino todo lo contrario. Las elecciones existen precisamente para que la ciudadanía tenga la oportunidad de llamar a cuentas a los gobernantes, de premiarlos por un buen desempeño o castigarlos por un mal trabajo.

Tantas décadas de malos gobiernos neoliberales nos han acostumbrado a pensar en las elecciones exclusivamente desde el punto de vista del castigo popular. En cada elección, los ciudadanos libres llamábamos a demostrar nuestra indignación en las urnas. Pero en una democracia funcional los comicios también constituyen valiosas oportunidades para respaldar los proyectos políticos que han demostrado su capacidad de resolver los problemas de la sociedad. Y hoy, por primera vez en décadas, contamos con un gobierno digno que defiende los intereses populares.

De ahí la mentira de la mal llamada organización Sí por México, cuyo propósito es en realidad organizar todas las fuerzas del viejo régimen para decir no al nuevo proyecto de nación encabezado por la Cuarta Transformación. La más pura negatividad destructora se viste con piel de supuesta positividad. No nos dejemos engañar.

Con información vía La Jornada

OPINIÓN: Se debe reconsiderar la fuerza del movimiento unitario del sindicalismo

POR ISRAEL QUIÑONES GONZÁLEZ (@IsraelQDigital)

Los sindicatos han dado una batalla ejemplar y con intención o sin ella, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado y abanderado exigencias añejas e históricas del movimiento obrero, como la modificación o desaparición del “Outsourcing” o “subcontratación”, esto con miras a beneficiar a miles de trabajadores en nuestro país.

La discusión de este asunto ha generado una polarización política, ya que, el sector empresarial se opone rotundamente a modificar o regularizar la subcontratación, mucho menos, están dispuestos a enfrentar la desaparición de este modelo abusivo.

La realidad de todo este tema radica en los beneficios laborales, fiscales y económicos que este modelo representa para empresas de gran tamaño. La no generación de derechos laborales como la antigüedad de los trabajadores o el desvío de recursos fiscales, como el registrar a un trabajador con menores ingresos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y las Afores. Esto significa para los empresarios “ahorros”, pero, realmente estamos hablando de un sistema de abusos en contra de los trabajadores, a los que tampoco se les permite organizarse en sindicatos libres, autónomos y democráticos.

El apoyo significativo e histórico que los sindicatos democráticos y los otrora oficiales, han aportado de manera conjunta al Presidente en su iniciativa para reformar la subcontratación, ha sido determinante para enfrentar obstáculos que la rama conservadora de la élite empresarial le han interpuesto al gobierno federal, a pesar de ello, hace una semana se consiguió firmar un acuerdo histórico tripartito en Palacio Nacional.

Sí bien es cierto que la discusión legislativa se recorrió hasta febrero de 2021, también es cierto que los trabajadores por medio de sus representantes sindicales tendremos un lugar en la mesa de discusión, esto con el fin de plantear demandas históricas y realmente tener una influencia directa en el desarrollo de la legislación sobre un tema que afecta a los trabajadores mismos, no solamente al empresariado, quienes habían tomado la negociación como propia, sin embargo, la política y estrategia sindical rindió frutos claros y esto se ve reflejado en la participación del movimiento obrero de la firma de un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos (tripartismo).

Ahora, la cuestión se basa en el proyecto que la unificación del movimiento obrero mexicano pueda mantener. La influencia de las fuerzas sindicales es mayor cuando este movimiento social de los trabajadores va en una demanda unificada y no solamente, se recarga en la parte oficial del mismo, sino que, requiere de una visión amplia y progresista, que realmente recoja el sentir de los trabajadores.

La proliferación que se tuvo en el régimen anterior del favoritismo neoliberal a los acumuladores del capital fue causa constante de daños tan severos como la caída del salario y, por ende, del poder adquisitivo del mismo. Además de una pérdida en los derechos laborales adquiridos, colectivos e individuales. Pocas fueron las organizaciones y centrales sindicales que se mantuvieron firmes y que realmente realizaron revisiones salariales y contractuales reales, tal y como fue el caso de la UNT y los sindicatos que forman parte de esta central.

Se requiere de una planeación que fortalezca el posicionamiento unitario del movimiento obrero para enfrentar lo que viene para este 2021. En definitiva, un gran avance que han tenido los liderazgos del sindicalismo mexicano, ha sido el de impulsar un movimiento unitario que recoja las demandas históricas del sindicalismo, al mismo tiempo que, el sindicalismo se abre camino para encontrar un lugar en la mesa de discusión, a pesar de las problemáticas que cada organización enfrenta y que se han recrudecido a partir de la crisis económica y social derivada de la Covid-19, sin embargo, la posibilidad de mejoramiento de los derechos laborales y un crecimiento en la organización de los trabajadores beneficiados con la regularización y desaparición del Outsourcing abusivo. La batalla por el mejoramiento de los derechos laborales colectivos, a penas va comenzando. Es necesario entender que la reconsideración de objetivos comunes, será la base de logros trascendentales para los trabajadores, por ello, el movimiento unitario de los sindicatos es solamente el principio para alcanzar metas derivadas de exigencias y demandas históricas con una perspectiva progresista del sindicalismo mexicano.

OPINIÓN: Relaciones sin compromisos….la tendencia en las telecomunicaciones

Si hay algo que los seres humanos hemos aprendido a raíz del surgimiento de la era digital, es el valor que ponemos en la libertad. La libertad entendida como la posibilidad de viajar, conocer, explorar, probar, cambiar, decidir, cambiar de opinión, expresarnos, escoger y ultimadamente estar abiertos a nuevas posibilidades. Esta tendencia a no atar cabos, es en parte consecuencia de la enormidad de posibilidades que se nos abrieron para explorar con el advenimiento del Internet.

Paradójicamente, en el mundo de las telecomunicaciones, la misma regla aplica. Digo paradójicamente ya que hace algunos años, la norma al adquirir una suscripción a las compañías de cable, telefonía u otros servicios relacionados, era a través de contratos que obligaban a los usuarios a tiempos, tarifas y contrataciones poco atractivas.

Esta semana una nota de Gonzalo Rojón de CIU hablaba sobre la tendencia en el desbloqueo de teléfonos móviles y en la cual comenta que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los usuarios tienen derecho a solicitar y obtener el desbloqueo del dispositivo móvil cuando concluya la vigencia del contrato, en el caso de dispositivos adquiridos a través de pagos diferidos en la modalidad pospago o al liquidar el costo del teléfono móvil en cualquier circunstancia. Según Rojón, la NOM-184 establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como los proveedores de equipo terminal de telecomunicaciones deberán contar con un mecanismo que les permita proporcionar al consumidor la información requerida para realizar el desbloqueo de su equipo en un máximo de 24 horas.

Como vemos, a pesar de que se han logrado enormes avances en pro de la flexibilidad en este tema para los usuarios, la realidad es que desbloquear un teléfono móvil en México sigue siendo un trámite difícil.

Un dato interesante al respecto es que , en el Reino Unido, el OFCOM (organismo regulador de las telcos), anunció que, a partir de diciembre de 2021, no se podrán vender dispositivos bloqueados pues esto actúa como un desincentivo para cambiarse de operador. Uno de los argumentos más fuertes para que este decreto se aprobara fue el hecho que 35% de las personas que tenían la intención de cambiarse de proveedor de telefonía no lo hicieron, por el candado impuesto a través del bloqueo de celulares.

Una vez más, los acuerdos en estos temas entre autoridades y empresas es crucial para lograr un beneficio que sea justo tanto para usuarios como para proveedores de servicios.

Opinión de Antonio Ajá vía El Economista