El colonialismo de las Telecomunicaciones en México

Por Israel Quiñones – @IsraelQDigital

La visión colonialista de las naciones del llamado primer mundo, se recarga sobre las intenciones de mantener una cierta hegemonía ante el resto del mundo. Ya no es necesario el envío de tropas a los países que se pretende invadir y dominar, la estrategia ha cambiado y, sus intereses siguen siendo el poder y la dominación, en los mismos aspectos históricos: economía, política, cultural y social.

El campo de batalla ha sido transformado y el que más ha sido peleado es el tecnológico. La necesidad por tener la vanguardia en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, ha sido una que se ha tornado encarnizada entre las partes, sobre todo entre China y Estados Unidos y este último, ha sido el que ha emitido restricciones contra su par debido a no competir directamente, ya que las Big Tech de mayor alcance son estadounidenses, de manera que se ha generado una serie de restricciones para no comerciar o prestar servicios con compañías chinas como Huawei.

Lo anterior, nos da una visión globalista de lo complicado que se ha tornado el ambiente en este sector, pero nuestro país no está exento de una situación parecida. Resulta que, en meses anteriores AT&T, Canieti, Televisa y Megacable, solicitaron al regulador mexicano la separación estructural de Telmex, con el argumento de que esta era la única salida para que se contará con una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones.

Esta petición de que Telmex venda su empresa mayorista se da en medio de la revisión bienal que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realiza, de manera que, el ambiente se complica a la vista de aquellos que se mantienen atentos al desarrollo de este sector, puesto que, en lugar de realizar inversiones los operadores competidores de Telmex se han dedicado a ganar por medio de un subsidio que el regulador les ha otorgado desde el 2014 o desde el 2013, si tomamos en cuenta que la larga distancia desapareció por decreto constitucional.

Según una nota publicada por el diario El Economista el pasado lunes 22 de mayo, (AT&T necesita la fibra óptica de Telmex para ofrecer 5G en México, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ATT-necesita-la-fibra-optica-de-Telmex-para-ofrecer-5G-en-Mexico-20230522-0034.html) la compañía estadounidense necesita de fibra óptica para lograr establecer mejores servicios para sus usuarios; sin embargo, no está dispuesta a pagar por el arredramiento de dicho insumo fundamental para otorgar servicios de 5G, sino que se atiene a la decisión que pueda emitir el IFT en relación a la separación estructural de Telmex y a esta petición se unen operadores como Izzi y TotalPlay, según la nota de este diario, lo hacen más por razón de ser competidores directos en el segmento de banda ancha fija.

Estas condiciones que estamos abordando, nos dan una clara muestra de una lógica colonialista por parte de la compañía de capital estadounidense, con la intención de invertir lo menos posible en nuestro país, ya que lo que menos les importa es el desarrollo, conectividad o cualquier otra bondad que venga de la mano con la implementación de nuevas tecnologías para los usuarios de las telecomunicaciones, lo único que importa es ganar lo más posible, invirtiendo o gastando lo menos posible.

El plan original de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2013, impulsada por el mal llamado “Pacto por México”, era el de darle todas las facilidades a la Telefónica española, que en aquel momento caminaba de la mano de Televisa, empresa que también se vio ampliamente beneficiada en el segmento fijo de televisión de paga, de tal manera que su filial Izzi, se convirtió en el monopolio de este mercado a nivel nacional, asumiendo que su cuerpo jurídico se encargó de que la nueva legislación dejará a Telmex fuera de cualquier posibilidad de acceder a la convergencia de servicios en telecomunicaciones, esto con la excusa de que el mercado no podría generar una competencia efectiva en contra de la filial de América Móvil.

Vale la pena señalar que empresas como Izzi, TotalPlay, AT&T en lugar de invertir, se han convertido en operadores perezosos o que en casos como el de la estadounidense, se han dedicado a regresar espectro radioeléctrico para no pagar al IFT las cuotas correspondientes por el uso de un bien de la nación, lo quieren gratis a eso las acostumbró la administración neoliberal.

Es importante señalar también, que ningún operador además de Telmex, cuenta con un sindicato democrático, por ende, no cunetan con salarios dignos para sus trabajadores y hacen un uso desmesurado del outsourcing, con la intención de no entablar relaciones laborales estables y que realmente beneficien a los trabajadores que realizan los servicios correspondientes para otorgar servicios de calidad a los usuarios, por lo que, es prudente preguntarse: ¿cuántos empleos de calidad generó la Reforma de 2013 en el sector de las telecomunicaciones? Si ponemos inversión contra desinversión, ¿Cuál es el resultado real para el país? ¿existe un beneficio real para México con la existencia del IFT?

Siguen queriendo cambiar “espejitos por joyas” y esto recae en mucho en la responsabilidad que el regulador del sector ha tenido, tanto así que, muchos de sus excomisionados se han ido a trabajara a AT&T, tal como lo señaló el Presidente López Obrador en su conferencia matutina, debido a que el modelo de los Órganismos Constitucionales Autónomos no ha sido beneficioso para el país.

Es importante analizar a fondo el papel que un regulador autónomo, con comisionados que tienen sus propios intereses fuera de lo institucional, siga arrastrando decisiones fundamentales para el presente y futuro de nuestro país, es necesario que el estado retome la rectoría de un sector estrategico para México.

Las conquistas sindicales son de justicia social

Por Israel Quiñones

El pasado jueves 1 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, se dio a conocer que el aumento al salario mínimo sería del 20 por ciento. Acompañado por la titular de la Secretaria del Trabajo, representantes empresariales y del sector obrero, el presidente escucho a los voceros de ambos sectores y después agradeció, al mismo tiempo que reclamaba a los representantes del sector empresarial por no contar con su absoluto apoyo en esta materia de urgencia para el país.

De cierta forma el presidente tenía razón en realizar un reclamo al sector empresarial, pues todavía tenemos presente el argumento de que, si el salario mínimo aumentaba la inflación se dispararía y todos nos veríamos afectados, por ello, el sacrificio de los trabajadores que menos ganan tendría que ser asumido con gallardía, pues de esta manera los patrones seguirían ganando cantidades insultantes y la inflación se mantendría en un promedio aceptable para el Banco de México.

Es una realidad que el salario mínimo tiene ya un aumento del 90 por ciento a partir del 1 de enero, esto desde el 1 de enero de 2019, cuando se dio ese aumento pronunciado para procurar la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Ciertamente el aumento al salario mínimo es un acto de justicia social y es cierto también que estos aumentos se han dado con la llegada de este gobierno; sin embargo, todavía tenemos un camino complejo por avanzar, ya que los salarios contractuales han quedado a merced de la capacidad de los sindicatos, esto no es malo, pero si el presidente advierte desde la máxima tribuna de Palacio Nacional que los aumentos no serán similares, pues ya hay un tope al aumento en una negociación salarial entre empresas y sindicatos.

La lucha de clases es un concepto vigente y queda demostrado cuando hablamos de conquistas sindicales. Ciertamente, las condiciones en que la clase trabajadora debe enfrentar esta lucha va más en medida de entender el entorno en que nos toca enfrentar al capital, es reeducarnos como trabajadores y sindicalistas, ya que el constante bombardeo de los medios de comunicación tradicionales sobre el desprestigio a los sindicatos ha sido eficiente, hasta el punto en que la afiliación sindical ha venido deteriorándose.

Una muestra de la vigencia de la lucha de clases en la actualidad puede observarse en la aprobación de la iniciativa de “vacaciones dignas”. La iniciativa para aumentar el número de días de vacaciones para los trabajadores se intentó congelar en el Senado de la República, pero en medio de una movilización de diversas organizaciones sindicales en unidad se resolvió aprobar la iniciativa, ahora está en la cámara de diputados y algo similar está ocurriendo, por lo que nuevamente distintos líderes sindicales acudirán este martes 6 de diciembre a la cámara para procurar su pronta aprobación y publicación.

Mientras más quieran desaparecer la lucha de clases de la geografía política, es que se encuentra más vigente. El sindicalismo es prueba irrefutable de esta condición de lucha en la que debemos ser claros y mantener una postura acorde a la defensa de nuestros derechos laborales y conquistas sindicales, para ello se necesita impulsar la unidad sindical y del movimiento obrero en su conjunto, de otra manera el sector empresarial continuará con una fuerte andanada contra las causas de los trabajadores y es que, estuvieron acostumbrados a tener ganancias a costa de “la sensibilidad de los trabajadores”, pues la precarización y la pobreza laboral fueron las armas que mejor supieron emplear en un claro contubernio con las autoridades de aquel momento histórico.

La fuerza de los trabajadores es contundente cuando la unidad es la prioridad de las organizaciones y a su vez, la clase trabajadora entiende su capacidad de organización y movilización como fuerza social. Ciertamente, la justicia social es la base de las causas más elementales del sindicalismo, los trabajadores debemos apoyar estas luchas que no solamente benefician a los sectores obreros organizados, sino a toda la base en su conjunto; es por ello por lo que, debemos impulsar una mayor sindicalización de forma democrática y con eso, encontrar conquistas para la clase trabajadora más contundentes y efectivas.

El neoliberalismo ha sido el mayor azote de las clases populares, no sólo en nuestro país, sino que en todas partes donde se ha implementado especialmente en Latinoamérica. Es indispensable que los trabajadores seamos congruentes en razón de buscar la unidad para lograr las metas que como organizaciones sociales nos hemos trazado, además de poder impulsar cambios de fondo que permanezcan y contribuyan a un verdadero proceso de igualdad social.

Tasa de ganancia mundial y trabajadores

Por: Eduardo Torres Arroyo – @etarroyo

La tesis de que hasta ahora la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases respomde a una etapa inicial del capitalismo, cuando éste todavía no conquistaba a toda la sociedad. La lucha de clases que se desarrolló en base al trabajo no pagado y la expotación, pertenece a la teoría del marxismo obrero de cuando el capitalismo no estaba bien establecido. Esa etapa transformó a los trabajadores en sujetos dinerarios y jurídicos con pleno derecho, pero sin incorporar como parte de esa lucha a las categorías básicas de la modernización capitalista y no solamente una crítica a su distribución y aplicación. Para Marx la mercancía es la célula germinal de toda sociedad moderna y en base a ella cimenta la crítica a la sociedad capitalista. Dicha crítica fue descuidada por el marxismo obrero, lo que lo convirtió más que en los enterradores del capitalismo, en impulsores de su desarrollo, un marxismo sin revolución.

La lucha salarial por una justa distribución y mejores condiciones de trabajo, la lucha distributiva bajo forma monetaria, en realidad fue una lucha por integrarse plenamente a la sociedad capitalista. La lucha de clases, podríamos decir la democracia en el capitalismo, ciertamente ayudó a controlarlo con un más equilibrado reparto de la riqueza, pero con el neoliberalismo, ésta alcanzó su límite histórico. La globalización es el capital sin ataduras, el régimen de capital en interés del capital. En base a ello, nos preguntábamos ¿si la lucha de clases ya no forma parte de las certezas obreras? ¿en base a qué podría terminar el capitalismo? ¿podemos reivindicar a Marx en la tercera década del siglo XXI?

Marx nos dejó consideraciones de una naturaleza diferente, como es la crítica a los fundamentos mismos de la modernidad capitalista. Así, llegó a la conclusión de que al ir sustituyendo trabajo humano como puro gasto de energía, lo que el llamó trabajo vivo o trabajo abstracto, por máquinas y tecnologías, trabajo muerto, la fuente de ganancia, el plusvalor, decae necesariamente. Por ello, podemos decir que el capitalismo posee una tendencia inherente a hacer innecesario y obsoleto el trabajo vivo, que es la sustancia fundamental para su existencia, por lo que tiende a destruírse así mismo. La escuela alemana del Grupo Krisis, sostiene que el capitalismo colapsará por su propia imposibilidad de seguir producuendo valor.

Marx como parte de la teoría del valor-trabajo, a esta autocontradicción le dio el carácter de ley y la llamó ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia (LTDTG). Marx siempre consideró el modo de producción capitalista como un sistema mundial. A pesar de que todo análisis de medición debe basarse en las economías nacionales, es posible calcular la tasa de ganancia a través de los años y confirmar la ley. El modo de producción capitalista se ha extendido por la globalización lo que hace que el concepto a medir una tasa de ganancia mundial sea más realista. En base a varios análisis, es clara ahora una tendencia decreciente en la tasa mundial de ganancia. Durante el periodo neoliberal tuvo un aumento con la destrucción de los sindicatos, recortes del estado de bienestar y de los impuestos a las empresas, la caída de la URSS, la globalización y sobre todo la innovación en alta tecnología, pero se detuvo en los inicios del siglo XXI con una depresión que se conserva hasta la fecha alentada por la pandemia y la crisis del 2008.

La tasa de ganancia es el mejor indicador del estado de salud de la economía capitalista, incluso puede predecir con precisión y servir para los inversionistas a futuro ante la probabilidad de recesión o crisis. Según Marx la composición orgánica del capital —la relación entre el capital constante y el capital variable, la relación entre la masa de capital invertida en medios de producción y la invertida en fuerza de trabajo— es el factor determinante de la caída tendencial de la tasa de ganancia y la tasa de explotación es el factor principal que la contrarresta, dado que cuando hay más trabajadores explotados hay más ganancia. Algunos estudiosos de la economía dicen que esta ley está justificada empíricamente, pero, aún asi, se puede confirmar su validez; otros, afirman que se exagera su importancia para explicar la crisis del capitalismo, dado que hay muchas razones que lo pueden hacer; hay, dicen, muchas crisis que interactuan, por tanto, la caída de la tasa de ganancia puede ser sólo una de tantas.

Lo cierto es que para Marx los capitalistas compiten para aumentar las ganancias reduciendo los costos, particularmente los laborales, sustituyendo a cada vez más trabajadores. A través de la competencia, el capitalista se ve obligado a invertir para producir mercancías a un precio más bajo que sus rivales. Asi que, si se invierte más en maquinaria e infraestructura y menos en fuerza de trabjo, existe una tendencia a que la plusvalía o explotación del trabajo caiga y viceversa, esto es, cuando la composición orgánica del capital aumenta más que la tasa de explotación, la tasa de ganancia cae. Las materias primas y la energía consumida en la producción no crean valor, lo que hacen es transferir su valor a las mercancias. Las máquinas sólo aumentan la productividad del trabajo humano y permiten que la fuerza de trabajo se consuma con más intensidad, esto es, sin la fuerza de trabajo no se crea valor. Así pues, el sujeto moderno solo existe por y para la competencia capitalista.

Ahora bien, como Marx calificó la caída como una tendencia podemos entender esta es realtiva y, por tanto, hablar de que existe un límite absoluto al modo de producción capitalista no es tan definitivo. Ante esa realidad, el capitalismo de manera ideológica busca no tener que admitirlo y también contarrestarla con diferentes mecanismos, que previó también Marx. Para compensar la reducción del valor de las mercancias tiene que expandirse rápidamente en todo el mundo, para vender más y más mercancias y condicionar a los humanos de acuerdo a ello. También es manejable siempre que la masa de ganancia esté aumentando, lo que requiere una mayor explotación o una disminución intencional de la cuota de ganancia. El capital realiza mayores inversiones con lo que la masa absoluta de beneficio aumenta o abarata el capital constante, lo que se logra con el aumento de la productividad en los medios de producción por encima de la productividad en su conjunto, es decir los bienes de capital físico se abaratan más de lo que se reduce la parte de la fuerza de trabajo. Si la tendencia es constantemente contrarestada, no significa que sea anulada.

Cuando el capitalismo entra en crisis, lo cual es muy recurrente, se detienen esos mecanismos compensatorios. En los Grundisse de Marx encontramos la consideración de que existe la posibilidad de que la compensación pudiera ya no ponerse en marcha nuevamente. En la teoría del valor-trabajo y como parte de ésta la LTDTG, existe la posibilidad de una caida total del beneficio y llegar a la absurda situación de que la sociedad entre en miseria. Situación que puede esquivar sólo con más que con más máquinas en lugar de más fuerza de trabajo. Los estudiosos modernos de Marx en el siglo XXI, particularmente los del Grupo Krisis, afirman que la revolución industrial de la microelectrónica nos está llevando a pasos agigantados a esa absurdidad, misma que se ha venido incubando desde mediados del siglo XX y que se ha expresado en desempleo masivo, bajos salarios, nula seguridad social, sobrepoblación o mucha demanda de trabajo, mayor deuda social y otras formas de miseria. Esto revela que la estrategia compensadora del capital está llegando a punto sin movimiento.

Ahora bien, hagamos una recapitulación. Como vemos durante largo tiempo la disminución del valor y por consecuencia de la plusvalia debido a menos aportación trabajo vivo, fue compensada y en algunos casos sobrecompensada por la expanción de la producción que llenó al mundo de mercancias y rebajó los salarios cuando se empezó a trasladar la producción a países de salarios bajos. Con el fin del fordismo se extinguió el modelo de acumulación basado en el trabajo vivo. Desde ese momento las tecnologías que no crean valor se han convertido en la escencia de la producción. Por consecuencia, como hemos venido afirmando, la cantidad absoluta de valor y por extención de pluvalía esta cayendo, lo que coloca en crisis a la sociedad basada en valor incluyendo a los trabajadores. Asi pues, ya no es la explotación el problema central al que hay que enfrentar, sino que el capitalismo está creando población superflua, no necesaria para la producción y, por ende, incapaces de consumir y, al mismo tiempo, personas, regiones y comunidades que tienen capacidad de consumir se están convirtiendo en islas en un mar de superfluos que ya no sirven para ser explotados.

El movimiento obrero en su lucha de clases obtuvo victorias importantes que lo llevaron a creer que el capitalismo podía ser domesticado. Las victorias seguiran sucediendo, más aún, cuando se ha generado una inflación que afecta el poder adquistivo del salario y que los paises quieren cargar el costo a los trabajadores. Los logros alcanzados con toda justicia por el movimiento obrero han mostrado que no van más allá de ser parte del capìtalismo contra el que luchan. Mientras planteamos estas ideas, el capital sigue obligándonos a permanecer en el conflicto salarial, de seguridad social y pensionario, para su beneficio ahora que está metido en un conflicto para mantener la hegemonía global de una manera unipolar.

La sociedad en la que domina la mercancia esta en plena decacencia, porque no tiene la posibilidad de distribuir la riqueza. Los progresos tecnológicos y en especial las aplicaciones de las microelectrónica y microinformática en la producción están reduccinedo de forma continua el trabajo vivo o abstracto. Por tanto, no es posible el retorno al pleno empleo, al keynesianismo y al estado de bienestar. No podrá haber nuevamente una prosperidad capitalista tal y como se anuncia en la cuarta revolución industrial, porque las tecnologías que reemplazan al trabajo vivo no pueden ser eliminadas de la producción capitalista. La tasa de ganancia cae en forma tendencial, o sea, no es permanente, pero al final se impone, a pesar de que despues del hundimiento de los socialismos de estado, el capitalismo le haya dado la vuelta a la sentancia marxista de los sepultureros y lo haya integrado en su repertorio.

OPINIÓN_ La inseguridad y la falta de inversión como obstáculos para la conectividad

Por Israel Quiñones

La inseguridad en nuestro país se ha convertido en uno de los grandes males cotidianos. Los tres niveles de gobierno no han logrado garantizar la seguridad pública que la sociedad demanda y en cierto modo, esto es resultado de diversos motivos que van desde la corrupción en las fuerzas de seguridad pública, hasta el incremento de actividades delincuenciales derivado de la falta de oportunidades para una gran parte de la sociedad.

Es inevitable que estos efectos permeen a distintos sectores y, en definitiva, la seguridad se ha convertido en uno de los grandes pendientes del gobierno de la 4T. Sin embargo, el desarrollo nacional se ve truncado por la falta de atención al incremento de las actividades delictivas, tal es el caso en el sector de las telecomunicaciones, pues el aumento en el robo y vandalismo de la infraestructura provoca desconexiones frecuentes de los usuarios, además de que los trabajadores de las distintas compañías se ven afectados y en peligro para poder desempeñar sus labores.

En algunos estados del país, el trabajar en un corte de fibra óptica después de una hora en específico, significa arriesgar la propia seguridad, sin embargo, es imperativo restablecer los servicios y ese es solamente un ejemplo. En el caso de Telmex, según datos de la propia empresa, se han realizado 30,456 denuncias en los últimos dos años por vandalismo a las vías generales de comunicación y robo de cable y en este rubro, el cableado de cobre es lo más apetitoso para aquellos que realizan la sustracción de este material que se traduce en más de 5 millones de metros, lo que representa 2,481 toneladas de este preciado metal, mismo que es fundido en “chatarreras” para su venta en el mercado negro.

Si estos datos plasmados en el párrafo anterior son conocidos por las compañías y trabajadores, ¿por qué la autoridad no los conoce? Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el sabotaje a la red realizado por trabajadores de la competencia se ha incrementado y camuflado con los actos de grupos delincuenciales, en este rubro el operador más afectado sigue siendo Telmex.

Según una nota del periódico El Financiero, representantes de operadores como Telmex, Megacable y AT&T han solicitado la intervención activa de las autoridades, pues comentan que el desarrollo y crecimiento de la infraestructura se ha visto afectado por el tema de la delincuencia, sobre todo por la falta de garantías para los trabajadores que realizan labores en las zonas alejadas de las manchas urbanas del país, al punto de verse amenazados por miembros de grupos del crimen organizado, ya que existen redes de telecomunicaciones paralelas propiedad de estas organizaciones delincuenciales, de manera que la interconexión con la red troncal de los grandes operadores se convierte en una prioridad para mantener sus redes.

Si bien es cierto que la inseguridad se ha convertido en un obstáculo para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, no podemos dejar de lado la falta de inversión y la falta de incentivos regulatorios, debido a que el uso de la red de Telmex como red troncal de los competidores, ha promovido que los operadores perezosos no continúen con el crecimiento de la red, al igual que Telmex ha reducido sus niveles de inversión por la misma regulación.

Aunado a lo anterior, el conflicto obrero patronal entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se ha convertido en un tema que afecta la calidad en el servicio, puesto que la falta de personal es causante de ineficiencia en la atención, ya que la empresa se ha recostado en una actitud de necedad y sin mostrar argumentos claros al no reconocer 1,942 vacantes ya negociadas con anterioridad, asunto que demuestra y subraya la política antisindical con la que se rige América Móvil en todo el continente.

Es una realidad que la inseguridad se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo y despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones, pero tampoco se trata de negar razones de fondo que han sido las mayores causales de la falta de conectividad, además de que los operadores perezosos no cuentan en sus concesiones ningún compromiso u obligación para generar mayor conectividad, tal y como sucede en el caso de Telmex en su concesión, además de que el Agente Económico Preponderante no cuenta con una concesión convergente que sea un incentivo para impulsar la inversión y pueda competir en igualdad de circunstancias, además de bajar los precios en el mercado de Televisión de paga.

Definitivamente el ramo de la seguridad pública es una exigencia social justa y necesaria, por lo que en el caso del sector de las telecomunicaciones es necesario, indudablemente, sobre todo para mantener la integridad personal de los trabajadores que realizan los trabajos necesarios para conectar al país, pero sin la inversión suficiente y con una regulación que trunca el desarrollo va a seguir siendo muy complicado.

OPINIÓN_ Si se puede en electricidad, también se puede en conectividad

Por Israel Quiñones

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tiene tres años proponiéndole al gobierno de los Estados Unidos que se lleven a cabo inversiones en Centroamérica y obviamente en nuestro país, esto con el fin de impulsar una reactivación económica regional, aspecto que definitivamente detendría fenómenos como lo es el migratorio.

En este orden de ideas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar publicó un Tuit en el que básicamente acepta la propuesta hecha por el mandatario mexicano en el ramo energético. El embajador estadounidense menciona que Estados Unidos y México han sido dotados de grandes recursos naturales y propone construir una gran central eléctrica que alimente a toda Norteamérica de energías limpias.

En el marco de una reforma eléctrica, las declaraciones emitidas por Ken Salazar muestran un acuerdo implícito entre los gobiernos de ambas naciones, de manera en que se abre una ventana para unificar un sector estratégico tal y como lo es el energético, de manera que se pudiera proteger la inversión privada que se abrió durante la administración federal mexicana anterior, sin embargo, se le da un espacio enorme a la propuesta de reforma del Presidente López Obrador sin generar un enfrentamiento de mayor encono con los actores europeos como Iberdrola.

El beneplácito emitido por el representante del gobierno estadounidense en nuestro país es un autentico balde de agua congelada para aquellos que defienden el modelo energético privatizado y que en países como en España, han demostrado su ineficiencia, pero, sobre todo, el daño social tan profundo, de forma que conceptos como “pobreza energética” han sido usados derivado de los descontrolados aumentos en los costos de insumos eléctricos y de hidrocarburos en la península Ibérica.

El modelo neoliberal eléctrico emanado del paquete de reformas implementadas por el gobierno anterior ha sido una muestra clara de que el capital privado ha roto con cualquier rasgo de sensibilidad social. Este modelo ha definido que el mercado es el único ente que puede definir el costo de la vida. Sin embargo, este modelo basado en subsidios para los privados deja de lado cualquier posibilidad de bienestar social y, por ende, el desarrollo es condicionado al mismo mercado, el cual es definido por los mismos privados… no hay manera de crecimiento, ni permite el bienestar de la mayor parte de la población.

En este sentido, el Gobierno de México ha definido entre sus prioridades la aprobación e implementación de la Reforma en materia eléctrica. Al tomar esta determinación, el Gobierno ha dejado de lado otros temas que debieran estar en su lista de prioridades, asuntos que son de gran calado para poder generar procesos sociales igualatorios, tal y como lo es el sector de las telecomunicaciones.

En el sector de las telecomunicaciones se debe tomar en cuenta que también es una economía de redes, igual que lo relacionado con el sector eléctrico. Si tomamos en cuenta que uno de los operadores que ha mostrado mayor crecimiento como lo es Megacable, empresa que en su último informe del cuarto trimestre de 2021 reporta más de 6 mil millones de pesos en ingresos, esto representa el presupuesto que se le otorgó a CFE telecomunicaciones e internet para todos. Si tomamos en cuenta que Megacable también informa que cuenta con 4 millones de usuarios y que, CFE Telecom quiere conectar a aproximadamente 30 millones de mexicanos, de entrada, notamos que la tarea es poco menos que imposible.

Lo que realmente necesita el sector de las telecomunicaciones, es una Reforma completa, tal y como se ha propuesto en el tema eléctrico. Si se diera una Reforma Telecom con una visión social y con una verdadera misión de conectividad universal, el concepto de preponderancia desaparecería de la carta magna, dando paso a un sector convergente y que más allá de competencia se abordará la inversión en infraestructura y la responsabilidad social de los operadores en impulsar la conectividad fuera elevada a rango constitucional, otra sería la historia en materia de bienestar digital de nuestro país, además de impulsar una verdadera política pública digital.

Todo lo anterior puede ser posible, tan posible como la propuesta de Reformar el mercado eléctrico en pro del bienestar social de las y los mexicanos.

OPINIÓN_ Los retos del sindicalismo y la conciencia de clase en la era digital

POR: CHRISTIAN ISRAEL QUIÑONES GONZÁLEZ

Las condiciones de lucha se han ido modificando conforme a la llegada de nuevas tecnologías que se van implementando en la cotidianidad. No son las mismas condiciones que imperaban en la década de los años setenta, que la realidad que actualmente se vive en todos los sectores productivos, por ello, es sumamente necesario contemplar un camino evolutivo de las acciones que el sindicalismo deba de adoptar ante las nuevas condiciones que se han estado implementando por parte del capital.

¿Cómo debemos afrontar procesos de negociación colectiva en la era digital? La automatización de procesos de trabajo, el internet de las cosas, la conectividad y otras tantas iniciativas tecnológicas que han sido incrustadas en las empresas, han generado que el trabajo evolucione en distintas características que cada día dependen más del conocimiento y capacidad de adaptación del trabajador, al mismo tiempo en que se necesita una mayor capacitación académica del mismo. Esto no necesariamente es un beneficio laboral que impulse el crecimiento personal del trabajador, pero si se convierte en un factor de aislamiento que atomiza a la clase trabajadora.

No es que estemos en contra de la preparación o en su defecto, de la acumulación de conocimiento, sino que se debe de impulsar una aportación que inspire la colectividad y no solamente beneficie la hiperindividualización de los trabajadores, ya que siguiendo la senda del individuo laboral, el capital se verá beneficiado ante la desfragmentación de la conciencia de clase, de manera que el control por parte del capitalista sobre el sujeto se convertirá en un proceso de sometimiento sistemático, convenciendo al trabajador de que él debe autoexplotarse, competir con él mismo y de esta forma, aumentar su productividad ante un modelo neoliberal que le ofrece una “libertad laboral y económica”; sin embargo, solamente lo somete a un modelo de explotación continuo y sin el resguardo laboral que la colectividad de una organización sindical le puede aportar a su realidad.

Lo anterior puede ser un complejo sistema de producción postfordista, la entrada a la modernidad, el acoplamiento con la era digital, sin embargo, es mucho más simple, pues visto desde otra perspectiva, la autoexplotación es el modelo más simple para convertir al trabajador en un objeto del modelo productivo actual, sin que se resista a entregarse y además, que no exija lo que realmente le corresponde, ya que pasamos de la “fast food” al “low cost”, este último, es la máxima aspiración del neoliberalismo salvaje que impera en el modelo económico y político empresarial actual.

Los métodos de control han evolucionado de distintas maneras con el pasar de los años, aunque siempre han pretendido lo mismo que hoy. El sometimiento, la precarización, los amaños ya sean leguleyos o apegados a derecho siempre han sido herramientas efectivas para el capital. El problema principal para la clase trabajadora radica en la desunión de esta y durante la primera parte del siglo XXI se ha venido intensificando. La metodología ha variado; sin embargo, la más efectiva ha sido la utilización de medios de comunicación, así como la promesa de incrustarse en una clase aspiracionista.

Es indudable que la lucha de clases mantiene una vigencia, pero los esfuerzos del capital por aminorar el impacto del conocimiento se han agazapado en eliminar conceptos filosóficos, económicos y políticos al sustituirlos por la técnica. No es que la técnica sea contradictoria al conocimiento o para la educación, más bien se trata de la utilización que se le da. El desprecio del capitalismo por las ciencias sociales, tales como la política, la filosofía o la economía se basa en despojar a la clase trabajadora del acceso a una conciencia política-sindical, de modo que, la capacidad de organización se vea sustituida por la meta de la eficiencia neoliberal, es decir que, el trabajador no aspire más allá de mantener su fuente de empleo, su productividad y técnica para la solución de las problemáticas que enfrenta el capitalista y no para satisfacer sus necesidades económicas, políticas o legales, de modo que el control de los procesos de trabajo quede de lado del capital y no exista intervención del trabajador para disminuir el sometimiento laboral de clase.

Ante estas condiciones, la clase trabajadora solamente cuenta con la organización sindical para poder defender sus derechos de manera efectiva. Lamentablemente, durante la pandemia se han dado procesos de aislamiento laboral, ya que las herramientas digitales han dado a los capitalistas métodos eficientes para que los trabajadores no logren organizarse adecuadamente y basados en el hiperindividualismo digital, el control de los procesos productivos y de trabajo quedan de lado patronal.

Es innegable que el acercamiento a la digitalización es necesario, ya que, al eliminar la brecha digital, se elimina la brecha de desigualdad, pero esto quedará simplemente en una utopía digital sino se implementan políticas públicas adecuadas a la realidad actual del país, además de que se requieren programas de alfabetización digital para el total de la población. Mientras tanto, el neoliberalismo continua avanzando y con ello ensancha la brecha de desigualdad, promoviendo procesos de programas educativos precarios e incompletos, creando ejércitos de desempleados proclives a aceptar cualquier tipo de trabajo en condiciones deficientes para la realización del mismo y esto ocurre, porque así esta planeado, por ello la responsabilidad social del modelo sindicalista se debe asumir desde la injerencia política y conceptual de un verdadero modelo de desarrollo y en el caso de los telefonistas, se be impulsar un nuevo modelo de política digital que corresponda a las demandas sociales actuales, tal y como lo es un verdadero cumplimiento a la conectividad universal, requerimiento infranqueable para que el país verdaderamente cuente con un modelo de inclusión digital económico, político, educativo y social.

Las condiciones que actualmente enfrentamos como Sindicato de Telefonistas, son el resultado de políticas neoliberales de exclusión, se han implementado leyes que apoyadas en la creación de un Órgano Constitucional Autónomo como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se le dieron a los principales accionistas de América Móvil las excusas institucionales para desmantelar legalmente a Teléfonos de México y esto no significa que la empresa sea inviable, pero las condiciones de separación y desmembramiento económico pretenden cambiar el modelo laboral a modo de que los accionistas vean incrementadas sus ganancias y culpar a los trabajadores por una ineficiencia en el modelo de negocios, para luego, someter a los trabajadores de modo que su razón prevalezca sobre el Contrato Colectivo de Trabajo de los telefonistas, de modo que el IFT no queda más que un guiñapo institucional consentidor del modelo neoliberal empresarial.

La podredumbre del sistema ha pretendido descalificar a los trabajadores a modo de que, la empresa logre victimizarse ante las condiciones desiguales del mercado. La envoltura en la bandera de la competencia ha sido la causante de una regulación intrusiva, confiscatoria y con una dudosa justificación jurídica basada en la asimetría, de modo que el mercado debe encargarse de satisfacer las necesidades de los usuarios del sector de las telecomunicaciones; sin embargo es una tarea impúdica afirmar que el mercado puede satisfacer necesidades sociales, para ello, la implementación de políticas públicas que se adecuen a la realidad social serían la verdadera solución, además de adecuar una estrategia digital nacional con una regulación equitativa que fuerce a los operadores a cumplir con inversión y desarrollo, además de dar empleos de calidad en un sector de alto dinamismo económico y dejar atrás un modelo laboral precarizado con una actitud patronal abusiva.

La lucha por los derechos laborales y digitales tiene que ser una lucha irrenunciable. Es primordial que los trabajadores y la sociedad retomen banderas como la justicia social y con esto, implementar una lucha de clases en la era digital. Es posible detonar una concientización por medio del sindicalismo, pero se necesita una postura firme y convencida de que la manera más adecuada es la unidad y no dejarse vencer ante los ofrecimientos impúdicos del mercado efímero y descarnado. Por lo anterior, la tarea de los trabajadores vuelve a ser la misma que hace más de un siglo: Luchar por sus derechos y contagiar al pueblo de estas ganas de mejorar sin someterse al capital.

OPINIÓN: ¿Deben desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos?

POR ISRAEL QUIÑONES. COMISIONADO STRM/PRENSA Y TELECOM

Una nueva discusión se ha puesto sobre la mesa: la desaparición o no de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), esto derivado del alto costo y el nulo beneficio social que estos organismos estarían obligados a otorgar. Así mismo, las denuncias del presidente López Obrador contra los llamados OCAs, han sido puntuales y duras, esto durante el marco de las conferencias matutinas que él mismo encabeza.

La aparición de estos organismos prolifero con las reformas constitucionales llevadas a cabo durante la administración federal anterior. La transformación del IFE a INE, la creación de la CRE, la COFECE y el IFT, así como la reestructura del INAI y otros institutos más. Cada órgano tiene funciones administrativas o técnicas, dependiendo de la ley y la intención de su creación, es decir, los administrativos, por ejemplo, son el INE, el INAI y el INEGI, por otro lado, tenemos a los reguladores-técnicos como la COFECE o el IFT.

La intención de generar organismos autónomos es una idea completamente derivada del neoliberalismo, esto con la finalidad de dejar al estado fuera de decisiones y sin rectoría de sectores estratégicos y de gran calado, tal y como lo son las telecomunicaciones o el energético, mismos que siempre han estado en la mira de las privatizaciones.

La regulación económica en nuestro país pretende privilegiar exclusivamente a la competencia económica y no es que la competencia sea mala; sin embargo, cuando la regulación se basa en una lógica política y no técnica, es cuando tenemos una serie de favoritismos y los institutos encargados de regular los mercados de sectores definidos terminan siendo cooptados por los privados, que a su vez terminan buscando beneficios competitivos en el mercado.

Los recursos económicos que absorben estos institutos resultan ser bastante onerosos, para ejemplo, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues en el presupuesto federal del año 2020, el funcionamiento del IFT costo al erario 1,500 millones de pesos.

La regulación es una herramienta económica que supone la necesidad de una autoridad que modere la competencia en los mercados, que exista la libre concurrencia y competencia en sectores definidos. La lógica neoliberal piensa que la regulación es una forma de eliminar la participación del gobierno en los mercados y busca aumentar la participación de competidores, implementando estructuras legislativas, jurídicas y técnicas, haciendo ver que el estado no cuenta con la capacidad suficiente para administrar, decidir y deliberar sobre los posibles conflictos derivados de practicas anticompetitivas en el mercado, como las que posiblemente pudiesen llevar a cabo monopolios, ya sean privados o estatales, pero sobre todo, la visión radica en eliminar la participación del estado en actividades productivas.

Se supone que la competencia debe abaratar servicios y productos, que mientras más competencia exista, los costos de producción se abaraten y con ello, el costo al consumidor final sea el menor posible con una variedad de opciones para elegir la contratación de un servicio o la compra de un producto en especifico. La formula falla cuando los reguladores deciden llevar a cabo decisiones que suponen asimetrías a falta de un mercado sano, es decir, los reguladores pretenden hacer uso de herramientas económicas como economías de escalas o estudios de mercado que les ayuden a tomar decisiones que, a su vez, defina la capacidad competitiva de los participantes del sector o en su defecto, que los participantes de los mercados no hagan uso de prácticas anticompetitivas.

La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones el IFT ejerce su autoridad regulatoria por medio de una regulación exante, que se manifiesta cuando un mercado como es el de las telecomunicaciones, de un alto dinamismo y costo en inversiones se prevé como falta de operadores. El regulador ha supuesto que como Telmex ya era un monopolio natural, ya que, venía de una privatización, contaba con todos los insumos de red, así como infraestructura y recursos laborales y económicos, por lo que, con su lógica de regulación exante, da la oportunidad a los operadores entrantes de contar con privilegios competitivos y un subsidio directo del operador incumbente, que en México fue llamado “preponderante”, al mismo tiempo en que el IFT impuso reglas asimétricas al llamado Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, por lo que hoy en día, tenemos un mercado de bajo rendimiento, pérdidas económica y mucha desinversión, pues el regulador tomo decisiones políticas y no técnicas.

En nuestro país, los OCAs se han considerado a sí mismos como contrapesos al gobierno, esto queda claro en una respuesta que el INAI hace de conocimiento público al presidente López Obrador, esto después de que el presidente dijera en su conferencia matutina del pasado lunes 4 de enero de este año que inicia, que las funciones del INAI las pudiese ejecutar la Secretaría de la Función Pública, ya que dichas funciones son sobre la transparencia e información pública y que lo que hace el IFT, lo ejecute la SCT, según el presidente esto se traduciría en millones de pesos en ahorros e implícitamente, le retornaría al estado la rectoría de sectores estratégicos.

Sin duda alguna, la creación en 2013 de estos organismos dio la oportunidad al gobierno que encabezaba Peña Nieto, la posibilidad de mantener aliados políticos en puestos transexenales, tal y como lo podemos observar en el caso del Instituto Nacional Electoral con su consejero presidente Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como arbitro electoral, parece un actor político más de la oposición.

La función de estos institutos ha sido llevada a un campo político, dejando de lado su pertenencia a la estructura del estado, que, si bien es cierto que cuentan con calidad de autónomos, no son independientes del presupuesto público emanado de la federación, ni son exentos de acatar la constitución y leyes emanadas de ella, sin embargo y como ya lo he mencionado anteriormente, se ven a sí mismos como contrapesos políticos al ejecutivo federal, aspecto que en ninguna parte de la constitución está contemplada en sus funciones.

Con la excusa de la construcción de un estado de derecho, el gobierno anterior modificó la constitución con reformas de gran calado, que beneficiaban directamente a ciertos actores, sobre todo, empresas privadas que deseaban una participación con mayor libertad y con mayores beneficios económicos, tal fue el caso de Pemex, que fue desmantelada de forma brutal y negocios productivos y redituables, se le otorgaron a empresas como Odebrecht o en su defecto, el tema de las telecomunicaciones, donde la soberanía digital fue prácticamente desaparecida por ley y la industria nacional del sector se ha visto seriamente afectada, generando una fuerte desinversión en el sector, al punto en que operadores como Telefónica Movistar han retornado espectro radioeléctrico al regulador, argumentando que no les conviene pagar por el mismo, así como el dejar de invertir en infraestructura y empleos.

La realidad es que las funciones que desempeñan varios Órganos Constitucionales Autónomos pueden ser ejecutadas sin problemas por las secretarias de estado, ya que fueron creadas para que el estado pudiese decidir, ingerir y llevar una rectoría social, política y económica en beneficio de la sociedad y no solamente de las empresas privadas y de una clase política que fue consumida por la corrupción, generando negocios a partir de las empresas productivas del estado o en su defecto, de dar beneficios directos a ciertos participantes de los mercados. ¿Deben o no desaparecer los OCAs? Esa será una decisión que se tomé a partir de una visión y voluntad política que comprenda que para llevar a cabo esta tarea, la constitución debe reformarse nuevamente.

John M. Ackerman: Vacunas públicas y gratuitas

El mercado no debería tener incidencia alguna en la distribución o la aplicación de las primeras vacunas contra el Covid. Como servicio público, la vacuna debe ser aplicada de manera totalmente gratuita a la población y las decisiones sobre los primeros en ser atendidos deben ser tomadas exclusivamente por el Estado. De lo contrario, la cura sería literalmente peor que la enfermedad, ya que además de gozar de mejores condiciones para pasar la cuarentena y recibir atención médica, los ricos y los poderosos también tendrían acceso privilegiado a los anticuerpos que protegen contra la enfermedad.

Cuando interviene el mercado, gobierna el dinero. Si las autoridades ofrecieran las primeras vacunas en subasta podrían reunir millones de pesos, pero sería a costa del bienestar de la población, ya que el criterio principal para determinar la distribución sería el poder adquisitivo de los pacientes. Si bien de esta manera la vacuna llegaría a algunos grupos vulnerables (personas adineradas en avanzada edad o con diabetes y problemas pulmonares), también abriría la puerta para una especulación masiva que empeoraría drásticamente la ya de por sí grave crisis social.

Sometida a las leyes del mercado, la compraventa y el tráfico de las escasas vacunas disponibles generaría enormes ganancias para los intermediarios, lo cual inflaría los costos para todos los ciudadanos hasta el punto en que solamente los superricos y sus familiares tendrían suficiente dinero para adquirir el valioso insumo médico.

Una situación de esta naturaleza constituiría una grosera violación al artículo cuarto constitucional, que señala con toda claridad que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de salud para el bienestar basado en los principios de gratuidad y atención integral.

Una vez que existan suficientes vacunas para atender a toda la población mexicana, estas inyecciones desde luego deben ponerse también a la disposición de los hospitales y los consultorios privados. Tal como hoy los ricos pueden pagar para vacunarse en contra de la influenza o la rubeola con su médico privado, después podrán hacer lo mismo para las vacunas contra el Covid si quieren evitar la molestia de acudir a su centro de salud correspondiente.

No se trata de prohibir el funcionamiento del mercado o de la iniciativa privada en general, sino dereconocer la función esencial del Estado en situaciones de crisis humanitaria. Sólo el Estado tiene la capacidad y la visión necesarias para organizar un operativo masivo de salud pública como al que hoy nos enfrentamos. De la misma manera en que exigimos al gobierno que articule la respuesta social a los desastres naturales, como los terremotos y las inundaciones, hoy debemos confiar en las autoridades para que organicen la respuesta inmediata a la pandemia.

Quienes critican el supuesto uso político del proceso de distribución y aplicación de las primeras vacunas por el Estado mexicano no tienen la menor idea de cómo funciona ni la política ni el mercado. El gobierno federal representa y tiene la obligación de atender a todos los mexicanos. Sus acciones de salud pública solamente tendrían un tinte político si fueran utilizadas para promover abiertamente al partido Morena o a algunos de sus candidatos por medio de condicionamientos o chantajes.

El hecho de que la buena conducción de la campaña de vacunación fortalezca la opinión ciudadana a favor del gobierno de López Obrador, y que ello a su vez ayude a consolidar la presencia electoral de Morena en las elecciones de 2021, no implica afectación alguna al principio democrático sino todo lo contrario. Las elecciones existen precisamente para que la ciudadanía tenga la oportunidad de llamar a cuentas a los gobernantes, de premiarlos por un buen desempeño o castigarlos por un mal trabajo.

Tantas décadas de malos gobiernos neoliberales nos han acostumbrado a pensar en las elecciones exclusivamente desde el punto de vista del castigo popular. En cada elección, los ciudadanos libres llamábamos a demostrar nuestra indignación en las urnas. Pero en una democracia funcional los comicios también constituyen valiosas oportunidades para respaldar los proyectos políticos que han demostrado su capacidad de resolver los problemas de la sociedad. Y hoy, por primera vez en décadas, contamos con un gobierno digno que defiende los intereses populares.

De ahí la mentira de la mal llamada organización Sí por México, cuyo propósito es en realidad organizar todas las fuerzas del viejo régimen para decir no al nuevo proyecto de nación encabezado por la Cuarta Transformación. La más pura negatividad destructora se viste con piel de supuesta positividad. No nos dejemos engañar.

Con información vía La Jornada

OPINIÓN: Se debe reconsiderar la fuerza del movimiento unitario del sindicalismo

POR ISRAEL QUIÑONES GONZÁLEZ (@IsraelQDigital)

Los sindicatos han dado una batalla ejemplar y con intención o sin ella, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado y abanderado exigencias añejas e históricas del movimiento obrero, como la modificación o desaparición del “Outsourcing” o “subcontratación”, esto con miras a beneficiar a miles de trabajadores en nuestro país.

La discusión de este asunto ha generado una polarización política, ya que, el sector empresarial se opone rotundamente a modificar o regularizar la subcontratación, mucho menos, están dispuestos a enfrentar la desaparición de este modelo abusivo.

La realidad de todo este tema radica en los beneficios laborales, fiscales y económicos que este modelo representa para empresas de gran tamaño. La no generación de derechos laborales como la antigüedad de los trabajadores o el desvío de recursos fiscales, como el registrar a un trabajador con menores ingresos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y las Afores. Esto significa para los empresarios “ahorros”, pero, realmente estamos hablando de un sistema de abusos en contra de los trabajadores, a los que tampoco se les permite organizarse en sindicatos libres, autónomos y democráticos.

El apoyo significativo e histórico que los sindicatos democráticos y los otrora oficiales, han aportado de manera conjunta al Presidente en su iniciativa para reformar la subcontratación, ha sido determinante para enfrentar obstáculos que la rama conservadora de la élite empresarial le han interpuesto al gobierno federal, a pesar de ello, hace una semana se consiguió firmar un acuerdo histórico tripartito en Palacio Nacional.

Sí bien es cierto que la discusión legislativa se recorrió hasta febrero de 2021, también es cierto que los trabajadores por medio de sus representantes sindicales tendremos un lugar en la mesa de discusión, esto con el fin de plantear demandas históricas y realmente tener una influencia directa en el desarrollo de la legislación sobre un tema que afecta a los trabajadores mismos, no solamente al empresariado, quienes habían tomado la negociación como propia, sin embargo, la política y estrategia sindical rindió frutos claros y esto se ve reflejado en la participación del movimiento obrero de la firma de un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos (tripartismo).

Ahora, la cuestión se basa en el proyecto que la unificación del movimiento obrero mexicano pueda mantener. La influencia de las fuerzas sindicales es mayor cuando este movimiento social de los trabajadores va en una demanda unificada y no solamente, se recarga en la parte oficial del mismo, sino que, requiere de una visión amplia y progresista, que realmente recoja el sentir de los trabajadores.

La proliferación que se tuvo en el régimen anterior del favoritismo neoliberal a los acumuladores del capital fue causa constante de daños tan severos como la caída del salario y, por ende, del poder adquisitivo del mismo. Además de una pérdida en los derechos laborales adquiridos, colectivos e individuales. Pocas fueron las organizaciones y centrales sindicales que se mantuvieron firmes y que realmente realizaron revisiones salariales y contractuales reales, tal y como fue el caso de la UNT y los sindicatos que forman parte de esta central.

Se requiere de una planeación que fortalezca el posicionamiento unitario del movimiento obrero para enfrentar lo que viene para este 2021. En definitiva, un gran avance que han tenido los liderazgos del sindicalismo mexicano, ha sido el de impulsar un movimiento unitario que recoja las demandas históricas del sindicalismo, al mismo tiempo que, el sindicalismo se abre camino para encontrar un lugar en la mesa de discusión, a pesar de las problemáticas que cada organización enfrenta y que se han recrudecido a partir de la crisis económica y social derivada de la Covid-19, sin embargo, la posibilidad de mejoramiento de los derechos laborales y un crecimiento en la organización de los trabajadores beneficiados con la regularización y desaparición del Outsourcing abusivo. La batalla por el mejoramiento de los derechos laborales colectivos, a penas va comenzando. Es necesario entender que la reconsideración de objetivos comunes, será la base de logros trascendentales para los trabajadores, por ello, el movimiento unitario de los sindicatos es solamente el principio para alcanzar metas derivadas de exigencias y demandas históricas con una perspectiva progresista del sindicalismo mexicano.

OPINIÓN: Relaciones sin compromisos….la tendencia en las telecomunicaciones

Si hay algo que los seres humanos hemos aprendido a raíz del surgimiento de la era digital, es el valor que ponemos en la libertad. La libertad entendida como la posibilidad de viajar, conocer, explorar, probar, cambiar, decidir, cambiar de opinión, expresarnos, escoger y ultimadamente estar abiertos a nuevas posibilidades. Esta tendencia a no atar cabos, es en parte consecuencia de la enormidad de posibilidades que se nos abrieron para explorar con el advenimiento del Internet.

Paradójicamente, en el mundo de las telecomunicaciones, la misma regla aplica. Digo paradójicamente ya que hace algunos años, la norma al adquirir una suscripción a las compañías de cable, telefonía u otros servicios relacionados, era a través de contratos que obligaban a los usuarios a tiempos, tarifas y contrataciones poco atractivas.

Esta semana una nota de Gonzalo Rojón de CIU hablaba sobre la tendencia en el desbloqueo de teléfonos móviles y en la cual comenta que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los usuarios tienen derecho a solicitar y obtener el desbloqueo del dispositivo móvil cuando concluya la vigencia del contrato, en el caso de dispositivos adquiridos a través de pagos diferidos en la modalidad pospago o al liquidar el costo del teléfono móvil en cualquier circunstancia. Según Rojón, la NOM-184 establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como los proveedores de equipo terminal de telecomunicaciones deberán contar con un mecanismo que les permita proporcionar al consumidor la información requerida para realizar el desbloqueo de su equipo en un máximo de 24 horas.

Como vemos, a pesar de que se han logrado enormes avances en pro de la flexibilidad en este tema para los usuarios, la realidad es que desbloquear un teléfono móvil en México sigue siendo un trámite difícil.

Un dato interesante al respecto es que , en el Reino Unido, el OFCOM (organismo regulador de las telcos), anunció que, a partir de diciembre de 2021, no se podrán vender dispositivos bloqueados pues esto actúa como un desincentivo para cambiarse de operador. Uno de los argumentos más fuertes para que este decreto se aprobara fue el hecho que 35% de las personas que tenían la intención de cambiarse de proveedor de telefonía no lo hicieron, por el candado impuesto a través del bloqueo de celulares.

Una vez más, los acuerdos en estos temas entre autoridades y empresas es crucial para lograr un beneficio que sea justo tanto para usuarios como para proveedores de servicios.

Opinión de Antonio Ajá vía El Economista